Todo hace indicar que este año nuevamente las municipalidades de Lambayeque devolverán dinero al tesoro público ante la falta de capacidad para ejecutar su presupuesto. La cifra es alarmante: a dos días de culminar el año fiscal, 17 municipalidades no han llegado ni siquiera a ejecutar la mitad de su Presupuesto Institucional Modificado - PIM.
Entre estas destacan dos de las tres municipalidades provinciales: Ferreñafe, que ejecutado el 49.2 % de 62 millones 855 mil 602 soles; y Lambayeque, con el 41.3 % de 117 millones 601 mil 88 soles.
Los que menos gastaron
La lista de los municipios que menos gastaron en Chiclayo la encabeza Cayaltí, que de los 19 millones 73 mil 79 soles de PIM ha ejecutado cinco millones 131 mil 631 soles, que equivale al 27.2 %. Le sigue Chongoyape, con una ejecución del 38.6 %, de un total de 19 millones 823 mil 347 soles; y José Leonardo Ortiz, cuya gestión liderada por Wilder Guevara Díaz solo ha podido girar el 42.1 % de 72 millones 641 mil 842 soles.
Continúa en esta lista la Municipalidad de Pimentel, que de 30 millones 987 mil 405 soles gastó el 49.8 %; Pátapo, cuya ejecución presupuestal alcanza el 48.6 %, de 22 millones 147 mil 580 soles; y Nueva Arica, con el 43.5 % de nueve millones 812 mil 729;
En Lambayeque, casi la tercera mitad de los distritos no alcanzan aún el 50 %, incluyendo a la misma municipalidad provincial. Lidera esta lista Chóchope, que solo ha girado 917 mil 436 soles, de un presupuesto de tres millones 695 mil 280, es decir el 26.5 %; le sigue Motupe, con una ejecución del 28.1 %, de un total de 26 millones 25 mil 648; Pacora, con el 34.3 % de nueve millones 673 mil 543; y Olmos, que gastó el 41.7 % de 41 millones 927 mil 574.
Prosigue la lista la comuna de Mórrope, de cuyo presupuesto de 58 millones 764 mil 739 soles ha girado el 46.2 %; y Túcume, que de 34 millones 616 mil 270 ha ejecutado el 48.8 %.
Similar situación ocurre con los ayuntamientos de Ferreñafe, donde Incahuasi es el municipio que menos ha gastado, con el 22.9 % de 40 millones 786 mil 219 soles; seguido de Cañaris, con el 43.4 % de 22 millones 852 mil 688; y Mesones Muro, que de siete millones 83 mil 196 soles ejecutó el 49 %.
Superan la mitad
En contraste, 14 municipalidades de Chiclayo sí han superado la mitad de su ejecución presupuestal. En primer lugar está Ciudad Eten, cuya administración del alcalde Nilton Chafloque Córdova ha girado tres millones 76 mil 386 soles, de un total de tres millones 892 mil 996, lo que corresponde al 79.5 %; seguido muy de cerca por Pucalá, con el 79.4 %, de un total de tres millones 816 mil 28.
Le siguen la municipalidad de Zaña, con el 78.9 % de ocho millones 150 mil 88 soles; Santa Rosa, con el 74.9 % de 15 millones 630 mil 283; Picsi, con el 73.5 % de tres millones 721 mil 569; Reque, que de 11 millones 552 mil 185 ha ejecutado el 69.1 %; y Puerto Eten, que ha hecho lo propio con el 62.8 % de cinco millones 610 mil 133 soles.
Completan la lista Oyotún (68.2 %), La Victoria (62 %), Monsefú (66.1 %), Lagunas (60.6 %), Pomalca (57.7 %), Chiclayo (52.6 %) y Tumán (52.3 %).
En cuanto a las municipalidades de Lambayeque, lidera la lista Salas, con una ejecución del 75 %, de un total de 13 millones 543 mil 69 soles; seguido de Íllimo, con el 64.1 % de 12 millones 646 mil 973; San José, que de nueve millones 895 mil 637 soles ha girado el 62.1 %; Jayanca, con el 61.4 % de 27 millones 253 mil 202; y Mochumí, que ejecutó el 51.5 % de 23 millones 152 mil 690 soles.
En tanto, en Ferreñafe solo dos municipalidades ejecutaron más de la mitad de su presupuesto: Pueblo Nuevo, que es la comuna que más dinero gastó a nivel porcentual en todo Lambayeque, con el 89.1 % de 13 millones 685 mil 549 soles; y Pítipo, con el 82.4 % de 38 millones 856 mil 684 soles.
La historia registra que Lambayeque es "Cuna del Primer Grito Libertario en el Norte del Perú", proclamando su libertad un 27 de diciembre de 1820 gracias al coraje y valentía de jóvenes idealistas y anhelos de experimentados hombres y mujeres. A puertas de conmemorar 200 años de esta gesta heroica, la Comisión Bicentenario Lambayeque y la Municipalidad Provincial de Lambayeque vienen organizando una serie de actividades con el propósito de fortalecer la identidad de los lambayecanos y rendir honores a este importante acontecimiento histórico de nuestro país.
El calendario de actividades inició el pasado el 06 de noviembre con el lanzamiento de la "Agenda Bicentenario", que plantea una importante campaña a través de redes sociales con diversas acciones digitales que promueven la cultura y el reconocimiento de nuestra historia, entre ellas el programa "Conociendo la belleza de nuestros distritos", que en resumen es una serie de 12 mini reportajes que muestran los atractivos de cada rincón de la provincia de Lambayeque.
Así también se ha programado el ciclo de entrevistas denominada "Entrevista Bicentenario", que muestran a personajes representativos de la sociedad lambayecana a fin de hacer un repaso del pasado y actualidad de nuestra "Ciudad Evocadora". En la primera entrevista se contó con la reconocida historiadora Piedad Pareja Pflücker, quien relata pasajes no conocidos del proceso de emancipación de Lambayeque.
También se contó con la participación del Ing. Jorge Piscoya Madueño, gerente de la fábrica de King Kong San Roque, quien relata la historia de la empresa que posicionó e internacionalizó el famoso y tradicional dulce lambayecano. El arqueólogo Walter Alva Alva no podía estar ausente con su contribución y aporte a Lambayeque, a través del Museo Tumbas Reales de Sipán.
Parte de estas actividades y otras ya programadas, son el paquete de obras emblemáticas que la Municipalidad Provincial de Lambayeque viene ejecutando en beneficio de la población, como el “Mejoramiento de la Plaza de Armas y el Centro Histórico de la Ciudad”, la "Construcción de celdas transitorias para la disposición final de residuos sólidos municipales de la ciudad de Lambayeque", el “Mantenimiento de caminos vecinales en los diferentes distritos que conforman la Provincia”, el "Mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado en las calles del pueblo joven Santa Rosa de Lambayeque", la "Reconstrucción de pistas y veredas en la avenida Huamachuco" y el "Mejoramiento de la Iluminación LED de Lambayeque en el Bicentenario de Independencia".
También se tiene programadas las obras de “Proyecto integral de seguridad ciudadana” con la instalación de cámaras de video vigilancia y un centro monitoreo, el "Mejoramiento del Servicio de transitabilidad vehicular en la carretera Lambayeque - San José", el "Mejoramiento del servicio de Educación Inicial en la IEI. 474", entre otras de gran importancia para el desarrollo de la "Generosa y Benemérita" ciudad de Lambayeque.
"El paquete de obras emblemáticas que la gestión ha lanzado en el año del Bicentenario de Lambayeque son proyectos anhelados por nuestros vecinos y que llevarán una mejora a sus vidas. Los pueblos se desarrollan con buenos caminos por donde transitar, con infraestructura adecuada para nuestros niños y de hecho cuando se lleva luz a aquellas zonas ensombrecidas por la pobreza. Nuestra ciudad cumple 200 años de emancipación y es justo entregarle a nuestros vecinos mejoras en la calidad de vida", expresa el burgomaestre.
Para el alcalde de Lambayeque, Alex Rodríguez Alvarado, el Bicentenario de independencia de la “Ciudad Generosa y Benemérita” representa un hecho trascendente que, pese a los obstáculos que pone la pandemia provocada por el Covid 19, debemos recordar y exaltar. "Conmemorar el Bicentenario de nuestra independencia, es un hecho muy importante para los lambayecanos, pues revalora nuestra identidad y nos compromete a seguir trabajando para lograr el desarrollo de nuestra sociedad, tal como en aquel entonces lo hicieron nuestros próceres", expresa el burgomaestre.
Es preciso recordar que la causa libertaria en esta parte del Perú fue íntegramente promovida por el pueblo lambayecano, entre los que destacan Pascual Saco Oliveros, Juan Manuel Iturregui, Juan del Carmen Casós y militares que arrinconaron al ejército peninsular asentado en Lambayeque en la época del Virreinato, y que fueron partícipes de la firma del Acta de Independencia, la primera proclama exitosa en el proceso de independencia en el norte del Perú.
En esta historia además figuran personajes tan importantes como Don José Rivadeneira y Tejada, un lambayecano de mucho poder económico en aquel entonces, y que en cartas escritas por el mismo Don José de San Martín, ha sido reconocido como un importante financista del Ejército Libertador y de la causa independentista de América. No podemos dejar atrás además a aquellas mujeres que pese a los tabúes de la época, también tuvieron activa participación en la búsqueda de nuestra libertad, como Doña Jacoba Bernuy y Manuela Quezada.
Uno de los sectores más golpeados durante la etapa más dura de la pandemia fue el energético. La reducción de las actividades económicas a solo las más esenciales en los meses de abril y mayo del confinamiento hizo que la demanda de electricidad también disminuyera. Sin embargo, con la reanudación de casi todos los sectores productivos, nuevamente este sector ha dado muestras de recuperación, según revela un informe del portal Semana Económica.
Si bien la caída más honda se dio en el segundo trimestre de este año, el tercer trimestre tuvo un repunte que ha continuado en esta última etapa del año. Esto se debe a que existe una mayor demanda de los sectores mineros y cementeros. No obstante, aún los niveles no son iguales a los que se registraban antes de la pandemia, toda vez que existe una recuperación más lenta de los sectores hoteleros y restauranteros.
Al respecto, el sector minería consume más energía eléctrica que todos los hogares del país y once veces más electricidad por hora trabajada que los sectores de la industria y construcción.
Así, se tiene que en enero de este año la demanda de electricidad era de nueve mil 32 gigavatios, en abril disminuyó a cerca de seis mil y para octubre de este año creció hasta nueve mil 16. Salvo un ligero descenso en septiembre, el resto de los meses hubo un crecimiento sostenido.
Empresas
En cuanto a las empresas generadoras de energía, la demanda se ha visto reflejada en la variación de cifras del segundo trimestre de este año a comparación del tercer trimestre. En el caso de ‘Enel Generación’, la demanda pasó de caer 30 % a 12 %. En tanto, ‘Engie’ pasó de contraerse 28 % a 18 %.
En el caso de las distribuidoras, ‘Enel Distribución’ y ‘Luz del Sur’, sus ingresos cayeron en promedio solo 2 %, debido a la creciente demanda. En variación porcentual, ‘Enel Distribución’ pasó de -2 % en el primer trimestre del 2020 a -9 % en el segundo y -1 % en el tercero. Es decir, cierra el año mejor de lo que empezó. Mientras que ‘Luz del Sur’ pasó de 2 % en el primer trimestre del año a -12 % en el segundo y -1 % en el tercero.
Proyecciones
El informe señala que en junio se proyectaba que la caída en las ventas de las empresas distribuidoras llegaría este año al 12 %. Sin embargo, ahora la proyección es que las ventas de Luz del Sur cierren en -4.5 %, mientras que las de ‘Enel Distribución’ se mantendrían ‘flat’, es decir, sin variación.
Lo mismo ocurre con las empresas generadoras, cuyas proyecciones arrojaban una contracción del 25 % en sus ventas, pero ahora es de -3.2 % en ‘Enel Generación’ y -5.8 % en ‘Engie’.
Declaración de precios
Por otro lado, el informe señala que hay dos factores que podrían afectar la recuperación económica del sector. Un de estos es la reciente sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que declaró nulo el Decreto Supremo N° 043-2017-MINEM, el cual aprobaba la declaración del precio único del gas natural por parte de las generadoras eléctricas, que utilizan este insumo como combustible para operar. Este fallo obliga al gobierno a la eliminación de la declaración de precios de gas, con lo cual el impacto negativo se vería hacia la mitad del próximo año en los clientes industriales de las termoeléctricas y en los próximos cuatro años en los clientes residenciales.
Según las estimaciones de Semana Económica, el precio ‘spot’ (costo marginal de la energía) pasaría de 13 dólares el milivatio por hora a 21 dólares. Para Luis Espinoza Quiñónez, ex viceministro de Energía, los precios estuvieron deprimidos por la sobreoferta y la menor demanda de energía a causa del Covid-19, pero en el 2021 podría llegar a 30 dólares el milivatio por hora.
Debido al alza de precios, las empresas generadoras se verían obligadas a aumentar sus tarifas para abastecer la demanda de los clientes industriales, quienes renegociarían sus contratos o incluso podrían darlos por concluidos. Otro grupo podría optar por regresar al régimen regulado, que es donde se encuentran los usuarios residenciales y las empresas que consumen menos de 0.2 megavatios de energía, aunque igual tendrían que pagar tarifas elevadas.
Las ganadoras con este fallo judicial serían las distribuidoras, que hace tres años se vieron afectadas por la “guerra de precios” entre las empresas generadoras. Precisamente, la sentencia de la Corte Suprema obedece al proceso de acción popular N° 28315-2019, que interpuso la empresa Luz del Sur, la misma que hace tres años perdió el 80 % de sus clientes libres.
En tanto, también habría un impacto en la tarifa de los clientes residenciales. A corto plazo, esta disminuiría en 2 %, debido a la reducción de la prima RER, componente de la tarifa eléctrica final que obedece a un subsidio estatal para los proyectos de energías renovables no convencionales.
Sin embargo, en el mediano plazo, aproximadamente el año 2024, las tarifas aumentarían, ya que comenzarían a vencer los contratos de energía entre distribuidoras y generadoras, lo que obligaría a que las primeras salgan a comprar energía a un precio más caro para abastecer al mercado regulado.
Esto fue corroborado por el exministro de Energía y Minas Luis Incháustegui Zevallos (predecesor del actual), quien aseguró que las tarifas eléctricas en los hogares no aumentarían hasta por lo menos el 2025, debido a los contratos a largo plazo suscritos entre el Estado y las empresas eléctricas.
MYPE
En tanto, el otro factor de riesgo para la reactivación económica del sector energético es el Proyecto de Ley N° 6010, presentado por la congresista Jesús del Carmen Núñez Marreros, integrante de la bancada del Frente Popular Agrícola del Perú – FREPAP. Dicha iniciativa legislativa busca que la Micro Y Pequeña Empresa – MYPE, pueda ingresar al mercado libre de energía, bajando el rango mínimo para ser cliente libre.
Actualmente, la valla para comprar energía directamente está fijada en 200 kilovatios, pero con este dispositivo legal bajaría a 50. Así, las MYPE podrían acceder a tarifas 47 % más bajas que las del régimen regulado y abastecer a los usuarios residenciales. Esto generaría un fuerte impacto en las empresas distribuidoras, debido a la migración de clientes (20 %) del régimen regulado hacia el libre.
Según cifras de la Sociedad de Minería, Petróleo y Energía – SNMPE, las distribuidoras quedarían sobrecontratadas de potencia en 600 megavatios (actualmente ya lo están en 200), lo cual generaría pérdidas por 50 millones de dólares en el sector.
Una salida a este posible problema, según Espinoza Quiñónez, sería que la electricidad se venda separada de la potencia, ya que actualmente las distribuidoras cobran a sus clientes un cargo fijo por potencia y otro variable por el consumo de energía.
Pero no solo las distribuidoras serían afectadas. Las generadoras también recibirían el impacto, ya que al migrar un cliente, este deja de consumir la energía fijada en el contrato, lo cual imposibilitaría que se les cobre, ya que – como explicó Espinoza Quiñónez – el único costo fijo es la potencia.
“Lo que va a pasar es que la empresa distribuidora se queda con un compromiso económico y tiene que asumir unas pérdidas económicas. La consecuencia sería que una gran cantidad de usuarios de 50 kilovatios hasta el rango de 200 van a salir de las empresas distribuidoras y se van a ir con unos terceros generadores”, aseveró Juan Carlos Canales, director general de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas - MINEM.
Actualmente, el proyecto de ley está a la espera de ser programado para su votación en el Pleno del Congreso. En la Comisión de Energía y Minas fue aprobado por unanimidad: ocho votos a favor y cero en contra.
El 30 de noviembre, un grupo de trabajadores agrarios inició una protesta en Ica exigiendo la derogatoria del Decreto de Urgencia N° 043-2019, que amplió hasta el 31 de diciembre del próximo año la Ley N° 27360 - Ley de Promoción Agraria. Este fue el inicio de una serie de manifestaciones que se replicaron en el resto del país contra las condiciones laborales de dichos servidores, distorsionadas en muchos casos por las ‘service’, encargadas de contratar personal para las agroexportadoras
Tras cinco días de protestas, que dejaron como saldo dos víctimas mortales, el Congreso aprobó el 4 de diciembre la derogación de la cuestionada ley. Esta situación ha puesto en el debate público las ventajas y desventajas de la norma, en virtud de lo cual la consultora IPSOS realizó una encuesta nacional urbano – rural, cuyos resultados arrojaron que el 34 % de ciudadanos considera que las protestas de los trabajadores agrarios fueron responsabilidad del gobierno central.
Asimismo, el 27 % señaló que la culpa fue del Congreso, el 20 % de las ‘service’ agrícolas, el 6 % de las empresas agroexportadoras formales, el 6 % de los partidos políticos, el 5 % de los partidos extremistas y el 1 % de la Policía Nacional.
Desinformación
Según la encuesta, el 57 % de personas considera que la agricultura para el mercado interno es el sector que más aporta al crecimiento económico del país. Sin embargo, solo el 24 % señaló estar informado sobre en qué consiste la Ley de Promoción Agraria, mientras que el 75 % aseguró desconocer de este dispositivo legal promulgado en el 2000.
La cifra de desinformación es mayor cuando se trata de conocer acerca del bloqueo de carreteras en Ica, La Libertad y otros lugares. A nivel nacional el 81 % señaló no haberse enterado de las protestas, mientras que en Lima fue el 88 % y en el interior del país el 78 %.
Al respecto, el 15 % de encuestados señaló estar de acuerdo con el bloqueo de carreteras como medida de protesta, mientras que el 75 % refirió apoyar las protestas, pero no bajo esa forma de lucha, sino a través de marchas pacíficas. En tanto, el 9 % manifestó estar en contra de las protestas.
Crisis del agro
En tanto, el 33 % de encuestados estuvo de acuerdo con que la Ley de Promoción Agraria se derogue completamente, el 51 % consideró que esta debió ser reajustada, el 7 % que debió mantenerse tal como está y el 9 % no precisó. En el interior del país, las cifras varían ligeramente: el 34 % se mostró a favor de la derogación total, el 48 % a favor de que se mantenga con reajustes y el 9 % de que persista tal cual.
En ese orden de ideas, el 46 % indicó que la principal razón del paro agrario fue el abuso de las ‘service’ y el incumplimiento de la ley por parte de algunas empresas, el 36 % apuntó que obedece a la exigencia de mejores remuneraciones y condiciones laborales, el 11 % que es parte de la campaña electoral de algunos partidos políticos, y el 3 % que es un operativo organizado por extremistas infiltrados.
Intervención policial
Por otro lado, ante la pregunta de qué debería hacer el gobierno frente al bloqueo de carreteras en los conflictos sociales, el 17 % indicó que se debería restablecer de inmediato el orden público y el libre tránsito con ayuda de las fuerzas del orden, incluyendo la detención de los manifestantes; el 66 % anotó que se debería resolver la paralización mediante yel diálogo y, de no lograrse, autorizar la intervención de la Policía; y el 13 % opinó que se debería acceder a los pedidos de los protestantes, aunque se perjudique así la economía u a otras personas.
En tanto, el 23 % afirmó que la Policía debería detener a los manifestantes que bloquean las carreteras, el 73 % que no debería detenerlos, ya que están en su derecho de protestar; y el 4 % no precisa.
Todos, más unos que otros, hemos sufrido este año como ninguno en nuestro recuerdo. 2020 debería ser el año que nos devuelva por fin el foco de atención al problema que dejamos de discutir porque lo dejamos de percibir, pero que estaba allí vigente y todopoderoso: la informalidad.
Este año, además, nos enrostró la gravedad de la pobreza de nuestras bases de datos del Estado (nunca pudimos asignar bonos a todos los necesitados) y nuestras debilidades en el sector educación (para empezar, profesores de educación básica que no saben usar herramientas de ofimática de 2001) y salud (camas de UCI insuficientes para estándares 2015).
El escenario en el Perú es incierto, y sobre todo si se eleva el número de infectados graves y fallecidos por el Covid. No obstante, se pueden hacer algunas proyecciones sobre la base de los hechos acontecidos en el 2020.
Inflación y el tipo de cambio
Respecto del primero, se espera que cerremos al año en alrededor de 2,2 % y el tipo de cambio fluctúe alrededor de 3.63 soles, con picos en la primera y segunda vuelta electoral y valles alrededor del segundo trimestre. ¿Qué significa esto? Que mal que bien el sol debe convertirse en una herramienta de trabajo confiable. Eso significa también dejar deudas en dólares, a menos que seas importador.
Producción
En el tema de la producción en territorio peruano para el 2021 tenemos muchas opiniones vertidas por especialistas. Todos coinciden en que no puede ser peor que el 2020. El sector minero se ha recuperado y continua en expansión. El sector privado está golpeado y ni puede golpearse más. Esperamos que la ruta para el sector servicios continúe esta senda. Los negocios que venden al por menos ya asimilaron el golpe y se están reconvirtiendo digitalmente (o morirán) y ello implica también un consumidor que demanda productos por internet como nunca antes.
El sector turismo será el que más bajas sufrirá: hoteles, restaurantes sofisticados, servicios de viajes y ruta comercial turística en general deberán adecuarse al turista nacional, el cual empieza a viajar por negocios y ocio. Esto es un duro golpe para Lambayeque y sus hoteles. El Señor de Sipán nos había generado una cadena de negocios que fácilmente no se recuperará. Esta afectará principalmente a negocios de los distritos de Lambayeque, Pimentel, Tumán, Pomalca e Íllimo.
Los que sí se deben recuperar son los pequeños negocios, hay margen para la entrada de muchos el próximo año, especialmente los que mejor entiendan que se puede virtualizar casi cualquier cosa, solo es cuestión de ingenio. Esto significa oportunidades en todo el departamento, especialmente en los distritos de Chiclayo, José Leonado Ortiz, La Victoria, Monsefú, Tumán, Ferreñafe y Olmos. Ojalá que haya lluvias en suficiente nivel como para echar adelante las cosechas de granos y para, al mismo tiempo, no destruir de nuevo las ciudades, como hace unos años.
Empleo y niveles de pobreza 2021
En el país, casi de seguro subirá el número de personas en situación de pobreza. Uno de los indicadores es la pobreza monetaria. Según este, podemos agrupar a la población en tres categorías. Los que gastan menos de 352 soles al mes (Pobres y Pobres Extremos), los que gastan entre 352 y 584 soles (no son pobres, pero si dejan de trabajar se convierten en pobres con alta probabilidad) y el resto, que tienen menor probabilidad de ser pobre así deje de trabajar.
La situación para Lambayeque resulta compleja, ya que podríamos llegar a doblar la tasa de pobres, desde los 150 mil pobres y pobres extremos registrados en 2019 a más de 300 mil para finales de 2020. La alta informalidad (alrededor del 75 % de la PEA) complica la situación y agrava el escenario ya que es más difícil, acaso imposible, llegar con ayuda, salvo trabajos eventuales tipo Trabaja Perú. En este contexto, apoyos específicos al comercio y servicios serían clave ya que 40 % de la Población Económicamente Activa del departamento se concentra en estos sectores. No obstante, hablamos de un país que ha empezado a endeudarse y que al parecer tendrá muchas obligaciones producto de las decisiones del Congreso.
Inversión
La inversión pública seguirá siendo importante en el 2021 con cerca de 38 mil millones de soles para el país. En Lambayeque se esperaría algo más de los casi 1700 millones que se han dado ya vía Reconstrucción con Cambios y una cifra similar de parte de los otros proyectos en el Plan Multianual de Inversión pública. Esto significaría un fuerte golpe de dinamismo a la economía local, traducido en empleos y reactivación de negocios. Aquí juegan un papel clave los gobiernos locales y regionales, aunque no han mostrado muy buen desempeño en estos últimos años en ejecución de inversiones.
¿Qué viene más adelante?
Esta crisis puede afrontarse. Significará un par de años de sacrificio. Sin embargo, las verdaderas preguntas serias van más allá de estos dos años. Buscando las raíces de estos problemas, sería fácil empezar realizando un recuento de las debilidades de nuestra administración pública, muchas de ellas estructurales y asociadas a alta rotación y al desconocimiento de los puestos en los que trabajan muchos empleados públicos (causa de la mayoría de “inconductas funcionales”). Sin embargo, las raíces del problema van más allá y están asociadas a nuestra excesiva confianza como ciudadanos sobre nuestras autoridades y los gerentes que estos nombran para hacer frente a los grandes retos del Perú del siglo XXI. No nos hemos dado cuenta que al escoger al menos malo en lugar de alguien bueno, estamos -inexorablemente- cosechando lo que sembramos.
Tenemos que reaccionar. Tratar de concertar una idea de nación, una idea que no se caiga a por culpa de la informalidad, la coima, la elusión y la evasión tributaria. Un buen pulso será 2026, a donde deberíamos llegar con partidos, universidades y centros de pensamiento tomados por la generación del bicentenario (de edad y de espíritu), quienes, encabezados por sus primeros puestos y representantes más honestos, lúcidos y que detesten el poder, nos pongan de nuevo en la mira del desarrollo permanente y la anhelada equidad.
(*) Economista y docente universitario.
Más de 270 días después de iniciada la emergencia sanitaria por el Covid-19 en el Perú, la situación se torna preocupante. El incremento de casos y casos graves ha dejado al país sin camas UCI disponibles, trayendo a la memoria los difíciles momentos entre marzo y mayo, los meses más duros de la pandemia en el país.
Según la Sala Situacional Covid-19, al 15 de diciembre eran 986 mil 130 los casos confirmados de la enfermedad en el país, de un total de cinco millones 273 mil 241 pruebas tomadas desde que se inició el estado de emergencia sanitaria.
Del total de casos confirmados, 221 mil 398 fueron detectados por pruebas moleculares, mientras que 764 mil 732 por pruebas rápidas.
Oficialmente, el número de fallecidos por Covid-19 asciende a 36 mil 754, lo que representa una tasa de letalidad nacional del 3.73 %, según el Ministerio de Salud.
Caso cero
El 6 de marzo se confirmó el primer caso de Covid-19 en el Perú. El portador del virus fue el trabajador de una aerolínea, residente en Lima, quien contrajo la enfermedad durante un viaje vacacional a Europa. El paciente, de 25 años, ignorando su condición de salud, contagió a su entorno familiar. Cinco días después el gobierno nacional declaró la emergencia sanitaria y el 16 de marzo el estado de emergencia, iniciándose - a la par – la Inmovilización Social Obligatoria.
Las cifras que maneja la Sala Situacional Covid-19 sobre la incidencia de casos en los departamentos del país difieren de las que reportan las gerencias regionales de Salud. Sin embargo, se sabe que las “zonas calientes”, es decir las de mayor número de contagios a nivel nacional se han extrapolado de las ciudades del norte a las del sur, evolución propia de una pandemia que se agrava por el desplazamiento de las personas.
Los reportes que se emiten a diario dan cuenta de las cifras oficiales, que no necesariamente son las reales debido al alto índice de pacientes asintomáticos que se tiene y que no han sido sometidos a pruebas de descarte. Se estima que uno de cada cuatro ciudadanos tiene Covid-19, lo que significaría que poco más de ocho millones de personas están contagiadas en el Perú.
Regiones
En Lima Metropolitana, la región más poblada del país, hay más de 406 mil contagiados confirmados y 15 mil fallecidos. Otras regiones con mayor concentración de contagios son: Arequipa, Callao, Piura, La Libertad, Lambayeque, Lima Región e Ica, en orden de mención.
En paralelo están Amazonas, Puno, Huánuco y Ucayali con menos de 20 mil casos confirmados según la Sala Situacional.
Acciones tomadas
Para el 17 de marzo el Perú ingresó a la Fase 3 de la pandemia. La primera empezó con el paciente 0, contagiado en el extranjero; la segunda con los contagios generados en el país a partir del ingreso del virus al territorio peruano y, la tercera, cuando la población empezó a infectarse sin necesidad de haber estado en el extranjero o en contacto con alguien llegado desde el exterior.
Así se produjo el primer fallecimiento (Lima, 19 de marzo), y un mes después el Covid-19 ya estaba en toda la extensión del territorio nacional.
Entre las medidas adoptadas por el gobierno se tuvo, además de la aplicación de la Inmovilización Social Obligatoria o toque de queda, la salida de las Fuerzas Armadas para custodiar el orden público y hacer cumplir la inmovilización; la suspensión de las actividades educativas (paralizadas desde el 11 de marzo) en entidades públicas y privadas, de los espectáculos públicos, el cierre de negocios y la restricción del tránsito, además del cierre de fronteras, aeropuertos y puertos.
La aplicación de la cuarentena, que se prolongó hasta el 30 de junio, exceptuó actividades vinculadas a la producción, distribución y venta de alimentos, a fin de garantizar el suministro a las familias; la comercialización de combustibles, medicamentos, insumos de limpieza, servicios de telecomunicaciones y básicos, incluido el recojo de residuos sólidos. Durante este período, la Policía Nacional estuvo facultada a intervenir y detener a quienes incumplían el aislamiento social o infringían las prohibiciones dispuestas.
A ello se suma que el gobierno aprobó la entrega de bonos y canastas para las familias más vulnerables. Sin embargo, debido a la precaria cultura financiera del país y los inadecuados canales de distribución, el cobro de bonos propició el desorden público y la aglomeración de personas en las agencias bancarias, generando focos de contagio.
Sin vacunas
La realidad más compleja es la que se evidencia debido a la demora para cerrar los contratos para la adquisición de vacunas.
Durante la administración del expresidente Martín Vizcarra se indicó que en diciembre de este año llegarían las primeras 50 mil dosis y que para abril del próximo año se tendría a más de 20 millones de peruanos inmunizados. Sin embargo, el lote de 50 mil vacunas anunciadas llegaría en su totalidad recién en marzo próximo.
La crisis política ha generado un impacto directo respecto a la accesibilidad a las vacunas.
El 17 de noviembre de 2019 sería la fecha del primer caso en el mundo de coronavirus (COVID-19). El paciente cero sería una persona de 55 años que vive en la provincia de Hubei, epicentro de la epidemia que tiene en vilo al mundo.
Miembros de la comunidad médica, que hablaron bajo condición de anonimato, afirmaron que solo hasta finales de diciembre en los hospitales chinos se supo que se enfrentaban con una nueva enfermedad. Y solo hasta enero de 2020 se informó oficialmente del brote del virus en la ciudad de Wuhan.
Cifras mundiales
El Covid-19 es uno de los virus de mayor propagación y con altos índices de contagio y letalidad.
Al 15 de diciembre, eran 73 millones 376 mil 785 casos confirmados a nivel mundial, aproximadamente nueve mil 430 casos por cada millón de personas, con un saldo de un millón 632 mil 985 de víctimas mortales.
Estados Unidos es el país con mayor número de casos, al sumar 16 millones 648 mil 159 confirmados y 302 mil 428 fallecidos.
A la potencia norteamericana le sigue India, con nueve millones 906 mil 165 casos y 143 mil 709 muertos; Brasil con seis millones 927 mil 145 casos y 181 mil 835 fallecidos, y Rusia, que suma dos millones 656 mil 601 casos confirmados y 46 mil 846 muertes.
En la quinta ubicación está Francia, al reportar dos millones 379 mil 291 casos y 57 mil 925 muertes, seguida de Reino Unido con un millón 869 mil 666 contagiados y 64 mil 402 muertes.
Italia tiene a la quincena de diciembre un millón 855 mil 737 casos y 65 mil 11 muertes, Turquía un millón 780 mil 673 casos y 15 mil 977 fallecimiento y España un millón 751 casos y 48 mil 13 fallecidos.
El décimo lugar lo ocupa Argentina, con un millón 503 mil contagiados y 41 mil 41 muertes, tras el cual se encuentra Colombia, Alemania y México con un millón 434 mil 516, un millón 357 mil 261 y un millón 255 mil 974 casos, respectivamente. De estos, México es el que tiene el más alto índice de letalidad, al sumar 114 mil 298 fallecimientos. La segunda cifra más alta en América Latina.
Más abajo están Polonia (un millón 140 mil 572 casos y 22 mil 960 fallecidos); Irán (un millón 115 mil 770 casos y 52 mil 447 muertes) y Perú, con 986 mil 130 casos y 36 mil 754 muertes.
De los países y estados con menos de mil casos, Mongolia se ubica al final con 917 contagios confirmados, seguido de San Martín (801), Islas Turcas y Caicos (769), Burundi (729), Papúa Nueva Guinea (725) Eritrea (711), Mónaco (671) y otros.
Vacunación
Ruisa y Reino Unido están a la cabeza de los planes de inmunización con vacunas aprobadas. En China, la inmunización se ha llevado a cabo con un fármaco experimental. Beijing señaló que más de un millón de personas ha sido vacunado.
Rusia, con su Sputnik V, se convirtió en el primer país en inmunizar masivamente a su población con una vacuna aprobada por las autoridades nacionales. La vacunación comenzó en Moscú y, según el Kremlin, son miles las personas que han recibido la primera dosis; la segunda será aplicada 21 días después.
Natalia Kuzenkova, jefa médica de una clínica en Moscú, explicó que los primeros en recibir el fármaco serán "personas de grupos de alto riesgo. Estos incluyen personal médico, trabajadores sociales y profesores, todos quienes están en contacto con grandes grupos de ciudadanos".
Kuzenkova explicó que la vacuna, cuya efectividad ha sido cifrada en 91,4 % por las autoridades, "fue registrada oficialmente y ha pasado dos etapas de las pruebas clínicas. Ahora estamos terminando la tercera etapa. En el contexto de la pandemia y en las condiciones en las que éramos, no se contradice ninguna práctica normativa”.
El segundo país en iniciar la vacunación masiva fue Reino Unido, con el fármaco desarrollado por los laboratorios Pfizer y BioNTech, cuya efectividad, según los estudios clínicos es del 95 %.
Margaret Keenan, de 90 años, y William Shakespeare, de 81 años, fueron los primeros en recibir sus dosis. El Gobierno británico indicó que, en principio, el fármaco será aplicado a mayores de 80 años, trabajadores de residencias de personas mayores y personal médico.
Poco después de iniciar las inmunizaciones, las autoridades sanitarias británicas emitieron una recomendación: que las personas con historial de alergias severas no rebiban el fármaco, pues durante la primera jornada se produjeron reacciones alérgicas de dos integrantes del personal médico que sufrieron un choque anafiláctico.
Asimismo, indicaron que todos los centros médicos donde se realice la campaña deben tener disponibles todos los equipos y elementos de reanimación en caso de que se presente cualquier eventualidad.
Fuentes: Infobae y France24.
Este 2020 ha sido un año particularmente difícil para la humanidad por la pandemia del Covid-19. Más de un millón y medio de fallecidos en el mundo y cerca de 37 mil en el Perú, son algunas de las cifras que ha dejado este letal virus a su paso. Sin embargo, en medio de este panorama desolador, surgen algunas voces de esperanza como la de José Estebas Martínez, sacerdote agustino recoleto, quien animó a la población a encontrar consuelo y fortaleza en Dios, sobre todo durante estas fechas cercanas a la Navidad.
Estebas Martínez, quien por casi ocho años fue párroco de la parroquia Nuestra Señora de la Consolación, en Chiclayo, señaló que este tiempo de adviento es propicio para hacer de la familia una verdadera iglesia doméstica, donde cada integrante avive su fe para encontrar a Jesús en el prójimo, principalmente en los pobres y enfermos.
“Este es un tiempo de esperanza, vamos a prepararnos para que llegue el señor a nuestras vidas. Los pastores y los reyes magos recorrieron un camino buscando a Jesús. Hoy lo podemos encontrar en nuestro corazón y en su palabra. ‘Donde dos o más personas están reunidas en mi nombre, allí estoy yo’, nos dice. Él está en la familia que es la iglesia doméstica. Qué bonito poderlo encontrar en los pobres, en los enfermos. Cada vez que hacemos una obra por ellos, lo hacemos con el señor. Es tiempo de avivar nuestra fe”, reflexionó.
Medios de comunicación
Estebas Martínez indicó que la iglesia ha salido al encuentro de la feligresía, a través de los medios de comunicación, ampliando la cobertura de las eucaristías virtuales, que antes se reservaban para los enfermos o quienes por motivos de fuerza mayor estaban imposibilitados de acudir presencialmente a las parroquias.
“Por un lado se cerraron las puertas, pero por otro se abrieron las ventanas de los medios de comunicación, a través de los cuales muchas personas pudieron acceder al evangelio. A través de las redes sociales y los medios tradicionales hemos podido orar por los enfermos, por el alma de los difuntos, por los profesionales de la salud y por todos los que nos pedían que encomendemos en las plegarias. Pero no solo eso, también hemos difundido las medidas de distanciamiento social e higiene que dictaba el gobierno. Ha sido un constante acompañamiento desde la fe”, resaltó.
El hombre y la naturaleza
Por otro lado, el consagrado aseguró que la pandemia por el Covid-19 no es ningún castigo de Dios, sino consecuencia del mal dominio que ha tenido el hombre sobre la naturaleza. Al respecto, recordó que el libro del Génesis explica cómo el mal entró por causa del hombre, pero que la salvación también vino gracias a él, en la figura de la Virgen María.
“Dios le ordenó en el Génesis al hombre que domine la creación. Nosotros fuimos dotados con inteligencia para ordenarla, administrarla, pero no lo hemos hecho bien. Tenemos que respetar las leyes de la naturaleza, cuidar a los seres vivos que nos rodean”, manifestó.
Esperanza
En tanto, Estebas Martínez exhortó a la población a mantener la esperanza en que pronto pasará la pandemia y vivir la navidad con el corazón dispuesto para que Jesús hecho niño nazca en cada uno. Del mismo modo, animó a quienes han perdido a sus seres queridos durante estos meses a pensar en que hoy ellos ya gozan de la presencia de Dios.
“Si nosotros, siendo pequeños, los recordamos y tenemos presentes, cuánto más Dios que nos ama sin medida quiere que ellos vivan junto a él. Unámonos en la oración para estar en comunión con ellos… La grandeza de la vida humana es tal que hasta Dios quiso vivir la experiencia de nacer de una madre y ser engendrado dentro de una familia. Dios se hizo hombre y se ha querido quedar a nuestro lado”, aseveró.
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De las diversas denuncias que pesan sobre la gestión del alcalde de Chiclayo, Marcos Gasco Arrobas, el caso “Veolia” es quizá el más sólido. A fines del año pasado la Contraloría General de la República emitió un informe en el que confirmó la existencia de irregularidades en la contratación directa que hizo la Municipalidad Provincial de Chiclayo, generando un perjuicio económico superior a los 240 mil soles. Sin embargo, la fiscal a cargo de la investigación, Karim Ninaquispe Gil, ha dado largas al caso, por lo que ha sido denunciada por omisión, rehusamiento y demora de actos funcionales.
El último día del año pasado, Contraloría confirmó que a 249 mil 750 soles asciende el perjuicio económico causado a la Municipalidad Provincial de Chiclayo por la gestión del alcalde Marcos Gasco Arrobas con la contratación directa e irregular de Veolia Servicios Perú para el recojo de la basura.
El Informe de Auditoría de Cumplimiento emitido por la Contraloría General de la República, N° 029-2019-2-0425, indica que existe responsabilidad penal en Gasco Arrobas, 12 regidores y ocho funcionarios de la comuna.
Los regidores son: Junior Vásquez Torres, Felipa Orosco Nuntón, Ricardo Lara Doig, Pedro Ubillús Falla, Karina Villegas Campos, Carlos Montenegro Gonzáles, Javier Montenegro Cabrera, Randy Vega Díaz, José Nakamine Kobashigawa, María Berna Cleghor, Andrés Calderón Purihuaman y el exconcejal Marino Olivera Cruzado. Estos por haber aprobado la irregular declaratoria del desabastecimiento inminente del servicio de residuos sólidos en la comuna, el mismo que permitió la contratación de la empresa.
La contratación con Veolia fue para que asuma el recojo de la basura en Chiclayo por 90 días, a un costo de un millón 800 mil soles.
Veolia se adjudicó el servicio pese a no cumplir los requisitos normativos, conforme se denunció en su momento. Para el ente de control hubo trasgresiones a la Ley de Contrataciones del Estado.
Pasos para la contratación
El 28 de febrero del 2019, con 12 votos a favor y tres abstenciones, el concejo municipal aprobó declarar el desabastecimiento inminente del servicio de residuos sólidos, dejando expedita a la administración de Gasco Arrobas para la contratación directa de maquinaria, recurso humano, compra de repuestos u otros servicios que permitiesen atender lo que para ellos era una situación de emergencia.
Debido a la imprecisión del acuerdo, que se sustentó en un informe técnico con datos del 2017 (no actualizados) y sin que exista mayor sustento legal, semanas después, el 15 de marzo, el concejo, nuevamente con 12 votos a favor, aprobó precisar que el desabastecimiento se daba sobre 10 máquinas de recolección de basura. Ese mismo día el Órgano de Control Institucional – OCI, comunicó al alcalde Marcos Gasco que la declaratoria del desabastecimiento tenía anomalías.
Sin importar la advertencia, la gestión continuó en su propósito y en abril arribó al contrato directo con Veolia Servicios Perú SAC, para que asuma la cobertura de la situación de emergencia con su maquinaria durante 90 días.
Horas después, OCI volvió a pronunciarse señalando que dicha contratación tenía errores tanto en los procedimientos preparatorios como en la evaluación de la empresa ganadora.
A ello se sumó que Veolia carecía – al momento de la adjudicación del contrato - de la autorización correspondiente para brindar los servicios de operadora de residuos sólidos, requisito exigido en la Ley de Gestión de Residuos Sólidos y cuyo ente rector es el Ministerio del Ambiente.
El 5 de abril del 2019 la Municipalidad Provincial de Chiclayo otorgó la Buena Pro en el Proceso de Contratación Directa N° 001-2019-MPCH, a Veolia. En dicho documento, firmado por el Subgerente de Logística y Servicios Internos, Edgardo Siadén Ortega, se indica que la empresa cumplía con el Registro de Empresa Operadora de Residuos Sólidos ante el Ministerio del Ambiente. Sin embargo, ello era falso. Veolia obtuvo la autorización del Ministerio del Ambiente recién en la última semana de abril.
Caso en fiscalía
Para cuando la Contraloría emitió su informe, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios tenía conocimiento del caso desde abril del 2019, por lo que habían trascurrido siete meses sin que se accione al respecto.
La investigación fue a parar al despacho de la fiscal Karim Ninaquispe Gil, quien recién en octubre de este año, 18 meses después de recibir la denuncia presentada por los regidores de minoría Percy Espinoza Gonzales, Andrés Puell Varas y Jhony Piana Ramírez, decidió formalizar la investigación preparatoria.
Pruebas a la vista
“La fiscalía realizó un operativo de incautación de todos los documentos del proceso de contratación, lo que se ha contrastado con lo detectado por la Contraloría, que ha detallado en su informe los pasos y señas de cómo se armó la contratación de Veolia”, explica el abogado Germán Vásquez Merino, quien acompañó a los regidores de minoría en su denuncia.
Explica que a la falsedad en el acta de buena pro respecto a la autorización del Ministerio del Ambiente se suma que también hubo irregularidades en la nómina de conductores para los camiones compactadores que Veolia ofrecía para el servicio.
“Todo se hizo mal, desde la declaratoria del desabastecimiento inminente hasta la contratación, pues se vulneró de manera flagrante la Ley de Contrataciones del Estado. Contraloría advirtió todo ello con tres informes preliminares y aún así la gestión del alcalde Gasco continuó con las acciones, hasta que a fines del año pasado se emitió el informe del caso, el cual es contundente”, explica.
Medidas coercitivas
“Con ese informe, la fiscal Karin Ninaquispe tenía herramientas suficientes para solicitar alguna medida coercitiva contra los involucrados, pero no ha sido así. Lejos de ello, ha programado una serie de diligencias que no van a cambiar en absoluto el caso, porque todo ya ha sido documentado y probado por Contraloría. Eso solo dilata los tiempos y ofrece ventaja a los investigados para que coordinen alguna estrategia para eludir a la justicia”, menciona.
A decir de Vásquez Merino, la representante del Ministerio Público desconoce que entre su institución y la Contraloría General de la República existe un convenio que faculta a las fiscalías a emplear los informes de control como prueba suficiente para avanzar en sus investigaciones, considerando que la Contraloría no emite opiniones sobre supuestos, sino sobre hechos probados.
“Se ha determinado que cuando la municipalidad planteó la contratación directa con Veolia tenía un convenio con el Gobierno Regional de Lambayeque para que este le provea de maquinaria y operarios para atender el problema de la basura. La municipalidad solo debía poner el combustible, lo cual era más barato que pagar el contrato con Veolia. Se ha probado también que se dio una conformidad presupuestal irregular para la contratación, que se descartó una cotización más económica y que se adecuó el proceso para beneficiar abiertamente a la empresa”, detalla.
Para Vásquez Merino, estos hechos resultaban suficientes para que la fiscal requiera la detención preliminar, impedimento de salida del país, arresto domiciliario y prisión preventiva contra los investigados.
Queja y denuncia
Ante la inacción de la representante del Ministerio Público, esta fue quejada a la Fiscalía de Control Interno, la misma que abrió investigación preliminar por presuntas irregularidades en sus funciones.
De acuerdo al abogado Germán Vásquez Merino, quien quejó a la fiscal, la conducta de la fiscal solo buscaría retardar la acción de la justicia, permitiendo que los investigados coordinen algún tipo de acción o estrategia que les permita eludir las responsabilidades penales.
A ello se suma que el 15 d.c., Vásquez Merino denunció a Ninaquispe Gil por los presuntos delitos de omisión, rehusamiento y demora de actos funcionales. El caso está en la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo.
A inicios de este mes, la fiscal reconoció que tiene un familiar que trabaja en Veolia, pero que por indicación de su superior, la fiscal Giovanna del Río Carreño, continúa a cargo del caso.
Para el vicepresidente de la Sociedad Nacional de Industrias – SNI, Manuel García Peña, los candidatos a la presidencia, que participarán de las elecciones de abril del próximo año, deben tener una agenda mínima dentro de su oferta electoral que considere medidas para fortalecer la institucionalidad, desarrollar la industrialización del país y luchar contra la informalidad.
García Peña explicó que lo primero en lo que se debe trabajar es el fortalecimiento de la institucionalidad, pues sin esto no se podrán realizar las grandes reformas que el Perú necesita. Indicó que el Congreso debe dar la talla para lidiar con las demandas de la población, el Poder Judicial brindar soporte jurídico al país y el Ejecutivo ser fuerte y no como en este último quinquenio.
Asimismo, refirió que el Estado debe industrializarse para generar puestos de trabajo, a través de obras de envergadura y con retorno financiero. Apuntó que se requiere de más inversión pública, para lo cual el Perú tiene la ventaja de registrar un superávit en la balanza fiscal por más de mil 200 millones de soles. A ello sumó que se esté exportando cada vez más e importando menos.
Afirmó que si bien en esta emergencia sanitaria es la informalidad la que está moviendo la economía nacional, esta no contribuye con impuestos, lo cual se verá reflejado en una menor recaudación tributaria, que generará una brecha por cubrir en el presupuesto anual de los siguientes años. En virtud de ello, advirtió que los candidatos deben tener propuestas para luchar contra este flagelo.
“Los tres puntos que deben considerar los candidatos a la presidencia para el próximo gobierno son el fortalecimiento de la institucionalidad, el desarrollo industrial y la lucha contra la informalidad. Para ello, la Sociedad Nacional de Industrias ha presentado su Agenda al 2031, que espero pueda ser acogida por todos los políticos. Este libro contiene proyecciones en todos los sectores y propuestas para encender los motores y despegar”, manifestó.
Manufactura
Por otro lado, el empresario resaltó que por estas fechas el empleo ha crecido, pero los sueldos están deteriorados, toda vez que los trabajadores han pasado de ganar en promedio 800 soles, cuando antes de la pandemia ganaban aproximadamente mil 200, esto debido al alto grado de informalidad. Asimismo, resaltó que estos puestos de trabajo que se están generando son temporales, producto de la campaña navideña.
No obstante, señaló que algunos sectores como el textil se verán beneficiados gracias a iniciativas legislativas como la recientemente aprobada Ley N° 31089 – Ley que Enfrenta la Prácticas de Elusión de Derechos Antidumping y Compensatorios, con la cual se protegerá esta industria, evitando que ingresen productos importados a precios subvaluados.
“El gobierno tendrá que analizar el siguiente paso para apoyar al sector textil, entre cuyas demandas estaba que todas las compras textiles del Estado se dirijan a estos pequeños empresarios, a fin de motivar su crecimiento. Esta campaña navideña no es como la de otros años. Hay un retraso, recién está al 50 % y no creo que dé para más, porque hay pobreza económica. Por eso, el Ejecutivo debe salvaguardar a esta industria que produce empleos”, aseveró.
Terminal Portuario
Por otro lado, afirmó que el Gobierno Regional de Lambayeque debe activar en el plazo más inmediato a la Autoridad Portuaria Regional para coadyuvar en la labor de buscar inversionistas que quieran apostar por la ejecución del Terminal Portuario.
“Esta oportunidad no la vamos a perder, definitivamente. Ya no hablamos solo de Lambayeque, sino de toda la macrorregión. Nosotros vamos a ser el puerto de despegue… Ya hay empresas a nivel mundial que están interesadas en invertir. Debemos conformar un equipo que trabaje ad honoren para darle seguimiento a este tema”, aseguró.
Por lo sucedido este año, gobiernos en su calidad de empleadores, trabajadores y empresarios recordarán que la informalidad es un gran perjuicio ante grandes problemas como el Covid – 19. Inclusive especialistas en materia económica señalan que las pérdidas de empleos serán mayores a las ocurridas tras la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué nos trae de consecuencia laboral la pandemia en nuestro país? Miles de trabajadores formales hasta el momento se encuentran con suspensión perfecta de labores, despidos por no renovación de contratos, ceses colectivos, quiebra y cierre de empresas.
Como consecuencias de la pandemia se han expedido más de dos centenares de normas relacionados a temas laborales con relación al estado de emergencia. Entre las principales normas laborales está la del trabajo remoto, norma novedosa en nuestro país y que estará vigente posiblemente hasta que acabe el estado de emergencia sanitaria; la del teletrabajo, a pesar que es una norma de hace nueve años, pues consideramos no ha resaltado tanto como el trabajo remoto, que es de imposición diferente al teletrabajo, que es un consenso entre trabajador y empleador.
Dispositivos legales
No olvidemos que la imposición del trabajo remoto otorgado a los empleadores, así como la licencia con goce de haber, que fue en una primera etapa de la pandemia, por decir marzo y quincena de abril, por cuanto el 14 de abril se aprobó el Decreto de Urgencia 038-2020, que reguló la suspensión perfecta de labores, pero con particularidades nuevas a las ya establecidas en el TUO 728. Por ejemplo, a fin de llegar a la suspensión perfecta el empleador previamente debe otorgar vacaciones vencidas, adelanto de vacaciones, reducción de la jornada de trabajo, reducción de remuneración y otros antes de la suspensión.
Una de las críticas a esta norma es que miles de trabajadores suspendidos aun no reciben el bono que otorga el Estado, quedándose muchos a la fecha sin ningún ingreso o apoyo del gobierno.
En los meses siguientes fueron normas para ajustes de las normas ya expedidas; sin embargo consideramos que en el mes de octubre se expidió la Ley No. 31047 Ley de los trabajadores del hogar; a través del cual se equipara una serie de beneficios a los del régimen laboral de la actividad privada. El 22 de octubre se publicó el Decreto Supremo Nº 010 – 2020 IN, que dispuso de medidas especiales, excepcionales y temporales de regulación migratoria de extranjeros.
El 1 de noviembre se publicó el Decreto de Urgencia127-2020, el cual tiene por objeto promover la recuperación del empleo formal, a fin de incentivar la contratación laboral y la preservación de puestos de trabajo a través del otorgamiento de un subsidio a empleadores del sector privado; además de establecer medidas para garantizar la observancia de la jornada de trabajo y el goce del derecho al descanso. Sin embargo, esta norma aún no ha cumplido con su finalidad a consecuencia de los conflictos políticos y no se ejecuta a fin de combatir el desempleo o la crisis en las relaciones laborales. Asimismo, el 25 de noviembre, se expidió el Decreto Supremo Nº 354 – 2020 EF, que aprueba el Reglamento Unificado de las Normas Legales que regulan el Sistema Nacional de Pensiones, permitiendo entre algunos aspectos que con 17 años de aportes los trabajadores pueden obtener una pensión de jubilación, así como flexibilizar el otorgamiento de pensiones de invalidez con la entrega de un certificado de trabajo.
El mes de diciembre, se puede señalar que se han aprobado normas de mucha relevancia social laboral con consecuencias económicas, que posiblemente en los próximos meses serán tema de análisis y de satisfacciones de muchos trabajadores y de reflexión de empleadores. Así nos referimos a la Ley 31087, Ley que deroga la Ley 27360 - Ley que aprueba las Normas de Promoción del Sector Agrario y el Decreto de Urgencia 043-2019 que modificó a la Ley 27360 para promover y mejorar las condiciones para el desarrollo de la actividad agraria.
También es importante mencionar que el Congreso aprobó derogar los DU 014 y 016 – 2020, normas expedidas a inicio de año que regulaban aspectos laborales como la negociación colectiva en el sector público y las formas de acceso al ingreso del sector público, entre otros aspectos laborales, además que eran normas a todas luces inconstitucionales.
Y, por último, el viernes 11 de diciembre el Congreso aprobó la ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes laborales del sector público, entre ellas la eliminación progresiva del régimen CAS.
Retos al 2021
Es importantes que tanto el gobierno, como los trabajadores y los empresarios, busquen soluciones a esta gran crisis desde su posición. Por ejemplo, así lo demuestra la última reunión de empresarios de la Alianza del Pacífico, que ha planteado la creación de regímenes especiales para la creación de más empleos como consecuencia de esta crisis.
La propuesta gira en torno a cuatro ejes: recuperación del empleo; recuperación de la inversión; recuperación resiliente y sustentable; y fortalecimiento del marco institucional y el rol de la colaboración público-privada para la solución de problemas públicos y sociales.
Este año nos coloca en un desafío bien alto al 2021, por cuanto si antes era difícil que los empleadores piensen en formalizar sus relaciones laborales, con la actual crisis y para algunos la falta de normas en ese sentido, será aún más difícil hacerlas; salvo que los políticos piensen que lo importante es crear las bases necesarias para la formalización de las relaciones laborales.
(*) Abogado laboralista y docente universitario.
Desde inicios de la pandemia, la cual lamentablemente continúa azotando al mundo, los peruanos hemos sido testigos de la labor profesional y admirable de los médicos, enfermeras, personal asistencial, policías, integrantes de las Fuerzas Armadas, entre otros; pero también hemos notado la presencia de auditores gubernamentales, quienes a nivel nacional y amparados en la Ley N° 31016, vienen realizando una labor oportuna, responsable y preventiva a través del ejercicio del control gubernamental en la modalidad de control simultáneo ejercido por la Contraloría General de la República y los Órganos de Control Institucional de las distintas entidades del Estado. Pero de esa participación activa, nos nace la inquietud, ¿qué hubiera pasado si no hubiesen existido los controles gubernamentales oportunos para la ejecución del presupuesto destinado para mitigar la pandemia?
Antes de continuar, es importante resaltar una definición de este tipo de control gubernamental ejercido en el marco de la pandemia, se trata del control simultáneo, que está orientado a tener un rol preventivo de posibles actos de corrupción; es decir, se aleja de ser un control reactivo, que atacaba el hecho presuntamente irregular cuando este ya se había cometido; ahora, se busca alertar oportunamente a los titulares de las entidades del Estado de posibles observaciones o situaciones adversas que podrían afectar los objetivos de un proceso en curso por parte de la entidad.
Esta concepción del control simultáneo, hace que los auditores estén desplegados en las entidades públicas para verificar, supervisar y vigilar que cada sol del erario nacional cumpla con la finalidad pública para la cual fue comprometido. Aquí, es importante indicar que esta pandemia debilitó mucho más nuestro precario sistema de salud; y también agudizó la deficiente ejecución del gasto fiscal anual por parte de las entidades. Por tanto, el acompañamiento que viene realizando Contraloría y los OCI, resulta importante en las entidades para la correcta toma de decisiones en la gestión pública.
Por tanto, es importante resaltar la presencia del control gubernamental en estos tiempos de pandemia, para vigilar el buen uso de los recursos públicos. Asimismo, el rol activo de la Contraloría General de la República busca constantemente que la ejecución del gasto sea eficiente y que la función pública sea ejercida por parte de los integrantes de la administración pública de manera honesta y transparente, estos últimos valores tienen que estar presente en cada uno de los gestores públicos.
Asimismo, ellos tienen que tener la apertura para recibir al control gubernamental en sus entidades, realizando acciones de entrega oportuna de información, y de luego de la emisión del informe por parte del órgano contralor, logren realizar las acciones para mitigar los riesgos advertidos por las distintas comisiones de control simultáneo desplegadas a nivel nacional.
Con estas consideraciones, señalaremos algunas situaciones que la Contraloría General de la República y los Órganos de Control Institucional han detectado, con la finalidad de que como sociedad civil también ayudemos a ejercer el control gubernamental a través de la denuncia de presuntos hechos irregulares que logremos conocer.
Compra de canastas
Por tanto, iniciaremos con un caso común a nivel nacional, el cual tuvo como inicio la emisión del Decreto de Urgencia N° 033-2020, que autorizó la transferencia de presupuesto a favor de los gobiernos locales para la adquisición, almacenamiento y distribución de canastas para hogares vulnerables que se encontraban afectadas por el aislamiento social obligatorio. Correspondía a los alcaldes observar las obligaciones, recomendaciones y buenas prácticas para apoyar los procesos de compra y entrega de las canastas de víveres y que estos se lleven de manera objetiva y transparente.
En tal sentido, la Contraloría General de la República, a través de su múltiple y valiosa información contenida en su portal https://emergenciasanitaria.contraloria.gob.pe/; así como, en su Informe de gestión de control gubernamental ante la Emergencia Sanitaria por Covid-19, respecto a la supervisión de compra de canastas básicas familiares, advirtió lo siguiente:
Municipios tuvieron deficiencias en distribución de canastas, debido a falta de padrones de beneficiarios o estos se encontraban desactualizados; asimismo, no existían actas de entrega de canastas; municipios registraron demoras en la compra de víveres, debido a la demora en la convocatoria de los procesos, en la elección de proveedores y también por los incumplimientos de proveedores en la entrega de productos, y tuvieron deficiencias en la fase de almacenamiento, debido al uso de locales inadecuados para almacenar víveres, locales que no reúnen toda la documentación necesaria. Asimismo, se notaba la existencia de personal edil sin protección personal para manipular víveres.
Del mismo modo, municipios tuvieron deficiencias con productos comprados debido al peso de los productos adquiridos, falta de registro sanitario o fecha de vencimiento y a la existencia de alimentos en malas condiciones.
Caso Olmos
Cabe precisar que en la región Lambayeque se tuvo el caso de la Municipalidad Distrital de Olmos, en donde según Contraloría, los productos para canastas básicas familiares incumplieron las especificaciones técnicas y fueron adquiridos a precios superiores, tal como sucedió, con la adquisición y pago por producto “grated de pescado”, el cual no se encontraba apto para el consumo humano, porque en el análisis de Sanipes no se pudo evidenciar su inocuidad. Asimismo, indica el órgano contralor que, se compró productos a precios superiores en comparación a una oferta menor presentada por un proveedor, esta situación conllevó a que el Ministerio Público inicie investigaciones preliminares las cuales han traído capturas preventivas la semana pasada.
Por estas consideraciones, la actuación del control gubernamental en pandemia resulta muy eficiente para efectos de que pueda alertar a los servidores y funcionarios públicos de posibles deficiencias que pongan en riesgo el buen uso de los recursos públicos.
Cabe señalar que, la semana pasada, se celebró el día internacional de la lucha contra la corrupción, renovando el compromiso la Contraloría General de la República de seguir luchando contra este flagelo que atenta directamente contra derechos fundamentales de los ciudadanos.
(*) Abogado, especialista en control gubernamental.
En septiembre se publicaron los resultados del “Estudio de seroprevalencia de SARS-CoV-2 en la Región Lambayeque”, los que indicaron que aproximadamente la cuarta parte de la población departamental se había contagiado de Covid-19. Tres meses después, la Gerencia Regional de Salud – GERESA, a anunciado la publicación de una nueva medición, a fin de conocer el estado de avance de la enfermedad.
El estudio reveló que la prevalencia del Covid-19 en la provincia de Chiclayo era del 40.1 %, 32.2 % en Ferreñafe y 45.5 % en Lambayeque.
De los distritos, Pucalá presentaba 60 % de prevalencia, Mórrope el 57.5 %, Pueblo Nuevo el 43.5 %, José Leonardo Ortiz el 40.4 %, Túcume el 40 % igual que San José, Tumán el 38.3 %, Olmos el 37.3 %, Jayanca el 35.7 %, Chiclayo el 32.2 %, Ferreñafe el 31.6 %, Lagunas el 31.3 %, Pomalca el 30.2 % y Reque el 30 %.
Del primer caso a la fecha
El 14 de marzo se reportó el primer caso de Covid-19 en Lambayeque y el 26 del mismo mes el primer fallecimiento.
Para el 31 de marzo, los casos eran 35 y las muertes seis; al 30 de abril se confirmó la existencia de tres mil 140 contagiados de coronavirus y 329 fallecidos, mientras que al 31 de mayo el número de casos confirmados llegó a nueve mil 203, y los fallecimientos a 615.
El incremento, según cifras oficiales del Ministerio de Salud, fue de seis mil casos entre abril y mayo, en tanto entre mayo y junio fue de siete mil. Al 30 de junio, el sector reportó 13 mil 858 casos en el departamento.
Al cierre de este informe eran 31 mil 381 los casos confirmados (15 de diciembre), y dos mil 935 los fallecidos. Las altas epidemiológicas logradas sumaban diez mil 658.
La estadística señala que del total de casos confirmados, el 51 % se concentra en varones y el 49 % en mujeres, siendo la población adulta la más afectada, seguida de la población adulta mayor y joven.
Casos en distritos
En la provincia de Chiclayo, el distrito capital es el que tiene más casos confirmados de Covid-19 (11 mil 213 al 15 de diciembre), seguido de José Leonardo Ortiz (tres mil 118) y La Victoria (dos mil 229).
Monsefú registró 860, Pimentel 766, Pomalca 454, Pátapo 463, Santa Rosa 485, Tumán 452, Reque 424, Picsi 294, Ciudad Eten 283, Cayaltí 271, Pucalá 162, Chongoyape 164, Lagunas 165, Zaña 211, Oyotún 190, Puerto Eten 92 y Nueva Arica 104.
Lambayeque tiene mil 213 casos confirmados, Mórrope 905, Motupe 597, Jayanca 510, Íllimo 479, Olmos 405, Mochumí 354, Túcume 375, San José 303, Pacora 240, Salas 202 y Chóchope 31.
Asimismo, en Ferreñafe hay registro de dos mil 127 casos, en Pueblo Nuevo 505, 173 en 342, 88 en Mesones Muro, 198 en Cañaris y 37 en Incahuasi.
Nuevo estudio
A fin de determinar la prevalencia de la Covid-19 en las familias lambayecanas, la Gerencia Regional de Salud Lambayeque y el Ministerio de Salud, ejecutan un nuevo estudio de seroprevalencia en mil 12 personas de todas las edades distribuidas en 35 distritos de la región.
El Gerente Regional de Salud de Lambayeque, Víctor Echeandía Arellano, manifestó que el estudio permitirá conocer el nivel de exposición de los lambayecanos al virus y los principales factores de riesgo. Posteriormente, pasado el año del estudio, se determinará la persistencia de anticuerpos en la población.
“Pedimos a la población que responda a las preguntas y de facilidades al personal que va debidamente identificado y utiliza los equipos de protección personal que corresponden, pues este estudio nos ayudará a tomar las medidas para el control de la enfermedad en beneficio de toda la comunidad. Solicitamos la participación activa de la población”, detalló el funcionario.
Son 40 equipos de salud involucrados en el estudio, quienes ya tienen identificadas a las familias que participarán en la investigación a través de métodos científicos, previo consentimiento informado, seleccionan a un miembro de la familia para tomar una prueba rápida y determinar la presencia del virus, posteriormente, se hace el seguimiento.
“El estudio nos ayudará a tomar decisiones, porque nos va a señalar los distritos donde hay más personas infectadas, así como cuántos son los vulnerables que quedan y debemos cuidar con las medidas que corresponden desde un punto de vista preventivo”, señaló.
En otro momento, el titular del sector salud en Lambayeque, informó que el estudio abarca 35 distritos de los 38 que tiene Lambayeque, dejando de lado Nueva Arica, San José y Chóchope, debido a que estos distritos tienen menor incidencia de la enfermedad.
“Ya se ha comenzado a trabajar en el estudio, pero tenemos cierta resistencia de algunos pobladores que no están colaborando. Insisto en que el estudio es para beneficio de todos y la población tiene que ayudarnos para que podamos plantear las medidas correctas frente a la pandemia”, agregó.
