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En septiembre se publicaron los resultados del “Estudio de seroprevalencia de SARS-CoV-2 en la Región Lambayeque”, los que indicaron que aproximadamente la cuarta parte de la población departamental se había contagiado de Covid-19. Tres meses después, la Gerencia Regional de Salud – GERESA, a anunciado la publicación de una nueva medición, a fin de conocer el estado de avance de la enfermedad.
El estudio reveló que la prevalencia del Covid-19 en la provincia de Chiclayo era del 40.1 %, 32.2 % en Ferreñafe y 45.5 % en Lambayeque.
De los distritos, Pucalá presentaba 60 % de prevalencia, Mórrope el 57.5 %, Pueblo Nuevo el 43.5 %, José Leonardo Ortiz el 40.4 %, Túcume el 40 % igual que San José, Tumán el 38.3 %, Olmos el 37.3 %, Jayanca el 35.7 %, Chiclayo el 32.2 %, Ferreñafe el 31.6 %, Lagunas el 31.3 %, Pomalca el 30.2 % y Reque el 30 %.
Del primer caso a la fecha
El 14 de marzo se reportó el primer caso de Covid-19 en Lambayeque y el 26 del mismo mes el primer fallecimiento.
Para el 31 de marzo, los casos eran 35 y las muertes seis; al 30 de abril se confirmó la existencia de tres mil 140 contagiados de coronavirus y 329 fallecidos, mientras que al 31 de mayo el número de casos confirmados llegó a nueve mil 203, y los fallecimientos a 615.
El incremento, según cifras oficiales del Ministerio de Salud, fue de seis mil casos entre abril y mayo, en tanto entre mayo y junio fue de siete mil. Al 30 de junio, el sector reportó 13 mil 858 casos en el departamento.
Al cierre de este informe eran 31 mil 381 los casos confirmados (15 de diciembre), y dos mil 935 los fallecidos. Las altas epidemiológicas logradas sumaban diez mil 658.
La estadística señala que del total de casos confirmados, el 51 % se concentra en varones y el 49 % en mujeres, siendo la población adulta la más afectada, seguida de la población adulta mayor y joven.
Casos en distritos
En la provincia de Chiclayo, el distrito capital es el que tiene más casos confirmados de Covid-19 (11 mil 213 al 15 de diciembre), seguido de José Leonardo Ortiz (tres mil 118) y La Victoria (dos mil 229).
Monsefú registró 860, Pimentel 766, Pomalca 454, Pátapo 463, Santa Rosa 485, Tumán 452, Reque 424, Picsi 294, Ciudad Eten 283, Cayaltí 271, Pucalá 162, Chongoyape 164, Lagunas 165, Zaña 211, Oyotún 190, Puerto Eten 92 y Nueva Arica 104.
Lambayeque tiene mil 213 casos confirmados, Mórrope 905, Motupe 597, Jayanca 510, Íllimo 479, Olmos 405, Mochumí 354, Túcume 375, San José 303, Pacora 240, Salas 202 y Chóchope 31.
Asimismo, en Ferreñafe hay registro de dos mil 127 casos, en Pueblo Nuevo 505, 173 en 342, 88 en Mesones Muro, 198 en Cañaris y 37 en Incahuasi.
Nuevo estudio
A fin de determinar la prevalencia de la Covid-19 en las familias lambayecanas, la Gerencia Regional de Salud Lambayeque y el Ministerio de Salud, ejecutan un nuevo estudio de seroprevalencia en mil 12 personas de todas las edades distribuidas en 35 distritos de la región.
El Gerente Regional de Salud de Lambayeque, Víctor Echeandía Arellano, manifestó que el estudio permitirá conocer el nivel de exposición de los lambayecanos al virus y los principales factores de riesgo. Posteriormente, pasado el año del estudio, se determinará la persistencia de anticuerpos en la población.
“Pedimos a la población que responda a las preguntas y de facilidades al personal que va debidamente identificado y utiliza los equipos de protección personal que corresponden, pues este estudio nos ayudará a tomar las medidas para el control de la enfermedad en beneficio de toda la comunidad. Solicitamos la participación activa de la población”, detalló el funcionario.
Son 40 equipos de salud involucrados en el estudio, quienes ya tienen identificadas a las familias que participarán en la investigación a través de métodos científicos, previo consentimiento informado, seleccionan a un miembro de la familia para tomar una prueba rápida y determinar la presencia del virus, posteriormente, se hace el seguimiento.
“El estudio nos ayudará a tomar decisiones, porque nos va a señalar los distritos donde hay más personas infectadas, así como cuántos son los vulnerables que quedan y debemos cuidar con las medidas que corresponden desde un punto de vista preventivo”, señaló.
En otro momento, el titular del sector salud en Lambayeque, informó que el estudio abarca 35 distritos de los 38 que tiene Lambayeque, dejando de lado Nueva Arica, San José y Chóchope, debido a que estos distritos tienen menor incidencia de la enfermedad.
“Ya se ha comenzado a trabajar en el estudio, pero tenemos cierta resistencia de algunos pobladores que no están colaborando. Insisto en que el estudio es para beneficio de todos y la población tiene que ayudarnos para que podamos plantear las medidas correctas frente a la pandemia”, agregó.
Desde inicios de la pandemia, la cual lamentablemente continúa azotando al mundo, los peruanos hemos sido testigos de la labor profesional y admirable de los médicos, enfermeras, personal asistencial, policías, integrantes de las Fuerzas Armadas, entre otros; pero también hemos notado la presencia de auditores gubernamentales, quienes a nivel nacional y amparados en la Ley N° 31016, vienen realizando una labor oportuna, responsable y preventiva a través del ejercicio del control gubernamental en la modalidad de control simultáneo ejercido por la Contraloría General de la República y los Órganos de Control Institucional de las distintas entidades del Estado. Pero de esa participación activa, nos nace la inquietud, ¿qué hubiera pasado si no hubiesen existido los controles gubernamentales oportunos para la ejecución del presupuesto destinado para mitigar la pandemia?
Antes de continuar, es importante resaltar una definición de este tipo de control gubernamental ejercido en el marco de la pandemia, se trata del control simultáneo, que está orientado a tener un rol preventivo de posibles actos de corrupción; es decir, se aleja de ser un control reactivo, que atacaba el hecho presuntamente irregular cuando este ya se había cometido; ahora, se busca alertar oportunamente a los titulares de las entidades del Estado de posibles observaciones o situaciones adversas que podrían afectar los objetivos de un proceso en curso por parte de la entidad.
Esta concepción del control simultáneo, hace que los auditores estén desplegados en las entidades públicas para verificar, supervisar y vigilar que cada sol del erario nacional cumpla con la finalidad pública para la cual fue comprometido. Aquí, es importante indicar que esta pandemia debilitó mucho más nuestro precario sistema de salud; y también agudizó la deficiente ejecución del gasto fiscal anual por parte de las entidades. Por tanto, el acompañamiento que viene realizando Contraloría y los OCI, resulta importante en las entidades para la correcta toma de decisiones en la gestión pública.
Por tanto, es importante resaltar la presencia del control gubernamental en estos tiempos de pandemia, para vigilar el buen uso de los recursos públicos. Asimismo, el rol activo de la Contraloría General de la República busca constantemente que la ejecución del gasto sea eficiente y que la función pública sea ejercida por parte de los integrantes de la administración pública de manera honesta y transparente, estos últimos valores tienen que estar presente en cada uno de los gestores públicos.
Asimismo, ellos tienen que tener la apertura para recibir al control gubernamental en sus entidades, realizando acciones de entrega oportuna de información, y de luego de la emisión del informe por parte del órgano contralor, logren realizar las acciones para mitigar los riesgos advertidos por las distintas comisiones de control simultáneo desplegadas a nivel nacional.
Con estas consideraciones, señalaremos algunas situaciones que la Contraloría General de la República y los Órganos de Control Institucional han detectado, con la finalidad de que como sociedad civil también ayudemos a ejercer el control gubernamental a través de la denuncia de presuntos hechos irregulares que logremos conocer.
Compra de canastas
Por tanto, iniciaremos con un caso común a nivel nacional, el cual tuvo como inicio la emisión del Decreto de Urgencia N° 033-2020, que autorizó la transferencia de presupuesto a favor de los gobiernos locales para la adquisición, almacenamiento y distribución de canastas para hogares vulnerables que se encontraban afectadas por el aislamiento social obligatorio. Correspondía a los alcaldes observar las obligaciones, recomendaciones y buenas prácticas para apoyar los procesos de compra y entrega de las canastas de víveres y que estos se lleven de manera objetiva y transparente.
En tal sentido, la Contraloría General de la República, a través de su múltiple y valiosa información contenida en su portal https://emergenciasanitaria.contraloria.gob.pe/; así como, en su Informe de gestión de control gubernamental ante la Emergencia Sanitaria por Covid-19, respecto a la supervisión de compra de canastas básicas familiares, advirtió lo siguiente:
Municipios tuvieron deficiencias en distribución de canastas, debido a falta de padrones de beneficiarios o estos se encontraban desactualizados; asimismo, no existían actas de entrega de canastas; municipios registraron demoras en la compra de víveres, debido a la demora en la convocatoria de los procesos, en la elección de proveedores y también por los incumplimientos de proveedores en la entrega de productos, y tuvieron deficiencias en la fase de almacenamiento, debido al uso de locales inadecuados para almacenar víveres, locales que no reúnen toda la documentación necesaria. Asimismo, se notaba la existencia de personal edil sin protección personal para manipular víveres.
Del mismo modo, municipios tuvieron deficiencias con productos comprados debido al peso de los productos adquiridos, falta de registro sanitario o fecha de vencimiento y a la existencia de alimentos en malas condiciones.
Caso Olmos
Cabe precisar que en la región Lambayeque se tuvo el caso de la Municipalidad Distrital de Olmos, en donde según Contraloría, los productos para canastas básicas familiares incumplieron las especificaciones técnicas y fueron adquiridos a precios superiores, tal como sucedió, con la adquisición y pago por producto “grated de pescado”, el cual no se encontraba apto para el consumo humano, porque en el análisis de Sanipes no se pudo evidenciar su inocuidad. Asimismo, indica el órgano contralor que, se compró productos a precios superiores en comparación a una oferta menor presentada por un proveedor, esta situación conllevó a que el Ministerio Público inicie investigaciones preliminares las cuales han traído capturas preventivas la semana pasada.
Por estas consideraciones, la actuación del control gubernamental en pandemia resulta muy eficiente para efectos de que pueda alertar a los servidores y funcionarios públicos de posibles deficiencias que pongan en riesgo el buen uso de los recursos públicos.
Cabe señalar que, la semana pasada, se celebró el día internacional de la lucha contra la corrupción, renovando el compromiso la Contraloría General de la República de seguir luchando contra este flagelo que atenta directamente contra derechos fundamentales de los ciudadanos.
(*) Abogado, especialista en control gubernamental.
Por lo sucedido este año, gobiernos en su calidad de empleadores, trabajadores y empresarios recordarán que la informalidad es un gran perjuicio ante grandes problemas como el Covid – 19. Inclusive especialistas en materia económica señalan que las pérdidas de empleos serán mayores a las ocurridas tras la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué nos trae de consecuencia laboral la pandemia en nuestro país? Miles de trabajadores formales hasta el momento se encuentran con suspensión perfecta de labores, despidos por no renovación de contratos, ceses colectivos, quiebra y cierre de empresas.
Como consecuencias de la pandemia se han expedido más de dos centenares de normas relacionados a temas laborales con relación al estado de emergencia. Entre las principales normas laborales está la del trabajo remoto, norma novedosa en nuestro país y que estará vigente posiblemente hasta que acabe el estado de emergencia sanitaria; la del teletrabajo, a pesar que es una norma de hace nueve años, pues consideramos no ha resaltado tanto como el trabajo remoto, que es de imposición diferente al teletrabajo, que es un consenso entre trabajador y empleador.
Dispositivos legales
No olvidemos que la imposición del trabajo remoto otorgado a los empleadores, así como la licencia con goce de haber, que fue en una primera etapa de la pandemia, por decir marzo y quincena de abril, por cuanto el 14 de abril se aprobó el Decreto de Urgencia 038-2020, que reguló la suspensión perfecta de labores, pero con particularidades nuevas a las ya establecidas en el TUO 728. Por ejemplo, a fin de llegar a la suspensión perfecta el empleador previamente debe otorgar vacaciones vencidas, adelanto de vacaciones, reducción de la jornada de trabajo, reducción de remuneración y otros antes de la suspensión.
Una de las críticas a esta norma es que miles de trabajadores suspendidos aun no reciben el bono que otorga el Estado, quedándose muchos a la fecha sin ningún ingreso o apoyo del gobierno.
En los meses siguientes fueron normas para ajustes de las normas ya expedidas; sin embargo consideramos que en el mes de octubre se expidió la Ley No. 31047 Ley de los trabajadores del hogar; a través del cual se equipara una serie de beneficios a los del régimen laboral de la actividad privada. El 22 de octubre se publicó el Decreto Supremo Nº 010 – 2020 IN, que dispuso de medidas especiales, excepcionales y temporales de regulación migratoria de extranjeros.
El 1 de noviembre se publicó el Decreto de Urgencia127-2020, el cual tiene por objeto promover la recuperación del empleo formal, a fin de incentivar la contratación laboral y la preservación de puestos de trabajo a través del otorgamiento de un subsidio a empleadores del sector privado; además de establecer medidas para garantizar la observancia de la jornada de trabajo y el goce del derecho al descanso. Sin embargo, esta norma aún no ha cumplido con su finalidad a consecuencia de los conflictos políticos y no se ejecuta a fin de combatir el desempleo o la crisis en las relaciones laborales. Asimismo, el 25 de noviembre, se expidió el Decreto Supremo Nº 354 – 2020 EF, que aprueba el Reglamento Unificado de las Normas Legales que regulan el Sistema Nacional de Pensiones, permitiendo entre algunos aspectos que con 17 años de aportes los trabajadores pueden obtener una pensión de jubilación, así como flexibilizar el otorgamiento de pensiones de invalidez con la entrega de un certificado de trabajo.
El mes de diciembre, se puede señalar que se han aprobado normas de mucha relevancia social laboral con consecuencias económicas, que posiblemente en los próximos meses serán tema de análisis y de satisfacciones de muchos trabajadores y de reflexión de empleadores. Así nos referimos a la Ley 31087, Ley que deroga la Ley 27360 - Ley que aprueba las Normas de Promoción del Sector Agrario y el Decreto de Urgencia 043-2019 que modificó a la Ley 27360 para promover y mejorar las condiciones para el desarrollo de la actividad agraria.
También es importante mencionar que el Congreso aprobó derogar los DU 014 y 016 – 2020, normas expedidas a inicio de año que regulaban aspectos laborales como la negociación colectiva en el sector público y las formas de acceso al ingreso del sector público, entre otros aspectos laborales, además que eran normas a todas luces inconstitucionales.
Y, por último, el viernes 11 de diciembre el Congreso aprobó la ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes laborales del sector público, entre ellas la eliminación progresiva del régimen CAS.
Retos al 2021
Es importantes que tanto el gobierno, como los trabajadores y los empresarios, busquen soluciones a esta gran crisis desde su posición. Por ejemplo, así lo demuestra la última reunión de empresarios de la Alianza del Pacífico, que ha planteado la creación de regímenes especiales para la creación de más empleos como consecuencia de esta crisis.
La propuesta gira en torno a cuatro ejes: recuperación del empleo; recuperación de la inversión; recuperación resiliente y sustentable; y fortalecimiento del marco institucional y el rol de la colaboración público-privada para la solución de problemas públicos y sociales.
Este año nos coloca en un desafío bien alto al 2021, por cuanto si antes era difícil que los empleadores piensen en formalizar sus relaciones laborales, con la actual crisis y para algunos la falta de normas en ese sentido, será aún más difícil hacerlas; salvo que los políticos piensen que lo importante es crear las bases necesarias para la formalización de las relaciones laborales.
(*) Abogado laboralista y docente universitario.
Para el vicepresidente de la Sociedad Nacional de Industrias – SNI, Manuel García Peña, los candidatos a la presidencia, que participarán de las elecciones de abril del próximo año, deben tener una agenda mínima dentro de su oferta electoral que considere medidas para fortalecer la institucionalidad, desarrollar la industrialización del país y luchar contra la informalidad.
García Peña explicó que lo primero en lo que se debe trabajar es el fortalecimiento de la institucionalidad, pues sin esto no se podrán realizar las grandes reformas que el Perú necesita. Indicó que el Congreso debe dar la talla para lidiar con las demandas de la población, el Poder Judicial brindar soporte jurídico al país y el Ejecutivo ser fuerte y no como en este último quinquenio.
Asimismo, refirió que el Estado debe industrializarse para generar puestos de trabajo, a través de obras de envergadura y con retorno financiero. Apuntó que se requiere de más inversión pública, para lo cual el Perú tiene la ventaja de registrar un superávit en la balanza fiscal por más de mil 200 millones de soles. A ello sumó que se esté exportando cada vez más e importando menos.
Afirmó que si bien en esta emergencia sanitaria es la informalidad la que está moviendo la economía nacional, esta no contribuye con impuestos, lo cual se verá reflejado en una menor recaudación tributaria, que generará una brecha por cubrir en el presupuesto anual de los siguientes años. En virtud de ello, advirtió que los candidatos deben tener propuestas para luchar contra este flagelo.
“Los tres puntos que deben considerar los candidatos a la presidencia para el próximo gobierno son el fortalecimiento de la institucionalidad, el desarrollo industrial y la lucha contra la informalidad. Para ello, la Sociedad Nacional de Industrias ha presentado su Agenda al 2031, que espero pueda ser acogida por todos los políticos. Este libro contiene proyecciones en todos los sectores y propuestas para encender los motores y despegar”, manifestó.
Manufactura
Por otro lado, el empresario resaltó que por estas fechas el empleo ha crecido, pero los sueldos están deteriorados, toda vez que los trabajadores han pasado de ganar en promedio 800 soles, cuando antes de la pandemia ganaban aproximadamente mil 200, esto debido al alto grado de informalidad. Asimismo, resaltó que estos puestos de trabajo que se están generando son temporales, producto de la campaña navideña.
No obstante, señaló que algunos sectores como el textil se verán beneficiados gracias a iniciativas legislativas como la recientemente aprobada Ley N° 31089 – Ley que Enfrenta la Prácticas de Elusión de Derechos Antidumping y Compensatorios, con la cual se protegerá esta industria, evitando que ingresen productos importados a precios subvaluados.
“El gobierno tendrá que analizar el siguiente paso para apoyar al sector textil, entre cuyas demandas estaba que todas las compras textiles del Estado se dirijan a estos pequeños empresarios, a fin de motivar su crecimiento. Esta campaña navideña no es como la de otros años. Hay un retraso, recién está al 50 % y no creo que dé para más, porque hay pobreza económica. Por eso, el Ejecutivo debe salvaguardar a esta industria que produce empleos”, aseveró.
Terminal Portuario
Por otro lado, afirmó que el Gobierno Regional de Lambayeque debe activar en el plazo más inmediato a la Autoridad Portuaria Regional para coadyuvar en la labor de buscar inversionistas que quieran apostar por la ejecución del Terminal Portuario.
“Esta oportunidad no la vamos a perder, definitivamente. Ya no hablamos solo de Lambayeque, sino de toda la macrorregión. Nosotros vamos a ser el puerto de despegue… Ya hay empresas a nivel mundial que están interesadas en invertir. Debemos conformar un equipo que trabaje ad honoren para darle seguimiento a este tema”, aseguró.
De las diversas denuncias que pesan sobre la gestión del alcalde de Chiclayo, Marcos Gasco Arrobas, el caso “Veolia” es quizá el más sólido. A fines del año pasado la Contraloría General de la República emitió un informe en el que confirmó la existencia de irregularidades en la contratación directa que hizo la Municipalidad Provincial de Chiclayo, generando un perjuicio económico superior a los 240 mil soles. Sin embargo, la fiscal a cargo de la investigación, Karim Ninaquispe Gil, ha dado largas al caso, por lo que ha sido denunciada por omisión, rehusamiento y demora de actos funcionales.
El último día del año pasado, Contraloría confirmó que a 249 mil 750 soles asciende el perjuicio económico causado a la Municipalidad Provincial de Chiclayo por la gestión del alcalde Marcos Gasco Arrobas con la contratación directa e irregular de Veolia Servicios Perú para el recojo de la basura.
El Informe de Auditoría de Cumplimiento emitido por la Contraloría General de la República, N° 029-2019-2-0425, indica que existe responsabilidad penal en Gasco Arrobas, 12 regidores y ocho funcionarios de la comuna.
Los regidores son: Junior Vásquez Torres, Felipa Orosco Nuntón, Ricardo Lara Doig, Pedro Ubillús Falla, Karina Villegas Campos, Carlos Montenegro Gonzáles, Javier Montenegro Cabrera, Randy Vega Díaz, José Nakamine Kobashigawa, María Berna Cleghor, Andrés Calderón Purihuaman y el exconcejal Marino Olivera Cruzado. Estos por haber aprobado la irregular declaratoria del desabastecimiento inminente del servicio de residuos sólidos en la comuna, el mismo que permitió la contratación de la empresa.
La contratación con Veolia fue para que asuma el recojo de la basura en Chiclayo por 90 días, a un costo de un millón 800 mil soles.
Veolia se adjudicó el servicio pese a no cumplir los requisitos normativos, conforme se denunció en su momento. Para el ente de control hubo trasgresiones a la Ley de Contrataciones del Estado.
Pasos para la contratación
El 28 de febrero del 2019, con 12 votos a favor y tres abstenciones, el concejo municipal aprobó declarar el desabastecimiento inminente del servicio de residuos sólidos, dejando expedita a la administración de Gasco Arrobas para la contratación directa de maquinaria, recurso humano, compra de repuestos u otros servicios que permitiesen atender lo que para ellos era una situación de emergencia.
Debido a la imprecisión del acuerdo, que se sustentó en un informe técnico con datos del 2017 (no actualizados) y sin que exista mayor sustento legal, semanas después, el 15 de marzo, el concejo, nuevamente con 12 votos a favor, aprobó precisar que el desabastecimiento se daba sobre 10 máquinas de recolección de basura. Ese mismo día el Órgano de Control Institucional – OCI, comunicó al alcalde Marcos Gasco que la declaratoria del desabastecimiento tenía anomalías.
Sin importar la advertencia, la gestión continuó en su propósito y en abril arribó al contrato directo con Veolia Servicios Perú SAC, para que asuma la cobertura de la situación de emergencia con su maquinaria durante 90 días.
Horas después, OCI volvió a pronunciarse señalando que dicha contratación tenía errores tanto en los procedimientos preparatorios como en la evaluación de la empresa ganadora.
A ello se sumó que Veolia carecía – al momento de la adjudicación del contrato - de la autorización correspondiente para brindar los servicios de operadora de residuos sólidos, requisito exigido en la Ley de Gestión de Residuos Sólidos y cuyo ente rector es el Ministerio del Ambiente.
El 5 de abril del 2019 la Municipalidad Provincial de Chiclayo otorgó la Buena Pro en el Proceso de Contratación Directa N° 001-2019-MPCH, a Veolia. En dicho documento, firmado por el Subgerente de Logística y Servicios Internos, Edgardo Siadén Ortega, se indica que la empresa cumplía con el Registro de Empresa Operadora de Residuos Sólidos ante el Ministerio del Ambiente. Sin embargo, ello era falso. Veolia obtuvo la autorización del Ministerio del Ambiente recién en la última semana de abril.
Caso en fiscalía
Para cuando la Contraloría emitió su informe, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios tenía conocimiento del caso desde abril del 2019, por lo que habían trascurrido siete meses sin que se accione al respecto.
La investigación fue a parar al despacho de la fiscal Karim Ninaquispe Gil, quien recién en octubre de este año, 18 meses después de recibir la denuncia presentada por los regidores de minoría Percy Espinoza Gonzales, Andrés Puell Varas y Jhony Piana Ramírez, decidió formalizar la investigación preparatoria.
Pruebas a la vista
“La fiscalía realizó un operativo de incautación de todos los documentos del proceso de contratación, lo que se ha contrastado con lo detectado por la Contraloría, que ha detallado en su informe los pasos y señas de cómo se armó la contratación de Veolia”, explica el abogado Germán Vásquez Merino, quien acompañó a los regidores de minoría en su denuncia.
Explica que a la falsedad en el acta de buena pro respecto a la autorización del Ministerio del Ambiente se suma que también hubo irregularidades en la nómina de conductores para los camiones compactadores que Veolia ofrecía para el servicio.
“Todo se hizo mal, desde la declaratoria del desabastecimiento inminente hasta la contratación, pues se vulneró de manera flagrante la Ley de Contrataciones del Estado. Contraloría advirtió todo ello con tres informes preliminares y aún así la gestión del alcalde Gasco continuó con las acciones, hasta que a fines del año pasado se emitió el informe del caso, el cual es contundente”, explica.
Medidas coercitivas
“Con ese informe, la fiscal Karin Ninaquispe tenía herramientas suficientes para solicitar alguna medida coercitiva contra los involucrados, pero no ha sido así. Lejos de ello, ha programado una serie de diligencias que no van a cambiar en absoluto el caso, porque todo ya ha sido documentado y probado por Contraloría. Eso solo dilata los tiempos y ofrece ventaja a los investigados para que coordinen alguna estrategia para eludir a la justicia”, menciona.
A decir de Vásquez Merino, la representante del Ministerio Público desconoce que entre su institución y la Contraloría General de la República existe un convenio que faculta a las fiscalías a emplear los informes de control como prueba suficiente para avanzar en sus investigaciones, considerando que la Contraloría no emite opiniones sobre supuestos, sino sobre hechos probados.
“Se ha determinado que cuando la municipalidad planteó la contratación directa con Veolia tenía un convenio con el Gobierno Regional de Lambayeque para que este le provea de maquinaria y operarios para atender el problema de la basura. La municipalidad solo debía poner el combustible, lo cual era más barato que pagar el contrato con Veolia. Se ha probado también que se dio una conformidad presupuestal irregular para la contratación, que se descartó una cotización más económica y que se adecuó el proceso para beneficiar abiertamente a la empresa”, detalla.
Para Vásquez Merino, estos hechos resultaban suficientes para que la fiscal requiera la detención preliminar, impedimento de salida del país, arresto domiciliario y prisión preventiva contra los investigados.
Queja y denuncia
Ante la inacción de la representante del Ministerio Público, esta fue quejada a la Fiscalía de Control Interno, la misma que abrió investigación preliminar por presuntas irregularidades en sus funciones.
De acuerdo al abogado Germán Vásquez Merino, quien quejó a la fiscal, la conducta de la fiscal solo buscaría retardar la acción de la justicia, permitiendo que los investigados coordinen algún tipo de acción o estrategia que les permita eludir las responsabilidades penales.
A ello se suma que el 15 d.c., Vásquez Merino denunció a Ninaquispe Gil por los presuntos delitos de omisión, rehusamiento y demora de actos funcionales. El caso está en la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo.
A inicios de este mes, la fiscal reconoció que tiene un familiar que trabaja en Veolia, pero que por indicación de su superior, la fiscal Giovanna del Río Carreño, continúa a cargo del caso.
Este 2020 ha sido un año particularmente difícil para la humanidad por la pandemia del Covid-19. Más de un millón y medio de fallecidos en el mundo y cerca de 37 mil en el Perú, son algunas de las cifras que ha dejado este letal virus a su paso. Sin embargo, en medio de este panorama desolador, surgen algunas voces de esperanza como la de José Estebas Martínez, sacerdote agustino recoleto, quien animó a la población a encontrar consuelo y fortaleza en Dios, sobre todo durante estas fechas cercanas a la Navidad.
Estebas Martínez, quien por casi ocho años fue párroco de la parroquia Nuestra Señora de la Consolación, en Chiclayo, señaló que este tiempo de adviento es propicio para hacer de la familia una verdadera iglesia doméstica, donde cada integrante avive su fe para encontrar a Jesús en el prójimo, principalmente en los pobres y enfermos.
“Este es un tiempo de esperanza, vamos a prepararnos para que llegue el señor a nuestras vidas. Los pastores y los reyes magos recorrieron un camino buscando a Jesús. Hoy lo podemos encontrar en nuestro corazón y en su palabra. ‘Donde dos o más personas están reunidas en mi nombre, allí estoy yo’, nos dice. Él está en la familia que es la iglesia doméstica. Qué bonito poderlo encontrar en los pobres, en los enfermos. Cada vez que hacemos una obra por ellos, lo hacemos con el señor. Es tiempo de avivar nuestra fe”, reflexionó.
Medios de comunicación
Estebas Martínez indicó que la iglesia ha salido al encuentro de la feligresía, a través de los medios de comunicación, ampliando la cobertura de las eucaristías virtuales, que antes se reservaban para los enfermos o quienes por motivos de fuerza mayor estaban imposibilitados de acudir presencialmente a las parroquias.
“Por un lado se cerraron las puertas, pero por otro se abrieron las ventanas de los medios de comunicación, a través de los cuales muchas personas pudieron acceder al evangelio. A través de las redes sociales y los medios tradicionales hemos podido orar por los enfermos, por el alma de los difuntos, por los profesionales de la salud y por todos los que nos pedían que encomendemos en las plegarias. Pero no solo eso, también hemos difundido las medidas de distanciamiento social e higiene que dictaba el gobierno. Ha sido un constante acompañamiento desde la fe”, resaltó.
El hombre y la naturaleza
Por otro lado, el consagrado aseguró que la pandemia por el Covid-19 no es ningún castigo de Dios, sino consecuencia del mal dominio que ha tenido el hombre sobre la naturaleza. Al respecto, recordó que el libro del Génesis explica cómo el mal entró por causa del hombre, pero que la salvación también vino gracias a él, en la figura de la Virgen María.
“Dios le ordenó en el Génesis al hombre que domine la creación. Nosotros fuimos dotados con inteligencia para ordenarla, administrarla, pero no lo hemos hecho bien. Tenemos que respetar las leyes de la naturaleza, cuidar a los seres vivos que nos rodean”, manifestó.
Esperanza
En tanto, Estebas Martínez exhortó a la población a mantener la esperanza en que pronto pasará la pandemia y vivir la navidad con el corazón dispuesto para que Jesús hecho niño nazca en cada uno. Del mismo modo, animó a quienes han perdido a sus seres queridos durante estos meses a pensar en que hoy ellos ya gozan de la presencia de Dios.
“Si nosotros, siendo pequeños, los recordamos y tenemos presentes, cuánto más Dios que nos ama sin medida quiere que ellos vivan junto a él. Unámonos en la oración para estar en comunión con ellos… La grandeza de la vida humana es tal que hasta Dios quiso vivir la experiencia de nacer de una madre y ser engendrado dentro de una familia. Dios se hizo hombre y se ha querido quedar a nuestro lado”, aseveró.
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