El Turismo es un sector estratégico para el desarrollo de la región Lambayeque y el país, por ello, el artículo 1 de la Ley Nº 29408, Ley General del Turismo, lo declara de interés nacional y dispone su tratamiento como política prioritaria de Estado.
Sin embargo, pese a que es deber funcional de un congresista cumplir y hacer cumplir las leyes y formular proposiciones fundamentadas tenemos que, particularmente en el caso de Lambayeque, se han presentado algunas iniciativas legislativas que resultan redundantes e improductivas.
Refiero a los Proyectos de Ley n.º 6737/2023-CR, Ley propone declarar de interés nacional la protección y conservación de la casa Montjoy y al Proyecto de Ley n.º 6523/2023-CR, Ley que declara de interés nacional que Ciudad Eten sea reconocida como ciudad eucarística, proyectos presentados por la congresista de Acción Popular, Marleny Portero, y el congresista no agrupado, antes Podemos Perú, Carlos Anderson, respectivamente.
Casa Montjoy y Ciudad Eten
La casa Montjoy, patrimonio cultural de la nación en la categoría de arquitectura civil desde el año 1963, reconocida por su arquitectura y por los hechos históricos que sucedieron ahí, se encuentra mal conservada debido a su antigüedad y los efectos del fenómeno El Niño, mientras que Ciudad Eten es conocida por la festividad del Divino Niño del Milagro Eucarístico que se realiza del 12 al 29 de julio de cada año y tiende a convertirse en epicentro de turismo religioso con impacto económico significativo. El año 2019 se presentó un documento histórico con 20 mil testimonios de fe y se iniciaron diversas gestiones para obtener un reconocimiento por parte del Vaticano.
En el caso de la casa Montjoy el proyecto de Ley presentado por Marleny Portero no garantiza su priorización en la Programación Multianual de inversiones, ni supone la asignación de recursos para su restauración. Mientras que la Ley que declara de interés el reconocimiento de Ciudad Eten como Ciudad Eucarística es una iniciativa de carácter religioso y corresponde a las autoridades eclesiásticas declararla ciudad eucarística acorde con los requisitos establecidos por la Iglesia.
En ambos casos la necesidad pública no está en cuestión, sin embargo, los proyectos de los legisladores son solo declarativos, es decir, no obligan al estado a tomar iniciativa alguna en favor de los recursos turísticos en mención. Por ello, al no contribuir a resolver el problema real, los legisladores buscan el reconocimiento de la comunidad cayendo en una suerte de “populismo parlamentario”.
Tarea pendiente
Frente a esto resulta pertinente hacernos la pregunta, ¿Qué iniciativas deben promover nuestros congresistas para apoyar al turismo Lambayecano?
Si bien este artículo no permite brindar una respuesta exhaustiva podemos considerar algunas alternativas para la problemática de los recursos turísticos en cuestión. Por ejemplo, la modificatoria de la Ley Nº 28719, Ley de boleto turístico, con el propósito de fortalecer la distribución descentralizada y equitativa del dinero recaudado por el ingreso a monumentos, parques naturales y/o arqueológicos, museos, lugares históricos. El mismo caso aplica para las leyes 27153, 27796 y 31557, que regulan la distribución de los tributos recaudados en Casinos, tragamonedas, juegos y apuestas deportivas de distancia.
Otra propuesta es la modificatoria de la Ley Nº 28296, Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación, una ley que básicamente tiene carácter punitivo y convierte al bien declarado como patrimonio en una pesadilla para su propietario haciendo de la restauración y conservación una labor costosa y burocrática.
Además, se puede establecer por Ley un régimen tributario especial para promover la inversión en centros históricos e infraestructura declarada patrimonio cultural que incentive la recuperación, conservación y uso turístico de dichos bienes.
Finalmente, es importante resaltar que en Lambayeque existen varios proyectos turísticos que presentan problemas ya sea por mala formulación, ejecución o administración, la casa Montjoy es uno de ellos, también tenemos el caso bastante conocido del malecón turístico de Puerto Eten, aquí el rol fiscalizador de los congresistas no se percibe, en ese sentido, los legisladores serán compensados con la aceptación pública en la medida que contribuyan a resolver de forma efectiva los problemas que afrenta el sector y no asumiendo iniciativas que terminan siendo populistas por resultar en un “saludo a la bandera”.
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(*) Sociólogo y especialista en Gestión y Políticas Públicas.
La Comunidad Campesina de San Gregorio se ubica en el distrito de San Gregorio de la provincia de San Miguel de Pallaques – Departamento de Cajamarca. Cuenta con reconocimiento oficial desde el 26 de octubre de 1943 y sus títulos de propiedad, revalidados en el marco de la Ley N° 24657, se encuentran inscritos en la Sunarp desde el año 1988.
Es una comunidad que funciona como tal, que cuenta con 330 familias comuneras empadronadas, que tiene problemas con organismos del Estado como las municipalidades que se atribuyen derechos de disponer de lotes para viviendas y recursos para otros fines como si fueran de su propiedad (entre ellos agregados para la construcción de carreteras). Pero la mayor amenaza que está afrontando proviene de una ofensiva de empresas agroexportadoras que, tal como los terratenientes de ayer, pretenden engullirse a los pequeños productores ya sean individuales o comuneros y para lo cual usan como estrategia central la instrumentalización del sistema financiero y del Poder Judicial.
Esta comunidad campesina, ubicada en el valle del río Chamán, colinda, en la parte oeste con la Comunidad Campesina de Chepén y con la cual han tenido, generalmente, una relación de buena vecindad. Lamentablemente la comunidad de Chepén está siendo víctima de la voracidad de los nuevos terratenientes agroexportadoras y en este proceso ha terminado arrastrando a la Comunidad Campesina de San Gregorio.
Hace un par de años tuve la oportunidad de ser invitado a una asamblea de la Comunidad Campesina por el joven presidente, de ese entonces, Alex Sevillano García y pude documentar una diligencia autoritaria de un fiscal provincial que no quiso reconocer, ni dar cuenta de que la diligencia que estaba haciendo a pedido de la empresa Agro Norte Corp. Lo hacían en territorio comunal. El abogado defensor de la Comunidad no hizo ningún esfuerzo por aclarar el tema. El resultado de mi visita fue la publicación de un par de notas en mi muro de Face y una nota en el programa radial Panorama Regional.
Pascual Gómez Espinoza es el actual presidente comunal y el presidente del sector Las Viejas es Alexander Sevillano García. Ellos han hecho declaraciones, hace unos días, a medios de comunicación de Chepén, denunciando que en el sector La Cruz de Talambo, en el límite de San Gregorio y la provincia de Chepén, personal de la empresa Agro Norte Corp. Ha destruido una parte del lindero comunal tradicional entre las comunidades campesinas de Chepén y San Gregorio y en especial el hito más visible, construido a un costado de la carretera de acceso al distrito de San Gregorio y constituido en un muro de cemento, ladrillo y fierro y en el que se podía leer claramente el nombre de la Comunidad y, avisaba, que se ingresaba a su territorio.
Esta empresa alega que adquirieron 8,200 hectáreas de propiedad de la Comunidad Campesina de Chepén, en un oscuro proceso legal y financiero que terminó en el remate de tierras comunales y, como el área rematada no alcanza sus pretensiones, simplemente han decidido “completarla” con gran parte de las tierras de la comunidad campesina San Gregorio que colindan con ese predio. Así de simple. Y para ello han montado una estrategia como denunciar penalmente a un grupo de comuneros como “invasores” de su nueva propiedad, restringir la acción de las rondas campesinas mediante la actuación de una fiscal y, por ahora, la destrucción reciente del hito comunal más visible y que marca el inicio del territorio comunal, por la parte oeste. Hito que documentamos en nuestra visita de noviembre del año 2023.
Los comuneros tienen argumentos sólidos que las autoridades judiciales y policiales los consideren y pongan freno a un acto de injusticia que los propietarios de Agro Norte Corp. Pretenden consumar implicando a entidades financieras y al Ministerio Público. En su favor los comuneros alegan que:
Mientras que, del otro lado, es decir de la empresa Agro Norte Corp. solo puede alegar el pago oneroso por un controvertido remate de tierras comunales de Chepén y que ha sido materia de cuestionamientos públicos y legales por parte de la comunidad agraviada. Fijada la meta de completar el hectareaje adquirido en la subasta, la empresa agroexportadora no tiene ningún miramiento si, en ese afán, también está usurpando tierras de otra Comunidad, que no ha sido parte del juicio y que pensó que sus tierras estaban suficientemente protegidas no sólo por los comuneros mismos, sino también por el propio Estado.
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*Instituto de Desarrollo Regional – INDER.
Celular: 951679597
Durante la conmemoración del 128° aniversario de la Sociedad Nacional de Industrias – SIN, su presidente, Jesús Salazar Nishi, expuso la necesidad de que el gobierno adopte al menos nueve medidas para la reactivación económica del país. El dirigente gremial visitó Chiclayo, destacando el trabajo organizado de los industriales y las potencialidades de Lambayeque para seguir desarrollándose.
Salazar Nishi destacó la necesidad de abordar la inseguridad ciudadana. En ese sentido, instó al gobierno a incluir a representantes empresariales y laborales en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana - CONASEC, una medida anunciada por la presidenta Dina Boluarte pero aún no implementada. Además, exigió mayor transparencia y rapidez en el uso del presupuesto del Ministerio del Interior, que sólo ha ejecutado el 8.9 % de su presupuesto de inversión para el año en curso. También pidió celeridad en la aprobación del Proyecto de Ley que crea el Sistema Nacional Especializado en Flagrancia Delictiva.
En cuanto a la segunda propuesta, centrada en el crédito reactivador, Salazar Nishi sugirió una colaboración entre el MEF, el Ministerio de la Producción (Produce) y Cofide para mejorar el acceso y la cobertura del programa Impulsa Perú, que cuenta con un fondo de 15 mil millones de soles. Hasta abril de 2024, sólo se han desembolsado menos de cinco mil millones de soles en créditos, beneficiando a 141 mil empresas. El líder gremial enfatizó en la necesidad de otorgar más préstamos enfocados en la reactivación económica, no sólo en el pago de deudas.
Microcréditos
La tercera propuesta de la SNI es un programa de microcréditos para capital de trabajo de hasta 1000 soles para tres millones de emprendedores de subsistencia, utilizando la cuenta DNI del Banco de la Nación para el desembolso en la billetera digital de los usuarios.
También se refirió a las compras públicas. Salazar Nishi pidió la pronta publicación del reglamento de la ley que asigna el 40 % de las compras públicas a las mypes manufactureras, lo que generaría más de 16 mil millones de soles en adquisiciones para estas empresas. Subrayó en la importancia de crear un Registro de Productos Manufacturados Nacionales para evitar que estas compras se dirijan a empresas importadoras.
Inversiones
La Sociedad Nacional de Industrias propone también la inclusión del sector privado en la Mesa de Eliminación de Barreras a la Inversión Privada, ya que son los directamente afectados por las trabas burocráticas.
Jesús Salazar planteó la necesidad de reformar los regímenes tributarios para promover la formalización, dado que la informalidad en el país alcanza niveles alarmantes, cerca del 80 %. Sugirió unificar los cuatro regímenes tributarios en uno solo, escalable según los montos de venta.
También solicitó la reactivación de la Mesa Ejecutiva de las Mypes y de Textil y Confecciones, paralizadas desde hace cuatro años, y el fortalecimiento de otras mesas sectoriales como la de Industria Naval, Forestal, Acuicultura, Agroindustrial de Exportación, Alimentos, Desarrollo de Proveedores, Minera, Pesca y Acuicultura.
Por otro lado, planteó la importancia de la creación de una Autoridad Autónoma para el hub Chancay-Callao, para coordinar la acción de los actores gubernamentales y privados, gestionando mejor los beneficios del megapuerto de Chancay, la expansión del puerto del Callao, el nuevo aeropuerto Jorge Chávez y el parque industrial de Ancón.
Finalmente, Salazar Nishi reiteró la necesidad de aprobar el Proyecto de Ley N° 5892/2023-CR de la Nueva Ley de Industrias, que promueve incentivos a la reinversión, depreciación acelerada, sostenibilidad, economía circular, desarrollo de cadenas productivas y consorcios de mypes, y la creación de un fondo industrial para la compra de maquinaria, fortaleciendo así la manufactura nacional, creando empleo y fomentando la formalización laboral.
La Reserva Ecológica de Chaparrí se gesta en el año 1999 gracias a un acuerdo de conservación entre la Comunidad Campesina Muchik Santa Catalina de Chongoyape propietaria de 42,412 has y la familia Plenge Pardo propietaria de 100 has., que la convierte en la única área de conservación de la Provincia de Chiclayo y las más extensa de la Región Lambayeque.
Como anécdota recuerdo con mucha claridad cuando en esa época amigos y familiares me decían: “Heinz, ni te metas con las comunidades. Eso es una olla de grillos y saldrás mal parado de allí”
Al cabo de dos décadas compruebo que efectivamente es muy difícil trabajar y respetar acuerdos cuando se trata de organizaciones tan numerosas y complejas, pero no es más complicado que Congreso de la República.
En el caso de Chaparrí hicimos reglamentos y normas para tratar de minimizar los riesgos que siempre existen en las empresas, cooperativas o sociedades de trabajo. Se elaboraron Estatutos y procedimientos que han ayudado a superar las diferentes visiones, especialmente en el uso de la tierra y el destino de los fondos económicos.
Mucho ayudó la creación y reconocimiento de un Comité Especializado llamado ACOTURCH, conformado por los comuneros más empoderados con los conceptos de conservación y ecoturismo, más serios, tolerantes, dialogantes y respetuosos de los acuerdos tomados en forma participativa; que algunas directivas corruptas pretendían desconocer.
Como pocos proyectos a nivel mundial hemos recibido el reconocimiento de las Cátedras UNESCO de la Universidad de Lugano-Suiza y Génova de Italia. Igualmente, MINCETUR, PROMPERU, GORE, la actual directiva comunal, así como el ininterrumpido soporte económico de Bioparc de Francia y otros aliados que han con?ado en este emprendimiento.
Un poco más distantes están SERNANP, SERFOR, las Municipalidades de Chiclayo y Chongoyape. Con nota desaprobada la Fiscalía Ambiental y otras autoridades responsables del tema ambiental.
Con fondos exiguos, mucho menores de los que reciben otras áreas de conservación del SINANPE, hemos conseguido por ejemplo consolidar la población de Osos Silvestres más densa de toda Sudamérica y hemos propuesto al oso como el mamífero silvestre terrestre más grande, obvio, inteligente, misterioso y carismático que todavía sobrevive en la costa peruana y representaría a la divinidad personi?cada del AIA PAEC Muchik. Igualmente se está trabajando muy duro para consolidar la sobrevivencia de más de un tercio de la población de la Pava Aliblanca en todo su rango de distribución.
Tenemos logros sociales, culturales, ambientales y económicas que se han convertido en referentes de e?ciencia, compromiso y competentes frente a otras actividades socio-económicas extractivas o que atentan contra los servicios ecosistémicos como la producción de agua dulce, oxigeno o biodiversidad. Todo esto en el tenebroso contexto del calentamiento global y cambio climático.
Para muestra algunos logros de Chaparrí:
Ambiental
Cultural
Social
Económico
Kirigueti, es una de las tantas comunidades nativas de la Amazonía del Perú situadas sobre el Rio Urubamba - distrito de Echarate en la provincia de La Convención en Cusco. Este pequeño pueblo, forma parte de una de los siete puestos de la acción misionera de la Familia Dominica en el Perú, liderados por hermanas y hermanos Dominicos en Perú. En una red solidaria de colaboración y servicio de todos los padres de familia y estudiantes de nuestra I.E.P Beata Imelda, se hizo llegar donativo recaudado en la estrategia de quiosco misionero imeldino.
Nuestra hermana directora Verónica Ysabel Agurto Olivari gestora de esta iniciativa, queda muy agradecida con todas las muestras de generosidad dados en la intuición, lo que implica desarrollo y promoción de justicia social para los más vulnerables, ya que, en Kirigueti se convive con la ausencia de servicios básicos, con un sistema de salud deficiente, donde niños, adolescentes sobreviven incluso a la sobreexplotación de hidrocarburos y los daños que esta deja en sus medios de vida. Nuestra Directora refirió que “Desde nuestro espacio queremos aportar predicando con el ejemplo, pues hoy los niños, adolescentes y mujeres de las familias machiguengas del pueblo nativo Kirigueti, siguen avanzando en su desarrollo”, asimismo hizo una cordial invitación para conocer y seguir apoyando la puesta en marcha del Proyecto Misionero en la Amazonia del Perú.
De otro lado, en comunicación directa con los agentes misioneros de la zona como parte de su función y de establecer caminos de Verdad a la luz de Cristo, manifestaron su agradecimiento y evidenciaron la ruta que tuvo el donativo enviado, que ayudó a implementar los espacios de recreación de los niños, mientras sus madres participan de talleres formativos y emprendedores, mostraron la implementación de los talleres de repostería, manualidades y la compra de útiles escolares para las niñas y niños que ellos albergan; así también, con regocijo anunciaron la importante ayuda que significó el donativo en la implementación de estrategias para el desarrollo de habilidades socioemocionales con las mujeres del lugar.
Es preciso informar también, que cada estudiante imeldina quedó satisfecha con su labor, fijando su comprobada motivación por ayudar a nuestros hermanos más olvidados que viven en la Amazonía de nuestro Perú. Recordemos que el corazón se ensancha de alegría “porque hay más alegría en dar que en recibir”.
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Docente.
Han transcurrido siete meses desde que la integrante de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Karim Ninaquispe Gil, fue quejada ante el órgano de control del Ministerio Público por presuntamente haber trasgredido lo señalado en la Ley de la Carrera Fiscal, específicamente por haber iniciado una investigación contra el presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Notarios de Lambayeque, José Santisteban Calderón, y su hijo, en momentos en que éste mantenía abiertos procesos disciplinarios contra el cónyuge de la magistrada, el notario Pedro Valdivia Dextre.
La queja contra Ninaquispe Gil fue presentada el 31 de octubre del año pasado, debido a que dispuso la apertura de la Carpeta Fiscal n.° 407-2023 y el inicio de las diligencias preliminares contra José Santisteban Calderón y Rainerio Santisteban Chávez por el presunto delito de lavado de activos, inobservando que el primero de estos, en su condición de presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Notarios de Lambayeque, tenía a su cargo hasta tres procedimientos disciplinarios contra el también notario Pedro Valdivia Dextre, esposo de la fiscal, en los expedientes: n.° 001-2016-CNLAMB-TH; n.° 009-2019-CNLAMB. y n.° 011-2023-CNLAMB-TH.
Las normas
Este hecho configuraría una trasgresión de lo señalado por la Ley de la Carrera Fiscal en el numeral 20 del artículo 46, donde se señala que es falta grave: “Intervenir en una investigación o en proceso judicial conociendo la existencia de prohibición expresa”.
Entre las prohibiciones expresas, de acuerdo al numeral 11 del artículo 39 del mismo cuerpo normativo se indica que el fiscal está prohibido de “conocer un proceso cuando él, su cónyuge o conviviente, sus apoderados, sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, o estudio jurídico del que forme parte tengan o hubieran tenido interés o relación laboral con alguna de las partes”.
Asimismo, el artículo 61 del Nuevo Código Procesal Penal señala que el fiscal está “obligado a apartarse del conocimiento de una investigación o proceso cuando esté incurso en las causales de inhibición establecidas en el artículo 53”.
El artículo 53 habla sobre las causales de inhibición, cuyo numeral primero es igual al mencionado en la Ley de la Carrera Fiscal, añadiéndose además que una razón para inhibirse es: “Cuando exista cualquier otra causa, fundada en motivos graves, que afecte su imparcialidad”.
Informe en espera
Según los quejosos, la fiscal habría incurrido en conflicto de intereses al abrir la investigación contra Santisteban Calderón siendo este el mismo que desarrollaba los procesos disciplinarios contra su esposo, entre ellos una medida cautelar de suspensión de la función notarial por hasta 90 días, el mismo que era de conocimiento público al haber sido notificado de acuerdo a Ley y publicitado a través del diario oficial.
La queja de Santisteban Calderón e hijo motivaron a que el Fiscal Adjunto Superior de la Oficina Desconcentrada de Control Interno del Ministerio Público de Lambayeque, encargado de la Comisión de Investigación Preliminar en Procedimientos Disciplinarios, Telésforo Vásquez Figueroa, emita el Informe final de Investigación Preliminar de Procedimiento Disciplinario, en el caso N° 378-2023 MP-ODC-LAMBAYEQUE, señalando que existirían elementos de convicción suficientes para considerar que el comportamiento de Ninaquispe Gil se enmarca en una falta grave.
Dicho informe fue elevado al jefe de la Oficina Desconcentrada de Control del Ministerio Público de Lambayeque, fiscal superior Jorge Arteaga Vera, quien merituando los hechos podría concluir en una sanción contra Ninaquispe Gil de suspensión de la función fiscal de entre cuatro y seis meses, e incluso la destitución como agente del Ministerio Público.
Pese al tiempo transcurrido y la documentación alcanzada por los quejosos respecto al caso, hasta el momento no se tiene el pronunciamiento de Arteaga Vera.
La fiscal Ninaquispe Gil inició la investigación contra José Santisteban y su hijo basándose en una denuncia anónima que fue recogida por la agente de la Policía Nacional del Perú Karen Morales Luis el 30 de septiembre del 2023 y elevada coincidentemente a su despacho por el jefe de la Policía Anticorrupción, Ronald Távara Rodríguez con el Oficio n.° 1482-2023-COMASGEN.CO.PNP/DIRNIC-DIRCOCOR-JEFDDICC-DEPDICC Chiclayo, del 2 de octubre del año pasado. La fiscal abrió la carpeta fiscal el 11 de octubre.
La enfermedad renal crónica sigue en aumento. Según informa el Servicio de Nefrología del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, al mes se reporta el ingreso de 20 nuevos pacientes, aproximadamente. En el marco del Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos, que se conmemora el 23 de mayo, los médicos del nosocomio hacen un llamado no sólo al cuidado de la salud a través de mejores hábitos de vida, sino también a la promoción y aceptación de la donación como un acto de amor al prójimo.
En el Hospital Almanzor Aguinaga, que tiene la condición de referencial para toda la macrorregión norte, conformada por Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas, San Martín y Loreto, se realizan trasplantes de riñón, siendo el único nosocomio con la capacidad para este tipo de procedimientos.
El Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo realiza trasplantes desde el año 1991 y a la fecha ha logrado 321 trasplantes renales, 175 trasplantes de córneas y 75 de medula ósea.
Casos en aumento
Actualmente se tiene una lista de 63 pacientes renales a la espera de un donante. Dichos pacientes son los que se encuentran aptos para las intervenciones, pues han recibido las atenciones integrales en 10 especialidades. Son pacientes que pueden ingresar a la sala de operaciones de manera inmediata.
A ellos se suman otros 200 que están en proceso de evaluación de las especialidades, además de 700 pacientes que recibe hemodiálisis y diálisis peritoneal, adscritos a EsSalud.
“La enfermedad renal crónica sigue incrementándose y por eso es que se han tomado algunas decisiones para la atención. Ahora contamos con el consultorio de enfermedad renal crónica para identificar a los pacientes que están en grado III, IV y V, para prepararlos con el acceso vascular (fístula) para que más adelante reciban la hemodiálisis. A partir del Covid-19 hemos visto un ascenso del número de casos”, comenta Susana Picón, jefa del Servicio de Nefrología.
Cultura de donación
Los procesos de donación de órganos en la seguridad social son desarrollados por la Unidad de Procura. Sin embargo, pese a los esfuerzos por promover la donación, en los últimos años la tasa ha caído, pues sólo existen 2.5 donantes por cada millón de habitantes, mientras que el número de pacientes en lista de espera supera las más de seis mil personas a nivel nacional.
“Lo que buscamos es seguir generando consciencia en la población para que diga sí a la donación de órganos. Nosotros tenemos una lista de espera importante y más de 700 pacientes en diálisis, a los que deberán sumarse los pacientes con enfermedad renal de grado IV y V, que posiblemente pasen a la necesidad de la diálisis. Sabemos que la mejor terapia de reemplazo es el trasplante, por ello es que queremos que la población de sensibilice”, explicó la responsable del servicio.
Susana Picón informó que las familias deben respetar la voluntad de las personas que han dicho sí a la donación de órganos al momento de tramitar el Documento Nacional de Identidad – DNI, porque se han presentado casos de potenciales donantes cuya voluntad no es materializada por oposición de sus familiares.
“Antes de la pandemia llegamos a trasplantar hasta 29 riñones en un año, en el 2023 sólo cinco y en lo que va del año vamos cinco trasplantes. Esperamos que la cifra se incremente, lo que dependerá mucho de la iniciativa de donación de las personas. La donación es un acto de amor”, manifiesta.
