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La insistencia del exfuncionario de EPSEL Juan Miguel Valdivia Goicochea finalmente tuvo resultados. El 12 de julio pasado, el fiscal César Celis Zapata, de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo, emitió la Disposición N° 6 del Caso N° 2406074503-2010-2585-0 con la cual resuelve reexaminar los actuados del fiscal Sergio Zapata Orozco en el denominado caso de la Empresa de Transportes Línea, donde se involucra al expresidente del Directorio de la empresa del agua Percy Quesquén Díaz en el cobro de coimas cuando se desempeñaba como titular del Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo – SATCH.
El caso fue denunciado en agosto del 2010 por Expresión Tv con la difusión de un video grabado por el entonces gerente de la empresa de transportes, Mario Salini Falconí.
En la grabación este aparecía entregando un sobre con dinero a Víctor Díaz Zárate, quien supuestamente había llegado hasta su oficina por encargo de Percy Quesquén Díaz, en ese momento funcionario de la administración municipal de Roberto Torres Gonzales, como agradecimiento por la emisión de la Ordenanza Municipal N° 016-2009, que estableció recorridos provisionales para el ingreso y salida de buses interprovinciales a lo largo de la Avenida Francisco Bolognesi, en el centro de la ciudad.
El hecho fue acogido por la Procuraduría Pública Anticorrupción de Lambayeque, en se momento dirigida por el abogado Elver Díaz Bravo, quien dio cuenta al Ministerio Público generándose la Carpeta Fiscal N° 2585-2010.
Semanas después de formulada la denuncia por el procurador anticorrupción, la carpeta fue archivada por el fiscal Sergio Zapata Orozco, quien ahora desarrolla a exclusividad la investigación contra la denominada organización “Limpios de la corrupción”, en la que se involucra precisamente a Torres Gonzales y a Quesquén Díaz.
El argumento que Zapata Orozco presentó para archivar la denuncia fue que no existían suficientes elementos de convicción que hicieran posible continuar con la formalización de la investigación preparatoria. El fiscal dejó en claro que esto no significaba que los hechos denunciados por el procurador carecían de ilicitud.
De los actuados por Zapata Orozco se tiene que este tomó las declaraciones de Víctor Díaz Zárate, quien refirió que el personaje llamado “Percy”, a quien hizo alusión durante su reunión grabada con el gerente de la empresa Línea, era el abogado Percy Requejo Gálvez y no Percy Quesquén Díaz, lo que fue suficiente para que este adoptara la decisión del archivamiento.
LA INSISTENCIA
Al determinarse la orden de captura de los presuntos integrantes de la organización “Limpios de la Corrupción”, en septiembre del 2014, se incluyó como investigado al ex gerente general de EPSEL, Juan Miguel Valdivia Goicochea, quien se puso a disposición de las autoridades judiciales en enero del 2015.
Meses después, el 22 de diciembre del 2015, Valdivia Goicochea declaró ante el fiscal adjunto Eli Pérez Díaz, de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo e integrante del equipo que dirige Sergio Zapata Orozco en la investigación a la presunta organización criminal, alcanzando detalles sobre la participación de Percy Quesquén en el caso “Línea”.
De acuerdo a lo declarado por el exfuncionario de EPSEL, habría sido el mismo Percy Quesquén quien le confesó que la denuncia presentada inicialmente por Expresión Tv y luego llevada al Ministerio Público por el procurador anticorrupción sí lo alcanzaba, pero que se simuló que se trataba del abogado Percy Requejo.
Según informó Valdivia Goicochea, cuando llegó a la gerencia general de EPSEL, Quesquén Díaz le solicitó emplear como asesor externo de la empresa al abogado Requejo Gálvez, quien tiempo atrás le había ayudado a salir de la investigación por el caso “Línea”.
Desde entonces, Juan Miguel Valdivia empezó a solicitar al despacho de Zapata Orozco que reabra la investigación archivada años antes, máxime porque en la investigación seguida a los “Limpios de la corrupción” Percy Quesquén goza de comparecencia restringida, en tanto él se encuentra bajo mandato de prisión preventiva desde enero del 2015.
EL CNM
Fueron tantas las veces que Valdivia Goicochea remarcó la importancia de reexaminar la actuación del fiscal Zapata Orozco en el caso “Línea”, que el 18 de abril de este año, cuando el representante del Ministerio Público acudió a la entrevista personal con los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura – CNM, como parte de su proceso de ratificación, el consejero Iván Nogueras Ramos, puso el tema sobre el tapete y cuestionó al fiscal sobre el asunto.
En respuesta, Zapata Orozco reiteró el argumento con el que en el 2010 archivó la denuncia y aseveró que las imputaciones de Valdivia Goicochea contra Quesquén Díaz se trataban de una suerte de venganza por las delaciones que este último había dado al Ministerio Público como parte de la investigación del caso “Limpios de la corrupción”.
La posición del fiscal motivó incluso a que Juan Miguel Valdivia presentara una denuncia en su contra por el presunto delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, la misma que se encuentra en trámite ante la Fiscalía Superior de Control Interno.
El 23 de junio, el ex gerente general de EPSEL se dirigió por escrito a la presidenta de la Junta de Fiscales de Lambayeque, Mariana Vásquez Zagaceta, solicitando la reapertura del caso “Línea”, dando cuenta detallada de lo sucedido al respecto desde que en diciembre del 2015 alcanzara información al fiscal adjunto Eli Pérez Díaz.
LA DECISIÓN
La Disposición N° 6, emitida por el fiscal César Celis Zapata el 12 de julio último, notificada recién el lunes de esta semana, señala que conforme la sentencia en el Expediente N° 6081-2005-PHC/TC, emitida por el Tribunal Constitucional, “una resolución emitida por el Ministerio Público en la que se establece que no hay mérito para formalizar una denuncia no constituye cosa juzgada”. No obstante – hace la precisión el fiscal – se exceptúa dicha regla cuando el archivo se emite debido a que el hecho no constituye delito.
Asimismo, Celis Zapata explica que el Artículo 335, inciso 2), del Código Procesal Penal señala que la disposición de archivo impide que otro fiscal pueda promover u ordenar que el fiscal inferior jerárquico promueva una investigación preparatoria por los mismos hechos. Sin embargo, esta regla se exceptúa si se aportan nuevos elementos de convicción, en cuyo caso se deberán reexaminar los actuados.
“De este modo, de autos se tiene como nuevo elemento de convicción la declaración brindada por Juan Miguel Valdivia Goicochea, el 22 de diciembre del 2015, en la investigación signada con Carpeta Fiscal N° 2447-2014, en la que el referido tiene condición de investigado, donde precisa las circunstancias en que presuntamente el ciudadano Percy Quesquén le comentó que ‘había logrado el archivamiento porque en el video no se mencionaba su apellido, solo su nombre, y lo que había hecho era conseguir un abogado que también se llamase Percy para elaborar un contrato de servicios con Línea y emitir recibos por honorarios para simular que el señor Víctor Díaz Zárate había ido a cobrar por supuestos servicios de asesoría jurídica”, señala la disposición de Celis Zapata.
El fiscal añade que dicha información, al ser contrastada con las contradicciones entre los trascrito del video y las declaraciones brindadas por Víctor Díaz Zárate, hacen posible que su despacho considere la declaración brindada por Valdivia Goicochea “como pertinente, útil y necesaria”, siendo procedente el reexamen del caso.
DILIGENCIAS
De este modo, el fiscal César Celis ha dispuesto que se reabran los actuados seguidos contra Roberto Torres Gonzales por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo propio o cohecho pasivo impropio en agravio del Estado, representado por la Municipalidad Provincial de Chiclayo, y contra Víctor Díaz Zárate y Mario Salini Falconí, ambos por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo genérico en agravio del Estado.
Se ha fijado un plazo de 70 días naturales para el desarrollo de la investigación que comprende recibir el próximo 24 de agosto la declaración Juan Miguel Valdivia en el Establecimiento Penitenciario de Chiclayo; y el 1 de septiembre de Díaz Zárate y Salini Falconí.
Asimismo, que el 8 de septiembre brinde su declaración Percy Quesquén Díaz y Percy Requejo Gálvez, en tanto el 12 de septiembre haga lo propio el exalcalde Roberto Torres.
A mediados de diciembre pasado la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque, a cargo de la fiscal Magaly Quiroz Caballero, formalizó la investigación preliminar por el presunto delito de lavado de activos contra la médica Cinthia María Vargas Torres, quien valiéndose de un laudo arbitral a su favor, determinado con información supuestamente adulterada, cobró al Hospital Juan Pablo II casi dos millones de soles. El origen del asunto radica en que la profesional invocó el incumplimiento de un convenio suscrito a título personal con el nosocomio. Sin embargo, facturó a nombre de una empresa con la cual la entidad de salud no tenía vínculo comercial.
El 4 de octubre del 2016; es decir, hace poco más de 10 meses, el Hospital Privado Juan Pablo II SAC, con RUC N° 20480082673, representado por su gerente general Esteban Jacinto Isique, identificado con DNI N° 16637592, denunció ante el Ministerio Público a la médica Cinthia María Vargas Torres por el presunto delito de lavado de activos.
La denuncia se dio debido a que Vargas Torres habría aprovechado que su ex conviviente, José Yuri Moya Gasco, y su pariente Luis Felipe Vigo Vargas, asumían la presidencia del directorio y la gerencia general del Hospital Juan Pablo II, respectivamente, para firmar un convenio por siete años para la prestación del servicio de diagnóstico por imágenes, con grandes beneficios personales, incluso afectando las ganancias de la institución en la que es accionista.
Cuando Vargas Torres suscribió el convenio con el hospital lo hizo a título personal, pero al momento de facturar los servicios prestados por el diagnóstico por imágenes extendió comprobantes de la empresa Solumed SRL, con la cual la entidad no tenía vínculo alguno.
Este hecho impediría que Vargas Torres sustente el ingreso a sus cuentas personales de casi dos millones de soles, cobrados luego de ganar un arbitraje, aparentemente basado en información falsa, luego que el hospital dejara sin efecto el convenio extendido por su exconviviente y su pariente.
El caso estaría revestido de una serie de vicios, pues no solo se habrían configurado las causales para que el Ministerio Público formalice la investigación preparatoria contra la médica por lavado de activos, sino que además existirían elementos suficientes para que la Corte Suprema de la República reconsidere la decisión de la Primera Sala Penal de Apelaciones de Lambayeque, que este lunes resolvió ratificar el sobreseimiento de una denuncia por falsedad genérica, también presentada por el hospital contra Vargas Torres.
AMPLIAS VENTAJAS
Todo se remonta al 14 de marzo del 2011, cuando el Hospital Juan Pablo II suscribió el convenio con Cinthia Vargas para que esta brinde el servicio de diagnóstico por imágenes, acuerdo que adoptado sin aprobación del directorio e, incluso, yendo en contra de la oposición del entonces integrante del órgano de gobierno empresarial, médico William Gonzales Herrera.
Por el convenio, que en la práctica resultó lesivo para la institución, Vargas Torres se comprometía a otorgar el 20 y 10 % de los ingresos obtenidos por pacientes por convenios de seguros y pacientes particulares, respectivamente, en cada examen de diagnóstico a favor del hospital, aun cuando el proveedor anterior dejaba para el nosocomio el 30 y 40 %.
Lo insólito del caso es que siendo accionista de la institución, Vargas Torres recibió el respaldo del entonces presidente del directorio, José Yuri Moya Gasco, y el gerente general del mismo, Luis Felipe Vigo Vargas, con quienes mantenía vínculo afectivo y familiar.
NULIDAD DEL CONVENIO
No fue sino hasta el 5 de septiembre del 2012, al producirse el cambio de las autoridades del hospital privado, que se revisó la situación del convenio que establecía las amplias ventajas concedidas a Vargas Torres por un período de siete años.
Al asumir la presidencia del directorio el galeno William Gonzales Herrera, y la gerencia general la médica Nancy Mocarro Aguilar, convocaron a una reunión a Cinthia Vargas al no encontrar el original del convenio suscrito un año antes, más aún porque detectaron que la facturación que se extendía al hospital era girada por la empresa Solumed SRL y no por la beneficiaria del acuerdo.
Estas irregularidades motivaron a los directivos a concluir de parte el convenio, lo que abrió a Vargas Torres la posibilidad de recurrir a la vía arbitral para ser resarcida por supuestos daños y perjuicios.
EL ARBITRAJE
Fue así como el 10 de junio del 2013 la médica Cinthia Vargas presentó al centro de Conciliación y Arbitraje de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo una solicitud para someter a controversia su pretensión de indemnización por los daños y perjuicios, supuestamente causados por los representantes del Hospital Juan Pablo II SAC al dejar sin efecto el convenio.
Para calcular las pérdidas, Vargas Torres, en un peritaje de parte, alcanzó como referencia los ingresos y ganancias percibidas durante los primeros nueve meses del 2012, monto que ascendía a 272 mil 543.92 soles.
Tomando como base la información alcanzada por la médico, el perito Luis Seclén Chéves estimó que el lucro cesante a favor de Vargas Torres era de un millón 965 mil 344.58 soles.
Sin embargo, una pericia contable realizada por la CPC María Astrid Reynoso de Vargas, encargada por los representantes del Hospital Juan Pablo II, la que determinó que el informe pericial de Cinthia María Vargas Torres fue adulterado en los montos por los servicios de “RX” intraoperatorio, a un mil por ciento.
Es decir, de manera premeditada se habrían adulterado los costos para lograr una mayor cifra indemnizatoria. Por ejemplo, la médica argumentó que por cada diagnóstico intraoperatorio de braquiterapia percibía mil 800 soles, cuando el costo real de lo facturado al hospital era de 180 soles.
¿LAVADO DE ACTIVOS?
Durante la etapa de la investigación en el Ministerio Público por el delito de fraude procesal, la médico Cinthia María Vargas Torres, en abril del 2016, presentó ante a la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo, un informe de su situación tributaria correspondiente al ejercicio anual 2012, en el que manifestó que como persona natural había percibido la suma de 256 mil 300 soles y a través de Solumed SRL, de la cual es representante legal, 272 mil 543.92 soles, los que en su totalidad fueron por servicios prestados al Hospital Juan Pablo II.
Sin embargo, de los 256 mil 300 soles que dijo haber percibido como personal natural solo pudo sustentar con recibos por honorarios un ingreso de 21 mil 868.80 soles. El monto restante, 234 mil 432.12 soles, fue consignado en sus libros contables de varios y en su declaración jurada de pago anual de impuesto a la renta correspondiente a ese año.
La pericia de parte realizada por el Hospital Juan Pablo II ha demostrado que en tres meses Vargas Torres obtuvo el ingreso de 65 mil 555.54 soles, 43 mil 686.74 soles de estos como a través de Solumed SRL.
Lo inexplicable es que la médico pudo regularizar el pago del impuesto a la renta correspondiente al año 2012 recién el 22 de marzo del 2016, cuatro años después, sin que hasta el momento la SUNAT haya observado los ingresos de Solumed SRL por facturación emitida al Hospital Juan Pablo II pese a no tener vínculo contractual alguno.
¿Qué sucede en el Colegio de Abogado de Lambayeque? El vicedecano, José Larios Bernal, rompe su silencio y con documentos en mano pide la intervención de la Comisión Revisora de Cuentas ante el incumplimiento del estatuto por parte del titular de la orden profesional, el exjuez Juan Zamora Pedemonte. Es tal la disconformidad con el proceder del decano, que el integrante del Consejo Directivo sostiene que lo más conveniente sería el adelanto de las elecciones para la designación de nuevos dirigentes.
Larios Bernal ha decidido hacer público su descontento con la manera en la que el decano ha aislado a los integrantes de la directiva del otrora ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque.
Lo más preocupante – señala – es que la negativa de Zamora Pedemonte se centra en dar cumplimiento a lo que manda el estatuto de la institución, lo que hace más cuestionable aún su gestión como decano.
“Desde el año 2010, fui elegido representante en la Asamblea de Delegados, cuando se instaló por primera vez, he venido luchado por que se respete el estatuto. Nuestro colegio tiene estatutos y todos los abogados debemos respetarlos. Sin embargo, en la actual gestión si bien es cierto en un inicio se venía cumpliendo con las reuniones mensuales que este establece, a partir de julio y en lo que va del presente mes, el señor decano ya no cita a sesiones a la junta directiva”, menciona como ejemplo Larios Bernal.
A LA COMISIÓN
La desatención del decano ha motivado a Larios Bernal a dirigirse por escrito al presidente de la Comisión Revisora de Cuentas, Víctor Manuel Calleja Vela, con carta remitida el lunes 14 de agosto, en la que solicita su intervención ante lo que considera una trasgresión sistemática al estatuto de la orden.
Conforme se precisa en el Artículo 57, inciso 5, de los estatutos del Colegio de Abogados de Lambayeque, la Comisión Revisora de Cuentas es la encargada de velar por su cumplimiento, haciendo las veces de un equipo fiscalizador de la gestión de gobierno.
En ese sentido, en su misiva Larios Bernal señala que desde julio pasado Zamora Pedemonte no ha convocado a sesiones del Consejo Directivo, contraviniendo lo señalado en el Artículo 43, inciso 12 del estatuto, y que tampoco ha dado cuenta de la implementación de los diplomados de capacitación profesional, los mismos que deben mantenerse activos de acuerdo al Artículo 121.
“Nuestro decano tiene que preocuparse en esto, porque nuestros abogados tienen derecho a capacitarse y es la gestión actual que él lidera la llamada a organizar cómo es que deben dictar los cursos de capacitación, dando sobre todo las facilidades del caso al Director Académico, que es el doctor Edgar Tello Rodríguez. El doctor Tello ha venido en infinidad de oportunidades solicitándole el apoyo para que se realicen los cursos y, sin embargo, nuestro decano se niega a apoyarlo. Es más, existen abogados que tienen instituciones que dictan capacitaciones, quienes han presentado sus propuestas y estas no han sido puestas de conocimiento ante el Consejo Directivo para que se tomen decisiones al respecto”, detalla.
José Larios añade que tampoco se ha designado a la Comisión Permanente de Administración del Fondo Previsional, de conformidad con el Artículo 100, y no se está cumpliendo con la rendición de cuentas de manera mensual como manda el Artículo 116 del estatuto. Remarca que se desconoce a cuánto asciende el monto disponible en el fondo previsional y en el fondo mortuorio del colegio.
EL REFERÉNDUM
Respecto al referéndum consultivo, que de acuerdo a los artículos 91, 92 y 93 debe realizarse en septiembre próximo, hasta el momento no se ha realizado coordinación alguna.
La reciente gestión de Carlos Martínez Oblitas como decano de la orden no realizó la consulta a los abogados para evaluar el desempeño de los integrantes del Ministerio Público y el Poder Judicial, pese a que – como refiere José Larios – los resultados son necesarios para conocer las mejoras de la administración de justicia, pero además porque el Consejo Nacional de la Magistratura – CNM, los toma en consideración durante el proceso de ratificación de jueces y fiscales.
“No hacer el referéndum va contra los intereses de una institución como el Colegio de Abogados y también contra los ciudadanos, que aspiran a una mejor administración de justicia”, sostiene.
MANEJO ECONÓMICO
El Colegio de Abogados tiene sus cuentas en azul. Se estima que el fondo previsional suma alrededor de tres millones de soles, pero además que los ingresos por habilidad y colegiaturas permiten a la institución manejar una economía holgada.
“Yo sí debo reconocer en el doctor Zamora lo siguiente: en febrero de este año se redujeron los gastos administrativos. Hasta el año pasado eran de 100 mil soles y este año bajaron a 35 mil. Eso es algo loable. Lo preocupante es la inversión en el centro de esparcimiento, donde se empezaron los trabajos en febrero”, asevera.
“Le hemos pedido que nos rinda cuentas sobre la inversión que se viene en el centro de esparcimiento, pero hasta la fecha no se nos ha informado cuánto es el monto que se va gastando. Tampoco conocemos el perfil ni el expediente, ni la maqueta del futuro centro de esparcimiento. Existe también falta de apoyo del decanato a las diferentes comisiones del colegio, no hay respaldo para que los directores cumplan con sus funciones”, precisa.
El área donde el colegio construirá su centro de esparcimiento se ubica en la carretera La Victoria – Monsefú, y lo que se ha avanzado hasta el momento es en la nivelación del terreno, quedando listo para las obras civiles.
“Las diferencias que existen no son de índole personal, sino porque se está incumpliendo con el estatuto. Los directores lo único que queremos es que se cumpla con el estatuto. Hace tres semanas nos hemos reunido con el doctor Zamora Pedemonte, hemos firmado un acta de paz en la cual él se comprometía a respetar los estatutos, pero al día siguiente ya estaba incumpliendo lo que habíamos acordado. Uno de los acuerdos era convocar a sesión de consejo para el 4 de agosto y no lo hizo. Pensábamos que lo iba a hacer el viernes pasado y tampoco fue así. Definitivamente él quiere dirigir la institución solo, de una manera autoritaria, unilateral, sin que nadie lo fiscalice, violando el estatuto”, enfatiza.
ADELANTO DE ELECCIONES
Con firmeza, José Larios señala que como vicedecano tiene la obligación de hacer que se respete el estatuto, por lo que exhorta al decano a retomar el cauce institucional.
“Si no respetamos el estatuto vamos a tener una institución anárquica y eso no nos lleva a resultados buenos. En este período ya estamos sin directivos y sin delegados, o sea él quiere gobernar solo. Entonces, ¿para qué hemos hecho un estatuto? Él no puede gobernar solo. Nuestro reclamo es que se ha elegido una junta directiva y él debe convocarla, resolver los problemas del Colegio de Abogados con su directiva”, manifiesta.
Teniendo en cuenta que el período para el que Zamora Pedemonte fue elegido vence el 31 de diciembre del 2018 y que la situación interna es crítica, José Larios afirma que las elecciones para la renovación del consejo directivo deben adelantarse.
“Debe haber un nuevo proceso electoral democrático, donde se asuma el compromiso de que el decano ganador respete los estatutos de la orden. Yo no estoy pidiendo como vicedecano quedarme en el cargo, jamás pediría eso porque no tengo esa visión, pero sí al señor Zamora Pedemonte y a los señores delegados que adopten la decisión de convocar a un nuevo proceso electoral, de tal forma que se devuelva la tranquilidad y legalidad al colegio, una institución que está llamada a ser ejemplo de las instituciones públicas y privadas del departamento”, enfatiza Larios Bernal.
Finalmente, sostiene que es lamentable la manera en la que el colegio ha perdido espacio y participación en la búsqueda de soluciones a los problemas de Lambayeque.
“No tenemos representatividad, nos hemos alejado, y eso es lo que me motiva a plantear que se adelanten las elecciones en el colegio”, señala.
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