En las últimas semanas, el diputado Javier Castro Cruz exigió a viva voz en el Congreso que el fiscal de la Nación investigue un presunto acto de corrupción alrededor del Proyecto Especial Olmos Tinajones – PEOT, por el presunto pago irregular de más de ocho millones de soles a la empresa Dragatec para ejecutar el dragado de la presa Limón, trabajo que finalmente nunca se hizo. No obstante, las aseveraciones del parlamentario están lejos de la verdad, según refiere el gerente general del PEOT, Miguel Pérez Valdiviezo.
“Lo que dic el diputado es mentira, no corresponde a la realidad. Yo le pido que investigue bien. El dragado tiene tres fases: la movilización del equipo, el dragado en sí y la desmovilización. Los 10 millones que se han pagado corresponden a la movilización de equipos, de los cuales dos son por el patio de maniobras que sí está ejecutado. La empresa incumplió con algunos componentes y por eso nosotros resolvimos el contrato”, sostiene.
Incumplimientos
En diciembre del año pasado, el PEOT adjudicó el dragado de la presa Limón, componente estratégico del trasvase Olmos, al Consorcio Dragatec, integrado por Dragatec Perú S.A.C. y Dragatec S.A., por un valor de 62 millones 765 mil 330 soles. La misión de la empresa era ejecutar la limpieza de sedimentos del embalse para el período concerniente entre diciembre del 2025 y julio del 2026.
Para ello, el Consorcio Dragatec presentó un plan de trabajo quje incluía la movilización de maquinaria, dragas, personal especializado y equipos auxiliares, a fin de iniciar operaciones dentro de los tiempos previstos, situación que no ocurrió, pese a que el PEOT desembolsó la suma de 8 millones 175 mil 74.58 soles a favor del consorcio por concepto de “movilización de equipos”.
Este hecho fue advertido en mayo de este año por los mismos especialistas del PEOT, quienes explicaron ante el Consejo Regional de Lambayeque que la empresa no había culminado la instalación de las líneas de impulsión (tuberías), indispensables para el transporte de los sedimentos extraídos. En dicha sesión se advirtió también que la empresa de capitales chilenos solo había movilizado tres de las cuatro dragas previstas en el contrato.
“Ellos tenían un cronograma de avance del proyecto. Estaban dentro del cronograma para la instalación. Hay fotografías de su personal cuando llegó, cuando se instalaron las dragas y las barcazas, pero en un punto incumplieron con la ejecución de las conexiones. Incluso no llegó una cuarta draga. Todos esos incumplimientos los hicieron incurrir en penalidades y nosotros como PEOT resolvimos el contrato por las causas imputables a la empresa”, señala Pérez Valdiviezo.
Patio de maniobras
Parte del servicio que iba a realizar Dragatec comprendía la ejecución de un patio de maniobras donde la empresa pudiera descargar su maquinaria. Pérez Valdiviezo explica que dentro del ámbito del embalse no tenían espacio para hacer este acceso. La empresa había propuesto hacer este patio en la corona del embalse, desde donde se pretendía hacer el traslado de las barcazas con una gruía por encima de la corona, situación que no vieron técnicamente viable en el PEOT.
“¿Qué pasaba si esto se rompía y malograba el embalse? Nosotros dijimos no, no se puede hacer de esa manera. Se tiene que hacer un patio de maniobras donde no expongamos la infraestructura que ya existe. Entonces se trasladó el patio de maniobras a otro lugar propuesto por los técnicos del PEOT. Pero como ya estábamos contra el tiempo al tratarse de un dragado hidráulico, se firmó un acta donde el PEOT asumía la responsabilidad de hacer el patio de maniobras, pero la empresa devolvía los dos millones una vez cobrado el monto por concepto de movilización de equipos”, explica Pérez Valdiviezo.
Fue así que el PEOT suscribió un contrato con el Consorcio Pedregal por más de dos millones de soles para la habilitación de este patio de maniobras.
Carta fianza y penalidades
Tras la serie de incumplimientos descritos, el PEOT optó por resolver el contrato el pasado 26 de mayo, decisión que le fue comunicada a la empresa Dragatec mediante la Carta Notarial n.° 000035-2026-GR.LAMB/PEOT-GG, sustentada en la documentación sobre las condiciones verificadas en campo y las obligaciones pendientes de cumplimiento.
El gerente del PEOT explica que la entidad mantiene una carta fianza de fiel cumplimiento por aproximadamente US$ 1.86 millones de dólares (S/ 6.3 millones de soles), equivalente al 10 % del contrato que continúa vigente hasta septiembre de 2027. No obstante, la empresa Dragatec decidió llevar el caso a un arbitraje para evitar la ejecución de la carta fianza.
“El arbitraje lo propone la empresa. Nosotros íbamos a ejecutar la carta fianza, estábamos dentro del período. Ellos al ver que les íbamos a ejecutar la carta fianza han ido a un arbitraje. Lo que estamos haciendo ahora es brindarle toda la información a la Procuraduría para que haga una buena defensa”, refiere el ingeniero.
Agrega que el PEOT también ha determinado una penalidad de S/ 5.722 millones al Consorcio Dragatec por mora en la ejecución de la prestación de movilización de equipos. Este cobro deberá seguir el procedimiento formal correspondiente, pues la entidad evalúa reclamar la devolución de montos y aplicar los descuentos que resulten procedentes por las prestaciones incumplidas, conforme al sustento técnico y contractual.
“Ya notifiqué notarialmente las penalidades por más de cinco millones de soles y la devolución que nos deben hacer por los dos millones que costó el patio de máquinas. El PEOT está actuando legalmente y técnicamente contra la empresa Dragatec. Sin embargo, hay personas que pareciera que defienden a la contratista porque solo presentan la documentación de la empresa”, asevera.
Necesidad de dragado
Mientras tanto, el gerente del PEOT señala que se han enviado invitaciones a empresas internacionales que se dedican al dragado, pues la presa Limón actualmente tiene una sedimentación superior al 75 % y urge dragar.
“Regularmente, lo que el río Huancabamba sedimenta al embalse corresponde a dos millones de metros cúbicos anuales. Lo que proponíamos en el dragado era evacuar esto (…) Hoy tenemos un plan de dragado 2026-2027 porque las condiciones son diferentes. Antes hablábamos de sedimentos, pero en marzo hubo una máxima avenida que trajo consigo palizada. Hoy ya no hablamos solamente de sedimentos, sino de palizada y material orgánico. Entonces, las dragas que tienen que venir deben tener otra potencia. Para ello hemos contratado a especialistas que harán nuevos estudios”, manifiesta.
Explica que no existe una sola empresa en el Perú hasta la fecha que se dedique al dragado, por lo que se ven obligados a invitar a empresas extranjeras. En su opinión, el dragado se debe realizar de todas maneras y debe hacerse a inicios del próximo año, que es época de lluvias, pues no se puede dragar en época de estiaje.
“El dragado se inicia en diciembre y culmina en julio. Ese es el parámetro que tenemos. No podemos dragar en época de estiaje como ahora en octubre, pues no podríamos evacuar sedimentos aguas abajo donde hay cultivos. Si los llenamos de sedimentos, ¿qué van a regar? Podemos remover y remover, pero qué tipo de agua van a enviar. Eso debe entender también la población. Es un dragado hidráulico, porque se hace la remoción cuando hay lluvias para así evacuar agua y sedimentos”, explica.
Asegura que no se han quedado con los brazos cruzados y por lo pronto están ejecutando trabajos de reforestación en Pomahuaca, Pucará y Huarmaca que ayudarán a proteger los taludes.
“De ninguna forma nos hemos quedado con los brazos cruzados. Nosotros resolvimos el contrato. Si tuviéramos alguna confabulación con la empresa, hasta ahora estuviéramos con ellos, pero no. Resolvimos el contrato por causas imputables a ellos. Quiero dejar en claro que no hemos pagado ni un sol por dragar. Lo que se pagó es por la movilización y el patio de maniobras que hasta la fecha existe y que se descontará del dragado 2026-2027. Estoy asumiendo con mucha responsabilidad la gerencia general del PEOT y estoy seguro que este impase lo vamos a superar todos juntos como lambayecanos”, enfatiza.
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El contrato general del servicio de dragado de la presa Limón comprende tres componentes: movilización, por S/8.1 millones; dragado, por S/48.9 millones; y desmovilización, por S/5 millones.
A casi tres meses de iniciado el gobierno de la presidenta Keiko Fujimori, el reconocido empresario y expresidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Manuel García Peña, analiza cómo se ha desenvuelto el Ejecutivo frente a temas clave como la lucha contra la inseguridad ciudadana y la prevención ante el Fenómeno El Niño. En diálogo con Expresión, muestra su preocupación por cómo desde el Congreso se estarían poniendo trabas a las acciones del Ejecutivo, una situación que —según refiere— no perjudica a la mandataria, sino al desarrollo de todo el país.
A tres meses de este gobierno de Keiko Fujimori, ¿se están haciendo bien las cosas?
Calificar un gobierno en solo tres meses es difícil porque es un tiempo muy corto; sin embargo, debemos saludar la estabilidad macroeconómica y el hecho de que no se hayan roto las reglas fiscales. Quedan puntos pendientes como el destrabe de obras, puesto que el consumo interno se ha desacelerado enormemente. También está el problema de la inseguridad, un desafío crítico, ya que los emprendedores sufren constantemente por las extorsiones. Pese a ello, se emiten buenas señales al exterior debido a que el sector privado continúa invirtiendo. Desde hace casi dos décadas observamos un flujo constante de inversión porque los empresarios apuestan por el Perú, pero para sostener esa tendencia necesitamos reglas claras.
¿Qué debe hacer el Ejecutivo para ajustarse a la agenda que planteó en la campaña electoral?
Hay más de 2300 obras paralizadas en el país; de esas, en nuestra región tenemos 200 que requieren ser destrabadas con urgencia. Tampoco nos olvidemos de la corrupción: muchas veces nos preguntamos por qué se frena la economía, pero obviamos este factor. Hablamos de inseguridad, pero no de corrupción, y ese es uno de los problemas más latentes. Es un cáncer para el país.
Por otro lado, debemos aplicar tecnología para combatir la delincuencia. No basta únicamente con que el gobierno se haya adherido al Escudo de las Américas; tenemos que mirar lo que falta por hacer internamente. Poseemos una Policía Nacional que conoce el mapa delictivo, pero carece de las herramientas fundamentales para vencer a las bandas. Asimismo, hace falta una reingeniería en los sectores de la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Es imprescindible fortalecer de forma conjunta esa "triple hélice", porque si cada institución trabaja por su cuenta, poco o nada se podrá lograr.
¿Desde la Cámara de Diputados existe una postura responsable hacia el país?
Lo que uno analiza como empresario es que predomina un cálculo político que juega en contra de los emprendedores. No olvidemos que el 98 % de las Mypes espera respuestas claras sobre la inseguridad y la reactivación económica. Los microempresarios necesitan una macroeconomía sólida para acudir al sistema financiero y acceder a un crédito. En ese contexto, se han solicitado facultades en 66 puntos y solo se están aprobando 20. Considero que tanto diputados como senadores deben trabajar en favor de la nación; están en un juego partidario constante cuando es momento de pensar prioritariamente en el Perú, pues el país los necesita.
¿El bloque de izquierda es un gran obstáculo para el gobierno de la presidenta Fujimori?
Se percibe que sí. Ciertamente, la ideología está pesando más que la democracia y el desarrollo nacional. Esa ideología debe modernizarse. Nadie opone resistencia a la existencia de la izquierda ni a que funcionen como oposición, pero debemos tomar en cuenta que el mundo ya cambió; un ejemplo es China, que se abrió a una economía de mercado. Hay países que avanzan a pasos agigantados mientras que aquí seguimos poniéndole trabas al desarrollo. Con esta actitud no se frena a la presidenta o al Consejo de Ministros, sino a todos los sectores productivos, lo que a su vez genera informalidad e irrespeto por las leyes.
¿Qué medidas deberían tomarse a nivel macro, tanto en el país como en Lambayeque, para afrontar la inseguridad?
Considero que se deben blindar las fronteras, pues representan pasos sin mayor control para el flujo migratorio. Debemos auditar quiénes ingresan al país, ya que afrontamos un problema severo con la delincuencia extranjera. No estamos en contra de la migración en sí, siempre que sea para aportar al crecimiento nacional, tal como lo hacen los peruanos que emigran a Estados Unidos u otros destinos con el afán de trabajar y emprender.
Por otra parte, se debe priorizar la inteligencia. Es indispensable reactivar los aparatos de inteligencia de la Marina, el Ejército y la Policía Nacional, instituciones que antes operaban de forma articulada para mapear a las grandes organizaciones criminales.
Además, si no combatimos la informalidad ni generamos empleo para los jóvenes, la inversión activa decaerá. Se requiere implementar zonificaciones industriales; actualmente solo Lima cuenta con ello. Necesitamos descentralizar e industrializar las regiones para garantizar puestos de trabajo formales a la juventud.
Mística y coherencia institucional para devolverle la seguridad al país...
Así es. Debemos constituir una mesa de trabajo multipartita integrada por el Estado, la academia, el sector privado y los comités vecinales. No es viable que cada actor trabaje por su cuenta sin consensuar. Si carecemos de esa mística, perderemos una oportunidad valiosa. Arrastramos un atraso severo tras más de una década de constante inestabilidad presidencial. Necesitamos despegar y ofrecer oportunidades a miles de jóvenes que egresan año tras año y no logran insertarse en el mercado laboral.
Como vecino de Chiclayo, ¿cuáles son las tareas inmediatas que debe asumir el alcalde electo?
Chiclayo padece un rezago de más de dos décadas. El nuevo alcalde debe realizar un diagnóstico interno sobre las deficiencias acumuladas. Se menciona con frecuencia el Terrapuerto, pero es un proyecto postergado desde hace veinte años a pesar de contar con el terreno disponible.
Asimismo, urge reordenar el tránsito. El parque automotor en Chiclayo ha crecido de forma desmedida con la proliferación de taxis, mototaxis y motocicletas, mientras que las vías urbanas —angostas y tomadas por el comercio ambulatorio— no están preparadas para dicho flujo.
Debemos proyectar grandes mercados minoristas descentralizados por sectores para que los comerciantes laboren con dignidad. Este modelo debe ser planteado como una obra de carácter social; no debe repetirse lo ocurrido en el mercado de Reque, donde tras la construcción se fijó un alquiler de S/ 500 por puesto. Se requieren mercados sociales donde el comerciante pague un monto razonable por merced conductiva y cuide la infraestructura.
Otra prioridad para el alcalde provincial es convocar a las autoridades distritales e integrar la red de cámaras de videovigilancia entre José Leonardo Ortiz y Chiclayo. Finalmente, es impostergable el plan maestro de agua, desagüe y drenaje pluvial. Los colectores instalados hace 40 o 50 años colapsaron; se necesita renovar la red y construir más sistemas integrados.
¿Cuál es la principal acción que debe ejecutar la próxima autoridad regional?
Existen múltiples ejes estratégicos. Se deben destrabar proyectos pendientes como el reservorio La Calzada y las defensas ribereñas. Enfrentamos un clima de características tropicales con eventos meteorológicos progresivamente más agresivos.
Por otro lado, el terminal marítimo resulta prioritario para el desarrollo regional. De todas las regiones costeras del Perú, Lambayeque es la única que adolece de infraestructura portuaria. Un puerto en Puerto Eten generaría miles de puestos de trabajo directos e indirectos, máxime considerando que Salaverry sufre por el embalse de arena y Paita afronta problemas topográficos vulnerables ante El Niño. El presupuesto estimado bordea los 500 millones de dólares, una suma perfectamente viable si se pone en valor mediante ProInversión.
¿Qué opinión le merece el mecanismo de Obras por Impuestos?
Es una herramienta extraordinaria. Desde su implementación hace veinte años, los resultados en diversas ciudades han sido muy favorables producto del consenso entre autoridades, líderes comunitarios y el empresariado. En nuestra región, entidades financieras y cajas rurales podrían ejecutar proyectos bajo esta modalidad continuamente, tal como sucede en la avenida Diego Ferré.
El problema radica en la resistencia de ciertas autoridades al mecanismo de Obras por Impuestos debido a los rigurosos controles de fiscalización y transparencia que exige. Este año, de un techo presupuestal asignado de 800 millones de soles para Obras por Impuestos, solo se ejecutó el 15 %, aun cuando el próximo año se dispondrá de 1250 millones. No podemos desaprovechar estos recursos. Lo que el Estado no logra ejecutar por vía directa lo puede asumir el sector privado; la voluntad existe, pero es imprescindible generar confianza.
¿Qué recomendación les daría a los lambayecanos frente al Fenómeno El Niño?
Lamentablemente, las labores de prevención debieron ejecutarse con bastante anticipación; arrastramos esta problemática desde el año pasado. Como sociedad civil hemos planteado reiteradamente este tema en cada mesa de diálogo, señalando la urgencia de atender los colectores, muchos de los cuales han sido obstruidos por habilitaciones urbanas informales o lotizaciones no autorizadas.
Asimismo, apelamos a la responsabilidad ciudadana para no arrojar desperdicios a los drenes ni abrir las tapas de los buzones durante las precipitaciones pluviales. Se debe priorizar la cultura de prevención y la reserva de agua y alimentos ante escenarios críticos. La empresa privada mantiene el compromiso de apoyar, pero necesitamos que las autoridades nos convoquen.
¿Estamos preparados para la visita del papa León XIV?
Sinceramente, no. Carecemos de la capacidad hotelera necesaria y los establecimientos operativos han incrementado sus tarifas desmedidamente. La llegada del Santo Padre representa una vitrina inigualable y un potencial turístico permanente para la región. Si bien el sector gastronómico sí puede cubrir la demanda, los principales atractivos turísticos carecen de servicios básicos e infraestructura adecuada, sumado a la falta de operadores turísticos capacitados. Debería implementarse un programa de capacitación inmediata dirigido a unos 10 000 jóvenes para responder a la afluencia turística.
El aspecto de la seguridad también evidencia vacíos. Nuestro aeropuerto corre el riesgo de colapsar al no contar con las prestaciones de un terminal internacional; carece incluso de unidades de transporte de pasajeros dentro de la pista. Sufrimos un retraso estructural. Las autoridades no deben limitar su planificación al lugar donde se oficiará la misa, sino abarcar la logística integral. Se requieren inspecciones sanitarias y de seguridad en restaurantes y hoteles, así como mesas de trabajo con las asociaciones de taxis para ordenar el transporte durante la visita papal.
¿Cuál es su anhelo para Lambayeque?
Mi mayor preocupación radica en los jóvenes profesionales que se ven obligados a emigrar al no encontrar oportunidades laborales. El objetivo central debe ser el desarrollo integral mediante megaproyectos agrícolas, la expansión al 100 % del proyecto Olmos y el afianzamiento de los valles mediante infraestructura hídrica y reservorios. Con ello, la juventud no tendrá que migrar para progresar.
Necesitamos consolidar a Chiclayo como una metrópoli de crecimiento formal. Mi sueño es ver a Lambayeque convertida en una potencia agroexportadora y despensa alimentaria para el mundo. La demanda exterior es tal que la producción actual se encuentra vendida con hasta cuatro años de anticipación, y las exportaciones de este periodo superan los registros históricos.
Sin embargo, a pesar de que el empresariado cumple formalmente con sus obligaciones tributarias, la Sunat mantiene una actitud punitiva que frena el crecimiento. Hay temor hacia la administración tributaria. Se debe reformar el marco normativo para incentivar a quien declara su capital y genera empleo, reduciendo cargas e implementando un enfoque institucional amigable. La Sunat no puede presumir sistemáticamente la existencia de lavado de activos ante ciudadanos que han forjado un capital mediante el trabajo diario —como el lavado de vehículos o la comercialización de pescado en mercados localizados—. Es indispensable contar con instituciones promotoras del emprendimiento y no meramente represivas.
Finalmente, anhelo una región Lambayeque donde el gobernador ejerza un liderazgo enfocado verdaderamente en el desarrollo territorial y las obras macro, sin suplir ni duplicar las funciones del alcalde provincial de Chiclayo.
