Con el objetivo de abordar aquellos temas candentes de política pública que están en relación con el uso de suelo, los mercados del suelo y la tributación sobre la propiedad, el Instituto Lincoln de Políticas de Suelo presentó el informe “Implementación de la Recuperación de Plusvalías en América Latina: Políticas e instrumentos para el desarrollo urbano”.
El estudio, elaborado por el director del Programa para América Latina y el Caribe del instituto, Martim Smolka, resalta que las políticas e instrumentos de recuperación de plusvalías están provocando interés y cada vez más aceptación en el continente.
“Las iniciativas para entender y experimentar con los principios básicos de la economía detrás de recuperación de plusvalías ha crecido en número y creatividad e, instrumentos de captura de incrementos en el valor del suelo están siendo utilizados en combinación con prácticas tradicionales”, señala.
Según Smolka, las razones de la popularidad adquirida en las últimas décadas por las plusvalías son varias, destacando entre ellas la estabilización económica regional y la descentralización fiscal, la implementación de estrategias más progresistas de planificación y administración urbana, la redemocratización, el incremento de la consciencia social y las demandas por políticas públicas más equitativas.
Otras razones son los cambios en los enfoques sobre la privatización y las asociaciones público – privadas, influencias de las agencias multilaterales y consideraciones pragmáticas orientadas a la recuperación de los incrementos del valor de la tierra para obtener fondos que puedan satisfacer necesidades locales.
La plusvalía urbana es aquel incremento en el valor económico del suelo que se genera a partir de una inversión pública (construcción de vías, habilitación de servicios, etc.), y que beneficia directamente al propietario del terreno. Un problema común en América Latina es que el aprovechamiento de ese valor adicional generado como consecuencia de la inversión pública no es compartido entre el agente privado y el Estado, lo que resta recursos para la ejecución de nuevas obras de bienestar colectivo o con fines sociales.
GANANCIAS INMERECIDAS
“La expectativa de que un terreno puede ser designado para usos urbanos futuros o para reurbanización puede producir significativas alzas en los precios del suelo, incluso antes del inicio de cualquier inversión pública”, señala el director del Instituto Lincoln, con sede en Estados Unidos.
En el informe se precisa que la economía política de la urbanización latinoamericana ofrece muchos ejemplos de decisiones públicas cuestionables, ineficientes, inequitativas e insostenibles, relacionadas a la distribución especial de las inversiones en servicios e infraestructura urbana y con la aplicación arbitraria de normas y regulaciones del uso del suelo.
Por esta razón, Smolka afirma que no es difícil ver cómo la expectativa de obtener beneficios extraordinarios a partir de las inversiones públicas puede inducir a la complicidad entre propietarios del suelo y gestores públicos.
En el caso de Chiclayo, los ejemplos abundan. Durante la administración municipal de Roberto Torres Gonzales, se ejecutó la pavimentación de la Prolongación Pedro Ruiz Gallo, conocida como Calle N/N, sin que el trazo de vía represente un mayor impacto sobre el mejoramiento de la transitabilidad vial de la ciudad, llegando a interconectar áreas no habitadas con la zona este y la carretera al distrito de Pomalca.
Pese a las negativas técnicas y la oposición de algunos integrantes del concejo provincial, el municipio ejecutó la obra. Tiempo después se conoció que detrás de ella existió la pretensión de un inversionista inmobiliario de que se habilite la vía para así acceder a las matrices del saneamiento básico y obtener el consecuente incremento del valor del suelo a lo largo del recorrido de la calle.
Lo mismo sucedió en el mismo gobierno de Torres Gonzales, hoy recluido en el Establecimiento Penitenciario de Chiclayo, con la pavimentación de la Avenida Las Américas. Los grandes beneficiarios fueron los inversionistas privados y urbanizadores.
“Estos vínculos entre servicios y precios permiten un gran especia para la realización de prácticas como una activa especulación inmobiliaria, clientelismo y otros tipos de influencias, incluyendo la corrupción, entre los intereses públicos y privados. Por esta razón, la propiedad es un tema importante en la agenda de la política de tierra urbana, y es por eso que la distribución espacial de la inversión pública es tan vulnerable al abuso y al favoritismo por parte de grupos de interés bien ubicados socialmente”, afirma Smolka.
RECUPERACIÓN DE PLUSVALÍAS
El Instituto Lincoln explica que la recuperación de plusvalías se refiere al recobro, por el Estado, de los incrementos en el valor del suelo, que se constituyen en las ganancias inmerecidas que percibe el agente privado.
“Las políticas de recuperación de plusvalías se enfocan principalmente en los incrementos generados por las inversiones públicas y por acciones administrativas tales como el otorgamiento de permisos específicos para el cambio de usos del suelo y desarrollo, inclusive mayores densidades”, explica Martim Smolka.
Anota que el objetivo es basarse en los incrementos del valor del suelo generados por las intervenciones públicas para permitirle a las administraciones locales (municipios), mejorar el desempeño de la gestión territorial y producir fondos para brindar servicios e infraestructura urbana.
Smolka sostiene que una aplicación típica de la recuperación de plusvalías le permitiría al gobierno recuperar solamente aquella porción de los incrementos sobre el valor del suelo, creados por su intervención directa.
“Una aplicación más amplia haría posible que el gobierno recobrara cualquier aumento en el valor de la tierra derivado de acciones ajenas al propietario. Por ejemplo, aquellas que resultaran del impacto directo de las fuerzas del mercado asociadas al crecimiento de la población urbana o a los impuestos directos en los valores de la tierra producidos por el uso de subsidios a la vivienda y a los servicios urbanos”, precisa.
Otros ejemplos geográficamente más limitados se asocian con la legitimidad de las ganancias extraordinarias derivadas de la proximidad a sitios arqueológicos recientemente descubiertos o a los cambios drásticos en el vecindario.
Smolka cita como ejemplo la llegada de nuevos residentes famosos o tiendas de moda, que hacen al vecindario más atractivo y, por lo tanto, más apreciado que otros en el área. “En todos estos casos, los propietarios adyacentes no han hecho nada para elevar el valor de sus tierras. Entonces, una parte o todo el incremento del valor del suelo debería ser compartido con el público”, afirma.
¿Cómo se pueden recuperar las plusvalías urbanas? De acuerdo al estudio, existen varios modos de convertir las plusvalías en ingresos públicos, ya sea a través de impuestos, tasas, contribuciones de mejoras y otros medios fiscales o mediante la provisión de mejoras en sitio que beneficien a la comunidad.
EXPERIENCIAS
El investigador refiere que la creciente familiaridad con el uso de la recuperación de plusvalías en América Latina está respaldada por una amplia diseminación de prácticas ya en varios países y por la necesidad de encontrar nuevas fuentes de ingresos para los gobiernos locales, además de promover mayor equidad social que permitan enfrentar los actuales restos fiscales y de planificación urbana.
La legislación nacional como en Brasil y Colombia y la variedad de iniciativas municipales como en Córdova – Argentina, y Cuenca – Ecuador, se han diseñado para recuperar los cambios en los incrementos del valor de la tierra que resultan de las obras públicas y las decisiones administrativas.
“En muchos lugares los proyectos de desarrollo urbano han producido beneficios extraordinarios derivados de intervenciones públicas, causando incrementos en los valores de la tierra, los cuales quedaban usualmente en manos de los propietarios beneficiados y ahora se reparten con la colectividad. Aunque el valor monetario que se recupera suele ser pequeño, el potencial de crecimiento es significativo, como ilustran los casos de la contribución de mejoras en Bogotá o la subasta de derechos de construcción en Sao Paulo”, destaca.
Motivados por el deseo de mejorar la representatividad y las condiciones para el crecimiento del sector, un grupo de empresarios pesqueros y armadores de Lambayeque, que dirigen sus actividades desde las caletas de San José y Santa Rosa, han dado nacimiento al Gremio Pesca Industrial y Afines.
La nueva asociación tiene como presidente a Víctor Orosco Nuntón, quien señala que ante la problemática del sector pesquero es necesaria la unidad de los propietarios de embarcaciones, armadores y trabajadores artesanales, a fin de exigir del gobierno nacional mayor atención a las demandas que tienen, como la poner freno a la competencia desleal y los abusos que se cometen por parte de las grandes empresas que extraen los recursos hidrobiológicos con el respaldo de la Sociedad Peruana de Pesquería.
Para la conformación del gremio, los jóvenes dirigentes del sector reciben el apoyo de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, que apunta a su inclusión como asociados, para darle el acompañamiento y respaldo en las gestiones de índole institucional, empresarial y de negocios que se iniciarán en los próximos meses.
La directiva que preside Orosco Nuntón está conformada por Juan Nuntón como vicepresidente, Edwin Suclupe como director secretario, Julio Puescas como director tesorero y Juan Fiestas como director vocal.
Importante sector
“Nosotros somos principales contribuyentes y aportamos grandemente al Producto Bruto Interno – PBI, regional y nacional; por cada embarcación de pesca damos trabajo a 12 familias, las que generan una cadena económica que va desde la ama de casa hasta los que venden productos de pan de llevar o nos abastecen para el desarrollo de nuestras actividades, como los proveedores de combustible, por ejemplo. En consecuencia, jugamos un papel muy importante en la economía local y es necesario que estemos debidamente organizados”, señala el presidente del gremio.
Víctor Orosco refiere que uno de los objetivos de la asociación conformada es lograr que el sector pesquero crezca en Lambayeque y para ello son conscientes que necesitan de una representatividad sólida.
“Necesitamos un local institucional desde el cual podamos ofrecer servicios al sector y apoyo político que nos permita modificar normas que actualmente vulneran nuestros derechos e impiden el crecimiento de las empresas pesqueras locales. Para ello consideramos importante el apoyo de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque”, afirma.
Agrega que con el respaldo de la cámara de comercio, los empresarios pesqueros tendrán más posibilidades de ingresar a nuevos mercados y de entablar gestiones a nivel estatal.
“Con el apoyo de la cámara de comercio podremos llegar a donde nunca hemos llegado, sobre todo a los niveles del gobierno central, para que en el Ministerio de la Producción nos reciban y nos dé soluciones a nuestras demandas. Con el respaldo institucional de un gremio de prestigio como la cámara será difícil que nos cierren las puertas”, menciona.
Problemática
El gremio apunta a aglutinar a los 150 armadores pesqueros que operan desde Lambayeque y cuyas actividades llegan más allá de Chimbote por el sur, y de Piura, por el norte.
El dirigente asevera que la problemática de los empresarios pesqueros se hace mucho más aguda por los excesos que comete la Marina de Guerra a través de las capitanías de puerto, así como las altas sanciones económicas que se imponen con el agravante de que las embarcaciones quedan inmovilizadas.
“Hay abuso de autoridad, multas que están por encima de los dos o tres millones de soles y son impuestas por el Ministerio de la Producción, que a la vez inmoviliza las unidades quitándonos nuestra fuente de producción como pescadores. Otro serio problema es la fuerte presión tributaria que ejerce SUNAT, que nos absorbe con sus sanciones. La pesca nacional ya no mueve las cantidades de dinero que se veían antes, esto por el impacto que tiene la competencia desleal sobre nuestras actividades. Quienes son acogidos por la Sociedad Peruana de Pesquería son dueños de barcos de mayor tonelaje, tienen plantas procesadoras y fábricas y nos restringen cuando nosotros debemos entregar nuestros productos”, señala.
Los asociados al gremio son pescadores industriales que trabajan a partir de las cinco millas marítimas hasta las 200 millas que comprenden el Mar de Grau.
Aporte al desarrollo
Orosco Nuntón refiere que existen muchas alternativas con las cuales los empresarios pesqueros pueden cumplir con sus obligaciones tributarias con el Estado, como, por ejemplo, acogiéndose al sistema de obras por impuestos, a fin de generar mejores condiciones de vida en las localidades donde operan sus empresas.
“Nosotros no estamos en contra de la regulación, por ejemplo estamos a favor de la cuotas pesqueras, porque estas nos han permitido canalizar y tener un mejor flujo de caja. Yo estoy a favor de la Ley de Cuotas”, asevera el dirigente.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, Olivio Huancaruna Perales, alentó a los empresarios pesqueros a fortalecer el gremio y trabajar en unidad para concretar sus objetivos sectoriales.
Huancaruna Perales recordó que los pequeños empresarios deben trabajar doblemente para romper las barreras que las grandes compañías buscan poner.
Avelino Ponce de León Ojeda, quien acogiéndose a la conclusión anticipada y fue condenado a tres años de prisión suspendida por usar título profesional falso de economista y ocupó la jefatura del ex SATCH, estaría tras la creación de un centro de recaudación tributaria en el distrito de José Leonardo Ortiz.
El mencionado personaje, quien el 11 de marzo del 2015 fue destituido de la jefatura del ahora Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo, luego que la prensa pusiera al descubierto que no era profesional en Economía, actualmente se pasea en la comuna leonardina con pretensión de lograr la creación del ente recaudador para el sufrido distrito.
La noticia sobre la presencia del sentenciado, jurídicamente llamado reo libre, fue advertida por trabajadores de la casa edil, quienes pusieron los hechos en conocimiento de periodistas de este medio, descubriendo al mediodía del 4 de agosto la presencia del aludido personaje en el pasadizo del segundo piso del edificio municipal, parado frente a la puerta de acceso a la oficina de la Gerencia Municipal.
LA DESTITUCIÓN
El 9 de marzo del 2015, tras permanecer en la jefatura del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo desde el día 2 de enero del mismo año, Avelino Ponce de León Ojeda fue puesto al descubierto al confirmarse que no era profesional en economía, pues ostentaba un título falso supuestamente emitido por la Universidad Nacional Federico Villarreal.
A las 24 horas de haberse hecho público la preocupante información, la cual había sido confirmada por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria –SUNEDU, sobre el uso de título profesional falso, el alcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, lo destituyó del cargo. Avelino Ponce de León, al verse descubierto, desapareció de su oficina del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo.
El gerente de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Chiclayo de ese momento, Ruperto Castellanos Custodio, en conferencia de prensa hizo conocer que Avelino Ponce de León Ojeda fue denunciado ante el Ministerio Público por el delito de falsedad genérica, en la modalidad de utilizar documento fraguado.
De igual manera, la autoridad municipal designó en forma inmediata en el cargo de jefa del ex SATCH a María del Rosario Julca Encomendero, quien a los pocos días dejó el cargo al exigir el respeto a la autonomía de la institución en una entrevista dada a Expresión.
LOS REGIDORES
Desde la oficina de Imagen Institucional de la comuna leonardina se pudo observar a Avelino Ponce de León Ojeda esperando a alguna persona, siendo el gerente municipal, Juan Carlos Grandez Orbegoso, quien lo recibió fuera de su despacho; es decir, en el pasadizo. Al darse cuenta que eran observados y graficados, optaron por moverse a otro lado de la casa edil.
En ese momento, el regidor Onías Pérez cruzó los pasadizos de la estructura edil y al ser consultado sobre la presencia de Avelino Ponce de León Ojeda en la sede municipal, sostuvo desconocer ya que el acceso a la casa municipal es libre, pero en caso que dicho personaje tenga algún tipo de acuerdo con el gerente municipal para participar en la creación del Centro de Recaudación Municipal, este tendrá que responder sobre la contratación de la mencionada persona o alguna empresa a la que represente y que tenga que ver con la creación del CGT en Leonardo Ortiz.
Añadió que si bien a inicios del presente año se tomó un acuerdo municipal para llevar a cabo el proyecto de creación y puesta en funcionamiento del Centro de Gestión Tributaria, hasta la fecha el acuerdo ha quedado en nada; pues, en las sesiones de concejo que han pasado no se les ha hecho ningún informe al respecto.
AUREALIANO CASTAÑEDA
Consultado sobre la supuesta contratación de los servicios de Avelino Ponce de León para crear y poner en funcionamiento el centro tributario en el distrito de José Leonardo Ortiz, el regidor Aureliano Castañeda Hernández sostuvo desconocer las acciones que se estén tomando.
Agregó que existen dos acuerdos municipales para crear un ente recaudador, pero hasta el momento ni el alcalde y mucho menos el gerente municipal ha comunicado algún tipo de acción o decisión al seno municipal.
“Los estudios de prefactibilidad y factibilidad han sido autorizadas en sesiones de concejo realizadas el año pasado y a inicios del presente año. Esa responsabilidad la tiene de manera directa el alcalde Epifanio Cubas Coronado y el actual gerente municipal Juan Carlos Grandez Orbegoso”, señaló.
Dijo que si tanto la autoridad municipal como el gerente municipal tienen en mente o ya están en conversaciones con el sentenciado Avelino Ponce de León, serán los únicos responsables de las afectaciones que pueda sufrir la comuna leonardina, y responder ante el Ministerio Público por los perjuicios que puedan ocasionar al Estado.
JORGE OLIVERA
Para el fiscalizador Jorge Olivera Cruzado resulta algo inaudito que hasta el momento, a pesar que existen dos acuerdos de concejo, no se les informe qué tipo de acción y decisión se ha tomado o realiza en cuanto a la creación y puesta en operatividad de un centro recaudador para José Leonardo Ortiz.
Es más, tampoco se les ha informado si es que ya han encontrado a la persona o empresa que se encargará de realizar los estudios de prefactibilidad o realizará los estudios técnicos para dar vida al ente recaudador.
“Hasta el momento no hay nada. Los acuerdos de concejo que se han tomado referente al tema desde el año pasado, han quedado en papel. Sin embargo, lo más delicado es que el Ejecutivo no cumple con los acuerdos municipales, donde se encomienda que antes de dar vida al centro tributario en José Leonardo Ortiz, deben realizarse los estudios de prefactibilidad y ver si es posible y a costo cero, pero hasta la fecha no hay nada”, resaltó.
Explicó que en los acuerdos municipales de creación del ente recaudador se ha dejado constancia que la municipalidad de José Leonardo Ortiz no gastaría recursos adicionales en los estudios, así como por el proyecto.
“El alcalde Epifanio Cubas Coronado dijo bien claro que la creación del ente recaudador para José Leonardo Ortiz no iba a tener costo alguno para la municipalidad, ya que el proyecto se iba a ejecutar con el apoyo de profesionales del Ministerio de Economía y Finanzas - MEF”, puntualizó.
En cuanto a Avelino Ponce de León, sostuvo que es una persona que todo el mundo lo conoce, pero no porque haya hecho buena gestión pública, sino porque fue protagonista de un gran escándalo en la gestión del alcalde David Cornejo Chinguel, y sería preocupante que se le haya encargado la creación del ente recaudador.
“Se hace necesaria la creación del ente recaudador, pero que lo hagan personas que no están cuestionadas. En esta gestión municipal hay muchos errores, pero un error muy grave sería contratar los servicios de Avelino Ponce de León o de alguna empresa de asesoría o consultoría ligada a este señor. Estaré a la espera de lo que en próxima sesión de concejo informe el alcalde o el gerente municipal”, recalcó.
ISAEL BUSTAMENTE
A su turno, el regidor Isael Bustamante Medina confirmó que hasta el momento no tiene conocimiento de ninguna propuesta en lo referente a la creación y puesta en operatividad del Centro de Gestión de Tributaria en José Leonardo Ortiz.
“Recuerdo en dos sesiones de concejo se tomaron acuerdos municipales en la que se le daba facultades al gerente municipal para realizar los estudios de prefactibilidad de creación del ente recaudador. El alcalde Epifanio Cubas también se comprometió que esos trabajos no iba a tener costo alguno para la comuna, porque tenía el apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas –MEF- que iban a asesorar a los profesionales con que se cuenta en la comuna, en la creación del ente recaudador para José Leonardo Ortiz”, sostuvo.
Agregó que en cuanto a las visitas que Avelino Ponce de León Ojeda vendría realizando al gerente municipal, Juan Carlos Grandez Orbegoso, supuestamente por la creación del ente recaudador en el distrito de José Leonardo Ortiz, en próxima sesión de concejo solicitará una explicación, con el objetivo de dejar sentado en actas si dicho personaje llega a la comuna en calidad de administrado, interesado en prestar servicios al Estado cuando está inhabilitado o llega como visitante de amigos o conocidos.
“Si se tiene en mente contratar los servicios del señor Avelino Ponce de León o de alguna entidad de asesoramiento que él la pueda integrar, tanto el alcalde Epifanio Cubas Coronado, y el gerente municipal, tienen que informar al concejo municipal”, resaltó.
LA SENTENCIA
Los regidores recordaron al alcalde del distrito de José Leonardo Ortiz, Epifanio Cubas Coronado, y al gerente municipal, Juan Carlos Grandez Orbegoso, que el 28 de abril del 2016 el juez del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, Edgardo Asenjo Tamay, condenó a 3 años de pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución a Avelino Ponce de León, por haber utilizado un título profesional falso de economista de la Universidad Federico Villarreal, para asumir la jefatura del entonces Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo.
De acuerdo a la lectura de sentencia, el grave caso fue descubierto por la prensa a dos meses en que Avelino Ponce de León había asumido la jefatura del ente recaudador al haber sido designado como tal, mediante la Resolución de Alcaldía N° 046-2015/ MPCH/A, en la que el alcalde de Chiclayo David Cornejo Chinguel, resolvió designar en el cargo de “Jefe del Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo al Economista Avelino Ponce de León”.
Ante el escándalo, el alcalde David Cornejo Chinguel emitió de emergencia la Resolución de Alcaldía N° 279-2015/MPCH/A, del 12 de marzo del 2015, que en su parte resolutiva señala: “Destituir al señor Avelino Ponce de León Ojeda”.
Durante la audiencia judicial, Avelino Ponce de León Ojeda solicitó al magistrado acogerse al beneficio de la terminación anticipada del proceso; es decir, para salvar de una pena privativa de la libertad y ser encerrado en una celda del penal de Picsi, reconoció haber cometido el delito de uso de documento falso para asumir el cargo de jefe del hoy Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo.
Durante la investigación, el Ministerio Público determinó que Avelino Ponce de León venía haciendo uso de título falso de economista desde el año 2004, fecha en que también fue jefe del ex SATCH durante la gestión del exalcalde Arturo Castillo Chirinos.
De igual manera, ante la caída del exalcalde Roberto Torres Gonzales, en setiembre del 2014, la gestión municipal de Elizabeth Montenegro Dávila encargó el centro tributario a Ponce de León.
Ante el juez, Ponce de León reconoció los cargos, logrando que le reduzcan la pena, pues la Fiscalía solicitaba que lo sentenciaran a 4 años de cárcel efectiva y que se le obligue a pagar la suma de 50 mil soles por concepto de reparación civil a favor del Estado por el daño causado.
Al acogerse a la terminación anticipada la pena se le redujo a 3 años de cárcel suspendida y al pago de 15 mil soles por indemnización a favor del Estado. De igual manera, el juzgador dispuso su inhabilitación hasta el 2019.
+NOTICIAS
A mediados de diciembre pasado la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque, a cargo de la fiscal Magaly Quiroz Caballero, formalizó la investigación preliminar por el presunto delito de lavado de activos contra la médica Cinthia María Vargas Torres, quien valiéndose de un laudo arbitral a su favor, determinado con información supuestamente adulterada, cobró al Hospital Juan Pablo II casi dos millones de soles. El origen del asunto radica en que la profesional invocó el incumplimiento de un convenio suscrito a título personal con el nosocomio. Sin embargo, facturó a nombre de una empresa con la cual la entidad de salud no tenía vínculo comercial.
El 4 de octubre del 2016; es decir, hace poco más de 10 meses, el Hospital Privado Juan Pablo II SAC, con RUC N° 20480082673, representado por su gerente general Esteban Jacinto Isique, identificado con DNI N° 16637592, denunció ante el Ministerio Público a la médica Cinthia María Vargas Torres por el presunto delito de lavado de activos.
La denuncia se dio debido a que Vargas Torres habría aprovechado que su ex conviviente, José Yuri Moya Gasco, y su pariente Luis Felipe Vigo Vargas, asumían la presidencia del directorio y la gerencia general del Hospital Juan Pablo II, respectivamente, para firmar un convenio por siete años para la prestación del servicio de diagnóstico por imágenes, con grandes beneficios personales, incluso afectando las ganancias de la institución en la que es accionista.
Cuando Vargas Torres suscribió el convenio con el hospital lo hizo a título personal, pero al momento de facturar los servicios prestados por el diagnóstico por imágenes extendió comprobantes de la empresa Solumed SRL, con la cual la entidad no tenía vínculo alguno.
Este hecho impediría que Vargas Torres sustente el ingreso a sus cuentas personales de casi dos millones de soles, cobrados luego de ganar un arbitraje, aparentemente basado en información falsa, luego que el hospital dejara sin efecto el convenio extendido por su exconviviente y su pariente.
El caso estaría revestido de una serie de vicios, pues no solo se habrían configurado las causales para que el Ministerio Público formalice la investigación preparatoria contra la médica por lavado de activos, sino que además existirían elementos suficientes para que la Corte Suprema de la República reconsidere la decisión de la Primera Sala Penal de Apelaciones de Lambayeque, que este lunes resolvió ratificar el sobreseimiento de una denuncia por falsedad genérica, también presentada por el hospital contra Vargas Torres.
AMPLIAS VENTAJAS
Todo se remonta al 14 de marzo del 2011, cuando el Hospital Juan Pablo II suscribió el convenio con Cinthia Vargas para que esta brinde el servicio de diagnóstico por imágenes, acuerdo que adoptado sin aprobación del directorio e, incluso, yendo en contra de la oposición del entonces integrante del órgano de gobierno empresarial, médico William Gonzales Herrera.
Por el convenio, que en la práctica resultó lesivo para la institución, Vargas Torres se comprometía a otorgar el 20 y 10 % de los ingresos obtenidos por pacientes por convenios de seguros y pacientes particulares, respectivamente, en cada examen de diagnóstico a favor del hospital, aun cuando el proveedor anterior dejaba para el nosocomio el 30 y 40 %.
Lo insólito del caso es que siendo accionista de la institución, Vargas Torres recibió el respaldo del entonces presidente del directorio, José Yuri Moya Gasco, y el gerente general del mismo, Luis Felipe Vigo Vargas, con quienes mantenía vínculo afectivo y familiar.
NULIDAD DEL CONVENIO
No fue sino hasta el 5 de septiembre del 2012, al producirse el cambio de las autoridades del hospital privado, que se revisó la situación del convenio que establecía las amplias ventajas concedidas a Vargas Torres por un período de siete años.
Al asumir la presidencia del directorio el galeno William Gonzales Herrera, y la gerencia general la médica Nancy Mocarro Aguilar, convocaron a una reunión a Cinthia Vargas al no encontrar el original del convenio suscrito un año antes, más aún porque detectaron que la facturación que se extendía al hospital era girada por la empresa Solumed SRL y no por la beneficiaria del acuerdo.
Estas irregularidades motivaron a los directivos a concluir de parte el convenio, lo que abrió a Vargas Torres la posibilidad de recurrir a la vía arbitral para ser resarcida por supuestos daños y perjuicios.
EL ARBITRAJE
Fue así como el 10 de junio del 2013 la médica Cinthia Vargas presentó al centro de Conciliación y Arbitraje de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo una solicitud para someter a controversia su pretensión de indemnización por los daños y perjuicios, supuestamente causados por los representantes del Hospital Juan Pablo II SAC al dejar sin efecto el convenio.
Para calcular las pérdidas, Vargas Torres, en un peritaje de parte, alcanzó como referencia los ingresos y ganancias percibidas durante los primeros nueve meses del 2012, monto que ascendía a 272 mil 543.92 soles.
Tomando como base la información alcanzada por la médico, el perito Luis Seclén Chéves estimó que el lucro cesante a favor de Vargas Torres era de un millón 965 mil 344.58 soles.
Sin embargo, una pericia contable realizada por la CPC María Astrid Reynoso de Vargas, encargada por los representantes del Hospital Juan Pablo II, la que determinó que el informe pericial de Cinthia María Vargas Torres fue adulterado en los montos por los servicios de “RX” intraoperatorio, a un mil por ciento.
Es decir, de manera premeditada se habrían adulterado los costos para lograr una mayor cifra indemnizatoria. Por ejemplo, la médica argumentó que por cada diagnóstico intraoperatorio de braquiterapia percibía mil 800 soles, cuando el costo real de lo facturado al hospital era de 180 soles.
¿LAVADO DE ACTIVOS?
Durante la etapa de la investigación en el Ministerio Público por el delito de fraude procesal, la médico Cinthia María Vargas Torres, en abril del 2016, presentó ante a la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo, un informe de su situación tributaria correspondiente al ejercicio anual 2012, en el que manifestó que como persona natural había percibido la suma de 256 mil 300 soles y a través de Solumed SRL, de la cual es representante legal, 272 mil 543.92 soles, los que en su totalidad fueron por servicios prestados al Hospital Juan Pablo II.
Sin embargo, de los 256 mil 300 soles que dijo haber percibido como personal natural solo pudo sustentar con recibos por honorarios un ingreso de 21 mil 868.80 soles. El monto restante, 234 mil 432.12 soles, fue consignado en sus libros contables de varios y en su declaración jurada de pago anual de impuesto a la renta correspondiente a ese año.
La pericia de parte realizada por el Hospital Juan Pablo II ha demostrado que en tres meses Vargas Torres obtuvo el ingreso de 65 mil 555.54 soles, 43 mil 686.74 soles de estos como a través de Solumed SRL.
Lo inexplicable es que la médico pudo regularizar el pago del impuesto a la renta correspondiente al año 2012 recién el 22 de marzo del 2016, cuatro años después, sin que hasta el momento la SUNAT haya observado los ingresos de Solumed SRL por facturación emitida al Hospital Juan Pablo II pese a no tener vínculo contractual alguno.
La insistencia del exfuncionario de EPSEL Juan Miguel Valdivia Goicochea finalmente tuvo resultados. El 12 de julio pasado, el fiscal César Celis Zapata, de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo, emitió la Disposición N° 6 del Caso N° 2406074503-2010-2585-0 con la cual resuelve reexaminar los actuados del fiscal Sergio Zapata Orozco en el denominado caso de la Empresa de Transportes Línea, donde se involucra al expresidente del Directorio de la empresa del agua Percy Quesquén Díaz en el cobro de coimas cuando se desempeñaba como titular del Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo – SATCH.
El caso fue denunciado en agosto del 2010 por Expresión Tv con la difusión de un video grabado por el entonces gerente de la empresa de transportes, Mario Salini Falconí.
En la grabación este aparecía entregando un sobre con dinero a Víctor Díaz Zárate, quien supuestamente había llegado hasta su oficina por encargo de Percy Quesquén Díaz, en ese momento funcionario de la administración municipal de Roberto Torres Gonzales, como agradecimiento por la emisión de la Ordenanza Municipal N° 016-2009, que estableció recorridos provisionales para el ingreso y salida de buses interprovinciales a lo largo de la Avenida Francisco Bolognesi, en el centro de la ciudad.
El hecho fue acogido por la Procuraduría Pública Anticorrupción de Lambayeque, en se momento dirigida por el abogado Elver Díaz Bravo, quien dio cuenta al Ministerio Público generándose la Carpeta Fiscal N° 2585-2010.
Semanas después de formulada la denuncia por el procurador anticorrupción, la carpeta fue archivada por el fiscal Sergio Zapata Orozco, quien ahora desarrolla a exclusividad la investigación contra la denominada organización “Limpios de la corrupción”, en la que se involucra precisamente a Torres Gonzales y a Quesquén Díaz.
El argumento que Zapata Orozco presentó para archivar la denuncia fue que no existían suficientes elementos de convicción que hicieran posible continuar con la formalización de la investigación preparatoria. El fiscal dejó en claro que esto no significaba que los hechos denunciados por el procurador carecían de ilicitud.
De los actuados por Zapata Orozco se tiene que este tomó las declaraciones de Víctor Díaz Zárate, quien refirió que el personaje llamado “Percy”, a quien hizo alusión durante su reunión grabada con el gerente de la empresa Línea, era el abogado Percy Requejo Gálvez y no Percy Quesquén Díaz, lo que fue suficiente para que este adoptara la decisión del archivamiento.
LA INSISTENCIA
Al determinarse la orden de captura de los presuntos integrantes de la organización “Limpios de la Corrupción”, en septiembre del 2014, se incluyó como investigado al ex gerente general de EPSEL, Juan Miguel Valdivia Goicochea, quien se puso a disposición de las autoridades judiciales en enero del 2015.
Meses después, el 22 de diciembre del 2015, Valdivia Goicochea declaró ante el fiscal adjunto Eli Pérez Díaz, de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo e integrante del equipo que dirige Sergio Zapata Orozco en la investigación a la presunta organización criminal, alcanzando detalles sobre la participación de Percy Quesquén en el caso “Línea”.
De acuerdo a lo declarado por el exfuncionario de EPSEL, habría sido el mismo Percy Quesquén quien le confesó que la denuncia presentada inicialmente por Expresión Tv y luego llevada al Ministerio Público por el procurador anticorrupción sí lo alcanzaba, pero que se simuló que se trataba del abogado Percy Requejo.
Según informó Valdivia Goicochea, cuando llegó a la gerencia general de EPSEL, Quesquén Díaz le solicitó emplear como asesor externo de la empresa al abogado Requejo Gálvez, quien tiempo atrás le había ayudado a salir de la investigación por el caso “Línea”.
Desde entonces, Juan Miguel Valdivia empezó a solicitar al despacho de Zapata Orozco que reabra la investigación archivada años antes, máxime porque en la investigación seguida a los “Limpios de la corrupción” Percy Quesquén goza de comparecencia restringida, en tanto él se encuentra bajo mandato de prisión preventiva desde enero del 2015.
EL CNM
Fueron tantas las veces que Valdivia Goicochea remarcó la importancia de reexaminar la actuación del fiscal Zapata Orozco en el caso “Línea”, que el 18 de abril de este año, cuando el representante del Ministerio Público acudió a la entrevista personal con los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura – CNM, como parte de su proceso de ratificación, el consejero Iván Nogueras Ramos, puso el tema sobre el tapete y cuestionó al fiscal sobre el asunto.
En respuesta, Zapata Orozco reiteró el argumento con el que en el 2010 archivó la denuncia y aseveró que las imputaciones de Valdivia Goicochea contra Quesquén Díaz se trataban de una suerte de venganza por las delaciones que este último había dado al Ministerio Público como parte de la investigación del caso “Limpios de la corrupción”.
La posición del fiscal motivó incluso a que Juan Miguel Valdivia presentara una denuncia en su contra por el presunto delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, la misma que se encuentra en trámite ante la Fiscalía Superior de Control Interno.
El 23 de junio, el ex gerente general de EPSEL se dirigió por escrito a la presidenta de la Junta de Fiscales de Lambayeque, Mariana Vásquez Zagaceta, solicitando la reapertura del caso “Línea”, dando cuenta detallada de lo sucedido al respecto desde que en diciembre del 2015 alcanzara información al fiscal adjunto Eli Pérez Díaz.
LA DECISIÓN
La Disposición N° 6, emitida por el fiscal César Celis Zapata el 12 de julio último, notificada recién el lunes de esta semana, señala que conforme la sentencia en el Expediente N° 6081-2005-PHC/TC, emitida por el Tribunal Constitucional, “una resolución emitida por el Ministerio Público en la que se establece que no hay mérito para formalizar una denuncia no constituye cosa juzgada”. No obstante – hace la precisión el fiscal – se exceptúa dicha regla cuando el archivo se emite debido a que el hecho no constituye delito.
Asimismo, Celis Zapata explica que el Artículo 335, inciso 2), del Código Procesal Penal señala que la disposición de archivo impide que otro fiscal pueda promover u ordenar que el fiscal inferior jerárquico promueva una investigación preparatoria por los mismos hechos. Sin embargo, esta regla se exceptúa si se aportan nuevos elementos de convicción, en cuyo caso se deberán reexaminar los actuados.
“De este modo, de autos se tiene como nuevo elemento de convicción la declaración brindada por Juan Miguel Valdivia Goicochea, el 22 de diciembre del 2015, en la investigación signada con Carpeta Fiscal N° 2447-2014, en la que el referido tiene condición de investigado, donde precisa las circunstancias en que presuntamente el ciudadano Percy Quesquén le comentó que ‘había logrado el archivamiento porque en el video no se mencionaba su apellido, solo su nombre, y lo que había hecho era conseguir un abogado que también se llamase Percy para elaborar un contrato de servicios con Línea y emitir recibos por honorarios para simular que el señor Víctor Díaz Zárate había ido a cobrar por supuestos servicios de asesoría jurídica”, señala la disposición de Celis Zapata.
El fiscal añade que dicha información, al ser contrastada con las contradicciones entre los trascrito del video y las declaraciones brindadas por Víctor Díaz Zárate, hacen posible que su despacho considere la declaración brindada por Valdivia Goicochea “como pertinente, útil y necesaria”, siendo procedente el reexamen del caso.
DILIGENCIAS
De este modo, el fiscal César Celis ha dispuesto que se reabran los actuados seguidos contra Roberto Torres Gonzales por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo propio o cohecho pasivo impropio en agravio del Estado, representado por la Municipalidad Provincial de Chiclayo, y contra Víctor Díaz Zárate y Mario Salini Falconí, ambos por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo genérico en agravio del Estado.
Se ha fijado un plazo de 70 días naturales para el desarrollo de la investigación que comprende recibir el próximo 24 de agosto la declaración Juan Miguel Valdivia en el Establecimiento Penitenciario de Chiclayo; y el 1 de septiembre de Díaz Zárate y Salini Falconí.
Asimismo, que el 8 de septiembre brinde su declaración Percy Quesquén Díaz y Percy Requejo Gálvez, en tanto el 12 de septiembre haga lo propio el exalcalde Roberto Torres.
¿Qué sucede en el Colegio de Abogado de Lambayeque? El vicedecano, José Larios Bernal, rompe su silencio y con documentos en mano pide la intervención de la Comisión Revisora de Cuentas ante el incumplimiento del estatuto por parte del titular de la orden profesional, el exjuez Juan Zamora Pedemonte. Es tal la disconformidad con el proceder del decano, que el integrante del Consejo Directivo sostiene que lo más conveniente sería el adelanto de las elecciones para la designación de nuevos dirigentes.
Larios Bernal ha decidido hacer público su descontento con la manera en la que el decano ha aislado a los integrantes de la directiva del otrora ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque.
Lo más preocupante – señala – es que la negativa de Zamora Pedemonte se centra en dar cumplimiento a lo que manda el estatuto de la institución, lo que hace más cuestionable aún su gestión como decano.
“Desde el año 2010, fui elegido representante en la Asamblea de Delegados, cuando se instaló por primera vez, he venido luchado por que se respete el estatuto. Nuestro colegio tiene estatutos y todos los abogados debemos respetarlos. Sin embargo, en la actual gestión si bien es cierto en un inicio se venía cumpliendo con las reuniones mensuales que este establece, a partir de julio y en lo que va del presente mes, el señor decano ya no cita a sesiones a la junta directiva”, menciona como ejemplo Larios Bernal.
A LA COMISIÓN
La desatención del decano ha motivado a Larios Bernal a dirigirse por escrito al presidente de la Comisión Revisora de Cuentas, Víctor Manuel Calleja Vela, con carta remitida el lunes 14 de agosto, en la que solicita su intervención ante lo que considera una trasgresión sistemática al estatuto de la orden.
Conforme se precisa en el Artículo 57, inciso 5, de los estatutos del Colegio de Abogados de Lambayeque, la Comisión Revisora de Cuentas es la encargada de velar por su cumplimiento, haciendo las veces de un equipo fiscalizador de la gestión de gobierno.
En ese sentido, en su misiva Larios Bernal señala que desde julio pasado Zamora Pedemonte no ha convocado a sesiones del Consejo Directivo, contraviniendo lo señalado en el Artículo 43, inciso 12 del estatuto, y que tampoco ha dado cuenta de la implementación de los diplomados de capacitación profesional, los mismos que deben mantenerse activos de acuerdo al Artículo 121.
“Nuestro decano tiene que preocuparse en esto, porque nuestros abogados tienen derecho a capacitarse y es la gestión actual que él lidera la llamada a organizar cómo es que deben dictar los cursos de capacitación, dando sobre todo las facilidades del caso al Director Académico, que es el doctor Edgar Tello Rodríguez. El doctor Tello ha venido en infinidad de oportunidades solicitándole el apoyo para que se realicen los cursos y, sin embargo, nuestro decano se niega a apoyarlo. Es más, existen abogados que tienen instituciones que dictan capacitaciones, quienes han presentado sus propuestas y estas no han sido puestas de conocimiento ante el Consejo Directivo para que se tomen decisiones al respecto”, detalla.
José Larios añade que tampoco se ha designado a la Comisión Permanente de Administración del Fondo Previsional, de conformidad con el Artículo 100, y no se está cumpliendo con la rendición de cuentas de manera mensual como manda el Artículo 116 del estatuto. Remarca que se desconoce a cuánto asciende el monto disponible en el fondo previsional y en el fondo mortuorio del colegio.
EL REFERÉNDUM
Respecto al referéndum consultivo, que de acuerdo a los artículos 91, 92 y 93 debe realizarse en septiembre próximo, hasta el momento no se ha realizado coordinación alguna.
La reciente gestión de Carlos Martínez Oblitas como decano de la orden no realizó la consulta a los abogados para evaluar el desempeño de los integrantes del Ministerio Público y el Poder Judicial, pese a que – como refiere José Larios – los resultados son necesarios para conocer las mejoras de la administración de justicia, pero además porque el Consejo Nacional de la Magistratura – CNM, los toma en consideración durante el proceso de ratificación de jueces y fiscales.
“No hacer el referéndum va contra los intereses de una institución como el Colegio de Abogados y también contra los ciudadanos, que aspiran a una mejor administración de justicia”, sostiene.
MANEJO ECONÓMICO
El Colegio de Abogados tiene sus cuentas en azul. Se estima que el fondo previsional suma alrededor de tres millones de soles, pero además que los ingresos por habilidad y colegiaturas permiten a la institución manejar una economía holgada.
“Yo sí debo reconocer en el doctor Zamora lo siguiente: en febrero de este año se redujeron los gastos administrativos. Hasta el año pasado eran de 100 mil soles y este año bajaron a 35 mil. Eso es algo loable. Lo preocupante es la inversión en el centro de esparcimiento, donde se empezaron los trabajos en febrero”, asevera.
“Le hemos pedido que nos rinda cuentas sobre la inversión que se viene en el centro de esparcimiento, pero hasta la fecha no se nos ha informado cuánto es el monto que se va gastando. Tampoco conocemos el perfil ni el expediente, ni la maqueta del futuro centro de esparcimiento. Existe también falta de apoyo del decanato a las diferentes comisiones del colegio, no hay respaldo para que los directores cumplan con sus funciones”, precisa.
El área donde el colegio construirá su centro de esparcimiento se ubica en la carretera La Victoria – Monsefú, y lo que se ha avanzado hasta el momento es en la nivelación del terreno, quedando listo para las obras civiles.
“Las diferencias que existen no son de índole personal, sino porque se está incumpliendo con el estatuto. Los directores lo único que queremos es que se cumpla con el estatuto. Hace tres semanas nos hemos reunido con el doctor Zamora Pedemonte, hemos firmado un acta de paz en la cual él se comprometía a respetar los estatutos, pero al día siguiente ya estaba incumpliendo lo que habíamos acordado. Uno de los acuerdos era convocar a sesión de consejo para el 4 de agosto y no lo hizo. Pensábamos que lo iba a hacer el viernes pasado y tampoco fue así. Definitivamente él quiere dirigir la institución solo, de una manera autoritaria, unilateral, sin que nadie lo fiscalice, violando el estatuto”, enfatiza.
ADELANTO DE ELECCIONES
Con firmeza, José Larios señala que como vicedecano tiene la obligación de hacer que se respete el estatuto, por lo que exhorta al decano a retomar el cauce institucional.
“Si no respetamos el estatuto vamos a tener una institución anárquica y eso no nos lleva a resultados buenos. En este período ya estamos sin directivos y sin delegados, o sea él quiere gobernar solo. Entonces, ¿para qué hemos hecho un estatuto? Él no puede gobernar solo. Nuestro reclamo es que se ha elegido una junta directiva y él debe convocarla, resolver los problemas del Colegio de Abogados con su directiva”, manifiesta.
Teniendo en cuenta que el período para el que Zamora Pedemonte fue elegido vence el 31 de diciembre del 2018 y que la situación interna es crítica, José Larios afirma que las elecciones para la renovación del consejo directivo deben adelantarse.
“Debe haber un nuevo proceso electoral democrático, donde se asuma el compromiso de que el decano ganador respete los estatutos de la orden. Yo no estoy pidiendo como vicedecano quedarme en el cargo, jamás pediría eso porque no tengo esa visión, pero sí al señor Zamora Pedemonte y a los señores delegados que adopten la decisión de convocar a un nuevo proceso electoral, de tal forma que se devuelva la tranquilidad y legalidad al colegio, una institución que está llamada a ser ejemplo de las instituciones públicas y privadas del departamento”, enfatiza Larios Bernal.
Finalmente, sostiene que es lamentable la manera en la que el colegio ha perdido espacio y participación en la búsqueda de soluciones a los problemas de Lambayeque.
“No tenemos representatividad, nos hemos alejado, y eso es lo que me motiva a plantear que se adelanten las elecciones en el colegio”, señala.
+NOTICIAS
