Desde hace 20 días los empleados de la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz retomaron las labores presenciales. Sin embargo, recién el martes la administración edil los sometió a pruebas rápidas para descartar el Covid-19, según denunció Jorge Cardozo Mateo, secretario general del Sindicato de Trabajadores.
La jornada de descarte que se realizó a los trabajadores del Área de Fiscalización arrojó que, de un promedio de 50 pruebas, diez dieron positivo al Covid-19. En virtud de ello, a través del Memorándum N° 247-2020-MDJLO/GM, el gerente municipal, Guiler Pérez Cabrera, dispuso la suspensión de labores presenciales hasta el 17 de septiembre.
Para Cardozo Mateo, esta situación se veía venir, pues se tenía conocimiento de funcionarios que habían dado positivo al Covid-19, a quienes no se les exigió el alta médica para retornar a sus labores, sino tan solo que pasen un triaje general, como al resto de servidores.
"Incluso en el triaje se ha hecho un alboroto total, pues se citó a personas vulnerables, poniéndolas en riesgo. Le dijimos a la jefa de personal que no debieron mezclarlos con quienes ya habían sido contagiados", precisó.
Afirmó que la gestión municipal que encabeza el alcalde Wilder Guevara Díaz nunca sometió a los trabajadores al descarte del Covid-19, lo cual motivó a que en julio el sindicato gestione con la congresista María Gallardo Becerra la aplicación de 60 pruebas rápidas. En aquella oportunidad, 15 dieron positivo.
PLAN DE SEGURIDAD
Sobre el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado en junio, refirió que este tuvo algunas deficiencias, tales como la no especificación de los litros de alcohol a requerir o las unidades de mascarillas.
Asimismo, denunció que la gestión municipal tampoco cumplió con entregar todos los implementos estipulados en el plan (mascarillas de tela y quirúrgicas, respiradores, caretas faciales y gafas de protección), toda vez que solo se han distribuido las mascarillas descartables.
"He tocado las puertas una empresa privada que nos ha donado mascarillas KN95, porque la municipalidad solo nos ha dado las descartables y el alcalde, al tomar conocimiento de esto, me llamó limosnero. ¿En qué le afecta? A la comuna no le cuesta y no estamos para rechazar este tipo de ayuda", aseguró.
PROMESAS INCUMPLIDAS
Por otro lado, Cardozo Mateo señaló que Wilder Guevara anunció que una vez levantado el aislamiento se pondría operativo el Centro de Seguridad Ciudadana, pero este no funciona hasta la fecha y al personal de serenazgo tampoco se le ha capacitado. La inversión del proyecto supera los ocho millones de soles.
Asimismo, cuestionó que el proyecto para dotar de agua potable a los pueblos jóvenes Señor de la Misericordia, Ampliación Santa Lucía, El Nazareno y Nuevo Horizonte, el cual está valorizado en más de tres millones de soles, no sea una realidad, pues ha sido convocado a licitación por segunda vez, pese a que los comités de los pueblos ya le habían entregado al burgomaestre toda la documentación necesaria.
"Le hemos pedido al alcalde que actualice el catastro, que baje el porcentaje que se lleva el Servicio de Administración Tributaria - SAT (10 %), que los trabajadores nombrados pasen como recaudadores al SAT, pero no hemos sido escuchados. ¿De qué me sirve hablar con una persona a la que se le hace sugerencias y no las toma en cuenta?", reflexionó.
Indicó que la alta rotación de funcionarios en la comuna leonardina persiste, siendo el gerente de Administración y Finanzas el último en renunciar.
Finalmente, señaló que extraoficialmente han tomado conocimiento de que el Mercado Moshoqueque podría ser cerrado la próxima semana, pues los comerciantes ambulantes que abarrotan los alrededores han dado positivo al Covid-19.
+ NOTICIAS:
La emergencia sanitaria por el Covid-19 ha ocasionado que las empresas reanuden sus actividades de forma progresiva, según las fases de la reactivación económica. Ello ha provocado un impacto negativo en la recaudación tributaria que, según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT, fue del -20.6 % a nivel nacional en julio pasado.
Según detalló la gerente general del Estudio Contable y Tributario Reynoso, y también vicepresidente del Comité de Asuntos Tributarios de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, María Astrid Reynoso de Vargas, la caída en los tributos internos en dicho mes fue del 21.1 % y en externos del 21.3 %.
Explicó que esto se debe a que el estado no ha recaudado lo acostumbrado por concepto de Impuesto a la Renta, ya que a través del Decreto Legislativo N° 1471 se estableció que los empresarios podrían suspender dicho pago de abril a julio.
"Con este decreto lo único que debían demostrar los empresarios era que sus ingresos habían disminuido en relación al 2019. Hemos tenido en estos siete meses empresas que prácticamente no han realizado actividades, porque hasta junio solo operaron aquellas que se consideraban esenciales", mencionó.
Añadió como causal de este impacto el que también se haya reducido el coeficiente del Impuesto a la Renta de 1.5 % anual al 0.58 %.
Asimismo, indicó que el Impuesto General a las Ventas – IGV, también disminuyó, pues se impuso prórrogas para la presentación de las declaraciones juradas. Si bien los grandes contribuyentes (los que pasan las cinco mil Unidades Impositivas Tributarias - UIT) no se vieron beneficiados con este aplazamiento, básicamente las empresas que se mantuvieron en actividad durante los primeros meses de la actual emergencia sanitaria fueron las agroexportadoras, cuyas ventas no están gravadas con el IGV.
"El espíritu del gobierno fue que las empresas que se dedican a actividades esenciales siguieran generando recursos, pues de la actividad económica se obtiene el PBI y eso marca la economía nacional. Del mismo modo, siguieron laborando quienes se dedican a la comercialización de víveres. Ellos sí pagan IGV, pero también les alcanzó la prórroga. Por todo esto nuestra caja fiscal se vio reducida", manifestó.
INFORMACIÓN
Por otro lado, indicó que la SUNAT sacó hace poco una alerta informando sobre la realización de fiscalizaciones electrónicas, para lo cual la entidad tributaria está recabando información de las plataformas bancarias, a fin de detectar los negocios que han tenido movimientos en sus cuentas y no han declarado impuestos.
"Hay muchas personas que se quedaron desempleadas y comenzaron a trabajar por su cuenta. Muchos venden mascarillas, mamelucos y para eso no usan solo las plataformas virtuales, sino que, como nadie quiere recibir dinero en mano, realizan las transferencias bancarias. Entonces la SUNAT los va a identificar y les hará llegar una carta inductiva en la cual les indicará que tienen el reporte de sus movimientos sin declarar, con el fin de que se formalicen", explicó.
Asimismo, detalló que algunas empresas que se acogieron a la suspensión perfecta han seguido trabajando por servicio a domicilio y, bajo la premisa de estar sujetos a dicho régimen, no han emitido comprobantes de pago. Estas organizaciones también serán notificadas por SUNAT.
COMPROBANTES
En tanto, la especialista anotó que no emitir comprobantes de pago puede configurar evasión tributaria, por más que la coyuntura que se viva sea de pandemia.
"La SUNAT cuando fiscaliza puede determinar una acotación ‘en base cierta’, es decir, que según la información hallada en los libros contables hubo errores que produjeron una declaración errónea, pero también puede hacer una determinación ‘en base presunta’, lo cual ocurre cuando halla una configuración de varios elementos que determinan evasión por parte de la empresa. La SUNAT incluso presume que esta actividad se hizo a lo largo de todo el año", apuntó.
Por otro lado, destacó que durante el período de cuarentena el gobierno permitió que las empresas dispongan de su fondo de detracciones en dos oportunidades, pero esto ya no se puede realizar actualmente, por lo cual quienes deseen recurrir a este fondo deberán esperar a las fechas previstas por norma (enero, abril, junio y septiembre).
El contralor general Nelson Shack manifestó que es el momento para que en el país se emita un marco legal que regule claramente la ejecución de los convenios de Estado a Estado, toda vez que se han anunciado nuevos contratos bajo esta modalidad y solo existe un artículo en la Ley de Contrataciones referido a este tema.
“Cada vez se están generando nuevos convenios y creemos que es necesario que se emita una ley que la regule y establezca cuál será el procedimiento del control para este tipo de inversiones”, expresó el contralor Nelson Shack Yalta ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso.
Si bien anotó que los convenios de Estado a Estado son una de las tantas modalidades que existen para realizar contrataciones de servicios u obras públicas, no está definido el acceso de la Contraloría General para que efectúe su función de control gubernamental al gasto público. Al mismo tiempo, anotó que “la falta de transparencia y rendición de cuentas, en esta materia, afecta el trabajo de la CGR y la posibilidad de conocer la real ejecución de las obras”.
En junio de este año se suscribió convenio con Francia para la ejecución de obras en el Hospital Lorena del Cusco, y con el Reino Unido para la reconstrucción del norte. Se ha anunciado la suscripción de próximos contratos de Estado a Estado en el caso de la construcción de las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima, así como la Carretera Central.
Proyecto de ley
En ese sentido, el contralor general adelantó que presentará un proyecto de ley para formalizar los procesos de control gubernamental en dicha modalidad de contrato, con el propósito que la Contraloría General pueda emitir un informe previo con carácter vinculante antes de la suscripción de los convenios.
Dicha propuesta también planteará el acompañamiento del control concurrente, permitir el acceso a la información para la realización de acciones de control, e incluir una cláusula anticorrupción en el contrato o convenio de manera obligatoria que permita la participación del máximo organismo fiscalizador del país.
Indicó que en el caso de los Juegos Panamericanos, cuyas obras se ejecutaron por medio de un convenio entre el país y el gobierno del Reino Unido, los beneficios del control concurrente fueron significativos para alertar oportunamente sobre hechos que podían afectar la finalidad pública y que sean corregidos oportunamente, pero dicha participación fue gracias a un acuerdo entre la Contraloría General, la unidad ejecutora de la obra y los funcionarios y representantes del gobierno británico.
Cuenta General
De otro lado, el contralor general presentó los resultados a la Cuenta General de la República correspondiente al 2019, tras analizar información de una muestra de dos mil 430 entidades públicas integradas del universo total de dos mil 503.
Señaló que el dictamen referido a los Estados Financieros y Estados Presupuestarios es con “Abstención de opinión”, debido a que la Contraloría no tuvo el acceso suficiente y apropiado para evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de la actuación de las entidades públicas en el ejercicio fiscal.
Explicó que en el caso de los Estados Financieros, no se obtuvo principalmente evidencia que permita emitir opinión sobre la razonabilidad de diversas cuentas del activo por un importe de 18 mil 629 millones de soles, por diversas limitaciones, falta de acceso a la información por el principio de reserva tributaria, incertidumbre de valor por deterior de activos fijos, falta de soporte documentario en cuentas por cobrar de años anteriores y obras culminadas en uso sin liquidación y saneamiento físico legal, situación que se vio afectada también por la pandemia del Covid-19.
También informó que se identificó que diversas cuentas se encuentran sobreestimadas y subestimadas por 70 millones de soles y mil 791 millones, respectivamente. Tampoco se integró a 43 sociedades de beneficencia que al 31 de diciembre de 2017 contaban con un activo de nueve mil 65 millones, y un pasivo y patrimonio por 79 millones y ocho mil 985 millones, respectivamente, debido a que, si bien reciben recursos del Estado, no son consideradas como entidades públicas, según el Decreto Legislativo N° 1411.
En el caso de los Estados Presupuestarios, se determinó la falta de evidencia suficiente y apropiada para analizar el importe de cuatro mil 69 millones, relacionados a limitaciones en partidas presupuestarias de ingresos, entre otras situaciones.
Asimismo, señaló que debido a la pandemia Covid-19, se retrasó la ejecución y emisión de dictámenes de auditoría a los estados financieros y los estados presupuestarios que aún están en ejecución.
Para el caso de los estados de Tesorería y los estados de la Deuda Pública, se emitió dictamen Limpio, es decir, que dichos estados han sido preparados y presentados razonablemente en todos los aspectos, conforme a la información financiera aplicable.
A fin de superar las situaciones advertidas, se emitieron recomendaciones, como por ejemplo al MEF, para que impulse el seguimiento a la ejecución y programación de recursos de inversiones públicas a fin de mantener actualizada la información del aplicativo informático SSI.
También que el Ejecutivo disponga que la Dirección General de Contabilidad Pública emita lineamientos que permita que los Pliegos registren en su rendición de cuentas, aspectos relacionados con las Controversias Internacionales de Inversión a cargo de esos pliegos y cuya representación la ejerce la Comisión Especial encargada de la Representación del Estado en Controversias Internacionales de Inversión -CEERECII.
El Decano del Colegio de Sociólogos de Lambayeque, Juan Diego Dávila Cisneros, analiza lo sucedido en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo – UNPRG, de la cual es docente, tras el no licenciamiento institucional.
A decir de Dávila Cisneros, parte de la responsabilidad del revés sufrido por la UNPRG recae en la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria – SUNEDU, pues esta dio por válido el proceso eleccionario que llevó a Jorge Oliva Núñez y compañía al rectorado de la casa de estudios.
“La responsabilidad inicia en la misma SUNEDU por reconocer unas elecciones que no tenían el porcentaje dispuesto por la Ley Universitaria. Desde ahí el proceso inició mal. Se hicieron denuncias probadas en las que se señaló, porque había evidencia, que en las elecciones no participó el 60 % de docentes ni el 40 % de alumnos. Ese fue el primer escollo que tuvimos”, reflexiona el también investigador adscrito al Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de la Calidad Educativa – SINEACE.
Dávila Cisneros señala que las actuales autoridades de la UNPRG han dirigido a la universidad durante tres años y medio sin órganos de gobierno; es decir, sin consejos de facultad, Asamblea Universitaria ni Consejo Universitario, lo que prácticamente configuró en una dictadura.
“Si han gobernado tres años y medio a solas, pudieron realizar los cambios necesarios para lograr el ansiado licenciamiento y eso, desgraciadamente, no se hizo”, anota.
DOCENTES
Empero, señala que la responsabilidad de lo sucedido va más allá e involucra al cuerpo docente, parte del cual – precisa – fue indiferente al proceso de licenciamiento.
“Pero la culpa no es solo de las autoridades, sino también de los docentes y yo debo hacer un mea culpa por eso. Nosotros, en algunos casos, dejamos de cumplir algunas cosas que teníamos que realizar. Tal vez, lo que pasó fue la falta de una comunicación más fluida, más directa”, indica.
Refiere que los docentes son profesionales a los que no se les puede únicamente imponer, sino que les debe explicar por qué es necesario realizar tal o cual cambio.
“Faltó comunicación horizontal, de tal manera que lo que se requería no sea visto o asumido como algo impuesto. Además, faltó capacidad de convocatoria. Se debió dar un proceso, al menos en el Comité de Calidad, en el que participe por lo menos un representante por cada facultad o escuela. Es muy difícil que tres o cuatro personas comuniquen a 700 profesores y 900 administrativos todo lo que había por hacer. Recién en los últimos meses se quiso hacer eso, pero ya era tarde”, menciona.
INDIFERENCIA
Anota que lo otro que sucedió fue un mal entendimiento del licenciamiento. Indica que muchos docentes pensaban que por ser la Universidad Pedro Ruiz Gallo, la emblemática del norte peruano, se les iba a dar el licenciamiento sí o sí.
“Conversaba con algunos colegas que decían que la universidad se iba a licenciar sin mayor esfuerzo. Mis colegas decían: “¿Cómo no van a licenciar a la Pedro Ruiz Gallo, la Pedro es la Pedro? Si no nos licencian será para que se arme un problema social, los alumnos salgan, la comunidad salga…”. Yo tengo la lectura de que cuando llegaba la SUNEDU los estudiantes estaban felices, porque veían que la universidad cambiaba al menos dos o tres días”, afirma.
Añade que “sigue siendo triste que algunos piensen que las observaciones que hay que levantar son mínimas”.
“Dicen que se destinarán 12 millones de soles para lograr el licenciamiento, pero nadie dice de dónde los van a sacar. Las observaciones no son solo de papeles, sino de implementar los papeles que se hagan. Si seguimos pensando que es algo mínimo lo que tenemos que hacer, desgraciadamente no lograremos nada”, enfatiza.
AFECTACIÓN
Juan Diego Dávila agrega que los afectados no son los miles de estudiantes actuales ni los cientos de egresados, pues en determinado momento la universidad pública se va a licenciar, los estudiantes de ahora seguirán estudiando y recibiendo sus grados.
“El problema es que no habrá exámenes de admisión. A la Pedro postulan seis mil jóvenes por proceso, que al año suman 12 mil. ¿A dónde se irán esos 12 mil aspirantes a la educación universitaria si estamos impedidos de realizar exámenes de admisión? La universidad pública tiene un rol social que solo se puede cumplir con el aporte que todos los ciudadanos realizan con sus impuestos al Estado. Mientras la universidad no pueda realizar procesos de admisión, no podrá cumplir con el encargo social”, comenta.
Finalmente, refiere que se espera que el Ministerio de Educación otorgue la asistencia técnica necesaria para lograr el licenciamiento.
“La idea debe ser que el próximo año logremos sí o sí el licenciamiento”, finaliza.
La tercera fase de la reactivación económica permitió liberar casi la totalidad de actividades que se mantenían paralizadas por la emergencia sanitaria. Sin embargo, las pérdidas siguen siendo cuantiosas. Según las estimaciones de la centenaria Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque - CCPL, estas superarían los mil 500 millones de soles en el departamento.
El presidente del gremio empresarial, Carlos Burgos Montenegro, explicó que dicha cifra es producto del promedio estimado de 18 mil empresas, adscritas como no adscritas a la CCPL, de los distintos rubros, que se vieron afectadas por la emergencia sanitaria.
Asimismo, señaló que se vieron afectados 200 mil puestos de trabajo, aunque iniciativas como la apertura del Mall Aventura Plaza, que generará ocho mil empleos; las obras regionales y municipales, y las de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, permitirán paliar esta situación. Sin embargo, refirió que debe existir un trinomio entre municipalidades, entes fiscalizadores (Contraloría) y gremios profesionales, a fin de que se asegure la eficiencia en las obras.
Añadió que a nivel nacional 20 mil micro y pequeños empresarios ligados al sector el turismo se vieron afectados, de los cuales mil 200 son de Lambayeque. En virtud de ello, aseguró que como CCPL han solicitado que se haga pública la lista de beneficiarios del Fondo de Apoyo Empresarial - FAE Turismo, antes de que se haga efectivo el préstamo, a fin de que nadie se vea excluido del beneficio.
“Hago un llamado a todos los empresarios para que se formalicen. En la Cámara de Comercio contamos con un área tecnológica en nuestra nueva sede, donde los empresarios pueden hacer conocidas sus empresas en plataformas virtuales. La ayuda se les brinda tanto a los socios como a los no asociados”, aseguró.
INVERSIONES
En tanto, manifestó que tampoco puede avanzar la reactivación económica si esta no va enlazada con la contención de la emergencia sanitaria. Para Burgos Montenegro debe haber un binomio entre ambos temas, por lo cual saludó que se haya priorizado la ejecución del nuevo hospital de EsSalud en la carretera Chiclayo - Pomalca y que se esté voceando también la construcción del nuevo Hospital Naylamp.
Destacó que Lambayeque es el foco ideal para las inversiones, pues cuenta con cinco accesos de entrada y salida a Cajamarca, nexo directo con Amazonas, conexión por la carretera marginal de la selva con San Martín y enlace vía el Río Marañón con Iquitos, lo cual dota al departamento en un potencial enorme.
"Nuestros hermanos de Jaén, San Ignacio, Bagua y Chachapoyas cuando ven que sus ciudades no responden en cuanto a capacidad hospitalaria piensan en Chiclayo, por eso las ambulancias han estado yendo y viniendo acá, lo mismo que los vehículos particulares con gente trayendo a sus seres queridos para ser atendidos en Lambayeque. Si bien tenemos un hospital de talla nacional, como es el Almanzor Aguinaga Asenjo, este no es suficiente", aseguró.
PUERTO ETEN
En tanto, hizo hincapié en el desarrollo del Terminal Marítimo de Puerto Eten y las obras complementarias como el Plan Hidráulico. Sobre este punto, refirió que sostienen reuniones con PROMPERÚ, pues empresarios de Asia y Europa tienen especial interés en ejecutar inversiones en Lambayeque.
"Lambayeque es el primer aportante de exportaciones en Piura, porque actualmente se usa el Puerto de Paita. Nosotros necesitamos un puerto de talla mundial. En Brasil ven esto con buenos ojos porque a través de Puerto Eten podrían conectarse con Asia sin dar la vuelta por Panamá", destacó.
Exhortó a los congresistas por Lambayeque, especialmente a Humberto Acuña Peralta, quien preside la Comisión de Presupuesto, a tener en cuenta esta emblemática obra en el Presupuesto General de la República para el próximo año. “Necesitamos decisión política. Hace tres años hubo un grupo coreano interesado en la ejecución del terminal, pero se le puso una serie de obstáculos”, concluyó.
La crisis continúa en el Colegio de Abogados de Lambayeque. Con una polémica resolución, el Tribunal de Honor ha confirmado la sanción de dos años de inhabilitación para el ejercicio de la profesión al abogado Tito Esteves Torres, la misma que ya fue notificada por el Poder Judicial a todos sus órganos jurisdiccionales. Sin embargo, la medida resultaría viciosa debido a que la conformación de dicho ente deontológico se dio sin respetar lo que señala el estatuto de la orden profesional.
El presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Óscar Burga Zamora, emitió el Oficio Circular â„– 031-2020, del 2 de septiembre, con el cual comunica a los jueces superiores, especializados y de Paz Letrado, que el abogado Tito Esteves Torres se encuentra suspendido para el ejercicio de la profesión por dos años, período que se contabiliza desde el 17 de agosto de este año y finaliza en el 2022.
El documento lleva adjunta la Resolución â„– 12 del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Lambayeque, suscrita el 10 de agosto pasado por su presidente, José Isaac Sánchez Millones, confirmando una decisión del Comité de Ética, dada en noviembre del año pasado.
La resolución también lleva la firma de los abogados José Pérez Fernández, José López Díaz y Carlos Díaz Pisfil.
Sin embargo, existen cuestionamientos a la actuación del Comité de Ética y del Tribunal de Honor del ICAL, pues su confirmación se dio en contra de lo señalado por el estatuto de la orden profesional, en tanto que el ejercicio de funciones de las actuales autoridades del colegio también sería irregular, esto tras la vacancia de José María Balcázar Zelada como decano, en agosto 2019.
LA QUEJA
“En las elecciones del 2018 fui elegido como integrante de la Asamblea de Delegados del colegio, que por el estatuto es un órgano superior al Consejo Directivo. Sin embargo, desde el primer momento en que el señor Balcázar Zelada asumió el decanato no quiso ningún tipo de fiscalización, ni de su consejo ni de la asamblea. Le exigió al Comité Electoral que no instale a la asamblea. El estatuto mandaba que en marzo del 2019 el señor Balcázar debía convocar a una asamblea general, lo cual nunca sucedió. Nos vimos obligados a recurrir a la vía judicial, decisión que hasta ahora no se emite. Junto a la mayoría de los integrantes del Consejo Directivo hemos venido cuestionando la manera en la que se ha conducido el colegio, lo que dio motivo a que se tome como pretexto una queja realizada por una fiscal del distrito de La Victoria en mi contra, por una publicación realizada en redes sociales, lo que dio motivo a que se inicie un proceso administrativo disciplinario, que ha dado como resultado la sanción que se me ha impuesto”, comenta Tito Esteves.
El abogado refiere que otra muestra de la presunta “actitud vengativa” de Balcázar Zelada en su contra fue lo sucedido el diciembre del año pasado, cuando se presentó como postulante a la Junta Nacional de Justicia – JNJ.
“Había pasado todas las etapas del concurso para integrar la Junta Nacional de Justicia, pero el 28 de diciembre del año pasado, sin haberme notificado previamente, remitió la resolución del Comité de Ética que me suspendía por dos años para ejercer como abogado, lo que me impidió continuar en el proceso de selección. Ahora, con el Tribunal de Honor, que maneja a su antojo, no solo me impide ejercer mi profesión, sino también que pueda postular al decanato del colegio”, asevera.
CONFORMACIÓN
Tito Esteves y el abogado Yuri Díaz Jaime, elegido vicedecano del colegio en las elecciones del 2018, coindicen en que la conformación de los órganos deontológicos de la orden profesional fue irregular, pues no se respetó lo señalado en el estatuto.
Esa es una de las varias razones por las que el Consejo Directivo en mayoría aprobó, en agosto del año pasado, vacar a Balcázar Zelada del cargo de decano, quien por su parte hizo lo propio con los directivos, conformando un nuevo consejo que no ha podido inscribir en Registro Públicos.
“Cuando se produce una vacancia, dice el estatuto, es la Asamblea de Delegados la que debe recomponer el Consejo Directivo. Sin embargo, este señor ha integrado su propio consejo con personajes que nunca fueron elegidos por el ente correspondiente. De igual forma designó a dedo al Comité de Ética y al Tribunal de Honor, entes que maneja a su antojo para sancionar a todos los opositores a su comportamiento en el colegio”, señala Esteves Torres.
Díaz Jaime explica que el Comité de Ética debe ser designado por el Consejo Directivo en pleno, no por quien ejerce el cargo de decano. No existe la decisión unilateral, de acuerdo a lo que norma el estatuto.
“Tanto el Comité como el Tribunal fueron designados de manera ilegal, arbitraria y contra lo que señala el estatuto. El Comité de Ética es conformado por el Consejo Directivo recibiendo las propuestas de abogados idóneos, en tanto el Tribunal de Honor siempre se ha estilado que se conforme por past decanos o personalidades jurídicas de trayectoria intachable. ¿Saben quién integra el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados? Un abogado que en su momento fue denunciado por tocamientos indebidos a una menor de edad. Ese es el círculo de amigos de José María Balcázar Zelada”, afirma Díaz Jaime.
DEFENSA DE DERECHOS
Ante la sanción confirmada por el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Lambayeque, Tito Esteves refiere que acudirá al Poder Judicial en salvaguarda de sus derechos.
“La actitud del señor Balcázar es una venganza por los cuestionamientos que hemos venido realizando a sus manejos en el colegio. Otro ejemplo negativo de lo que sucede es la presencia del actual gerente general, el señor Odar Cornejo Custodio, quien ha sido sancionado por la Corte Suprema con una multa de cuatro UIT. ¿Por qué no lo sanciona el Comité de Ética? Hay otros letrados que han sido sentenciados por el Poder Judicial, sin embargo ahí no se hace nada”, denuncia Tito Esteves.
“Tengo que recurrir al Poder Judicial para hacer valer mis derechos, porque tanto el Comité de Ética y el Tribunal de Honor fueron elegidos a dedo. Existe el acta de la directora secretaria del Consejo Directivo válido que señala que nunca hubo acuerdo de este para conformar ambos órganos. Yo tengo la seguridad que Poder Judicial va a rectificar las irregularidades cometidas por el señor Balcázar Zelada y compañía”, añade el letrado.
FALSAS ELECCIONES
Tras los cuestionamientos a su accionar en el colegio, Balcázar Zelada publicó un comunicado en un diario nacional, con recursos de la institución, anunciando el recorte del período de gestión y convocando a elecciones para el 29 de agosto. Sin embargo, dicho proceso no se ha realizado.
“Ese comunicado lo hizo para congraciarse con los abogados hartos de sus malos manejos. El señor Balcázar crea historias y en su mitomanía dijo lo de las elecciones para salir del paso. El señor Balcázar no va a dejar el cargo así nomás. Ahora ha sacado un comunicado diciendo que por la situación de emergencia en la que nos encontramos probablemente no haya elecciones”, manifiesta Díaz Jaime.
Legalmente, el período para el que fue elegido José María Balcázar fenece en diciembre de este año, mes en el que se debería convocarse a elecciones para la renovación del Consejo Directivo.
“Lo que hace este señor no es solo contra el colegio, son ilícitos. ¿Cómo es posible que en sus cuentas personales reciba dinero del colegio? ¿En una cuenta a su nombre recibe el dinero de las colegiaturas? ¿Cómo es posible que el Ministerio Público archive una denuncia en su contra por fraude en la administración de personas jurídicas, cuando se ha demostrado la comisión de ilícitos?”, cuestiona el vicedecano.
La situación del presidente de la república, Martín Vizcarra Cornejo, se torna complicada debido a la difusión de audios en los que presuntamente se le oye coordinar una estrategia con sus colaboradores más cercanos para responder a la investigación por el caso "Richard Swing".
El jueves, el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, Edgar Alarcón, presentó ante el pleno, con anuencia de la presidencia de este poder del Estado, tres audios relacionados al caso "Richard Swing". Uno de ellos tendría como interlocutor al presidente Martín Vizcarra Cornejo.
El primer audio se trataría de una conversación entre Vizcarra, la secretaria general de Palacio de Gobierno, Miriam Morales, y la asistente personal del mandatario, Karen Roca, en el que supuestamente coordinan una estrategia frente a la investigación por el caso "Richard Swing".
El segundo audio se trataría de una conversación entre Karen Roca y la funcionaria de Palacio de Gobierno, en tanto el tercer audio sería una conversación entre Roca y Richard Cisneros, personaje que da nombre al caso en investigación, quien se benefició con contrataciones irregulares del Ministerio de Cultura.
El miércoles, en conferencia de prensa, el mandatario de la nación dijo que respondería las preguntas de la Comisión de Fiscalización por escrito, luego que el presidente de este grupo de trabajo señaló que requerirían su presencia.
La Contraloría General de la República ha establecido que las contrataciones de Richard Cisneros en el Ministerio de Cultura fueron irregulares. Cisneros habría sido colaborador de Vizcarra desde la campaña electoral del 2016.
RUMOR DE VACANCIA
Tan pronto se conocieron los audios, varios parlamentarios empezaron a barajar la posibilidad de que se presente un pedido de vacancia contra Vizcarra Cornejo invocando la incapacidad moral.
Al respecto, el expresidente del Tribunal Constitucional Óscar Urviola ha señalado que es muy apresurado hablar de vacancia, sin que se haya sometido a peritaje los audios y corroborado los hechos.
Merino de Lama convocó a Junta de Portavoces y declaró al Parlamento en sesión permanente, a fin de evaluar cuál sería la actuación del Congreso frente los hechos expuestos. También pidió a la Comisión de Fiscalización que levante la reserva de los audios para que se conozca la totalidad del contenido.
EL CASO "SWING"
Richard Cisneros, conocido como ‘Richard Swing’, fue contratado el 24 de abril de este año por el Ministerio de Cultura para la realización de charlas virtuales para los trabajadores del sector.
"Swing tenía como plazo 45 días para concretar esta tarea, que comprendía brindar varias charlas. Por la primera recibió, por ejemplo, S/10.000 en plena cuarentena obligatoria por la pandemia del coronavirus (COVID-19)", según precisó el Ministerio Público, de acuerdo a lo publicado por El Comercio.
El contrato de Cisneros fue dejado sin efecto el 21 de mayo, tres días después de que “Magaly TV, la firme” revelara que el cantante recibiría S/30.000 por las charlas. El mismo programa también informó que Cisneros habría realizado diferentes trabajos para la institución, desde que comenzó el gobierno de Martín Vizcarra en marzo de 2018, para el Ministerio de Cultura por más de S/175.000.
El Ministerio Público, la contraloría y el Parlamento, a través de la Comisión de Fiscalización, iniciaron casi al mismo tiempo investigaciones sobre los contratos a Richard Swing. Y el 1 de junio, personal de la Primera Fiscalía Anticorrupción, que dirige Janny Sánchez-Porturas, intervino las oficinas administrativas de Palacio de Gobierno para recabar información pública sobre visitas y otros documentos relacionados al cantante.
A inicios de setiembre, se conocieron los detalles del informe de control que emitió la Contraloría, a fines de agosto. Este documento indica que 16 funcionarios del Ministerio de Cultura tendrían responsabilidad penal por los contratos del cantante Richard Swing, que ascendieron a más de S/155.000, entre el 2018 y 2020.
