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La situación del presidente de la república, Martín Vizcarra Cornejo, se torna complicada debido a la difusión de audios en los que presuntamente se le oye coordinar una estrategia con sus colaboradores más cercanos para responder a la investigación por el caso "Richard Swing".
El jueves, el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, Edgar Alarcón, presentó ante el pleno, con anuencia de la presidencia de este poder del Estado, tres audios relacionados al caso "Richard Swing". Uno de ellos tendría como interlocutor al presidente Martín Vizcarra Cornejo.
El primer audio se trataría de una conversación entre Vizcarra, la secretaria general de Palacio de Gobierno, Miriam Morales, y la asistente personal del mandatario, Karen Roca, en el que supuestamente coordinan una estrategia frente a la investigación por el caso "Richard Swing".
El segundo audio se trataría de una conversación entre Karen Roca y la funcionaria de Palacio de Gobierno, en tanto el tercer audio sería una conversación entre Roca y Richard Cisneros, personaje que da nombre al caso en investigación, quien se benefició con contrataciones irregulares del Ministerio de Cultura.
El miércoles, en conferencia de prensa, el mandatario de la nación dijo que respondería las preguntas de la Comisión de Fiscalización por escrito, luego que el presidente de este grupo de trabajo señaló que requerirían su presencia.
La Contraloría General de la República ha establecido que las contrataciones de Richard Cisneros en el Ministerio de Cultura fueron irregulares. Cisneros habría sido colaborador de Vizcarra desde la campaña electoral del 2016.
RUMOR DE VACANCIA
Tan pronto se conocieron los audios, varios parlamentarios empezaron a barajar la posibilidad de que se presente un pedido de vacancia contra Vizcarra Cornejo invocando la incapacidad moral.
Al respecto, el expresidente del Tribunal Constitucional Óscar Urviola ha señalado que es muy apresurado hablar de vacancia, sin que se haya sometido a peritaje los audios y corroborado los hechos.
Merino de Lama convocó a Junta de Portavoces y declaró al Parlamento en sesión permanente, a fin de evaluar cuál sería la actuación del Congreso frente los hechos expuestos. También pidió a la Comisión de Fiscalización que levante la reserva de los audios para que se conozca la totalidad del contenido.
EL CASO "SWING"
Richard Cisneros, conocido como ‘Richard Swing’, fue contratado el 24 de abril de este año por el Ministerio de Cultura para la realización de charlas virtuales para los trabajadores del sector.
"Swing tenía como plazo 45 días para concretar esta tarea, que comprendía brindar varias charlas. Por la primera recibió, por ejemplo, S/10.000 en plena cuarentena obligatoria por la pandemia del coronavirus (COVID-19)", según precisó el Ministerio Público, de acuerdo a lo publicado por El Comercio.
El contrato de Cisneros fue dejado sin efecto el 21 de mayo, tres días después de que “Magaly TV, la firme” revelara que el cantante recibiría S/30.000 por las charlas. El mismo programa también informó que Cisneros habría realizado diferentes trabajos para la institución, desde que comenzó el gobierno de Martín Vizcarra en marzo de 2018, para el Ministerio de Cultura por más de S/175.000.
El Ministerio Público, la contraloría y el Parlamento, a través de la Comisión de Fiscalización, iniciaron casi al mismo tiempo investigaciones sobre los contratos a Richard Swing. Y el 1 de junio, personal de la Primera Fiscalía Anticorrupción, que dirige Janny Sánchez-Porturas, intervino las oficinas administrativas de Palacio de Gobierno para recabar información pública sobre visitas y otros documentos relacionados al cantante.
A inicios de setiembre, se conocieron los detalles del informe de control que emitió la Contraloría, a fines de agosto. Este documento indica que 16 funcionarios del Ministerio de Cultura tendrían responsabilidad penal por los contratos del cantante Richard Swing, que ascendieron a más de S/155.000, entre el 2018 y 2020.
La crisis continúa en el Colegio de Abogados de Lambayeque. Con una polémica resolución, el Tribunal de Honor ha confirmado la sanción de dos años de inhabilitación para el ejercicio de la profesión al abogado Tito Esteves Torres, la misma que ya fue notificada por el Poder Judicial a todos sus órganos jurisdiccionales. Sin embargo, la medida resultaría viciosa debido a que la conformación de dicho ente deontológico se dio sin respetar lo que señala el estatuto de la orden profesional.
El presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Óscar Burga Zamora, emitió el Oficio Circular â„– 031-2020, del 2 de septiembre, con el cual comunica a los jueces superiores, especializados y de Paz Letrado, que el abogado Tito Esteves Torres se encuentra suspendido para el ejercicio de la profesión por dos años, período que se contabiliza desde el 17 de agosto de este año y finaliza en el 2022.
El documento lleva adjunta la Resolución â„– 12 del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Lambayeque, suscrita el 10 de agosto pasado por su presidente, José Isaac Sánchez Millones, confirmando una decisión del Comité de Ética, dada en noviembre del año pasado.
La resolución también lleva la firma de los abogados José Pérez Fernández, José López Díaz y Carlos Díaz Pisfil.
Sin embargo, existen cuestionamientos a la actuación del Comité de Ética y del Tribunal de Honor del ICAL, pues su confirmación se dio en contra de lo señalado por el estatuto de la orden profesional, en tanto que el ejercicio de funciones de las actuales autoridades del colegio también sería irregular, esto tras la vacancia de José María Balcázar Zelada como decano, en agosto 2019.
LA QUEJA
“En las elecciones del 2018 fui elegido como integrante de la Asamblea de Delegados del colegio, que por el estatuto es un órgano superior al Consejo Directivo. Sin embargo, desde el primer momento en que el señor Balcázar Zelada asumió el decanato no quiso ningún tipo de fiscalización, ni de su consejo ni de la asamblea. Le exigió al Comité Electoral que no instale a la asamblea. El estatuto mandaba que en marzo del 2019 el señor Balcázar debía convocar a una asamblea general, lo cual nunca sucedió. Nos vimos obligados a recurrir a la vía judicial, decisión que hasta ahora no se emite. Junto a la mayoría de los integrantes del Consejo Directivo hemos venido cuestionando la manera en la que se ha conducido el colegio, lo que dio motivo a que se tome como pretexto una queja realizada por una fiscal del distrito de La Victoria en mi contra, por una publicación realizada en redes sociales, lo que dio motivo a que se inicie un proceso administrativo disciplinario, que ha dado como resultado la sanción que se me ha impuesto”, comenta Tito Esteves.
El abogado refiere que otra muestra de la presunta “actitud vengativa” de Balcázar Zelada en su contra fue lo sucedido el diciembre del año pasado, cuando se presentó como postulante a la Junta Nacional de Justicia – JNJ.
“Había pasado todas las etapas del concurso para integrar la Junta Nacional de Justicia, pero el 28 de diciembre del año pasado, sin haberme notificado previamente, remitió la resolución del Comité de Ética que me suspendía por dos años para ejercer como abogado, lo que me impidió continuar en el proceso de selección. Ahora, con el Tribunal de Honor, que maneja a su antojo, no solo me impide ejercer mi profesión, sino también que pueda postular al decanato del colegio”, asevera.
CONFORMACIÓN
Tito Esteves y el abogado Yuri Díaz Jaime, elegido vicedecano del colegio en las elecciones del 2018, coindicen en que la conformación de los órganos deontológicos de la orden profesional fue irregular, pues no se respetó lo señalado en el estatuto.
Esa es una de las varias razones por las que el Consejo Directivo en mayoría aprobó, en agosto del año pasado, vacar a Balcázar Zelada del cargo de decano, quien por su parte hizo lo propio con los directivos, conformando un nuevo consejo que no ha podido inscribir en Registro Públicos.
“Cuando se produce una vacancia, dice el estatuto, es la Asamblea de Delegados la que debe recomponer el Consejo Directivo. Sin embargo, este señor ha integrado su propio consejo con personajes que nunca fueron elegidos por el ente correspondiente. De igual forma designó a dedo al Comité de Ética y al Tribunal de Honor, entes que maneja a su antojo para sancionar a todos los opositores a su comportamiento en el colegio”, señala Esteves Torres.
Díaz Jaime explica que el Comité de Ética debe ser designado por el Consejo Directivo en pleno, no por quien ejerce el cargo de decano. No existe la decisión unilateral, de acuerdo a lo que norma el estatuto.
“Tanto el Comité como el Tribunal fueron designados de manera ilegal, arbitraria y contra lo que señala el estatuto. El Comité de Ética es conformado por el Consejo Directivo recibiendo las propuestas de abogados idóneos, en tanto el Tribunal de Honor siempre se ha estilado que se conforme por past decanos o personalidades jurídicas de trayectoria intachable. ¿Saben quién integra el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados? Un abogado que en su momento fue denunciado por tocamientos indebidos a una menor de edad. Ese es el círculo de amigos de José María Balcázar Zelada”, afirma Díaz Jaime.
DEFENSA DE DERECHOS
Ante la sanción confirmada por el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Lambayeque, Tito Esteves refiere que acudirá al Poder Judicial en salvaguarda de sus derechos.
“La actitud del señor Balcázar es una venganza por los cuestionamientos que hemos venido realizando a sus manejos en el colegio. Otro ejemplo negativo de lo que sucede es la presencia del actual gerente general, el señor Odar Cornejo Custodio, quien ha sido sancionado por la Corte Suprema con una multa de cuatro UIT. ¿Por qué no lo sanciona el Comité de Ética? Hay otros letrados que han sido sentenciados por el Poder Judicial, sin embargo ahí no se hace nada”, denuncia Tito Esteves.
“Tengo que recurrir al Poder Judicial para hacer valer mis derechos, porque tanto el Comité de Ética y el Tribunal de Honor fueron elegidos a dedo. Existe el acta de la directora secretaria del Consejo Directivo válido que señala que nunca hubo acuerdo de este para conformar ambos órganos. Yo tengo la seguridad que Poder Judicial va a rectificar las irregularidades cometidas por el señor Balcázar Zelada y compañía”, añade el letrado.
FALSAS ELECCIONES
Tras los cuestionamientos a su accionar en el colegio, Balcázar Zelada publicó un comunicado en un diario nacional, con recursos de la institución, anunciando el recorte del período de gestión y convocando a elecciones para el 29 de agosto. Sin embargo, dicho proceso no se ha realizado.
“Ese comunicado lo hizo para congraciarse con los abogados hartos de sus malos manejos. El señor Balcázar crea historias y en su mitomanía dijo lo de las elecciones para salir del paso. El señor Balcázar no va a dejar el cargo así nomás. Ahora ha sacado un comunicado diciendo que por la situación de emergencia en la que nos encontramos probablemente no haya elecciones”, manifiesta Díaz Jaime.
Legalmente, el período para el que fue elegido José María Balcázar fenece en diciembre de este año, mes en el que se debería convocarse a elecciones para la renovación del Consejo Directivo.
“Lo que hace este señor no es solo contra el colegio, son ilícitos. ¿Cómo es posible que en sus cuentas personales reciba dinero del colegio? ¿En una cuenta a su nombre recibe el dinero de las colegiaturas? ¿Cómo es posible que el Ministerio Público archive una denuncia en su contra por fraude en la administración de personas jurídicas, cuando se ha demostrado la comisión de ilícitos?”, cuestiona el vicedecano.
La tercera fase de la reactivación económica permitió liberar casi la totalidad de actividades que se mantenían paralizadas por la emergencia sanitaria. Sin embargo, las pérdidas siguen siendo cuantiosas. Según las estimaciones de la centenaria Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque - CCPL, estas superarían los mil 500 millones de soles en el departamento.
El presidente del gremio empresarial, Carlos Burgos Montenegro, explicó que dicha cifra es producto del promedio estimado de 18 mil empresas, adscritas como no adscritas a la CCPL, de los distintos rubros, que se vieron afectadas por la emergencia sanitaria.
Asimismo, señaló que se vieron afectados 200 mil puestos de trabajo, aunque iniciativas como la apertura del Mall Aventura Plaza, que generará ocho mil empleos; las obras regionales y municipales, y las de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, permitirán paliar esta situación. Sin embargo, refirió que debe existir un trinomio entre municipalidades, entes fiscalizadores (Contraloría) y gremios profesionales, a fin de que se asegure la eficiencia en las obras.
Añadió que a nivel nacional 20 mil micro y pequeños empresarios ligados al sector el turismo se vieron afectados, de los cuales mil 200 son de Lambayeque. En virtud de ello, aseguró que como CCPL han solicitado que se haga pública la lista de beneficiarios del Fondo de Apoyo Empresarial - FAE Turismo, antes de que se haga efectivo el préstamo, a fin de que nadie se vea excluido del beneficio.
“Hago un llamado a todos los empresarios para que se formalicen. En la Cámara de Comercio contamos con un área tecnológica en nuestra nueva sede, donde los empresarios pueden hacer conocidas sus empresas en plataformas virtuales. La ayuda se les brinda tanto a los socios como a los no asociados”, aseguró.
INVERSIONES
En tanto, manifestó que tampoco puede avanzar la reactivación económica si esta no va enlazada con la contención de la emergencia sanitaria. Para Burgos Montenegro debe haber un binomio entre ambos temas, por lo cual saludó que se haya priorizado la ejecución del nuevo hospital de EsSalud en la carretera Chiclayo - Pomalca y que se esté voceando también la construcción del nuevo Hospital Naylamp.
Destacó que Lambayeque es el foco ideal para las inversiones, pues cuenta con cinco accesos de entrada y salida a Cajamarca, nexo directo con Amazonas, conexión por la carretera marginal de la selva con San Martín y enlace vía el Río Marañón con Iquitos, lo cual dota al departamento en un potencial enorme.
"Nuestros hermanos de Jaén, San Ignacio, Bagua y Chachapoyas cuando ven que sus ciudades no responden en cuanto a capacidad hospitalaria piensan en Chiclayo, por eso las ambulancias han estado yendo y viniendo acá, lo mismo que los vehículos particulares con gente trayendo a sus seres queridos para ser atendidos en Lambayeque. Si bien tenemos un hospital de talla nacional, como es el Almanzor Aguinaga Asenjo, este no es suficiente", aseguró.
PUERTO ETEN
En tanto, hizo hincapié en el desarrollo del Terminal Marítimo de Puerto Eten y las obras complementarias como el Plan Hidráulico. Sobre este punto, refirió que sostienen reuniones con PROMPERÚ, pues empresarios de Asia y Europa tienen especial interés en ejecutar inversiones en Lambayeque.
"Lambayeque es el primer aportante de exportaciones en Piura, porque actualmente se usa el Puerto de Paita. Nosotros necesitamos un puerto de talla mundial. En Brasil ven esto con buenos ojos porque a través de Puerto Eten podrían conectarse con Asia sin dar la vuelta por Panamá", destacó.
Exhortó a los congresistas por Lambayeque, especialmente a Humberto Acuña Peralta, quien preside la Comisión de Presupuesto, a tener en cuenta esta emblemática obra en el Presupuesto General de la República para el próximo año. “Necesitamos decisión política. Hace tres años hubo un grupo coreano interesado en la ejecución del terminal, pero se le puso una serie de obstáculos”, concluyó.
El Decano del Colegio de Sociólogos de Lambayeque, Juan Diego Dávila Cisneros, analiza lo sucedido en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo – UNPRG, de la cual es docente, tras el no licenciamiento institucional.
A decir de Dávila Cisneros, parte de la responsabilidad del revés sufrido por la UNPRG recae en la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria – SUNEDU, pues esta dio por válido el proceso eleccionario que llevó a Jorge Oliva Núñez y compañía al rectorado de la casa de estudios.
“La responsabilidad inicia en la misma SUNEDU por reconocer unas elecciones que no tenían el porcentaje dispuesto por la Ley Universitaria. Desde ahí el proceso inició mal. Se hicieron denuncias probadas en las que se señaló, porque había evidencia, que en las elecciones no participó el 60 % de docentes ni el 40 % de alumnos. Ese fue el primer escollo que tuvimos”, reflexiona el también investigador adscrito al Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de la Calidad Educativa – SINEACE.
Dávila Cisneros señala que las actuales autoridades de la UNPRG han dirigido a la universidad durante tres años y medio sin órganos de gobierno; es decir, sin consejos de facultad, Asamblea Universitaria ni Consejo Universitario, lo que prácticamente configuró en una dictadura.
“Si han gobernado tres años y medio a solas, pudieron realizar los cambios necesarios para lograr el ansiado licenciamiento y eso, desgraciadamente, no se hizo”, anota.
DOCENTES
Empero, señala que la responsabilidad de lo sucedido va más allá e involucra al cuerpo docente, parte del cual – precisa – fue indiferente al proceso de licenciamiento.
“Pero la culpa no es solo de las autoridades, sino también de los docentes y yo debo hacer un mea culpa por eso. Nosotros, en algunos casos, dejamos de cumplir algunas cosas que teníamos que realizar. Tal vez, lo que pasó fue la falta de una comunicación más fluida, más directa”, indica.
Refiere que los docentes son profesionales a los que no se les puede únicamente imponer, sino que les debe explicar por qué es necesario realizar tal o cual cambio.
“Faltó comunicación horizontal, de tal manera que lo que se requería no sea visto o asumido como algo impuesto. Además, faltó capacidad de convocatoria. Se debió dar un proceso, al menos en el Comité de Calidad, en el que participe por lo menos un representante por cada facultad o escuela. Es muy difícil que tres o cuatro personas comuniquen a 700 profesores y 900 administrativos todo lo que había por hacer. Recién en los últimos meses se quiso hacer eso, pero ya era tarde”, menciona.
INDIFERENCIA
Anota que lo otro que sucedió fue un mal entendimiento del licenciamiento. Indica que muchos docentes pensaban que por ser la Universidad Pedro Ruiz Gallo, la emblemática del norte peruano, se les iba a dar el licenciamiento sí o sí.
“Conversaba con algunos colegas que decían que la universidad se iba a licenciar sin mayor esfuerzo. Mis colegas decían: “¿Cómo no van a licenciar a la Pedro Ruiz Gallo, la Pedro es la Pedro? Si no nos licencian será para que se arme un problema social, los alumnos salgan, la comunidad salga…”. Yo tengo la lectura de que cuando llegaba la SUNEDU los estudiantes estaban felices, porque veían que la universidad cambiaba al menos dos o tres días”, afirma.
Añade que “sigue siendo triste que algunos piensen que las observaciones que hay que levantar son mínimas”.
“Dicen que se destinarán 12 millones de soles para lograr el licenciamiento, pero nadie dice de dónde los van a sacar. Las observaciones no son solo de papeles, sino de implementar los papeles que se hagan. Si seguimos pensando que es algo mínimo lo que tenemos que hacer, desgraciadamente no lograremos nada”, enfatiza.
AFECTACIÓN
Juan Diego Dávila agrega que los afectados no son los miles de estudiantes actuales ni los cientos de egresados, pues en determinado momento la universidad pública se va a licenciar, los estudiantes de ahora seguirán estudiando y recibiendo sus grados.
“El problema es que no habrá exámenes de admisión. A la Pedro postulan seis mil jóvenes por proceso, que al año suman 12 mil. ¿A dónde se irán esos 12 mil aspirantes a la educación universitaria si estamos impedidos de realizar exámenes de admisión? La universidad pública tiene un rol social que solo se puede cumplir con el aporte que todos los ciudadanos realizan con sus impuestos al Estado. Mientras la universidad no pueda realizar procesos de admisión, no podrá cumplir con el encargo social”, comenta.
Finalmente, refiere que se espera que el Ministerio de Educación otorgue la asistencia técnica necesaria para lograr el licenciamiento.
“La idea debe ser que el próximo año logremos sí o sí el licenciamiento”, finaliza.
• La defensa legal de tres imputados por el caso <<Hermandad del norte>> denunció que la Fiscalía no actúa con objetividad.
• El proceso se encuentra en la etapa intermedia, tras cuatro años de iniciado.
El 3 de noviembre del 2016, personal de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior – DIGIMIN, y de la División de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia – DIVICAJ, con la participación de 320 agentes y 34 fiscales, realizó el operativo de desarticulación de la presunta organización denominada <<Hermandad del norte>>, capturando a 15 personas e identificando a otras 13 que se encontraban recluidas. De acuerdo con el Ministerio Público, la supuesta organización era responsable de delitos como asociación ilícita para delinquir, sicariato, extorsión, homicidio y robo agravado.
Para los abogados Juan Carlos Velásquez Caro, Milagros Fernández Vieira y José Luis Quiroga Seclén, defensa legal de los imputados en el caso que lleva la Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada – FECOR, ante el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, existen serias deficiencias que retrasan el proceso.
Quiroga Seclén, quien lleva la defensa legal de Jack Salazar Silva, explicó que el caso nace con la detención preliminar de los imputados es lo que se sustentaba la tesis fiscal de la existencia de una presunta organización criminal ligada a diferentes crímenes, entre ellos el homicidio del auditor de la SUNAT Roberto Cieza Herrera, por presuntamente no aceptar una prebenda para detener la investigación que seguía contra los hermanos Carlos y Samuel Roncal Miñano.
Detalló que el elemento principal del Ministerio Público para sostener su tesis era la versión incriminatoria del aspirante a colaborador eficaz 1501-2016, cuya versión sumada a la de otros aspirantes y testigos con identidad reservada conllevaron a la figura de organización criminal. Indicó que la fiscalía estableció como autores materiales del crimen contra Cieza Herrera a Jack Salazar Silva y Fulgencio Rivera Maza. Sin embargo, luego de formularse la acusación, se observaron aspectos formales y se procedió a devolverla.
Posteriormente, a la fiscalía se le devolvió en dos oportunidades más la carpeta, hasta que en la última acusación del 5 de febrero de este año los abogados se dieron con la “sorpresa” de que se habían cambiado a los ejecutores materiales del crimen. Esta vez la tesis fiscal atribuía el hecho a Jonathan Jesús Márquez Villegas y Frank Joel Siccha Rodríguez.
Explicó que el caso se encuentra a puertas de iniciar el control de acusación, pero con problemas de carácter procesal muy graves. Citó al fiscal superior y coordinador de las Fiscalías Contra el Crimen Organizado, Jorge Chávez Cotrina, quien refirió que es <<inconcebible>> que un caso de esa naturaleza no pueda ser resuelto en un plazo de tres años.
DILACIÓN DEL PROCESO
A su turno, Fernández Vieira, abogada de Wilmer Zegarra Bonilla, exdirigente de construcción civil, refirió que, en lo concerniente a su patrocinado, la audiencia de control de acusación no ha sido instalada por errores del mismo Ministerio Público, pues el fiscal Germán Montero Ugaz, a cargo del caso, no se hizo presente. Indicó que la dilatación del proceso no obedece a los abogados de la defensa legal, sino netamente responsabilidad del Ministerio Público. Aseguró que ahora la responsabilidad recae en la jueza Cecilia Grandez Rojas, quien debe reconocer la violación de los principios procesales en los que habría incurrido el Ministerio Público.
<<La jueza Grandez debe tener mucho tino en esta situación porque el Ministerio Público nos viene sorprendiendo en todas las audiencias. Se les ha devuelto la carpeta fiscal por muchas deficiencias. Aquí está involucrada la presunción de inocencia, la libertad de los patrocinados. Esta situación la debe resolver el Poder Judicial ante las advertencias de cada uno de los abogados de los patrocinados>>, afirmó. PRIVADOS DE LA LIBERTAD Por su parte, Velásquez Caro señaló que deben debatirse las acusaciones que se plantearon en un primer momento y que motivaron la investigación preparatoria y posterior privación de la libertad de los imputados bajo mandato preventivo. Aseguró que la defensa legal de los imputados advirtió la inclusión de hechos nuevos que no habían sido materia de investigación en tres años. <<¿Cómo le explicamos a nuestros defendidos que se incorporaban hechos después de tres años de haber sido privados de su libertad, por declaraciones de personas que no se ajustaban a la veracidad?>>, cuestionó. Aseguró que la ciudadanía necesita un esclarecimiento claro de la muerte del auditor Cieza Herrera, pero siempre bajo los parámetros de la legalidad.
