El 20 de marzo pasado la Fiscalía Suprema de Control Interno emitió la Resolución N° 485-2018-MP-FN-FSCI, con la cual ratificó el procedimiento disciplinario contra Juan Manuel Carrasco Millones, coordinador de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada - FECOR Lambayeque, imponiéndole una amonestación por infracción disciplinaria. La resolución fue notificada el 3 de abril.

El caso se inició por la queja presentada por el abogado Edwin Benavente Delgado, defensor de los investigados Víctor Rodríguez Ortiz, Eleuterio Moreno Esquives y Roberto Ismael Campos Effio, imputados por el delito de asociación ilícita para delinquir en el caso “Los Wachiturros”.

AMENAZA DEL FISCAL

El abogado quejó a Carrasco Millones porque el 9 de enero del 2017, cuando se encontraba presenciando la declaración de Alejandro Zevallos Gonzales, conjuntamente con los demás abogados, el fiscal le manifestó de forma amenazante que no podía escuchar el testimonio del indicado testigo porque tenía elementos para formalizar e incluirlo en la investigación preparatoria.

Presenciaron el hecho los abogados José Isla Montaño, Jovino Castillo Castillo y Marden Huamán Chuquinbalqui.

Benavente Delgado recurrió a la Oficina Desconcentrada de Control Interno del Ministerio Público en Lambayeque, a cargo de Alejandro Lamadrid Ubillús, para presentar su queja, amparado en que no tenía condición de investigado y tampoco había sido citado para responder por cargo alguno.

Por tal razón – expuso – el fiscal Carrasco Millones infringió en el Artículo 45.9 de la Ley de la Carrera Fiscal, concordado con el Artículo 33.13 del mismo cuerpo normativo. La norma señala en ambos artículos que se considera como falta leve de parte del fiscal “incurrir en negligencia en el cumplimiento de los deberes propios de su cargo” y que “está prohibido a los fiscales adelantar opinión respecto a los asuntos que conozcan o deben de conocer”.

DECISIÓN DE CONTROL INTERNO

Tras el incidente durante la rendición del testimonial de Alejandro Zevallos Gonzales, el mismo 9 de enero del año pasado Benavente Delgado solicitó por escrito a Carrasco Millones que le informe en qué investigación estaba incurso, respondiendo este el 13 de enero del 2017 que “al no tener la condición de investigado y no habiéndose formalizado investigación en su contra” no había lugar a su solicitud.

“Se corrobora que el fiscal investigado no niega en ningún momento lo señalado por el quejoso sobre lo acontecido ese mismo día durante la declaración del señor Alejandro Zevallos Gonzales, cuando le señaló en presencia de los abogados José Isla Montaño, Jovino Castillo Castillo y Marden Huamán Chuquinbalqui que tenía suficientes elementos para formalizar la investigación”, señala la resolución.

Benavente Delgado presentó incluso un hábeas corpus contra Carrasco Millones, el mismo que fue declarado infundado, pero al que el fiscal respondió dando por cierto lo sucedido cuando Zevallos Gonzales brindaba su declaración.

El hecho también fue corroborado por Alejandro Zevallos, el abogado Marden Huamán y el hijo de Benavente Delgado, Carlos Benavente Millán.

“Habiéndose determinado la comisión de la infracción administrativa sujeta a sanción disciplinaria, la Oficina Desconcentrada de Control Interno de Lambayeque, teniendo en cuenta los principios de proporcionalidad y razonabilidad, le impuso la sanción de amonestación, al haber incurrido en la falta disciplinaria tipificada en el artículo 45.9 concordante con lo señalado en el artículo 39.13 de la Ley de la Carrera Fiscal”, indica la resolución.

Benavente Delgado informó que el fiscal cuestionado siguió amedrentándolo, debido a que el 15 de mayo del 2017 solicitó el levantamiento de las comunicaciones con la finalidad de vincularlo con el asesinato de Manuel Rimarachín Cascos.

Asimismo, hizo de conocimiento al órgano de control que pese a haber solicitado información sobre una posible investigación en su contra, el fiscal respondió con “evidente retraso que no se ha investigado”.

Control Interno del Ministerio Público de Lambayeque sancionó a Carrasco Millones con la Resolución N° 6 del caso 64-2017, emitida el 26 de diciembre del 2017.

APELACIÓN DEL FISCAL

Juan Manuel Carrasco apeló precisando que en ningún momento adelantó opinión en la investigación seguida en la Carpeta Fiscal N° 39-2016 contra Edwin Oviedo Picchotito y otros por el delito de asociación ilícita para delinquir, homicidio calificado y otros, en cuyo marco rendía su testimonial Alejandro Zevallos.

Según el fiscal, el hecho de dirigir una declaración testimonial no representa un adelanto de opinión y esa conducta no se encuentra prevista en la ley, además que no se había realizado un análisis sobre la idoneidad, necesidad o proporcionalidad para imponer la sanción.

FUNDAMENTOS DE LA SUPREMA DE CONTROL

De la revisión de la queja, la Fiscalía Suprema de Control Interno advirtió que el fiscal cuestionado habría manifestado que el abogado no podía escuchar la declaración del testigo Alejandro Zevallos Gonzales, por cuanto “tenía suficientes elementos para formalizar e incluirlo en la investigación preparatoria y que por tanto no podía seguir defendiendo en dicha causa”, pese a que Benavente Delgado no tenía calidad de investigado o testigo.

El abogado Marden Huamán, quien presenció el incidente, refirió que incluso Carrasco Millones le señaló a su colega que poseía un informe económico en el que aparecía su nombre.

El abogado Jovino Castillo también corroboró la amenaza hecha por el fiscal contra Benavente Delgado.

“En tal sentido se colige lo señalado por el quejoso, corroborándose con las declaraciones de los testigos, infiriéndose también del escrito presentado ante la Fiscalía Especializada de Crimen Organizado por el quejoso, razón por la cual la Oficina Desconcentrada de Control Interno – ODCI Lambayeque tipificó la inconducta como falta prevista en el Artículo 45.9, al constituir una negligencia de parte del fiscal el haber adelantado opinión respecto a una investigación, toda vez que si consideró que existía indicio de la comisión de delito debió mantenerlo en reserva, actuando siempre con prudencia y decoro”, señala la resolución de la Fiscalía Suprema de Control Interno.

El documento añade que “si bien el fiscal quejado alega que lo dicho al quejoso no constituyó adelanto de opinión, pues ha quedado acreditado que si refirió al quejoso la existencia de elementos para ampliar la investigación preparatoria en su contra; es decir, en la investigación a cargo del fiscal cuestionado, corroborado con las demás declaraciones. Asimismo, el fiscal investigado cuestiona la objetividad de las declaraciones de los abogados. Sin embargo no se evidencia que haya presentado oposición a tales medios de prueba durante el desarrollo de la investigación llevada a cabo”.

La Fiscalía Suprema advierte también que si bien el hábeas corpus que el abogado presentó contra el fiscal fue declarado infundado, ello no implica que el hecho no constituya inconducta funcional, “quedando probada la comisión de la misma y corroborada con los documentos”.

En consecuencia, al quedar acreditada la inconducta funcional de parte del fiscal cuestionado, “se le impuso la sanción de amonestación, basando su decisión de manera objetiva, teniendo en cuenta siempre que las acciones de control se basan en el análisis de los hechos, verificando indicios u otros elementos que permiten comprobar la existencia de irregularidad funcional”.

La sanción contra Carrasco Millones fue confirmada por el fiscal adjunto Jorge Bernal Cavero, encargado de la Fiscalía Suprema de Control Interno. 

La desnutrición es un estado patológico ocasionado por la falta de ingestión o absorción de nutrientes. De acuerdo a la gravedad del cuadro, dicha enfermedad puede ser dividida en primer, segundo, tercer y hasta cuarto grado. En ocasiones el trastorno puede ser leve y presentarse sin síntomas por una dieta inadecuada o mal balanceada y puede ser tratada a tiempo. Sin embargo, hay otros casos más graves en los que las consecuencias pueden llegar a ser irreversibles ocasionado trastornos digestivos y problemas de absorción en las personas hasta causarle la muerte. Como consecuencia de la mala alimentación proviene la anemia, que esuna enfermedad de la sangre provocada por una alteración en sus componentes, disminuyendo la masa eritrocitaria o glóbulos rojos, lo que origina una baja concentración de la hemoglobina.

Carmen Izquierdo Torres, coordinadora de la Estrategia Regional de Alimentación y Nutrición Saludable de la Gerencia Regional de Salud, refiere que con el tamizaje aplicado entre enero y marzo se determinó que el 16.6 % de las personas del departamento sufren de desnutrición.

En el 2017 se reportó que el 27.6 % de la población fue diagnosticada con desnutrición y que el 42.3 % del total presenta anemia. La estadística fue elaborada en base a la información recogida en los diferentes establecimientos de salud.

Izquierdo Torres señala que en los estudios realizados se concluyeron que el alto índice de anemia se concentra en el distrito altoandino de Incahuasi, en la provincia de Ferreñafe, donde la enfermedad afecta al 65. 3 % de los niños.

Asimismo, en la provincia de Chiclayo los distritos con mayor incidencia son los del circuito de playas, donde la tasa de desnutrición afecta al 14 % de niños.

“En el circuito de playas hemos detectado que 198 niños viven desnutrición, mientas que Incahuasi un total de 145 niños padecen de anemia”, relata Carmen Izquierdo.

ANEMIA

La funcionaria indica que los pobladores de Incahuasi son propensos a la anemia porque tienen bajo consumo de proteínas, debido a que su alimentación es mayormente en base a productos de pan llevar o altos en harinas, como los fideos.

Añade que si bien se dedican a la crianza de cuyes, no consumen su carne en grandes proporciones, puesto que prefieren venderla.

Otras de las causas son el consumo de agua no potabilizada, la práctica inadecuada de lavado de manos y la parasitosis, lo que repercute directamente en los niños.

En tanto, también resulta preocupante el nivel de desnutrición que se concentra en los distritos del circuito de playas, pese a que la dieta de las familias en estas jurisdicciones debería incluir, con mayor incidencia, la ingesta de pescado. Sin embargo, a la luz de los resultados obtenidos en el 2017 esta situación no se estaría presentando.

“Cuando hablamos de darle al niño salud integral nos referimos a que tiene que pasar por un control de crecimiento, disminuir los problemas de inmunización, cumplir con las vacunas de acuerdo a su edad y pasar por un chequeo médico. Es necesario realizar un trabajo más educativo y de socialización en los colegios y con las familias, porque juntos sí es posible disminuir los casos de desnutrición así como la anemia”, remarca Carmen Izquierdo.

TIPOS DE DESNUTRICIÓN

Existen varios tipos de desnutrición, entre ellos la crónica, que ataca a los niños que alimentan adecuadamente y como consecuencia no crecen con la talla correspondiente. Uno de los factores que precipita este tipo de desnutrición es la mala alimentación de la madre en el momento de la gestión, lo que afecta directamente al niño. Otra condicional es la carencia de lactancia materna.

Izquierdo Torres precisa que es importante la alimentación de lactancia durante los seis primeros meses del niño y esta se puede prolongar hasta el primer año de edad.  

Otro tipo de desnutrición es la aguda-moderada, aquella por la que el niño pesa menos de lo que corresponde respecto a su altura. Asimismo existe la desnutrición aguda-grave, que se reconoce cuando el niño tiene un peso muy inferior respecto a su altura. En ese caso el riesgo de muerte es inminente por lo que necesita atención médica urgente.

“El menor debe digerir una alimentación balanceada, pero lamentablemente las madres jóvenes desconocen cómo hacerla y no realizan una buena combinación de alimentos. Ahí empiezan los problemas de desnutrición”, señala Carmen Izquierdo.

ALIMENTACIÓN

La profesional de la salud indica que para que el niño no sufra desnutrición debe llevar una buena combinación de alimentos que lo ayuden en su formación y crecimiento. En consecuencia es vital la ingesta de proteínas, las cuales se encuentran en las carnes, menestras, huevos y leches, así como los alimentos energéticos como los cereales y tubérculos.

Por último deben consumir los alimentos de protección como las frutas y verduras.

“Algunos padres han mal acostumbrado a sus hijos y en sus loncheras les dan comidas chatarras, es por eso que se ha hecho la propuesta para que en los colegios se promueva la alimentación saludable; es decir, para que los niños lleven una lonchera nutritiva que puede estar conformada por un sándwich  de pollo, fruta y leche, ya que allí se encuentran los tres alimentos balanceados: la carne que es la proteína y les ayuda a crecer, el pan  que da energía y la fruta que lo va a proteger”, explica.

Carmen Izquierdo agrega que se continuará con las campañas de sensibilización y que se visitarán las instituciones superiores para brindar charlas sobre la desnutrición y anemia y cómo se pueden prevenir o combatir.

También señala que para combatir a la desnutrición infantil los padres de familia deben brindar en el desayuno, almuerzo y cena una alimentación balanceada.

Recomienda además que los micronutrientes que se entregan en los centros de salud a los menores de 6 a 36 meses son vitaminas que ayudan a los niños a recuperarse de la desnutrición. Sin embargo, algunos de los padres no las suministran, agravando la situación de salud de sus niños a quienes ponen en riesgo inminente.

SÍNTOMAS DE LA DESNUTRICIÓN

Una persona afectada por la desnutrición presenta fatiga, mareos, desmayos y en caso de las mujeres la ausencia de menstruación. En los niños se reconoce por el crecimiento deficiente, la pérdida de peso y la disminución de la respuesta inmune del organismo.

A nivel departamental La Estrategia Regional de Alimentación y Nutrición Saludable trabaja de forma articulada para disminuir la desnutrición y la anemia que se presenta en las tres provincias de Lambayeque, y para prevenir dichas enfermedades a través de campañas de sensibilización, animando a las personas realizarse un chequeo médico.  

“Muchas veces hemos entregado trípticos pero la gente los recibe y no los leen y no se informa, lamentablemente muchas de las personas no acostumbran a leer. Las personas cuando reciben un tríptico de salud deben leerlo para que puedan saber cómo prevenir las enfermedades”, señala la coordinadora de la Estrategia Regional de Alimentación y Nutrición Saludable.

+ NOTICIAS

• En Lambayeque, los niveles de anemia y desnutrición infantil son más altos en Incahuasi, Cañaris, Mórrope y Salas.

Conozca aquí las denuncias que formularon los asistentes.

Un sabor amargo dejó a los lambayecanos la promocionada audiencia pública de la Contraloría General de la República luego  que  Nelson Shack Yalta, jefe de dicho organismo,  literalmente los plantara y desairara con su inasistencia.

Eran más de las 4:00 de la tarde, cuando en el aula magna de la USAT, el presentador anunció que por problemas en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez don Nelson no llegaría a la cita programada con antelación, generando la airada protesta del auditorio que optó por abandonar el recinto aduciendo que se trataba de una burla.

Para hacer uso de la palabra se inscribieron más de 60 ciudadanos que traían bajo el brazo una serie de denuncias y pedidos de intervención del máximo órgano controlador del gasto público de acuerdo a las facultades que le confiere la Constitución Política del Estado.

La airada protesta generó el desconcierto del secretario general, Humberto Ramírez Trucios, y del gerente regional, Walther Coello Ynope, que ocupaban la mesa principal.

En las afueras del aula magna personal de la Contraloría, con equipos de cómputo, registraba a cada uno de los participantes como oyentes u oradores. La modalidad de inscripción, de acuerdo a las instrucciones que aparecieron en la página web, fue por correo electrónico según formato descargable. Los que se habían inscrito con antelación vía web reconfirmaron su asistencia y los nuevos se anotaron en el acto presentando su DNI.

Pantalla gigante, controlador de audio programado para 4 minutos de duración, souvenir (libretas y lapiceros) y una botella de agua para cada asistente.

Personal con chalecos rojos con el logo de la Contraloría guiaban al público desde la puerta principal hasta el auditorio. El escenario listo, faltando solo el actor principal: Nelson Shack.

LA PROTESTA CONTRA SHACK

Cuando los representantes de la Contraloría informaron a los asistentes de la ausencia del contralor por problemas en el aeropuerto Jorge Chavez, estos se levantaron de sus asientos y expresaron a viva voz su rechazo.

Eran miembros de colectivos civiles, frentes de defensa, comités de vigilancia, dirigentes comunales y ciudadanos comunes y corrientes.

Gran parte de los asistentes salieron vociferando y exigiendo respeto del máximo jefe de la Contraloría.

“No es posible que el señor Shack tome como excusa el cierre del aeropuerto, cuando existen otras vías de comunicación como la terrestre", anotaron.

“¿Acaso le incomoda viajar en bus?”, cuestionaron. Inclusive precisaron que el contralor Shack pudo superar el inconveniente a través de una videoconferencia.

Los protestantes se retiraron con un sabor amargo de la audiencia pública denominada paradógicamente "La Contraloría te escucha".

No hubo disculpa que justificara la ausencia de Shack. Después de breves palabras del secretario general y se hizo una exposición de las acciones de la Contraloría en Lambayeque, que tuvo que ser acortada por el murmullo del público que empezaba a preguntarse si habían sido convocados para escuchar su accionar o para recibir las denuncias de los ciudadanos. Los ánimos no estaban para más dilataciones.

LO QUE SHACK NO ESCUCHÓ

Estás fueron algunas de las intervenciones de los ciudadanos que decidieron quedarse a pesar de la ausencia de Shack:

El jefe de la Oficina de Transparencia y Lucha Anticorrupción del Gobierno Regional de Lambayeque, Elías Daniel Pinglo Risco, pidió a la Contraloría General de la República asumir el liderazgo en la mejora del sector público.

Precisó que debe reivindicar las condiciones de desempeño en la gestión subnacional aplicando la Ley 30057, que la gran mayoría desconoce y critica sin fundamento. También pidió incidir desde la Contraloría en el desarrollo del Control Interno en base a mejores condiciones de trabajo.

El representante de la sociedad civil y presidente de la Asociación Regional de Exportadores, Max Santolaya, pidió mayor y eficaz intervención de la Contraloría en la supervisión de las obras públicas que a su criterio están sin culminar, como la Avenida Chiclayo, la prolongación Bolognesi, la autopista Chiclayo - Pimentel y el Paseo Yortuque.

INSÓLITO CASO

La comunicadora María Luisa Soto Solano expuso su insólito caso. Se quejó de la actuación del excoordinador de la Contraloría Norte, Nelson Guevara, quien contrató a personal técnico de apoyo a la fiscalía que investiga el caso “Los limpios de la corrupción” para recabar, revisar y analizar la documentación que obra en la Carpeta Fiscal N° 2447-2014 y terminaron haciendo hojas informativas sobre sus finanzas, instrumentos utilizados por el Ministerio Público como elementos de convicción para abrirle investigación por el delito de lavado de activos y consiguiente incautación de su departamento vía inscripción en Registro Públicos.

Precisó que la Contraloría tiene definida sus funciones en la Constitución Política del Estado sobre el control del gasto público, por tanto “es una aberración que revisen sus finanzas personales para justificar una investigación”.

“Hoy veo con claridad cómo la fiscalía utilizó a la Contraloría para lograr su cometido y amenaza inicial. Se me cuestionó la adquisición de un departamento. La fiscalía solicitó su incautación pero no se concretó porque probé la licitud del pago de la cuota inicial. Aquella vez se retractaron, pero advirtieron que si hallaban otros elementos procederían. Y así sucedió, con la complicidad de la Contraloría”, precisó Soto Solano.

También agregó en su intervención que lo grave no solo es la forma, sino el fondo de las cuestionadas hojas informativas, “pues usan pura imaginación y hasta me atravería a pensar que fueron redactadas por la fiscalía”, anotó.

Precisó que la denuncia contra el funcionario se encuentra  en manos de la Procuraduría y Control Institucional de la Contraloría General de la República.

"A las personas que aún creemos en estos mecanismos de participación ciudadana esperamos que mi pedido y de las demás personas aquí presentes sean atendidos con prontitud, porque necesitamos creer que aún hay esperanza en este país y no solo malos funcionarios que en nombre de la ley atropellan a ciudadanos comunes y corrientes que como yo hemos sido afectados emocional, moral y económicamente", concluyó.

CARPETAS DE CONTROL

A su turno, el economista Juan Valdivia Goicochea cuestionó el uso de las carpetas de control de la Contraloría. Dijo que si bien las Carpetas de Control son documentos que son usados por la Contraloría para comunicar al Ministerio Público hechos con contenido penal, evidenciados durante el desarrollo de un Servicio de Control Posterior, estas no se encuentran comprendidas entre las Normas de Control Gubernamental, aprobadas con Resolución de Contraloría N° 273-2014-CG.

Explicó que la elaboración de Carpetas de Control se realiza durante la etapa de ejecución de un Servicios de Control Posterior como, por ejemplo, las Auditorias de Cumplimiento y están normadas actualmente por la Directiva N° 004-2017-CG-DPROCAL, que tienen su antecedente en la Directiva N° 004-2014-CG-PRON, las que regulan el procedimiento para que la Contraloría comunique hechos evidenciados al Ministerio Público.

Sin embargo, la Contraloría las viene elaborando a solicitud del Ministerio Público, sin que se encuentre en desarrollo ningún Servicio de Control Posterior, “lo que constituye un despropósito”.

Además, las Carpetas de Control, según establece la norma, deben elaborarse antes de comunicar al administrado las “desviaciones de cumplimiento” (antes llamados hallazgos), para que el Ministerio Público cumpla con su función de investigar y corroborar lo señalado por los auditores; esto quiere decir que las Carpetas de Control se elaboran sin que el administrado haya hecho uso de su “derecho a la contradicción”.

“El Ministerio Público, está utilizando las Carpetas de Control no solamente para aperturar investigación preparatoria, sino también para acusar y sentenciar, como si se tratase de pericias extraprocesales, cuando no lo son. Es más, utiliza las Carpetas de Control cuando ya existía el informe final, que sí tiene el valor de pericia, donde se determina tres tipos de responsabilidades: administrativa, civil y penal. Este es el caso de Carlos Alfredo Santacruz Alarcón, exgerente de Imagen de la municipalidad de Chiclayo, que ha sido sentenciado con Carpetas de Control, elaboradas durante la ejecución de una Auditoria de Cumplimiento, cuando ya existe los informes finales de las referidas auditorias que han determinado que en el referido caso solo existe responsabilidad administrativa y civil del referido funcionario, mas no responsabilidad penal. Asumiendo que la Carpeta de Control es una pericia, tanto los fiscales como los jueces se han negado a tomar en cuenta los informes finales para un mejor juzgamiento, violando el principio del debido proceso”, acotó.

BASURA EN JLO

La  comunicadora Adriana Lovatón, representante del Colegio de Periodistas de Lambayeque,  cuestionó la situación de insalubridad que vive el populoso distrito de José Leonardo Ortiz por la basura acumulada en diferentes sectores poniendo en riesgo la salud de la población.

"Los medios de comunicación locales han dado cuenta  hasta el cansancio del malestar de la población por la acumulación de residuos sólidos y también han cumplido con darle tribuna a los alcaldes para que expliquen su accionar ante esta problemática. Recordemos que los municipios son los directamente responsables de la gestión y manejo de los residuos sólidos. La excusa es siempre la misma: falta de recursos o que no se les declara en emergencia. 

Pareciera que los alcaldes dejan inundar la ciudad de basura con ese propósito, obtener la declaratoria de emergencia y, por ende,  más recursos. Para hacerlo más gráfico, pongo un ejemplo en concreto:  la Municipalidad de José Leonado Ortiz que ha sido declarada en emergencia recientemente por el Ministerio del Ambiente, cuando en enero de este año la exministra de ambiente Elsa Galarza dijo no a la declaratoria de emergencia y ahora dicen sí.

Pero déjenme decirles que la excusa de falta de recursos  no es válida. Los municipios tienen el FONCOMUN, sus recursos propios y adicionalmente los recursos del Programa de Incentivos a la Mejora de la gestión municipal y es aquí donde quiero detenerme. Si el problema es la falta de recursos entonces ¿por qué los municipios no cumplen con las metas ambientales y se dan el lujo de perder valiosos recursos para solucionar el problema de la basura?

¿Cuáles son las penalidades o sanciones por el incumplimiento de los fines y objetivos del Programa de Incentivos a la Mejor de la Gestión Municipal específicamente en las metas ambientales? ¿Algún municipio ha sido sancionado?”, cuestionó.

OTROS CASOS

Una madre de familia denunció a la directora del Colegio Nuestra Señora del Rosario por el maltrato a su menor hija, exigiéndole el pago de matrículas y APAFA, pese a ser una institución pública. Precisó que no existió una sanción ejemplar por parte de la UGEL Chiclayo.

De igual modo, una trabajadora de la OCI de una municipalidad distrital pidió mayor seguridad laboral, puesto que no deberían depender de la comuna, sino de la Contraloría para una mayor independencia.

Estas y otras denuncias más quedaron en audios y vídeos, los participantes exigieron respuestas eficaces a sus inquietudes y demandas, de lo contrario se trataría de una audiencia pública más sin resultados.

La fiscalización laboral es uno de los aspectos en los que la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lambayeque ha procurado afinar sus acciones. Entre enero y marzo de este año la dependencia ejecutó 56 multas por infracción laboral equivalentes a 438 mil 320 soles y verificó 19 diligencias por despidos arbitrarios. Amén de las limitaciones que el marco normativo actual impone a su intervención, el objetivo es mejorar la relación entre empleadores y trabajadores.

El gerente sectorial, Guillermo Segura Díaz, refiere que la informalidad laboral sigue siendo un problema crítico en Lambayeque, a lo que se suma el hecho de que muchas empresas formales incurren en prácticas ilegales para evitar el reconocimiento de los derechos plenos a sus trabajadores.

“La informalidad del empleo a nivel nacional está por encima del 74 % y en Lambayeque la cifra llega a casi el 80 %. Esta es una situación que preocupa aún más cuando vemos que dentro del sector formal hay actividades informales que desarrollan las empresas y frente a ello se hace necesario el fortalecimiento de un sistema de fiscalización laboral, que lamentablemente en el país no se ha desarrollado eficientemente”, señala el funcionario.

Segura Díaz refiere que con la implementación de la Intendencia Lambayeque de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, creada en noviembre del 2017, se han iniciado acciones concretas para cautelar el respeto a los derechos de los trabajadores.

“Nosotros encontramos una situación de desorden respecto a la presencia de los inspectores de la SUNAFIL dentro de la Gerencia Regional de Trabajo. Encontramos desorden, indisciplina y con un resultado bastante pobre, que no apuntaba a reconciliar las relaciones entre empleados y empleadores, sino que esta era una vía infructuosa”, reconoce el gerente sectorial, mencionando en los próximos meses el incremento de inspectores permitirá apuntar las deficiencias que el sistema de fiscalización laboral ha presentado en Lambayeque en los últimos años.

“Nos hemos quedado con los inspectores de Lambayeque que eran tres, de los cuales uno renunció, pero también buscamos dar cumplimiento a la Ley de Fiscalización Laboral, es decir que la Gerencia Regional de Trabajo se encargue básicamente de la prevención y del fomento del diálogo social y la conciliación en los conflictos laborales, asumiendo solo la fiscalización de las microempresas, aquellas que tienen menos de diez trabajadores”, explica.

La gerencia sectorial ha suscrito un nuevo convenio marco y varios convenios específicos con la superintendencia, en cuyo cumplimiento se asignarán a la dependencia dos inspectores en las próximas semanas y ocho más en septiembre, con lo cual la Gerencia Regional de Trabajo pasará a tener 12 inspectores, que sumados a los 12 de la intendencia de SUNAFIL serán 24 especialistas a disposición integral para la jurisdicción.  

RESULTADOS 2018

En el primer trimestre del año, la Gerencia Regional de Trabajo de Lambayeque ejecutó cuatro diligencias para el otorgamiento de constancias de cese y 37 diligencias de verificación de cumplimiento de derechos fundamentales en el trabajo y relaciones laborales.

Asimismo, elevó para apelación 41 Expedientes Administrativos Sancionadores que en años anteriores no fueron tramitados en los plazos previstos y se remitieron copias certificadas de 45 Expedientes Administrativos Sancionadores a la Oficina de Administración para el inicio del proceso de cobranza coactiva.

Otro avance es que se procedió a la apertura de 123 Expedientes Administrativos Sancionadores que en años anteriores no fueron atendidos y se dispuso el cierre de órdenes de inspección no atendidas de manera oportuna.

PREVENCIÓN Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Guillermo Segura precisa que cuando la negociación colectiva no funciona o no da resultados, su representada, como autoridad administrativa de trabajo, puede hacer muy poco. Por lo general el problema pasa a un escenario propiamente judicial, porque lo acordado en una negociación colectiva tiene rango de norma y ello da pie a iniciar una acción de cumplimiento. La autoridad administrativa de trabajo no actúa de oficio sino a solicitud de parte.

“Si un empleador desconoce los pactos colectivos nosotros no podemos hacer nada y lo mismo sucede frente a los despidos arbitrarios o el no pago de remuneraciones. Ante problemas de ese tipo inspeccionamos, constatamos, aplicamos multas y nada más. Es el Poder Judicial el que tiene la facultad de ordenar una reposición o embargar para que se garanticen los pagos de los trabajadores”, especifica el gerente.

Sin embargo, en lo que va del año la gerencia sectorial ha realizado una serie de acciones orientadas a la prevención y reducción de conflictos laborales. Por ejemplo, ejecutó labores de prevención de conflictos a través de la formalización sindical y el registro de 25 negociaciones colectivas.

Asimismo, se realizó el registro de nueve nuevos sindicatos en el departamento y se atendió 320 solicitudes de conciliación para alcanzar acuerdos entre empleadores y trabajadores.

También se brindó asesoramiento gratuito, presentación y seguimiento de demandas en procesos de defensas judiciales, efectuando 51 demandas a favor de los trabajadores que vieron vulnerados sus derechos.

En otros casos se ofreció mil 965 orientaciones legales a trabajadores del sector privado referidas a sus derechos y obligaciones y ejecutó 265 liquidaciones para que se garantice el pago adecuado de los beneficios laborales a los trabajadores de la actividad privada.

 “Vigente tenemos 50 sindicatos de construcción civil y de manera general 150 gremios en los distintos sectores. La cifra siempre varía porque los sindicatos están obligados a renovar sus directivas conforme lo señalan sus estatutos. Para la gerencia solo tienen vigencia los sindicatos que han renovado directivas. Los que no, no tienen validez legal”, comenta Guillermo Segura.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Por otro lado, la Gerencia Regional de Trabajo capacitó a 188 personas en seguridad y salud en el trabajo, a 56 en derechos fundamentales y a 56 en violencia sexual laboral y hostigamiento.

También aprobó el registro de seis comités de Seguridad y Salud en el Trabajo y registró 15 accidentes de trabajo en salvaguarda de los intereses de los servidores.

Del mismo modo extendió siete autorizaciones para trabajo de menores, cautelando que no se vulneres los derechos a la educación, recreación o se exponga a estos a riesgo físico o mental.

PROMOCIÓN DE EMPLEO

En su labor de promoción del empleo, la gerencia ofertó 278 puestos de trabajo formal para cubrir las necesidades de diferentes empresas del departamento y posibilitó la inserción laboral de 143 personas a través de la Bolsa de Trabajo.

También ofreció 51 orientaciones a extranjeros que buscaron empleo en Lambayeque y dio 388 asesorías para la búsqueda de empleo, capacitando a los aspirantes en entrevista personal, currículo y actitud del postulante.

Asimismo dio orientaciones para la aplicación del teletrabajo a 221 personas, en el marco del nuevo marco normativo recientemente aprobado en el país.

DIÁLOGO

En el primer trimestre del 2018, la Gerencia Regional de Trabajo de Lambayeque promovió la instalación de la Mesa Bipartita que promueve los derechos laborales en equidad e igualdad de oportunidades, el funcionamiento pleno del Consejo Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, las acciones interinstitucionales del Comité Directivo Regional para la Erradicación del Trabajo Infantil y la continuidad de la Mesa de Diálogo de Construcción Civil.

“En estos meses hemos procurado acercarnos mucho más a la ciudadanía de Lambayeque a través de nuestras acciones de sensibilización, fiscalización y coordinación, apostando por una política participativa que constituya a la autoridad administrativa de trabajo de Lambayeque en un aliado del sector público y privado para mejorar sus indicadores de productividad, legalidad y cumplimiento con las obligaciones laborales. Confiamos que estos buenos resultados irán en aumento en los próximos meses y que al 31 de diciembre habremos reconvertido de manera positiva la labor de esta gerencia. Lo que puedo afirmar con toda seguridad es que hasta el último día de la gestión vamos a asumir compromisos firmes e importantes, porque es la manera de honrar la confianza depositada en esta gerencia”, asevera Guillermo Segura.