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Para buena parte de la población el proceso electoral de abril próximo no genera ningún tipo de expectativa. Y razón no falta. El contador, asesor financiero y docente universitario, William Mostacero Llerena, explicó por qué las elecciones generan tan poca simpatía en la población, que desde hace 30 años observa cómo los gobiernos terminan salpicados por hechos de corrupción.
Al respecto, cuestionó que haya dos expresidiarios que estén postulando a la presidencia: Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Ollanta Humala (Partido Nacionalista), pero además el que todas las agrupaciones políticas lleven en sus listas al Congreso a personas con procesos judiciales, lo cual – en su opinión – las descalifica moralmente para representar al país.
“El proceso electoral no nos da ninguna garantía de que a partir de allí se estabilizará la economía del país. Por el contrario, podríamos estar a puertas de una catástrofe electoral. Se podría venir una crisis sin precedentes. Si le preguntan a cualquier ciudadano de a pie por cuál candidato va a votar, no le sabrá responder. Hay mucha gente que era de izquierda y ahora postula por la derecha y viceversa. Este proceso electoral no es una competencia de ideas, sino un festín para ver qué le conviene personalmente a los candidatos y no al país”, aseguró.
Candidatos
Mostacero Llerena opinó acerca de algunos candidatos que aparecen con mayor intención de voto en las encuestas. Sobre George Forsyth, líder de Victoria Nacional, apuntó que su único trabajo, además de futbolista, es haber sido alcalde de La Victoria. Además, señaló que es más conocido por sus apariciones en la prensa de espectáculos, antes que por dar la talla como estadista.
“George Forsyth deja varios mensajes difíciles de asimilar. Tuvo un matrimonio interrumpido a las dos semanas. No tiene el concepto claro de familia. Hace poco le preguntaron cuáles eran los cambios estructurales que necesita el país y según mi parecer no sabe siquiera qué es la palabra reestructurar. No podemos pensar en gente improvisada con cara bonita y papá famoso como el líder que necesitamos para conducir los destinos del país”, indicó.
Asimismo, se refirió a Daniel Urresti, aunque en su caso cuestionó que postule por un partido (Podemos Perú), cuyo “dueño” (José Luna Gálvez) esté sometido a arresto domiciliario.
En cuanto a Hernando de Soto, apuntó que reúne las cualidades técnicas para ser gobernante, pero lo descalifica el hecho de haber sido asesor del expresidente Alberto Fujimori. Deslizó la idea de que podría ser un “satélite” del fujimorismo.
“Creo que quienes podrían aspirar a entrar a una segunda vuelta son Hernando de Soto y Verónika Mendoza, si es que la izquierda es capaz de aglutinarse en favor de ella. Una tercera opción podría ser Daniel Urresti, ya que Podemos Perú es la tercera fuerza política en el país. En cuanto a Rafael López Aliaga, no le veo gran aceptación a nivel nacional”, opinó.
Indicó que detrás del discurso oficial de los candidatos se esconden otros intereses, como el de obtener una pensión vitalicia equivalente a 16 mil 500 soles, mientras que la gran mayoría de peruanos trabajan toda su vida para obtener una pensión que oscila entre los 500 y 850 soles.
Electores
Sobre la otra cara de la moneda, los electores, señaló que deben estar atentos ante las estrategias que usen los candidatos para conseguir su voto, pues posiblemente intentarán burlar las normas de juego y ofrecerán prebendas, aprovechándose de la delicada situación económica, producto de la pandemia.
“Esta misma ley funcionó en el proceso electoral anterior y se descubrió que igual varios partidos incidieron en lo mismo (entrega de prebendas). Le hallaron el vacío a la norma. No tengamos duda de que lo volverán a hacer, porque el poblador peruano en los últimos años se ha acostumbrado a recibir polos, alimentos, a cambio de votos. Esto es producto de la desgracia económica del país. No es posible que, en el siglo XXI, en plena era del conocimiento, compremos votos y conciencias a cambio de un kilo de arroz o de azúcar”, indicó.
Asimismo, denunció que los medios de comunicación nacionales también se encargan de “crear” candidatos por los que al final los electores terminan votando. Como ejemplo de ello mencionó al alcalde de Lima, Jorge Muñoz, quien 15 días antes de las elecciones no aparecía en las encuestas con opciones de ganar, pero que gracias al apoyo de la prensa logró calar en la mente del electorado.
“Los medios en el Perú tienen una fuerza potente para influir en la mentalidad del poblador. Nos crean futuros dirigentes. Forsyth, por ejemplo, es producto de la nada (…) A mis alumnos siempre les digo que la juventud tiene una gran responsabilidad, porque al emitir su voto le encomiendan al candidato el destino de su país por los próximos cinco años”, afirmó.
Economía
En otro orden de ideas, el también asesor financiero explicó que el principal problema del Perú – hoy – además del tema sanitario, es la economía, cuyo Producto Bruto Interno (PBI) cayó en 12.9 % el año pasado, después de que en el 2019 creció en 2.1 % y en el 2018 hizo lo propio al 4 %. Precisó que la expectativa de crecimiento este año para el país, según el Banco Mundial, es del 9 % respecto al año anterior, pero eso depende de cómo se desarrolle la pandemia.
En cuanto a las exportaciones, comentó que en el 2018 alcanzaron los 56 mil 157 millones de dólares; en el 2019, 55 mil 292 millones; mientras que en el 2020, 18 mil 700 millones. La recuperación para este año se proyecta alrededor del 10 %, es decir, que como mucho podría llegarse a los 30 mil millones en exportaciones.
“La recuperación económica no se dará de un día para otro ni de un año para otro. La economía peruana llega muy golpeada, los niveles de desempleo el año pasado llegaron al 11.9 %. Hoy debemos estar bordeando el 8 %”, señaló.
Destacó que la clave para la recuperación económica es el consumo interno, seguido de la inversión privada, la inversión pública y las exportaciones e importaciones. De todas estas, la demanda interna representa el 70 %. No obstante, precisó que la gente solo consumirá más en la medida de que tenga ingresos para poder comprar.
Refirió que actualmente el Perú tiene reservas por 70 mil millones de dólares, mientras que el ahorro interno está entre los 60 a 65 millones de dólares, lo cual ha permitido que la economía nacional no caiga dramáticamente y la inflación no supere el 2.2 %, cumpliendo así con las metas propuestas por el Banco Central de Reserva - BCR.
Del mismo modo, informó que la pandemia del Covid-19 le cuesta al Perú alrededor de 30 mil millones de dólares, por lo que elogió la gestión de Julio Velarde al frente del BCR, ya que la inflación no ha superado el 3 %, mientras que en México, Argentina y Colombia bordea el 9 %. No obstante, advirtió que si la inflación se disparará el nivel de pobreza en el país podría pasar en un año del 32 % al 50 %.
“El peruano de a pie podría pensar en por qué hemos pedido dinero prestado si tenemos reservas de 70 mil millones, por qué nos han dado una línea de crédito de 11 mil millones de dólares. Bueno, obedece a una necesidad de que la cadena de pagos no se detenga. Si se cae el sistema financiero, la economía se cae a pedazos. El gobierno ha recurrido a hacer desembolsos y pedir préstamos antes que usar las reservas porque – además – hay una ley que prohíbe usar más del 3 % de las reservas internacionales, porque estas son un soporte para garantizar las operaciones financieras de un país”, explicó.
Vacunas
Finalmente, apuntó que hay muchas “leyendas urbanas” sobre la aparición del Covid-19, que apuntan al hecho de que las potencias mundiales buscarían “desaparecer” a los adultos mayores, porque es un segmento de la población que ya no genera producción para los países. Indicó que con las vacunas también se están tejiendo leyendas en cuanto a su aplicación, por lo cual recomendó a la población no prestarles atención y vacunarse, toda vez que es la única forma de asegurar cierto grado de inmunidad, aunque no el esperado.
“Las vacunas contra el Covid-19 no dan un alto índice de eficacia. La que mayor porcentaje tiene llega al 85 %, cuando tradicionalmente las vacunas alcanzan entre el 95 % y 98 %. Quiere decir que de cada cien vacunados, veinte igual presentarán problemas e incluso podrían fallecer. Sin embargo, no tenemos otra alternativa mejor por ahora que esa”, opinó.
En diciembre del año pasado, el gerente regional de Salud, Víctor Echeandía Arellano, señaló a Expresión que Lambayeque ya no tenía pruebas de descarte del COVID-19. Más de un mes después, la situación persiste, según detalló a este medio el presidente de la base departamental de la Federación Médica Peruana, Alex Paúl Larrea Alvarado, quien afirmó que esta situación pone en peligro la estrategia de prevención para contener el citado virus.
“Ahora enfrentamos a ciegas el virus porque no tenemos pruebas diagnósticas. No sabemos dónde están las zonas calientes a nivel regional e incluso a nivel nacional. Las cifras del Comando COVID no nos sirven de mucho por no decir que no nos sirven de nada. No nos dan una idea real de cómo se mueve el virus, de cómo aumentan los casos”, apuntó.
Señaló que si bien hubo disminución en la incidencia de los casos del Covid-19 desde octubre, técnicamente el Perú nunca salió de la primera ola porque siempre hubo nuevos pacientes contagiados. Para él lo que hubo fue “pequeñas olas” en diferentes partes del país, toda vez que durante abril y mayo la mayor incidencia estuvo en Piura, Lambayeque y Loreto; en junio y julio fue en Lima e Ica; y en septiembre fue en Arequipa, Junín y Cusco.
“En el Perú hubo varios brotes. Son varios serotipos que afectaron en diferentes momentos, tanto a la zona norte, nororiental, centro y sur. Nunca dejamos de tener casos y lo que tenemos ahora es un repunte de estos. Lamentablemente, no aprendimos la lección y durante tiempo de disminución de la incidencia del virus no trabajamos en adquirir más plantas de oxígeno, porque la del Hospital Regional de Lambayeque recién comenzará a funcionar; no hay más especialistas en medicina intensiva, no hay el número de camas UCI prometidas en algún momento por Vizcarra y no se fortaleció el primer nivel de atención”, cuestionó.
Estrategia
Larrea Alvarado indicó que la estrategia del Estado pareció ser alcanzar la inmunidad de rebaño, lo cual en otros países que lo intentaron, como Suecia, no tuvo efectos positivos. Apuntó que la intención era que el 70 % u 80 % de ciudadanos se contagien para establecer el discurso de que ya no podían volver a infectarse. Sin embargo, en gran parte del país la cifra real de contagiados fue menor al 50 %, mientras que en Iquitos y Loreto, donde se creyó que era posible la inmunidad de rebaño porque se había contagiado más del 70 % de personas, al final sí hubo casos de reinfecciones.
“El Estado jugó a la inmunidad de rebaño, pero fue por lana y salió trasquilado. No se preocupó por seguir la vigilancia epidemiológica ni por hacer el diagnóstico precoz para brindar un tratamiento oportuno. Todo lo dejó al nivel clínico. Según la última alerta epidemiológica del Ministerio de Salud, cualquier paciente que tiene de dos a más signos del Covid-19 debe considerarse como contagiado hasta que se demuestre lo contrario. ¿Si no hay pruebas diagnósticas, cómo se demuestra eso?”, preguntó.
Alertó que hoy los contagios ya no se dan con mayor incidencia en los adultos mayores, sino que los jóvenes han pasado a engrosar la cifra de infectados. Explicó esta situación al hecho de que la carga viral se ha acumulado con el transcurrir de los meses, lo cual ha provocado que todos estén expuestos a sufrir los embates del virus.
Vacuna
En esa línea, criticó que el sector salud no haya realizado una campaña de comunicación y educación efectiva sobre las medidas de prevención para evitar el contagio del Covid-19 y que lo mismo esté pasando ahora con la llegada de la vacuna, toda vez que muchas personas se resisten a ser inmunizadas por desconocimiento.
“Las vacunas probablemente sean una de las estrategias más efectivas que se han inventado a través de la historia de la medicina. Nos han salvado de muchas enfermedades como la poliomielitis, tuberculosis, difteria, el tétano. Si bien hay un grupo de la población que tiene algunas dudas sobre su aplicación, creo que cuando estén más informados del tema decidirán mejor. Esas dudas son justificadas porque el Estado nunca ha hecho una promoción adecuada en relación a las bondades de la vacunación. Allí hay un tema pendiente”, precisó.
Resaltó que en el primer nivel de atención el aspecto comunicacional juega un rol preponderante, por lo cual el Estado deberá emprender con urgencia una campaña para informar los beneficios de las vacunas, ya que sino se generará desorden cuando se inicie el proceso de inmunización.
Ivermectina
Por otro lado, si bien no hay aún evidencia científica sobre el impacto de la Ivermectina para combatir el Covid-19, Larrea Alvarado señaló que en Picsi, distrito donde él labora, se ha usado este medicamento con 250 pacientes, en quienes sí han visto beneficios en cuanto a la disminución de la replicación viral.
“Creo que la Ivermectina tiene algún impacto beneficioso, probablemente hace que la replicación viral no sea tan intensa y le da chance al sistema inmunológico para trabajar. Se debería hacer un estudio sobre cuántos pacientes que consumieron este medicamento en el primer nivel de atención no llegaron al nivel hospitalario. Lo cierto es que cuando alguien ya está hospitalizado y se le da Ivermectina no tiene muchas posibilidades de mejorar. No podemos ser contundentes, pero sí creemos que tiene algún tipo de beneficio”, anotó.
Sin embargo, precisó que la Ivermectina no puede usarse como un medicamento preventivo, pues solo actuaría cuando ya existe algún tipo de sintomatología, con carga viral acumulada. Añadió que tampoco puede verse beneficios en personas que la toman, pero siguen saliendo a lugares con alta concentración de concurrentes, sin contar que hay otros factores como la comorbilidad y la edad que también afectan.
“Ha pasado casi un año desde el inicio de la pandemia. Somos el país con mayor exceso de muertes en el mundo y no tenemos la cantidad de investigaciones suficientes que nos permitan sacar datos más concluyentes. La investigación aquí es un tema bastante esquivo, lejano de la realidad. Nos dejamos llevar por estudios de otras realidades, copiamos información. La gente discute estudios de Brasil, Colombia, Estados Unidos, pero no tenemos nuestra propia casuística”, reconoció.
Médicos
Por otro lado, lamentó que el presupuesto de este año para el sector salud sea de 20 mil millones de soles, cuando dos años antes fue de 26 mil millones. Al respecto, afirmó que la Federación Médica Peruana le pidió en reiteradas oportunidades al expresidente Martín Vizcarra y ahora a Francisco Sagasti que se aumenten los recursos para el sector salud, pero su voz ha sido desoída.
“Hasta ahora la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, no quieren entablar diálogo con la Federación Médica. Hoy es el Covid-19, pero en tres años puede ser otra epidemia y seguro nos encontrará otra vez con los pantalones abajo, porque no terminamos de fortalecernos en el primer nivel de atención. Para eso necesitamos más presupuesto, mejores gerentes en las regiones, directores de hospitales, jefes de establecimientos, cuya gestión sea supervisada en cuanto al cumplimiento de metas, que no sean simplemente cargos de confianza”, señaló.
Denunció que el personal que trabaja en la parte preventiva, tales como los técnicos en enfermería, tienen que repartir su labor asistencial con otras de carácter administrativo, por lo cual debe impulsarse una transformación integral de sistema de salud, que tenga énfasis en el primer nivel de atención. En virtud de ello, afirmó que la Federación Médica ha propuesto que se reactive la Escuela Nacional de Salud Pública, toda vez que los gerentes de SERVIR no habrían dado la talla.
“A veces incomoda escuchar que se reúnen los expertos para analizar el avance del Covid-19. Yo me pregunto de qué expertos hablan, ¿de los expertos del país con las peores cifras de la pandemia? La clase política debe hacer un mea culpa (…) El primer acto de corrupción es asumir un cargo para el cual uno no está preparado”, aseveró.
La lista de candidatos al Congreso por Lambayeque del Partido Morado se compone de tres docentes. Uno de ellos es Merly Berríos Sánchez, reconocida en Lambayeque por haber ocupado el decanato de la filial departamental del Colegio de Profesores. La hoy cabeza de lista busca volcar en el parlamento su experiencia de 32 años en el magisterio y velar por que el presupuesto destinado al sector educación sea ejecutado de forma coherente.
“Tengo 32 años de servicio y he vivido en carne propia el desinterés que han tenido los diferentes gobiernos de turno hacia el sector educación. El año pasado se logró el ansiado 6 % de presupuesto, pero tenemos fiscalizar para que no se vaya solo en consultorías, sino que esté orientado a cubrir las verdaderas necesidades como infraestructura y preparación docente, pues cuando un maestro está actualizado puede participar de forma eficiente en su comunidad”, destacó.
Indicó que de llegar al Congreso buscará que se realice la reforma de la educación básica regular, de modo que el Estado cumpla su rol promotor para la mejora de la calidad educativa. Indicó que no se puede hablar aún del licenciamiento de los colegios si antes el gobierno central no emprende un proceso de acompañamiento de los mismos.
Universidades
En cuanto a la educación superior, indicó que las universidades no pueden estar sujetas a intereses de pequeños grupos, como en el caso de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, sobre la cual señaló que se ha puesto en riesgo las expectativas de miles de estudiantes lambayecanos.
“Estamos preocupados en el tema educativo por revalorar la educación pública como servicio y no como mercancía, tal como ha ocurrido con algunas universidades a las que incluso se les ha otorgado el licenciamiento, pero su calidad no ha mejorado. Debemos trabajar por acortar esa brecha que existe entre la universidad privada y la pública para tener un espacio parejo, que todos tengan la oportunidad de desarrollar conocimiento y tecnología en igualdad de condiciones”, precisó.
Resaltó que uno de los grandes problemas en las universidades públicas radica en el entrampamiento que hay para las adquisiciones. En virtud de ello, afirmó que esa será una materia para legislar, a fin de hacer más fluidos los procesos.
Azucareras
En cuanto al sector azucarero, apuntó que conoce muy bien la problemática, pues su familia es de Pomalca y ha visto de cerca el sufrimiento de los trabajadores. Cuestionó que el Poder Judicial no vea este tema con un enfoque social y que el Congreso haya emitido leyes para “defender a los lobbys”.
“Necesitamos un equipo multidisciplinario conformado por abogados, sociólogos y otros profesionales afines para dar una respuesta coherente al problema. A veces entre los mismos trabajadores hay diferencias y no nos ponemos de acuerdo. Debemos consensuar ideas que beneficien a toda la población azucarera”, manifestó.
Cuestionó que a puertas de cumplir los 200 años de independencia todavía haya personas trabajando en “condiciones infrahumanas”, pese a que su labor es esencial para el sostenimiento de las agroindustriales. Además, destacó que esta situación genera otro tipo de problemas, sobre todo a nivel salud.
“Cuando trabajé para combatir la desnutrición crónica infantil en Mórrope observé que no había lactancia materna para los niños. Esto se debía a que las madres dejaban a sus hijos de un mes o dos meses con sus hermanos mayores para irse a trabajar a las empresas que están en la carretera a Jayanca. Salían desde las 4:00 de la mañana y no volvían sino hasta las 7:00 de la noche. Allí empiezan los problemas de salud, de rendimiento académico. Ambos componentes, empresarios y trabajadores, deben ir de la mano para hablar de dinamismo económico”, apuntó.
Partido Morado
Por otro lado, explicó que el plan de gobierno del Partido Morado se basa en cuatro ejes: la reforma del conocimiento, la gestión territorial, libertades económicas y la reforma de la gestión pública. Sobre este último, destacó que en muchas instituciones del Estado se debe hacer una reingeniería como en el mismo Congreso, que a su juicio tiene muchos trabajadores para tan poca producción, y el Poder Judicial.
“No podemos permitir que funcionarios incompetentes y corruptos permanezcan en sus puestos. La municipalidad de José Leonardo Ortiz es un ejemplo de ello, gestión tras gestión el distrito está peor. En el gobierno regional tampoco podemos permitir que los funcionarios tengan familiares haciendo negocios, ni en el Congreso que haya parientes de los legisladores defendiendo a personas involucradas en casos de corrupción”, aseveró.
Han pasado tres semanas desde que el Congreso aprobó la nueva Ley de Promoción Agraria, que aumenta el Bono Especial por Trabajo Agrario al 30 % de la remuneración mínima vital y fija que el salario de los agricultores no sea menor a 930 soles. Sin embargo, esta alternativa parece no haber dejado contenta a ninguna de las partes involucradas, pues al día siguiente de su aprobación se registraron nuevamente protestas en Ica y La Libertad, mientras que el sector empresarial también manifestó su rechazo. Al respecto, Olivio Huancaruna Perales, presidente de la Asociación Regional de Exportadores - AREX, cuestionó el citado dispositivo legal, al considerar que va en contra de las inversiones, así como de las pequeñas y medianas empresas agroindustriales.
“Definitivamente, esta es una ley antilaboral. Podrían aumentar el bono al 100 % si quisieran, pero ¿es posible? Es antitécnico. La pequeña y la mediana empresa son las grandes perjudicadas, ya que estas forman parte de la cadena de valor. Redondeando, la pequeña empresa tiene que pagar mil soles a cada trabajador. Supongamos que la empresa tiene cien trabajadores, son cien mil soles mensuales, pero si sacamos la cuenta solo de lo que representa el bono, que ha sido fijado en cerca de 30 soles, estamos hablando de 360 mil soles al año. ¿Las pequeñas empresas pueden pagar eso? Jamás. Van a quebrar”, apuntó.
Pérdidas
Afirmó tener conocimiento de algunas empresas de espárragos y uvas en Jayanca, Motupe y Chongoyape que ya están dejando de cosechar hectáreas, ante lo poco rentable que les resulta la actividad con esta nueva norma. A esto se suman factores externos como la presencia de la mosca de la fruta.
“En Lambayeque ya se está dejando de producir y se podrían perder dos o tres cosechas. Algunos empresarios ya mataron sus espárragos y se han paralizado labores en las plantas de procesamiento que requerían de mucha mano de obra”, indicó.
Para la Asociación de Gremios de Productores Agrarios del Perú – AGAP, esta nueva Ley Agraria generaría la pérdida de 200 mil puestos de trabajo, que representan alrededor de 730 millones de soles. Asimismo, dejarían de sembrarse aproximadamente 70 mil hectáreas.
En cuanto al espárrago, cifras del Instituto Peruano del Espárrago y Hortalizas – IPEH, dan cuenta que se tenía prevista una producción de más de 173 mil toneladas a nivel nacional para la campaña 2019/2020, de las cuales se estaría perdiendo el 30 % del volumen del total del campo. Todo esto significaría una pérdida de más de 74 mil toneladas.
Inversión
El empresario afirmó que – lejos de hacer un favor – la nueva Ley de Promoción Agraria le genera perjuicio a la inversión, al desarrollo y a la fuerza laboral, porque obligará a las empresas a que automaticen su funcionamiento para subsistir, prescindiendo así de la mano de obra.
“La verdadera riqueza la crea el empresario, el emprendedor. No digo que la fuerza laboral no contribuya, desde luego que sí, pero es la empresa la que genera puestos de trabajo en el Perú, ya que los empleo que brinda el Estado surgen de los impuestos que pagamos todos”, afirmó.
Si bien la intención es darles mejores condiciones a los trabajadores agroindustriales, explicó que las exportaciones peruanas deben competir con las de otros mercados que tienen condiciones mucho más favorables para la producción como el de China, país donde los salarios son muy bajos.
“Se le está haciendo un daño enorme a la población, porque esos puestos de trabajo que ahora tienen dejarán de existir. El panorama es sombrío por el pensamiento obtuso de la clase política. No creo que este Congreso pueda desarrollar un nuevo proyecto acorde a las expectativas (…) Hemos tenido una ley que ha estado vigente por un período de 20 años y gracias a esta hemos visto como los desiertos se hicieron verdes, creando riqueza”, indicó.
Agroexportación
En otro orden de ideas, explicó que la agroexportación es uno de los sectores que menos beneficios recibe por parte del Estado, ya que los tributos que pagan las empresas no se reinvierten en el rubro, a diferencia de otros países donde incluso las carreteras están dentro de los fundos, facilitando así el transporte de los productos.
“Acá cada uno tiene que usar sus propios medios para los servicios básicos, no tenemos ni luz, ni agua. Tenemos que llevar sabe dios cómo el recurso hídrico a los campos. ¿Y el Estado? ¿Qué hace con los impuestos? Nadie está en contra de que la gente sea mejor pagada, pero la única forma de crecer es que las empresas tengan utilidades”, añadió.
Añadió que los efectos del Covid-19 ya de por sí han causado una caída en las agroexportaciones, que oscila entre el 35 % a 40 %. Actualmente, la agricultura representa el 40 % de las exportaciones no tradicionales y el 12 % de las totales, abarcando el 5.6 % del total del PBI.
Protestas
En tanto, indicó que un sector de la clase política también se ha dedicado a azuzar a la población durante las protestas agrarias, en las que – a su juicio – ha habido también personas infiltradas, quienes perjudicaron a los que sí son trabajadores y se manifestaron por mejores condiciones laborales.
Para el dirigente gremial, las autoridades también han contribuido a fomentar el “odio” en vez del diálogo, tanto con los agricultores como con los empresarios. Sobre estos últimos, apuntó que también deben hacer una autocrítica sobre la dirección de sus organizaciones en los últimos años.
“Los empresarios nos hemos preocupado mucho en las compañías por ver temas de eficiencia, de competitividad, ya que nos debemos al mercado. Hemos estado preocupado por las cosas macro y hemos dejado de lado otros aspectos. Suelo ser muy optimista, pero no veo en absoluto una posibilidad de recuperación, a no ser que la situación cambie rotundamente”, expresó.
Señaló que en el rubro de la agroexportación deben comprometerse ambas partes: el agricultor con su trabajo, el empresario con el pago de los sueldos a tiempo y el Estado con la reinversión de los impuestos.
Elecciones
Por otro lado, el también vicepresidente de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque se pronunció sobre las elecciones generales del próximo año, que tendrá a por lo menos 20 candidatos presidenciales. Para él, independientemente de quien gane los comicios, el Perú camina rumbo a un gobierno “neosocialista”, pues la “dominancia intelectual” ahora la tienen políticos, pensadores y periodistas ligados a esa ideología.
“No me cabe duda que vamos camino al neosocialismo, la dominancia intelectual la tienen ellos. Ahora tenemos un partido de gobierno con esa ideología, que está tratando de desarmar a la Policía, hay un consejo de derecho humanos que se fija en la muerte de solo dos personas, cuando en realidad aquí no debería morir nadie. Sin embargo, solo salen a defender a la misma gente que ellos han lanzado a la calle”, opinó.
En esa línea, indicó que no es optimista respecto al proceso electoral de abril próximo, pues para él las cosas seguirán igual. En lo que sí confía – apuntó – es en que la población asuma un papel más fiscalizador sobre el accionar de sus autoridades.
“Nosotros somos parte de una comunidad electoral y como tal no tenemos conciencia a veces de cómo son las cosas. A través del voto confiamos en un grupo de personas que, se supone, deben hacer bien las cosas, pero es un absurdo. Puede haber elecciones, cambio de presidentes, parlamentarios, pero los que vienen pueden ser iguales o peores. Elegimos un nuevo Congreso el año pasado y ya vemos las cosas cómo actúan”, advirtió.
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El 7 de diciembre, la Oficina Nacional de Procesos Electorales – ONPE, aprobó la solicitud del ciudadano William Guillermo Díaz Ruiz para la expedición del kit de revocatoria contra el alcalde de Chiclayo Marcos Gasco Arrobas. Dicho kit contiene los formatos para la recolección de firmas de adherentes, tarea que por las festividades propias del último mes del año se vio paralizada. Sin embargo, tal como anunció a Expresión el citado vecino, este mes de enero arrancó con fuerza la labor de conseguir las cerca de 200 mil firmas para convocar el referéndum revocatorio.
“Si bien el Jurado Nacional de Elecciones no ha fijado un tiempo límite para reunir todas las firmas y solicitar la consulta popular de revocatoria, sabemos que tenemos aproximadamente seis a siete meses. Por razones laborales y por las fiestas de navidad y año nuevo nos detuvimos un poco, pero ya en enero hemos empezado con fuerza la recolección de firmas. Ubicamos a los sindicatos de comerciantes, tanto mayoristas como minoristas, así como de taxistas, para que ellos se nos ayuden también con la firma de los planillones. Estimo que en cinco meses habremos conseguido todos los adherentes”, afirmó.
Explicó que la norma estipula como requerimiento que se obtengan las firmas del 25 % de electores que figuran en el padrón de la última elección. En el caso de Chiclayo, apuntó que se necesitan 177 mil 387. Sin embargo, debido a que siempre se depuran las firmas duplicadas o las de los adherentes que no hayan consignado correctamente sus datos, estima que deberán superar las 200 mil, a fin de que cuando el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – RENIC, las valide, no haya impedimento para alcanzar la meta.
Motivaciones
Indicó que una de las motivaciones que tuvo para iniciar el proceso de revocatoria fue la decepción de la clase política, en especial de Marcos Gasco, dado que en sus dos años de gestión no ha podido hacer nada contra el problema de la basura ni el comercio informal, además de estar implicado en serios casos de corrupción.
“Soy uno más de los tantos chiclayanos decepcionados de nuestros políticos. En el caso de Marcos Gasco no vemos ningún trabajo. La ciudad está llena de basura, sobre todo en los pueblos jóvenes. Eso demuestra su incapacidad. He tomado esta iniciativa para que quede un precedente en Chiclayo, ya que no podemos seguir siendo conformistas, habiendo tenido tres períodos llenos de corrupción. La ciudad no avanza y está llena de comerciantes informales en la Avenida Balta y las calles Arica y Pedro Ruiz”, criticó.
Si bien es militante del Partido Popular Cristiano, hizo hincapié en que no existe ningún político detrás de él moviendo el proceso de revocatoria, toda vez que incluso el costo que implica la movilización para la recolección de firmas lo está asumiendo de manera particular.
Apoyo
Asimismo, señaló que viene convocando a los representantes de la sociedad civil organizada como el presidente de la Asociación Regional de Exportadores – AREX, Olivio Huancaruna Perales; el presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque – CCPL, Carlos Burgos Montenegro; y los decanos de los colegios profesionales, de los cuales tres ya le han dado una respuesta afirmativa. Su intención es conformar con ellos un comité evaluador del proceso de revocatoria.
Solicitó el apoyo de la población en general para acelerar el proceso de recolección de firmas, por lo cual señaló que pueden contactarse con él si desean recibir un planillón y colaborar con reunir las firmas de sus familiares, amigos y conocidos que quieran sumarse a la causa. Del mismo modo, exhortó a los jóvenes que se encuentran de vacaciones por estos meses a sumarse como voluntarios.
“Me ha causado bastante alegría saber que, si bien en algún momento nos podemos equivocar en elegir a una autoridad, también podemos corregirnos, y la gente con mucha amabilidad nos pide que le dejemos un planillón para que también firme su familia. Hemos encontrado disponibilidad en la gente. El 90 % de los chiclayanos rechaza la actitud e ineptitud del alcalde. Eso nos motiva para seguir en esta recolección de firmas”, apuntó.
Quienes desean sumarse con su firma pueden acudir a la oficina de William Díaz Ruiz, ubicada en calle Cacique Cinto 377, tercer piso, Urbanización Latina, en José Leonardo Ortiz. Además, pueden llamar a los teléfonos 074-616310, 962815000 y 944397455. Anunció que en los próximos días también instalarán una oficina en el centro de Chiclayo para que la gente acuda allí a firmar.
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