A través de la Sentencia 1087/2020, el Tribunal Constitucional se pronunció respecto a las normas contenidas en el artículo 11.1, inciso ‘h’, de la Ley 30225, modificada por el Decreto Legislativo 1444, relativas al impedimento del cónyuge, conviviente o los parientes hasta el segundo grado de consanguineidad de los altos funcionarios para contratar con el Estado. Para el máximo intérprete de la Constitución, esta norma configura una amenaza de violación al derecho a la libre contratación.
Esta norma aplica para los parientes hasta el segundo grado de consanguineidad de las personas naturales citadas en el artículo 11.1, inciso h, de la citada ley: presidente, vicepresidentes, congresistas, ministros, viceministros, vocales y miembros del órgano colegiado de los organismos constitucionales autónomos.
Asimismo, el Tribunal Constitucional hace la salvedad de que esta norma no debe ser aplicable, siempre que el contrato no sea con la misma entidad en la que laboran los funcionarios antes citados.
Origen
El pronunciamiento del Tribunal Constitucional obedece a la resolución de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la demanda de amparo presentada por Domingo García Belaúnde contra el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado – OSCE, que lo obligó a renunciar a su condición de proveedor de servicios para el Estado, dado que en aquel entonces su hermano, Víctor Andrés García Belaunde, era congresista de la República.
En virtud de ello, el demandante solicitó que se le permita inscribirse nuevamente en el Registro Nacional de Proveedores y se inaplique en su caso el artículo 10, inciso “f, del Decreto Legislativo 1017, argumentando que los congresistas no tienen iniciativa de gasto, por lo cual no pueden favorecer a sus parientes en las contrataciones con el Estado.
Si bien el Tribunal Constitucional advierte que en la causa opera la sustracción de la materia, dado que el Congreso del que formaba parte Víctor Andrés García Belaunde fue disuelto el 30 de septiembre pasado, se pronunció sobre el tema de fondo.
Fundamento
Al respecto, estableció que el derecho a la libertad de contratación no es ilimitado, sino que se encuentra condicionado por los límites explícitos e implícitos en la ley. Sin embargo, señaló que la norma descrita en el artículo 11.1, del inciso h, de la Ley 30225 no supera el juicio de necesidad, pues la ley prevé otros mecanismos para supervisar los procesos de contratación del Estado, que eliminan cualquier cualquier atisbo de favoritismo en función al parentesco de las personas con alguna autoridad estatal.
“En esa línea, resulta razonable el impedimento si es que la contratación se realiza con el Congreso de la República, pues se trata de la entidad a la que pertenece el congresista y, resulta evidente, sobre la cual puede ejercer influencia directa, generándose suspicacias y notorios conflictos de interés (…) Sin embargo, lo mismo no puede predicarse respecto a extender el impedimento a las contrataciones que el cónyuge, conviviente o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad de las personas naturales señaladas en dicho artículo realicen con cualquier otra entidad estatal”, se lee en la sentencia.
Respecto a la figura del presidente de la república, el Tribunal Constitucional precisa que sí debe aplicársele los alcances del artículo 11.1 de la citada norma, haciéndose extensiva a todas las instituciones del Estado, toda vez que, además de encabezar el Poder Ejecutivo, está por encima de los demás poderes constituidos, ya que tiene la figura de jefe de gobierno y jefe de Estado. Lo mismo aplica para los vicepresidentes.
Votaron a favor de declarar fundada la demanda los magistrados Ferrero Costa, Blume Fortini, Ramos Núñez y Sardón de Taboada. En contra lo hicieron Ledesma Narváez, Miranda Canales y Espinosa-Saldaña Barrera.
GINO SILVA LAOS: “SENTENCIA DEL TC NO ES VINCULANTE”
Sobre la decisión del Tribunal Constitucional en el caso García Belaunde, el especialista en contrataciones del Estado, Gino Silva Laos, señala que esta no es vinculante, sino más bien limitativa, pues no ha modificado ningún extremo de la normatividad vigente y se centra únicamente en el caso en concreto.
Explica que la actual Ley de Contrataciones del Estado es un tanto restrictiva, debido a que precisa en su artículo 11 una serie de especificaciones respecto a cuando una persona, sea natural o jurídica, está impedida de contratar con el Estado; es decir ser proveedor, contratista o ser partícipe en cualquier tipo de licitación o postulación para el sector público.
La norma señala que en el caso del presidente, los vicepresidentes, congresistas, ministros o integrantes de organismos autónomos, durante su gestión y hasta un año después de concluida esta, no pueden contratar con el Estado sus familiares hasta en segundo grado de consanguinidad.
“El proceso iniciado por Domingo García Belaunde data del 2013 y recién se ha dado el pronunciamiento del Tribunal Constitucional al respecto. Él demandó que se le restituya su condición de proveedor de servicios en el Registro Nacional de Proveedores. Siendo un reconocido jurista, podía participar en calidad de asesor técnica en cualquier entidad pública. Sin embargo, se le retiró la condición de proveedor porque su hermano era congresista”, indica.
“Presentó su demanda argumentando que se vulneraba la libertad de contratación y la presunción de inocencia hasta que no se demuestre lo contrario. Este caso es muy particular porque el Tribunal Constitucional no ha emitido una sentencia de carácter vinculante; es decir, no modifica una norma ni mucho menos establece que sea aplicable para todos los casos similares de aquí en adelante. Solamente establece el criterio para el caso García Belaunde”, señala Silva Laos.
El especialista anota que el TC reconoce que en perjuicio de García Belaunde se había restringido la libertad de contratación y precisa, además, que no podía participar en ningún contrato con el Poder Legislativo porque ahí estaba su hermano como autoridad elegida, pero sí podía hacerlo en cualquier otra entidad pública en calidad de postor, contratista u otro, al no existir incompatibilidad o conflicto de intereses.
“El TC refiere que para cada caso particular se debe analizar si existe o no la vulneración del derecho a la libre contratación o a la presunción de inocencia. Tomemos en cuenta que en el caso de García Belaunde se dejó sin efecto su registro como proveedor del Estado. Hubo una afectación a la libre contratación, obligándolo a renunciar a su inscripción ante el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado – OSCE”, remarca.
A sus 48 años, Luis Miguel Llanos Carrillo puede decir que ha matado a tres personas en defensa propia. Aunque fue un destacado luchador profesional de artes marciales mixtas hasta el 2014, año en que se retiró, saltó a la palestra pública en el 2011, cuando fue noticia por haber asesinado a dos delincuentes que intentaron asaltar a su novia. En julio del año pasado, nuevamente su nombre estuvo en los medios nacionales cuando, en un incidente similar, abatió a otro malhechor que intentó asaltarlo en su natal Tumbes. Hoy, el empresario postula al Congreso por Perú Patria Segura representando al distrito electoral de Lima, con la intención de legislar en favor de la Policía y mejorar la seguridad pública.
“Si entro al Congreso buscaré protección para los policías que hacen su trabajo, no puede ser que un agente salga a la calle con el poco entrenamiento que tiene y encima sin chaleco antibalas. En Tumbes, donde me pasó el accidente, no me pudieron atender de una herida de bala. Tuve que ser trasladado a Piura. ¿Por qué los congresistas por Tumbes no fiscalizan eso? Los congresistas nunca se meten en los problemas cotidianos de las personas. Creo que hay tanta delincuencia en la calle porque existe un nivel altísimo de corrupción en las instituciones”, indicó.
Tecnología
Apuntó que de llegar al Congreso buscará dotar de logística a la Policía, a fin de que esté mejor equipada para combatir a la delincuencia, pero en igual medida advirtió que luchará para que se les implemente de tecnología, que facilite hacerle un seguimiento y así disminuir la posibilidad de que cometa actos de corrupción.
Indicó que en Estados Unidos, país donde trabajó por algunos años, tomó conocimiento de dispositivos electrónicos que permiten monitorear a los patrulleros e incluso registrar el audio en sus intervenciones, de modo tal que se sepa si piden algún tipo de coima.
De igual forma, señaló que legislará para que los funcionarios públicos, incluidos los congresistas, utilicen “grilletes electrónicos” para que la población sepa qué es lo que realiza en el ejercicio de su función.
“Al que quiere ser funcionario público y ganar un buen sueldo le pondré un grillete para controlarlo, saber con quién se junta, qué hace. Existe esa tecnología. La conocí el 2010 en Estados Unidos. Les puedes poner un chip. El que quiere ser funcionario público que se allane a la verdad. Yo seré el primero en ponérmelo, que sepan con quiénes trabajo, con quiénes me junto. No es posible que hoy celebremos que un congresista vaya drogado. Que me saquen sangre (examen toxicológico) y me pongan el grillete. Yo doy el ejemplo”, afirmó.
Además, apuntó que legislará en favor de la pena de muerte para los delitos graves, pese a que hay tratados internacionales que lo impiden.
Política penitenciaria
Por otro lado, señaló que el Estado Peruano gasta más en la manutención de un reo que en la de un Policía que está de servicio, por lo cual prometió que propondrá una ley para que todos los presidiarios se ganen sus tres raciones diarias de comida a través del trabajo en el campo.
“Sabemos del nivel de corrupción que hay en el INPE, en las cárceles, que los presos con dinero cuentan con su refrigerador, televisor con cable, hasta su consola de videojuegos. Lo hemos visto en televisión nacional. Basta de tanta construcción para encerrar a esa gente. Al preso que realmente quiere rehabilitarse le dices vamos a trabajar a la chacra y lo acepta, así tenga que ir con grilletes. No será un trabajo forzoso, serán tratados con humanidad”, indicó.
Posición política
En tanto, afirmó que se considera un hombre de derecha, con firmes convicciones católicas, motivo por el cual se opondría de llegar al Congreso de la aprobación de un eventual proyecto de ley que busque legalizar el aborto.
“No ocultaré mis creencias. Soy una persona católica. Un periodista una vez por andar con mi rosario y decir que los presos tienen que trabajar para comer me dijo que era un facho. Bueno, Mussolini y Hitler son cosas del pasado, pero si por eso me llaman facho, entonces soy un hombre de extrema derecha”, ironizó.
Consultado sobre qué diferencia Perú Patria Segura de Renovación Popular, partido que también maneja un ideario basado en el credo católico, señaló que, en el caso del segundo, está liderado por un candidato presidencial que guardó silencio ante los actos de corrupción del exalcalde de Lima Luis Castañeda Lossio, a diferencia de su agrupación, a la cual considera limpia.
En el marco del control concurrente realizado del 1 de septiembre al 23 de diciembre del año pasado a la obra ‘Renovación de Puente Peatonal; en el (la) Reconstrucción de 3 Puentes Peatonales sobre el Río Valle Viejo Olmos en la localidad de Olmos, Distrito de Olmos - Lambayeque – Lambayeque’, la Contraloría alertó que la Municipalidad Distrital de Olmos no cauteló la protección en el estribo del margen izquierdo del puente Tarata, dejándolo vulnerable ante una eventual activación de la quebrada adyacente, según consta en el Informe de Hito de Control N° 10431-2020-CG/GRLA-SC, en el Hito N° 3.
El 2 de julio del 2019, la municipalidad de Olmos suscribió el contrato para la ejecución de dicha obra con la empresa a Inversiones Oberti Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, ganadora de la buena pro. El monto total de la obra fue de cuatro millones 51 mil 283.61 soles y debía ejecutarse en un plazo de 300 días.
Situaciones adversas
Al respecto, el órgano de control da cuenta que el 26 de julio del 2019 el residente de la obra puso de conocimiento al ingeniero supervisor de un informe para el cambio de ubicación del puente peatonal Tarata. El 8 de agosto se aprobó la reubicación del citado puente y el 5 de diciembre de ese año el residente informó sobre un pedido de la comuna de Olmos para la construcción de desagüe fluvial para la población del sector Tarata, que debía cruzar el dique en su margen izquierda.
El 14 de febrero del año pasado, el residente de obra informó que se debía tener en cuenta la colocación de una alcantarilla en el caso de que se construyesen los accesos en el margen izquierda, toda vez que la quebrada que corre paralela al río que nace en el sector Alan García en época de lluvias socava el dique principal del margen izquierda del río Olmos, lo cual haría peligrar la estructura del puente Tarata.
La Contraloría explica que si bien el residente señaló como solución frente al riesgo de socavación del estribo izquierdo del puente Tarata la colocación de alcantarillas, no consideró la protección del mismo en el lado adyacente de la quebrada inactiva.
De igual forma, con carta N°15-2020-/CCyC.SO, del 9 de marzo de 2020, el supervisor alcanzó al subgerente de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad de Olmos, Segundo Mejía Sánchez, su opinión sobre las consultas efectuadas por el residente. Sin embargo, tampoco mencionó alguna obra de protección para el estribo del lado izquierdo adyacente a la quebrada inactiva del puente Tarata.
Es así que el 25 de septiembre el ayuntamiento de Olmos aprobó las modificaciones contractuales como la reubicación del puente Tarata, además de la Resolución de Gerencia Municipal N.° 165-2020-MDO/GM, del 6 de agosto de 2020, en la cual se dio el visto bueno al Adicional de Obra N°1.
El 13 de noviembre la municipalidad de Olmos aprobó el expediente técnico, mediante la Resolución de Alcaldía N° 261-2018-MDO/A. Al respecto, en el ‘Estudio Hidrología e Hidráulica para los puentes peatonales’, que contiene el documento, no se consideró en ninguno de sus objetivos la consulta respecto a la modificación del eje del puente Tarata.
Firma fantasma
Asimismo, mediante Oficio N° 44-2020-CG/GRLA-MDO-PUENTES PEATONALES, del 1 de diciembre de 2020, la comisión de control requirió información al ingeniero Juan Alberto Olano Guzmán, sobre su participación como especialista en el expediente técnico de la obra, ante lo cual señaló no haber firmado ningún estudio de planes referente a la misma. Sin embargo, su nombre apareció en el estudio de hidrología aprobado el 13 de noviembre.
El nombre de Olano Guzmán aparece en los membretes de cuatro planos anexos: Planta-Topográfico Cuenca Puente Alan García, Perfil Topográfico Cuenca Río ‘Y’, Planta Topográfico Cuenca Río ‘Y’ y Plata-Perfil Topográfico Cuenca Río Olmos.
A ello se suma que el Órgano de Control Institucional – OCI, de la Municipalidad Olmos ya había advertido el 7 de octubre del 2019 sobre el riesgo en la estructura del puente Tarata. En virtud de ello, la Contraloría concluyó que la comuna no habría cautelado la protección en el estribo de la margen izquierda al momento de aprobar el Adicional N° 1.
Un problema que se ha vuelto una constante en Chiclayo es el deficiente servicio de limpieza pública. A diario se observan montículos de basura en distintos puntos de la ciudad, incluyendo los distritos conurbados de La Victoria y José Leonardo Ortiz. Para el especialista en residuos sólidos Larry Oblitas Montalvo, esto se debe – en parte – a que las autoridades políticas trabajan bajo un enfoque de acción anticuado, que no rinde resultados a largo plazo.
Oblitas Montalvo explicó que en los años setenta el enfoque para el manejo de residuos sólidos se basaba en la desaparición de la basura que se acumulaba en lugares públicos, a fin de mitigar el impacto negativo que esta tenía en la salud de la población. Por ello, las grandes ciudades contrataban más personal y adquirían un mayor número de camiones recolectores.
Sin embargo, a partir de la ‘Cumbre de la Tierra’, desarrollada en 1992, el enfoque para el manejo de residuos sólidos cambió, pasando a centrarse ya no en la erradicación de la basura existente, sino en la minimización de los residuos que se producen.
“Hoy el enfoque ya no está en erradicar los montículos de basura, sino en minimizar la generación de los residuos. A la basura hay que separarla. Una ciudad no es más limpia porque se barre más, sino porque su gente ensucia menos y eso depende de cada uno de nosotros. Me podría jactar de que el Perú tiene una de las mejores leyes en gestión de residuos sólidos en América Latina, pero no hemos aplicado este enfoque”, aseveró.
Gestión de residuos
Según un estudio hecho para el proyecto Chiclayo Limpio en el 2012, entre Chiclayo, José Leonardo Ortiz y La Victoria se producen un promedio de 400 a 500 toneladas diarias de residuos sólidos. Oblitas Montalvo proyecta que este número debe haber aumentado a entre 550 y 600 toneladas. No obstante, la eficiencia del servicio de limpieza pública en José Leonardo Ortiz es del 40 %, mientras que en Chiclayo del 55 %. Es decir, alrededor de la mitad de la basura que se produce diariamente no es recogida.
Para el especialista, las autoridades municipales deben enfocar la solución en dos instancias. La primera es a corto y mediano plazo, en la que se deberían buscar convenios con el Ejército, el Gobierno Regional de Lambayeque u otros organismos para incrementar la capacidad de la recolección de residuos.
Mientras tanto, a largo plazo debe trabajarse en espacios piloto que puedan mantenerse libres de basura, que sirvan de modelo a la población. De ese modo, los vecinos estarán más dispuestos a participar de la segregación de residuos sólidos y cumplir con sacar su basura en el horario indicado. Para todo ello – resaltó - es importante rescatar a los obreros municipales que sí estén dispuestos al cambio.
“Existe un enfrentamiento constante entre la municipalidad y la población. La primera se queja de que los vecinos no sacan sus residuos en un horario adecuado, mientras que la segunda se queja de que no se le ofrece un servicio adecuado, pero no existe un mea culpa de ninguno (…) El municipio debe coordinar el proceso, marcar pautas, proponer y comprometerse a cumplir las rutas, horarios y frecuencias para la atención del servicio. Por su parte, los vecinos deben acostumbrarse a sacar sus residuos a determinada hora, forma y manera, porque con la pandemia ya no basta solo con mantener la basura compactada, sino también desinfectada”, resaltó.
Añadió que, a diferencia de las obras como pistas, veredas o saneamiento, donde la población tiene la condición de beneficiaria, en el servicio de limpieza pública la población es un componente de alta participación.
Ejemplos
El especialista resaltó como ejemplo al distrito de Surco, en Lima, donde el trabajo en el tema de residuos sólidos empezó hace 20 años y ha sido replicado en otras jurisdicciones vecinas como Miraflores y San Borja.
Sin embargo, manifestó que los alcaldes en Chiclayo no están dispuestos a iniciar un trabajo de largo plazo y buscan siempre erradicar la basura de forma inmediata, lo cual se podría hacer comprando más volquetes para recoger los residuos, pero así no se solucionaría el problema de fondo, pues igual la gente seguiría ensuciando de forma indiscriminada y nunca se generaría conciencia entre los vecinos.
“En Surco primero se erradicó la basura en zonas pilotos, que permitieron a la gestión municipal mostrar eficiencia, transparencia y generar confianza en la población. Se hizo todo un trabajo de sensibilización y educación sobre segregación en la fuente, recolección selectiva con frecuencias y el establecimiento de rutas. Así, otros vecinos poco a poco se fueron sumando porque vieron cómo sus pares del costado tenían su cuadra limpia”, explicó
Chiclayo
Oblitas Montalvo cuestionó que en Chiclayo sea una práctica frecuente la paralización del servicio de recolección de residuos o el cambio de horario del paso del camión recolector por motivo de los feriados o celebraciones que tiene el sindicato de obreros de la municipalidad.
“La recolección es un servicio que debe darse las 24 horas del día, los siete días de la semana, durante todo el año. La gestión municipal debe prever los turnos y descansos de los obreros, pero el ciudadano no puede verse perjudicado porque un día no pase el camión recolector o pase a una hora distinta porque el personal encargado tiene que pasar el feriado con su familia. Se entiende, pero el servicio no puede parar”, criticó.
Asimismo, reprobó que el alcalde Marcos Gasco valore a estas alturas la posibilidad de tercerizar el servicio de recolección de los residuos sólidos, además de anunciar la compra de más unidades para dicho servicio, aduciendo que hay un promedio de 600 obreros que son mayores de 60 años. Para el especialista, eso solo demuestra que el burgomaestre recién se ha enterado sobre la situación de la limpieza pública en el ejercicio de sus funciones, en vez de haberse empapado del asunto antes de postularse como candidato.
José Leonardo Ortiz
Por otro lado, Oblitas Montalvo explicó que en José Leonardo Ortiz hay una práctica común, que es la recolección de residuos sólidos por parte de los “tricicleros”, ciudadanos que ven en la deficiencia del servicio de limpieza pública una oportunidad para generar ingresos. Sin embargo, las bolsas de basura que recogen las arrojan en la Avenida Chiclayo, infracción por la cual el ayuntamiento les decomisa los triciclos e impone multas de 800 soles.
“Les he dicho a los funcionarios de la municipalidad que están equivocados al tomar esa actitud. Esas personas a las que les quitan sus triciclos existen porque hay zonas donde el servicio de limpieza pública no llega. Ellos más bien están cubriendo una falencia de la municipalidad. Lo que debe hacer la comuna es decirles que no boten la basura en ese lugar, sino que vayan hacia determinado punto en el que un camión recolector los esperará para recibir las bolsas que han recogido por 30 o 50 céntimos, y ya luego esta unidad las llevará al lugar de disposición final”, afirmó.
Apuntó que la misma municipalidad de José Leonardo Ortiz debería dotarles de Equipos de Protección Personal, a fin de realizar una labor articulada con ellos.
Además de la recolección, advirtió que los residuos sólidos también pertenecen a un círculo económico que le puede ser muy rentable a la municipalidad, toda vez que en el distrito leonardino el 70 % de los residuos que se generan son orgánicos (15 % más que en Chiclayo), los cuales podrían venderse como compost para los suelos agrícolas.
“La municipalidad podría proveer de este insumo a todas las agroindustriales y generar recursos propios. Eso sería pensar con un enfoque de desarrollo integral y no solo en medidas paliativas. Nadie se ha preocupado por atacar las causas, siempre han sido las consecuencias y eso abre una ventana para el oportunismo, el aprovechamiento, las malas prácticas, seguir en lo mismo”, indicó.
El 7 de diciembre, la Oficina Nacional de Procesos Electorales – ONPE, aprobó la solicitud del ciudadano William Guillermo Díaz Ruiz para la expedición del kit de revocatoria contra el alcalde de Chiclayo Marcos Gasco Arrobas. Dicho kit contiene los formatos para la recolección de firmas de adherentes, tarea que por las festividades propias del último mes del año se vio paralizada. Sin embargo, tal como anunció a Expresión el citado vecino, este mes de enero arrancó con fuerza la labor de conseguir las cerca de 200 mil firmas para convocar el referéndum revocatorio.
“Si bien el Jurado Nacional de Elecciones no ha fijado un tiempo límite para reunir todas las firmas y solicitar la consulta popular de revocatoria, sabemos que tenemos aproximadamente seis a siete meses. Por razones laborales y por las fiestas de navidad y año nuevo nos detuvimos un poco, pero ya en enero hemos empezado con fuerza la recolección de firmas. Ubicamos a los sindicatos de comerciantes, tanto mayoristas como minoristas, así como de taxistas, para que ellos se nos ayuden también con la firma de los planillones. Estimo que en cinco meses habremos conseguido todos los adherentes”, afirmó.
Explicó que la norma estipula como requerimiento que se obtengan las firmas del 25 % de electores que figuran en el padrón de la última elección. En el caso de Chiclayo, apuntó que se necesitan 177 mil 387. Sin embargo, debido a que siempre se depuran las firmas duplicadas o las de los adherentes que no hayan consignado correctamente sus datos, estima que deberán superar las 200 mil, a fin de que cuando el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – RENIC, las valide, no haya impedimento para alcanzar la meta.
Motivaciones
Indicó que una de las motivaciones que tuvo para iniciar el proceso de revocatoria fue la decepción de la clase política, en especial de Marcos Gasco, dado que en sus dos años de gestión no ha podido hacer nada contra el problema de la basura ni el comercio informal, además de estar implicado en serios casos de corrupción.
“Soy uno más de los tantos chiclayanos decepcionados de nuestros políticos. En el caso de Marcos Gasco no vemos ningún trabajo. La ciudad está llena de basura, sobre todo en los pueblos jóvenes. Eso demuestra su incapacidad. He tomado esta iniciativa para que quede un precedente en Chiclayo, ya que no podemos seguir siendo conformistas, habiendo tenido tres períodos llenos de corrupción. La ciudad no avanza y está llena de comerciantes informales en la Avenida Balta y las calles Arica y Pedro Ruiz”, criticó.
Si bien es militante del Partido Popular Cristiano, hizo hincapié en que no existe ningún político detrás de él moviendo el proceso de revocatoria, toda vez que incluso el costo que implica la movilización para la recolección de firmas lo está asumiendo de manera particular.
Apoyo
Asimismo, señaló que viene convocando a los representantes de la sociedad civil organizada como el presidente de la Asociación Regional de Exportadores – AREX, Olivio Huancaruna Perales; el presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque – CCPL, Carlos Burgos Montenegro; y los decanos de los colegios profesionales, de los cuales tres ya le han dado una respuesta afirmativa. Su intención es conformar con ellos un comité evaluador del proceso de revocatoria.
Solicitó el apoyo de la población en general para acelerar el proceso de recolección de firmas, por lo cual señaló que pueden contactarse con él si desean recibir un planillón y colaborar con reunir las firmas de sus familiares, amigos y conocidos que quieran sumarse a la causa. Del mismo modo, exhortó a los jóvenes que se encuentran de vacaciones por estos meses a sumarse como voluntarios.
“Me ha causado bastante alegría saber que, si bien en algún momento nos podemos equivocar en elegir a una autoridad, también podemos corregirnos, y la gente con mucha amabilidad nos pide que le dejemos un planillón para que también firme su familia. Hemos encontrado disponibilidad en la gente. El 90 % de los chiclayanos rechaza la actitud e ineptitud del alcalde. Eso nos motiva para seguir en esta recolección de firmas”, apuntó.
Quienes desean sumarse con su firma pueden acudir a la oficina de William Díaz Ruiz, ubicada en calle Cacique Cinto 377, tercer piso, Urbanización Latina, en José Leonardo Ortiz. Además, pueden llamar a los teléfonos 074-616310, 962815000 y 944397455. Anunció que en los próximos días también instalarán una oficina en el centro de Chiclayo para que la gente acuda allí a firmar.
Han pasado tres semanas desde que el Congreso aprobó la nueva Ley de Promoción Agraria, que aumenta el Bono Especial por Trabajo Agrario al 30 % de la remuneración mínima vital y fija que el salario de los agricultores no sea menor a 930 soles. Sin embargo, esta alternativa parece no haber dejado contenta a ninguna de las partes involucradas, pues al día siguiente de su aprobación se registraron nuevamente protestas en Ica y La Libertad, mientras que el sector empresarial también manifestó su rechazo. Al respecto, Olivio Huancaruna Perales, presidente de la Asociación Regional de Exportadores - AREX, cuestionó el citado dispositivo legal, al considerar que va en contra de las inversiones, así como de las pequeñas y medianas empresas agroindustriales.
“Definitivamente, esta es una ley antilaboral. Podrían aumentar el bono al 100 % si quisieran, pero ¿es posible? Es antitécnico. La pequeña y la mediana empresa son las grandes perjudicadas, ya que estas forman parte de la cadena de valor. Redondeando, la pequeña empresa tiene que pagar mil soles a cada trabajador. Supongamos que la empresa tiene cien trabajadores, son cien mil soles mensuales, pero si sacamos la cuenta solo de lo que representa el bono, que ha sido fijado en cerca de 30 soles, estamos hablando de 360 mil soles al año. ¿Las pequeñas empresas pueden pagar eso? Jamás. Van a quebrar”, apuntó.
Pérdidas
Afirmó tener conocimiento de algunas empresas de espárragos y uvas en Jayanca, Motupe y Chongoyape que ya están dejando de cosechar hectáreas, ante lo poco rentable que les resulta la actividad con esta nueva norma. A esto se suman factores externos como la presencia de la mosca de la fruta.
“En Lambayeque ya se está dejando de producir y se podrían perder dos o tres cosechas. Algunos empresarios ya mataron sus espárragos y se han paralizado labores en las plantas de procesamiento que requerían de mucha mano de obra”, indicó.
Para la Asociación de Gremios de Productores Agrarios del Perú – AGAP, esta nueva Ley Agraria generaría la pérdida de 200 mil puestos de trabajo, que representan alrededor de 730 millones de soles. Asimismo, dejarían de sembrarse aproximadamente 70 mil hectáreas.
En cuanto al espárrago, cifras del Instituto Peruano del Espárrago y Hortalizas – IPEH, dan cuenta que se tenía prevista una producción de más de 173 mil toneladas a nivel nacional para la campaña 2019/2020, de las cuales se estaría perdiendo el 30 % del volumen del total del campo. Todo esto significaría una pérdida de más de 74 mil toneladas.
Inversión
El empresario afirmó que – lejos de hacer un favor – la nueva Ley de Promoción Agraria le genera perjuicio a la inversión, al desarrollo y a la fuerza laboral, porque obligará a las empresas a que automaticen su funcionamiento para subsistir, prescindiendo así de la mano de obra.
“La verdadera riqueza la crea el empresario, el emprendedor. No digo que la fuerza laboral no contribuya, desde luego que sí, pero es la empresa la que genera puestos de trabajo en el Perú, ya que los empleo que brinda el Estado surgen de los impuestos que pagamos todos”, afirmó.
Si bien la intención es darles mejores condiciones a los trabajadores agroindustriales, explicó que las exportaciones peruanas deben competir con las de otros mercados que tienen condiciones mucho más favorables para la producción como el de China, país donde los salarios son muy bajos.
“Se le está haciendo un daño enorme a la población, porque esos puestos de trabajo que ahora tienen dejarán de existir. El panorama es sombrío por el pensamiento obtuso de la clase política. No creo que este Congreso pueda desarrollar un nuevo proyecto acorde a las expectativas (…) Hemos tenido una ley que ha estado vigente por un período de 20 años y gracias a esta hemos visto como los desiertos se hicieron verdes, creando riqueza”, indicó.
Agroexportación
En otro orden de ideas, explicó que la agroexportación es uno de los sectores que menos beneficios recibe por parte del Estado, ya que los tributos que pagan las empresas no se reinvierten en el rubro, a diferencia de otros países donde incluso las carreteras están dentro de los fundos, facilitando así el transporte de los productos.
“Acá cada uno tiene que usar sus propios medios para los servicios básicos, no tenemos ni luz, ni agua. Tenemos que llevar sabe dios cómo el recurso hídrico a los campos. ¿Y el Estado? ¿Qué hace con los impuestos? Nadie está en contra de que la gente sea mejor pagada, pero la única forma de crecer es que las empresas tengan utilidades”, añadió.
Añadió que los efectos del Covid-19 ya de por sí han causado una caída en las agroexportaciones, que oscila entre el 35 % a 40 %. Actualmente, la agricultura representa el 40 % de las exportaciones no tradicionales y el 12 % de las totales, abarcando el 5.6 % del total del PBI.
Protestas
En tanto, indicó que un sector de la clase política también se ha dedicado a azuzar a la población durante las protestas agrarias, en las que – a su juicio – ha habido también personas infiltradas, quienes perjudicaron a los que sí son trabajadores y se manifestaron por mejores condiciones laborales.
Para el dirigente gremial, las autoridades también han contribuido a fomentar el “odio” en vez del diálogo, tanto con los agricultores como con los empresarios. Sobre estos últimos, apuntó que también deben hacer una autocrítica sobre la dirección de sus organizaciones en los últimos años.
“Los empresarios nos hemos preocupado mucho en las compañías por ver temas de eficiencia, de competitividad, ya que nos debemos al mercado. Hemos estado preocupado por las cosas macro y hemos dejado de lado otros aspectos. Suelo ser muy optimista, pero no veo en absoluto una posibilidad de recuperación, a no ser que la situación cambie rotundamente”, expresó.
Señaló que en el rubro de la agroexportación deben comprometerse ambas partes: el agricultor con su trabajo, el empresario con el pago de los sueldos a tiempo y el Estado con la reinversión de los impuestos.
Elecciones
Por otro lado, el también vicepresidente de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque se pronunció sobre las elecciones generales del próximo año, que tendrá a por lo menos 20 candidatos presidenciales. Para él, independientemente de quien gane los comicios, el Perú camina rumbo a un gobierno “neosocialista”, pues la “dominancia intelectual” ahora la tienen políticos, pensadores y periodistas ligados a esa ideología.
“No me cabe duda que vamos camino al neosocialismo, la dominancia intelectual la tienen ellos. Ahora tenemos un partido de gobierno con esa ideología, que está tratando de desarmar a la Policía, hay un consejo de derecho humanos que se fija en la muerte de solo dos personas, cuando en realidad aquí no debería morir nadie. Sin embargo, solo salen a defender a la misma gente que ellos han lanzado a la calle”, opinó.
En esa línea, indicó que no es optimista respecto al proceso electoral de abril próximo, pues para él las cosas seguirán igual. En lo que sí confía – apuntó – es en que la población asuma un papel más fiscalizador sobre el accionar de sus autoridades.
“Nosotros somos parte de una comunidad electoral y como tal no tenemos conciencia a veces de cómo son las cosas. A través del voto confiamos en un grupo de personas que, se supone, deben hacer bien las cosas, pero es un absurdo. Puede haber elecciones, cambio de presidentes, parlamentarios, pero los que vienen pueden ser iguales o peores. Elegimos un nuevo Congreso el año pasado y ya vemos las cosas cómo actúan”, advirtió.
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La lista de candidatos al Congreso por Lambayeque del Partido Morado se compone de tres docentes. Uno de ellos es Merly Berríos Sánchez, reconocida en Lambayeque por haber ocupado el decanato de la filial departamental del Colegio de Profesores. La hoy cabeza de lista busca volcar en el parlamento su experiencia de 32 años en el magisterio y velar por que el presupuesto destinado al sector educación sea ejecutado de forma coherente.
“Tengo 32 años de servicio y he vivido en carne propia el desinterés que han tenido los diferentes gobiernos de turno hacia el sector educación. El año pasado se logró el ansiado 6 % de presupuesto, pero tenemos fiscalizar para que no se vaya solo en consultorías, sino que esté orientado a cubrir las verdaderas necesidades como infraestructura y preparación docente, pues cuando un maestro está actualizado puede participar de forma eficiente en su comunidad”, destacó.
Indicó que de llegar al Congreso buscará que se realice la reforma de la educación básica regular, de modo que el Estado cumpla su rol promotor para la mejora de la calidad educativa. Indicó que no se puede hablar aún del licenciamiento de los colegios si antes el gobierno central no emprende un proceso de acompañamiento de los mismos.
Universidades
En cuanto a la educación superior, indicó que las universidades no pueden estar sujetas a intereses de pequeños grupos, como en el caso de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, sobre la cual señaló que se ha puesto en riesgo las expectativas de miles de estudiantes lambayecanos.
“Estamos preocupados en el tema educativo por revalorar la educación pública como servicio y no como mercancía, tal como ha ocurrido con algunas universidades a las que incluso se les ha otorgado el licenciamiento, pero su calidad no ha mejorado. Debemos trabajar por acortar esa brecha que existe entre la universidad privada y la pública para tener un espacio parejo, que todos tengan la oportunidad de desarrollar conocimiento y tecnología en igualdad de condiciones”, precisó.
Resaltó que uno de los grandes problemas en las universidades públicas radica en el entrampamiento que hay para las adquisiciones. En virtud de ello, afirmó que esa será una materia para legislar, a fin de hacer más fluidos los procesos.
Azucareras
En cuanto al sector azucarero, apuntó que conoce muy bien la problemática, pues su familia es de Pomalca y ha visto de cerca el sufrimiento de los trabajadores. Cuestionó que el Poder Judicial no vea este tema con un enfoque social y que el Congreso haya emitido leyes para “defender a los lobbys”.
“Necesitamos un equipo multidisciplinario conformado por abogados, sociólogos y otros profesionales afines para dar una respuesta coherente al problema. A veces entre los mismos trabajadores hay diferencias y no nos ponemos de acuerdo. Debemos consensuar ideas que beneficien a toda la población azucarera”, manifestó.
Cuestionó que a puertas de cumplir los 200 años de independencia todavía haya personas trabajando en “condiciones infrahumanas”, pese a que su labor es esencial para el sostenimiento de las agroindustriales. Además, destacó que esta situación genera otro tipo de problemas, sobre todo a nivel salud.
“Cuando trabajé para combatir la desnutrición crónica infantil en Mórrope observé que no había lactancia materna para los niños. Esto se debía a que las madres dejaban a sus hijos de un mes o dos meses con sus hermanos mayores para irse a trabajar a las empresas que están en la carretera a Jayanca. Salían desde las 4:00 de la mañana y no volvían sino hasta las 7:00 de la noche. Allí empiezan los problemas de salud, de rendimiento académico. Ambos componentes, empresarios y trabajadores, deben ir de la mano para hablar de dinamismo económico”, apuntó.
Partido Morado
Por otro lado, explicó que el plan de gobierno del Partido Morado se basa en cuatro ejes: la reforma del conocimiento, la gestión territorial, libertades económicas y la reforma de la gestión pública. Sobre este último, destacó que en muchas instituciones del Estado se debe hacer una reingeniería como en el mismo Congreso, que a su juicio tiene muchos trabajadores para tan poca producción, y el Poder Judicial.
“No podemos permitir que funcionarios incompetentes y corruptos permanezcan en sus puestos. La municipalidad de José Leonardo Ortiz es un ejemplo de ello, gestión tras gestión el distrito está peor. En el gobierno regional tampoco podemos permitir que los funcionarios tengan familiares haciendo negocios, ni en el Congreso que haya parientes de los legisladores defendiendo a personas involucradas en casos de corrupción”, aseveró.
En diciembre del año pasado, el gerente regional de Salud, Víctor Echeandía Arellano, señaló a Expresión que Lambayeque ya no tenía pruebas de descarte del COVID-19. Más de un mes después, la situación persiste, según detalló a este medio el presidente de la base departamental de la Federación Médica Peruana, Alex Paúl Larrea Alvarado, quien afirmó que esta situación pone en peligro la estrategia de prevención para contener el citado virus.
“Ahora enfrentamos a ciegas el virus porque no tenemos pruebas diagnósticas. No sabemos dónde están las zonas calientes a nivel regional e incluso a nivel nacional. Las cifras del Comando COVID no nos sirven de mucho por no decir que no nos sirven de nada. No nos dan una idea real de cómo se mueve el virus, de cómo aumentan los casos”, apuntó.
Señaló que si bien hubo disminución en la incidencia de los casos del Covid-19 desde octubre, técnicamente el Perú nunca salió de la primera ola porque siempre hubo nuevos pacientes contagiados. Para él lo que hubo fue “pequeñas olas” en diferentes partes del país, toda vez que durante abril y mayo la mayor incidencia estuvo en Piura, Lambayeque y Loreto; en junio y julio fue en Lima e Ica; y en septiembre fue en Arequipa, Junín y Cusco.
“En el Perú hubo varios brotes. Son varios serotipos que afectaron en diferentes momentos, tanto a la zona norte, nororiental, centro y sur. Nunca dejamos de tener casos y lo que tenemos ahora es un repunte de estos. Lamentablemente, no aprendimos la lección y durante tiempo de disminución de la incidencia del virus no trabajamos en adquirir más plantas de oxígeno, porque la del Hospital Regional de Lambayeque recién comenzará a funcionar; no hay más especialistas en medicina intensiva, no hay el número de camas UCI prometidas en algún momento por Vizcarra y no se fortaleció el primer nivel de atención”, cuestionó.
Estrategia
Larrea Alvarado indicó que la estrategia del Estado pareció ser alcanzar la inmunidad de rebaño, lo cual en otros países que lo intentaron, como Suecia, no tuvo efectos positivos. Apuntó que la intención era que el 70 % u 80 % de ciudadanos se contagien para establecer el discurso de que ya no podían volver a infectarse. Sin embargo, en gran parte del país la cifra real de contagiados fue menor al 50 %, mientras que en Iquitos y Loreto, donde se creyó que era posible la inmunidad de rebaño porque se había contagiado más del 70 % de personas, al final sí hubo casos de reinfecciones.
“El Estado jugó a la inmunidad de rebaño, pero fue por lana y salió trasquilado. No se preocupó por seguir la vigilancia epidemiológica ni por hacer el diagnóstico precoz para brindar un tratamiento oportuno. Todo lo dejó al nivel clínico. Según la última alerta epidemiológica del Ministerio de Salud, cualquier paciente que tiene de dos a más signos del Covid-19 debe considerarse como contagiado hasta que se demuestre lo contrario. ¿Si no hay pruebas diagnósticas, cómo se demuestra eso?”, preguntó.
Alertó que hoy los contagios ya no se dan con mayor incidencia en los adultos mayores, sino que los jóvenes han pasado a engrosar la cifra de infectados. Explicó esta situación al hecho de que la carga viral se ha acumulado con el transcurrir de los meses, lo cual ha provocado que todos estén expuestos a sufrir los embates del virus.
Vacuna
En esa línea, criticó que el sector salud no haya realizado una campaña de comunicación y educación efectiva sobre las medidas de prevención para evitar el contagio del Covid-19 y que lo mismo esté pasando ahora con la llegada de la vacuna, toda vez que muchas personas se resisten a ser inmunizadas por desconocimiento.
“Las vacunas probablemente sean una de las estrategias más efectivas que se han inventado a través de la historia de la medicina. Nos han salvado de muchas enfermedades como la poliomielitis, tuberculosis, difteria, el tétano. Si bien hay un grupo de la población que tiene algunas dudas sobre su aplicación, creo que cuando estén más informados del tema decidirán mejor. Esas dudas son justificadas porque el Estado nunca ha hecho una promoción adecuada en relación a las bondades de la vacunación. Allí hay un tema pendiente”, precisó.
Resaltó que en el primer nivel de atención el aspecto comunicacional juega un rol preponderante, por lo cual el Estado deberá emprender con urgencia una campaña para informar los beneficios de las vacunas, ya que sino se generará desorden cuando se inicie el proceso de inmunización.
Ivermectina
Por otro lado, si bien no hay aún evidencia científica sobre el impacto de la Ivermectina para combatir el Covid-19, Larrea Alvarado señaló que en Picsi, distrito donde él labora, se ha usado este medicamento con 250 pacientes, en quienes sí han visto beneficios en cuanto a la disminución de la replicación viral.
“Creo que la Ivermectina tiene algún impacto beneficioso, probablemente hace que la replicación viral no sea tan intensa y le da chance al sistema inmunológico para trabajar. Se debería hacer un estudio sobre cuántos pacientes que consumieron este medicamento en el primer nivel de atención no llegaron al nivel hospitalario. Lo cierto es que cuando alguien ya está hospitalizado y se le da Ivermectina no tiene muchas posibilidades de mejorar. No podemos ser contundentes, pero sí creemos que tiene algún tipo de beneficio”, anotó.
Sin embargo, precisó que la Ivermectina no puede usarse como un medicamento preventivo, pues solo actuaría cuando ya existe algún tipo de sintomatología, con carga viral acumulada. Añadió que tampoco puede verse beneficios en personas que la toman, pero siguen saliendo a lugares con alta concentración de concurrentes, sin contar que hay otros factores como la comorbilidad y la edad que también afectan.
“Ha pasado casi un año desde el inicio de la pandemia. Somos el país con mayor exceso de muertes en el mundo y no tenemos la cantidad de investigaciones suficientes que nos permitan sacar datos más concluyentes. La investigación aquí es un tema bastante esquivo, lejano de la realidad. Nos dejamos llevar por estudios de otras realidades, copiamos información. La gente discute estudios de Brasil, Colombia, Estados Unidos, pero no tenemos nuestra propia casuística”, reconoció.
Médicos
Por otro lado, lamentó que el presupuesto de este año para el sector salud sea de 20 mil millones de soles, cuando dos años antes fue de 26 mil millones. Al respecto, afirmó que la Federación Médica Peruana le pidió en reiteradas oportunidades al expresidente Martín Vizcarra y ahora a Francisco Sagasti que se aumenten los recursos para el sector salud, pero su voz ha sido desoída.
“Hasta ahora la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, no quieren entablar diálogo con la Federación Médica. Hoy es el Covid-19, pero en tres años puede ser otra epidemia y seguro nos encontrará otra vez con los pantalones abajo, porque no terminamos de fortalecernos en el primer nivel de atención. Para eso necesitamos más presupuesto, mejores gerentes en las regiones, directores de hospitales, jefes de establecimientos, cuya gestión sea supervisada en cuanto al cumplimiento de metas, que no sean simplemente cargos de confianza”, señaló.
Denunció que el personal que trabaja en la parte preventiva, tales como los técnicos en enfermería, tienen que repartir su labor asistencial con otras de carácter administrativo, por lo cual debe impulsarse una transformación integral de sistema de salud, que tenga énfasis en el primer nivel de atención. En virtud de ello, afirmó que la Federación Médica ha propuesto que se reactive la Escuela Nacional de Salud Pública, toda vez que los gerentes de SERVIR no habrían dado la talla.
“A veces incomoda escuchar que se reúnen los expertos para analizar el avance del Covid-19. Yo me pregunto de qué expertos hablan, ¿de los expertos del país con las peores cifras de la pandemia? La clase política debe hacer un mea culpa (…) El primer acto de corrupción es asumir un cargo para el cual uno no está preparado”, aseveró.
Para buena parte de la población el proceso electoral de abril próximo no genera ningún tipo de expectativa. Y razón no falta. El contador, asesor financiero y docente universitario, William Mostacero Llerena, explicó por qué las elecciones generan tan poca simpatía en la población, que desde hace 30 años observa cómo los gobiernos terminan salpicados por hechos de corrupción.
Al respecto, cuestionó que haya dos expresidiarios que estén postulando a la presidencia: Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Ollanta Humala (Partido Nacionalista), pero además el que todas las agrupaciones políticas lleven en sus listas al Congreso a personas con procesos judiciales, lo cual – en su opinión – las descalifica moralmente para representar al país.
“El proceso electoral no nos da ninguna garantía de que a partir de allí se estabilizará la economía del país. Por el contrario, podríamos estar a puertas de una catástrofe electoral. Se podría venir una crisis sin precedentes. Si le preguntan a cualquier ciudadano de a pie por cuál candidato va a votar, no le sabrá responder. Hay mucha gente que era de izquierda y ahora postula por la derecha y viceversa. Este proceso electoral no es una competencia de ideas, sino un festín para ver qué le conviene personalmente a los candidatos y no al país”, aseguró.
Candidatos
Mostacero Llerena opinó acerca de algunos candidatos que aparecen con mayor intención de voto en las encuestas. Sobre George Forsyth, líder de Victoria Nacional, apuntó que su único trabajo, además de futbolista, es haber sido alcalde de La Victoria. Además, señaló que es más conocido por sus apariciones en la prensa de espectáculos, antes que por dar la talla como estadista.
“George Forsyth deja varios mensajes difíciles de asimilar. Tuvo un matrimonio interrumpido a las dos semanas. No tiene el concepto claro de familia. Hace poco le preguntaron cuáles eran los cambios estructurales que necesita el país y según mi parecer no sabe siquiera qué es la palabra reestructurar. No podemos pensar en gente improvisada con cara bonita y papá famoso como el líder que necesitamos para conducir los destinos del país”, indicó.
Asimismo, se refirió a Daniel Urresti, aunque en su caso cuestionó que postule por un partido (Podemos Perú), cuyo “dueño” (José Luna Gálvez) esté sometido a arresto domiciliario.
En cuanto a Hernando de Soto, apuntó que reúne las cualidades técnicas para ser gobernante, pero lo descalifica el hecho de haber sido asesor del expresidente Alberto Fujimori. Deslizó la idea de que podría ser un “satélite” del fujimorismo.
“Creo que quienes podrían aspirar a entrar a una segunda vuelta son Hernando de Soto y Verónika Mendoza, si es que la izquierda es capaz de aglutinarse en favor de ella. Una tercera opción podría ser Daniel Urresti, ya que Podemos Perú es la tercera fuerza política en el país. En cuanto a Rafael López Aliaga, no le veo gran aceptación a nivel nacional”, opinó.
Indicó que detrás del discurso oficial de los candidatos se esconden otros intereses, como el de obtener una pensión vitalicia equivalente a 16 mil 500 soles, mientras que la gran mayoría de peruanos trabajan toda su vida para obtener una pensión que oscila entre los 500 y 850 soles.
Electores
Sobre la otra cara de la moneda, los electores, señaló que deben estar atentos ante las estrategias que usen los candidatos para conseguir su voto, pues posiblemente intentarán burlar las normas de juego y ofrecerán prebendas, aprovechándose de la delicada situación económica, producto de la pandemia.
“Esta misma ley funcionó en el proceso electoral anterior y se descubrió que igual varios partidos incidieron en lo mismo (entrega de prebendas). Le hallaron el vacío a la norma. No tengamos duda de que lo volverán a hacer, porque el poblador peruano en los últimos años se ha acostumbrado a recibir polos, alimentos, a cambio de votos. Esto es producto de la desgracia económica del país. No es posible que, en el siglo XXI, en plena era del conocimiento, compremos votos y conciencias a cambio de un kilo de arroz o de azúcar”, indicó.
Asimismo, denunció que los medios de comunicación nacionales también se encargan de “crear” candidatos por los que al final los electores terminan votando. Como ejemplo de ello mencionó al alcalde de Lima, Jorge Muñoz, quien 15 días antes de las elecciones no aparecía en las encuestas con opciones de ganar, pero que gracias al apoyo de la prensa logró calar en la mente del electorado.
“Los medios en el Perú tienen una fuerza potente para influir en la mentalidad del poblador. Nos crean futuros dirigentes. Forsyth, por ejemplo, es producto de la nada (…) A mis alumnos siempre les digo que la juventud tiene una gran responsabilidad, porque al emitir su voto le encomiendan al candidato el destino de su país por los próximos cinco años”, afirmó.
Economía
En otro orden de ideas, el también asesor financiero explicó que el principal problema del Perú – hoy – además del tema sanitario, es la economía, cuyo Producto Bruto Interno (PBI) cayó en 12.9 % el año pasado, después de que en el 2019 creció en 2.1 % y en el 2018 hizo lo propio al 4 %. Precisó que la expectativa de crecimiento este año para el país, según el Banco Mundial, es del 9 % respecto al año anterior, pero eso depende de cómo se desarrolle la pandemia.
En cuanto a las exportaciones, comentó que en el 2018 alcanzaron los 56 mil 157 millones de dólares; en el 2019, 55 mil 292 millones; mientras que en el 2020, 18 mil 700 millones. La recuperación para este año se proyecta alrededor del 10 %, es decir, que como mucho podría llegarse a los 30 mil millones en exportaciones.
“La recuperación económica no se dará de un día para otro ni de un año para otro. La economía peruana llega muy golpeada, los niveles de desempleo el año pasado llegaron al 11.9 %. Hoy debemos estar bordeando el 8 %”, señaló.
Destacó que la clave para la recuperación económica es el consumo interno, seguido de la inversión privada, la inversión pública y las exportaciones e importaciones. De todas estas, la demanda interna representa el 70 %. No obstante, precisó que la gente solo consumirá más en la medida de que tenga ingresos para poder comprar.
Refirió que actualmente el Perú tiene reservas por 70 mil millones de dólares, mientras que el ahorro interno está entre los 60 a 65 millones de dólares, lo cual ha permitido que la economía nacional no caiga dramáticamente y la inflación no supere el 2.2 %, cumpliendo así con las metas propuestas por el Banco Central de Reserva - BCR.
Del mismo modo, informó que la pandemia del Covid-19 le cuesta al Perú alrededor de 30 mil millones de dólares, por lo que elogió la gestión de Julio Velarde al frente del BCR, ya que la inflación no ha superado el 3 %, mientras que en México, Argentina y Colombia bordea el 9 %. No obstante, advirtió que si la inflación se disparará el nivel de pobreza en el país podría pasar en un año del 32 % al 50 %.
“El peruano de a pie podría pensar en por qué hemos pedido dinero prestado si tenemos reservas de 70 mil millones, por qué nos han dado una línea de crédito de 11 mil millones de dólares. Bueno, obedece a una necesidad de que la cadena de pagos no se detenga. Si se cae el sistema financiero, la economía se cae a pedazos. El gobierno ha recurrido a hacer desembolsos y pedir préstamos antes que usar las reservas porque – además – hay una ley que prohíbe usar más del 3 % de las reservas internacionales, porque estas son un soporte para garantizar las operaciones financieras de un país”, explicó.
Vacunas
Finalmente, apuntó que hay muchas “leyendas urbanas” sobre la aparición del Covid-19, que apuntan al hecho de que las potencias mundiales buscarían “desaparecer” a los adultos mayores, porque es un segmento de la población que ya no genera producción para los países. Indicó que con las vacunas también se están tejiendo leyendas en cuanto a su aplicación, por lo cual recomendó a la población no prestarles atención y vacunarse, toda vez que es la única forma de asegurar cierto grado de inmunidad, aunque no el esperado.
“Las vacunas contra el Covid-19 no dan un alto índice de eficacia. La que mayor porcentaje tiene llega al 85 %, cuando tradicionalmente las vacunas alcanzan entre el 95 % y 98 %. Quiere decir que de cada cien vacunados, veinte igual presentarán problemas e incluso podrían fallecer. Sin embargo, no tenemos otra alternativa mejor por ahora que esa”, opinó.
