El trabajo que el Organismo Supervisor de la Inversión e Energía y Minería – OSINERGMIN, desarrolla a favor de los usuarios permitió que en el 2015 se inicien siete procesos sancionadores contra la concesionaria Electro Norte SA – ENSA, y que entre enero y julio de este año se registren más de 600 denuncias por fallas en el servicio.
OSINERGMIN, como ente estatal, promueve que las empresas eléctricas y de combustibles brinden servicios confiables y seguros a la población, por lo que se mantienen en permanente trabajo de control de las condiciones en las que estas realizan sus operaciones. También supervisa a las empresas de gran y mediana minería, en el propósito de reducir los riesgos que sus actividades pueden representar tanto para sus trabajadores como para las comunidades donde se ubican.
“¿Qué es lo que vemos en las empresas eléctricas y de combustibles? Que se dé un servicio confiable y seguro, sobre todo esto último, además de la calidad. Es necesario garantizar la seguridad, porque, por ejemplo, en el caso de la electricidad, que es progreso para el país, existen riesgos en su manipulación. Lo mismo sucede con los hidrocarburos, donde deben tenerse condiciones de protección en los establecimientos donde se expenden, sino pueden ocurrir incidentes con consecuencias lamentables. En ese sentido, tenemos que velar por eso”, explica Heraclio Prada Martínez, jefe de la Oficina Regional Lambayeque de la entidad.
ENERGÍA ELÉCTRICA
En el sector eléctrico, OSINERGMIN supervisa que se dé un servicio adecuado, sin cortes injustificados ni bajas ni subidas de tensión; que se atienda de manera correcta a los usuarios; que haya una correcta facturación; que se garantice el alumbrado público y se mantenga las instalaciones eléctricas seguras para que no haya problemas.
“A OSINERGMING llegan aquellos usuarios que no han sido atendidos adecuadamente por la empresa eléctrica, que es la responsable en la prestación del servicio. También llegan los que solicitan información, porque la gente no necesariamente tiene que saber la normativa del sector, y nos presentan denuncias y sus problemas”, menciona el funcionario.
Explica que otro de los objetivos del organismo el lograr que la concesionaria optimice sus procesos para beneficio de los clientes, como es el caso de la atención en cobranza para cada usuario, que no debe exceder de 15 minutos. Según comenta Heraclio Prada, en los últimos meses se ha mejorado dicho aspecto en Electro Norte con la implementación de un nuevo calendario de facturación, que antes solo se realizaba en un día específico al mes.
“Respecto a alumbrado público hacemos inspecciones durante todo el año para verificar las condiciones en que se encuentra, y en este punto es muy importante la participación de los usuarios. Muchas veces estos no saben que la empresa tiene tres días hábiles para reponer los focos dañados, pero para ello el usuario tiene que solicitar su código de denuncia al momento de presentar la queja, así nosotros podemos darle seguimiento. Muchas veces nos han dicho que la empresa no atiende el reclamo, pero la población tampoco conoce este procedimiento, por eso es que tratamos de llegar a la ciudadanía para instruirla en cómo debe presentar sus reclamos”, menciona.
INSPECCIONES
Otro tema también es el de medidores, sobre los cuales la población puede tener una percepción de que están mal. Por ejemplo, Electro Norte tuvo la obligación de contrastar 12 mil 400 medidores en el primer semestre, ya que se debe evaluar 25 mil medidores al año. “Esto se viene haciendo año a año, de manera que se pueda cubrir el total de medidores en un plazo de diez o 15 años. Nosotros verificamos que eso se cumpla”, comenta el representante del ente regulador.
En lo que va del 2016, el organismo supervisor ha realizado 179 consultas y 914 trámites sobre el servicio eléctrico. Asimismo, atendió 655 denuncias.
Prada Martínez menciona que cuando hay deficiencias en la calidad del servicio, por ejemplo interrupciones mayores a cuatro horas, se deben realizar compensaciones a favor de los usuarios. En el caso de Lambayeque, Electro Norte tiene la obligación de reintegrar 194 mil 500 dólares a favor de los usuarios.
Respecto al alumbrado público, de acuerdo a la supervisión de OSINERGMIN, más del 98 % de este se encuentra en buen estado.
“Desde este año la sede regional de OSINERGMIN está facultada para imponer sanciones a las empresas prestadoras del suministro eléctrico. Producto de los informes realizados en el 2015, actualmente existen siete procesos sancionadores contra la empresa que se ventilan en la sede central del organismo supervisor”, señala.
Los procesos sancionadores se inician por temas globales como alumbrado público, facturación o atención comercial. Heraclio Prada advierte que estos pueden discutirse hasta en al ámbito judicial.
“Todo esto se inicia si es que los problemas superan ciertas tolerancias que se tienen para supervisar el trabajo de la operadora”, señala.
COMBUSTIBLES
Respecto a la comercialización de hidrocarburos, hasta el momento OSINERGMIN Lambayeque ha recibido 251 consultas y realizado 705 trámites, además de haber evaluado 76 denuncias. De estas últimas, 40 corresponden a locales de venta de combustibles que de manera ilegal realizaban actividades, dando como consecuencia el cierre definitivo de nueve establecimientos.
Prada Martínez anota que se han realizado también 125 inspecciones de supervisión operativa a agentes de hidrocarburos y 51 controles de calidad y cantidad en el expendio. A esto se suma la realización de campañas de información sobre las competencias y potestades del organismo realizadas en distintas partes de la región.
“A diferencia de la energía eléctrica, donde las tarifas se ajustan a lo autorizado por el organismo regulador, en el caso de los combustibles esto se rige a la oferta del mercado, porque existe libre competencia entre diferentes comercializadores. Por esta razón es que se ha creado una aplicación para celulares a través de la cual los usuarios pueden consultar qué grifos ofrecen los hidrocarburos a menor precio”, comenta.
Finalmente, señala que se han suscrito convenios con municipios distritales para que estos reciban las quejas de los usuarios en relación al servicio eléctrico, facilitando de esta manera el inicio de acciones de control a la concesionaria. Esta iniciativa ha dado como resultado, por ejemplo, que en Mórrope se registren 140 denuncias entre enero y julio de este año.
La polémica desatada los últimos meses sobre el límite territorial entre Lambayeque y La Libertad es un tema finiquitado, según autoridades del Gobierno Regional de Lambayeque. Con documentos en manos estas probaron que el territorio departamental empieza desde la Punta Chérrepe.
Desde épocas anteriores a la formación de los gobiernos regionales en el país, las autoridades –en ese entonces– del Consejo Transitorio de Administración Regional de la Región Nor Oriental de Marañón, que integraba los departamentos de Lambayeque, Cajamarca y Amazonas, junto con autoridades de La Libertad, definieron en 1997 los límites territoriales entre la provincia de Chiclayo y la provincia de Chepén.
Este documento fue firmado por Noemí Alvarado Vigo y Walter Fernández Villacorta por La Libertad, y por José Efraín Pisfil Llontop y Félix Romero Severino por Lambayeque, junto al representante de la Unidad de Demarcación Territorial de la Presidencia de Consejo de Ministros – PCM, Eder Esquives Cajan. Además, se menciona que el límite parte desde Punta Chérrepe dirigiéndose en dirección noreste hasta el cerro Chérrepe.
Según el jefe de la Oficina de Planificación y Ordenamiento Territorial del gobierno regional, Josué Portocarrero Rodríguez, en ese momento las edificaciones actuales no estaban construidas.
“El origen del conflicto es un tema de propiedad de gente que ha construido casas sobre territorio de Lambayeque, pero que hoy dice que quieren pertenecer a La Libertad”, afirma.
NUEVOS DOCUMENTOS
Después de un cambio en la legislación y con un nuevo marco legal que incluía la Ley N° 27795, “Ley de Demarcación y Organización Territorial” y la Ley N° 29533, “Ley que implementa mecanismos para la delimitación Territorial”, los equipos técnicos de ambos departamentos volvieron a retomar el diálogo junto a la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial – DNTDT, de la PCM.
En una primera oportunidad, en el año 2012, los órganos técnicos de los gobiernos regionales no conciliaron en el límite territorial comprendido desde el litoral hasta el cerro Chérrepe. Sin embargo, el dicha acta se menciona que la DNTDT, “en el marco de sus competencias definirá el límite en base al Acta de fecha 11 de diciembre de 1997” y al trabajo de campo realizado.
Para el año siguiente, representantes de ambos gobiernos regionales participaron en una nueva reunión donde se presentó la propuesta técnica de la DNTDT y se hicieron precisiones técnicas respecto al tramo entre el cerro Chérrepe y el litoral.
En el acta de reunión se acordó que el límite se inicia en el cerro Chérrepe y “continúa en línea recta con dirección al litoral hasta Punta Chérrepe”. Además, menciona que el acuerdo “será ratificado por las instancias superiores que corresponda de cada uno de los gobiernos regionales”.
Finalmente, el 10 de diciembre del año pasado se firmó el “Acta de Acuerdo de Límites Territoriales entre los departamentos de La Libertad y Lambayeque” donde se acordó que “el límite se inicia en el litoral denominado Punta Chérrepe, continúa en dirección general noreste en Línea recta hasta alcanzar la cumbre sur del Cerro Chérrepe, en cota 215”.
“Esa acta pretende ser desconocida por los alcaldes de Chepén y Pueblo Nuevo, pero en esto no hay marcha atrás. Lambayeque no volverá a firmar un documento diferente a los que ya se han suscrito hasta el día de hoy”, expresa Portocarrero Rodríguez.
Este documento fue firmado por el gobernador de Lambayeque, Humberto Acuña Peralta, y el director nacional de la DNTDT de la PCM, Alfredo Florentino Pezo Paredes. Sin embargo, la firma del gobernador de La Libertad, Luis Alberto Valdez Farías, no fue registrada.
“No conozco las razones por las cuales el gobernador de La Libertad no fue a firmar el acta. El representante de la PCM se comprometió a firmar el acta en la primera visita. Eso siguió todos los procedimientos que la ley establece, la PCM hace trabajo de campo y hace un informe dándonos la razón. Después, los que han estado desconociendo esto más que el Gobierno Regional de La Libertad son las autoridades de Chepén y Pueblo Nuevo. Esto no lo tratamos con los alcaldes, el límite interdepartamental en el procedimiento de la ley está establecido que se trata entre gobiernos regionales y así lo hicimos”, afirma Portocarrero Rodríguez.
CONFLICTO
El último mes se dio la noticia que una maquinaria enviada a Chérrepe por el Gobierno Regional de Lambayeque arrasó con un cementerio inca destruyendo restos óseas y algunos objetos como cerámicos y tejidos.
“La primera pregunta que surge es cómo es que hubo un cementerio inca cuando viene a trabajar la maquinaria del gobierno regional y cómo no lo hubo cuando construyeron las casas, entonces esa es la primera mentira”, argumenta Josué Portocarrero.
Según cuenta, el Gobierno Regional de Lambayeque envió un tractor para hacer la nivelación de las calles a petición de la Municipalidad Distrital de Lagunas, la que aprobó un plano urbano de la zona, pero la gente empezó a construir sin respetarlo.
“Fue una forma de frenar los trabajos. El que determina si son restos arqueológicos es el Ministerio de Cultura, no las alcaldías. Hasta el día de hoy no existe ninguna delimitación que diga que es zona arqueológica, con eso tampoco estamos diciendo que eventualmente no podría serlo, pero ahí antes que el gobierno regional envíe las maquinarias había casas construidas. Fue una patraña para tratar de frenar los trabajos que el gobierno regional venía realizando”, asegura.
A raíz de estas acusaciones, la maquinaria del Gobierno Regional de Lambayeque tuvo que retirarse para esperar una pronunciación del Ministerio de Cultura.
Asimismo, asegura que Lambayeque jamás ha negado que Chérrepe comprende territorios de ambos departamentos, pero reafirma que el límite “ha sido Punta Chérrepe, donde al norte es Lambayeque y al sur es La Libertad”.
“En la ensenada de Chérrepe han convivido pacíficamente pescadores de Pueblo Nuevo, de Chepén, de Pacanguilla, de Lagunas, de Monsefú, de Puerto Eten, de Ciudad Eten y de Santa Rosa, nunca ha habido conflicto. Han argumentado que Lambayeque le está quitando playa a Chepén cuando eso nunca lo han tenido. Los que han estado acá toda la vida han sido los pescadores que han convivido pacíficamente, esta gente construye estas casas hace no más de 10 años. Nosotros sabemos que esas casas pertenecen a pobladores de Chepén y de Pueblo Nuevo y no negamos su propiedad, ese es otro tema. Entonces, surge el argumento que Lambayeque quiere despojar a los pescadores, eso es lo más falso que existe. Nadie les va a quitar sus propiedades, al contrario, la voluntad de las autoridades de Lambayeque es que se formalicen”, afirma.
SOLICITUDES E INTERESES
A fines del año pasado, el alcalde de Chepén, Nelson Kcomt Che, dirigió un documento al gobernador de Lambayeque, Humberto Acuña, en donde le pedía una solución “más política que técnica” al tema limítrofe.
Después del acuerdo del 10 de diciembre, el Gobierno Regional de Lambayeque vuelve a reafirmar la posición respondiendo que la solución a probables conflictos no se realizará “en función al criterio discrecional o político” de ninguna autoridad regional o local.
A inicios de julio, el gobierno regional recibió un oficio por parte de la DNTDT de la PCM en donde se le convoca a Humberto Acuña a una reunión “a solicitud del Gobernador Regional de La Libertad, sobre el territorio comprendido entre cerro Chérrepe y el litoral, el cual cuenta con Acta de Acuerdo de Límites”.
No obstante, una vez más el Gobierno Regional de Lambayeque mantuvo su posición basándose en el “Acta de Acuerdo de Límites Territoriales entre los departamentos de La Libertad y Lambayeque”, considerando que al no existir ningún tramo pendiente de delimitación aquella reunión “carecía de sentido”.
Por otro lado, Josué Portocarrero afirma que el alcalde de Chepén, Nelson Kcomt Che, tiene propiedades en la zona y que ha señalado como límite a “un lugar denominado el ‘Alto Lagunas’, que el Instituto Geofísico del Perú – IGP, ha dicho que no existe”.
Asimismo, el representante de la Comunidad Campesina de Lagunas, Daniel Estévez Torres, recuerda que la Fiscalía de Chiclayo ha pedido tres años de pena privativa de la libertad con 60 días de multa y siete mil 500 soles de reparación civil para Nelson Kcomt Che por haber construido “dentro de los cincuenta metros a la línea de alta marea”, violando de esta forma el reglamento de la Ley N° 26856, que “declara que las playas son bienes de uso público, inalienables e imprescriptibles y establece la zona de dominio restringido”.
El alcalde de Chepén fue acusado por “alteración del ambiente o paisaje” y se le atribuye “la destrucción del acantilado con la construcción de unos búngalos de material noble, ganando espacio al área acuática y obstruyendo el tránsito en la franja ribereña”.
Finalmente, el gobernador de Lambayeque, Humberto Acuña Peralta, manifiesta el interés del gobierno regional en darle valor a estas playas y convertirlas en un centro turístico donde empresarios puedan invertir en casas de verano.
“En lugar de irse a Máncora pueden venir a esta zona. Hay que generar las condiciones para que Chérrepe sea un centro turístico”, sostiene.
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