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La Sociedad de Tiro “Elías Aguirre” de Chiclayo es quizá una de las instituciones centenarias con mayor patrimonio en Lambayeque. Posee bienes inmuebles en privilegiada ubicación que le generan altos ingresos mensuales, cuyo manejo – según han denunciado algunos socios – no sería el adecuado. Sin embargo, un problema mayor afecta directamente su ordenamiento interno y es que la prolongación de la presidencia de Oswaldo Ramírez Pejerrey sería ilegal, considerando que de acuerdo al estatuto con el que fue elegido en el 2015 su mandato de dos años debió concluir el 11 de septiembre pasado.
Cuando Ramírez Pejerrey, quien había sido presidente en el período 2013-2015, fue reelecto estaba vigente el Estatuto de 1989, cuyo artículo 22 señala que el mandato de las directivas iniciaba el 11 de septiembre y concluía dos años después, en la misma fecha, coincidiendo con el aniversario institucional.
La controversia actual surge porque semanas antes de la reelección, el reglamento de la institución fue modificado por la asamblea de asociados, pero su inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos – SUNARP, se produjo meses después.
El nuevo estatuto manda que el período de gobierno, empieza en enero y concluye, dos años después, en diciembre, artículo al que la directiva de Oswaldo Ramírez busca acogerse basándose en una anotación a la norma interna que ha sido declarada inexistente por la zona registral.
LAS ELECCIONES
El domingo último se realizó la elección de la directiva para el período 2018-2019. Sin embargo, varios de los socios de la centenaria institución protestaron en los exteriores del local, ubicado en la cuadra 1 de la calle Elías Aguirre, al considerar que el proceso era ilegal.
El argumento más sólido del cuestionamiento es que las elecciones fueron desarrolladas por un comité cuyo nombramiento lo hizo la directiva de Ramírez Pejerrey en noviembre, pese a que su mandato había concluido dos meses antes.
La situación ha motivado que se interponga una demanda ante el Poder Judicial para que, al amparo del Artículo 85 del Código Civil, la autoridad competente convoque a una asamblea general extraordinaria, en la que los asociados aprueben una solución a la controversia y se convoque a nuevas elecciones, poniendo en aplicación el nuevo estatuto.
CARTAS Y RESPUESTAS
El 11 de noviembre pasado el Comité Electoral, designado por la directiva de Oswaldo Ramírez y presidido por Juan Sandoval Sandoval, remitió una carta dando a conocer su juramentación y adjuntando el Reglamento de Elecciones para el nombramiento del Consejo Directivo 2018-2019. El documento fue entregado a los asociados dos días después.
En respuesta, el abogado y socio Guillermo Romero Cárdenas, dirigió una carta notarial a los integrantes del Comité Electoral, haciéndoles saber que el mandato de la directiva que los había designado culminó el 11 de septiembre, dos meses antes, conforme a lo dispuesto por el Artículo 22 del Estatuto con el que fue elegida como órgano de gobierno.
Según Romero Cárdenas, Ramírez Pejerrey debió convocar a una asamblea general extraordinaria que le faculte prolongar su mandato hasta el 31 de diciembre de este año, de tal manera que el nuevo consejo directivo pueda iniciar funciones el 1 de enero del 2018 aplicándose de modo correcto el nuevo estatuto. Sin embargo, tal procedimiento no se produjo, asumiéndose la continuidad del mandato de gobierno de manera unilateral.
DECISIÓN DE LA SUNARP
Romero Cárdenas adjuntó en su carta notarial una copia de la Esquela de Observación, firmada por el abogado certificador de SUNARP Chiclayo, Roberto Carrasco Monsalve, el 13 de noviembre, donde se señala textualmente que “el período de mandato de la Junta Directiva en pleno ya caducó, por haber superado el período de vigencia de dos años”.
Basándose en lo certificado por la zona registral, el socio pidió al Comité Electoral que suspenda el proceso al que había convocado, “a fin de evitar nulidades posteriores”.
En respuesta, el 18 de noviembre, el Comité Electoral informó al asociado que había sido elegido en “sesión extraordinaria de la Junta Directiva del 6 de noviembre del 2017”, y que esta les había hecho llegar una copia legalizada del Acta de la Asamblea General Extraordinaria del 16 de agosto del 2015, donde se aprueban las modificaciones al estatuto de la sociedad.
El comité informó que la directiva le había informado que según la página 145 del Libro de Actas, el artículo 31 del nuevo estatuto señala que “El mandato del Consejo Directivo será de dos (02) años consecutivos, contados a partir del 1 de enero del año siguiente a su elección”.
Pero además, que seguido al artículo aparece la anotación: “Nota: Asimismo, queda establecido que la última junta directiva culmine su período de gestión el 31 de diciembre para cumplir con el Artículo 31 del nuevo estatuto”.
Romero Cárdenas insistió en su cuestionamiento con una carta dirigida al Comité Electoral el 24 de noviembre, dando a conocer, además, que la nota a la que hace mención Sandoval Sandoval “no constituye acto legal de prórroga de mandato, toda vez que la Asamblea del 16 de agosto del 2015 debió aprobar una disposición transitoria, y al no aparecer en los estatutos inscritos en Registros Públicos y distribuidos a los socios, hace presumir que haya sido un agregado posterior al acta”, la misma que hicieron llegar al comité.
Dos días después se realizó una sesión ordinaria en el local institucional, actividad que fue presidida por Oswaldo Ramírez Pejerrey. Guillermo Romero solicitó como cuestión previa que se designe a una comisión transitoria que convoque a elecciones, precisando que la directiva que dirigía la sesión ya no se encontraba en uso legal de sus facultades por haber concluido su mandato, moción que recibió el respaldo de varios de los asistentes. Sin embargo, el requerimiento no fue atendido.
Como muestra de rechazo, 20 socios se retiraron de la sesión suscribiendo un acta de disconformidad.
Guillermo Romero ha alcanzado al Poder Judicial copia del Estatuto de 1989 y del nuevo estatuto de la institución, del acta de disconformidad suscrita por los asociados, de las cartas cursadas al Comité Electoral y sus respuestas, la esquela de observación de la SUNARP y el audio de la asamblea en la que solicitó que se conforme una comisión transitoria.
Esta semana deberá señalarse si se admite o no la demanda en el juzgado civil.
LA LISTA
El 30 de noviembre, dos días antes de las elecciones, los socios Alberto Díaz Arias y Luis Valencia Cañoli, se dirigieron al presidente del Comité electoral, Juan Sandoval Sandoval, observando la conformación de la Lista N° 1, que inicialmente postulaba para un tercer mandato a Oswaldo Ramírez Pejerrey.
La candidatura de Ramírez Pejerrey fue tachada y este no presentó ninguna apelación que le permitiese seguir en carrera. Sin embargo, el Comité Electoral permitió que la lista sea restructurada, contraviniendo lo establecido por el Artículo 69, inciso f), del estatuto.
Inicialmente la lista estaba conformada de la siguiente manera: Oswaldo Ramírez Pejerrey (presidente), Daniel Parra Acosta (vicepresidente), Vicente Luna Guerra (fiscal), Gladys Vallejos Gómez (secretaria), Germán Aquino Díaz (pro secretario), Manuel Velásquez Pinillos (tesorero), Luis Puicón Rojas (pro tesorero), Francisco Carbajal Atencio (capitán de tiro), Benjamín Vera Núñez (vocal) y Juan Suyón Mío (asesor legal interno).
Tras la tacha, Daniel Parra postuló como presidente y Germán Anquino como vicepresidente, ingresando en la lista como candidata a pro secretaria Rosa Suyón Mío.
Sin embargo, el estatuto señala que “de ser procedente la tacha, el Comité Electoral, notificará al delegado de la lista que la formuló y al delegado de la lista del candidato tachado, para que sea reemplazado por otro, considerado en la Nómina de Socios Aptos para Elegir y ser Elegidos”.
Quiere decir que en vez de restructurar el orden de los postulantes, la socia que ingresó a la salida de Ramírez Pejerrey debió ocupar la candidatura a la presidencia de sociedad.
Díaz Arias y Valencia Cañoli hicieron saber de esta irregularidad al presidente del Comité Electoral, a fin que declare la invalidez de la Lista N° 1, que además fue la única que se presentó a las votaciones realizadas el 3 de diciembre.
Rosa Suyón Mío es esposa de Oswaldo Ramírez y hermana del candidato a asesor legal en tanto Gladys Aquino y Benjamín Vera son esposos.
+NOTICIAS
La semana que pasó, en nuestra edición 1041, publicamos un tema referido a lo que el coordinador de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada – FECOR Lambayeque, Juan Manuel Carrasco Millones, dijo en una actividad académica realizada en el Colegio de Abogados.
El fiscal, fiel a su estilo frontal, hizo varias afirmaciones que vale la pena remarcar, más porque en los últimos años su palabra se ha mantenido en el espectro mediático al que escaló rápidamente cuando, siendo adjunto de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo, ofreció una serie de declaraciones a los medios locales y nacionales sobre el caso “Limpios de la corrupción”. Incluso ofreció entrevistas al lado del controvertido Fernando O’phelan Pérez, el director de la organización llamada Pro Justicia, quien lo presentaba como un ejemplo a seguir.
Carrasco Millones dijo que si existen retrasos en el trabajo del Ministerio Público no es por culpa o ineptitud de los fiscales, sino por responsabilidad de los jueces que no atienden con celeridad los requerimientos presentados.
Afirmó además que solo los fiscales que archivan todos sus casos son los que no reciben denuncias o quejas en su contra y que esto les permitirá acceder a la ratificación automática de acuerdo a las modificatorias aplicadas al reglamento del Consejo Nacional de la Magistratura. Como era de esperarse, las críticas del fiscal también apuntaron a los jueces supremos de la República que en octubre pasado decidieron, a través de un acuerdo plenario, fijar directrices para la aplicación del Decreto Legislativo 1307, referido a la adecuación de las investigaciones complejas a la tipicidad de criminalidad organizada.
Debatibles, las expresiones de Juan Manuel Carrasco no dejan de llamar la atención, sobre todo si se tiene en cuenta que el trabajo fiscal sigue siendo, en muchos casos, débil o deficiente. Un claro ejemplo de esto es lo que sucedió en la investigación del caso denominado “Los wachiturros”, que precisamente se encuentra en la fiscalía que él dirige.
En ese caso, la fiscalía incluyó al empresario Edwin Oviedo Picchotito como líder de la supuesta organización criminal y pese al tiempo transcurrido desde que el escándalo estalló el fiscal a cargo no señaló al órgano jurisdiccional cuáles eran las imputaciones concretas por las que se involucraba a Oviedo. El asunto llegó hasta la Corte Suprema de la República que terminó admitiendo la tutela de derechos a favor del empresario. ¿De quién fue la responsabilidad en ese caso? ¿Del Ministerio Público o del Poder Judicial?
Otro ejemplo es el caso “Hermandad del norte”, también a cargo de la FECOR dirigida por Carrasco Millones. Resulta sorprendente que en un año de investigación la fiscalía no haya añadido en su requerimiento de prisión preventiva contra el empresario Carlos Roncal Miñano, sindicado de ser el instigador del asesinato del exauditor de la SUNAT Luis Cieza Herrera, nuevos elementos de convicción a los que presentó cuando solicitó su detención preliminar, en noviembre del 2016.
Es más, se ha probado que uno de los nueve elementos de convicción presentados a la jueza Mary Núñez Cortijo, del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria, para que dicte 36 meses de prisión preventiva contra Roncal Miñano, es falso, al señalar hechos presuntamente contenidos en la declaración de un aspirante a colaborador eficaz cuando, de acuerdo a la revisión de la carpeta, la realidad es otra.
Incluso, otros elementos presentados contra el empresario se caen por sí solos con la sola revisión de la documentación existente en la carpeta de investigación. Sobre esto vale nuevamente preguntarse de quién es la responsabilidad, ¿del juez o del fiscal?
Por consideraciones de este tipo no comparto lo esgrimido por el fiscal Carrasco Millones, pues no creo que solo los fiscales que hacen su trabajo – como él dice – resulten quejados o denunciados. También lo son aquellos que violentan el debido proceso y los principios constitucionales a los que todo ciudadano, incluso el más vil de los criminales, tiene derecho. Y decir esto no significa en ningún modo hacer una defensa cerrada de quien, según la justicia, puede ser responsable de un delito, sino de exigir que el Ministerio Público, conforme manda el marco constitucional y su propia ley orgánica, sea el primer defensor de la legalidad y legalidad implica desarrollar procedimientos eficientes, transparentes y correctos.
Quiero creer que Carrasco Millones, con sus afirmaciones, ha intentado hacer una diferenciación entre los fiscales que investigan con apego a la ley y los que ceden a presiones económicas, políticas o mediáticas para no hacerlo. Quiero creer que Carrasco Millones no ha olvidado que así como hay fiscales que investigan bien y respetando los principios y la legalidad, también hay quienes vulneran derechos y cometen abuso de poder desde su posición dentro de la magistratura. Cegarse ante estos últimos es una mala señal.
El Proyecto de Irrigación Olmos alcanzó un nuevo récord nacional al lograr la puesta en productividad de 20 mil hectáreas en tres años de operaciones. Esto representa para el país la captación de millones de soles por el cobro de impuestos y casi 50 mil puestos de trabajo, beneficiando directamente a la población de Lambayeque.
“Se están evidenciando los resultados de las obras de trasvase y de irrigación, en funcionamiento desde agosto del 2012 y noviembre del 2014, respectivamente. Esto también es resultado de todas las vallas que se pusieron en los contratos de servicios, por los cuales los usuarios deben pagar el agua sí o sí, la usen o no, obligándolos a que sean excelentes en todo y justamente como parte de ello empezaron a preparar los terrenos y a sembrar”, comenta Juan Saavedra Jiménez, gerente general del Proyecto Especial Olmos Tinajones – PEOT, ente responsable de la supervisión del manejo de la irrigación.
Hasta el momento, las empresas que adquirieron las 38 mil hectáreas de la irrigación Olmos han investido mil 200 millones de dólares, generando ocho mil 500 empleos directos y más de 40 mil indirectos en la zona.
A ello se suma que el Estado Peruano ha captado, solo por Olmos, más de 100 millones de dólares por Impuesto General a las Ventas – IGV, lo que cubre el confinanciamiento de 70 millones de dólares que este otorgó para la ejecución de las obras de trasvase (presa Limón y Túnel Trasandino).
En los próximos años se estima que Olmos aportará al Estado 150 millones de dólares al año en impuestos y permitirá reducir la carga social y las brechas de pobreza en la zona de influencia.
“Para nosotros es muy grato decir que tenemos 20 mil hectáreas ya produciendo en tres años de operación del proyecto, mientras Chavimochic demoró 20 años para llegar a 14 mil hectáreas. Esto demuestra que la inversión privada ha apostado por la región, cree en el proyecto y está comprobando sus ventajas, porque tanto las condiciones de clima como de suelo han superado las expectativas que se tenían”, destaca.
SEGUNDA ETAPA
Saavedra Jiménez recuerda que con las exigencias puestas a los inversionistas para pagar por el agua de Olmos la usen o no, era muy difícil que la venta de las 38 mil hectáreas sea exitosa. Sin embargo, el objetivo se logró y esto permitió el desarrollo de la irrigación.
“Esto nos hace pensar en la segunda fase del Proyecto Olmos, porque a medida que se van incrementando las áreas cultivadas hay mayor demanda de agua y nosotros tenemos que garantizar el recurso hídrico no solo para las 38 mil hectáreas, sino también para otras 35 mil que comprenden la segunda fase. Para ello se tiene que incrementar la capacidad de la presa Limón llevándola a una altura de 85 metros, ampliar el embalse en seis kilómetros, reubicar la tubería del Oleoducto Norperuano, levantar las compuertas y ejecutar algunas otras obras como la presa Olmos, que nunca la descartamos, a fin de beneficiar también a los agricultores del Valle Viejo”, refiere.
Para la formulación de la segunda etapa del Proyecto Olmos también se están respetando los estudios definitivos que elaboraron las empresas soviéticas en la década del 70, a los que se han añadido algunas actualizaciones.
El PEOT ha avanzado hasta el momento en la formulación del perfil con la participación de sus propios técnicos y se está a la espera que el Gobierno Regional de Lambayeque asigne el financiamiento de 13 millones de soles para el estudio de factibilidad que permita gestionar la ejecución del proyecto a través de una Iniciativa Privada o de una Alianza Público Privada. Se estima que las obras demandarían una inversión de 600 millones de dólares.
LA CARRETERA
Juan Saavedra comenta que para que seguir consolidando el crecimiento del Proyecto Olmos y que los beneficios sean mayores para Lambayeque y el país, es necesario superar algunas necesidades urgentes, como la construcción de la carretera que conecta a la capital del distrito con el Valle Nuevo, la ciudad Sutton y la carretera Panamericana Norte, saliendo por Mórrope.
Iniciado el actual gobierno nacional, siendo ministro de Transportes y Comunicaciones Martín Vizcarra asumió el compromiso de considerar el presupuesto para la vía que tiene una extensión de más de 70 kilómetros, en tanto el gobierno regional solicitó que se incluya el proyecto en el Plan de la Reconstrucción con Cambios pero el requerimiento no tuvo eco.
El gerente del PEOT indica que ha expuesto el proyecto al ministro Bruno Giuffra y este ha dispuesto que la construcción de la vía se incorpore en el Programa Multianual de Inversiones 2018, comprometiéndose además a financiar el estudio de factibilidad.
“En el gobierno nacional han entendido perfectamente que tenemos que actuar como promotores de la inversión privada. Si esa carretera no se ejecuta los agricultores perderán el 30 % de sus productos exportables y eso significa la pérdida de IGV, por lo tanto al Estado le conviene que se construya la carretera. Tenemos que darle todas las garantías a los empresarios para el desarrollo de sus proyectos, de tal manera que se genere confianza e interés en más inversionistas pensando en la segunda etapa de Olmos”, señala.
VALLE VIEJO
Respecto a la infraestructura menor de riego para el Valle Viejo de Olmos, que fue un ofrecimiento del Estado a través del Ministerio de Agricultura, Saavedra Jiménez indica que el PEOT no se ha quedado de brazos cruzados.
La institución ha financiado el 100 % del costo del perfil y está en proceso de elaboración de la factibilidad, estudio que también ha cubierto con sus propios recursos y que debe estar listo en marzo del próximo año. Con ello se buscará el financiamiento para las obras, considerando que es poco probable que el Estado asuma su ejecución.
Actualmente hay 100 hectáreas del Valle Viejo produciendo banano orgánico beneficiando directamente a las asociaciones de comuneros a las que Agroideas y el Banco Agrario otorgó asistencia técnica y recursos. En los próximos meses deberá instalarse otras 400 hectáreas con banano orgánico y piña Golden.
“El PEOT está apostando por otras cosas, queremos que los usuarios del Valle Viejo se consoliden y asocien”, manifiesta.
SUPERVISIÓN
Por otro lado, comenta que el organismo técnico ha formulado diversas observaciones al trabajo de la concesionaria H2Olmos en la operación y mantenimiento de las obras de irrigación, como por ejemplo en el manejo de los accesos al Valle Nuevo.
“Al parecer las expectativas que ellos tenían se han visto superadas por el ingreso de vehículos al Valle Nuevo y a la nueva ciudad, lo que ha generado el deterioro de los accesos con mayor rapidez. Otro aspecto importante es que la concesionaria tampoco tenía idea, y eso me consta, de lo que era el manejo de un Fenómeno El Niño y este año ha tenido que sortear una serie de contingencias. Los usuarios nuevos, porque han invertido una fuerte cantidad, son muy exigentes”, menciona, señalando que el canal y la bocatoma La Juliana, que fueron afectados por el crecimiento del río Olmos en el verano pasado, han sido rehabilitados al 80 %.
“Algo en lo que también están trabajando es en la implementación de un sistema de drenaje con miras a un próximo Fenómeno El Niño, lo que no estaba considerado en el contrato. Sin embargo, se están tomando medidas al respecto. El supervisor (el PEOT) está un paso delante de la concesionaria y es por eso que no han podido hacer lo que sí hicieron en otros proyectos”, manifiesta.
EL ACUÍFERO
Respecto a la explotación del acuífero, dada la perforación de pozos tubulares en el Valle Nuevo de Olmos, el PEOT ha suscrito un convenio con la Autoridad Nacional del Agua – ANA, que es el organismo competente para el licenciamiento y fiscalización del uso del agua subterránea, a fin de realizar acciones coordinadas.
Uno de los planteamientos es el desarrollo de una evaluación hidrogeológica en el Valle de Olmos para determinar cuáles son las fuentes de agua, qué tipo de acuíferos se tiene y proyectar los trabajos necesarios para prevenir fenómenos similares al presentado en el Valle de Villacuri, en Ica, donde se deprimió el acuífero.
“Con esa evaluación podemos avanzar hacia un estudio hidrogeológico por zonas específicas, lo que permitirá a la ANA, principalmente, conocer cuál es el volumen subterráneo de agua y cómo se puede potenciar. Por este tipo de iniciativas es que ahora al PEOT nos ven como un actor estratégico, porque han entendido la visión que estamos manejando”, señala.
Desde octubre del 2003 la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró, a través de la Resolución 58/4, que el 9 de diciembre de todos los años se debe conmemorar el Día Internacional Contra la corrupción. El Perú, por su parte, mediante Ley Nº 29976, del 10 de diciembre del 2012, constituyó la llamada Comisión de Alto Nivel Anticorrupción - CAN, con la intención de confiar las acciones de este tipo a un organismo de responsabilidades concretas, que pudiese alcanzar resultados prácticos y visibles en este combate que ahora se vislumbra como muy estéril, a pesar de las declaraciones rotundas y confiadas que se han dado de una parte y otra de la tribuna, pero sin que la corrupción haya retrocedido un solo centímetro.
Lambayeque, como todas las demás regiones del Perú también tiene, a su vez, una Comisión Regional Anticorrupción, llamada la CAR Lambayeque y que actúa dentro del Sistema Nacional de Comisiones que la mencionada Ley N.º 29976 estableció. Por ahora la Comisión Regional es liderada por el presidente de la Corte Superior de Justicia, Aldo Zapata López, y la integran otros funcionarios públicos de primer nivel.
La comisión cuenta con un Secretario Técnico, que actúa acreditado por una Ordenanza Regional que consolidó esta suerte de colectivo institucional del cual muy poco se conoce. El secretario técnico es Elías Daniel Pinglo Risco, a la vez directivo del Gobierno Regional de Lambayeque y quien comenta con Expresión sus preocupaciones y propuestas para que la comisión “deje de ser un té de tías”, como él mismo lo menciona, y se convierta en una herramienta visible y adecuada para luchar contra la corrupción.
¿Por qué decir que la Comisión Regional Anticorrupción es “un té de tías”?
Con el perdón de las “tías” eso me lo dijo un periodista muy joven, quien en el año 2011, cuando se reconformó la Comisión Anticorrupción de Lambayeque me dijo que, a su parecer y por encima de las personas que la conformaban, para él solamente era una decoración más y que nada se lograría con dicha comisión. A la luz de lo que hemos vivido en Lambayeque desde ese año hasta hoy nos veríamos obligados a darle la razón al amigo de prensa, pero también debemos extraer una lección muy cierta: las declaraciones en papel no sirven de nada para luchar contra la corrupción, porque el fenómeno se ha extendido tanto que inunda nuestro día a día y afecta hasta a la vida de nuestras familias.
O sea, ¿no sirven de nada las comisiones?
Si no arriesgamos en darle recursos a todos los buenos propósitos que tiene el sector público entonces seguiremos desperdiciando tiempo y palabras en prometer lo que sabemos a ciencia cierta que nunca se va a lograr. Los años que tengo en gestión pública me han convencido de que debemos recuperar el practicismo y como dijo el inmortal Vallejo: “Echarnos a andar”.
Lo que en realidad sucede es que en el gobierno peruano se juega mucho al Gran Bonetón y a la irresponsabilidad. Se ha consolidado un credo cuyo gran decisor es el Ministerio de Economía y Finanzas: si tú quieres proponer una ley y esa ley requiere recursos efectivos, pues tendrás que ponerle al texto de la ley un artículo que diga: “Cada entidad hará esto con sus propios recursos sin exigir nada al Tesoro Público”. En caso contrario; es decir, si no lo haces, el MEF no deja pasar la Ley y te quedas con las ganas de aprobarla. Sucede entonces que, para conseguir que se suscriba la norma el autor de la iniciativa incorpora aunque sea de mala gana este candado presupuestal y ¡échate a soñar y después a llorar!La norma no servirá más allá que para ser expuesta en congresos internacionales y decir: “Miren el Perú tiene esta Ley bien bonita, pero de nada nos ha servido hasta hoy”.
¿No es un poco duro eso? En el CADE último se reclamaba que el MEF recupere el control económico porque la actuación del Congreso de mayoría fujimorista está promoviendo leyes a las que se tilda de populacheras y que harán un gran forado en los fondos públicos.
Ese es el cuco que los funcionarios del MEF siempre sacan a la luz. Mucho se habla del poder de los tecnócratas, muchos de ellos estudiosos destacados de las universidades europeas o de Norteamérica; pero a la hora de los loros, como se dice en cristiano, los errores que esos técnicos han cometido nos están poniendo al borde del abismo. El paraíso fiscal prometido ha sido un bluff generado y corrupto por un poderoso caballero que ponía el dinero brasilero y yo me pregunto si ningún tecnócrata del MEF se dio cuenta de cómo se afectaba y comprometía nuestro futuro de los próximos cien años; bueno y si se dieron cuenta los del MEF y nada dijeron pues entonces resultan siendo cómplices por omisión de todo lo que pueda pasar.
¿Cuál sería entonces la ruta para luchar contra la corrupción?
La ruta tiene dos carriles al entender de la Comisión Regional Anticorrupción de Lambayeque. En la última sesión extraordinaria que se tuvo, en noviembre pasado, sus integrantes plantearon interesantes propuestas, pero también coincidieron en que debemos adoptar acciones concretas. Aunque no es una novedad, vale la pena remarcarlo: los carriles eran sanción efectiva y prevención educativa, pero en este último tema ello no se limitaría únicamente a la formación de los menores en los colegios, sino que se entraría por primera vez a la formación de adultos interesados en participar en la gestión pública, digamos como candidatos a cargos regionales, locales o nacionales en los procesos electorales y también candidatos a directivos por designación. Prevención en mayores es, a criterio de la CAR Lambayeque, una acción urgente porque el tiempo ya nos ganó la batalla y seguimos sin reaccionar ante ello.
¿Sanción efectiva?, ¿acaso los códigos en vigencia no están agravando penas y nada sucede?
Sí, es cierto que las penas se incrementan en los delitos vinculados a corrupción, pero eso no resuelve el problema. La disuasión no tiene fuerza realmente porque ha avanzado tanto la sinvergüencería que ya es casi una tarea nacional y a nadie le llama la atención que los más corruptos terminen siendo declarados inocentes por algunos jueces.
El círculo es vicioso por excelencia: a más corrupción más recursos indebidos acumulados... Esa riqueza sirve para comprar conciencias; de este modo el corrupto sigue libre y también sigue acumulando recursos al extremo que algunos malos operadores de justicia los empiezan a mirar con mucha apetencia. No olvidemos que tuvimos un juez que se hizo famosísimo por su capacidad extorsiva, que huyó bien cargado de dinero seguramente, que alrededor de él hasta hubo un crimen contra su secretaria, que todos hablaban de su abuso de poder, pero todos lo dejamos huir y hasta malos abogados compraban, a través de él, sus decisiones completando el circulo de la vergüenza. Muchos colegas se reputan ser buenos únicamente porque están bien articulados con las mafias internas y así compran también la razón de sus defensas. Ah, y cobran mucho por sus servicios sin que les importe de dónde salgan los recursos para financiarlos.
De eso nadie dice nada.
¿Cómo se debería sancionar? Hay países que hasta decretan muerte para estos casos.
Correcto. En redes sociales circula mucho un video sobre el caso de Singapur que algunas fuentes tratan de desacreditar; pero que sí refleja cosas ciertas de ese país. En primer lugar se debe perder la complicidad del silencio. El mandatario de Singapur Lee Kuan Yew decía: “Si quieres derrotar la corrupción debes estar listo para enviar a la cárcel a tus amigos y familiares".
También se estableció la pena de muerte en ese país, pero claro que no con el radicalismo que se dice en las redes. Hubo casos concretos en los que se acudió al fusilamiento de delincuentes y extorsionadores; y lo que mejoró notoriamente fueron los ingresos de los servidores públicos, pero al mismo tiempo se estableció un régimen de sanciones que los inhabilitaba de por vida si a pesar de ganar muy buena remuneración se involucraban en actos de corrupción.
Pero acá en el Perú se dice que no podemos optar por la pena de muerte…
Lo que nos sucede aquí es que si no paramos de una forma u otra el partido la corrupción nos ganará por goleada. Es cierto que la población cansada exige pena de muerte como un elemento disuasivo y siempre les sale al frente un teórico que argumenta, sin prueba alguna, que la pena de muerte no ha tenido resultados en ningún sitio. Para mí es una cuestión de criterios. Lo que me ha hecho más gracia es la voz de un congresista, quien dice que no se puede aplicar la pena de muerte en el Perú porque la administración de justicia es tan mala que podría dar muerte a un inocente.
Para mí esa afirmación es el disparate más grande que he escuchado, porque refleja la confesión de que no sirve para nada el sistema de justicia y entonces qué podemos esperar de ese sistema todos los peruanos. No tenemos defensa y menos delanteras. ¡Terminaremos en una suerte de Fuente Ovejuna! Y cuando eso suceda no creo que queden esperanzas de remediar nuestros problemas. Creo que al Perú siempre le ha gustado ponerse pantalones demasiados grandes. Somos el país de los copiones, nos copiamos la constitución de otros países sin pensar en que esos países son distintos a nosotros; nos traemos las leyes más avanzadas y queremos que las personas se acuesten peruanas y amanezcan europeas solamente porque en El Peruano se publicó una ley. ¡Eso es un mito!
¿Entonces reforzando la sanción y empezando la prevención educativa, pero cómo?
La Comisión Regional Anticorrupción, como todas las de su tipo, es una mesa de concertación en donde participan los máximos representantes de los organismos públicos y los representantes más visibles del sector privado. No es para nada una corte ni un tribunal acusatorio. Es una mesa de acuerdos, en donde se ven las caras los cabezas de entidades y se deberían confiar, unos a otros, la necesidad de encuentros de cooperación que contribuyan primero a sancionar a los responsables. En el sector público se están mejorando los controles, se sanciona ejemplarmente a algunos malos funcionarios, se les inhabilita por seis años y al día siguiente salen las voces: “Pobrecito, mucho le han puesto”, y luego de eso, y para colmo de males, a través del Poder Judicial les conceden amparo por derecho al trabajo y terminan reinstalados mondos y lirondos en el mismo puesto del que administrativamente se les sacó. Solo falta que te saquen la lengua y te hagan muecas. Esto es un circo.
Eso, por ejemplo, no debería suceder si los responsables de las instituciones de justicia conociesen directamente de parte de los alcaldes, gerentes y gobernador los casos exactos para contribuir en un propósito común. La propia policía se queja de que el Ministerio Público libera a los delincuentes que son capturados en flagrancia y es que no falta un letrado que, a cambio de ser bien remunerado, se dedica a combatir precisamente luchando a favor de todos los grandes infractores.
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