A menos de una semana de designado en el cargo, el flamante gerente regional de Trabajo y Promoción del Empleo, Guillermo Segura Díaz, anunció que dependiendo del resultado de la evaluación iniciada en la entidad, que deberá concluir en 15 días, se dispondrá la reorganización de la dependencia, a fin de desterrar las malas prácticas que se estarían cometiendo, efectivizar la lucha contra la corrupción y mejorar los servicios a los administrados.

Segura Díaz, quien asumió la gerencia en reemplazo del renunciante Omar Effio Arroyo, luego del escándalo en el que este terminó involucrado por un presunto falso operativo al Centro del Empleo de Lambayeque, señala que ha recibido el encargo del gobernador regional, Humberto Acuña Peralta, de generar confianza en los ciudadanos y, sobre todo, garantizar la defensa de los trabajadores.

“Tengo experiencia y conozco el funcionamiento del Estado, por lo que me corresponde ahora seguir los lineamientos trazados por el Ministerio de Trabajo, pero además los objetivos que la gestión regional de Lambayeque tiene, principalmente para velar por la población laboral y cautelar que sus derechos sean respetados”, indica.

El funcionario precisa que parte de su tarea empieza por el ordenamiento interno de la institución, que pasa por revisar la condición laboral de los servidores de la gerencia. “No puede ser que siendo nosotros el área administrativa que defiende los derechos de los trabajadores tengamos a nuestros trabajadores en condiciones no adecuadas”, anota.

Explica que si bien no es posible promover nombramientos, sí buscará la revisión de los casos de servidores que se mantienen trabajando bajo locación de servicios o sin gozar todos los beneficios del régimen CAS. “Es necesario evaluar eso para que los servidores estén dispuestos a identificarse más con la institución y ayudarnos a cumplir los objetivos. Tenemos servidores con sueldos muy bajos, que no responden a sus capacidades o compensan el esfuerzo que realizan a diario”, asevera.

La Gerencia Regional de Trabajo tiene en la actualidad 50 trabajadores, a los que se suman el personal destacado por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, que en Lambayeque tiene cinco inspectores.

FISCALIZACIÓN

Precisamente sobre los fiscalizadores y la labor supervisora que tiene la gerencia respecto al cumplimiento de la normatividad laboral, Segura Díaz no descarta reevaluar las decisiones adoptadas por su antecesor respecto a los procedimientos no atendidos, como el archivamiento de las dos mil órdenes de inspección acumuladas entre el 2008 y el 2015, sin que se aplique el correspondiente proceso administrativo o disciplinario a los responsables.

Asimismo, sobre el incumplimiento de algunas de las recomendaciones alcanzadas por la SUNAFIL como correctivas a la inconducta funcional de algunos fiscalizadores titulares o auxiliares de la zona de trabajo de Lambayeque.

“Hay sectores en los que es necesario ser constantes con los procesos de fiscalización, como las azucareras, por ejemplo, donde si bien existen problemas de índole societario y judicial, también se registran afectaciones a los derechos de los trabajadores”, menciona.

Guillermo Segura anota que otro aspecto que desde ya preocupa a su gestión es que la Gerencia Regional de Trabajo no tiene un área de cobranza coactiva, pese a que tiene facultad para la imposición de multas a los infractores laborales.

Esa debilidad – señala – impide que la gerencia se asegure que las empleadoras sancionadas cumplan con el pago de las multas impuestas, por lo que solo es posible hablar de amonestaciones en papel.

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

“En los días que tengo al frente de la gerencia he podido percibir de parte de los trabajadores un real compromiso de lucha contra la corrupción, lo que se convierte en una de las prioridades para la institución”, comenta Segura Díaz.

En ese sentido, refiere que ha dispuesto la revisión de los procedimientos a través de los cuales se extienden certificados a las empresas que se acogen a los beneficios fiscales por la contratación de personas con discapacidades entre sus trabajadores, que conforme a ley deben representar el 3 % del total de empleados.

Asimismo, que se evalúen las condiciones de funcionamiento del Centro del Empleo de Lambayeque, de cuyos resultados depende si se declara o no reorganización.

“Tengo bastante clara la problemática y sé muy bien qué acciones deben tomarse para mejorar la gestión. Hace muchos años me dediqué a la evaluación permanente de la realidad local y conozco también cuáles son los aspectos a mejorar en materia laboral, siguiendo así el objetivo de un Estado mucho más competitivo y al servicio del ciudadano”, afirma.