Qué inquietos e infelices deben estar en su tumba los hombres y mujeres de Lambayeque que habiendo ocupado cargos públicos, ya sea por elección popular o designación, supieron honrar la confianza del pueblo y desenvolverse con un comportamiento ético, limpio y transparente.

Hace décadas nuestro departamento vive una suerte de ciclos negros en los que la historia se repite una y otra vez: autoridades y funcionarios señalados con el dedo acusador de la justicia por caer en actos de corrupción.

Es tal el grado de reincidencia que se tiene entre los hombres públicos, que algunos hasta ironizan en las redes sociales sobre cómo se conoce a Lambayeque en el espectro nacional y, a decir verdad, razón no les falta.

Lambayeque es el único departamento del Perú que tiene a cuatro de cinco excongresistas con acusación constitucional: Javier Velásquez Quesquén, Héctor Becerril Rodríguez, Marvin Palma Mendoza y Clemente Flores Vílchez, otrora señores todopoderosos, quienes hasta septiembre del 2019 no tuvieron el mínimo reparo, según la Fiscalía de la Nación, en caer en las componendas de la corrupción.

Chiclayo, capital del departamento, es la única provincia del Perú que tiene a dos alcaldes de períodos consecutivos: Roberto Torres Gonzales (2007-2014) y David Cornejo Chinguel (2015-2018), recluidos por haber presuntamente liderado organizaciones criminales con las que hicieron añicos el tesoro público para beneficio propio.

Y ahora, Lambayeque es también el departamento que tiene a cuatro gobernadores con líos judiciales: el primer Yehude Simon Munaro (2003-2008) señalado por actos de presunta corrupción vinculados al Proyecto Olmos; Humberto Acuña Peralta (2011-2018) sentenciado en dos instancias por corrupción y procesado por falsificación en su declaración de Hoja de Vida, y desde hace unas horas Anselmo Lozano Centurión, gobernador desde enero del 2019, detenido ayer, sindicado de liderar una organización criminal que de la Municipalidad Distrital de La Victoria saltó al gobierno regional para seguir operando.

A ellos se suma Nery Saldarriaga de Kroll (2008-2010), señalada de haber incurrido en responsabilidad penal por asuntos referidos al Proyecto Olmos.

Otras perlas también se cuentan en este lúgubre collar. Ahí tenemos a Willy Serrato Puse, recluido e investigado por pertenecer a dos organizaciones criminales: “Los temerarios del crimen”, que habría liderado David Cornejo, y “Los faenones de Olmos”, que habría estado bajo su mando operando en la Municipalidad Distrital de Olmos entre enero y julio del 2019.

Hay, cierto es, otra retahíla de exalcaldes y exfuncionarios denunciados y procesados por actos de corrupción en distritos como José Leonardo Ortiz, Pítipo, Santa Rosa, Lambayeque, Pátapo, Cayaltí, Ciudad Eten, Monsefú, Pátapo, Chongoyape y un largo etcétera.

¿Tanta mala suerte tiene Lambayeque con sus autoridades o es que en realidad son los ciudadanos los responsables de esto que le pasa al departamento? Tengo convencimiento que la respuesta va más por lo segundo.

Elección tras elección, los lambayecanos nos hemos acostumbrado a mirar al que más invierte en propaganda, al que más baila y sonríe, al que más abrazos regala, al que se hace el dolido frente al dolor ajeno y padrino de cuanto bautizo, fiesta, promoción o “agüita de socorro” se le ofrece. Nos hemos acostumbrado a elegir entre lo carnavalesco, mas no entre quienes nos garantizan no solo un buen gobierno con propuestas viables y sostenibles, sino también idoneidad y, sobre todo, honestidad.

Lambayeque pasa momentos difíciles. Mientras escribo estas líneas sumamos 24 horas sin ejecutivo regional. No porque no lo hayamos elegido, sino porque tanto el gobernador como el vicegobernador están detenidos, en tanto el Consejo Regional espera a que se le notifique lo sucedido con Anselmo Lozano para tomar una decisión, que espero sea la más inteligente, respecto de a quién encargar el gobierno de manera provisional, todo esto en medio de una severa crisis sanitaria, económica, laboral y de seguridad.

Resulta hasta trágico que mientras ansiamos que las inversiones lleguen para recuperarnos como economía departamental, las autoridades estén en otra danza, una no precisamente santa, que termina por generar temores, resistencias y rechazos. Esa danza se llama corrupción.

Confío en que el Ministerio Público hará su mejor esfuerzo y con un trabajo diligente, respetando el debido proceso, sabrá llevar al banquillo de los acusados a quienes corresponda, no solo para castigar conforme a ley, sino también para escribir una nueva lección, quizá con letras más grandes, porque de todos depende que la historia ya no se repita. Que paguen los que tienen que pagar.