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Al 2030, el departamento de Lambayeque contaría con una población de un millón 575 mil 176 habitantes y presentaría un núcleo urbano consolidado, conformado por los distritos de Lambayeque, Pimentel, José Leonardo Ortiz, La Victoria, Reque, Monsefú, Santa Rosa, San José y Pomalca, como un mismo continuo urbano, con una población aproximada de un millón 62 mil 645 habitantes, siendo una de las cuatro ciudades con categoría de metrópoli del país, junto a Lima, Arequipa y Trujillo, gestionado por una municipalidad metropolitana competente.
Se prevé que para entonces, Chiclayo, como metrópoli, tendrá un ordenamiento territorial destacable, con políticas habitacionales, de espacio público y de seguridad adecuados, que darían un nivel de calidad de vida respetable a sus ciudadanos.
Además de Chiclayo también destacarían por su volumen poblacional, de servicios y centralidad, otras ciudades como Tumán, con más de 34 mil 484 habitantes; Ferreñafe, con 39 mil 975 habitantes; Olmos con 47 mil 943 mil habitantes y Suton (nueva ciudad de Olmos), con 150 mil habitantes.
CONECTIVIDAD
Otra característica proyectada para el 2030 es que para entonces el departamento tendrá una elevada tasa de conectividad vial, con la Autopista del Sol en plena operatividad y la carretera Chiclayo – Olmos con mayor nivel de transitabilidad, especialmente en el intervalo Mochumí – Jayanca.
Asimismo, que se tendrá una eficiente red vial departamental que complementa a la nacional, articulando a las principales ciudades: Mocupe, Saña, Cayaltí y Oyotún, en el valle del río Saña; Chiclayo, Ciudad Eten, Tumán, Pátapo, Pucalá, Chongoyape y Ferreñafe, en en el valle del río Chancay – Lambayeque; Mórrope, Mochumí, Túcume, Íllimo, Pacora, Jayanca y Batán Grande, en el valle del río La Leche y Motupe; Olmos y Suton, con la nueva área agrícola incorporada, en los valles los ríos Motupe y Olmos, beneficiando a la población, empresas y sector público.
Se espera que para entonces Lambayeque también cuente con una mejor comunicación vial intercostera e interandina, que articule de manera longitudinal y transversal el territorio departamental a través de vías asfaltadas, que van de manera paralelas a las carretera Panamericana, permitiendo de esta manera una vinculación directa entre las ciudades de Oyotún y Cayaltí en el sur, con las ciudades de Chongoyape, Pucalá, Pátapo, Tumán y Ferreñafe, en el centro, y estas con las localidades de Batán Grande, Muchimí, Túcume, Íllimo, Pacora, Jayanca y Mórrope, en el norte, así como a nivel litoral entre las ciudades de San José, Pimentel, Santa Rosa, Puerto Eten y los centros poblados de Lagunas y Chérrepe, consolidándose el circuito vial costero, siendo innecesario tomar como escala intermedia a la metrópoli Chiclayo.
De igual manera se cuenta con comunicación vial directa entre los centros poblados capitales de Cañaris e Incahuasi, y de estos con los valles de Motupe y La Leche, permitiendo mayor vinculación e intercambio de mercancías, servicios y personas, haciendo que el área andina departamental se integre al desarrollo costeño a partir de sus recursos y potenciales.
USO DEL SUELO
En cuanto al uso del suelo, se estima que para el 2030 Lambayeque incremente su área agrícola en función a su disponibilidad de tierras eriazas y a obras de infraestructura hídrica complementaria, especialmente en los valles de Olmos, Motupe y Saña.
Asimismo, se considera que se seguirá contando con áreas naturales protegidas gestionadas de manera adecuada, que partirán de contar con una política de manejo del medio natural para la conservación de ecosistemas importantes en la región ubicados en los distritos de Olmos, Salas, Cañaris, Incahuasi, Pítipo, Chongoyape, Oyotún, Ciudad Eten y Reque, principalmente.
También se considera que para el 2030 se haya establecido una política clara con proyectos específicos de mejoramiento y diversificación de las zonas de cultivos de arroz y caña, acompañada de otra política que priorice el manejo eficiente de los recursos hídricos superficiales y subterráneos.
INFRAESTRUCTURA
Respecto a infraestructura se proyecta que al 2030 el departamento contará con el Terminal Portuario de Puerto Eten y su área de servicios complementarios, un nuevo aeropuerto internacional, un nuevo terminal terrestre internacional, la Autopista del Sol con un mantenimiento adecuado, una red eléctrica que beneficia a la mayor cantidad de centros poblados, así como un red densa de fibra óptica para Internet, que hacen que Lambayeque se encuentre conectada física y virtualmente con el país y el extranjero, generando mayores y mejores intercambios de información y bienes entre la población, instituciones públicas y empresas a nivel local, regional, nacional e internacional.
El impulso al mejoramiento y creación de nuevas infraestructuras y el establecimiento de políticas regionales claras harán que la economía regional se diversifique, especialmente en pesca, con el nuevo desembarcadero pesquero artesanal de San José, la modernización del muelle de Eten, la maricultura y la planta de procesamiento de Chérrepe y las islas Lobos de Tierra y Lobos de Afuera.
También se reconoce el aporte de la minería no metálica en Mórrope, Oyotún y Manuel Antonio Mesones Muro, y metálica en Cañaris, y del turismo, con una mayor oferta territorial del sector, especialmente para el turismo de playa, poniendo en valor las playas del distrito de Lagunas (Lagunas y Chérrepe); del turismo ecológico en las áreas naturales protegidas continentales y marinas, y del turismo patrimonial con los nuevos trabajos de investigación y conservación tanto de sitios prehispánicos, coloniales y republicanos, así como la puesta en valor a través de nuevos museos de sitio, como el de Huaca Bandera.
Tan configuración territorial llevaría a Lambayeque y a su capital, la metrópoli de Chiclayo, a tener una excelente articulación interna y externa con la mayoría de departamentos del norte y con el extranjero, permitiéndole mejorar su desarrollo económico con altos niveles de competitividad en servicios, agricultura, transportes y servicios públicos, ejerciendo una centralidad espacial destacable en el norte del país, muy atractiva para personas, empresas y entidades públicas al momento de definir una localización para establecerse y desarrollar sus actividades, consolidando de esta manera a Chiclayo como una metrópoli macroregional y funcionalmente como nodo principal del norte del Perú.
PUBLICACIÓN
Esta visión al 2030 se encuentra contenida en el texto “Prospectiva territorial de Lambayeque. Lambayeque nodo articulador del nororiente peruano”, documento elaborado por la Oficina de Planificación y Ordenamiento Territorial, con la participación del Equipo Regional de Planificación del gobierno regional y la asistencia técnica del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN y de ProGobernabilidad, proyecto del gobierno de Canadá.
El Gobierno Regional de Lambayeque desarrolla desde el 2015 un proceso participativo de planeamiento estratégico que comprende, en su primera fase, el análisis prospectivo del territorio departamental que implica la reformulación del Plan de Desarrollo Regional Concertado – PDRC, articulado al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y a los planes estratégicos sectoriales multianuales.
La prospectiva territorial contiene en su primer capítulo información referida a la caracterización del espacio, en el segundo capítulo se analiza el entorno en base a la identificación, selección y descripción de tendencias y el impacto que estas tienen sobre el modelo conceptual y el modelo actual.
En el tercer capítulo se identifican, definen y clasifican las variables estratégicas que conforman el territorio de Lambayeque, señalando además el rol que posee cada una para la construcción de futuros. El capítulo cuarto recoge información sobre el diagnóstico de las variables estratégicas seleccionadas con la finalidad de conocer la situación actual del desarrollo de Lambayeque y reconocer las fuerzas que los determinaron, a partir de la identificación y selección de indicadores que proporcionan información sobre el estado actual, evolución histórica y valor de referencia, así como el análisis casual y los actores más relevantes que influyen en cada una de las variables seleccionadas. Finalmente, el capítulo cinco se refiere a la construcción de escenarios analizados en tres dimensiones: escenario óptimo, el escenario tendencial y los escenarios exploratorios.
La médica Cinthia María Vargas Torres aprovechó que su entonces conviviente, José Yuri Moya Gasco, y su pariente Luis Felipe Vigo Vargas, asumían la presidencia del directorio y gerencia general del Hospital Juan Pablo II, respectivamente, para firmar un convenio por siete años por la prestación del servicio de diagnóstico por imágenes, con grandes beneficios personales, incluso afectando las ganancias de la institución en la que es accionista. Valiéndose de un laudo arbitral a su favor, ha cobrado cerca de dos millones de soles.
Vargas Torres sabía que la pericia contable efectuada por Luis Guillermo Seclén Chevez no era la correcta y prosiguió hasta cobrar el dinero vía ejecución de embargo al nosocomio.
Los actuales directivos de la institución de salud han interpuesto una serie de denuncias en el ámbito penal para demostrar que la médica cobró un monto que no se ajusta a la cancelación de un convenio para brindar el servicio de placas radiográficas, pues obtuvo una indemnización exorbitante alterando el valor real del examen de RX Intraoperatoria, cuyo costo es de 180 soles.
En su informe contable, aportado como medio probatorio en el proceso arbitral, Seclén Chevez consignó como valor del examen mil 800 soles cada uno, (10 veces el precio del mercado), sin que se hubiera cruzado ni cotejado información al respecto, perjudicando al hospital.
¿Desesperación?, ¿compadrazgos? ¿arreglos bajo la mesa?, son la interrogantes que se hacen los accionistas del Hospital Juan Pablo II SAC, los que hasta el momento no encuentran una pizca de justicia, tanto en el Ministerio Público como en el Poder Judicial, ante un mala pericia contable que los ha llevado a pagar la millonaria suma.
LA DENUNCIA
De acuerdo a la denuncia presentada ante el Ministerio Público, el 20 de marzo del 2015, Vargas Torres presentó, el 10 de junio del 2013, ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, una solicitud para someter a controversia una indemnización por daños y perjuicios contra la empresa Hospital Privado Juan Pablo II SAC, por un aparente incumplimiento del convenio de servicio de diagnóstico por imágenes.
La indemnización por lucro cesante, según lo señalado por el perito judicial Luis Guillermo Seclén Chevez, corresponde a la suma de un millón 965 mil 344.58 soles, logrando Tribunal Arbitral de Derecho, al que se indujo a error, declare en el expediente N° 001.2013 CCA/USAT fundada la pretensión, sin siquiera haber cruzado la información pertinente que le correspondía a tal monto para la aplicación de disolución de convenio.
La denuncia contra Cinthia Vargas fue sentada por quien en ese momento tenía a cargo la gerencia general del Hospital Juan Pablo II, quien señaló que no era correcta la forma en la que se ha determinado el lucro cesante, restando validez a la pericia realizada por el perito judicial Luis Guillermo Seclén Chevez, adscrito con el código N° 17000271999.
DE PARTE
En la pericia de parte presentada por el Hospital Juan Pablo II, realizada por la CPC María Astrid Reynoso de Vargas, auditora independiente con registro N° 086 en el Colegio de Contadores de Lambayeque, se demuestra la forma cámo la denunciada y el perito sobrevaluaron los ingresos obtenidos por Vargas Torres, quienes habrían actuando con dolo y alevosía, causando perjuicio económico a la entidad.
La médica aludida habría sacado provecho de esta situación y presentó un convenio por el ejercicio de la actividad médica de diagnóstico por imágenes con porcentajes favorables para ella y perjudiciales para la empresa por el período de siete años, convenio que firmó como persona natural. Sin embargo, utilizó a su empresa Solumed SRL, con la que el hospital no llegó a ningún acuerdo, para facturar por los servicios consignados.
Lo que legalmente correspondía es que Vargas Torres facture a su nombre.
Pero eso no es todo, Vargas Torres implementó el convenio con todas las ventajas que la presencia de sus familiares en la administración del hospital le proporcionaban. Así, por ejemplo, le facilitaron el inicio de sus actividades sin pagar ningún gasto e incluso dispusieron que del transformador de energía eléctrica se le habilitaran las conexiones para el funcionamiento de los equipos médicos.
También se le exoneró de los pagos de vigilancia, servicios de limpieza, impuestos prediales y arbitrios, ambientes, así como agua y alcantarillado.
¿CONCERTACIÓN?
El abogado de la parte denunciante, Jorge Luis Arboleda Ñeco, explica en la denuncia que el 4 de mayo del 2010 la empresa Hospital Juan Pablo II convocó a Junta General de Accionistas para elegir un nuevo Directorio para el período 2010-2011, en el que extrañamente resultó elegido como presidente el médico José Yuri Moya Gasco, cuando este ya no era socio de la empresa por no tener ninguna acción vigente, pues las había transferido a su conviviente Cinthia María Vargas Torres.
Junto a José Yuri Moya Gasco también fueron elegidos como miembros del directorio los médicos Luis Felipe Vigo Vargas y William Gonzales Herrera, como segundo y tercer director, respectivamente.
Una vez sentados en el directorio empresarial, José Yuri Moya Gasco, apoyado por el segundo director Luis Felipe Vigo Vargas, incluyen como tema de agenda la vista del “Convenio de participación de diagnóstico por imágenes” que había presentado la misma socia accionista y en la cual ella aparecía como única beneficiaria, quien además se presentaba como gerente general de la empresa Solumed SAC, entidad que el hospital no firmó ningún acuerdo.
LA OPOSICIÓN
Arboleda Ñeco sostiene en la denuncia que Vargas Torres y Moya Gasco, sin importarles los daños y perjuicios al hospital, así como los intereses de los socios, suscribieron la firma del convenio antes descrito siendo este ampliamente beneficioso para sus intereses personales y lesivo para la sociedad empresarial.
A pesar de la oposición del tercer director, William Gonzales Herrera, en la sesión de Directorio del 14 de marzo del 2011 se procedió a firmar el “Convenio de participación por el ejercicio de la actividad médica de Diagnóstico por Imágenes”, entre el hospital Privado Juan Pablo II y la médica Cinthia Vargas Torres.
“El tercer director, después de analizar el pedido de suscripción del convenio antes descrito, presentado por la médico Cinthia María Vargas Torres, manifestó de manera directa que no se podía aprobar y menos firmar, dejando en claro que el interés lo tendría también el presidente del directorio, José Yuri Moya Gasco, ya que la propuesta había sido presentada por su conviviente, con quien a la fecha tiene dos hijas, trasgrediendo las normas comerciales y los estatutos de la empresa”, indica el abogado.
POR SIETE AÑOS
La denuncia llegó a manos del fiscal Javier Quiroz Grosso, de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo, quien no habría tomado en cuenta que el directorio presidido por Moya Gasco solamente tenía vigencia de un año, por lo que no debía firmar un convenio por siete años y menos bajo la premisa que no podía ser resuelto por las partes, salvo por causa de incumplimiento.
En el artículo décimo del convenio, las partes convienen que el Hospital Juan Pablo II tendrá el derecho de percibir mensualmente el 20 por ciento de los ingresos captados por los pacientes provenientes de convenios y el 10 % por los pacientes particulares.
Lo que también llama la atención, es que la sesión del Directorio se inició a las 6:30 de la tarde del 14 de marzo del 2011, y a pedido del médico socio y gerente general del nosocomio, Luis Vigo Vargas, se solicitó la presencia del asesor legal, Carlos Zevallos Barrenechea, quien se pronunció a favor del convenio ante la oposición del director William Gonzales Herrera.
De acuerdo al informe pericial de parte, se ha determinado que la opinión legal fue alcanzada a las 8:00 de la noche de ese mismo día, sin tener el sello de recepción de mesa de partes.
Lo más extraño es que minutos después y sin la aprobación por parte del directorio, el segundo director y gerente general del nosocomio, Luis Vigo Vargas, procedieron a la firma del convenio, sin que exista algún informe y requerimiento.
NUEVO DIRECTORIO
Al asumir el nuevo directorio, presidido por el médico William Gonzales Herrera, designó en el cargo de gerente general del nosocomio a la médica Nancy Candelaria Mocarro Aguilar, adoptando como primera medida el “corte” contable y financiero, debido a que la empresa tenía un gran déficit, mantenía endeudamientos con proveedores y trabajadores, deudas a los médicos socios, deudas tributarias a la SUNAT y al SATCH, así como al sistema financiero por más de medio millón de soles.
En los libros de Juntas Generales de la empresa también se descubrió que antes Vargas Torres prestara el servicio de diagnóstico por imágenes, la empresa tenía otro proveedor que le otorgaba ganancias del 20 y 40 %
.
Es más, en los diversos archivos de la empresa tampoco se encontró ningún informe y requerimiento de servicio a favor de Cinthia María Vargas Torres y mucho menos a nombre de la empresa Solumed SRL.
Ante ello, la gerente general del nuevo directorio del hospital Juan Pablo II le hizo llegar una carta notarial a Vargas Torres comunicándole que se había acordado que deje de prestar el servicio y desocupe el lugar.
Sin embargo, ante el cruces de cartas notariales de una y la otra parte, Cinthia María Vargas Torres acudió a la vía de arbitraje contra el Hospital Juan Pablo II SAC, demandando daños y perjuicios por incumplimiento de cláusula del convenio, por un monto de un millón 965 mil 344.58 soles, importe que fue extraído tras la pericia realizada por Luis Guillermo Seclén Chévez.
EL MINISTERIO PÚBLICO
Mediante Disposición N° 01, del 24 de abril del 2015, un mes después de haberse presentado la denuncia, el fiscal Javier Quiroz Grosso abrió la Carpeta Fiscal 1022-2015 y sin tomar muy en cuenta el delicado caso ni tampoco realizar una debida valoración de las pruebas adjuntas, dispuso no formalizar la investigación preliminar.
Uno de los argumentos del fiscal Quiroz Grosso es que en la denuncia se cuestiona que habría falsedad en el peritaje presentado por el denunciado Luis Guillermo Seclén Chévez. Sin embargo, sustenta que la pericia realizada no tiene carácter de documento público, puesto que se trata de una pericia de parte para un proceso arbitral, en donde la solicitante expone sus pretensiones conforme a los planteamientos y apreciación económica realizada por el perito, quien no tiene la condición de funcionario público.
Quiroz Grosso también sustenta el archivamiento en que la valoración de la pericia ha sido efectuada por el Tribunal Arbitral de la USAT y que la denunciante tuvo oportunidad para presentar su peritaje.
Asimismo, argumenta que la denuncia penal y, por ende, el proceso penal, no son mecanismos alternativos que el Estado ha puesto a disposición de los justiciables para cuestionar los laudos arbitrales.
LO QUEJAN
Ante la respuesta de Javier Quiroz Grosso, el 10 de mayo del 2015 la defensa legal del hospital presentó recurso un de queja de derecho contra la Disposición Fiscal N° 01.
El 22 de setiembre del 2015 la titular de la Primera Fiscalía Superior Penal de Apelaciones de Lambayeque, Carmen Graciela Miranda Vidaurre, emitió la disposición N° 02-MP-1FSPA-LAMB, donde le enmendó la plana Quiroz Grosso y declaró fundada en parte la queja interpuesta por el Hospital Juan Pablo II, revocando la Disposición N° 01, disponiendo el desarrollo de las investigaciones para verificar si se habían falsificado los recibos emitidos por Vargas Torres por la prestación del servicio de Rayos X al Hospital Juan Pablo II S.A.C o que se investigara si el informe pericial contenía información falsa.
Después que se le corrigiera la plana, el 5 de octubre del 2015, mediante Disposición N° 04, el fiscal dispuso el inicio de las diligencias preliminares por mandato superior, con referencia a la denuncia formulada por el Hospital Juan Pablo II.
El desarrollo de la investigación fue puesto en conocimiento de la titular de Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Isabel Cortijo Núñez.
INSISTE EN ARCHIVAMIENTO
El 14 de setiembre del 2016, el representante del Ministerio Público, Javier Quiroz Grosso, presentó el requerimiento de sobreseimiento afirmando que el caso no es típico, y que al encontrarse el elemento fáctico – el hecho relevante de la denuncia- , requiere el sobreseimiento de la denuncia, dejando de lado que la investigación penal no era contra el laudo arbitral, sino contra la información contenida en la pericia de parte levantada por Luis Guillermo Seclén Chévez.
El 11 de noviembre la parte demandante se opuso al archivamiento propuesto por el fiscal Javier Quiroz Groso. Sin embargo, el 22 de junio de este año, mediante resolución, la titular del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria, Silvia Fernández Sánchez, declara fundado el sobreseimiento bajo la misma óptica del fiscal Javier Quiroz, señalando que encontraba elementos para afirmar la comisión del delito imputado a Cinthia María Vargas Torres y Luis Guillermo Seclén Chévez.
Empero, la parte demandante ha apelado el auto de sobreseimiento, cuyo expediente se encuentra en la Primera Sala Penal de Apelaciones.
Llama la atención que ya formalizada la investigación, la parte denunciada, con fecha 23 de mayo del 2016, presentó una excepción de improcedencia de acción, resolviéndose declarar infundada la excepción de improcedencia de acción, porque se evidencia la existencia de delito.
SITUACIÓN TRIBUTARIA
En el trayecto de la investigación, Cinthia María Vargas Torres, en el mes de abril del 2016, presentó ante la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo un informe de su situación tributaria del ejercicio 2012, donde manifestó que había percibido como persona natural la suma de 256 mil 300 soles, los que en su totalidad fueron por servicios prestados al Hospital Juan Pablo II. Sin embargo, con recibos por honorarios solo demostró tener un ingreso de 21 mil 868.80 soles.
Lo restante, 234 mil 432.12 soles, sí aparece consignado en sus libros contables de varios y en su declaración jurada de pago anual de impuesto a la renta del ejercicio 2012, manifestando que era por concepto de pacientes atendidos por ella en el Hospital Juan Pablo II, y que por dicho servicio no había emitido recibo.
Lo más delicado es que tras la denuncia en su contra, Vargas Torres, el 22 de marzo del 2016, regularizó el pago de impuestos a la renta del año 2012 por la suma de 256 mil 300 soles, considerando que al hacer el pago no tenía porqué demostrar de dónde provenía esa cantidad de dinero. Lo extraño es que la SUNAT no haya dispuesto ninguna revisión de sus ingresos.
La economía de Lambayeque se sostiene por la producción, dinámica y aporte de las micro y pequeñas empresas, unidades que tienen características propias y el enorme reto de superar la informalidad, una de las principales trabas para su crecimiento.
Rudy Salazar Cabrera, director del Instituto Universidad Empresa Sociedad – IES, de la UniversidadCatólica Santo Toribio de Mogrovejo, el más importante observatorio económico que existe en el departamento, explica que el mercado lambayecano está compuesto en un 97 % por microempresas, de las cuales el 50 % desparece antes de los cinco años. Esto representa, aproximadamente a 65 mil emprendimientos, muchos de ellos familiares, que no logran superar la etapa de madurez y crecimiento en los rubros en los que se desarrollan.
El 3 % restante está integrado por empresas medianas y grandes, y de este total el 2 % son grandes compañías asentadas en el departamento, lo que permite entender la dinámica de la economía lambayecana. Esto marca, según refiere Salazar Cabrera, una enorme brecha de informalidad que cala en el despegue de los indicadores de eficiencia, crecimiento y competitividad.
Otra realidad que pone en evidencia la situación de Lambayeque en el contexto nacional, es que solo 10 empresas aparecen en el ranking de las firmas con mayor facturación. En el 2015, por ejemplo, Tiendas EFE destacó en el sector comercio con una facturación anual de 181 millones de dólares, seguida de las agroindustriales Pomalca y Tumán, con 63 millones de dólares cada una, Pakatnamú, con 36 millones de dólares y Pronatur con 33 millones de dólares.
Los sectores que soportan la economía de Lambayeque son agricultura, comercio y manufactura.
EL RETO DE LA FORMALIZACIÓN
SalazarCabrera señala que el micro empresario no quiere formalizarse porque no tiene incentivos, porque al pasar a la legalidad de sus operaciones está obligado a tener una planilla y a pagar costos laborales y beneficios como seguro social y previsionalidad.
A inicios de este año, con las facultades legislativas que tuvo el Ejecutivo, se aprobaron una serie de modificatorias a los regímenes tributarios y se dieron escenarios más flexibles, como como la creación del régimen MYPE Tributario y la exoneración de tasas registrales. Sin embargo, la transición hacia la formalización es aún lenta.
El IES de la USAT en convenio con el Ministerio de la Producción, como parte de la Alianza del Pacífico y el apoyo de la cooperación suiza, ha puesto en operaciones el primer Centro de Desarrollo Empresarial de Lambayeque, a través del cual se ofrece asesoramiento subvencionado a las empresas para encaminarlas en diferentes procesos, uno de ellos el de la formalización.
Esta experiencia ha permitido conocer más de cerca la situación de los rubros económicos del departamento y confirmar que los resultados, pese a los incentivos dados por el Estado, no son aún los esperados.
“Creo que todavía el empresario no está encontrando una motivación como para querer formalizarse o para acceder al régimen especial que le permita un mejor acceso al financiamiento. Muchos piden un IGV diferenciado, con porcentajes distintos para el pequeño y gran empresario, y si bien ha habido algunos beneficios en relación al impuesto a la renta, los efectos aún no se sienten”, menciona Rudy Salazar.
Añade que también se ha identificado que existen empresarios que se encuentran en ambos escenarios; es decir, que parte de sus actividades las desarrollan de modo formal, en tanto otras las hacen como informales, porque esto les representa mayores ingresos. Un ejemplo de este doble comportamiento se encuentra en Moshoqueque, donde – según es especialista – se ha generado un círculo vicioso del que difícilmente los comerciantes querrán salir.
“Haya ciertas barreras como el desconocimiento y el temor, los empresarios no tienen mucha apertura para hablar de los temas de formalización porque creen que eso significa ejercer una alta presión sobre ellos y que es un mecanismo para quitarles sus ganancias”, explica.
A través del Centro de Desarrollo Empresarial se ha logrado la subvención de hasta el 87 % de las asesorías especializadas a las empresas del sector manufactura, gracias a un aporte que realiza la Organización Internacional del Trabajo – OIT, orientadas a las medianas y grandes empresas para ayudarlas a mejorar la gestión de planillas y la relación con sus colaboradores. En la ejecución de este proyecto se ha identificado, por ejemplo, que los empresarios tienen cierto nivel de resistencia al considerar que se abren espacios para que sus trabajadores se sindicalicen o puedan exigir mayores beneficios.
“Hay negocios que ya están en marcha y que no manejan una buena estructura de costos, que no manejan una buena gestión en sus empresas por desconocimiento, donde internamente no tienen interés de querer mejorar porque en la situación actual se sienten bien. El Estado les está dando el apoyo, las asesorías, está apostando por el sector empresarial, entonces no se pueden quejar”, menciona.
SALUD Y SEGURIDAD
El cumplimiento de la Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo es otro de los aspectos en los que todavía las empresas locales no han mostrado mayor avance.
Rudy Salazar destaca que con la descentralización de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, se tendrá mayor vigilancia sobre el cumplimiento de la norma, lo que obligará a las empresas a implementar los mecanismos que permitan proteger las condiciones en las que trabajan sus colaboradores.
Esto hará posible que se implementen protocolos, que se mejoren las condiciones de trabajo y se identifiquen los riesgos que existen actualmente en las empresas.
“Esto también conlleva a una inversión por parte del empresario y no es poca cosa. Financiar los exámenes médicos de acuerdo a su nivel de riesgo tiene un costo aproximado de 150 soles por trabajador, y la norma indica que estos deben realizarse antes y después de su salida, porque hay situaciones que pueden ser atribuibles a la empresa, como los problemas posturales, por ejemplo. Si se determina que la labor del trabajador generó una afectación a su salud, este tiene el derecho de demandar a la empresa”, señala.
El director del instituto confía en que la labor fiscalizadora de la superintendencia será amigable y buscará orientar a las empresas aplicando correctivos y, posteriormente, sanciones progresivas a fin que el control no resulte traumático para el sector.
LOS VECINOS
Por las características de la economía departamental, Salazar Cabrera señala que la situación de Lambayeque, en términos empresariales, es menos auspiciosa que la de Piura y La Libertad, más porque estas regiones poseen otras ventajas competitivas como infraestructura, servicios y logística, aspectos en los que Lambayeque no ha logrado avanzar en un ritmo similar.
Comenta que las inversiones se desplazan hacia Piura y Trujillo considerando también el comportamiento del mercado. En ambas regiones – afirma – el consumidor y usuario está dispuesto a pagar más por mejores servicios, condición que en Lambayeque todavía no se alcanza.
“Hemos participado en algunos estudios que concluyen que el empresario prefiere instalarse en Piura y Trujillo y no en Lambayeque. Incluso se toma en consideración los hábitos de consumo del chiclayano, que se inclina más por regatear los precios, en cambio el piurano y el trujillano tienen otras características que favorece mucho al sector empresarial”, asevera.
A esto se suma que Piura ha concretado la construcción de una agenda regional al 2032, proceso en el que ha participado el gobierno regional, la cámara de comercio, la Universidad de Piura, el CONCYTEC y la Unión Europea como financista del proyecto. La Agenda Regional de la Innovación marca el camino de lo que el departamento vecino aspira lograr en términos de productividad y desarrollo, a fin que sus casas superiores de estudio empiecen a formar a los profesionales que se necesitan para hacer realidad dichos objetivos.
“Y Trujillo nos lleva una delantera institucional muy grande. En los últimos índices de competitividad regional aparecemos en los últimos lugares entre todas las regiones del país. Hay mucho por superar en este aspecto”, precisa Salazar Cabrera.
SECTORES EN CRECIMIENTO
En Lambayeque el sector agricultura destaca con productos bandera como el azúcar, el arroz y el café, además por los resultados que empieza a tener el Proyecto Olmos con sus más de 16 mil hectáreas, de las 38 mil incorporadas a la frontera agrícola, puestas en producción.
Sin embargo, una seria debilidad del sector, al combinarse con el manufacturero, es la no industrialización de los productos que impide el desarrollo del valor agregado y, en consecuencia, se tiene menores índices de rentabilidad para el departamento.
Respecto a comercio, Lambayeque destaca por la venta principalmente de abarrotes y la prestación de servicios de gastronomía, hospedaje y otros vinculados al sector turismo.
Un sector que no logra despegar aún, debido a su alto nivel de informalidad, es la pesca, pese a las condiciones y riqueza del litoral lambayecano. En este rubro, a través del Centro de Desarrollo Empresarial se ha logrado la conformación de la primera empresa pesquera sobre la base de un gremio de trabajadores artesanales.
+ NOTICIAS
Hace 51 años, el ferrocarril de Chiclayo fue desactivado y el puerto de Eten cerrado. Hace 24 años la Empresa Nacional de Puertos del Perú - ENAPU, se disputaba la venta del muelle, hoy se busca hacer realidad una de las más importantes obras para Lambayeque a través de una concesión, con una inversión que supera los 577 millones de dólares.
En la primera edición del Semanario Expresión, publicada el 13 de agosto de 1993, aparece la nota titulada: “Perú – Tacna por Muelle de Arica ¡La región por Eten!”, en la que se indica:
“El muelle de Eten está casi a punto de ser arrebatado no solo a su distrito, sino al departamento de Lambayeque y a la Región Nor Oriental del Marañón. El atrevimiento de ENAPU Perú consiste en venderlo al mejor postor sin tener en cuenta la incidencia que tiene esta obra en el desarrollo de la región.
No debemos olvidar que en una época el muelle de Eten le dio a ese distrito la categoría de puerto principal. Sin embargo, debido a su alto costo para mejorar su diseño técnico de embarque y desembarque impuso paulatinamente una etapa de decadencia y postergaciones durante muchas décadas”.
Expresión, hace 24 años, sentó su posición en contra de la venta del muelle.
ETEN EN LA HISTORIA
Desde fines del siglo XIX el puerto de Eten contó con un muelle de hierro y madera y una red ferroviaria que se empleaban para la exportación de azúcar de los ingenios de Tumán y Cayaltí. Desde la estación central en Chiclayo - hoy Centro Cívico - otras líneas iban a Ferreñafe y Lambayeque. El transporte de pasajeros y carga alcanzó importancia hasta que poco a poco se desactivó el ferrocarril en 1966.
Por más de 40 años las autoridades locales ofrecieron hasta lo imposible para hacer realidad la reactivación de la actividad portuaria en Eten, que suponía la construcción del nuevo muelle, que en adelante empezó a llamarse terminal marítimo.
La firma alemana Salzgitter, que ejecutó el Proyecto Tinajones, elaboró unos primeros estudios de la obra y no sería hasta el primer gobierno regional de Yehude Simon que Expresión denunció la concesión irregular de las tierras del área intangible reservada para el terminal, lo que desencadenó un largo proceso judicial que hasta hoy sigue sin cerrarse.
Iniciada la gestión de Humberto Acuña Peralta se dieron pasos más concretos para alcanzar la legalidad del Terminal Portuario lambayecano. Primero se trabajó la inclusión de Eten en la relación de puertos en el país, luego se creó la Autoridad Portuaria Regional y, posteriormente, se contrató a un consorcio peruano-español para la elaboración del Plan Maestro, donde se justifican la viabilidad económica, financiera, técnica y de volúmenes de carga del proyecto, con una inversión de tres millones de soles.
Actualmente el Plan Maestro se encuentra en proceso de actualización a la luz de un convenio suscrito entre la Autoridad Portuaria Nacional y el Gobierno Regional de Lambayeque.
EL LARGO CAMINO
“Al 19 de marzo del 2005, tal como lo registra el Diario Oficial El Peruano, la oferta de instalaciones portuarias de uso público del Perú no contemplaba a Puerto Eten”, comenta el gerente general de la Autoridad Portuaria Regional, Jorge Nakazaki Servigón.
Recuerda que al 2011 Lambayeque no era parte del Sistema Portuario Nacional, por lo que todo esfuerzo, deseo u opinión anterior para que el departamento tenga puertos “fue simplemente un dechado de buenas intenciones”.
De acuerdo a la ley peruana, quien autoriza la construcción de puertos de alcance nacional es el presidente de la República, mediante un Decreto Supremo, y para eso el primer paso a dar era lograr la inclusión de Lambayeque en el Plan Nacional de Desarrollo Portuario.
COMPETENCIAS
Nakazaki Servigón precisa que los gobiernos locales y regionales, de acuerdo a sus respectivas leyes orgánicas, no tienen competencia para promocionar, hacer, operar o viabilizar puertos nacionales.
El origen de los puertos de esta categoría es de exclusiva competencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de sus organismos técnicos como la Autoridad Portuaria Nacional, si el puerto es de alcance nacional, y Autoridad Portuaria Regional si el puerto es de alcance regional.
“Entonces todo esfuerzo que se hubiere hecho sin la participación de una Autoridad Portuaria es como decía, una intención o deseo, pero nada más que eso”, enfatiza.
Anota que la Autoridad Portuaria Regional Lambayeque nace precisamente a exigencia de lo que las normas legales mandan para la creación de puertos como el que pretende tener Lambayeque.
“Bien ubicado el primer argumento, había que pasar al segundo tema, ¿qué pasos debían de darse? El presidente de la República es quien autoriza la creación de un puerto, que técnicamente es la inclusión de una región en el Plan Nacional de Desarrollo Portuario. Para esto se necesita de una Plan Maestro con las especificaciones técnicas que la Ley plantea, luego hacerlo aprobar por el Directorio de la Autoridad Portuaria Nacional, por el Ministerio de Transportes, el de Defensa y, por último, por la Presidencia del Consejo de Ministros”, explica.
Seguido ese proceso es que se tiene la partida de nacimiento real y concreta del anhelado proyecto del Terminal Portuario, lo que se logró recién a finales del 2015.
Según Jorge Nakazaki solamente de aquí en adelante es válido un proceso serio y no demagógico de la concreción del proyecto vía el proceso de promoción de la inversión privada.
“No sería correcta la impresión de la ciudadanía que se trabaja el proyecto hace muchos años, recién se trabaja realmente desde el 2014. Ahora bien, la estrategia o política del Estado Peruano, es que los puertos deben de realizarse vía Alianzas Público Privadas 100 % autosostenibles; es decir, el privado coloca el 100 % del monto proyectado de inversión a cambio de un determinado tiempo de concesión, el Estado no invierte un sol. Y la competencia de acuerdo a Ley como se ha desarrollado es del Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de sus organismos técnicos: la Autoridad Portuaria Nacional y Proinversión”, señala el gerente de la APR.
¿QUÉ SE TIENE?
Precisa que la parte técnica de lo que será el Terminal Portuario está culminada, la parte legal o normativa también y actualmente el proceso se encuentra en la búsqueda de su financiamiento.
La obra está valorizada en 577 millones de dólares, es decir casi dos mil millones de soles. Esta inversión significa el desarrollo de todos sus componentes: graneles sólidos, carga contenedorizada y graneles líquidos.
“En cuanto al tiempo, no nos olvidemos de la estrategia del Estado, que consiste en difundir el proyecto a los actores posibles para que estos decidan invertir. En consecuencia, sería demagógico dar un plazo porque esa decisión es de otros. Claro está que todos los líos que hay en el país por las Asociaciones Público Privadas no contribuyen en nada y solo ahuyentan a los inversionistas. Hipotéticamente, si el Estado pusiera los fondos la obra empieza mañana, allí sí hay plazo concreto”, precisa.
Jorge Nakazaki concluye en que mucho depende también de la decisión política para emprender el proyecto.
Al año ingresan al Poder Judicial miles de casos en lo contencioso administrativo y laboral, sobre los cuales los órganos supremos y el propio Tribunal Constitucional han generado jurisprudencia que bien podría tenerse en cuenta para aminorar la carga procesal. Esta situación genera un enorme pasivo que pese a los esfuerzos hechos por los jueces pareciera no tener fin.
“Si se conocen los derroteros jurisprudenciales se deben acatar, lamentablemente está el ejercicio del derecho constitucional de acceso a la justicia, que en algunos casos se mal utiliza y sirve para dilatar los procesos o para generar un espacio de tiempo para que empleador cumpla con el pago de una deuda que sabe deber ser reconocida. Por ejemplo, si a un trabajador no se le paga la compensación por tiempo de servicios este derecho será reconocido por el Poder Judicial y deberá pagarse sí o sí. Sin embargo, se opta por recurrir al órgano jurisdiccional para retrasar el pago y esto genera inconvenientes en nuestra carga procesal”, explica el presidente de la Segunda Sala Laboral de la Corte de Justicia de Lambayeque, Ismael Rodríguez Riojas.
En la jurisdicción, la Primera y la Tercera Sala Laboral de la corte revisan los casos relacionados al régimen público y al contencioso administrativo en materia previsional, en tanto la Segunda Sala se encarga de los procesos del régimen privado, que actualmente suman más de mil expedientes.
El problema se origina porque la carga existente impide que se cumplan los objetivos de la Nueva Ley Procesal Laboral, que recoge el principio de celeridad en la resolución de las controversias, debido a que las audiencias para conciliación o emisión de fallo deben programarse hasta un año después de presentada la demanda.
“Es casi el doble de lo que óptimamente debe emplearse para responder con mayor celeridad y de acuerdo al diseño del proceso. Existen estudios del Banco Mundial sobre cargas procesales estándares y estos indican que a nivel de un juzgado especializado, que es la primera instancia, lo recomendable es una carga anual de 600 expedientes, pero los órganos jurisdiccionales laborales de primera instancia están sobrepasando los mil procesos al año y eso no permite dar respuesta célere como espera la ciudadanía. También debe tenerse en cuenta que los plazos actuales son inferiores a los que se tenía con la anterior norma procesal”, menciona el magistrado.
Los esfuerzos que se hacen son múltiples. Por ejemplo, las salas laborales procuran resolver los casos dentro de los cinco días siguientes a la vista de la causa. En promedio, un expediente, desde su ingreso al Poder Judicial hasta el pronunciamiento de la segunda instancia, demora entre tres y cuatro meses.
El sistema implementado desde el 2010, cuando entró en vigencia la Nueva Ley Procesal Laboral, ha incorporado algunas simplificaciones para garantizar la celeridad. Una de ellas es que las partes ya no necesitan solicitar por escrito su intervención en la audiencia. Con el código anterior debían hacerlo con tres días de anticipación.
CONFLICTIVIDAD LABORAL
¿Qué aspectos condicionan el incremento de la carga procesal laboral en la Corte de Lambayeque? Rodríguez Riojas explica que existen varios factores, entre ellos que los empleadores aún no entienden la obligatoriedad que pesa sobre ellos para el cumplimiento de las disposiciones socio laborales que manda el abanico normativo del país.
Otra razón es que existe entre empleado y empleador una permanente conflictividad y también que el empleador espera que el trabajador acuda al Poder Judicial en exigencia de sus derechos para de esta manera “ganar tiempo” y reunir los montos que deberá pagar por los beneficios no otorgados.
“Existen casos en los que vienen a discutir la desnaturalización de contratos de plazo fijo, cuando en lo real el trabajador no ha incurrido en ninguna de las nueve circunstancias que manda la ley para que esa situación se produzca; los despidos arbitrarios, sabiendo el empleador que deben existir procedimientos para que se declare extinguida la relación laboral. Otros ejemplos de controversias que no deberían ser revisadas por los órganos jurisdiccionales son el pago de la asignación familiar o que se invoquen faltas que no han sido sancionadas y corregidas con inmediatez, como también señala la norma”, anota Ismael Rodríguez.
PROBLEMAS DEL ESTADO
Aunque parezca contraproducente, el Estado es uno de los principales generadores de la carga procesal laboral al negarse a reconocer derechos a sus trabajadores que han sido incluso confirmados por el Tribunal Constitucional.
Este es el caso del famoso reconocimiento y pago del 30 % de la remuneración por concepto de preparación de clases a favor de los maestros, conforme quedó establecido en la Ley del Profesorado y su Reglamento. Para evitar el desembolso de dicho importe a favor de los educadores, el Estado emitió un Decreto Supremo por el cual señaló que el porcentaje se estimaba en función de la Remuneración Total Permanente, que es un monto menor.
Ese cambio en la interpretación de la norma ha dado pie a que los maestros acudan en masa al Poder Judicial demandando el reconocimiento del derecho dado por la Ley del Profesorado, por ser esta una norma de mayor jerarquía, y aun cuando los jueces en primera y segunda instancia, incluso hasta a nivel de la Corte Suprema han señalado que lo válido es el espíritu inicial del beneficio, a nivel administrativo el sector Educación da largas al pago del 30 % por preparación de clases.
“Los profesores vienen acá y como ya está establecido el respeto a la norma se le da la razón, pero el problema no termina allí, porque luego empieza el procedimiento para la ejecución de la sentencia que genera otro trajinar y, en consecuencia, más carga para el Poder Judicial”, indica.
Rodríguez Riojas añade que en el 90 % de los casos contra el Estado ya no existe siquiera controversia, porque los precedentes judiciales señalan cuáles son los mecanismos a seguir para atender las demandas de los trabajadores.
Menciona además que es incalculable el costo que representa para el mismo Estado las idas y vueltas que en los órganos jurisdiccionales se dan para confirmar los derechos no reconocidos a los trabajadores públicos.
“El Estado prefiere pagar deudas con interés, costas y costos procesales y además asumir el costo que representa impartir justicia, antes que buscar soluciones en la vía administrativa”, enfatiza.
AZUCARERAS
El magistrado refiere que otro de los sectores en los que también existe una alta conflictividad laboral es el azucarero. En este las demandas son por reposiciones debido a los constantes cambios en la conducción de las empresas, que generan grupos que al llegar al poder castigan con el despido a sus predecesores u opositores.
“Esas circunstancias controversiales y conflictivas que hemos tenido por las administraciones judiciales en las azucareras generan situaciones poco favorables para los aspectos laborales. Permanentemente se extinguen las relaciones laborales, los jubilados reclaman el pago de sus beneficios sociales como la compensación de tiempo de servicios y las asignaciones excepcionales que se establecieron desde la época cooperativa y que no han desaparecido, aun cuando se produjo la transformación de los ingenios en sociedades anónimas. Tenemos cientos de demandas de las cuatro haciendas azucareras conocidas en nuestro medio”, confirma.
Explica que en ciertos casos las empresas no tienen mucho que defender a su favor porque está acreditado el incumplimiento de sus obligaciones a los trabajadores o, como también sucede, no puede demostrar que ha cumplido conforme ordena el marco normativo.
Finalmente, el presidente de la Segunda Sala Laboral de la Corte de Justicia de Lambayeque indica que son materia de revisión los acuerdos sostenidos entre sindicados de obreros y las municipalidades locales, en los que se establece que ante la jubilación de un trabajador uno de sus hijos tiene derecho a ocupar el puesto en la entidad.
Sobre el particular, Rodríguez Riojas refiere que habría que definir hasta qué punto este tipo de concesiones dadas por las administraciones municipales son legales, por cuanto se podría interpretar que la sucesión laboral vulnera el derecho constitucional al trabajo que tiene todo ciudadano.
Claro. El ex tres veces burgomaestre de la ciudad, reveló pasajes de hace casi un cuarto de siglo cuando desempeñaba sus segunda gestión edil al frente de la Municipalidad de Chiclayo, recibió la visita de un militar enviado por el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, hoy encarcelado, quien le pedía que vaya a una reunión a Lima, para darle “una manito” con el proceso judicial que había llegado a la Corte Suprema de la República, luego que en Lambayeque, fue condenado a cuatro años de cárcel suspendida.
Desde la comodidad de su casa Castillo, decidió dialogar con Expresión y recordar pasajes de 1993, cuando el ex teniente alcalde de entonces, Sergio Luna Sosa, según afirma, celebró que la Corte Suprema ratifique la condena contra la autoridad cuando en realidad lo había absuelto. Aquí reproducimos la entrevista.
Hace 24 años usted era alcalde de la ciudad de Chiclayo, recuerdo afrontaba un proceso judicial, fue sentenciado y la ciudadanía salió a respaldarlo, ¿por qué fue ese proceso?
Efectivamente en el año 1993, era mi segunda administración. Fue un episodio de trascendencia, estamos hablando de la era del fujimontesinismo, el caso fue por concusión. Aquí el entonces vocal Carlos Célis Zapata, me sentenció a 4 años de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución, decisión que fue burda y luego este magistrado fue premiado y ascendido a la Corte Suprema como Vocal Supremo, parece que todo estaba preparado en mi contra.
¿Y qué pasó en ese momento?
Recuerdo que de Lima, vino al despacho de alcaldía un alto militar enviado por Vladimiro Montesinos, para `tenderme la mano` y salvarme del proceso. Obviamente rechacé la propuesta.
Es un hecho que no lo reveló en su momento ¿recuerda cómo se llamaba el militar?.
No lo recuerdo. Pero luego que me dio el mensaje y me explicó de su objetivo en Chiclayo, le agradecí su intención. El visitante vino como enviado del doctor Montesinos y el propósito era ayudarme, según dijo se encontraba muy mortificado por la situación que yo atravesaba. El (Montesinos) quería que vaya a Lima para entrevistarme con el, seguramente en la salita del SIN, obviamente con mucha cortesía agradecí la propuesta y no acudí.
¿Vladimiro Montesinos, lo habría querido captar en ese entonces por ser usted el presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú (Ampe)?
Como dirigente de la Asociación de Municipalidades desafié al Gobierno de Alberto Fujimori, el mismo día que fui elegido, calificando al gobierno de dictador y autoritario. Se produjo un choque con el gobierno y fue el mismo Fujimori quien dijo que iba a “hundir a la mazamorra negra en que se había convertido el AMPE”, lo cual fue recogido y publicado por todo los medios de comunicación.
Por ello creo que cuando Montesinos manda a un emisario a Chiclayo, para invitarme a Lima, lo hacía con el propósito de filmarme en la SIN y con ello acabar con mi carrera política.
En Chiclayo la población hizo manifestaciones a su favor por la sentencia que recibió.
La población en la ciudad se enardeció por la decisión grosera de la justicia que se aplicó en mi contra por un proceso judicial en la que no tuve ninguna injerencia ya que la compra de alimentos se hizo por decisión de un Comité conformada por comisión departamental. Recuerdo que se compraron alimentos en momentos del fujishock, cuando hubo una variación de precios de los alimentos y se me acusó de la compra de los productos sobrevalorados.
Aquí la población me dio su respaldo firmando planillones e incluso viajaron 14 buses con chiclayanos para protestar en la Corte Suprema de la República a fin de que anule la sentencia en mi contra, luego que apelé la decisión judicial de Chiclayo.
Finalmente la Corte Suprema anuló la sentencia en su contra.
Claro. Después de 24 años recuerdo estos episodios nefastos en mi vida política. Precisamente la primera edición del Semanario Expresión con sólo 4 páginas y en papel couché en aquella época informó al respecto. Debo recordar que la Corte Suprema de la República tuvo que absolverme, lo que quiero revelarles es que cuando yo me había enterado que la Suprema había decidido fallar a mi favor, en Chiclayo decidí lanzar la noticia que la decisión emitida por los vocales supremos había sido en mi contra, es decir, que habían confirmado la sentencia de Lambayeque, para ver la reacción de la gente.
¿Y por qué lo hizo?
Porque en aquel entonces el teniente alcalde Sergio Luna Sosa, estaba movilizándose para tomar posición de la alcaldía. Cuando trascendió la noticia falsa de la ratificación de la sentencia en mi contra, celebraron con banda de que había sido sentenciado por la Suprema, sin embargo, al día siguiente salió en todos los medios Arturo Castillo absuelto por la Corte Suprema y se les enfrió todas las celebraciones.
¿Nuestros problemas como ciudad eran los mismos a los de hoy?
Cuando asumí la alcaldía en el año 1990, los problemas eran otros. Se convocó a profesionales de primer nivel del Instituto Nacional de Desarrollo Urbano (Inadur), quienes jugaron un papel decidido para iniciar la transformación en la ciudad. Además dos profesionales, un doctor en Tránsito y Transportes y un arquitecto paisajista, quienes definieron los conceptos modernos para racionalizar y ordenar el transporte público y el otro profesional, los planes de forestación, arborización para la población con un proyección ecologista. Fue con ellos que se diseñaron el ensanchamiento de diversas áreas la ciudad para darle mayor fluidez al tráfico y el desalojo de los mototaxistas y los buses que ingresaban al centro de la ciudad en aquel entonces.
¿Cómo ve a Chiclayo en aspectos de infraestructura?
Los proyectos para mejorar la infraestructura de la provincial con proyección al 2020, se hicieron en el año 90, y todo hace indicar que éstos se enviaron al archivo. En esos proyectos se planificó todos los servicios de la provincia. El haberlos dejado de lado ha provocado que hoy tengamos una cuidad colapsada, sin brújula. El proyecto Chiclayo 2020, comprendió un listado de obras prioritarias que debieron ejecutarse, pero que lamentablemente no se han tocado a pesar que tenían una visión de largo plazo, incluyendo, sectores como educación, servicios de agua potable, alcantarillado y otros.
A través del Plan Maestro de Chiclayo ¿se logró el financiamiento de obras con recursos del extranjero?.
Efectivamente. Nos permitió traer dinero de Francia, Alemania, donado para ejecutar obras como las primeras redes de agua potable de acero dúctil traídos de Francia a Chiclayo, lo cual no se continuó, como tampoco se siguió con la construcción de los grandes colectores de concreto armado que se lograrían instalar con el dinero que donó Alemania, recursos con los cuales se logró construir la Planta de Tratamiento de Agua Residuales que se hizo en las Pampas del distrito de San José y la Planta de Tratamiento de Agua Potable que es la que nos asiste con agua actualmente.
¿También se logró ayuda con maquinaria para Chiclayo?
Por supuesto se logró traer más de 50 máquinas de los Estado Unidos, entre volquetes, cisternas, motoniveladores, rodillos, para pavimentar las calles, compactadoras para residuos sólidos. Estos equipos fueron lo que nos permitió lograr el gran progreso urbanístico durante mis tres gobiernos municipales y autoabastecernos de todo. Recuerdo que tuvimos una planta de asfalto, una fábrica de bloquetas donde fabricamos millones de bloquetas que fueron utilizados en la pavimentación de muchas vía. El mismo trabajo se hizo en los pueblos jóvenes y distritos sin recibir dinero del Estado.
¿Cómo cree que se debería solucionar el problema de basura, desorden vehicular, hacinamiento del mercado Modelo y tantos otros problemas de la ciudad?.
Sencillamente con autoridad. Si hay autoridades que no son idóneas, honradas y que no estén apegadas al trabajo, no lo van hacer. Todos los problemas que mencionan se solucionan con decisiones políticas que las tiene que adoptar la autoridad competente. Si la autoridad no toma la decisión definitivamente vamos a seguir en este caos e infierno en que se ha convertido Chiclayo, porque hay sectores donde la pestilencia es atroz, situación que es vergonzosa y humillante para el ser humano. Se necesita autoridad, mando, ley en mano y no tener miedo a cumplir las normas para poner orden en Chiclayo.
¿Quiénes lo sucedieron en el cargo no impusieron autoridad?
Es obvio. Las autoridades que vinieron después de nuestra gestión lejos de guiarse con los patrones de planificación que nos costó mucho esfuerzo preparar, tiraron al tacho de la basura todo el esfuerzo de organización y proyección de proyectos emblemáticos para desarrollar a Chiclayo no los hicieron suyos.
¿Qué acción considera que es lo más grave que alejó a Chiclayo del desarrollo?
Lo que sucedió en mi tercera gestión interrumpida. Lo que hizo el alcalde que me reemplazó (José Barrueto), al mandar al archivo los proyectos para convertir a la ciudad en piloto del norte en lo que respecta a ciudades sostenibles, ello considero que fue un acto criminal, provocó la salida abrupta de los técnicos procedentes de Europa, financiados por las Naciones Unidas. Esos técnicos finalmente se fueron a trabajar a Quito-Ecuador.
Los chiclayanos lo catalogan como el mejor alcalde de los últimos tiempos, sin embargo no ha logrado una nueva elección.
A pesar que percibo un gran respaldo de la colectividad por muchas razones, entre la firmeza de las decisiones que tomamos, honradez en la gestión y disciplina en la comuna, ahora la municipalidad, se debate en una crisis espantosa por el alto número de trabajadores y veo muy difícil salir de esta situación. Creo que la corrupción ha diezmado el aparato público y considero que contra ello, difícilmente las personas que estamos en la otra vereda vamos a poder competir contra ello. No descarto que mi principal contrincante haya hecho uso de estos malos métodos para ganarme la elección en los últimos comicios.
¿Qué es lo que más le impacta del Chiclayo actual?
En nuestra ciudad, sin duda la corrupción es el factor detonante para que estemos en la condiciones que presentamos. No se descarta que la actual administración edil siga en el mismo camino, pues así lo informa la prensa de la forma del mal manejo que se hacen de los recursos del Estado, con licitaciones tramposas, adjudicaciones a empresa sancionadas, arbitrajes perdidos, gastos burocráticos, y sin obras trascendentes entre otros aspectos.
Ante tanta inoperancia en nuestra ciudad ¿no se siente motivado a volver a dirigir nuestra provincia de Chiclayo?
Las condiciones vigentes no ofrecen ninguna garantía para poder participar en un proceso trasparente y en el hipotético caso que sea elegido alcalde de Chiclayo. Solo me sería imposible resolver el problema caótico, desastroso, inmoral en el que se debate la comuna. Necesitamos del concurso severo y drástico de quienes administran justicia y creo que hoy en día si tenemos esperanza en un Poder Judicial en Lambayeque, que no todo es malo allí, hay un concepto favorable hoy en día de quienes administran justicia en Chiclayo.
Hemos sido testigos de cuánto han hecho Fiscales y Jueces de Lambayeque contra todo pronóstico para desarticular bandas como “Los Limpios de la Corrupción”.
¿Confía en los administradores de justicia?
Usted es testigo, hay algunos jueces que malogran la imagen del Poder Judicial. Hay magistrados que han emitido resoluciones en torno al ordenamiento del Mercado Modelo y cada cierto tiempo emiten advertencias, ultimátum, yo no creo que de esa manera se pueda ayudar a limpiar una ciudad y tampoco se puede vivir en ella o en cualquier parte del mundo cuando no se cumple la ley.
¿No hay posibilidad de que postule?
Definitivamente está cerrada esa posibilidad. Gracias a quienes tienen ese deseo y disculpen no poder acompañarlos.
¿Aunque se lo propongan partidos políticos organizados?
Entre tanto se mantenga las condiciones que he expuesto, será muy difícil.
¿Cómo analiza el próximo proceso electoral?
En Chiclayo, quienes deciden son los grandes bolsones electorales ubicados en los distritos y que mayoritariamente proceden de la sierra, uno de ellos es José Leonardo Ortiz. Lamentablemente creo que hay un fuerte componente de la corrupción, de las mafias que deciden, lamentablemente el monstruo está infiltrado en las organizaciones políticas, lo que no permite realizar una campaña austera como lo hemos hecho antes.
¿Se arrepiente de algún accionar político?
Muchos atribuyen que la causa de los problemas que se suscitaron en mi contra fue después de lo que ocurrió con el incendio del Palacio Municipal, a partir de allí mis adversarios vendieron a la mayoría de los chiclayanos que fui el culpable de tan execrable hecho, cuando lo único que yo buscaba era el cumplimiento de una reposición judicial. Aun cuando después el Poder Judicial se encargó de sentenciar a los culpables del incendio, todos conocemos lo que el gobierno aprista hizo de manera ilegal al nombrar un Comisionado para que dirigiera Chiclayo, hecho que me ha llevado a plantar una acción judicial que seguramente terminar después del pronunciamiento que haga la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde se encuentra mi demanda.
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El ex alcalde de Chiclayo, Arturo Castillo Chirinos, formuló una demanda de indemnización contra los integrantes del Jurado Nacional de Elecciones y una denuncia contra el Gobierno de Alan García Pérez, luego que el ex presidente mediante un Decreto de Urgencia, declaró en emergencia a Chiclayo, nombrando un gobierno transitorio a cargo de Guillermo Baca Aguinaga, a pesar de existir una sentencia del Tribunal Constitucional que reponía en la comuna a Castillo.
La demanda por 20 millones contra el JNE, resultó favorable en primera instancia y la Corte Suprema, lo declaró improcedente y la archivó. Por ello acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en los próximos días tendrá que pronunciarse de forma definitiva. “Estoy convencido que el pronunciamientos será favorable a mí, ya que hay jurisprudencia al respecto con casos similares”, dijo.
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“…fui víctima de la vacancia en MPCH, ahora no me la pueden devolver, fui declarado NN, por el JNE que ordenó a la Reniec, me cancelen mi DNI y que me eliminen de padrón de electores por dos años. Eso fue un crimen de lesa humanidad y lo he demando a la CIDH, que al igual que lo hizo con el caso de Baruch Ivcher, quien fue víctima de delitos menores a comparación con los míos, deben pronunciarse. Dos años estuve como NN, en represalia por haberlos demandado…”“Agradezco a Expresión por la oportunidad de haber revelado lo que pasó hace 24 años. El próximo años estoy seguro los acompañaré celebrando el cuarto de siglo y recordando haber sido el noticia como tema central de lo que fue su primera edición”.
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EPSEL
“La empresa Epsel, siempre ha sido calificada como una empresa que tiene su propia capacidad de gestión para poder ejecutar obras y no recibir dinero del Estado. Es una empresa que debe autosostenerse, fueron los alcaldes que me sucedieron los que se beneficiaron con grandes fortunas de dinero que al final no sabemos dónde fueron a parar. Tengo entendiendo que la gestión del encarcelado Roberto Torres Gonzales, recibió varios millones de soles del Estado, para ejecutar obras como el alcantarillado del casco urbano de Chiclayo, que costó 28 millones de soles y que nadie ha querido investigar”.
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