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El gobernador regional de Lambayeque, Anselmo Lozano Centurión, el vicegobernador, Luis Bravo Díaz, y otras 16 personas fueron detenidas en un operativo desplegado por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. A estos se les sindica de pertenecer a la presunta organización denominada “El imperio del mal”, cuyo accionar delictivo se habría trasladado de la comuna de La Victoria al gobierno regional.
El operativo de allanamiento y captura se realizó la madrugada del miércoles 27 de enero, por mandato del Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria, con la participación de 25 agentes de las fiscalías especializadas en delitos de Corrupción de Funcionarios, Criminalidad Organizada y fiscalías penales de Lambayeque.
La investigación, a cargo de la fiscal Karim Ninaquispe Gil, se debe a hechos de corrupción presuntamente ocurridos cuando Lozano Centurión fue alcalde del distrito de La Victoria, entre el 2015 y el 2018, período en el que Bravo Díaz fue regidor.
Entre los detenidos también se encuentra la ex gerente general del Gobierno Regional de Lambayeque, María Castro Grosso, quien antes se desempeñó como gerente general de la comuna victoriana.
A estos se les señala como integrantes de la organización denominada como "El imperio del mal".
Imputación
De acuerdo a la fiscalía, de las diligencias realizadas, la declaración de un colaborador eficaz, entre otras, se ha establecido que en la Municipalidad Distrital de La Victoria se habría constituido una organización criminal destinada a cometer delitos de corrupción de funcionarios, entre ellos cohecho pasivo, cohecho activo y tráfico de influencias, la misma que habría estado liderada por Anselmo Lozano e integrada por sus más cercanos colaboradores, funcionarios de dicha entidad, con capacidad de decisión administrativa, vinculados a contrataciones públicas.
La tesis del Ministerio Público señala que María Castro Grosso, a quien Lozano Centurión convocó como gerente general del Gobierno Regional de Lambayeque desde enero del 2019 hasta su renuncia, ocurrida en diciembre pasado, suscribía en representación del exalcalde de La Victoria los contratos con empresas que entregaban sobornos, una de ellas empleadora de su hijo, identificado como Wiliam Sime Castro, también detenido en el operativo del miércoles.
"La cercanía con los contratistas permitió que su hijo, William Sime Castro, se vincule con la empresa AC&A Constructora EIRL, de Alejandro Criollo Quispe, pues mientras dicha empresa ejecutaba obras para la municipalidad de la Victoria, el hijo de la gerente municipal, prestaba servicios en tal empresa; que de forma coordinada y sistemática se habría implantado un modus operandi en los procesos de contratación de obras públicas, en los cuales los funcionarios, aceptaban y/o recibían o solicitaban dádivas a los postores (contratistas)", señala la fiscalía.
Otros investigados
En el operativo también fue detenido el actual gerente general regional Germán Pisfil Agapito, ex jefe de la Unidad de Contabilidad de la comuna victoriana; el actual gerente regional de Infraestructura, Harry Gonzáles Solano, ex jefe de la División de Desarrollo Urbano; Dick Silva Tacones, ex jefe de la División de Estudios y Proyectos; Walter Enrique Mondragón Vera, ex jefe de Abastecimiento, y Leoncio Paucar Merino ex alcalde de La Victoria, quien sucedió a Lozano Centurión cuando este renunció a la alcaldía para postular a la gobernación regional.
Otros detenidos son: Wilmer Vásquez Guerrero, José Huamán Vargas, José Chinguel Calle, Marco Tarrillo Bustamante, Whalter Padilla Mera, Salomón Caján Aguinaga, Alejandro Criollo Quispe, Alexandra Criollo Ramírez y Osmar Yangua Criollo.
Traslado al GR
“La detención fue solicitada por mi despacho al juez de Investigación Preparatoria, concediéndonos una detención preliminar por diez días naturales contra 18 personas, entre funcionarios, exfuncionarios y contratistas vinculados a las obras licitadas cuando el señor Anselmo Lozano Centurión fue alcalde de La Victoria”, mencionó Ninaquispe Gil.
En una breve declaración a la prensa la representante de la Fiscalía Anticorrupción señaló que el caso también está relacionado a la presentación de cartas de línea de crédito falsas valorizadas en seis millones 716 mil 218.52 soles, presentadas por tres consorcios al Gobierno Regional de Lambayeque, que tenían como integrante común a la constructora AC&A Constructora EIRL, para la construcción en tres colegios en Mórrope, Reque e Incahuasi.
“En el 2020 se evidenció el direccionamiento de estos procesos a la empresa. Que muchos exfuncionarios de la Municipalidad Distrital de La Victoria hayan pasado a trabajar al Gobierno Regional de Lambayeque es el modus operandi que se ha establecido en esta red”, afirmó la fiscal.
Para la fiscalía, tal modalidad se habría mantenido en el tiempo, expandiéndose al gobierno regional con la toma de cargo de Anselmo Lozano, quien luego de asumir el cargo de inmediato designó a los funcionarios de la Municipalidad Distrital de La Victoria en cargos de confianza, estratégicos y de decisión. Tal aparato administrativo, a través de sus principales representantes, entre otros María Castro, habría colocado en determinados cargos a personas afines a los intereses de la presunta organización criminal.
Coimas
En el requerimiento presentado por el Ministerio Público, se detalla la declaración del aspirante a colaborador eficaz con clave 01-218-2020, en la que se relata que el Consorcio Santiago, a cambio de la adjudicación de la obra “Mejoramiento de Redes de Agua Potable y Alcantarillado”, valorizada en 944 mil 967.21 soles (13 de febrero del 2015) habría entregado una coima de 42 mil soles, de los cuales 20 le habrían sido entregados a Lozano Centurión como alcalde de La Victoria, repartiéndose el dinero restante entre los demás funcionarios.
Otro caso es el del Consorcio Coricancha, que el 8 de septiembre del 2015 se adjudicó la obra “I Etapa de la Obra Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la calle Orfebres”, valorizada en un millón 395 mil 540 soles, por la cual Lozano Centurión habría recibido 25 mil soles de los 55 mil solicitados a la empresa.
De acuerdo a la declaración de un exfuncionario, Lozano Centurión le habría indicado que no le entregue sumas altas en la municipalidad, pues él sí podía sustentar sumas menores “en caso suceda algo”.
El 14 de diciembre la empresa Hersaca Contratistas se adjudicó la buena pro de la obra “II Etapa Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y peatonal de la calle Ayllu”, valorizada en 355 mil 656.43 soles, por la cual se cobró una coima de 15 mil soles, siete mil de los cuales habría recibido Lozano Centurión.
Los contratos de estas obras citadas fueron firmados a nombre la comuna de La Victoria por María Castro.
La misma empresa se adjudicó el 29 de marzo del 2016 la obra “III Etapa mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de la calle El Ayllu”, de 863 mil 705.84 soles, suscribiendo el contrato el propio Lozano Centurión. En este caso la coima ascendería a 40 mil soles, recibiendo el exalcalde la mitad de estos.
Otro contrato suscrito por el propio Lozano Centurión es el de la obra vial de la calle Tupac Amaru, valorizada en un millón 34 mil 281.82 soles. Por esta habría recibido, también de Hersaca Contratistas, 25 mil soles.
Por la obra “Mejoramiento de las redes de Agua Potable y Alcantarillado con conexiones domiciliarias de las calles comprendidas dentro del perímetro Av. Gran Chimú, Av. La Paz, Av. Pachacútec y Av. Víctor Raúl Haya de la Torre”, de tres millones 446 mil 951.14 soles, el Consorcio María de la Paz le habría entregado a Lozano Centurión 60 mil soles. La coima total, dividida con los demás funcionarios fue de 120 mil soles.
Existen otros procesos en los que también se habrían entregado sobornos por parte de la Consultora Quetzal SAC (ocho obras), el Consorcio Chinchaysuyo (una obra) y AC&A Constructora EIRL (cuatro obras) Esta última es la que presentó las líneas de crédito falsas en el Gobierno Regional de Lambayeque.
Sin Ejecutivo
Tras la detención del gobernador Anselmo Lozano Centurión, del vicegobernador Luis Bravo Díaz y del gerente general Germán Pisfil Agapito, el Gobierno Regional de Lambayeque se encuentra sin Ejecutivo.
Si el Ministerio Público presentase el requerimiento de prisión preventiva contra el gobernador y el vicegobernador regional o uno de los dos, el Consejo Regional tendría que elegir entre sus miembros a los o el reemplazante.
Empero, desde ya el colegiado debe designar, también entre sus miembros, a quien reemplace de manera interina al gobernador regional, aplicando el artículo 31 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales por causal de suspensión por “mandato firme de detención derivado de un proceso penal”.
La suspensión es válida únicamente por 120 días. Si Lozano Centurión y Bravo Díaz son enviados a prisión preventiva por un período superior a este, se debe aplicar la vacancia en el cargo.
El abogado Tito Esteves Torres ha lanzado su candidatura al decanato del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque – ICAL, postulando entre sus propuestas el incremento del Fondo Previsional de la orden, conocido como fondo mortuorio, pasando de seis mil a 12 mil soles por beneficiario, contemplando – además – que parte del dinero sea entregado al asociado que atraviesa problemas de salud para facilitar su recuperación.
“La lista que encabezo está conformada por jóvenes abogados que principalmente se dedican a la litigación. Por primera vez en un proceso electoral se presentan abogados litigantes, a quienes me honro en encabezar con 28 años como agremiado del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque. La comunidad jurídica lambayecana sabe perfectamente de todo el descalabro institucional que ha sufrido nuestro gremio durante los últimos años, crisis que se acentuó en los dos últimos años, en el período 2019-2020, a cargo del señor José María Balcázar”, anota el candidato.
Tito Esteves asegura que la orden ha estado de espaldas a las necesidades de los colegiados.
“Los colegas abogados han estado olvidados, totalmente abandonados en esta situación de pandemia. El año 2019 ni siquiera se dictaron cursos de primer nivel para los abogados; es decir, la institucionalidad se vino abajo. Es momento en que abogados litigantes, que conocemos la problemática institucional, que conocemos la problemática que vive el abogado día a día, asumamos las riendas de nuestra institución”, menciona.
Incremento previsional
“He lanzado como mi primera propuesta el elevar el Fondo Previsional del abogado de seis mil a 12 mil soles. ¿Por qué razón? Porque el Colegio de Abogados de Lambayeque tiene un fondo que establece lo siguiente: seis mil soles para el abogado el día que muera. Yo pregunto, ¿es conveniente que le entreguemos el dinero después de muerto el colegiado? ¿No es acaso necesario que el abogado goce de los beneficios que otorga su colegio profesional en vida?”, cuestiona.
Explica que de los 12 mil soles que ofrece como Fondo Previsional, el 50 % se entregará al abogado colegiado si presentase problemas de salud debidamente acreditados, como por ejemplo un contagio por Covid-19; un 25 % cuando sufra afectación de salud el esposo o esposa o sus menores hijos, mientras que el 25 % restante se reservan para los gastos de sepelio.
Esteves Torres señala que el ICAL sí cuenta con recursos suficientes para solventar el incremento del Fondo Previsional, considerando que en la cuenta intangible se tiene más de un millón soles.
“Sí es posible incrementar el Fondo Previsional del ICAL. En la cuenta intangible del Fondo de Previsión Social, hasta antes que el señor Balcázar Zelada abriera las cuentas personales para depositar en estas el dinero de los abogados, había más de un millón de soles. Por otro lado, estimamos que el señor Balcázar Zelada debe rendir cuentas de más o menos millón y medio de soles del Fondo Previsional que han ingresado a sus cuentas personales. Tendríamos, entonces dos millones y medio de soles. Al abogado hay que darle en vida y si es por temas de salud con mayor razón”, explica.
Refiere que de asumir el cargo de decano, en la primera semana de su período de gestión sometería a aprobación dicho incremento ante el Consejo Directivo y la Asamblea de Delegados.
Participación y estatutos
Otra de sus propuestas es promover la inclusión de los colegios de abogados en la conformación del Consejo de la Junta Nacional de Justicia, en cuya conformación se ha excluido a la orden profesional.
“¿Acaso los abogados no tenemos que participar en el mejoramiento de la administración de justicia? El problema de la justicia en el Perú es muy grande, muy grave, hablamos de problemas de corrupción, de idoneidad, de compromiso, diversos aspectos que involucran la participación del abogado, por lo que se debe tener la voz del colegio en el consejo de la junta”, manifiesta.
Tito Esteves comenta que el ICAL se rige por el estatuto que está inscrito en Registros Públicos, el cual debe ser sometido a actualización, debido a que existen incongruencias, por ejemplo, en relación al Código de Ética y su Reglamento.
“La manera de evitar que se repitan situaciones y conflictos como los vividos en los últimos años en el colegio pasa por respetar los estatutos. Este establece las reglas y principios sobre los cuales todos debemos actuar. En el tema económico, por ejemplo, el estatuto señala que se debe tener una cuenta mancomunada con firma del decano y del director de Economía. Solo se necesita respetar el estatuto. Yo lo garantizo”, asevera.
Finalmente, Esteves Torres ofrece auditar las últimas gestiones del ICAL, a fin de establecer con claridad cómo se han invertido y administrado los recursos de la orden profesional.
“Mi compromiso no solamente es hacer una auditoría económica y financiera, sino revisar todos los gastos de las gestiones del ICAL, conocer en qué se ha gastado el dinero de todos los abogados”, anota.
LEYENDAS:
La lista encabezada por Tito Esteves Torres está conformada por: Guiliana Saavedra Flores (vicedecana), María Tapia Barrantes (directora secretaria), Angélica Sobrino Olea (directora de Economía), Wilmer Cuevas Ruesta (director Académico y de Promoción Cultural), Sandra Sandoval Caramutti (directora de Ética Profesional), Gandi Vásquez Gonzales (directora de Defensa Profesional), Liliana Mendoza Díaz (directora de Bienestar y Extensión Social), Alexander Saldaña Oyola (director de Comunicaciones e Informática), José Llamosa Córdova (director de Biblioteca), Carlos Montalvo Calderón (director de Derechos Humanos) y Raúl Gonzales Acuña (director del Estudio Jurídico Gratuito).
Según el Banco Central de Reserva del Perú, el Producto Bruto Interno – PBI, del 2020 habría caído en 11.5 %, respecto al 2019; el empleo formal privado habría disminuido en 16 %, la pobreza habría aumentado al 25.8 % y el resultado fiscal sería negativo en 8.6 %. Para paliar esta crisis económica que se refleja en cifras, la presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas – CONFIEP, María Isabel León Klenke, destacó que el Perú necesita de un shock de inversiones y de confianza, que le permita retomar ese crecimiento.
“Para impulsar y atraer la inversión privada se necesita un shock de confianza por parte de las autoridades, es decir, generar institucionalidad, transparencia, predictibilidad y estabilidad jurídica para los inversionistas y la población en general”, apuntó León Klenke.
Diagnóstico
La presiente de la CONFIEP señaló que en el Perú hay cuatro problemas estructurales: la limitación para el acceso a los servicios básicos, el déficit en infraestructura y atención médica, el hacinamiento en viviendas de bajos recursos y la alta informalidad laboral. Esta última antes de la pandemia ya era del 72.7 % y aún no hay cifras exactas de a cuánto habrá aumentado.
Además, la proyección económica del Banco Central de Reserva es que el consumo privado cayó en 9.8 %, la inversión privada en 20 % y la inversión pública en 18 %.
Ante ello, resaltó que en más de 70 países en el mundo se han adoptado medidas para mitigar el efecto negativo en la inversión extranjera directa y así facilitar, retener y promover las inversiones. Las principales son: aliviar la carga administrativa de las empresas, reducir los obstáculos burocráticos para permitir la producción o la entrega de bienes durante la pandemia, la adopción de herramientas en línea o plataformas electrónicas y brindar ventajas fiscales o asistencia financiera para mantener las cadenas de suministro.
Infraestructura
El Plan Nacional de Infraestructura prioriza 52 proyectos por un monto total de 99 mil 196 millones de soles. Al respecto, María Isabel León indicó que la CONFIEP propone agilizar la licitación y ejecución de aquellos cuya modalidad sea de Asociación Público Privada – APP, que en su conjunto suman 29 por un total de 65 mil 209 millones de soles, diez veces más que lo dispuesto en Arranca Perú.
De estos 29 proyectos, 18 son por APP autofinanciadas y 11 por APP cofinanciadas. El resto del Plan Nacional de Infraestructura se compone de obras públicas y proyectos en activos.
“Se debe crear un espacio público privado que reorganice las prioridades del Plan Nacional de Infraestructura y acelere la ejecución de al menos diez proyectos vía APP de mayor urgencia, que generen un impacto significativo en la productividad y bienestar de la población”, aseveró.
Además, señaló que hay otros proyectos que están retrasados como Chavimochic III, cuya inversión es de tres mil 149 millones de soles; la carretera Longitudinal de la Sierra Tramo IV, por nueve mil 862 millones; Majes Siguas II, por dos mil 19 millones; el Nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero, por dos mil 423 millones; la Ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, por cuatro mil 950 millones; entre otros
Minería
En tanto, León Klenke señaló que en el 2020 no se inició ningún gran proyecto minero, pese a que el Ministerio de Energía y Minas – MINEM, cuenta con una cartera de 46 proyectos en 17 departamentos del país, que demandan una inversión total de 56 mil 158 millones de dólares. Como ejemplo de estos resaltó Tía María, cuya inversión asciende a mil 400 millones.
Precisó que además se necesita agilizar la publicación del Reglamento de Procedimientos Mineros para facilitar las inversiones en exploración; reducir el excesivo número de trámites y permisos que se requieren para la búsqueda de nuevos yacimientos mineros, y que se han convertido en trabas para las inversiones; continuar con las modificaciones que se están planteando al Reglamento de Protección y Gestión ambiental para las Actividades de Explotación, Transporte y Almacenamiento Minero, así como el Reglamento de Protección Ambiental para la Exploración Minera.
Todas estas propuestas apuntan a optimizar los procedimientos administrativos y agilizar el flujo de inversiones.
Reformas estructurales
Por otro lado, señaló que el Perú necesita de reformas estructurales que contribuyan a mejorar la economía nacional y generen mayor acceso a los servicios públicos. En el tema de salud, refirió que la coyuntura sanitaria evidenció la necesidad de contar con gestiones colaborativas entre el sector público y privado para la construcción de infraestructura, su operación y mantenimiento, de manera que se salvaguarde la sostenibilidad de los proyectos para satisfacer las necesidades de la población.
Mencionó como ejemplo de esto los dos hospitales ‘Bata Blanca’ concesionados por EsSalud en Villa María del Triunfo (Lima) y el Callao, los cuales han demostrado ser alternativas eficientes para mejorar el acceso y calidad de servicio a los ciudadanos.
En cuanto a la base tributaria, aseguró que el país verá sus finanzas públicas deterioradas en los próximos años, debido a la caída de los ingresos por el impacto de la pandemia y los gastos realizados para reactivar la economía y proteger a las poblaciones más vulnerables.
Frente a ello, afirmó que se requiere de una política que tenga como principal mandato aumentar la base tributaria. Esta reforma debe apuntar a reducir los incentivos de la informalidad, los costos de cumplimiento tributario y el fortalecimiento de sistemas de prevención de incumplimiento tributario, que el 2019 alcanzaron los 57 mil millones de soles, según el Ministerio de Economía y Finanzas.
En tanto, demandó la aprobación de una legislación laboral que promueva la generación de empleo formal, pues se ha demostrado que a mayor rigidez se tienen menos incentivos para la promoción de puestos de trabajo.
Política
En otro orden de ideas, alertó que, ante el riesgo de leyes regulatorias por parte del Congreso, el sector privado tiene la responsabilidad de alzar la voz en defensa de la seguridad jurídica nacional. Para ello, indicó que se debe informar a la opinión pública sobre los riesgos que conllevan algunos proyectos de ley que se impulsan desde el parlamento en el marco de la pandemia y que pueden afectar y poner en riesgo la estabilidad macroeconómica y financiera del Perú.
“Las iniciativas desde el Congreso requieren de un sustento técnico sólido, que permita tomar las mejores decisiones basadas en la objetividad. Es fundamental incorporar presentaciones técnicas por parte de las comisiones en la que se gestan iniciativas con alto riesgo regulatorio. Nuestro país no está para aventuras populistas ni estatistas, necesitamos también ser capaces de rectificar aquello que no se hizo o que se hizo mal”, anotó.
Rescató que, pese a los obstáculos para el retorno a la normalidad, el sector empresarial ha garantizado el cuidado de la salud y continúa teniendo puentes para enfrentar a la pandemia, a través de un trabajo público - privado.
“Es momento de unir fuerzas y emprender una cruzada por la inversión promovida desde el más alto nivel. Los peruanos somos testigos de los efectos positivos que genera la inversión en la creación de empleo, el desarrollo de potencialidades y la reducción de la pobreza. Aseguremos que los recursos recaudados sean utilizados de manera eficiente, eficaz y oportuna a favor del desarrollo y la prestación de servicios básicos de calidad para todos los ciudadanos sin distinción. La población debe percibir y saber que tenemos la capacidad de trabajar todos juntos, sector privado y público, para reconstruir la economía en nuestro país”, exhortó.
Ha sido seis veces decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque – ICAL, y quiere serlo por séptima vez. Carlos Martínez Oblitas postula al decanato de uno de los gremios más importantes y numerosos del departamento con la intención de devolverle la institucionalidad perdida tras la gestión de José María Balcázar Zelada.
“Creo que es el momento de la experiencia, no del experimento. Es momento de la madurez, la tolerancia, armonía y paz. Ya no tenía la intención de postular, para qué querría protagonismo si ya he sido decano, pero vengo a poner mi experiencia con un gran equipo para restablecer la unidad gremial, la lealtad, la institucionalidad. El 10 de julio del próximo año el ICAL cumple cien años, esta será la gestión del Bicentenario”, aseguró.
Experiencia
Martínez Oblitas destacó que es imprescindible que el ICAL llegue al Bicentenario consolidado como una orden profesional madura, que se erija como ente rector de la sociedad, que brinde opinión técnica a nivel local, regional y nacional sobre los asuntos de coyuntura.
“Tenemos que empezar por restablecer la institucionalidad, ese es un punto central. Y para hacerlo debemos dar una imagen de armonía, que estamos trabajando todos en conjunto para que nuestra comunidad se sienta respaldada por un colegio que sea defensor de los derechos humanos, de las reclamaciones laborales, de los sindicatos, gremios y asociaciones populares”, precisó.
Propuestas
Resaltó que dentro de sus propuestas se encuentra el que la orden brinde el servicio médico gratuito a los agremiados en las especialidades más importantes, para lo cual como primer paso – de llegar al decanato – contratará a dos médicos para la atención de los casos COVID que presenten los abogados y sus familiares.
Añadió que también contratará los servicios de un psicólogo, pues la salud mental ha sido duramente afectada en lo que va de la emergencia sanitaria.
Asimismo, en una futura gestión suya se diseñarán los planos del centro de esparcimiento para los abogados, ya que la infraestructura que se había empezado a construir para este fin se hizo “sin tener un derrotero”.
Además, resaltó que modernizará a la orden profesional para que todos los pagos se realicen a través de la plataforma virtual del ICAL y así se pueda conectar a los abogados que residen en diferentes zonas del país.
“Apoyaremos como nunca se ha hecho al deporte, tanto para los abogados como para sus hijos. También vamos a reconstruir la peña jurídica, porque en el colegio hay una serie de talentos artísticos y aseguro que para el centenario esa peña tocará”, ofreció.
En cuanto a las capacitaciones, enfatizó que durante sus gestiones al frente del ICAL se desarrollaron los diplomados gratuitos, los cuales piensa fortalecer en una eventual administración suya, dándoles un nivel académico más alto, con la participación de ponentes internacionales. Entre los diplomados a realizar se pondrá especial atención en aquellos sobre el uso de herramientas virtuales.
Cautela
Por otro lado, señaló que convocará a una asamblea general de todos los abogados para debatir si es posible aumentar el Fondo Mortuorio, por el cual se paga actualmente cinco soles. Empero, señaló que no puede prometer que se incrementará a 12 mil soles como plantean algunos candidatos, pues eso sería populismo.
Respecto a las viviendas para los abogados, reconoció que existe una necesidad por parte de muchos letrados jóvenes por tener una casa, pero tampoco podría prometer que se hará otra urbanización para ellos, como la que ya existe en Chiclayo, pues eso demandaría una inversión muy alta.
Sin embargo, aseguró que se evaluará mediante una comisión especial el lugar donde podría adquirirse un terreno para construir en un futuro una nueva urbanización del abogado. De ser posible, esto se haría en convenio con el Gobierno Regional de Lambayeque u alguna entidad del Estado.
En tanto, resaltó que en una próxima gestión suya se harán nuevamente los referéndum anuales para evaluar la conducta de los magistrados, tal como se hace en otros colegios de abogados del Perú, a fin de hacerle llegar a la Junta Nacional de Justicia dichos informes para que sean tomados en cuenta a la hora de ratificar, nombrar o destituir a jueces y fiscales.
Acompañan a Oblitas Martínez los abogados Zavina Chávez Mella (vicedecana), Jorge Alarcón Gasco (director secretario) Zelmy Rosario Camacho (directora de Economía), Karyn Álvarez Lecca (directora de Asuntos Académicos y Promoción Cultural), Luis Alberto Heredia Clavo (director de Ética Profesional), Yvan Pérez Solf (director de Defensa Profesional), Luis Alberto Tineo de los Ríos (director de Bienestar y Extensión Social), Nadia Bravo Hidalgo (director de Comunicaciones Informática), Miriam Campos Guevara (directora de Biblioteca), Ana Torres Balarezo (directora de Derechos Humanos) y Enrique Romero Torres (director de Estudio Jurídico Gratuito).
El 12 de febrero serán las elecciones en Chota, Cutervo, Jaén, Santa Cruz y San Ignacio, mientras que en Chiclayo serán al día siguiente. Se prevé que acudan a votar un promedio de tres mil 500 abogados.
