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El 1 de agosto el representante de la Presidencia del Consejo de Ministros - PCM, Francisco Vizconde Meléndez, y el prefecto del departamento de Lambayeque, Gustavo González Reque, se reunirán nuevamente con los dirigentes de la Empresa Agroindustrial Tumán, a fin buscar soluciones a los diferentes problemas internos que afectan a esta.
En la primera reunión que se realizó en la sede de la Prefectura, en la ciudad de Chiclayo, los dirigentes no acordaron ningún tema de debate, ya que los representantes de las dirigencias se dedicaron más a discutir que a buscar soluciones a los problemas que aquejan a la mencionada empresa.
DENUNCIAS
El presidente de la Asociación de Accionistas y Trabajadores para la Concertación Empresarial de Tumán y Anexos - ASCETA, Leoncio Egúsquiza Sánchez, manifestó que con el propósito de solucionar los problemas que atraviesa la Empresa Agroindustrial Tumán, junto a su sindicato se reunió dos veces, en el 2017, con representantes de la PCM en la ciudad de Lima, donde expusieron los problemas que se suscitaban en el distrito azucarero.
Durante la reunión acordaron que en noviembre del mismo año se establecería una mesa de diálogo con las autoridades locales para solucionar los problemas y darle tranquilidad laboral a los tumaneños, pero como los funcionarios fueron cambiados ese acuerdo nunca se concretó.
A pesar de las adversidades, dijo que su organización ha demostrado la voluntad del diálogo ante las fuerzas auténticamente democráticas, dando a conocer que ellos quieren el desarrollo, la estabilización y que se acabe “la dictadura prepotente y abusiva que está viviendo Tumán”
Añadió que la población está pasando hambrunas, porque la mencionada empresa tiene una deuda de más de 38 millones de soles con el Estado, con los trabajadores y con terceros. Además, aseguró que se han cometido saqueos por más de 300 millones de soles.
“Durante la reunión que tuve con la PCM en la ciudad de Lima, hice saber los siguientes puntos: que se levante el estado de emergencia, la problemática sobre la deuda, que la empresa vuelva a manos de los trabajadores y que se realice una auditoría por parte de la Contraloría desde el 2015 hasta la fecha”, señaló.
Alejandro Zevallos Gonzales, exadministrador judicial de la Empresa Agroindustrial Tumán, refirió que las denuncias contra las injusticias que se vivían en el distrito azucarero fueron realizadas desde el año 2007 ante el Poder Judicial y el Congreso de la República, “pero nadie hizo justicia con respecto al tema”.
“El Estado tiene que asumir su responsabilidad también con el distrito de Tumán, porque en el año 2009 cuando gobernaba Alan García Pérez se emitió y se aprobó la Ley de Protección Patrimonial que favorecía a la actual administración judicial, denominada como la Ley Oviedo y el Estado la apoyó sin darle justicia a los tumaneños”, refirió.
“El pueblo de Tumán está sin sueldo, nuestros hijos no estudian y el trabajador ha tenido que emigrar a otras ciudades para buscar el sustento de sus familia, todo porque el Estado y el Poder Judicial apoyan a una sola persona sin prevalecer los derechos de los trabajadores tumaneños”, relató.
PROBLEMÁTICA
El secretario general de la Federación de Trabajadores Azucareros, Demetrio Ruiz Ríos, manifestó que entre el 2006 y el 2014, Tumán cumplió con los pagos de los trabajadores y con los pagos de sus tributos. Sin embargo, “unos malos dirigentes, en complicidad de algunos trabajadores, se apoderaron de la empresa e hicieron que esta termine por adeudarse más”.
“Se dice que hubo un recorte de sueldo y el sindicato anterior quedó de brazos cruzados, pero eso es mentira, porque nunca hubo recorte”, explicó.
En abril del 2014, los trabajadores de la Empresa Agroindustrial Tumán ingresaron a una huelga por seis meses. Posteriormente, el 10 de septiembre del 2015 los trabajadores tomaron por asalto la administración de la empresa, sacando a la fuerza a la administración judicial de Segundo Ordinola Zapata. Desde esa fecha, las administraciones que se hicieron cargo de la empresa no pagaron los impuestos ni mucho menos a los trabajadores.
“En el 2017 empezó la desobediencia civil y robaron los cables, transformadores, piñones de la fábrica y se vendieron vehículos en uso como chatarra con el propósito de conseguir dinero. Los administrativos que engañaron a los trabajadores para que nos sacaran a nosotros, son quienes han llevado a la ruina a Tumán, porque ellos no han pagado sus impuestos a la SUNAT, no cumplieron con los pagos a la AFP, al seguro social ni mucho menos a los trabajadores”, narró.
LEY PATRIMONIAL
Respecto a la Ley de Protección Patrimonial, aseguró que es falso que dicha ley haya favorecido a una sola persona, ya que la acumulación de deudas que tenía Tumán con la SUNAT hizo que el gobierno de Alán García ordenara la intangibilidad de las cuentas de la empresa, que luego inició un proceso concursal ante el INDECOPI.
“En Tumán se dio una protección patrimonial con parámetros y producto de ella, desde el 2011 al 2015, se pagaron 58 millones de soles. En el 2015 hasta la fecha las administraciones que estuvieron cargo de la empresa no pagaron nada, esa protección patrimonial la perdimos y la deuda ha aumentado”, aclaró.
Durante la reunión no estuvieron presentes los integrantes del directorio del ingenio azucarero, el cual desempeña funciones amparado por el Séptimo Juzgado Civil de Chiclayo.
PCM
El representante de la PCM en Lambayeque, Francisco Vizconde Meléndez, narró que la reunión se realizó para saber cuáles fueron las causas que llevaron a la ruina a la empresa azucarera y cuáles son las medidas que se deben tomar.
“Esperemos que en la próxima reunión los dirigentes se dediquen a dialogar y dar soluciones para la empresa, porque eso es importante para ellos y para todos los tumaneños”, declaró.
En la cercana cita deben estar presentes los sectores nacionales y regionales del Estado, ya que ellos son los únicos involucrados en dar acreditaciones a los diversos tipos de problemas.
“Esperamos contar con la presencia de un representante del Ministerio de Agricultura, del Ministerio Público, de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, del INDECOPI, del Ministerio del Interior, de la Autoridad Nacional del Agua - ANA, de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT, entre otras”, indicó.
PREFECTO
El prefecto de Lambayeque, Gustavo González Reque, dijo que la problemática ya es conocido, es por eso que en la próxima reunión los dirigentes tienen que llegar con propuestas de solución que ayuden a sacar adelante a la empresa azucarera, ya que los beneficiarios serán los propios tumaneños.
“El presidente de la República tiene dentro de sus prioridades atender las demandas sociales, pero dentro del diálogo, porque nadie quiere que haya estado de emergencia”, manifestó.
CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN
El Cuarto Juzgado Civil de Chiclayo, que despacha el juez Héctor Conteña Vizcarra, mediante Resolución N° 93, declaró nula la diligencia de reposición en el cargo de Jorge Ricardo Rodríguez Gálvez como gerente de la Empresa Agroindustrial Tumán.
La diligencia a cargo del secretario judicial José Luis Zumarán Cruzado fue anulada debido a que la diligencia no se entendió con la administración judicial vigente, sino con un tercero sin facultades para reponer en el cargo al ex trabajador Rodríguez Gálvez.
La actual administración judicial es quien ejerce la representación legal de la empresa y con esta debe realizarse la diligencia para disponer luego lo conveniente respecto al extrabajador. Sin embargo, no se cumplió con lo ordenado por el juzgado, siendo causal de nulidad de todo lo actuado.
La negligencia cometida por el secretario judicial José Luis Zumarán Cruzado al efectuarla con una persona no acreditada constituye una falta grave por lo que se indica remitir las copias de los actuados pertinentes a la ODECMA para iniciar el proceso disciplinario y también se ofició al presidente de la Corte Superior de Lambayeque, Aldo Zapata López, para que ordene dar trámite al cambio del secretario.
La falta de abastecimiento de agua clorada en la zona rural ocasiona problemas sanitarios como parasitosis y desnutrición, sobre todo en gestantes y niños, pese a que el 62.4 % de hogares tiene acceso a la red pública de saneamiento. Hace un año la situación empezó a cambiar con la acción articulada de autoridades locales, regionales y agentes de Salud y Educación.
Desde el 2017, el programa Vivienda Saludable “Consume Agua Potable” del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, trabaja transversalmente con el Gobierno Regional de Lambayeque, las gerencias de Salud y Educación, las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento - JASS y los gobiernos locales. Al respecto, el gerente ejecutivo de Vivienda y Saneamiento, Julio Huertas Ciurlizza, manifiesta que con ello se busca mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y que la ejecución es satisfactoria en todas las zonas rurales del departamento.
“La idea es que no se vuelvan a cometer los errores previos al Fenómeno El Niño 2017, cuando la población malgastaba el agua en hechos como lavar sus vehículos o colmar de agua sus jardines. Si bien el recurso no era potable, su cuidado va más allá de eso pues disminuye el abastecimiento para consumo humano”, explica Huertas Ciurlizza.
CONTEXTO DEL PROGRAMA
Básicamente, este proyecto consiste en la instalación de cien bombas dosificadoras para la cloración del agua presente en pozos y tanques.
La mayoría de zonas rurales de las tres provincias cuenta con el servicio del líquido vital, pero no es de calidad, dejando de ser apta para el consumo humano. Sin embargo, este año un promedio del 25 % de los centros poblados ya tiene agua clorada y la meta a final del 2018 es de 40 %, con una inversión de medio millón de soles que beneficiará a más de 200 mil habitantes. El precio por la asignación del servicio varía entre seis y ocho soles que a mediano plazo resulta económico para las familias. El dinero es recaudado por las JASS.
“Luego de tres años de gestión por fin se ha logrado coordinar con las mil 500 JASS del departamento para concientizar a la población de los 38 distritos. Constantemente nos comunicamos con las áreas técnicas municipales para hacer seguimiento de la correcta ejecución del proyecto. Es complicado conseguir esto, pero el compromiso que han mostrado las instituciones involucradas han sido vitales para lograr el objetivo que beneficia aún más a los habitantes”, detalla el funcionario.
PROYECTO SOSTENIBLE
El año pasado Lambayeque recibió un amplio presupuesto del Plan Integral de Reconstrucción para el sector de vivienda, construcción y saneamiento, generando proyectos como este. Sin embargo, el reto se torna complicado debido a las diversas obras por ejecutar y que a pesar del financiamiento otorgado no cumplen con los objetivos planteados. Actualmente varios trabajos de saneamiento se encuentran paralizados.
“Antes de realizar este plan, se estudió bien la realidad de nuestras zonas rurales y con esto determinamos crear programas de capacitación para los técnicos encargados de la instalación de filtros, a fin que todas las viviendas tengan acceso al sistema de agua clorada. Además, las bombas dosificadoras son de alta calidad lo que nos garantiza que el suministro estará en condiciones óptimas por un buen tiempo”, detalla.
Las JASS y los encargados de las áreas técnicas municipales siguen visitando colegios de inicial y primaria para que los escolares reconozcan y valoren la importancia del agua clorada. En tanto, la gerencia de Salud se encarga de supervisar que cada zona rural cumpla con los parámetros establecidos por las normas sanitarias.
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“Ya perdí la cuenta”, dice entre risas Epifanio Cubas Coronado cuando se le pregunta a cuántas personas le ha encargado la gerencia general del municipio de José Leonardo Ortiz desde que asumió la alcaldía, en enero del 2015. Por de esas designaciones tiene una sentencia en su contra. Afirma que su principal temor es incurrir en hechos de corrupción y que justamente por evitar la tentación de entregar coimas o recibir diezmos es que son mínimas las obras que ha ejecutado en el distrito. Con ese criterio, el principal juicio que le tocará enfrentar será el de la historia.
¿Cuánto del FONCOMUN que recibe la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz se destina al gasto corriente?
El FONCOMUN es de aproximadamente 11 millones y medio de soles en el año. Está de acuerdo a lo establecido en sesión de concejo que el 70 % se asigne al gasto corriente y el 30 % para gastos de infraestructura, pero este año se nos agravó la situación al acogernos a un fraccionamiento para el pago de la deuda municipal, lo cual es beneficioso.
¿A cuánto asciende la deuda municipal?
Son por varios rubros. Tenemos deuda a la ONP, a las AFP y a Essalud. Si el gobierno no da una norma para solamente pagar el capital y no las moras e intereses, no podremos pagar. Nos tenemos que acoger responsablemente al fraccionamiento porque no hay otra manera de solucionar el problema de deuda con estas entidades y con el servidor municipal.
¿Cuál es el monto de la deuda?
Del total de la deuda, que pasaba los 80 millones de soles ha bajado a 27 millones. Eso solamente de lo que es a ONP, AFP y Essalud. Otras deudas son las que existen con los proveedores, con los servidores municipales, por mandatos judiciales y por los pactos colectivos que no se han cumplido en su momento.
¿La partición 70/30 del FONCOUM se respeta todos meses?
No, el año pasado el concejo aprobó, por la urgencia que se tenía por la falta de fondos, destinar el 90 % al gasto corriente y el 10 % a proyectos de inversión.
¿A cuánto asciende la planilla municipal?
A un millón 200 mil soles.
¿Se cubre ese monto con los ingresos municipales?
No se cubre, ni con el FONCOMUN ni con los ingresos municipales. El FONCOMUN fue establecido en el 2007 en función a la cantidad de habitantes que arrojó el censo de ese año, pero en la actualidad ese número de población se ha duplicado y el monto no se ha actualizado. Los ingresos tampoco, porque hay resistencia de la población para tributar.
Si la situación económica municipal es tan grave, ¿cómo entonces su gestión permite que se pierda dinero por el incumplimiento de metas? En nuestra edición anterior hemos informado que de todas las metas del Programa de Incentivos Municipales que la comuna debió lograr en el 2017 se perdió la mayoría. El objetivo era recibir dos millones 400 mil soles, además de bonos, y solo fueron capaces de cumplir metas por 400 mil.
El problema de no poder cumplir todas las metas pasa por la falta de logística. Algunos de los funcionarios pueden trabajar, cumplir, pero en muchas de las metas se requiere de fondos, de economía. Por ejemplo, se pierde una meta por la baja recaudación. Si nosotros recaudáramos más se cumpliría una meta, pero no se puede exigir a la población que tribute si el Estado no nos da proyectos para compensar el pago que realiza la gente.
En cuanto a infraestructura, la mayoría de municipios no cumplimos esa meta porque el problema está en los procedimientos. Estos se observan, pasan al OCSE, pasan los plazos y no se alcanzó la meta.
También hay falta de compromiso de los funcionarios, quienes no hacen lo que les corresponde en los plazos establecidos. Se ha hecho un acuerdo de concejo para que se abra proceso administrativo contra los funcionarios que han incumplido con los plazos y las metas.
A usted le han informado, el 11 de junio pasado, todas las metas que la municipalidad dejó de cumplir y en el documento están quiénes son los funcionarios, pero varios de estos ya están fueran de la gestión. ¿La alta rotación no es un obstáculo para cumplir las metas?
Así trabajen un mes, si en ese plazo les toca cumplir ciertos compromisos con la entidad, deben hacerlo. El tiempo de permanencia no los libra de la responsabilidad.
Algunos funcionarios que se trae o los que están en planta no cumplen con una buena labor. Si el alcalde delega funciones el servidor tiene que cumplir. La Comisión de Procedimiento Administrativo Disciplinario no siempre funciona por falta de compromiso de los servidores y ante ello me he visto en la necesidad de cambiar a las personas.
¿Cuándo se le puede criticar a un alcalde? Cuando a pesar de los cuestionamientos sigue manteniendo a los funcionarios.
De eso, usted ya pasó bastante en el 2017…
Yo en eso sí soy enfático: trabajador o funcionario que no está con los principios bien claros debe irse. Algunos también se van por mejoras o por pagos oportunos, porque no hay que olvidar que una crisis municipal trae como consecuencia que no se paguen los sueldos de manera puntual.
¿El municipio de José Leonardo Ortiz está capturado por los sindicatos? En diciembre del año pasado sus funcionarios, con su gerente general a la cabeza, firmaron un acta de pacto colectivo con los empleados reconociéndoles cosas que resultan insultantes para la ciudadanía. Por ejemplo, que se les dé parte del horario de trabajo para que tomen desayuno en la municipalidad o darle al sindicato tres mil soles para labores de representación o bonos extraordinarios por el Día del Trabajo y el Día del Trabajador Municipal. A la larga esos trabajadores invocarán el incumplimiento del pacto y se incrementará la deuda de la entidad.
Los funcionarios de ese entonces no han sido conscientes de la realidad económica que atraviesa el municipio y aceptaron firmar esa acta. Pero, con nuestros actuales funcionarios estamos evaluando no solo el mal compromiso, sino también la parte resolutiva que da legalidad al acta. Yo no he firmado todavía ninguna resolución.
Es decir, ¿siete meses después de suscrita el acta aún no firma la resolución que valida el pacto colectivo?
No, todavía no he firmado.
¿La gestión va a retroceder en el compromiso asumido con los empleados?
Toda acta pasa por la comisión paritaria y la evaluación de alcaldía y de la gerencia municipal.
Otro de los acuerdos a los que se compromete el municipio es buscar, sanear y donar a nombre del sindicato un terreno para la construcción de vivienda social. ¿Cómo aceptar algo así si existe una investigación fiscal por la apropiación ilegal de un terreno, que también fue dado al sindicato y que luego los dirigentes lo vendieron a terceros? ¿La gestión es coaccionada o manipulada por el sindicato?
Quizá lo hayan logrado con algunos funcionarios, no con mi persona. Yo no tengo ningún compromiso con nadie. Lo que pasa es que a veces, hasta a nivel nacional se da, ciertos funcionarios se coluden con elementos o servidores que pueden afectar a la institución.
¿Eso le ha pasado a su municipio?
Puede que sí. Sí. Se va a evaluar todo eso. Lo que pasa es que también hemos tenido inconvenientes con la Oficina de Procedimientos Administrativos, pues no se ha tenido las medidas de seguridad necesarias. Por ejemplo, no tenemos cámaras que nos permitan controlar quiénes fuerzan las puertas o extravían los expedientes, ni siquiera tenemos micrófonos para las sesiones de concejo.
La manera de solucionar los problemas de esta municipalidad es con la mejora de los ingresos y esa no se va a dar con las formas que se han tenido siempre, sino a través de un órgano independiente para la recaudación tributaria.
Cuya creación ya se aprobó…
Sí, está encaminado y en los próximos días debe iniciarse.
Empezó a jugar los descuentos para el término de su gestión. Usted hizo una buena labor como regidor, pero su desempeño como ejecutor ha sido distinto. ¿Le pesa no haber dado mayores resultados como alcalde?
Como regidor ayudé a denunciar lo que hoy se está destapando en el Estado. Lo mal que se hace antes afecta a lo posterior. Todo este desorden económico y administrativo, como que la municipalidad se haya llenado de personal o no hayan pagado a las aseguradoras, nos ha generado un gran problema.
Lo otro que también existe es que los alcaldes tienen que asumir ciertos compromisos con entidades del Estado para recibir financiamientos.
¿Le han pedido a usted alguna coima en el Ministerio de Economía y Finanzas para entregarle recursos para obras?
No, ya saben con quiénes lo hacen seguramente. Desde que empecé la alcaldía han venido supuestos tramitadores y yo no me he prestado para eso.
¿Eso explica el porqué esta municipalidad ha logrado tan pocos recursos para obras?
No, no es poco.
¿Cuánto ha logrado en tres años y medio de gestión para la ejecución de proyectos?
En cuanto a pistas no se ha conseguido financiamiento, pero sí que el Estado destine el mayor fondo posible para la reconstrucción.
Usted consiguió pavimentar la avenida Sáenz Peña y en pocas semanas estaba destruida…
Por un problema de desagüe.
Que se puedo prever…
Sí, pero costaba más.
Se consiguió la continuidad de la obra de saneamiento de San Carlos y hasta ahora ese sector parece bombardeado…
Ahí hay un problema de las leyes, que están hechas para que se den las argucias. Esa obra empezó en el 2012 y debió haberse culminado en un año. Es un problema álgido que lo estamos afrontando y resolviendo. Yo creo que en un mes más se termina.
Hay municipios que ni siquiera han reiniciado las obras paralizadas, nosotros siquiera la estamos culminando.
¿Cuál es el mea culpa o la reflexión crítica que hace de su gestión? No todo puede ser culpa de los anteriores alcaldes.
No es culpa de los anteriores, sino del sistema. El Estado ha permitido que la municipalidad se llene de trabajadores por las normas que existen. Si el Estado hiciera una buena distribución de los fondos no estuviéramos así.
¿Este municipio ha sido agencia de empleo de los exalcaldes?
Así es.
¿Cuántos trabajadores ha ingresado usted?
(Sonríe) No pasarán de cinco trabajadores.
¿Cuál es la evaluación crítica de su gestión?
No he tenido apoyo del Estado cuando en su momento hemos requerido financiamiento. Lo que hemos recibido es la atención en la reconstrucción, porque esa es la única manera de que se aseguren proyectos de inversión; el proyecto de seguridad ciudadana y las compactadoras que se han conseguido a través de la región.
Tampoco iba a hacer algo que me genere problemas legales, como ya le pasa a muchos alcaldes. Algunos, por acceder a las maniobras para sacar proyectos, se vincularon con lobistas.
Cuando usted postuló a la alcaldía generó muchas expectativas en quienes reconocían su gestión como regidor. ¿Cree que le ha fallado al pueblo de José Leonardo Ortiz?
No, porque fallarle es hacer algo ilegal o aprovecharse del cargo. Acá estamos en un problema de cómo se distribuyen los recursos. La población se decepciona cuando te elige con un fin y haces lo contario, como llenarte los bolsillos.
También decepciona el que no hace nada…
No, no. Hemos hecho muchas cosas que se verán reflejadas. Hay cosas que se hacen y no se ven y otras que no se pueden hacer porque generarían problemas.
Al final de nuestra gestión se sabrá a cuánta gente hemos sacado, en cuánto se ha reducido la deuda, cuántas ordenanzas se han aprobado. Me voy con la frente en alto, porque si no he generado obras es porque no podía hacerlas cayendo en lo que obliga este sistema.
¿Por no ceder a actos de corrupción se ha limitado en la ejecución de obras?
Hay cosas que han hecho otros alcaldes para tener obras y hoy tienen serios problemas. Yo no. Lo legal es que el Estado dé libremente un proyecto, se licite y se ejecute. Lo malo está en conseguir una obra que ha sido gestionada por un tercero, porque sale direccionada.
La sentencia de 10 años dictada a principios de año contra el ex gerente de Imagen Institucional y Relaciones Públicas de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, Carlos Santa Cruz Alarcón, implicado en el caso “Los limpios de la corrupción”, fue confirmada por la Segunda Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque.
La pretensión del letrado, Alexander Villalobos Obando, defensor público, era la anulación de la misma teniendo por argumento principal – según indica - los vicios insubsanables en la motivación, que afectan el derecho a la defensa de su patrocinado.
Villalobos Obando expuso los argumentos en la audiencia de apelación ante los magistrados Bravo Llaque, Solano Chambergo y Quispe Díaz, centrándose en cuatro puntos: respecto al monto de apropiación, anticipos rendidos y no reconocidos por los proveedores, valor probatorio otorgado a las pericias y calificación jurídica dada al delito de uso de documento privado falso como un delito independiente para configurar un consurso real.
"En cuanto a los anticipos no rendidos la defensa advierte una afectación del derecho de defensa e intrínsecamente el derecho a la motivación al no haber sido contestado ninguno de los argumentos postulados por la defensa técnica en el juicio oral", anotó.
Al revisar la sentencia emitida por el juzgado de primera instancia se tiene que a partir de la página número 207, en el punto tercero “valoración judicial de las pruebas”, se señala cada una de las acreditaciones como hechos probados con la misma fórmula; es decir, se señala oficio y declaración en juicio.
“Consideramos que existe insuficiencia de la motivación puesto que el oficio que emite cada proveedor a la Contraloría contiene implícitamente una manifestación de voluntad y cuando concurre a juicio oral también, es decir, en ambos momentos se tiene la misma declaración del proveedor que no reconoce", agregó.
La única operación probatoria que hizo la Contraloría para acreditar si ese proveedor brindó o no el servicio fue la técnica de circularización. ¿En qué consiste la técnica? En remitir una carta al proveedor para que afirme o niegue haber brindado ese servicio o bien.
"No se advierte que se recurra al Acuerdo Plenario 2-2005/CJ-116 para acreditar primero el requisito de ausencia de incredibilidad subjetiva, la verosimilitud del testigo y, por último, la persistencia en la incriminación", remarcó.
Villalobos refirió que su patrocinado requería al Area de Administración anticipos para actividades propias de su despacho: ceremonias como Fiestas Patrias, Día de la Madre, etc., para lo cual se requería el alquiler de sonido, alquiler de sillas, bocaditos; es decir, acondicionar todo para dichas actividades.
Indicó que los argumentos de la defensa mínimamente tienen que ser analizados en la sentencia. Sin embargo, para el juez de la primera instancia carecen de relevancia porque los proveedores han concurrido a juicio y han negado los servicios, sin considerar que esta omisión causa una afectación a la defensa.
Sobre los anticipos que fueron solicitados por su patrocinado en los meses de mayo, junio, julio, agosto y setiembre del año 2014, y que no fueron rendidos en su oportunidad, conforme lo señala la Directiva 003-2014-GAF-MPCH, deberían ser sustentados porque vencido el plazo de tres días se configuraría el delito de peculado.
"No se nos ha dicho cómo es que los anticipos que fueron solicitados en el mes de setiembre del año 2014 para realizar una actividad y que no fueron rendidos en ese lapso puede constituir Per se (por si mismo) un acto de apropiación", indicó Villalobos.
El letrado se preguntó por qué aún existiendo un plazo para que pueda rendir no se expresa en la sentencia en qué momento pasa la valla del ámbito administrativo al penal. "No se ha señalado en la sentencia en qué momento se realiza la consumación del delito de peculado", acotó.
Indicó que este argumento de defensa ha sido respaldado por la testigo Rosa Gómez Ponce, quien fue administradora de la actual gestión de la MPCH y emitió la Carta N° 131-2016 en el cual pide a Santa Cruz Alarcón rinda los anticipos que le fueron otorgados.
De igual modo, el testigo José Yarlaqué Cabrera (ex administrador de la MPCH) manifestó que el exfuncionario está en la obligación de rendir esos anticipos. Asimismo, el testigo Fernando Fernández Bravo (ex tesorero de la MPCH) cuando concurrió a juicio oral manifestó que todavía podía rendir esos anticipos.
También señaló que debió analizarse en la sentencia si esas actividades mínimamente se realizaron o no, más aún cuando el fiscal adjunto provincial manifestó que las actividades sí se realizaron y que no eran objeto de discusión.
“Entonces, si la actividad se realizó y mi patrocinado requirió dinero para estas cómo puede hablarse de apropiación del monto total solicitado. Por una lógica se generaron gastos dinerarios en la realización de las actividades y sin embargo, el juez desecha esos argumentos de la defensa”, precisó.
El abogado precisó que el profesor Ramiro Salinas Siccha, en su libro “Delitos contra la Administración Pública”, publicada en el año 2016, realiza una equiparación con el otorgamiento de viáticos, señalando que son dineros del Estado que tienen la obligación de rendirse. “La no rendición no genera Per se un delito”.
"En el presente caso no existe una sola jurisprudencia que hable sobre encargos internos: reembolsos y anticipos para efectos de poder determinar el plazo de la rendición y este es un punto que debe ser analizado en el desarrollo de un nuevo juicio oral”, sostuvo.
SIN INFORME FINAL
Respecto al valor de los informes de la Contraloría, precisó que si bien la Sala Superior en otras sentencias emitidas en el caso de Roberto Torres Gonzales ha señalado que los Informes de Contraloría sí constituyen una pericia extraprocesal, solicitó que se analice lo señalado por diversas casaciones de la Corte Suprema “pues si bien es cierto el Informe de Contraloría constituye una pericia extrapocesal tiene que analizarse el valor probatorio de las Carpetas de Control, las cuales de ninguna manera se pueden equiparar a un Informe Final”, remarcó.
"Las Carpetas de Control que fueron ingresadas por el Ministerio Público carecen de conclusiones, porque no son un informe final. De acuerdo con la Directiva N°004- 2014- CG/ PRON, las auditorias de cumplimiento buscan determinar la responsabilidad penal, administrativa y civil, y una pericia de acuerdo al Código Procesal Penal no puede determinar responsabilidades", agregó.
Al respecto Flavio Saavedra Dioses[1], señala: “…las carpetas de control realizadas por la CGR o por el OCI (las mismas que son visadas por la CGR, al ser dependencias de esta última), ya no son prueba de carácter preconstituida, y requieren ser sometidas al contradictorio; además que no cumplen un objeto preciso dentro del proceso penal, al no ser requeridas por el fiscal, sino son realizadas en el ámbito de acciones de control a nivel administrativo; por lo que, estas carpetas de control sólo configuran elementos periféricos respecto a reforzar una pericia contable, a efectos de determinar la consumación de un ilícito penal y la vinculación con el procesado...”
Según el abogado, el valor probatorio que se le ha otorgado a la Carpeta de Control, en este caso, no es el que corresponde al no ser intrínsecamente una pericia oficial, y lo más lamentable es que sobre el caso existen Informes Finales que la Segunda Sala Penal de Apelaciones se ha negado a admitir como nueva prueba, en la que se determina que la responsabilidad de mi patrocinado sólo es de carácter administrativo.
Al respecto, la Directiva N° 004-2017-CG/DPROCAL, que regula el proceso de atención de requerimientos de información efectuados por el Ministerio Público a la Contraloría General de la República, en su numeral 7.5, señala textualmente: “…La remisión de la Carpeta de Control no impide la continuación del servicio de control posterior ni la identificación de las responsabilidades civiles, penales y administrativas en el informe resultante, incluso respecto de los hechos contenidos en la Carpeta de Control remitida al Fiscal de la Nación…”.
DOCUMENTO PRIVADO
En relación al uso de documento privado falso, el abogado indicó que las pericias que fueron emitidas por los peritos de la Policía Nacional del Perú única y estrictamente se desprenden de dos recibos por honorarios: el primero de Carlos Marco Saavedra Ancajima, que señala que no proviene de la misma matriz, y el segundo de Octavio Terán Murga.
"El juez de primera instancia no ha tenido en cuenta que el recibo por honorarios que fue cuestionado no es el mismo que se obtuvo como muestra de cotejo para que puedan ser analizados. La defensa lo evidenció porque en el código de autorización que aparece en la parte inferior izquierda aparece un código distinto y fechas distintas de la impresión del documento cuestionado”, agregó.
En base a ello se encuentra totalmente viciada la comparación porque debió ser documentos coetáneos es decir que coincidan en la misma fecha que tengan la misma numeración Sin embargo, - argumentó – “ello no se ha evidenciado en el juicio oral”.
Asimismo, explicó que existe senda jurisprudencia donde se señala que la voluntad criminal que resulta en el supuesto negado no aceptado por la defensa en el cual se utilizaron como medios documentos adulterados o falsificados, no constituye un delito independiente, sino constituyen medios de una voluntad criminal que en este caso es el delito de peculado.
Señaló una sentencia superior emitida - por la misma sala - en el caso de Segundo Manuel Arica por un delito de estafa. Aquí utilizaron documentos presuntamente donde se señalaba que la voluntad criminal era la de estafa y, por tanto, absorbia estas conductas, explicó.
Villalobos concluyó que en el presente proceso no se ha emitido una sentencia motivada y que responda a las pretensiones de la defensa que ni mínimamente se ha invocado a efectos de desestimarlas como corresponde.
"El Tribunal Constitucional en el Expediente 3933-2006-PH/TC señala que en la resolución o la sentencia, no solamente se debe invocar o requerir a la forma genéricas de máxime de la experiencia, criterios de lo lógica, sino que esto debe encontrarse exteriorizado en la sentencia mediante un procedimiento cognitivo realizado por el juzgador", detalló.
Agregó que hay proveedores que mienten, pues sus declaraciones no responden a los criterios de la lógica y la experiencia, “ellos manifiestan haber entregado comprobantes en blanco, de haberse olvidado, de haberse extraviado o que les han sido sustraídos”.
Señaló que adicionalmente se debe tener en cuenta que su patrocinado se presentó a la lectura de sentencia conociendo el anticipo de fallo donde se le imponíaa 10 años de cárcel y, por tanto, se iba ordenar su captura. Santa Cruz recobró su libertad el 30 de octubre del 2017, tras permanecer con prisión preventiva durante 3 años y 1 mes.
"Mi patrocinado ha demostrado en todo el proceso que tiene la voluntad de responder por los cargos que le fueron imputados pero garantizándose una debida motivación; sin embargo la Segunda Sala de Apelaciones al igual que el juez de primera instancia no ha valorado los argumentos expuestos por la defensa y ha decidido confirmar la sentencia", concluyó.
"NO HE TENIDO UN JUICIO JUSTO"
Por su parte, el sentenciado Carlos Santa Cruz Alarcón aseveró que no tuvo un juicio justo tanto en en primera como en segunda instancia, razón por la cual interpondrá Recurso de Casación contra ambas sentencias.
"Ustedes pueden verificar en los audios que el señor fiscal Eliu Arismendiz y el director de debates, se ponían a sumar y restar los montos de las carpetas de control. Se me acusaba primero de haberme apropiado de 220 mil soles plasmado en la acusación fiscal y ahora la cifra es otra", anotó.
“Solo pido poder defenderme en igualdad de condiciones”, indicó el sentenciado en alusión a las cuestionadas carpetas de control donde no tuvo derecho a la contradicción con una pericia de parte.
Santa Cruz purga condena de 10 años en el penal de Chiclayo contabilizadas a partir de enero de 2018, no obstante, pidió ser tomado en cuenta que está recluido desde el 30 de setiembre del 2014.
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