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Destaca también que su trabajo ha sido orientado a que la población con necesidad tenga una mejor atención de salud. Espera que el Gobierno Central apoye a Lambayeque en la realización de la obra del Terminal Marítimo de Puerto Eten.
“Somos una entidad que provee servicios públicos e infraestructura de calidad, fomentando la inversión pública y privada con la participación de los actores sociales, para el desarrollo regional sostenible e inclusivo”, sostuvo el Gobernador Regional de Lambayeque, Humberto Acuña Peralta en su informe de gestión y desarrollo durante la Primera Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.
En ese sentido, la autoridad regional manifestó que se efectivizaron 267 millones 457 mil soles del Presupuesto Institucional Modificado (PIM).
El primer mandatario de la región fue muy optimista en afirmar que a la fecha de su gestión –en el año 2017- existe un 51 por ciento de avance en la ejecución de inversiones y muy maduro –políticamente- al señalar que el Gobierno Regional de Lambayeque, ocupa el segundo lugar en el ranking nacional de acuerdo al reporte de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
El mandatario regional destacó una serie de obras ejecutadas en el sector Salud, Educación, Transporte, Infraestructura, entre otros, esperando el apoyo del Gobierno Central con el objetivo de hacer realidad grandes proyectos como por ejemplo el Terminal Marítimo de Puerto Eten.
DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
Humberto Acuña Peralta reveló que en el presente año, el presupuesto institucional ampliado (PIM) alcanza los 267 millones 457 mil soles, los que han sido destinados a la ejecución de 122 proyectos en beneficio de la población lambayecana.
Revela que el logro al que ha llegado, no es más que una demostración de la transparencia y eficiencia en administración pública en la atención a los diferentes sectores con que cuenta la región Lambayeque, como Salud, Vivienda, Transportes, Agricultura, Producción, Turismo, Seguridad y Orden.
Destaca que del total de proyectos desarrollados y ejecutados por el Gobierno Regional, un total de 39 corresponden al sector Educación, 23 a Producción, 12 a Planeamiento, 3 a Transportes, 8 a Agricultura, 6 a Salud, 8 a Transporte Interurbano, 4 a Turismo, 1 a Medio Ambiente, 3 a Seguridad y Orden Público, 3 a Saneamiento Básico, 3 a Energía, 3 a Gobernabilidad y 6 a Vivienda.
EN EDUCACIÓN
En el sector educación, el cual es uno de los de su mayor preocupación con la finalidad de acabar con el analfabetismo en la región Lambayeque y dar una profesión a los jóvenes y una labor a los adultos, señala que en el primer semestre del 2017 se ha logrado una inversión de 90 millones 473 mil con 6 soles.
Además, revela se viene atendiendo a un total de 107 mil 466 estudiantes de instituciones educativas estatales, así como a 354 estudiantes con discapacidad severa y a mil 1,340 estudiantes inclusivos, con discapacidad leve o moderada.
En cuanto a los Programas No Escolarizados –Pronoeis- destaca que se necesita seguir invirtiendo. En la actualidad –sostuvo- se viene atendiendo a Pronoeis de las tres provincias, con una cantidad de 3,094 niños en las zonas rurales y 5,967 niños en las zonas urbanas.
Otra acción en educación, es la existencia de programa de educación logros de aprendizaje, el cual está fortaleciendo el trabajo en el aula. En este programa existen un total de 2,785 docentes de la región, los que tienen a su cargo a un total de 59,370 estudiantes, lo que a la fecha han mejorado su aprendizaje en lectura y matemática.
En cuanto a infraestructura educativa, explica la obra de mejoramiento del servicio educativo en el colegio Elvira García y García, el cual es remodelado con una in versión presupuestaria de 10 millones 690 mil 226 soles, y cuya obra se encuentra en un avance físico del 3 por ciento.
“En mi gobierno regional no tenemos miramiento por nadie, todos son iguales y es por ello nuestra atención. En el sector Valle Nuevo, en el colegio 10996, en el colegio 10140 del caserío Pítipo Burga, en el colegio 11068 del caserío San Luis, ubicados en los distritos de Mochumí Pítipo, se ha invertido un total de 3 millones 305 mil 956 soles, teniendo un avance físico del 100 por ciento; es decir, ya están concluidos”, detalló.
MÁS COLEGIOS
Indicó que en los colegios 329, 10090, 339 de los distritos de Incahuasi y Mórrope, se ha hecho una inversión de 3 millones 957 mil 376 soles, los cuales se encuentran en un avance físico del 82 por ciento.
“También se ha hecho una inversión de 2 millones 443 mil 734 soles en el mejoramiento y ampliación del colegio inicial de Huaca Blanca, en Chongoyape, el cual ya tiene un avance físico del 100 por ciento”, sostuvo.
Pero eso no es todo, Humberto Acuña hizo conoce que un total de 6 millones 177 mil 662 soles se vienen invirtiendo en el mejoramiento del servicio educativo de 8 colegios de nivel primario en Motupe, Olmos, Salas, Pitipo, Cañaris y Chiclayo.
EN EL COLEGIO MILITAR
Sin embargo, Humberto Acuña destacó la inversión de 54 millones 957 mil 223 soles, en el mejoramiento del servicio educativo del Colegio Militar Elías Aguirre, destacando que a la actualidad la obra se encuentra en un 61 por ciento de avance.
“Estamos cumpliendo el compromiso asumido con el sector Educación y con la mejora de la calidad educativa en Lambayeque. Apostamos por esta obra, porque estamos convencidos de que beneficiará la formación en valores y disciplina de miles de jóvenes lambayecanos.
La inversión es de más de 54 millones de soles, porque contempla la construcción integral de nueva infraestructura, construcción de pabellones de aulas, dormitorios, laboratorios, biblioteca, coliseo, área de ceremonias especiales, entre otras áreas”, expresó Acuña Peralta
SOPORTE PEDAGOGICO
Destacó también la existencia del Programa Presupuestal 051- Devida, el cual abarca a alumnos y familias sensibilizadas para prevenir el consumo de drogas.
“En esta tarea existen 423 docentes tutores debidamente capacitado, los que están ubicados en 21 colegios que agrupan a un total de 15 mil 330 estudiantes beneficiados. Pero eso no acaba allí, también contamos con 60 docentes capacitados que apoyan u orientan a 900 familias, y de los cuales en la actualidad se cuenta con 361 líderes capacitados”, explicó.
Otra preocupación educativa – indica- que ha llevado a su gobierno regional a tener en la agenda del día, es el aprendizaje del idioma inglés; lengua que en la actualidad es hablada en todas partes del mundo.
“Contamos con 80 docentes asistidos en inglés que brindan atención educativa a 16 mil alumnos de 64 instituciones educativas. Eso es en la zona urbana, ya que en la zona rural hay un total de 1209 alumnos que son beneficiados con este programa”, sostuvo.
Aclara, que también se cuenta con 28 docentes que están en escuelas rurales, asistiendo a alumnos en las materias académicas de matemática y comunicación.
Finalmente, sostuvo que una de las preocupaciones de su gestión regional es el fortalecimiento del trabajo del alumno en aula, y para ello se cuenta con 2 mil 785 docentes en toda la región, los que cuentan con el apoyo de 62 acompañantes pedagógicos, para ofrecer atención educativa a 59 mil 370 escolares, los que han mejorado su aprendizaje en lectura y matemática.
TRABAJO LEGAL Y DE DESARROLLO
Durante su alocución, Humberto Acuña precisó que el consejo regional realizó 19 sesiones, emitiendo 63 acuerdos regionales, 22 dictámenes y 11 ordenanzas regionales, las que han sido trabajadas a conciencia, teniendo en cuenta que Lambayeque necesita del desarrollo y desarrollar para seguir siendo considerado piloto de desarrollo del norte del país.
Asimismo, indicó que el área de Asesoría Jurídica atendió 637 casos administrativos, de los cuales 567 fueron de asesoría técnica legal de diferentes unidades orgánicas y dependencias regionales. De igual manera, 70 de ellas fueron de opinión legal emitidas en relación a recursos administrativos y quejas.
Aparte de ello, señala, se firmaron 245 convenios entre ellos el N° 04-2017 con la empresa promotora del desarrollo agropecuario sostenible, para la implementación de acciones y transferencia de tecnología en manejo de cultivos, crianzas y recursos ambientales.
“También se suscribió el convenio N° 013-2017 con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables para el desarrollo del programa de adopción en la región Lambayeque”, explicó.
En cuanto a la Procuraduría Pública, su trabajo ha estado centrado en 31 mil 530 procesos en materia laboral, constitucional, civil y penal, de los cuales, entre los meses de enero a junio, un total de 253 demandas han sido archivadas.
OBRAS
Advierte el mejoramiento de la infraestructura vial y peatonal de la Av. Los Incas, con una inversión de 6 millones 948 mil 290 soles, la que en la actualidad se encuentra en un avance del 82 por ciento.
En el sector agricultura, se han desarrollado defensas ribereñas en las márgenes del rio Reque, que abraza a los distritos de Ciudad de Eten y Monsefú, lo que ha demandado una inversión de 15 millones 929 mil 04 soles, y donde se han visto beneficiadas un total de mil 357 familias de la zona.
También se han realizado descolmatación de drenes
EJES DE DESARROLLO
Humberto Acuña fue práctico al sostener que su trabajo como autoridad regional gira en torno al plan de desarrollo regional concertado Lambayeque 2011- 2021, teniendo como base cuatro ejes fundamentales para gobernar y apuntar al desarrollo de la región Lambayeque.
“Mi trabajo como autoridad regional está centrado en cuatro ejes estratégicos de trabajo. El primero es el eje de la Inclusión e integración socio cultural y acceso a servicios sociales básicos, que abarca Educación, Salud, Programas Sociales, Vivienda”, destacó.
Agrega que el segundo eje estratégico es el de Competitividad Económica - Productivo e Innovación, que abarca, Agricultura, Transportes, Turismo, Energía y Minas.
Indica que en lo que concierne al Proyecto Olmos, se alcanzó la meta de 17 mil 342 hectáreas sembradas en el Valle Nuevo y 597 hectáreas en el Valle Viejo.
En el sector Transporte, se asignó un presupuesto de 10 millones 785 mil soles para el mejoramiento de la transitabilidad en convenio con pro vías descentralizado. También se trabaja en el mejoramiento de la carretera Ciudad Eten- Villa el Milagro- Cascajales, y Puente Los Pósitos
De igual manera se culminó la construcción del camino vecinal tramo Mamajpampa – Cañaris, que une los distritos altoandinos de Cañaris e Incahuasi.
En turismo, se ejecuta el mejoramiento de los accesos turísticos al Bosque de Pómac, y en el sector de Energía, se culminó con la electrificación de 19 caseríos del área rural.
El tercer eje es el de Gobernabilidad y Gestión Pública, que abarca Defensa Civil y Seguridad Ciudadana y Promoción de Inversiones, se atendió la emergencia por las lluvias de "El Niño Costero”, llevando 1,500 toneladas de ayuda humanitaria.
Además, se culminó con los proyectos de fortalecimiento del servicio de equipo mecánico y de la gerencia pública.
Finalmente, el cuarto eje es el de Gestión Territorial y Ambiental, que preocupa en Gestión Ambiental, que agrupa instalación de viveros, reforestación, apoyo en limpieza pública en zonas críticas de Chiclayo, José Leonardo Ortiz y La Victoria.
Además, se ha consideró la instalación de 15,630 plantones en la reserva forestal Montes de la Virgen y se erradicaron un total de 9 mil 787 toneladas de basura en José Leonardo Ortiz y La Victoria.
La Academia Nacional de la Magistratura – AMAG, avanza en la descentralización de sus actividades de capacitación y actualización a los jueces, fiscales y aspirantes a un cargo en el sistema de justicia, tarea en la que además persigue la formación de un perfil de idoneidad que responda de manera eficiente a las necesidades de la ciudadanía.
El presidente de la academia, Pedro Chávarry Vallejos, refiere que una muestra de este avance es la apertura de oficinas permanentes de la institución en Chiclayo, las mismas que se ubican al interior del Palacio Municipal gracias a un convenio suscrito con la comuna provincial.
“Una de las políticas de descentralización que está desarrollando la Academia Nacional de la Magistratura es llevarla a todos los lugares del país como ente constitucional dedicado a la capacitación y perfeccionamiento de todos los jueces y fiscales de la República, y por esa razón se van a habilitar en Chiclayo los ambientes que nos ha proporcionado la municipalidad provincial para realizar la capacitación de los jueces, fiscales y aspirantes a la magistratura”, comenta.
NUEVAS NORMAS
Entre los temas de capacitación en los que más incide la academia está el Código Procesal Penal. Chávarry Vallejos explica que a medida que ha ido pasando el tiempo los delitos se han innovado e incorporado nuevas figuras delictivas como el crimen organizado, el lavado de activos, los delitos cibernéticos, los delitos ambientales, entre otros.
Esta situación obliga a que tanto jueces como fiscales estén debidamente capacitados para desenvolverse y realizar con éxito sus tareas diarias.
Chávarry Vallejos, quien tiene el rango de fiscal supremo en el Ministerio Público, señala que existe una profunda necesidad de que los operadores de justicia tengan mayor capacidad para comprender y ejecutar su trabajo en función de los nuevos dispositivos y decretos legislativos que regulan, por ejemplo, las investigaciones contra el crimen organizado.
“Como en toda herramienta legal nueva, siempre se enfrentan herramientas en cuanto a la interpretación, pero el tratamiento que les vienen dando los jueces y fiscales a los nuevos dispositivos es el más aceptable, pero están sujetos a una serie de variables e interpretaciones que le pueden dar los tribunales superiores cuando revisan una determinada decisión que se toman en los órganos de primera instancia. Es normal que existan algunas discrepancias, pero que no se pueden llamar irregularidades, sino situaciones propias de la interpretación de las normas”, señala.
Para el director de la Academia Nacional de la Magistratura, la libre interpretación de las normas puede generar suspicacias. Sin embargo, afirma que si no existe un contenido doloso ni mal intencionado, las decisiones de jueces y fiscales, al ser revisadas en la instancia superior, pueden ser corregidas.
“La pluralidad de instancias es un mecanismo constitucional que permite que las decisiones en las que no estén de acuerdo las partes puedan ser impugnadas y esa es una garantía para las personas que litigan en todos los ámbitos, no solo el penal”, anota.
RESPONSABILIDAD
Añade que los jueces y fiscales pasan por un riguroso examen ante el Consejo Nacional de la Magistratura, por lo que sus decisiones deben ser respetables y asumidas bajo su responsabilidad.
“Cada juez y cada fiscal, en el ejercicio de sus funciones, tiene que asumir su responsabilidad. Estamos frente a profesionales que en su momento han certificado su capacidad. En mi opinión, no creo que existan abusos o excesos con la imposición de mandatos de prisión preventiva, más porque en una investigación cada una de las personas expresa y discute sus razones, el fiscal expone su teoría del caso y el juez es quien al final emite un pronunciamiento”, sostiene.
Indica además que por “escasos elementos que irregularmente actúan en ejercicio de su función, se empaña muchas veces el trabajo que realizan a nivel nacional jueces y fiscales”.
“Confiemos en nuestras instituciones, en las personas que tiene a cargo los casos que se investigan o que están en proceso de juzgamiento, más allá de las críticas de la prensa. Confiemos porque hay gente que trabaja transparentemente y hay organismos que están cumpliendo con su trabajo en sus respectivas instancias”, afirma.
LIDERAZGO
Chávarry Vallejos refiere que la academia busca preparar y perfeccionar de manera activa a los magistrados, de tal modo que puedan enfrentar situaciones complejas que deben ser resueltas no solo con apego a la norma, sino también con estricto respeto a los derechos de las personas y a los principios emanados del marco constitucional, a fin de no incurrir en excesos como el de enviar a prisión a investigados sobre los cuales no existe mayor carga probatoria.
“Queremos a un magistrado que pueda hacer frente a todo tipo de presiones y que en el futuro pueda desarrollar su trabajo acertadamente. Además de su preparación en el aspecto legal, el fiscal y el juez deben tener un perfil adecuado. No solamente queremos a magistrados que apliquen códigos y leyes, o que puedan realizar una interpretación correcta de las normas, sino también que tenga un perfil moral y ético, uno que nos permita estar frente a un funcionario de primer orden, de primera categoría, un verdadero líder que sepa dar respuesta a los reclamos que efectúa la población”, señala.
Alcanzar esto último – anota – es lo más difícil de conseguir, “tan igual como sucede en toda profesión”.
“Es la función de la academia, la academia tiene que preparar a los magistrados que están vigentes en la función, capacitarlos permanentemente y aplicar el Programa de Formación Académica – PROFA, que se ofrece a las personas que aspiran a ser jueces y fiscales. Sin haber pasado por el PROFA, los abogados postulantes no pueden ser considerados por el Consejo Nacional de la Magistratura. Esta es otra de las razones por la que estamos abocados a descentralizar la capacitación a nivel nacional, en todos los rincones de la república, a fin que los aspirantes no necesariamente tengan que viajar a Lima a capacitarse”, manifiesta.
MEJOR PREPARACIÓN
Por otro lado, Pedro Chávarry precisa que las investigaciones iniciadas en torno a los casos de corrupción que involucran a altos exfuncionarios y autoridades del Estado y a empresas extranjeras demandan de los operadores de justicia una mayor capacidad y preparación.
Indica que ante ello la academia ha iniciado un proceso de revisión de currículos de estudio, renovación de la plana docente y convocando a los mejores profesionales del Derecho para que capaciten a los jueces y fiscales que tendrán a su cargo los llamados casos emblemáticos.
“Estas mejoras no solo se necesitan para el ámbito penal, sino también para el ámbito civil, tributario, de familia y contencioso administrativo. No pensemos únicamente que en la carrera judicial o fiscal se circunscribe al ámbito penal”, asevera.
Finalmente, Pedro Chávarry hace referencia a las universidades, de cuyas facultades deben egresar profesionales en Derecho con mejores condiciones y competencias para asumir el reto de ingresar a la magistratura.
“Hay un pedido del Acuerdo Nacional para la Justicia, del que forma parte la Academia de la Magistratura, que está dirigido a los rectores de las universidades a fin de que pongan un poco más de empeño para que los profesionales que egresen sean mejores. Necesitamos un insumo a fin que las personas que quieran ingresar a la carrera judicial o fiscal sean capacitadas por la academia y al postular ante el Consejo Nacional de la Magistratura se tenga al mejor elemento humano. Para ello, hay necesidad de buenos profesionales, eficientemente formados”, manifiesta.
Fiscal Judith Pinto Zavalaga solicita entrega de documentos, resolución, actas de concejo, videos y transcripciones de sesiones de concejo en donde regidores oficialistas avalan desabastecimiento inminente y compra a dedo. También solicita informes de Control Interno en donde se alerta sobre presunto ilícito.
De manera compulsiva y con apoyo de la Policía Nacional, sería llevado a la sede del Ministerio Público, el alcalde de la provincia de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, para ser presentado ante el Segundo Despacho de Investigación de la Tercera Fiscalía Provincial Corporativa de Chiclayo, donde despacha la Fiscal Provincial Penal, Judith Pinto Zavalaga, y pueda responder por el presunto delito de Omisión de Actos Funcionales, Falsedad Ideológica, en agravio de la Municipalidad Provincial de Chiclayo.
De acuerdo a la carpeta fiscal 3670-2017, las dos nuevas denuncias de índole penal, que afronta la autoridad municipal, se suscita por persistir en adquirir de manera directa alimentos para el Programa Vaso de Leche por la suma de 2 millones de soles, ante la existencia de un presunto desabastecimiento, el cual habría sido provocado por la supuesta acción de direccionar la compra o hacerla a “dedo” o de manera directa.
La apertura de investigación fiscal detalla que la presunta afectación al Estado se hace con la adquisición de productos lácteos a “dedo” a un proveedor que también ya sería sujeto de investigación.
Conforme a la resolución número uno de la carpeta fiscal N° 3670-2017, la denuncia fue presentada verbalmente el 23 de junio pasado por la regidora de oposición Maura Yrene Hernández Gonzales, Víctor Raúl Rojas Díaz, Guillermo Enrique Segura Díaz, los que llegaron a la sede del Ministerio Público acompañados de su abogado patrocinador, Víctor Luna Victoria Menacho
LOS HECHOS
Los denunciantes han hecho conocer a la fiscal Judith Pinto Zavalaga que el 13 de junio del presente año los regidores de la comuna chiclayana recibieron invitación para participar de una sesión de concejo a desarrollarse el día 14 de junio; es decir, a las 24 horas de haberse cursado la invitación.
El punto de agenda – señalan- era “Aprobar el desabastecimiento eminente de la adquisición de alimentos del Programa Vaso de Leche de la Municipalidad Provincial de Chiclayo.
El abogado defensor de los regidores denunciantes, Víctor Luna Victoria Menacho, aclaró que los fiscalizadores acudieron a la sesión de concejo para impedir que se declare el desabastecimiento inminente, y junto a sus principales funcionarios compren los lácteos de manera directa.
“Con la licitación N°02-2017 se pretendía comprar insumos para el Vaso de Leche por 2 millones de soles, pero esa licitación había sido observada por el Órgano de Control Institucional -OC- a cargo de Wilder Castro Nieves. La observación señalaba que se había detectado una serie de “vicios” y presunto direccionamiento, motivando que la adquisición quede sin efecto y se convoque a una nueva, pero subsanando las observaciones que le hicieron a la anterior.
NUEVA LICITACIÓN
Víctor Luna Victoria detalla que en señal de transparencia, se hacía necesario se realice una nueva licitación pública abierta. Además, el alcalde debería haber dispuesto abrir investigación administrativa, así como sanción y denuncia penal contra aquellos funcionarios que habrían provocado el desabastecimiento inminente de los productos lácteos, pero a la fecha nada de eso se ha hecho y más bien la autoridad municipal les estaría dando todo su respaldo.
Para que la comunidad tenga conocimiento, reveló que el Comité Especial de Adquisición está conformado por la gerente de Desarrollo Social, Luz Mariela Velezmoro Delgado en su calidad de presidenta, quien además es hija del alcalde de la Municipalidad Provincial de Lambayeque, Ricardo Velezmoro Ruiz. Además, el comité es integrado por el subgerente de Logística Homero Edmundo Vigo Quintana y el responsable del órgano encargado de las compras, Marco Antonio Medina Villena.
A la fiscal Judith Pinto Zavalaga también se le hizo conocer, que en la sesión de concejo del 14 de junio, los regidores Edwin Antero Huancas Ojeda, Alfredo Adán Montenegro Bermeo, Boris Gustavo Bartra Grosso, Elvis Bustamante Tarrillo, Juan Carlos Pérez Baustista, José Luis Carlos Cabrejos Ucañay, Octavio Romero Romero y Ricardo Guillermo Lara Doig, votaron a favor de la declaratoria de desabastecimiento inminente del Programa del Vaso de Leche, y apoyaron la compra de manera directa.
“La acción de los regidores oficialistas quedó plasmado en el Acuerdo de Concejo N° 035-2017 MPCH/A, la que aprueba la situación de desabastecimiento del Programa del Vaso de Leche, y por consiguiente se procede a la adquisición temporal de dicho insumo por el monto señalado en el Informe N° 175-2017-MPCH/SGASYA, emitido por la Sub Gerencia de Asistencia Social y Alimentaria, Luz Mariela Velezmoro Delgado, por el plazo de 60 días”, sostuvo Víctor Luna Victoria.
Aclara también que mediante dicho acuerdo se autoriza al Gerente de Administración y Finanzas y a la Sub Gerencia de Logística para que realice la compra directa e inmediata de productos lácteos.
“Los regidores oficialistas avalan también la compra de alimentos sin los debidos controles que demandan los procesos de licitación. Además, con la resolución de alcaldía N° 460-2017-MPCH/A del 13 de junio del 2017, el alcalde David Cornejo Chinguel resuelve declarar la nulidad de oficio del proceso de Selección, Licitación Pública N° 002-2017-MPCH-CS, relacionados a la adquisición de alimentos, cuando Control Interno solicitaba que se retrotraiga y se convoque a una nueva licitación, pero absolviendo las observaciones realizadas”, indica Luna Victoria.
MILLONARIO DIRECCIONAMIENTO
Ante el inicio de la investigación preliminar por parte del Ministerio Público contra el alcalde David Cornejo Chinguel y los que resulten responsables, por el plazo de 190 días naturales o calendario, la fiscal Judith Pinto Zavalaga fue alertada que la licitación pública denominada “Suministro de leche fresca de vaca y hojuelas de avena, arroz, cebada, kiwicha con semillas de girasol con leche entera en polvo con omega 3 y enriquecida con vitaminas y minerales sabor a canela, consta de dos ítem o dos partes.
La primera parte había sido adjudicado a Tulio Jesús Montenegro Vásquez, por un monto de un millón 084 mil 137.60 soles. La segunda parte de la compra, había sido adjudicada al Consorcio Chuzal, por un monto de 883 mil 868 soles.
Sin embargo, el presunto direccionamiento se dio a pesar que el 16 de mayo pasado, el Órgano de Control Interno –OCI- notificó al alcalde David Cornejo Chinguel el informe de Acción Simultánea de Control N° 005- 2017 OCI, advirtiendo la existencia de dos nuevos vicios encontrados en la licitación N° 02-2017 con el objetivo que se hagan las correcciones respectivas, al no existir pluralidad de proveedores para el requerimiento de hojuelas de avena, arroz y cebada.
“La OCI señala que a la licitación pública N° 02-2017–inicialmente se presentaron Producciones Nacionales TC EIRL., Servicios Generales & Comercializadora Mondragón EIRL, y D´Celis Bussines SAC, pero extrañamente, de todas ellas, solamente la empresa Producciones Nacionales TC EIRL es la única que cuenta con registro sanitario activo para vender productos para el consumo humano, consistente en hojuelas de avena, arroz, cebada”, explica Víctor Luna Victoria.
LAS CITACIONES
Teniendo en claro la denuncia, la fiscal Judith Pinto Zavalaga promovió iniciar investigación penal preliminar por 120 días normales, contra David Cornejo Chinguel en su calidad de alcalde de Chiclayo, quien debió haberse presentado a las 12 del día del martes primero de agosto y del miércoles dos de agosto, pero no lo hizo.
De igual manera, la representante del Ministerio Público ha solicitado la expedición de copias certificadas de los expedientes administrativos N° 132920 y 115361, que tendrían que ver con la entrega de buena pro a proveedores supuestamente direccionados.
Asimismo, se ha cursado oficio a la Oficina de Control Institucional a cargo de Wlder Castro Nieves, con la finalidad que emita un informe respecto a los hechos que son materia de investigación.
MÁS PEDIDOS
No conforme con ello, la fiscal Judith Pinto también emitió la providencia N° 01 de la carpeta fiscal N° 3670-2017, en la que ha pedido del abogado Víctor Luna Victoria, mediante escrito N° 01, se ha requerido al subgerente de Secretaria General de la comuna chiclayana, Gerardo Ordinola Araujo, remita los vídeos y antecedentes administrativos de la convocatoria.
También se ha solicitado sobre la asistencia y transcripción de las sesiones de concejo extraordinarias de fecha 14 y 21 de junio del 2017, en donde se convocó – la primera- para tratar el desabastecimiento inminente de la adquisición de alimentos para el Programa Vaso de Leche.
Asimismo, al alcalde David Cornejo se le ha requerido remita la integridad de los antecedentes administrativos debidamente foliados y fedateados de los antecedentes que dieron origen a la emisión de la Resolución de Alcaldía N° 460-2017-MPCH del 13 de junio del presente año, en donde se declara la nulidad del pr4oceso de selección pública N° 002-2017.
Además, se le pide que remita los antecedentes administrativos debidamente foleados y fedateados del proceso de selección licitación púbica N° 002-2017, relacionado a la compra de alimentos para el Programa Vaso de Leche.
Otra petición se ha hecho al jede de Control Institucional de la MPCH, Wilder Castro Nieves, a quien se le ha solicitado remitir el informe de acción simultánea N° 005-2017 OCI-0425-AS del 18 de abril al 12 de mayo del 2017.
También que remita al despacho fiscal los antecedentes que dieron origen al oficio N° 151-2017-MPCH, y las respuestas al mismo por parte de la Municipalidad de Chiclayo.
“La acción legal contra el alcalde David Cornejo Chinguel se está judicializando de dos formas. Una de ellas va con la denuncia penal que se ha interpuesto haber insertado un hecho falso en la sesión extraordinaria de concejo del 14 de junio, que no es más que por el delito de falsedad ideológica y omisión de funciones”, añade Luna Victoria.
Explica También que dentro de sus funciones, el alcalde debió haber puesto en conocimiento del seno edil el informe de la OCI, pero no lo hizo, mintió, omitió su función y lo peor de todo es que ha mentido al pleno de concejo municipal”, sostuvo.
De igual manera, sobre la autoridad municipal –indica- cae una demanda contenciosa administrativa, la que tiene por objeto lograr que el poder judicial suspenda los efectos del Acuerdo de Concejo N° 36-2017-MPCH/A, que declara infundada la reconsideración por afectación a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, afectando el principio de legalidad.
“Considero que no solamente el alcalde debe estar inmerso en la inversión, y es por ello que está ampliado contra los que resulten responsables, ya que existiría contubernio con algunos regidores, como los del oficialismo: Edwin Antero Huancas Ojeda, Alfredo Adán Montenegro Bermeo, Boris Gustavo Bartra Grosso, Elvis Bustamante Tarrillo, Juan Carlos Pérez Baustista, José Luis Carlos Cabrejos Ucañay, Octavio Romero Romero y Ricardo Guillermo Lara Doig, los que deben explicar porque votaron a favor del desabastecimiento y por la compra directa”, recalcó.
El abogado Manuel Huangal Naveda cesa en la labor jurisdiccional luego de 25 años de trabajo en la Corte Superior de Lambayeque, de la que llegó a ser presidente en dos oportunidades y donde siempre demostró idoneidad y pertinencia para la administración de justicia.
Al concluir sus estudios secundarios en el Colegio Nacional de San José, ingresó a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, casa superior que años después le confirió el grado de magíster en Ciencias Penales.
Su ingreso al Poder Judicial se produjo en 1991, cuando empezó como suplente para cubrir plazas jurisdiccionales por tiempos breves de 10 o 15 días, dado que siempre ocupaba el primer puesto en las evaluaciones que se realizaban para la función judicial. Se mantuvo en esa situación hasta 1992, cuando fue convocado de manera permanente.
Manuel Huangal pertenece a la que él denomina la Generación del 96, un grupo de magistrados entre los que figuran el actual presidente de la Corte Suprema de la República, Duberlí Rodríguez Tineo y los vocales superiores Juan de Dios Lara Contreras, Hugo Núñez Julca, Daniel Carillo Mendoza y Segundo Morales Parraguez, este último integrante del Consejo Nacional de la Magistratura – CNM.
Ellos postularon al Poder Judicial al amparo de la Constitución Política de 1993, que dio funcionamiento pleno al CNM.
JUEZ PREPARADO
“La creación del Consejo Nacional de la Magistratura como una entidad autónoma ha sido una de las gestiones más valiosas de la Constitución de 1993. Antes las decisiones para nombrar a los jueces eran políticas. De acuerdo a la Constitución de 1979 se armaban unas ternas, los abogados postulaban y de acuerdo a su calificación se iban ubicando en los puestos. Luego, esas ternas se elevaban al Poder Ejecutivo, este los pasaba al Ministerio de Justicia y ahí se firmaba una resolución suprema de nombramiento. Con la Constitución del 93 para nosotros se inició una experiencia interesante, porque la evaluación empezó a darse no solo en función de los conocimientos, sino también de los antecedentes de la persona”, refiere el magistrado.
Recuerda que la entrevista personal al aspirante a la judicatura se constituía en un examen oral, porque el postulante no solo debía poner en evidencia sus conocimientos en Derecho, sino también en cultura general.
“Era una evaluación mucho más exhaustiva y eso era bueno. Yo entiendo que todo juez debe tener una formación doctrinaria y cultural. No se pide a un juez que domine literatura, historia o filosofía, pero debe tener conocimiento para poder ser drástico y también benevolente y generoso, porque la tarea de administrar justicia es muy difícil si solo se dedica a la interpretación de datos”, señala.
SERIO PROBLEMA
Manuel Huangal, quien ha cursado estudios de doctorado en Derecho Constitucional, es claro en indicar que los magistrados enfrentan a diario un serio problema que se centra en la calidad de sus resoluciones, las que – en su opinión – deben ser elaboradas con eficiencia para evitar las nulidades que no solo ponen en duda su capacidad, sino que generan perjuicios a las partes en controversia y mayores gastos al Estado.
“En el Perú, todos los jueces tenemos una falla que nos genera un lastre para la administración de justicia, esas son las nulidades. Siempre que he trabajado en cualquier sala he procurado hacer mis resoluciones rápido y fundamentándolas bien para hacerlas legítimas, para que la gente entienda por qué pierde o gana un juicio y, para que también puedan ser entendidas poniendo en práctica la celeridad. Hay que luchar contra las nulidades, porque muchos juicios se han declarado nulos porque no hay un pronunciamiento de fondo o para que vaya con un juez determinado. ¿Sabe cuánto significa para el Poder Judicial las nulidades? En el Perú casi un tercio de la producción es nula, aumentado así la carga procesal. En sala plena yo he dicho que hay que luchar contra fulano o zutano porque genera nulidades, que hay que investigarlos”, asevera.
LAS MEDIDAS COERCITIVAS
El ex presidente de la Corte de Lambayequeafirma que hay temas polémicos en los que el juez debe tener mesura y no solo respetar la normativa o la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que es bastante garantista de los derechos, sino también los convenios internacionales y el Pacto Internacional de Derechos Políticos, Sociales y Económicos, que es una norma que indica, por ejemplo, bajo qué circunstancias debe darse la prisión preventiva, al ser una medida excepcional.
“Comparto plenamente lo que ha dicho el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, que los jueces tienen que ser proporcional para dar la medida, y la medida de prisión preventiva debe ser excepcional”, indica.
Un estudio realizado a nivel nacional revela que los jueces no aplican las normas actuales y los instrumentos internacionales que señalan que todo procesado debe estar libre porque sobre este rige la presunción de inocencia. Al respecto, Huangal Naveda indica que tampoco se puede caer en el absurdo de pretender que los magistrados no dicten las medidas coercitivas sobre investigados por crimen organizado. En esos casos – anota – es necesario que el juez sea más drástico.
“Nosotros tenemos, como en toda Latinoamérica, un sistema penal que parecería que no selecciona conductas de las personas, sino a sectores sociales, porque si se visita los juzgados se verá que generalmente los procesados son gente bastante pobre, y eso no quiere decir que todos los pobres cometan delitos, pero son los más proclives en llegar a esa situación. Recién con el caso Odebrecht se está viendo una situación inversa, pero antes el segmento penal era así”, remarca.
SALA CONSTITUCIONAL
Como magistrado, Manuel Huangal, quien presidió la desaparecida Sala Constitucional de Lambayeque, ha revisado importantes casos como el de la familia Sánchez Paredes o el de José Enrique Crousillat, quien fuera irregularmente indultado en el segundo gobierno de Alan García Pérez.
También ha resuelto otros casos no tan mediáticos, pero que han sentado precedentes en la administración de justicia y cautela de los derechos constitucionales, como el de una pareja de profesores de una universidad local que fueron despedidos por el único hecho de iniciar una relación sentimental siendo divorciados.
La sala que presidía Huangal Naveda emitió una resolución en la que aplicó instrumentos internacionales donde se dejó sentado que el amor como sentimiento no podía quedar exento de las personas divorciadas y, en consecuencia, no habían cometido falta alguna para que se disponga su despido. El Poder Judicial acogió la demanda de amparo de los profesores y la decisión quedó firme.
“Desde Lambayeque generamos jurisprudencia. Cuando postulé para fiscal supremo en el 2010 aprobé el examen de conocimientos y al pasar para la revisión curricular presenté seis sentencias, entre ellas este caso, por el que me pusieron el máximo puntaje”, recuerda.
GESTIÓN DE PRESIDENCIA
De su gestión como presidente de la Corte de Lambayeque se destaca el haber logrado la construcción de nueva sede institucional en el Centro Cívico de Chiclayo, para lo cual debió asegurar el apoyo de la Gerencia General del Poder Judicial a fin de hacer afectiva la posesión del terreno que la comuna provincial había transferido para la institución y que – según confiesa – estaba a punto a perderse.
“El tiempo nos ganaba y entonces al asumir la presidencia viajé a Lima para informar que se tenía el terreno, aunque no en posesión, pero sí en documentos. Hablé con el gerente general, que además era conocido mío y tenía un fuerte vínculo con Chiclayo y Ferreñafe; luego hablamos con el presidente de la Corte Suprema y este pidió que se dé una solución al tema. Así se lograron los 800 mil soles con los que empezó la construcción del edificio. El municipio ya no nos quería dar la autorización, pero aun con ello empezamos a construir. Después se hicieron los debidos descargos necesarios, pero valió la pena. De no haber sido así no tendríamos el nuevo local de la corte”, comenta.
En su segunda presidencia se creó la Sala Constitucional de Lambayeque, que ayudó en gran medida a la solución de las demandas que antes debían esperar demasiado tiempo para ser revisadas y resueltas. Lamentablemente, el órgano fue desactivado cuando Enrique Mendoza Ramírez asumió la presidencia del Poder Judicial.
“El doctor Mendoza Ramírez con el argumento de la carga procesal suspendió todos los órganos jurisdiccionales constitucionales de Arequipa, Cuzco y Lambayeque y fue un error, porque aquí había una justicia especializada muy expeditiva y a la que la gente recurría. Nosotros hicimos el reclamo en sala plena y esta medida fue apoyada por todas las organizaciones como el Colegio de Abogados. Ahora el presidente Duberlí Rodríguez ha dicho que ya se empezó a devolver los juzgados constitucionales en Arequipa, Lima y Ayacucho, pero falta que haga lo propio en otras cortes como la de Lambayeque”, manifiesta.
COMPROMISO CON LA CIUDADANÍA
Huangal Naveda se despide de la función jurisdiccional dejando como legado un importante ejemplo de trabajo y gestión exitosa como representante de la judicatura en Lambayeque. Por su experiencia, señala que los magistrados deben comprometerse a desempeñar una labor proba y honesta, que se ajuste a la ética y a la administración de justicia con equilibrio y cautelando los derechos de las personas.
“Quien debe mostrar realmente honestidad y propiedad es el juez, siempre habrá problemas, pero si en su pronunciamiento mantiene una línea correcta estará honrando la responsabilidad que el país le ha confiado. Yo he visto que acá hay jueces que son buenos, he visto a jueces que son estudiosos y creo que hay una generación muy interesante con la que se llegará al bicentenario de la República. En el 2001, cuando fui presidente, aquí habían máquinas de escribir, solo algunas salas tenían computadoras, ahora al Poder Judicial se le encuentra implementado, con su propia logística y, por lo tanto, esa mejora debe hacer que la gente sienta que realmente hay una justicia que se preocupa por el ciudadano”, remarca.
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lfredo Adán Montenegro Bermeo, Boris Gustavo Bartra Grosso, Elvis Bustamante Tarrillo, Juan Carlos Pérez Baustista, José Luis Carlos Cabrejos Ucañay, Octavio Romero Romero y Ricardo Guillermo Lara Doig, los que deben explicar porque votaron a favor del desabastecimiento y por la compra directa”, recalcó.
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