Digno de imitar. A propósito del viraje a la educación virtual por la pandemia del Covid-19, el Colegio San Agustín de Chiclayo ha entregado computadoras portátiles Chromebook HP a sus cerca de mil 300 estudiantes, a fin de asegurar la calidad en la prestación del servicio educativo, según manifestó Jorge Marín Sojo, director de dicha institución.
Marín Sojo señaló que la apuesta de la Orden de San Agustín, la cual regenta a la institución educativa, es trabajar una educación "one to one", es decir, que cada alumno cuente con un dispositivo tecnológico, al igual que los maestros, directivos, técnicos deportivos y psicólogos que conforman el plantel, con lo cual puedan acceder al repositorio digital y las plataformas de paga que ofrece la institución como Open LMS y Blackboard Collaborate.
En esa línea, destacó que las Chromebook HP tienen como característica el almacenamiento ilimitado en la nube. La idea - mencionó - es que esta herramienta se sume a futuro a las que ya manejaba la institución antes de la pandemia, tales como los proyectores multimedia y las pizarras interactivas.
Estas computadoras portátiles vienen con el sistema Google Enterprise y un Security, que permite filtrar el contenido al que ingresan los alumnos, así como la administración remota de los dispositivos. La configuración inicial y el soporte de las mismas será dada por el área de Tecnologías de la Información del colegio.
COMUNIDAD EDUCATIVA
Actualmente, la institución se conforma de mil 300 estudiantes, procedentes de alrededor de 990 familias. Además, hay 125 docentes y casi 200 trabajadores, incluyendo personal de servicio y administrativos.
“La relación entre los padres y el colegio al inicio fue muy dura. Era necesario que comprendan la realidad que afrontábamos las instituciones educativas, pues nos habíamos preparado para una modalidad presencial y tener que asumir de pronto una virtual fue complicado. Nadie podía haber previsto esto ni tener la solución”, indicó.
Sin embargo, destacó que con el paso de los meses la relación con los padres ha mejorado y, al igual que los alumnos, han sido también capacitados en el uso de las plataformas digitales. Además, la entrega de las computadoras portátiles ha sido motivo para que los directivos puedan conversar con algunos de ellos.
Pensiones
Por otro lado, Marín Sojo indicó que se adoptó una política de reducción de pensiones en los cuatro colegios regentados por la Orden de San Agustín. Así, en marzo se redujo un 50 %; en abril, 40 %; y desde mayo, 25 %.
“La pandemia nos golpeó a todos y, como institución educativa, no hemos sido ajenos a la situación, pero podemos rescatar que la orden agustina ha funcionado como comunidad, que es uno de nuestros valores. Buscamos el bienestar de los maestros, estudiantes y padres de familia, por eso fuimos el primer colegio en todo el departamento que ofreció los descuentos en las pensiones, a raíz de un minucioso análisis que hicimos a nivel de todos los colegios de la orden”, manifestó.
Si bien reconoció que el índice de morosidad es un poco más alto del que habían estimado, aseguró que valoran el esfuerzo que hacen los padres de familia por cumplir con las pensiones, aunque es un hecho que este año y el próximo tendrán un déficit económico.
Por último, destacó que hace poco cumplieron 54 años de vida institucional, lo cual fue celebrado con diversas actividades realizadas de forma virtual.
"Deseamos mantener el estándar de calidad. Esa es la propuesta de la orden. En tiempos cambiantes se requiere también de nuevas implementaciones y la tecnología es una de estas", concluyó.
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Tras las críticas recibidas por la implementación de una ciclovía que, aparentemente, no cumpliría con las especificaciones necesarias para ubicarse en una calle angosta, Julio Huertas Ciurlizza, alcalde Reque, señaló que este es un proyecto piloto que busca alcanzar dos kilómetros de ciclovía. Por el momento, la instalada en la calle Balta de dicha jurisdicción es complemento de una vía peatonal.
El burgomaestre aseguró que, a raíz de la pandemia, se logró cercar 14 sectores de Reque, fruto de lo cual se advirtió la necesidad de hacer una zona comercial segura a una cuadra a la redonda del centro del distrito, donde se ubican tiendas comerciales, el centro de abastos y las oficinas de Electronorte, EPSEL y el Banco de la Nación. En virtud de ello, nació la propuesta de un proyecto de ciclovía de dos kilómetros que nace en la Prolongación Atahualpa, sector poblacional La Esperanza, con la intersección de la acequia principal.
PEATONALIZACIÓN
Indicó que en el tramo de la ciclovía que pasa por la calle Balta, entre las calles Real y Diego Ferré, se determinó que su uso sea exclusivamente peatonal, dada su estrechez. El resto de los dos kilómetros que contempla el proyecto de ciclovías, cuyo trazo tiene más de siete metros de ancho, sí continúa abierta para los vehículos.
“La idea es que este trazo de la ciclovía sea como una avenida colectora, donde converjan de forma segura quienes vengan de la zona este del distrito como Monte Grande, La Calera, Siete Techos, Nuevo Paraíso, Potrero, Puerto Arturo y otros sectores. Luego pasarán por la zona céntrica de Reque, que es la calle Balta, la cual ya no es vehicular, sino peatonal. Planteamos una visión de ciudad sostenible, cuyo progreso no se define por el mayor flujo de automóviles”, precisó.
Destacó que se ha concientizado a los vecinos de la calle Balta por donde pasará la ciclovía para recortar las rampas de sus cocheras y en una sola casa se ha instalado una rampa provisoria, a fin de no afectar a los moradores ni a los ciclistas que transitarán por dicha vía.
“Este es un proyecto piloto. En junio hicimos una jornada de mantenimiento de bicicletas y llegaron cerca de 150 personas. El año pasado realizamos una actividad denominada ’Conoce tu distrito en bici’, en la que participaron 120 ciclistas. Este año repetimos la misma actividad y acudieron 200”, anotó.
Refirió que también se ha reubicado algunos paraderos de mototaxis. Actualmente, hay 450 de estos vehículos menores agrupados en ocho comités formales.
PROYECTOS
Por otro lado, el burgomaestre exhortó a las autoridades del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que definan las coordenadas exactas por las que pasará la Autopista del Sol en Reque, para proseguir con la liberación de los terrenos que se verían afectados por esta vía. Sobre el particular, aseguró que ya la comuna ha conversado con algunos agricultores y no hay inconveniente por parte de ellos para esta labor.
“Necesitamos la decisión política de nuestro presidente y su ministro de Transportes para que interpongan sus buenos oficios y la autopista se haga realidad. No puede ser que vengamos de Trujillo, y en el kilómetro 760, se haga un embudo para llegar a Reque. Antes, ir de Reque a Chiclayo tardaba 15 minutos, pero ahora el trayecto se hace en más de media hora, porque para el distrito la vía apenas tiene 10 metros de ancho. No es posible que en Trujillo la autopista ya esté casi al 100 %, en Piura lo mismo y acá no llega ni al 20 %”, cuestionó.
En tanto, precisó que como comuna distrital han retomado las gestiones para la instalación de las celdas transitorias en lugar del botadero de basura. El objetivo – indicó – es que luego se cierren todos los botaderos ubicados en el kilómetro 760 de la carretera y, a futuro, se establezca la planta de tratamiento de residuos sólidos. Sin embargo, subrayó que es la Municipalidad Provincial de Chiclayo la responsable de esta labor.
Basta con hacer un rápido tour por la oferta inmobiliaria existente en las redes sociales para notar que el crecimiento urbano de nuestra ciudad ha quedado totalmente condicionado al libre albedrío de comerciantes del suelo que hoy en día viven un festín de ventas y gananciales, informales disfrazados de empresas inmobiliarias, que sin respetar ningún procedimiento, lotizan el suelo agrícola e incluso el suelo no apto para ser urbanizado y lo venden como urbano a vista y paciencia de las autoridades que deberían impedir y sancionar tamaña osadía.
Sin bien es cierto este no es un problema local, sino también, de las principales urbes en Latinoamérica, también es cierto que en los últimos años en nuestra provincia esta problemática está tomando una magnitud y complejidad sin precedentes, puesto que sumado a las pre existentes dificultades para alojar a sus residentes dentro una oferta formal y digna acorde a los planes que regulan el uso del suelo, hoy en día florece un mercado informal que está rebasando notoriamente cualquier capacidad de respuesta por parte de nuestras autoridades.
¿Cuáles son las causas de este desorden?
Pregunta difícil de responder, puesto que los factores son múltiples y entre los principales tenemos:
ESCASO CONTROL GUBERNAMENTAL
Muchos piensan que el problema principal es la falta de planificación, pero debemos tener en claro que un plan urbano no puede por sí solo guiar el proceso de urbanización y menos evitar asentamientos informales; Así pues, mientras se planifica y trata la falta de infraestructura básica y servicios públicos, nuestras municipalidades deben considerar políticas que detengan o disminuyan la velocidad a la que crece la informalidad urbana en sus diversas dimensiones, deben implementar medidas urgentes de control urbano, también debe existir control de las autoridades jurisdiccionales en cuanto al cuidado del medio ambiente, el código penal establece para aquellos que infringen la ley: Artículo 311 .- Utilización indebida de tierras agrícolas, cuando sin la autorización de cambio de uso, se utiliza tierras destinadas por autoridad competente al uso agrícola con fines de expansión urbana, sanción de pena privativa de libertad no menor de dos años ni mayor de cuatro años.
Mención especial debe tener aquellas habilitaciones que teniendo licencia se han ejecutado sobre zonas no aptas para hacerlo, como alguna ubicada entre Chiclayo y Picsi, donde la planificación contempla zona agrícola intangible. Sin embargo, se han autorizado urbanizaciones. Habría que indagar cómo consiguieron sus licencias y si algún funcionario autorizó el cambio de uso.
EXCESIVA CARGA BUROCRÁTICA
A pesar deque en nuestro país desde hace algunos años se realizan enormes esfuerzos para impulsar políticas de simplificación administrativa y acceso a la vivienda de interés social, es evidente que los funcionarios encargados de cumplir con las políticas diseñadas, están desde hace un tiempo en otra sintonía.
La judicialización de lo administrativo ha convertido a los funcionarios en temerosos que requieren de innumerables informes y seguridades para firmar un certificado, una licencia y peor si se trata de un contrato público.
Hemos llegado al colmo que, prefieren ser denunciados administrativamente para que un juez les ordene firmar los documentos, a cumplir con su deber y firmar, autorizar los proyectos y ejecución de obras, puesto que esto constituye una posibilidad de ser posteriormente investigados por corrupción.
Entonces, sí dentro de nuestro modelo económico es el sector privado el llamado a responder a la creciente demanda de vivienda, la tarea se torna doblemente difícil si además de combatir la competencia desleal generada en la informalidad, el empresario formal, debe lidiar también con la incapacidad del estado para responder adecuadamente a los requerimientos técnicos y administrativos de la demanda.
Es relevante en nuestra región la notoria incapacidad de nuestra EPS de saneamiento: EPSEL y de los municipios para anticipar, articular y ejecutar las políticas de suelo aprobadas y vigentes en nuestra planificación urbana. Basta con solicitar un certificado o licencia en cualquier municipalidad o un certificado de factibilidad de servicios en EPSEL para encontrar el factor más estimulante de la urbanización informal, justo en las instituciones que deberían combatir para frenarla.
ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA
Debemos tener claro que si bien nuestro modelo económico otorga un rol fundamental a la inversión privada para el desarrollo de la oferta necesaria, también es cierto que establece el rol promotor y estratégico del sector público para cumplir con los objetivos de desarrollo y bienestar común.
El acceso a suelo urbanizable es una de las bases fundamentales para el desarrollo de vivienda social y en este esquema participan tanto el sector público como el privado, su oferta y disponibilidad influirán definitivamente en los precios, que es, al final, el factor determinante en la forma de ocupación del territorio. Solo mediante la intervención e inversión pública estratégica el empresariado formal podrá superar la ‘industria informal’ que persiste y presenta un desafío a nuestras ciudades.
En nuestra provincia desde el año 1992 en el que se aprobó el Plan Director Chiclayo 2020, así como el Plan de Desarrollo Urbano que se aprobó en el año 2016, se contempla lo que es una realidad a simple vista: la ciudad de Chiclayo esta conurbada (Chiclayo, José Leonardo Ortiz, La Victoria) y en crecimiento hacia Pimentel, San José, Pomalca, Reque y Lambayeque, por lo que resulta totalmente revelador que a pesar de la claridad del panorama, el conocimiento previo y notoria demanda, la EPS de agua y saneamiento local (EPSEL), hasta la fecha no haya resuelto la oferta de agua que permita a la ciudad ofrecer alternativas viables que compitan al modelo de desarrollo informal en curso.
Según EPSEL, para superar estas falencias, necesita financiamiento de un proyecto cuya inversión es de 99 millones 293 mil 367.74 soles. Con este se busca captar dos mil 500 litros por segundo, que permitirían cubrir la demanda actual de nuestra provincia.
Para ello se canalizará gran parte del recorrido del abastecimiento, mejorando las condiciones hidráulicas del flujo del agua cruda hacia Bola de Oro. Asimismo se busca evitar la pérdida del líquido entubando desde Bola de Oro hasta Boró, lo que garantizará un caudal constante y evitará pérdidas por infiltración o robo de agricultores. El proyecto contempla también la renovación de la línea de 40” desde Boró a la Planta de Chiclayo mediante una tubería a presión, lo que permitirá mayor volumen de flujo de agua cruda que garantizará el líquido elemento por 20 años.
ESCASA OFERTA DE VIVIENDA SOCIAL
El gobierno central, a través del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, viene promoviendo el acceso a la vivienda, a través de programas como Adquisición de Vivienda Nueva (AVN) y Construcción en Sitio Propio (CSP). Sin embargo, aún es difícil para nuestros ciudadanos acceder a ellos, ¿por qué?
Adquisición de Vivienda Nueva: A través de este programa el estado fija topes al costo final de la vivienda y otorga bonos a los beneficiados para que accedan a ella. Sin embargo, la falta de inversiones en nueva infraestructura ocasionan escases de suelo habilitable y/o encarecimiento para la dotación de servicios, lo que hace materialmente imposible para el sector privado cumplir las expectativas de precio del programa, dejando sin atender a una población que sucumbe por necesidad ante la oferta informal, cerrando un círculo vicioso que impide su propio desarrollo.
Construcción en Sitio Propio: A través de este programa, el Estado otorga un bono a los propietarios de un lote para que construyan su vivienda. Lamentablemente esta situación ha sido aprovechada por el sector informal para vender sus informales lotes no urbanos, los mismos que luego no pueden ser materializados en la vivienda soñada, puesto que los lotes carecen de servicios mínimos requeridos por el estado (luz, agua y desagüe) y no pueden ser materia de subsidio alguno.
Como abreviadamente relato, el problema es amplio y difícil y se incrementa día a día, por lo que deben buscarse soluciones inmediatas en primer lugar para frenar, detener o disminuir la velocidad a la que crece la informalidad urbana. Nuestras autoridades locales deberán actuar de la mano con la fiscalía ambiental para enfrentar de una buena vez este flagelo.
Por otro lado, es necesario impulsar la gestión de los funcionarios encargados de suscribir proyectos y licencias, debe primar el debido proceso y el cumplimiento de plazos y requisitos. No se puede seguir cargando el peso de su inseguridad y la burocracia al inversionista, al ciudadano. Los funcionarios deben agilizar no entrampar los procedimientos.
Asimismo, las autoridades deberían apoyar la gestión de la EPS EPSEL para el financiamiento de los proyectos que permitan responder adecuadamente a la planificación y demanda de nuestra metrópoli y, por último, al encontrarnos actualmente en un proceso de planificación deberían quedar establecidas zonas especiales destinadas en forma exclusiva a la construcción de viviendas de interés social (VIS), zonas que deberán ser dotadas de la infraestructura mínima para que a partir de allí, el sector privado pueda competir y poner la vivienda al alcance de los que menos tienen.
(*) Arquitecto.
Leyendas:
El director de la Escuela Superior de Formación Artística Pública Ernesto López Mindreau, Eriberto Flores Ramos, denunció las dificultades por las que atraviesan los alumnos de esta institución para desarrollar sus clases, sobre todo por las condiciones de conectividad y la dinámica de enseñanza, que es un 80 % práctica y solo 20 % teórica.
Flores Ramos manifestó que antes de la pandemia la institución contaba con alrededor de 550 alumnos, pero actualmente bordea los 480, lo que representa una deserción de casi el 15 %. Del total de estudiantes, cinco se contagiaron del Covid-19 y uno falleció, proveniente del distrito de Salas.
"Muchos alumnos han pedido licencia por razones de conectividad. Los operadores de Internet no están a la altura de las circunstancias. En plena sesión la plataforma los expulsa de la clase o a los jóvenes se les cuelga la Internet. Otras veces las clases se postergan porque el docente no tiene el porcentaje mínimo de alumnos para trabajar", contó.
ACCIONES
Flores Ramos afirmó que ya ha comunicado a la Gerencia Regional de Educación que un grueso de alumnos debe utilizar sus celulares para conectarse a las clases, lo cual les demanda el uso de datos móviles, lo que supone un gasto adicional para su economía.
Señaló que inicialmente el Ministerio de Educación les proveyó de una plataforma digital para desarrollar sus clases, pero esta era muy lenta, por lo cual optaron por trabajar con ‘Zoom’. Según la autoridad de la escuela, el 30 % de la población estudiantil proviene de Bagua, Chota, Cutervo y Santa Cruz, zonas donde la conexión no es la mejor.
"Estamos dando clases de reforzamiento y oportunidades a los alumnos. Muchas veces el mismo profesor tiene que llamarlos para tomarles los exámenes orales. A nosotros se nos dificulta porque las clases de ejecución de instrumentos musicales son personales y el docente debe guiarles en cuanto a posición, interpretación, matices, y eso es dificultoso, porque hay segundos de diferencia en el retorno del audio por Zoom. Por ello, hemos decidido que lo teórico se desarrolle por Zoom y lo práctico, a través de videollamada de WhatsApp", manifestó.
Asimismo, precisó que actualmente en la institución laboran 24 docentes (20 nombrados y cuatro contratados). Sin embargo, les faltan por lo menos cuatro plazas más, pues - si bien por norma cada profesor debe tener 20 horas de dictado - en la Escuela de Música Ernesto López Mindreau hacen hasta 12 adicionales, debido a la naturaleza personalizada de la enseñanza.
"Hay alumnos que tienen sus propios instrumentos musicales en casa, pero - por ejemplo- los de clases de piano han debido adaptar sus órganos convencionales a un sistema de teclas, pues es difícil que todos tengan un piano en casa. Así, el profesor les brinda la técnica y se cumplen con las capacidades programadas", refirió.
INFRAESTRUCTURA
Por otro lado, aseguró que la infraestructura donde funciona actualmente la escuela de música está considerada como de alto riesgo por Defensa Civil, por lo cual exhortó al gobierno regional a darle celeridad a la gestión para que se construya la nueva sede de la escuela, en el terreno cedido por el Ministerio de Educación, a la altura de la segunda etapa de la Urbanización Miraflores.
Refirió que el servicio de guardianía se mantiene perenne, tanto de día como de noche, a fin de custodiar los instrumentos musicales que se albergan en la institución, los mismos que ya han intentado ser robados en otras ocasiones. Sumado a ello, hay un personal delegado que acude dos veces por semana a la escuela a darle mantenimiento a los instrumentos.
En tanto, refirió que este 24 de octubre se desarrollará un concierto virtual con la participación de los alumnos más destacados, con motivo del aniversario número 96 de la Escuela Superior de Música Ernesto López Mindreau.
El 7 de mayo de 1924, Víctor Raúl Haya de la Torre fundó en México, junto a los estudiantes de la Universidad Autónoma, la Alianza Popular Revolucionaria Americana - APRA, con la intención de formar un movimiento político de alcance continental. Posteriormente, en 1930 se fundó en Lima el Partido Aprista Peruano - PAP, organización que el pasado 20 de septiembre cumplió 90 años de historia.
Al respecto, Humberto Falla Lamadrid, excongresista del Partido Aprista, destacó que el programa de Haya de la Torre fue innovador en su momento, pues abarcaba temas como la reivindicación de las mujeres, los campesinos, estudiantes y la lucha antiimperialista.
"En 1991 fui a Washington y en el frontis de la Organización de los Estados Americanos había un busto de Haya de la Torre junto a Simón Bolívar. Eso ratifica la importancia que tuvo el líder aprista en torno al programa continental que formuló respecto a temas como el antiimperialismo, que él discutió en el Primer Congreso Antiimperialista que se desarrolló en 1927, en Bélgica", recordó.
IRREGULARIDADES
En esa línea, denunció que el PAP ha perdido la condición de partido escuela, cuya responsabilidad - a su juicio - es de la cúpula que lo dirige. La desorganización del PAP es tal, que él no aparece desde el 2011 en el padrón de militantes, según denunció.
"El Jurado Nacional de Elecciones ha hecho bien en desconocer al Comité Ejecutivo Nacional, pues su elección fue a puertas cerradas en el XXV Congreso Nacional, donde a mí no me dejaron entrar. Invoqué mi condición de exparlamentario para por lo menos ingresar como delegado fraterno, pero tampoco me lo permitieron. Se ha hecho bien en desconocer la comisión política de Mauricio Mulder y de Velásquez Quesquén. Estoy preparando mociones de orden del día para que, cuando se convoque a un evento nacional partidario, fustigar a toda esa costra dirigencial que nos ha puesto en esta situación", señaló.
PARTIDO ESCUELA
Por su parte, Martín Bernabé Rivera, miembro de la Juventud Aprista, mencionó que muchos militantes del PAP se han centrado en ser "electoreros", descuidando que el mensaje programático del partido llegue a las organizaciones comunales, la sociedad civil y los vecinos en general. No obstante, mencionó que esta responsabilidad no es exclusiva de la dirigencia actual, sino también de las que la precedieron.
"Haya de la Torre concebía al partido como una herramienta de transformación popular. Para que suceda eso debemos volver a ser una escuela de ciudadanía. El PAP se entiende primero como una fraternidad, luego como una escuela y recién después como un partido. Esa es la gran triada que muchos compañeros parecen haber olvidado", refirió.
Aseguró que muchos militantes de trayectoria se benefician de quienes inician en el partido, pues en vez de educarles en el pensamiento aprista los mueven hacia cuestiones personales.
"No importa si ganamos varios gobiernos subnacionales, si en las redes sociales y universidades no sentamos una posición fuerte y permitimos que se nos siga maltratando por responsabilidades que no sabemos resolver en casa. Los compañeros ya no son fraternos. Se están atomizando", acotó.
En tanto, Falla Lamadrid denunció que la Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – RENIEC, y el Jurado Nacional de Elecciones – JNE, no cumplen adecuadamente con su labor, fruto de lo cual hay 24 organizaciones políticas, muchas de las cuales se han inscrito con firmas falsas, haciéndole daño al sistema de partidos.
"La ONPE, el RENIEC y el JNE deben irse a sus casas. La primera reforma debe ser la electoral, solo así tendremos buenas autoridades. Hemos tenido (en el JNE) a un árbitro ciego, cómplice y alcahuete que permitió que los partidos se autoposicionen en Lambayeque como lo hizo Javier Velásquez durante 25 años en el Parlamento, manipulando al Comité Ejecutivo Regional y adulterando las actas de las elecciones internas", denunció.
