A Jenny Valiente Vásquez se le dispuso “investigue” a ex jefe del ex SATCH, pero hasta el momento no hay ningún informe. Sería denunciada administrativa y penalmente por omisión.

Poco le importó que la orden viniera del gerente general de la Municipalidad de Chiclayo, Manuel Fernando Correa Soveron. La Secretaria Técnica del Comité de Procesos Administrativos Disciplinarios del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo, Jenny del Pilar Valiente Vásquez, sería denunciada administrativa y penalmente por el presunto delito de Omisión a sus actos funcionales, al no haber actuado con celeridad, imparcialidad y legalidad, en la apertura de Proceso Administrativo Disciplinario, contra el ex jefe del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo –CGT, Nilton César Monje Sampén, quien es sindicado de haberse negado a cumplir con la implementación de la Ordenanza Municipal N° 009-2015 –MPCH, cuya acción ha generado que el alcalde de Chiclayo, David Cornejo Chingue, sea sentenciado a cumplirla.

La orden fue impartida en el mes de setiembre del año 2016 por el Gerente Municipal Manuel Fernando Correa Soveron, a la Secretaria Técnica de sanciones, Jenny del Pilar Valiente Vásquez, a quien mediante carta N° 161-2016- MPCH/STPAD de la  Municipalidad de Chiclayo, se le hace conocer que se ha determinado abrir Procedimiento Administrativo al jefe del CGT de ese entonces, Nilton Monje Sampén, por no cumplir con la adecuación de la Ordenanza Municipal N° 009-2015.

La demanda de cumplimiento del mencionado dispositivo municipal fue planteado por el ciudadano Víctor Luna Victoria Menacho, quien sustenta que los cargos que dichas personas ostentan, percibiendo sueldos que no les competen, habrían sido aprobados entre ellos, lo cual implica la comisión de delito sancionado en el código penal.

La mencionada disposición - Ordenanza Municipal N° 009-2015- ordenaba la aprobación del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y la Propuesta de Estructura Orgánica del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo, amparados en los artículos segundo, tercero y cuarto.

El dispositivo municipal de gobierno, el cual fue publicado en el mes de abril del año 2015,  otorgaba un  plazo de 180 días al jefe del CGT y a su equipo de “asesores” para desarrollar la implementación del nuevo Reglamento de Organización de Funciones -ROF, así como la estructura Orgánica y elaborar los nuevos documentos e instrumentos de gestión y normas correspondientes al centro recaudador, caso contrario serían denunciados penalmente por el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad.

Pero es el caso, que a un año de la puesta en vigencia de la mencionada Ordenanza Municipal, Nilton Monje Sampén junto a su “equipo de asesores” no habían hecho nada de lo acordado y ordenado en sesión de concejo. Lo único que habían hecho era cambiar el nombre o razón comercial del ente recaudador; es decir, de Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo –SATCH, por el de Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo -CGT.

El haber cambiado de nombre al SATCH por el de CGT– se plasma en el documento- trajo consigo que los responsables administrativos pretendan sacar la vuelta a la Ley, creando nuevos puestos jefaturales y por ende el incremento de sueldos a ciertos funcionarios, a pesar que el CGT no cuenta con un Manual de Organización de Funciones –MOF de acuerdo a lo dispuesto.

¿SACADA DE VUELTA?

De acuerdo a lo que se señala en el documento, uno de los beneficiados con un nuevo cargo jefatural y mayor sueldo, es la misma persona que tenía que fiscalizar y sancionar a Nilton Monje Sampén, Jenny Valiente Vásquez, quien también ha sido cuestionada por permanecer varios años fuera del ente recaudador para irse a trabajar a una municipalidad, bajo la modalidad de licencia, pero esta fue por más de tres años  y otorgada por la gestión edil del ex alcalde Roberto Torres Gonzales, ahora detenido en el penal de Picsi con varios de sus funcionarios, al pesar sobre ellos investigación por presuntos actos de corrupción.

Sin embargo, con el cambio de gestión municipal a nivel nacional; es decir, con el cambio de alcaldes a partir del primer día hábil del año 2015, Jenny Valiente Vásquez, quien había ido a trabajar a la Municipalidad de Bambamarca por más de tres años como Gerente de Rentas y Tributaciones, mientras en Chiclayo la gestión de Roberto Torres Gonzales le guardaba su puesto de trabajo, regresó al ex SATCH para ocupar el cargo de jefa de la División de Atención al Administrado, puesto que no existe por no haber un Manual de Organización de Funciones en la nueva  estructura.

MÁS ACOMODOS

Otro que también disfruta de un jugoso incremento de sueldo y lo hace ocupando un puesto que tampoco existe, es el funcionario Ángel Leonidas López Castro, actualmente investigado por el Ministerio Público y la Contraloría General de la República, por presuntos actos de corrupción en el ente recaudador y por la supuesta pérdida de la merced conductiva – cobros de los puestos- en los mercados que son administrados por la Municipalidad de Chiclayo.

Durante la gestión municipal de Roberto Torres Gonzales, el funcionario se desempeñaba como jefe del área de Cobranza del ex Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo, pero en la gestión de David Cornejo se le crea el cargo de jefe de la División de Control y Recaudación de la Deuda, lo que implicaba tener un mejor sueldo y mayor capacidad de gasto en los vales de movilidad, bajo el argumento de inspección, verificación y control.

“La mencionada Ordenanza Municipal cuenta con 5 artículos, pero en su artículo dos señala: “el de dar facultades al titular del pliego, para la conformación de una Comisión Especial que se encargue del seguimiento e Implementación del nuevo ROF, así como la estructura Orgánica”, para el CGT”, explica el denunciante.

De igual manera, añade que el artículo tres encarga al jefe del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo, en ese entonces Nilton César Monje Sampén, el cumplimiento de lo dispuesto, de acuerdo a sus funciones, así como elaborar los nuevos documentos e instrumentos de gestión y normas correspondiente.

Finalmente –explica- el artículo cuatro señala que la Ordenanza edil en cuestión “deroga aquellas normas municipales que se opongan a la vigencia de la presente ordenanza”, pero a pesar del tiempo transcurrido y prescrito, Nilton Monje y sus asesores no han cumplido con implementar tal y como lo señala el dispositivo legal, el nuevo Reglamento de Organización de Funciones -ROF, así como la estructura Orgánica y elaborar los nuevos documentos e instrumentos de gestión y normas correspondientes al centro recaudador

¿OÍDOS SORDOS?

Conforme se señala en la carta N° 212-2016-MPCH/GM, del pasado 27 de setiembre del año 2016, la cual fue ingresada por mesa de partes del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo el 28 de octubre último, con el objetivo de darle valor legal, y que está dirigida por el Gerente Municipal Manuel Fernando Correa Soveron, a la Secretaria Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo, Jenny del Pilar Valiente Vásquez, le hace saber que existe una carta 161-2016- MPCH/STPAD de la  Municipalidad de Chiclayo, y se le informa que se ha determinado abrir Procedimiento Administrativo al jefe del CGT, Nilton Monje Sampén, por no cumplir con la adecuación de la Ordenanza Municipal N° 009-2015, lo cual le está generando acciones legales al alcalde David Cornejo Chinguel, debido a su incumplimiento.

Asimismo, el gerente municipal Manuel Fernando Correa dispone que a Jenny Valiente se le remita los actuados –documentos –expediente, levantado por la Secretaria Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, para su conocimiento y los fines pertinentes. El objetivo, de acuerdo a los plazos, es que la funcionaria inicie la “investigación” disciplinaria y actúe de acuerdo al reglamento tal y como lo había aplicado con otros trabajadores.

Es el hecho –según se hace conocer- que hasta la fecha Jenny Valiente Vásquez no ha abierto ningún Proceso Administrativo Disciplinario a Nilton Monje, y mucho menos ha informado al gerente municipal, Manuel Fernando Correa Soveron, las razones o motivos en casos se haya reservado el derecho de hacerlo, cometiendo falta grave y hasta delito de omisión de actos funcionales, lo que está sancionado en el Código Penal.          

El informe elaborado por la Secretaría Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, señala que Nilton Monje habría incumplido en la negativa de implementar lo dispuesto en la Ordenanza Municipal N° 009-2015 –MPCH, y su negativa ha arrastrado al alcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, para enfrentar una demanda constitucional de acción de cumplimiento, que lo ha llevado a ser sentenciado.

La demanda a la que se refiere la Secretaría Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios de la Municipalidad Provincial de Chiclayo - acción de cumplimiento- fue resuelta el 24 de octubre último por el titular del Cuarto Juzgado Civil de Chiclayo, Héctor Conteña Vizcarra, quien mediante resolución de sentencia N° 07, amparado en el expediente judicial N° 01676-2016-0-1706-JR-CI-04, ordenó que si en diez días hábiles, tras notificarse a las partes, el alcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, juntamente con el jefe del ex SATCh, Nilton César Monje Sampén, no cumplen con la implementación de la Ordenanza Municipal N° 009-2015 –MPCH, serán denunciados penalmente por el delito de desobediencia a la autoridad. Sin embargo, la autoridad municipal recurrió a la apelación.

Además, como para evadir la Ley o evitar que la sentencia se ejecute, pues el magistrado le otorgaba 10 días hábiles para cumplir con lo ordenado, caso contrario sería denunciado penalmente por el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad, lejos de cumplir lo ordenado por el magistrado, la autoridad Municipal, presuntamente siguiendo los consejos de sus asesores, “pateó” lo ordenado por el magistrado, el 4 de noviembre convocó a una sesión de concejo extraordinaria para aprobar una nueva Ordenanza Municipal, la 018/2016-MOCH/A, con el objetivo de dejar sin efecto la Ordenanza Municipal N° 009-2015.

DOBLE SANCIÓN

Víctor Luna Victoria aclara que la omisión es un delito o falta consistente en abstenerse de actuar ante una situación que se considera un deber legal, e incluso también está amparado en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, que señala sobre la Responsabilidad de la Administración Pública y del Personal a su Servicio por el incumplimiento de una acción administrativa.

“La mencionada Ley trata sobre la responsabilidad penal de las autoridades administrativas en la tramitación del procedimiento administrativo, pero es importante hacer conocer que el delito de omisión o retardo de función está previsto en el artículo 377 del Código Pena, señalando que: “el funciona público que, ilegalmente, omite, rehusa o retarda algún acto de su cargo, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años y con treinta a sesenta días-multa”, lo cual lleva a sostener que Jenny Valiente no solamente ha cometido falta administrativa, sino también delito penal”, sostuvo el letrado.

Explica que la mencionada funcionaria ha omitido una orden que se le dio, lo que pasa por un extraño silencio, aunque no se descarta que con su actitud se esté rehusando, lo que se refleja en la interpretación como que no quiere o no aceptó la orden que se le dio, la cual está amparado en un documento de gestión.

Sin informe favorable  del Ministerio de Energía y Minas, autorizó la instalación de una Planta Chancadora Portátil en Lambayeque, trasgrediendo informes legales de improcedencia

A cuatro meses y sin goce de haberes, fue suspendido el ex director regional de Energía y Minas de la Gerencia Regional de Desarrollo Productivo del Gobierno Regional de Lambayeque, Adrián Zapata Sernaqué, por emitir una resolución autorizando el inicio de actividades de exploración y explotación minera en el Proyecto Zoc X-Zoc XIII, trasgrediendo informes legales que determinaban la improcedencia.

De acuerdo a la resolución de gerencia regional  N° 007 -2017-GR.LAMB/GGR, firmada por el gerente general regional, Francisco Gayoso Zevallos, mediante oficio N° 045-2015-GR.LAMB/ORTLC, expediente N° 1722965-1412689 de fecha 29 de enero del 2015, la Oficina de Transparencia y Lucha contra la corrupción remite el expediente materia de investigación a la Secretaría Técnica a afectos de que se realice la investigación sobre presuntas irregularidades en la expedición de resoluciones en la Dirección de Energía y Minas.

En el informe se detalla que el 22 de enero del 2015 el ingeniero Adrián Zapata Sernaqué emite la resolución N° 08-2015 GR.LAMB/GRDP-DEM, en la cual sin previo informe favorable del Ministerio de Energía y Minas, autoriza la instalación de la Planta Chancadora Portátil, y sumado a ello, consigna como sustento el informe legal N° 01-2015. GR. LAMB/GEDP-DEM-Mdcp, documento que no guarda relación con dicha resolución, pues en ninguno de los considerandos del informe legal se recomienda autorizar la instalación de una Planta Chancadora Portátil, trasgrediendo la Ley.

LAS OBSERVACIONES

La acción fue advertida por la abogada María Cabrejos Pérez, mediante informe legal N° 10 y 11-2015-GR.LAMB/GRDP-DEM-mdcp, donde solicita la nulidad de las resoluciones directorales N° 04 y 08-2015-GR.LAMB/GRDP-DEM, de los días 9 y 22 de enero del 2015.

De igual manera, el 28 de enero del 2015, la ex Gerente Regional de Desarrollo Productivo, Jenny Patricia Ocampo Escalante, mediante resoluciones gerenciales N° 006-2015 GR.LAMB/GRDP.DEM y N° 007-2015-GRIAMB/GRDP.DEM, declara la nulidad de oficio del acto administrativo contenido en la resolución Directoral N° 04-2015-GR.LAMB/GRDP-DEM y resolución N° 08-2015 GR.LAMB/GRDP-DEM, dejando sin eficacia administrativa los efectos generados por las referidas disposiciones resolutivas.

Asimismo, el 13 de febrero del 2015, la Dirección General de Formalización Minera remite el informe N° 12-2015-MEM/DGFM-PPM, dando respuesta a la solicitud de acreditación de pequeño productor minero a favor de Zoc Corporation S.A, declarándola improcedente. Sumado a ello, señala también que se debe declarar la nulidad de la Resolución por no cumplir con lo establecido en la normatividad vigente.

Todas la observaciones fueron amparadas por la Resolución Jefatural Ejecutiva N° 018-2016-GR.LAMB/OERH, la que dispone iniciar el Procedimiento Administrativo Disciplinario al ingeniero Adrián Zapata Sernaqué, ex director de la Dirección de Energía y Minas.

DE DEFIENDE

El funcionario procesado, ante la acusación, se enfocó a solicitar el archivamiento del caso bajo el sustento de prescripción. Señala que al haber prestado servicios como director de Energía y Minas de la Gerencia Regional de Producción desde el 1 de enero al 23 del mismo mes del año 2015, le corresponde aplicar como norma sustantiva  y procidemental la Ley N° 30057, Ley Servir y su reglamento N° 0402014 PCM.

De igual manera, señala que el Tribunal Constitucional deja sentado que la prescripción es la institución jurídica mediante la cual, por el transcurso del tiempo, la persona adquiere derechos o se libere de obligaciones precisa. Además, desde la optica penal, es una causa de extinción de la responsabilidad criminal fundada en la acción del tiempo sobre los acontecimientos humanos o la renuncia del Estado, en razón de que el tiempo ha transcurido automáticamente borra los efectos de la infracción, existiendo apenas memoria social de la misma; es decir, la acción no ha sido de conocimiento público y mucho menos ninguna persona se acuerda.

De igual manera, detalla que la Ley administrativa establece que la competencia para iniciar procedimientos administrativos disciplinarios contra los servidores civiles decae en el plazo de tres años, contados a partir de la comisión de la falta, y uno a partir de tomado conocimiento por la oficina de recursos humanos de la entidad; en este caso, del Gobierno Regional de Lambayeque.

LA SANCIÓN

Mediante informe N° 06-2017-GR.LAMB/OERH de fecha 18 de enero del 2017 el órgano instructor – Jefe de la Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos, concluye que la investigación y conforme a los hechos detallados en el indicado informe se debe imponer la sanción de destitución.

De igual manera, con oficio N° 008-2017-GR-LAMB/GGR de fecha 19 de enero del 2017, este órgano sancionador comunicó al investigado su derecho a rendir informe oral. Es así, que mediante carta N° 003-2017-AZC de fecha 20 de enero del 2017, Adrián Zapata Sernaqué solicitó informe oral, el cual se le programó para el día 24 de enero del 2017, en horario de las 3:30 de la tarde.

El día fijado, Adrián Zapata Sernaqué no se presentó e hizo llegar un escrito donde alega que el proceso que se le sigue ha prescrito y que el procedimiento administrativo sancionador iniciado en su contra, se hizo sin tener en cuenta que al momento de la comisión de la supuesta falta, éste tenía la calidad de Director de Energía y Minas.

Sin embargo, de los actuados emergue que al haber expedido las resoluciones N° 04 y 08-2015-GR.LAM/GRDP-DEM, autorizó el inicio de actividades de Exploración y Explotación minera en el Proyecto Zoc –Zoc XIII; y autorizando la instalación de una chancadora no ha cumplido con lo establecido en la norma legal.

La acción del imputado vulneró los procedimientos mineros, comforme a Ley, en el cual se determina el procedimiento para inicio o reinicio de las actividades de exploración, desarrollo, preparación  y exlotación de las concesiones mineras, lo que incluye aprobación de plan minado y botaderos. Además, no cuenta con el informe favorable del Ministerio de Energía y Minas.

Asimismo,  de los actuados ha quedado demostrado que el imputado emitió las resoluciones directorales N° 04 y 08-2015-GR.LAMB/GRDP-DEM, éstas fueron declaradas nulas tal como se desprende de los actuados, mediante resoluciones Gerenciales N° 006 y 007-2015-GR.LAMB/GRDP.

Por todo ello, según la resolución de gerencia regional  N° 007 -2017-GR.LAMB/GGR, firmada por el gerente general regional, Francisco Gayoso Zevallos, se resuelve imponer la sanción de administrativa de suspensión sin goce de remuneraciones por 4 meses al ingeniero Adrián Zapata Sernaqué, ex director regional de Energía y Minas del Gobierno Regional de Lambayeque.

Regidor César Torres señala que Juan Nicolás Mondoñedo Chávez era asesor laboral de la comuna chiclayana, pero ahora resulta que es experto tributarista    

Un panorama sombrío en la recaudación tributaria del año 2017, avizora para el Centro de Recaudación Tributaria de Chiclayo –CGT, el regidor César Torres Gálvez, luego de enterarse que el viernes 27 de enero el alcalde David Cornejo Chinguel decidió cambiar  al jefe del ente recaudador, Óscar Fiestas Jacinto, por el hijo de la juez superior de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Magdalena Chávez Mella, Nicolás Mondoñedo Chávez, quien hasta el mediodía del viernes pasado cumplía funciones de asesor laboral externo para la Municipalidad de Chiclayo.

De igual manera, detalla que la gestión de David Cornejo Chinguel no tiene ahora nada que envidiar a la de su antecesor, Roberto Torres Gonzales, quien se caracterizó por contratar a hijos y hermanos de fiscales y jueces para que trabajen en puestos claves en la Municipalidad de Chiclayo y el ex SATCh, con el objetivo de encontrar un blindaje ante las denuncias que tenía por presuntos actos de corrupción.

“Mi posición no es contra el profesional, sino contra el nuevo jefe del CGT quien es hijo de una vocal de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, lo cual debería evitarse porque se entra a un campo subjetivo. Yo soy contador y me gustan las cosas objetivas desde el punto de vista de los números, pero el alcalde David Cornejo entra a un mundo subjetivo y con su actitud deja que la ciudadanía entre a muchas subjetividades que a la larga afecta el desarrollo de Chiclayo. Aquí no pierde el alcalde ni el contratado, aquí pierde el pueblo”, sostuvo el regidor César Torres.

El fiscalizador es un convencido que al Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo, ex SATCH, le vienen tiempos muy duros, debido a que al nuevo jefe del CGT, Nicolás Mondoñedo Chávez, no reúne el perfil profesional para dirigir el ente recaudador, el cual no llega a las metas  de recaudación desde el año 2015 y 2016.

“Hasta donde tenemos entendido, hasta el viernes último Mondoñedo Chávez cumplía labores como asesor externo en temas laborales de la Municipalidad de Chiclayo, lo que demuestra que el perfil profesional que posee es otro, que no tiene nada que ver con el que se requiere para el ente recaudador, de una persona que conozca de tributación, a lo

que no es su fuerte de Nicolás Mondoñedo”, señaló.

Resalta que algo raro está ocurriendo en  la gestión de David Cornejo, y sería bueno saber cuántos hijos y hermanos de jueces y fiscales están trabajando en la actualidad tanto en la Municipalidad de Chiclayo como en el Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo.

UN BUEN PERFIL

Explica que el jefe que se quiere para el CGT debe conocer del tema administrativo Tributario, de ampliación de base tributaria, que conozca de contribuciones, de amnistías, cuándo y cómo deben darse, manejo de valores, los fraccionamientos de deuda, cuándo y cómo deben aplicarse.

“En el CGT todo es muy distinto. El Derecho laboral se puede manejar con leyes, jurisprudencias, acuerdos plenarios, pero el tema tributario es muy distinto de manejar. No es igual al tema laboral, civil o penal”, destacó.

Una vez más, César Torres sostuvo que al Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo  le vienen tiempos muy duros; pues, la gestión de Nilton Monje Sampén, durante el año 2015 y 2016, lejos de afianzar la recaudación tributaria y ahora estar en unos 70 millones de soles al año, más bien la ha perjudicado y no se pasa de los 58 millones de soles en el 2016”, detalló.

Otro factor que afectará la recaudación tributaria, es que el nuevo jefe demorará unos siete meses en conocer el manejo, necesidades  y problemática del ente recaudador, bajo los lineamientos de cómo llegar a la meta.

“Hasta que ese momento llegue, el panorama será sombrío al finalizar el año, y todo apunta a ello”, explica.

Añade que el 3 de enero último, el alcalde David Cornejo Chinguel salió a los medios de comunicación para anunciar el fin de Nilton Monje al frente del ex SATCH, dejando entrever que uno de los factores de su separación habría sido la deficiente recaudación tributaria y los conflictos internos con los trabajadores.

“La autoridad municipal agregó también que la medida obedecía a temas de oxigenación en su gestión, y no por presión mediática o cuestionamientos de la oposición”, destacó.

De igual manera, el fiscalizador recuerda que David Cornejo anunció con “bombos y platillos” que el puesto del saliente jefe del CGT iba a ser ocupado por el Contador Público Colegiado Oscar Manuel Fiestas Jacinto, de quien dijo que poseía una amplia experiencia en la administración pública; sin embargo, a las tres semanas de funciones, Jacinto Fiestas fue sacado del cargo sin pena ni gloria.

SIN TÉCNICOS

César Torres no se explica las razones por la cuales Óscar Fiestas fue sacado de la jefatura del CGT, pero de algo si está bien seguro, era que había sido parte de la desastrosa gestión de Nilton Monje Sampén; pues, cumplió labores de Gerente de Operaciones hasta fines del mes de noviembre del año 2016, siendo cambiado abruptamente por Francisco Zetner Alva, quien no reunía el perfil profesional para el cargo y en la actualidad, junto a Monje Sampén, es investigado por el Ministerio Público.

La gestión de David Cornejo sigue de mal en peor, empezando porque no tienen los técnicos adecuados para desarrollar funciones en áreas que son netamente operativas y donde se necesita un profesional que conozca de función pública.

“La gestión de David Cornejo está como el primer día en que asumió funciones. No tiene técnicos y profesionales capacitados y con experiencia. Ellos están probando gente, pero la gente con que cuentan, no reúne el perfilo profesional adecuado. En el caso del CGT, se necesita de un profesional con perfil ciento por ciento tributario”, detalló.

Agrega  - el regidor- que dentro de su grupo no tienen las personas adecuadas para este cargo. El manejo del CGT no es sencillo, y personal capacitado en el medio si hay, y hay mucha gente,  pero lo que pasa es que no son del entorno del alcalde.

“Venimos de dos años terribles, sin lograr que se cumpla la recaudación, que el seno municipal había trazado. Es otras frases, el CGT no ha crecido en nada y tampoco se ha incrementado la  base tributaria.

CONVENIO AL AGUA

César Torres recuerda que cuando fue presidente de la Comisión de Rentas de la Municipalidad de Chiclayo, en el año 2015, y miembro de ésta en el 2016, lo primero que hizo fue acercar a Nilton Monje Sampén, en calidad de Jefe del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo, con Sandra Wiesse Eslava, como subgerenta de Educación, Cultura y Turismo de la Municipalidad de Chiclayo, y a Jesús Yesquén Bances, como Coordinador del Centro Metropolitano, con la finalidad de formar un equipo y hacer un convenio con una universidad y mejorar la base catastral a favor del sistema de rentas de la Municipalidad de Chiclayo.

Resalta que tras varios días de trabajo y gestión, se logró acercar a los funcionarios con la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo para que firmen un convenio de apoyo y desarrollo, y poder ampliar la base tributaria, pero es el caso que desde hace dos años y hasta la fecha, la universidad sigue esperando la firma del convenio.

“Sin ningún tipo de interés, me acerqué a ambas partes. Se conversó con el decano de la facultad de Ingeniería, que ahora ya no está. También con el director de la escuela de arquitectura con la finalidad de poder encontrar un apoyo mutuo para realizar un trabajo conjunto por el bienestar de Chiclayo, pero, simplemente, hasta el momento no se sabe si los funcionarios ediles llegaron o no a la universidad”, sostuvo.

El fiscalizador señala también que al conversar con ellos por el retraso de la firma del convenio, recibió como respuesta que los funcionarios ediles venían realizando levantamiento de información territorial utilizando equipos de última generación como los drones, descartando la típica información satelital a cambio de un sistema de mayor precisión.

“En la Municipalidad de Chiclayo, actualmente, se trabaja con un catastro del año 2009 y el mapa satelital que tiene el área de catastro de Chiclayo data del año 2006. En otras palabras, estamos desfasados. La Ley es clara y señala que el Catastro se puede renovar cada cinco años, pero se tiene que ir actualizando de manera permanente porque toda esa información se tiene que vaciar al sistema de información geográfica para poder fiscalizarlo y convertirlos en contribuyentes”, enfatizó.

MAL USO DE  AMNISTÍAS

César Torres explica que como profesional tiene un principio en el desarrollo diario de su vida, el cual es básico cuando se va a desarrollar en un determinado lugar, especialmente en lo referente a la administración pública. Que, para tener un buen desempeño en un cargo, es necesario conocer el puesto y si eres nuevo en el cargo, necesitas de por lo menos seis meses para conocer el puesto y poder desarrollar función.

“Ese principio no lo he inventado yo, lo dicen los expertos a través de los diversos libros que escriben. Además, cuando se empieza a rotar mucha gente, es perjudicial para el desarrollo de una entidad o administración. Ya estamos en febrero y el señor Nicolás Mondoñedo Chávez, tiene seis meses por delante para conocer el trabajo que va a desarrollar, lo que significa que otras vez tendremos una deficiente recaudación y más peticiones de prescripción”, sostuvo.   

No descarta que como una medida paliativa para esconder el desconocimiento y mala gestión, pueda haber nuevas amnistíass tributarias, lo que no es más que irse por lo más fácil, pero lo malo es que las amnistías las están enfocando mal.

Lo grave del caso –explica- que en el mes de diciembre del año 2016 el CGT puso en operatividad una amnistía tributaria, con un descuento del 25% que no se ajusta a la realidad tributaria, lo que resulta preocupante porque los morosos fueron exonerados de gastos, intereses y encima los premian con un descuento del 25%.

“Las amnistías son normales en ciertos periodos del año, pero el descubiento especial siempre se da al último año o a la deuda más antiguo y no del año actual. El descuento a la deuda del año más antigua se da porque ya va a prescribir. No sé de quién fue la tremenda ideota de esa amnistía especial, que no es más que premiar al moroso y castigar a inicio o mediado de año al contribuyente puntual”, detalló.

En su momento – explica- se presentó un informe en minoría, pero hasta la fecha no tienen una repuesta. 

AL ESTILO BETO

El regidor César Torres Gálvez sostuvo que en la jefatura del CGT se necesita con urgencia de una persona independiente y no el hijo de una juez superior de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque.

“Es bueno traer una persona independiente porque no desestabiliza las cosas, pero cuando a un puesto muy sensible y con mucha responsabilidad se ubica a una persona que no reúne el perfil, resulta preocupante lo que más adelante pueda pasar. Un profesional independiente se enfocará en su trabajo y no preocupada en lo que más adelante pueda decir la gente o los medios de comunicación”, sostuvo.

De igual manera, detalla que la gestión de David Cornejo no tiene ahora nada que envidiar a la de su antecesor, Roberto Torres Gonzales, quien se caracterizó por contratar a hijos y hermanos de fiscales y jueces para que trabajen en puestos claves en la Municipalidad de Chiclayo y el ex SATCh.

“Algo está ocurriendo en  la gestión de David Cornejo, y sería bueno saber cuántos hijos y hermanos de jueces y fiscales están trabajando en la actualidad tanto en la Municipalidad de Chiclayo como en el Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo”, sostuvo.

CON LA CUPONERA

El fiscalizador cuestionó la cuponera municipal que cada inicio de año el CGT suele enviar a las casas de los contribuyentes y en la cual da cuenta sobre los pagos que el contribuyente debe realizar durante el año por concepto de Impuesto Predial y Arbitrios Municipales; sin embargo, en los dos últimos años la cartilla edil ha sido cuestionada por su elevado costo.   

“El costo de la cuponera de arbitrios municipales sigue siendo muy alto en Chiclayo. En los últimos dos años ha tenido un costo de 11 a 14 soles, cuando su precio real debe ser de 3 a 4 soles. Otros municipios donde no existen muchos ingresos, la cuponera de arbitrios municipales cuesta menos de 4 soles”, explicó.

Aclara – el regidor – que la Ley es muy clara y señala que  de conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del artículo 9 y el artículo 40 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, los contribuyentes deben abonar por derecho de cuponera la suma de 2.56 nuevos soles. Asimismo, los contribuyentes abonarán adicionalmente la suma de 0.32  soles adicionales por cada HR – Hoja de Resumen, PU – Predio Urbano y Hoja de Liquidación de Arbitrios; que soliciten posteriormente.

“En otras municipalidades del país los montos que deben abonar los contribuyentes por derecho de emisión mecanizada de actualización de valores, determinación de tributos de la Declaración Jurada y Liquidación del Impuesto Predial y Arbitrios Municipales y Distribución correspondiente al ejercicio 2017, está por debajo de los cuatro soles, pero en el CGT de Chiclayo, el cobro es exorbitante”, recalcó.

Agrupar las 32 normas actualmente existentes en materia electoral es lo que busca el Jurado Nacional de Elecciones – JNE, con la implementación de un código legislativo, anteproyecto que ha presentado al Congreso de la República y que hasta marzo próximo estará sujeto al análisis y debate público, a fin de recoger aportes de las instituciones y los ciudadanos para mejorar la herramienta que en adelante regirá sobre las votaciones generales, regionales y municipales del país.

Según explican los consejeros plenos del JNE, Ezequiel Chávarry Correa y Raúl Chanamé Orbe, el Código Electoral permitirá optimizar los procedimientos vigentes para el funcionamiento de las organizaciones políticas, el desarrollo de los procesos de elección y la participación de las minorías, promoviendo cuotas específicas. Además, destacan que la propuesta legislativa promociona la democracia interna como requisito indispensable de cada partido y/o movimiento.

PRIMEROS PASOS

Al asumir la presidencia del máximo organismo electoral el magistrado Víctor Ticona Postigo, la gestión del código recibió un nuevo impulso, concretado en la entrega formal del documento a la presidenta del Congreso de la República, Luz Salgado Rubianes, para que la Comisión de Constitución y luego el pleno del parlamento evalúen y aprueben el proyecto.

Desde que se instaló el sistema electoral peruano, en 1931, hasta ahora se han dado una serie de normas, 32 en total, que se desarrollan de manera dispersa respecto a los asuntos electorales, por lo que desde el 2011, cuando el JNE fue presidido por Hugo Sivina Hurtado, se planteó al Congreso de la República el proyecto de ley de los Códigos Electoral y Procesal Electoral, siendo este el primer esfuerzo en corregir las anomalías normativas aún existentes en este campo.

Tiempo después, el JNE junto a la Oficina Nacional de Procesos Electorales – ONPE, y al Registro Nacional de Identidad y Estado Civil – RENIEC, presentó iniciativas como la “Nueva Ley de Derechos de Participación y Control Ciudadano”, “Nueva Ley de Partidos Políticos” y el proyecto de “Ley de impedimentos para ser candidatos”.

En el 2015, en las proximidades de las votaciones generales, el Congreso de la República aprobó una reforma de la legislación electoral que resultó incompleta, y que además excluía algunas de las propuestas alcanzadas por los organismos autónomos como el JNE y la ONPE, dejando de lado temas fundamentales como la democracia interna, el financiamiento de partidos o la profesionalización de los operadores de justicia electoral.

Esto motivó a la gestión de Ticona Postigo a retomar la gestión del Código Electoral, previa actualización, a fin que este sea implementado antes de las votaciones regionales y municipales del 2018, y que esté fortalecido para el proceso nacional del 2021.

“Es necesario agrupar las leyes electorales que hoy en día están dispersas, para que de esta manera se pueda actuar con mayor eficiencia y eficacia, además de evitar que se repitan situaciones como las sucedidas en las últimas elecciones presidenciales, donde los plazos de tachas se vencían cerca a las votaciones y se generó incertidumbre entre las organizaciones, los candidatos y la población”, señala Chávarry Correa.

El integrante del JNE sostiene además que la aplicación del Código Electoral significaría la modernización legislativa y que pondría al Perú a la vanguardia, tal como sucede con países vecinos como Colombia, Brasil y Argentina, en los que los principios de la democracia interna e inclusión recogidos por las herramientas legales han posibilitado el fortalecimiento de los partidos.

EL CÓDIGO

El proyecto alcanzado por el JNE al Congreso de la República está conformado por más de 300 artículos, con lo que se propone una serie de iniciativas destinadas a la realización de procesos electorales transparentes, céleres e incuestionables.

“El Código Electoral constituye una valiosa herramienta legal fruto de la amplia experiencia del Jurado Nacional de Elecciones, que ofrece la oportunidad de producir mejoras sustanciales en el sistema democrático, en bien de los peruanos”, destaca Ezequiel Chávarry.

La inexistencia de un Código Electoral en el país no solo genera que la normatividad se mantenga dispersa, sino además que existan leyes contradictorias que afectan el normal desarrollo de las organizaciones políticas, los procesos eleccionarios y la participación ciudadana.

Chávarry Correa indica que, por ejemplo, existe incoherencia entre normas que provienen de épocas diferentes y afectan a los participantes de una elección, lo que se evitaría si se sistematizara la legislación. Esto también ayudaría a estandarizar los plazos para los distintos procedimientos, así como a superar los vicios legales.

INNOVACIONES

Uno de los principales aportes del proyecto es el fortalecimiento de los partidos políticos. En ese sentido se propone que todas las organizaciones electorales realicen comicios internos simultáneos y que los organismos electorales participen obligatoriamente en estos, a fin de promover la participación de los afiliados. La única forma de elección interna sería bajo la fórmula “un militante, un voto”.

Raúl Chanamé explica que de aprobarse el código propuesto por el JNE ningún partido podrá “sacarle la vuelta” a la democracia interna, debido a que actualmente las elecciones primarias para la selección de candidatos son una de las alternativas que tienen las organizaciones, toda vez que también pueden optar por los congresos o convenciones.

“Eso se acaba. Con el Código Electoral todos los partidos están obligados a realizar elecciones internas, ya no valen ni las famosas convenciones ni congresos, todos los militantes tendrán derecho a participar del proceso. ¿Por qué se fortalecieron los partidos en Colombia o Argentina? Porque se promovió la democracia interna, que finalmente los termina beneficiando a ellos. No puede haber un partido que diga que va a defender la democracia en el país si en el plano interno no la respeta”, asevera.

Otra modificación sería la creación real de la circunscripción de peruanos en el extranjero, que busca una mejor representación política de este sector del electorado. Para ello se crearía un distrito electoral especial, que permitiría la elección de cinco representantes directos ante el Congreso de la República.

Chanamé Orbe anota que esto no significaría el incremento del número de escaños en el congreso, que actualmente conforman 130 legisladores. “Se le quitaría a Lima cinco cupos, porque actualmente en ese distrito se tiene una cuota de peruanos en el extranjeros, pero que en la práctica no lo es”, refiere.

Además, se considera la implementación de Jurados Electorales Descentralizados para que trabajen de manera permanente, y no como actualmente sucede que se activan solo previo a las votaciones. “La propuesta es que existan jurados macroregionales para que haya mayor acercamiento a la ciudadanía, pero también para que estos puedan resolver los casos con mayor inmediatez y promuevan la profesionalización electoral. Actualmente los jurados especiales se componen por un juez, un fiscal y un ciudadano que se elige por sorteo. Pero este último ignora aspectos legales, por lo que se propone que sean los colegios de abogados los que designen al tercer integrante”, detalla el consejero del JNE.

Se destaca también que el Código Electoral propone incentivos laborales y económicos a los miembros de mesa, quienes serán acreedores a un día de descanso en sus empleos, el cual será remunerado, y al pago del 7 % de la Remuneración Mínima Vital por su participación en los procesos electorales.

Del mismo modo, se prohíbe al Congreso o a cualquier otro organismo emitir leyes nuevas una vez convocado el proceso electoral, lo cual pone reglas de juego claras para las organizaciones políticas, haciendo el proceso más transparente y expeditivo.

PARTICIPACIÓN EFECTIVA

Raúl Chanamé menciona que el Código Electoral plantea también que se aplique la alternancia hombre-mujer o viceversa en la conformación de las listas municipales, regionales o congresales, que además tiene como condición que si la lista es impar el último número será ocupado por una mujer, esto con el objetivo de incrementar la participación femenina en la vida política del país.

Esa iniciativa fue rechazada por el congreso anterior, con el argumento que vulnera la democracia interna de los partidos. Sin embargo, Chanamé Orbe refiere que insistir en su aplicación se constituye en una reivindicación política para las mujeres.

Otra innovación es el aseguramiento de la participación de representantes de las comunidades nativas o pueblos originarios en los consejos regionales, proponiéndose para ello la aplicación de la cifra repartidora diferenciada en relación a los postulantes no nativos.

TRANSPARENCIA ELECTORAL

“Para que el elector tenga la mayor información a su disposición se establece que los candidatos también declaren en su hoja de vida los procesos penales en trámite. Igualmente se amplía a 30 días antes del acto electoral la posibilidad de exclusión de un candidato en caso omita la relación de sentencias condenatorias firmes por delito doloso o incorpore información falsa”, destaca Chanamé Orbe.

Por su parte, Chávarry Correa explica que se bancarizarán los aportes de una organización política que sean mayores a una Unidad Impositiva Tributaria – UIT. Al reincidir o no cumplir con el pago de la sanciones se suspendería o cancelaría el registro de la misma.

Otro cambio es que se sancionaría de manera solidaria a la organización política y al candidato que cometa conducta prohibida en la propaganda electoral, y se excluiría al postulante en caso cuente con sentencia condenaría por inducción al voto.

“En importante que se logre la aprobación e implementación del Código Electoral, más porque estamos próximos a las votaciones municipales y regionales del 2018, en las que se elegirán a 12 autoridades. Necesitamos un cuerpo normativo coherente, eficiente y claro, preparándonos para el Bicentenario”, señala Raúl Chanamé. 

El próximo 7 de febrero se vence el plazo fijado, de acuerdo al contrato de concesión, para que el Consejo Regional de Lambayeque se pronuncie sobre la transferencia de acciones de H2Olmos, actualmente propiedad de Odebrecht, a las firmas Brookfield y Suez. En el caso de la Concesionaria Trasvase Olmos – CTO, donde la constructora brasilera tiene las mismas pretensiones, no existe plazo a vencer, pero también es necesario el pronunciamiento a favor o en contra del colegiado regional.

Sobre ambos casos, el PEOT, encargado de la supervisión de los componentes de trasvase e irrigación del Proyecto Olmos, ha emitido sus respectivos informes, conforme también lo exigen los contratos de concesión suscritos entre el Estado Peruano y las subsidiarias de Odebrecht, uno en el 2004 y el otro en el 2010, respectivamente.

La posición del Proyecto Especial Olmos Tinajones – PEOT, como organismo especializado y facultado para alcanzar sus apreciaciones respecto a los términos legales, económicos y técnicos, es a favor de la transferencia de las acciones que mantiene Odebrecht en las concesionarias CTO y H2Olmos a las empresas Brookfield y Suez, con las que inició el proceso de negociación en el 2015, el mismo que concluyó en noviembre pasado.

Sin embargo, es el Consejo Regional de Lambayeque el que debe emitir la postura final respecto a la transferencia. Si el colegiado, integrado por siete representantes, se pronuncia en contra la negociación queda sin efecto, y Odebrecht obligada a continuar respaldando la operación y mantenimiento del trasvase y la irrigación Olmos.

De ser positiva la respuesta, Brookfield y Suez asumirían el control de CTO y H2Olmos, empresas que no pueden ser desactivadas por cuanto estas suscribieron los contratos con el Estado. Una de las condiciones puestas por las adquirientes del paquete accionarial es que en ambas concesionarias se mantenga al personal que actualmente opera los componentes del Proyecto Olmos.

Pero, ¿qué ha señalado el PEOT en sus informes? Expresiónsolicitó a la entidad acceso a los mismos a fin de conocer con exactitud el porqué de su opinión favorable a la transferencia de acciones.

CTO

El 22 de julio del 2004, el Gobierno Regional de Lambayeque, en representación del Estado Peruano, firmó el contrato para la construcción, operación y mantenimiento del componente de trasvase del Proyecto Olmos con CTO, siguiendo el esquema diseñado por Proinversión como agencia de inversión pública y privada.

En el contrato se fijó al PEOT como competente para la supervisión de los trabajos y la concesión.

CTO tiene en total 63 mil 472 mil 730 acciones, de las cuales el 36.32 % le pertenecen a Constructora Norberto Odebrecht S.A., y el  63.68 % a Odebrecht Participacoes e Investimentos S.A.

El 5 de diciembre del año pasado CTO presentó al Gobierno Regional de Lambayeque y al PEOT una solicitud de aprobación de nuevos socios, el cambio de operación y la sustitución del inversionista estratégico.

De acuerdo a la solicitud, CTO planteó la transferencia del 100 % de acciones a favor de las empresas Holding I SAC, BIF II Perú H2O Equity Aggregator LP, y Suez Holding Perú SAC.

La primera de estas empresas recibiría el 9999968 % de acciones, en tanto las otras dos el 0.0000016 % de acciones cada una.

Sin embargo, como parte del acuerdo CTO no realizaría directamente la operación del Proyecto de Irrigación Olmos, por lo que proponía la suscripción de un contrato para este fin con la empresa OMCO Walter Perú SAC, a efectos que esta última se encargue de la operación del trasvase.

Conocido esto, el PEOT, a través del Oficio N° 1624-2016/GR.LAMB/PEOT-GG, el 21 de diciembre pasado, solicitó información adicional sobre la propuesta de CTO, la misma que le fue alcanzada seis días después.

Con la información a disposición, el PEOT elaboró sus informes finales de evaluación técnica, económica, financiera, legal y contractual, contenidos en el Informe N° 285-2016/GR.LAMB/PEOT-GG-71-COT, y en el Informe N° 100-2016/GR.LAMB/PEOT-GG-60, ambos suscritos el 29 de diciembre del 2016.

El Consejo Directivo del PEOT, con el Acuerdo N° 040-2016, del 30 de diciembre pasado, emitió su opinión favorable a la solicitud de CTO.

LA DECISIÓN

Para arribar a su opinión favorable, el PEOT consideró el numeral 20.2 del Artículo 20 de la Ley de Asociaciones Público – Privadas – APP, que se señala que “el inversionista puede transferir el derecho sobre el Contrato de Asociación Público Privada a otra persona jurídica con la previa aprobación del Ministerio (de Economía), Gobierno Regional y Gobierno Local y conforme a las limitaciones que establezcan los contratos de Asociación Público Privada”.

Asimismo, que en el numeral 2.4 de la Cláusula 2 del Contrato de Trasvase, se indica que el concesionario requerirá la aprobación previa y por escrito del concedente, quien no la negará arbitraria o injustificadamente, previa opinión del Supervisor, para llevar a cabo o adoptar cualquiera de los siguientes actos o medidas: Incorporación de nuevos socios mediante cualquier modalidad o reemplazo de los mismos; transferencia de la totalidad o parte de las acciones de la Participación Mínima del Concesionario; Cesión (total o parcial) de su posición contractual, o de cualquier derecho; o, cualquier forma directa o indirecta de sustitución de cualquiera de sus Inversionistas Estratégicos.

“Las empresas PWH, BIF II y SHP cumplen con los Requisitos de Calificación y con las demás exigencias legales, técnicas, económicas y financieras, establecidas para garantizar la continuidad de la adecuada operación del Proyecto Trasvase Olmos. Por lo que, la incorporación de dichas empresas como nuevos socios del Concesionario, y la sustitución del Inversionista Estratégico del Concesionario, son legal y contractualmente viable”, ha declarado el PEOT.

Asimismo, para el PEOT, la incorporación de PWH, BIF II y SHP como nuevos socios no constituye cesión de posición contractual de este en relación con el Contrato de Trasvase, debido a que el concesionario continúa CTO.

“El cambio de Operador del Proyecto Trasvase Olmos es legal y contractualmente viable, toda vez que el futuro operador (OMCO) ha superado los Requisitos de Calificación y las demás exigencias técnicas, económicas, financieras y legales, establecidas para garantizar la continuidad de la adecuada operación del Proyecto Trasvase Olmos, y dicho acto es una medida permitida por el Contrato de Trasvase”, señaló el PEOT, precisando además que por esta razón no es necesario recurrir al procedimiento de aprobación y suscripción de una Adenda al Contrato de Trasvase.

“La aprobación de la Solicitud no altera las condiciones contractuales de la Concesión de las Obras del Proyecto Trasvase Olmos, ni los compromisos y obligaciones técnicas, legales, económicas y financieras asumidas por el concesionario en el marco de dicha concesión”, concluyó respecto a CTO el ente regional especializado.

H2OLMOS

La concesión a H2Olmos fue dada el 11 de julio del 2010, cuando el Gobierno Regional de Lambayeque suscribió el contrato con la empresa para que se encargue de la construcción, operación y mantenimiento del componente de irrigación. En el proceso también tuvo intervención Proinversión.

La composición accionarial de H2Olmos es actualmente la siguiente: 99.999 % a favor de Odebrecht Participacoes e Investimentos S.A. y el 0.001 % a favor de la Constructora Norberto Odebrecht S.A. El total de acciones es de tres mil 592 millones 325 mil 755.00.

H2Olmos también presentó el 5 de diciembre del 2016 al Gobierno Regional de Lambayeque su solicitud de aprobación para la incorporación de nuevos socios, el cambio de operador y la sustitución de inversionista estratégico.

Tal como sucede en el caso de CTO, Odebrecht busca transferir el 100 % de su participación accionarial a Perú Walter Holding I SAC (PVH); BIF II Perú H20 Equity Aggregator LP (BIF II), y a Suez Holding Perú SAC, (SHP).

La primera empresa recibiría el 99.99999994 % de participación en el capital social, en tanto la segunda y tercera el 0.0000000 3%, respectivamente.

Para efectos de la operación de la concesión de infraestructura hidráulica, se propone la contratación de OMCO Water Perú SAC.

ANÁLISIS LEGAL Y FINANCIERO

El PEOT, para emitir su informe, ha recurrido a la revisión de la Ley de Asociaciones Público – Privadas, así como a la Cláusula 15, numeral 15.2, del contrato de irrigación, que señala que “el Concesionario requerirá la aprobación previa y por escrito del concedente, quien no la negará arbitraria o injustificadamente, previa opinión del supervisor”, para ejecutar la incorporación de nuevos socios mediante cualquier modalidad o el reemplazo de los mismos; la cesión total o parcial de su posición contractual o de cualquier derecho, o cualquier forma directa o indirecta de sustitución de cualquiera de sus socios estratégicos.

Para este caso, el Gobierno Regional sí tiene un plazo para emitir su pronunciamiento a través del consejo, tal como se especifica en la Cláusula 15 del contrato de irrigación.

LUZ VERDE

“Las empresas PWH, BIF II y SHP cumplen con los Requisitos de Calificación y con las demás exigencias legales, técnicas, económicas y financieras, establecidas para garantizar la continuidad de la adecuada operación del Proyecto Irrigación Olmos. Por lo que, la incorporación de dichas empresas como nuevos socios del Concesionario, y la sustitución del Inversionista Estratégico del Concesionario, son legal y contractualmente viables”, indica el PEOT.

Asimismo, este concluye que la incorporación de PWH, BIF II y SHP como nuevos socios del Concesionario no constituye cesión de posición contractual de este en relación con el Contrato de Irrigación. El Concesionario continúa siendo la empresa H2Olmos S.A.

En consecuencia, para el PEOT no existe riesgo alguno en que se concrete la transferencia de las acciones de Odebrecht a favor de las subsidiarias de Brookfield y Suez.

El ENFEN señala que entre febrero y marzo, con el posible ingreso de una onda Kelvin a la costa norte, las temperaturas aumentarían y con ellas la presencia de precipitaciones pluviales.

El impacto de las recientes lluvias, crecida de ríos y huaycos en Lambayeque y el resto de las ciudades costeras es alto. Los damnificados se cuentan por miles en el país y de acuerdo a los pronósticos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía – SENAMHI, los eventos climatológicos se prolongarán en las siguientes semanas. Lo grave es que lo que inicialmente parecían fenómenos de estación resultan ser las primera señales de El Niño.

El Comunicado Oficial del Comité Multisectorial encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño – ENFEN, N° 03-2017, emitido este viernes, ha declarado el estado de alerta por la presencia de El Niño Costero.

“Ante la evolución reciente de las condiciones océano-atmósfera en el Pacífico Ecuatorial Oriental, que incluye la costa del norte del Perú, considera que se han consolidado las condiciones para un evento El Niño costero débil en el presente verano; estas condiciones favorecen un aumento en la frecuencia de lluvias de magnitud muy fuerte, especialmente en la costa norte”, afirma el EFEN.

Atendiendo ello, frente al escenario actual, el Comité Multisectorial del ENFEN, establece pasar del estado de vigilancia de El Niño Costero al de alerta, durante el cual se intensificará el monitoreo de las condiciones, actualizando las perspectivas en forma más frecuente.

Diagnóstico

El comité encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño se reunió para analizar y actualizar la información de las condiciones meteorológicas, oceanográficas, biológico-pesqueras e hidrológicas en enero.

Según las evaluaciones, en la región del Pacífico Central la temperatura superficial del mar muestra valores dentro del rango normal. Sin embargo, a partir de la segunda semana de enero se empezaron a observar anomalías de vientos del oeste en el Pacífico Ecuatorial Oriental. Asimismo, en esta región, incluyendo la costa peruana aumentaron rápidamente las anomalías positivas de la temperatura superficial del mar, alcanzando +2.0° centígrados.

En el caso de la costa de Talara y Paita, el mar incrementó su temperatura en 5 y 6° respectivamente.

“A lo largo del mes se observó un debilitamiento persistente del Anticiclón del Pacífico Sur y los vientos costeros, que sumados a la intensificación de los vientos del norte frente a Centroamérica favorecieron el desplazamiento de aguas ecuatoriales hacia el sur y el calentamiento superficial. Este calentamiento además se reflejó en la formación de la segunda banda de la Zona de Convergencia Intertropical en la última semana del mes. Además, una onda Kelvin cálida superficial, asociada a las anomalías de vientos del oeste en el Pacífico Oriental, arribó a la costa durante el mes de enero, contribuyendo a dicho calentamiento. A fines de enero se presentaron lluvias de magnitud muy fuerte en Tumbes y Piura por efecto de la interacción océano-atmósfera, provocada por dicho calentamiento”, señala el comunicado.

CAMBIO DE TEMPERATURAS

Las anomalías de las temperaturas máximas del aire se incrementaron en general. En la costa norte se presentaron anomalías de +1.5° centígrados para la temperatura máxima, y de +0.5° C para la mínima.

En las estaciones costeras, la Temperatura Superficial del Mar – TSM, en promedio mensual presentó valores por encima de lo normal en la costa norte, mientras que en la costa central y sur alrededor de los normal. Sin embargo, desde la segunda semana se detectó un rápido incremento de la TSM, principalmente de la costa norte y central, entre +2 y +6° centígrados.

El mar frente a la costa norte alcanzó temperaturas de 27 grados.

“Durante el mes los ríos de la vertiente del Pacífico incrementaron sus caudales en el norte, alcanzando valores ligeramente sobre sus promedios históricos, mientras que en el centro alcanzaron valores muy por encima de sus promedios y en el sur, presentaron valores similares a sus medidas. Los reservorios en general tuvieron una tendencia ascendente respecto a su almacenamiento de agua: en la costa norte operaron en promedio al 36 % y en la costa sur al 44 %, respecto a su capacidad hídrica útil”, informa el ENFEN.

PERSPECTIVAS

El ENFEN explica que debido a la presencia de la banda secundaria de la Zona de Convergencia Intertropical frente a la costa norte, se espera que la interacción océano-atmósfera continuará favoreciendo la circulación anómala de los vientos costeros. A su vez, este patrón contribuye a la persistencia del calentamiento superficial de la temperatura del mar en dicha región, al menos en las próximas semanas.

“Se prevé que la onda Kelvin cálida observada en el Pacífico Central continúe prolongándose hacia el este, pudiendo arribar a la costa norte del Perú entre fines de enero y marzo, condición que contribuiría al incremento de la temperatura del mar. En conjunto, estas condiciones favorecen un aumento en la frecuencia de lluvias de magnitud muy fuerte, en la vertiente del Pacífico especialmente en la costa norte”, dice el informe.

EN LAMBAYEQUE

Las lluvias más intensas en el departamento se registraron desde la noche del 1 de febrero, iniciándose cera de las 19:00 horas y prolongándose por hasta la madrugada. En total, Lambayeque soportó ocho horas de lluvia de gran intensidad.

Según Defensa Civil, el saldo del primer evento fue un muerto, 220 viviendas colapsadas; 309 inhabitables; 528 familias damnificadas y dos mil 483 afectadas. Los distritos costeros fueron los más afectados.

Bajo supervisión de la Contraloría General de la República, se entregó a los alcaldes provinciales y distritales, así como a los secretarios técnicos de Defensa Civil de 22 municipios, un promedio de 60 motobombas, sacos terreros, ponchos impermeables carpas, bidones, baldes, botas de jebe, colchonetas, calaminas, colchas, palanas cuadradas y rectas, carretillas, bobinas de plástico, kits de ayuda humanitaria, maquinaria, entre otros materiales, de acuerdo a la ficha de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades – EDAN.

Asimismo, el comandante de la Séptima Brigada de Infantería del Ejército, José Rospigliosi Galindo, y el jefe de la Región Policial de Lambayeque, Jorge Pérez Flores, acordaron disponer 140 efectivos para conformar brigadas de apoyo a la población en la evacuación de la aguas de lluvias.

El Centro de Operaciones de Emergencia – COER Lambayeque informó que a la provincia de Chiclayo se le entregó 30 motobombas para el trabajo de evacuación de aguas pluviales y del alcantarillado, y 350 sacos terreros.

En Chiclayo se reportaron 52 viviendas colapsadas, 309 viviendas inhabitables, dos mil 483 afectadas, 61 familias damnificadas; 283 afectadas, ubicadas en los distritos de Pimentel, Santa Rosa, Chongoyape, Pomalca, Cayaltí.

La provincia de Lambayeque reportó 149 viviendas colapsadas; 287 inhabitables, dos mil 85 afectadas. Damnificadas 436 familias, considerándose los distritos más afectados, Mochumí, Túcume, Íllimo, Pacora, Jayanca, Chóchope, Salas,  San José, Olmos, y  Motupe.

Respecto a la provincia de Ferreñafe se informó 19 viviendas colapsadas, 12 inhabitables, 115 afectadas. Los distritos más afectados son Mesones Muro, Pítipo y Pueblo Nuevo.

EMERGENCIA

Tras el planteamiento hecho por el gobernador regional, Humberto Acuña Peralta, de declarar en emergencia el departamento de Lambayeque, luego de las intensas lluvias que afectan a cientos de familias principalmente en el distrito de José Leonardo Ortiz y Chiclayo, el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, ratificó el pedido de régimen de excepción.

Luego de arribar a Chiclayo en vuelo chárter, el mandatario regional Humberto Acuña junto al presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, y el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Edmer Trujillo,  se reunieron en el Grupo Aéreo N°6 con la participación de gerentes regionales; representantes de la Policía Nacional, Ejercito Peruano y Defensa Civil, para informar sobre la evaluación de daños de la lluvia del miércoles que registró un nivel de 40 milímetros por metro cuadrado.

La comitiva regional, junto con el presidente Pedro Pablo Kuczynski y los ministros de Estado llegaron hasta el pueblo joven 9 de Octubre, en Chiclayo, donde los pobladores pidieron urgente ayuda para evacuar el agua de las calles y viviendas, que resultaron inundadas.

De igual manera el presidente Pedro Pablo Kuczynski, detalló que se reunirá con sus ministros y el gobernador regional Humberto Acuña para evaluar el presupuesto necesario con la finalidad de atender a los damnificados de todo el departamento.

Hasta el cierre de esta edición se confirmaron desborden del río La Leche, del canal Taymi y severos problemas con el alcantarillado en Chiclayo y José Leonardo Ortiz, donde el agua de las lluvias se mezcló con las aguas residuales.

El hijo mayor y el abogado del empresario Carlos Roncal Miñano salieron al frente para rechazar las imputaciones que la Fiscalía Contra el Crimen Organizado de Lambayeque ha levantado en su contra, al sostener que sería parte de las organizaciones “Hermandad – Empresarios del norte”, y que a través de esta habría ordenado el asesinato del exauditor de la SUNAT Luis Cieza Herrera.

“Mi padre tiene una actividad empresarial conocida y reconocida en Lambayeque desde hace más de 30 años y nunca ha estado involucrado en actos criminales, por lo que no entendemos cómo el Ministerio Público puede armar una teoría sin antes haber señalado con claridad cuáles son los hechos en los que presuntamente él participado para vincularlo a la organización criminal que se investiga. Lo peor es que hasta ahora solo se basa en los dichos de un colaborador eficaz que ha todas luces está desacreditado por sus contradicciones y porque no califica para acogerse a dicho beneficio”, señaló Daniel Roncal Peralta, hijo mayor Roncal Miñano, quien ofreció una conferencia de prensa junto al abogado Jorge Purizaca Furlón.

Roncal Peralta dejó en claro que la relación de su padre con la actividad azucarera quedó sin efecto el 2014. Ese año vendió su participación accionarial en la Empresa Azucarera del Norte, y luego se apartó de Agropucalá al ordenarse judicialmente el cambio de administración.

“Es importante esto porque el seudo colaborador eficaz señala que el pago a los sicarios que buscaban asesinar al auditor de la SUNAT se realizó en los exteriores de la Azucarera del Norte, en marzo del 2015, y mi padre un año antes había dejado de tener presencia en esa empresa”, aseveró.

EL COLABORADOR

Jorge Purizaca, valiéndose de lo informado por Expresión en las ediciones 996 y 997, cuestionó la validez de David Ángel Guerrero Rodríguez, alias “Ñoño”,  como colaborador eficaz del Ministerio Público, quien con el código 15012016 ha dado diversas versiones a la Fiscalía Contra el Crimen Organizado sobre el acciones de las presuntas organizaciones “Hermandad y Empresarios del norte”.

Conforme a informado Expresión, Guerrero Rodríguez fue sentenciado en el 2012 a cinco años de prisión por el delito de receptación agravada, pena que fue dejada sin efecto al concedérsele el beneficio de la colaboración eficaz. El mandato judicial que aceptó el acuerdo entre el delincuente y el Ministerio Público fue claro al señalar que este quedaba prohibido de incurrir en nuevos actos delictivos, condición que infringió al participar, en junio del 2015, en el asesinado de Teodocia Flores Vásquez.

“De acuerdo al Nuevo Código Procesal quien se acoge a la colaboración eficaz no puede cometer delito en los diez años siguientes, pero este señor incurrió en grave acto al participar de la muerte de Teodocia Flores. Producto de esto fue enviado a prisión preventiva en septiembre del 2015 y en enero del 2016 nuevamente el Ministerio Público lo convierte en colaborador eficaz para que hable sobre el caso Hermandad del norte, y, lo que es peor, el fiscal Juan Carrasco Millones pidió en agosto del año pasado, dos meses antes que se realice el operativo contra los presuntos integrantes de la Hermandad del norte, que el Poder Judicial lo ponga en libertad, porque supuestamente su vida corre peligro en el penal. ¿Puede este reincidente ser la pieza clave de la investigación fiscal que involucra al señor Carlos Roncal? El testimonio de esta persona está desacreditado”, explicó el abogado.

Purizaca Furlón añadió que – conforme también ha informado Expresión – resulta cuestionable que el Ministerio Público haya aceptado a Guerrero Rodríguez al mismo tiempo como testigo clave del caso, “cayendo en el condenable acto de confirmar sus propios dichos como colaborador eficaz”.

“Lo que está haciendo el Ministerio Público es un fraude, un fraude que sin pies ni cabeza busca involucrar al señor Carlos Roncal en hechos en los que no existe carga probatoria. De todos los supuestos colaboradores eficaces que tiene la fiscalía en este caso el único que ha mencionado al señor Carlos Roncal es el 15012016, que como ya sabemos está incapacitado para darle validez a su testimonio, pero además que él mismo se corrobora pasando de colaborador a testigo. ¿Qué legalidad garantiza entonces la fiscalía a cargo del señor Carrasco Millones?”, increpa el letrado.

INCONGRUENCIAS

Según han explicado los familiares y la defensa legal de Carlos Roncal Miñano, en la carpeta fiscal existen una serie de incongruencias que “al parecer no han sido observadas por el Ministerio Público”.

Por ejemplo, cuestionan que los fiscales hayan aceptado solo la segunda declaración de Guerrero Rodríguez respecto al asesinato de Cieza Herrera. En la primera este dijo que “los Roncal lo buscaron para que él cometa el asesinato”, en marzo del 2015, y en su declaración narró que “el crimen fue encargado a los hermanos Sánchez Coronel”, presuntos cabecillas de la Hermandad del Norte.

“Lo peor es que según el colaborador eficaz en marzo mi patrocinado buscó asesinar al señor Cieza Herrera por las investigaciones que este le hacía en la SUNAT. Sin embargo, el señor Cieza Herrera nunca auditó a mi defendido, tal como lo confirman las resoluciones de SUNAT, y, peor aún, SUNAT recién abrió el proceso auditor a Carlos Roncal en abril del 2015. ¿Cómo entonces mi defendido iba a adelantarse a buscar la muerte del auditor antes que SUNAT le inicie la investigación y sin que sea, finalmente, Cieza Herrera quien lo investigó?”, cuestionó.

Jorge Purizaca negó también que el contador Antonio Arenas haya trabajado para Carlos Roncal, pues ante SUNAT los poderes estaban entregados al Estudio Contable Reynoso. “La auditoría a mi patrocinado concluyó en junio del 2015, y arrojó que el señor Carlos Roncal debía pagar poco más de 200 mil soles, monto que cumplió con abonar a la SUNAT. En agosto, el estado de deuda arrojó cero soles. Sin embargo, la fiscalía cree la versión de que mi patrocinado a través del contador Arenas le ofreció a Cieza Herrera medio millón de dólares como soborno. ¿Cómo le iba a ofrecer siete veces más lo que le tocó pagar para sobornarlo? ¿Si la deuda se canceló en julio del 2015, tenía sentido matar al auditor en diciembre de ese año? ¿Por qué el Ministerio Público ve las cosas con un criterio sesgado? ¿A quiénes protege?”, manifestó el abogado. 

Las expectativas se mantienen altas respecto a lo que el gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski puede lograr para el país en términos económicos, esa es la esperanza que abriga la Cámara de Comercio de Lima, que con sus 15 mil asociados es el gremio empresarial más grande del país, y ha señalado que si no se alientan las inversiones difícilmente se alcanzarán las metas establecidas para el 2017. Los escándalos de corrupción complican el escenario.

El año empezó con la implementación de una serie de medidas tributarias que modifican el Nuevo RUS, crea un nuevo régimen y orienta las expectativas del Estado a incrementar la base de contribuyentes, la formalización y la recaudación.

Sin embargo, a decir del presidente de la Cámara de Comercio de Lima, Mario Mongilardi Fuchs, estas modificatorias aprobadas junto al paquete de iniciativas legislativas promulgado por el Ejecutivo, resulta insuficiente para atender las necesidades de crecimiento que tiene el país, más porque – según explica – no representan ningún avance para la mediana y gran empresa, que son las que mayor tributación, productividad y empleo generan.

“Las expectativas sobre el gobierno del presidente Kuczynski para este año eran muy altas, pero el escenario que se ha presentado complica un poco las proyecciones de lo que se puede alcanzar al llegar a diciembre”, refiere el dirigente empresarial, quien esta semana realizó una visita por diferentes ciudades del norte para reunirse con sus pares y autoridades locales.

LAS METAS

Según explicó, lo que sucede es que hay elementos que van a influenciar de alguna forma en el crecimiento económico peruano del 2017. La cifra de crecimiento que había establecido el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, de 4.8 %, es considerada como “sumamente optimista”, y de acuerdo a las estimaciones de la Cámara de Comercio de Lima será complicado alcanzarla.

“Nosotros fijamos la tasa de crecimiento al inicio del año en aproximadamente 3.8 %. Eso sin considerar los elementos que podrían retrasar las inversiones, el destrabe de importantes proyectos y los efectos de los actos de corrupción que se han producido y salido a la luz en días recientes. De modo que alcanzar el 4.8 % que dice el Ministerio de Economía y Finanzas va a ser un poco complicado”, indicó.

En tal sentido, Mongilardi Fuchs dijo que las cifras tienen que revisarse en el transcurso de los meses.

“Sin embargo, el mensaje que queremos dar al empresariado es que independientemente de lo que ocurra en el ámbito de los problemas de corrupción que tenemos en el país, tenemos que seguir apostando en el mismo, tenemos que seguir en lo que nosotros sabemos hacer, que es crear riqueza, generar empleos, pagar impuestos, contribuir al desarrollo nacional. La Cámara de Comercio de Lima tiene muy claro que debemos seguir con el mensaje de optimismo, el mercado va a reaccionar y va a permitir que el crecimiento económico se dé”, sostuvo.

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El impacto de los sobornos registrados en la ejecución de importantes proyectos de infraestructura en los gobiernos de Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala, es – refirió el dirigente – alto para el país.

Comentó que las consecuencias se verán directamente reflejadas en la economía, principalmente en las inversiones que el Estado pueda ejecutar y en las iniciativas de los privados, por lo que es necesario que se transmita un mensaje de estabilidad.

“A la corrupción hay que llamarla por su nombre y eso es lo que hubo con las empresas brasileras y los gobiernos. El problema es que investigar estos casos va demorar mucho tiempo, hasta que se sancione a todos los responsables. Podemos hablar de años y, claro, debe sancionarse con severidad a quienes han lucrado con los intereses del país. Sin embargo, no podemos detenernos, eso sería catastrófico para la economía y el crecimiento, y generaría una situación mucho más complicada a la que ya atravesamos”, refirió.

LOS PROYECTOS

Recordó que el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski había establecido la meta de destrabar proyectos por 17 mil millones de dólares, obras básicamente de infraestructura. “La realidad que estamos viendo es que los destapes de los casos de corrupción lo que han traído es parálisis en la ejecución de los proyectos, y como consecuencia es probable que la cifra de los 17 mil millones no se alcance, y ese será el primer efecto que se verá reflejado”, explicó.

Añadió que el segundo efecto será la influencia de este aspecto negativo en el empresariado que, podría afectar las decisiones de inversión. “Ojalá que no mucho, pero de todos modos habrá un impacto”.

“Nosotros, desde la Cámara de Comercio de Lima, pensamos que una situación de inversión contraciclo beneficia a las empresas. Quiere decir que si se presenta la desaceleración de la inversión, aquel que invierte estará en mejor posición una vez que toda esta ola pase. No es un buen mensaje anunciar que se va a realizar un proyecto y después que este se detenga. Nosotros necesitamos un liderazgo claro y fuerte, no como el que tuvimos en los cinco años de gobierno del presidente Humala. En consecuencia, el presidente Kuczynski tiene una gran responsabilidad y yo creo que él está a la altura de esa responsabilidad, lo que estamos esperando es muestras claras de su liderazgo y no retrocesos”, aseveró.

INFRAESTRUCTURA

Mongilardi Fuchs afirmó que los proyectos no pueden parar y que el país tampoco puede esperar, “tienen que seguir avanzando, especialmente porque estos proyectos se están realizando en las regiones, que es lo que se necesita para que el Perú pueda elevar su competitividad a nivel internacional”, que es lo que se ha perdido.

“Los proyectos de infraestructura traen reducción en los costos de los productos que nosotros exportamos, cosa que es indispensable para retomar los mercados que nos están esperando. Y voy a citar como ejemplo que el año pasado el sector textil dejó de exportar mil millones de dólares. Nuestro Instituto de Comercio Exterior hizo un estudio al respecto y lo que halló fue que el Perú está siendo desplazado por países en los que la productividad ha crecido significativamente, mientras que aquí ha caído”, anotó.

Por ejemplo, Vietnam ha crecido mucho en productividad, lo mismo que El Salvador y Honduras. Esos países están desplazando al Perú del principal mercado para las exportaciones textiles que es Estados Unidos, algo que – afirmó – “no se puede permitir”.

“Debemos tratar de conseguir mayor productividad y eso se logrará bajando costos en lo que significa el traslado de productos. Transportar desde Lambayeque hasta el Callao, para exportar por ahí, genera un sobrecosto total”, dijo.

En ese sentido, el presidente de la Cámara de Comercio de Lima se sumó al pedido de las instituciones y gremios empresariales para que el gobierno nacional centre su atención en la construcción del Terminal Portuario de Lambayeque, obra que ayudaría precisamente a dinamizar la productividad en el norte del país.

“El Terminal Portuario de Lambayeque tiene que hacerse, ya no podemos seguir en la situación en que todo se hace en Lima; por el contrario, para ganar en competitividad y productividad tenemos que tener las facilidades en cada región para que estas puedan desarrollarse”, enfatizó.

ESCENARIO EXPORTADOR

Comentó que las exportaciones peruanas vienen cayendo y que son los envíos al exterior de productos agroindustriales los que mantienen su nivel de crecimiento, con exclusión de las exportaciones tradicionales.

“En el caso particular de la agroindustria esto responde a que existen las condiciones para que sea un sector locomotora de las exportaciones, me refiero a que es un sector que tiene posibilidades de desarrollo en la medida que el clima del país facilita tener más de una cosecha por año, y permite la siembra de varios tipos de productos. Por otro lado tenemos tierras ricas y las condiciones de agua que permiten el desarrollo de esta actividad. Además, el Perú tiene la ventaja de la ventana de oportunidad que existe en los países del hemisferio norte. Mientras que en el hemisferio sur es verano, en el norte es invierno y entonces los productos que no se pueden cosechar allá en el Perú sí”, indicó, añadiendo que una de las cosas que llama la atención es cómo ha crecido la exportación de uvas a China, y es porque el Perú puede cosechar y llegar a ese mercado en el momento en que la uva obtiene el precio más alto. 

El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez Tineo, ofreció una entrevista exclusiva a Expresión durante su breve estadía en Chiclayo, el último fin de semana. El magistrado, quien antes se desempeñó como abogado libre y juez superior de la Corte de Lambayeque, puso los puntos sobre la íes en relación a las garantías que deben ofrecer los administradores de justicia, y a las malas praxis que se aplican en perjuicio de los derechos de las personas.

Rodríguez Tineo, caracterizado por su mensaje directo, remarcó que todos los jueces tienen el mandato imperativo de ser garantistas; es decir, de asegurar el procesamiento debido a los investigados y cautelar en todo momento los derechos amparados por la constitución, entre ellos la libertad.

“Los jueces no pueden renunciar a lo que es un imperativo, un juez por naturaleza es garantista, no solamente en el área penal, donde con mayor razón debe serlo, sino también en el área laboral, civil y en todos los demás ámbitos de la jurisdicción. Pero, obviamente, hay circunstancias en que el garantismo se debilita, por la sencilla razón de que se cae en lo que se llama ‘el populismo penal’”, explicó el magistrado supremo.

Dijo, que “la gente quiere que a todo el mundo le den prisión”, porque de esa manera cree que se está protegiendo del principal problema que se tiene en el país, que es la inseguridad ciudadana, por lo que considera a este fenómeno como una reacción instintiva de la población.

“Pero los jueces no pueden estar a ese nivel, estos tienen que responder con la razón jurídica y eso significa poner las garantías procesales por delante. A la presunción de inocencia hay que respetarla en todas las etapas del proceso, una persona es culpable solo cuando se ha emitido una sentencia condenatoria firme, en última instancia, y cuando el Ministerio Público haya logrado con suficiente carga de prueba quebrar la presunción de inocencia”, afirmó.

LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

En ese sentido, el presidente de la Corte Suprema de la República anotó que toda persona investigada tiene derecho a mantener su libertad hasta que existan suficientes elementos de convicción que validen la ejecución de medidas cautelares como la prisión preventiva.

“La regla es: primero te investigo y luego te detengo, pero ahora se ha invertido esa regla, y eso está violando la presunción de inocencia. Una persona que está amparada por la presunción de inocencia debe recorrer el proceso penal en libertad, y cuando ya sea declarado culpable debe ir preso. Esa es la regla, pero también hay excepciones. Cuál es la excepción, cuando se trata de sujetos que pueden poner en riesgo el proceso, lo cual no aplica a aquellas personas que tienen arraigo familiar, patrimonial y laboral. ¿Por qué dar prisión preventiva en estos casos?”, enfatizó Rodríguez Tineo.

DERECHOS HUMANOS

Asimismo, precisó que es obligación de los actores del sistema de justicia preservar los derechos de los investigados e incluso de quienes han sido sentenciados, por ser mandato de Estado la defensa de la persona humana.

“En el Perú, lamentablemente, ahora, se están resquebrajando las garantías, pero no significa que hayan desaparecido, y tampoco van a desaparecer porque están en la constitución, y además en los tratados y convenios internacionales sobre Derechos Humanos y el Perú tiene que respetar los derechos de todas las personas. ¿Los delincuentes tienen derechos? Sí, por el simple hecho de ser seres humanos, y ahora incluso los animales tienen derechos. Sin embargo, hay una corriente que dice que los que delinquen se apartaron de la sociedad, no tienen derechos y, por lo tanto, hay que darles el trato de fieras. Entonces, si a una persona le dan trato de fiera la convierten en fiera. De qué se quejan después. La respuesta del Estado no es descender al nivel de la delincuencia, si el Estado se vuelve delincuente no tiene autoridad moral para combatir a la delincuencia”, afirmó.

Añadió que si bien se trata de un tema bastante complejo, “los jueces del Perú no tienen por qué someterse a ningún tipo de presiones”.

Ejemplos abundan de investigados por el Ministerio Público que fueron enviados a prisión preventiva y luego liberados por exceso de carcelería, sin que los fiscales hayan sido capaces de esquematizar teorías suficientemente convincentes para que sean procesados y sentenciados.

A esto se suma que, en legítima defensa, muchos de los investigados recurren al auxilio constitucional para salvaguardar su libertad y asegurarse el debido proceso, lo que ha desatado – en palabras del presidente del Tribunal Constitucional – “una fiebre de amparitis en el Perú”.

PRETENSIONES FISCALES

Al respecto, dejando en claro que no tiene autoridad sobre los jueces y tampoco sobre los fiscales, Duberlí Rodríguez afirmó que los representantes del Ministerio Público deben evaluar con mayor criterio sus investigaciones antes de presentar requerimientos al Poder Judicial.

“Desearía que los fiscales pidan medidas cautelares, prisiones preventivas o embargos cuando tengan suficientes elementos de convicción que justifiquen una decisión, pero que además acrediten el peligro procesal de fuga o de entorpecimiento de la actividad probatoria, si no lo hace el juez no tiene por qué amparar un pedido de prisión preventiva, porque así lo señala la ley. Entonces, como la fiscalía es parte interesada y parcializada en una investigación, al igual que la defensa, el imparcial es el juez. El juez no puede ser mesa de partes de la fiscalía. Si la fiscalía pide 100 prisiones preventivas y el juez las admite todas, entonces deja de ser juez y se convierte en fiscal”, aseveró.

Poniendo énfasis, el magistrado supremo indicó que los principales responsables en los excesos de las prisiones preventivas son los jueces, porque son estos los que deciden.

“Pero también tiene una responsabilidad secundaria los fiscales, porque han convertido en deporte las prisiones preventivas. Piden prisión por cualquier cosa y condenan a lo que se llama ‘la pena del banquillo’ a las personas, que, aunque después sean absueltas, son vistas por la sociedad como culpables”, señaló.

¿Quién resarce el daño causado? Duberlí Rodríguez indica que debería ser el Estado, existiendo la obligación de indemnizar a la persona por los errores judiciales cometidos.

“Para poner un ejemplo está el caso de Liliana Castro Manarelli, imputada en el asesinato Fefer, ella estuvo cuatro años en prisión preventiva y luego fue absuelta, declarada libre de todo. ¿Quién le ha devuelto el daño causado? Nadie. Por eso es que el garantismo penal debe existir, porque se trata de una persona sola enfrentada a todo un aparato. La persona seleccionada por el sistema de persecución penal, sea sardina o sea tiburón, debe gozar de garantías”, afirmó.

SISTEMA ANTICORRUPCIÓN

Duberlí Rodríguez suma más de 20 años como magistrado. Durante 11 años fue vocal superior en la Corte de Lambayeque, fue presidente de tribunal, ha juzgado a bandas, a delincuentes comunes, a terroristas, ha sido juez sin rostro y hace 10 años permanece en la Corte Suprema.

En base a esa experiencia – sostuvo – es necesario que en la judicatura se vayan generando subespecialidades, además de las ya conocidas (penal, laboral, civil, de familia, etc.), que permitan una mejor aplicación del Derecho y procesos correctos.

Dijo esto como respuesta a quienes han cuestionado su decisión, como presidente del Poder Judicial de implementar un equipo de jueces especializados contra la corrupción, quienes tendrán a cargo, por ejemplo, la revisión del caso Lava Jato. Los críticos indican que esta decisión vulneraría el principio de “juez natural”.

“Dentro de la propia justicia penal, los jueces podemos ver robos agravados, homicidios, tráfico de drogas, delitos tributarios, es decir, todos los temas. Pero cuando se trata de criminalidad organizada, en el ámbito de la corrupción, que no solo es nacional sino también trasnacional, nos obliga a realizar investigaciones fuera de nuestras fronteras, ir a los bancos mundiales, a los paraísos fiscales, revisar las onffshore. Eso requiere mayor especialización y por eso no es ninguna irregularidad de que se forme una justicia anticorrupción, lo que no implica violar la figura del juez natural”, explicó.

Detalló que el sistema de justicia anticorrupción, a cargo de la jueza lambayecana Susana Castañeda Otsu, solo revisará casos de connotación nacional e internacional. “Si un alcalde es denunciado por cualquier delito de corrupción, será procesado por los jueces de su jurisdicción”, aclara.

El sistema tendrá nueve órganos jurisdiccionales y estará conformado por 14 jueces, elegidos entre los más calificados a nivel nacional.

PROBLEMAS INTERNOS

En el plano interno, Rodríguez Tineo señaló que la corrupción en el Poder Judicial, en cuanto a jueces, es mínima. Destacó que la mayoría de magistrados son probos y capaces, y reconoció también que por la inconducta de algunos administradores de justicia se ha generado descrédito general de este poder del Estado.

“Cada juez es un soldado en la lucha contra la corrupción, porque esta no solo puede entrar por los magistrados, sino también por quienes están a su alrededor, es decir los secretarios, los relatores, los auxiliares, quienes caen en la corrupción menuda u hormiga. A veces por poner un escrito primero que el otro cobran, pequeñeces, pero cobran. Por lo tanto, el juez debe saber con quién trabaja, ser un garante que quienes trabajan con él son personas honradas. Entonces el primer filtro es el propio juez”, remarcó.

Acotó que la OCMA tiene también toda la estructura y la tecnología para investigar los actos de corrupción.

“Pero aquí también hay un problema de la ciudadanía, porque si hay un juez corrupto es porque hay un litigante corruptor. Ese tipo de conductas también deben corregirse”, precisó.

Finalmente, el presidente del Poder Judicial señaló que se trabaja un proyecto para que en adelante las plazas de jueces supernumerarios sean ocupadas por servidores judiciales y ya no por abogados libres, quienes al no tener ningún vínculo con la institución muchas veces descuidan los principios éticos y la probidad en su ejercicio. De este modo – aseguró – también se promoverá la meritocracia.

Asimismo, Rodríguez Tineo indicó que se evalúa la creación de organismos macroregionales de derecho constitucional, que permitan atender con mayor celeridad los recursos presentados por los litigantes y que hoy son revisados por los jueces civiles.