El abogado Norbel Mondragón Herrera, presidente de la Comisión de Desarrollo, Solidaridad y Justicia – COSDEJ, refirió que en lo que va de la emergencia sanitaria cuatro dirigentes medioambientales han sido asesinados, lo que evidencia el grado de desprotección que viven las comunidades indígenas en el país.
“En lo que va de la pandemia hay cuatro dirigentes medioambientales asesinados y nadie dice nada. Eso es lamentable. Miremos lo que pasó en Chaparrí, cuando mataron a un guardabosque que se oponía a que esa reserva sea colonizada y depredada”, señaló Mondragón Herrera en referencia a Napoleón Tarrillo, comunero de Chongoyape, cruelmente asesinado en el 2018.
El crimen más reciente fue contra Roberto Carlos Pacheco Villanueva, líder forestal de Madre de Dios, asesinado el 11 de septiembre pasado. Pacheco Villanueva, de 34 años, era hijo del conocido ambientalista Demetrio Pacheco, y fue asesinado cuando salió a recorrer su concesión forestal ubicada en la margen derecha de la carretera Interoceánica.
El líder ambientalista murió tras recibir dos disparos, uno de ellos en la cabeza. Junto con su padre, había denunciado ser víctima de amenazas de muerte por parte de invasores ilegales que ingresaban a su propiedad.
En abril fue asesinado Arbildo Meléndez Grandes, jefe de la Comunidad Nativa Unipacuyacu (Huánuco).
Según Ojo Público, Arbildo Meléndez salió de su comunidad, ubicada en el distrito de Codo del Pozuzo, provincia de Puerto Inca, en busca de provisiones. Unas horas después fue hallado muerto en medio del bosque con un disparo en el cuerpo. El apu cacataibo solicitaba desde hace varios años la titulación de tierras de su comunidad y ello había generado disputas con invasores que lo habían amenazado de muerte en reiteradas ocasiones.
DESATENCIÓN DEL ESTADO
Norbel Mondragón, reconocido activista de los derechos humanos, añadió que la situación actual de las comunidades nativas y los pueblos originarios es preocupante, mientras que la respuesta del Estado no es suficiente para atender sus demandas, que tienen que ver con problemas que se arrastran desde antes de la pandemia por el Covid-19.
“El Estado no solo debe tener consciencia de ello, sino también sensibilidad. De nada o poco ha servido la intervención estatal respecto a la pandemia. Antes de la pandemia estas comunidades ya tenían problemas de educación, salud y accesibilidad, así como de contaminación severa por los derrames petroleros. Nosotros aún no somos conscientes que la fuente de vida de esas comunidades es el espacio en el que se encuentran, sus bosques y sus ríos. Sin embargo, estos son talados o contaminados por la explotación petrolera o la minería ilegal”, denuncia.
Añadió que la inadecuada atención de los problemas de los pueblos originarios es caldo de cultivo para nuevos conflictos sociales.
Según la Defensoría del Pueblo, hasta mayo de este año había 188 conflictos sociales en el país.
“Realmente es trágico, una realidad que vive el país, pero que no sabemos observar y entender. Es lamentable que los gobierno poco o nada han hecho, por eso es que nacen los conflictos sociales. Felizmente el Tribunal Constitucional ha manifestado que el derecho a la protesta no puede ser relacionado al delito de extorsión. Que haya actos vandálicos o violentos en determinados casos, debe ser castigado, pero no el hecho de reclamar por derechos constitucionales como el derecho a la vida, a la salud, a la educación, a la vida digna o al agua”, enfatizó.
MUERTE DE SANTIAGO MANUÍN
Mondragón Herrera lamentó que una de las víctimas mortales del Covid-19 sea el dirigente awajún Santiago Manuín Valera, uno de los líderes de la protesta indígena contra los decretos aprobados en el segundo gobierno de Alan García Pérez para impulsar la inversión privada en el territorio amazónico.
Manuín Valera fue trasladado a Chiclayo, falleciendo el 1 de julio en el Hospital Luis Heysen Incháustegui de EsSalud.
“He tenido la suerte de trabajar como abogado, durante nueve años, litigando en el caso del Baguazo y conocer la realidad del mundo awajún, wampis y amazónico, que es interesante, porque tiene otra formación de ciudadanía. Frente a la pandemia estas son algunas de las poblaciones más vulnerables y lamentable que pese a su clamor de ayuda, el Estado tenue y tímidamente ha podido asistirlas. Lamento la pérdida de quien yo defendí en su momento, como es Santiago Manuín Valera, una persona preclara, gente valiosa para el bienestar y desarrollo de los pueblos, en este caso de los pueblos indígenas”, manifestó.
El coordinador de la Asamblea de Delegados de las Organizaciones de la Sociedad Civil – ADOSCIL, Jorge Alarcón Gasco, lamentó que el Gobierno Regional de Lambayeque, no haya informado la manera en la que se ha formulado el presupuesto para el 2021, pese a que la ley exige que la estructuración debe ser participativa.
El Proceso de Presupuesto Participativo es un mecanismo de participación ciudadana, en el que a través de acuerdos y compromisos concertados por actores de las distintas entidades del Estado y representantes de la sociedad civil, participan en la toma de decisiones de la orientación de recursos disponibles de la región, especialmente de gastos de inversión; tomando en cuenta la visión y los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Regional Concertado y la Ley Nº28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo.
Alarcón Gasco comentó que si bien el gobierno nacional dispuso que se suspendan las sesiones de trabajo presenciales, debido a la emergencia sanitaria, sí recomendó que se implementé una plataforma virtual en la que la sociedad civil pueda participar en la discusión del presupuesto para el próximo año. Sin embargo, esto no ha sucedido en Lambayeque.
“Justo en la etapa de convocatoria del proceso del presupuesto participativo se declaró la emergencia sanitaria y lamentablemente el gobierno regional, a través de su oficina de informática, no ha podido implementar una plataforma para sostener sesiones virtuales con las organizaciones de la sociedad civil conforme lo planteó el gobierno. Es lamentable que esa capacidad no haya tenido el gobierno regional”, cuestionó.
SIN INFORMACIÓN
Lo preocupante es que el presupuesto para el próximo año ya fue elaborado y remitido al Congreso de la República, sin que haya existido coordinación con la sociedad civil.
“Se ha elaborado el presupuesto. Sin embargo, nosotros no tenemos conocimiento real de lo que se ha aprobado, pese a que le hemos pedido al gobernador Anselmo Lozano que nos alcance los avances de la formulación. Sabemos que el presupuesto de Lambayeque para el 2021 ya está en el Congreso, pero no conocemos qué proyectos se están priorizando. Como sociedad civil habíamos señalado que la prioridad debía centrarse en salud y educación, sobre todo en cuanto a infraestructura y equipamiento. En cuanto a salud expusimos la necesidad de fortalecer el primer nivel de atención con postas médicas y centros de salud”, manifestó.
Añadió que no se ha alcanzado la documentación requerida sobre el presupuesto del 2021 respecto a infraestructura.
“Debieron realizarse las reuniones virtuales pero no pasó, quizá porque no tienen los técnicos, la capacidad o porque no han querido. La emergencia no impedía que a través de las plataformas virtuales se pueda tener sesiones de trabajo con el Consejo de Participación Regional, con el gobernador y los funcionarios”, enfatizó.
Alarcón Gasco recordó que en años anteriores el presupuesto regional ha sido modificado para atender aspectos no esenciales en la atención de necesidades de la población, como la compra de canastas o tarjetas de consumo para los trabajadores de sectores como Salud y Educación, o el pago de sueldos.
NORMATIVIDAD
El artículo 4° del Decreto de Urgencia Nº 057-2020, publicado el 19 de mayo pasado, estableció la suspensión del proceso de presupuesto participativo, disponiendo que durante el año fiscal 2020 se suspenden las actividades del proceso de presupuesto participativo regulado por la Ley Nº 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo, con el fin de contribuir a las medidas de aislamiento social en el marco de la emergencia sanitaria nacional, salvo en aquellos gobiernos regionales y gobiernos locales que tengan implementados mecanismos de tecnologías digitales que permitan la participación de la población, asegurando la participación inclusiva y representativa de todas las organizaciones y ciudadanos, o en aquellos gobiernos regionales o gobiernos locales en las cuales ya se realizó el proceso de presupuesto participativo.
Luego de seis años de arduo trabajo, los médicos veterinarios lograron el pasado jueves la aprobación de una autógrafa que los reconoce como profesionales de la salud. En virtud de ello, Bruno Becerra Oliva, decano del Colegio Médico Veterinario de Lambayeque, destacó la importancia de visibilizar el aporte de estos profesionales a la salud pública con el control de enfermedades zoonóticas.
Becerra Oliva manifestó que el 60 % de las enfermedades infecciosas en las personas proviene de origen animal, mientras que la estadística aumenta al 75 % cuando se habla de enfermedades emergentes, por lo cual era necesario reconocer al médico veterinario como un profesional de la salud, dada su contribución a la prevención, el estudio y el control de enfermedades zoonóticas.
"Si no hubiese un veterinario en un camal podría llegar a la mesa de los ciudadanos un filete de carne de un animal enfermo, lo cual sería perjudicial para el consumidor. Si no hubiese un veterinario que desparasite a las mascotas, sus dueños correrían el riesgo de padecer una enfermedad parasitaria, por eso es tan importante esta ley", añadió.
Agregó que, en lo que va de esta emergencia sanitaria, la orden profesional ha sido requerida por parte del Consejo Regional de Decanos - CONREDE, para brindar su opinión técnica respecto a la invermectina, medicamento de uso veterinario y que es usado para el tratamiento del Covid-19.
Apuntó que, a nivel nacional, han fallecido 14 médicos veterinarios durante lo que va de la emergencia sanitaria, de los cuales seis están registrados en Lambayeque. Actualmente, la orden congrega a mil 200 profesionales colegiados.
UNPRG
Por otro lado, refirió que como colegio profesional les preocupa la situación de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, la cual "se ha quedado un poco en el tiempo".
"Siempre hemos apoyado a la universidad en cuanto al desarrollo de la facultad (Medicina Veterinaria) y al perfil del médico veterinario que egresa. Vamos a seguir haciéndolo, porque tenemos que remar hacia la excelencia, sumar a una mejora en la educación. Los tiempos han cambiado, van modernizándose y la medicina veterinaria ha tenido un crecimiento muy rápido, pero la facultad se quedó un poco en el tiempo. Esto va a servir como aprendizaje para que mejoremos a futuro y el colegio estará allí cuando nos necesiten", aseguró.
Control sanitario
Consultado sobre el proyecto de ley presentado en el Congreso para que la esterilización de perros y gatos sea considerada como una política de salud pública, aseguró que el problema con dicha iniciativa es que no se ha reparado en lo riesgoso de esa cirugía, la cual debe realizarse con unas condiciones mínimas de asepsia.
"Se quiere capacitar a técnicos para que realicen la cirugía de esterilización. Eso es como pedirle a una persona que no es médico que le ligue las trompas a una mujer. Sí, es importante controlar a los perritos de la calle, pero con las medidas correctas, con el cuidado quirúrgico y el ambiente adecuado. Si uno de estos siente dolor durante la intervención ya se está yendo contra la ley de protección animal. Los únicos que pueden esterilizarlos son los veterinarios", expresó.
Subrayó que, al disminuir los perros en las calles, también disminuirá el índice de rabia, leptospirosis y parasitosis.
Asimismo, indicó que las municipalidades están obligadas, por ley, a tener albergues para perros callejeros, lo cual no se cumple. Anotó que la Municipalidad Provincial de Chiclayo ya cuenta con un consultorio veterinario, pero eso no es suficiente aún.
"El principal problema no son los perros, sino los propietarios. Esto es un tema de educación. Podemos retirar a los perros de la calle, pero si la gente sigue siendo irresponsable entonces no los cuidará, no los esterilizará y seguirá habiendo ejemplares en la calle. La solución a corto plazo es el albergue, a mediano sacarlos de la calle, pero a largo plazo es la educación. El Ministerio de Educación debe poner énfasis en educar a los niños para que sean responsables con el cuidado de las mascotas", opinó.
En tanto, comentó que sí existen veterinarios en los camales municipales, pero ellos trabajan "contra la corriente", pues en estos establecimientos no se cumplen con las condiciones necesarias, en virtud de lo cual la orden profesional coordina acciones con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria.
Desde que Izquierda Unida presentase a Alfonso Barrantes Lingán como candidato a la presidencia en las elecciones generales de 1980, las agrupaciones políticas de izquierda no han podido generar consensos para presentar una candidatura única. En aras de lograr esta anhelada unificación se ha conformado la Coordinadora Política Popular, organización fundada con base en la Central Única de Rondas Campesinas del Perú - CUNARC, y que ya se alista para participar en los comicios del próximo año, según señaló Duberlí Rodríguez Tineo, expresidente del Poder Judicial y miembro de la Comisión Política de la citada agrupación.
Al respecto, el exmagistrado señaló que la coordinadora surgió por iniciativa suya y de Santos Saavedra Vásquez, quien preside la CUNARC. La intención – manifestó – es que confluyan no solo las agrupaciones de izquierda, sino personas ligadas a dicha posición, tanto de la ciudad como del campo, que no tienen militancia en ningún partido o que la tuvieron, pero se desligaron por considerar que las organizaciones políticas con el tiempo se “burocratizaron”.
“Apoyándonos en las rondas campesinas, que agrupan a cerca de dos millones de personas, hemos formado la Coordinadora Política Popular, en la que Santos Saavedra Vásquez es el coordinador, y yo soy parte de la Comisión Política. En un mes de existencia ya tenemos bases regionales en Piura, San Martín, Amazonas, Lima, Huánuco, La Liberad, Tacna y Lambayeque, donde la lidera Humberto Monsalve”, anotó.
UNIDAD
Rodríguez Tineo afirmó que la Coordinadora nació para promover “la unidad del campo popular” y brindarle la oportunidad de participar en política a nuevos cuadros. La intención es participar en las elecciones generales del próximo año con una sola candidatura en la que confluyan todas las agrupaciones de izquierda, lo cual les permita ganar el gobierno y ser mayoría en el Congreso.
"La unidad de las izquierdas se resuelve con democracia interna. Si se unen los fonavistas con Andrés Alcántara, Perú Libre con Vladimir Cerrón, el Frente Amplio con Marco Arana, el FREPAP, el RUNA, que es un partido indigenista, podemos lograr el objetivo. Cuando hemos estado unidos no solo hemos ganado la alcaldía de Lima, sino de Comas, Carabayllo, Independencia, San Martín de Porres y las provinciales de Arequipa, Puno y el sur del país", afirmó.
En tanto, aseguró que las sentencias contra algunos personajes de izquierda, como Vladimir Cerrón y Walter Aduvirí, le preocupan, pues son una suerte de "sicariato judicial", dado que la derecha promovería maniobras para menoscabar a algunos dirigentes afines a su pensamiento.
PROPÓSITOS
Rodríguez Tineo refirió que la organización de la que forma parte es indiferente a la confrontación entre el Ejecutivo y Legislativo, que la semana pasada se acrecentó con el pedido de vacancia del presidente Martín Vizcarra, pues – citando a la Central General de Trabajadores del Perú – esa es una “confrontación interburguesa”.
Afirmó que el objetivo de la coordinadora es “golpear al modelo neoliberal”, que impera en el Perú desde hace 30 años, y cambiar la Constitución, por considerar que respalda una “política de privatizaciones”. En virtud de ello, el programa de la agrupación es darle un rol subsidiario y promotor al estado.
“Desde la década del 90 se acentuó el modelo neoliberal en el Perú con la Constitución de 1993. En esta emergencia, Vizcarra amenazó a las clínicas privadas por no contribuir en la lucha contra el Covid – 19 y la derecha dijo que eso era inconstitucional. En la (Constitución) del 93 hay contratos ley y ahora tenemos, por ejemplo, peajes a la salida de Lambayeque, pero quien los cobra no es el Ministerio de Transportes, ya que las carreteras se han privatizado. Lo mismo ocurre con la luz eléctrica, cuya empresa chilena proveedora del servicio cobra las tarifas más caras del mundo y no se puede hacer nada. Puede venir cualquier presidente, pero el tema de fondo no va a cambiar”, opinó.
Finalmente, aseguró que el socialismo a nivel mundial no ha muerto, pues hay ejemplos como Cuba, Nicaragua, China, Vietnam y Uruguay, cuyos resultados se aprecian incluso en plena emergencia sanitaria.
En diciembre del 2018 se promulgó la Ley N° 30884, Ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables de poliestireno expandido (tecnopor) para alimentos y bebidas de consumo humano en el territorio nacional, a fin de contribuir en la concreción del derecho que tiene toda persona a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida.
Sin embargo, con el inicio de la pandemia por el Covid-19 y la necesidad de garantizar la bioseguridad de las personas y los productos que consume, la utilización del plástico de un solo uso se ha incrementado considerablemente.
Al respecto, el abogado Edson Espinoza Meléndez, especialista legal de la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de la Producción, señala que una de las consecuencias directas de la emergencia sanitaria es el incremento en la producción de residuos sólidos, muchos de ellos contaminados.
IMPACTOS
“Cuando se inició la cuarentena empezamos a ver un panorama muy grato, como la presencia de delfines en la Costa Verde, en Lima, aves costeras y un mejoramiento de las condiciones ambientales a nivel mundial. Sin embargo, con el tiempo se ha evidenciado que esta situación de emergencia sanitaria ha generado una sobredemanda de plásticos de un solo uso y de productos químicos para la limpieza y desinfección”, refiere.
Comenta que si bien la ley establece una regulación estricta del uso de plásticos, esta considera algunas excepciones cuando se trata de situaciones de salud.
“Desde la promulgación de la ley en diciembre del 2018 y la aprobación del reglamento, el año pasado, empezamos a ver una conducta positiva, aunque forzada, para darle un respiro al planeta respecto al uso de los plásticos. La ley de regulación señala que una de las excepciones es el uso de plásticos por razones de higiene, seguridad y salud. En consecuencia, es factible invocar dicha excepción ahora que se han reactivado las actividades económicas, sobre todo las referidas a la comercialización de alimentos”, detalla.
Según el Ministerio del Ambiente, al inicio de la emergencia sanitaria, cada ciudadano generaba un estimado de dos kilos de residuos plásticos contaminados (guantes y mascarillas).
“Aún no se ha estimado cuánto plástico se está usando para la protección de los alimentos por el servicio de delivery. Tenemos dos grandes variables: plásticos de un solo uso para productos, y guantes y mascarillas que usa la población”, señala Espinoza Meléndez.
Una manera de estimar los volúmenes de uso de plástico en los servicios de delivery es la recopilación de su promedio de pedidos diarios, semanales y mensuales. Sin embargo, dicha estadística solo es posible recogerla de los establecimientos formales autorizados por el Ministerio de la Producción para el expendio de alimentos a domicilio.
En el Perú, siendo el 70 % de las actividades económicas informales, el cálculo preciso resulta prácticamente imposible.
RESIDUOS CONTAMINADOS
El representante del Ministerio de la Producción indica que otro serio problema es el tratamiento de los materiales plásticos biocontaminados que se producen tanto en las viviendas como en los centros hospitalarios, donde se trata a los pacientes con Covid-19, lo que representa un alto riesgo para el personal de limpieza de las municipalidades, aun cuando de acuerdo a ley estos no están obligados a su recojo, traslado y tratamiento.
La norma vigente relacionada a residuos sólidos señala que las entidades prestadoras de servicios de salud están obligadas a contratar empresas especializadas en el tratamiento de residuos hospitalarios, desligando a las municipalidades de dicha responsabilidad.
“La Defensoría del Pueblo ha hecho mención, en uno de los informes, a la gestión de residuos en el marco del Covid-19. Lo que se advierte es un problema de sobregeneración de residuos contaminados en el domicilio, los cuales terminan siendo gestionados por los servicios municipales, generando un riesgo de contaminación a quienes tienen contacto con estos. De acuerdo a ley, estos deben ser separados de los residuos ordinarios y manejados de manera especial”, enfatiza Edson Espinoza.
Añade que los residuos contaminados deben ser traslados en condiciones especiales a rellenos diferenciales, a fin que sean inertizados.
“Lamentablemente adolecemos a nivel nacional de infraestructura adecuada para el tratamiento de residuos contaminados y solo en algunas ciudades existen empresas que tienen rellenos de seguridad, por lo que la tarea es asumida por los municipios. Sin embargo, esto no exime de que se realicen mecanismos de fiscalización por parte de los entes especializados”, manifiesta.
Dramáticas. Así son las cifras de la deuda social que mantiene el Estado con los docentes jubilados y cesantes de Chiclayo. Expresión conversó en exclusiva con el director de la Unidad de Gestión Educativa Local – UGEL Chiclayo, Ángel Salazar Piscoya, quien señaló que las obligaciones pendientes con los maestros suman 224 millones 181 mil 125 soles, cifra que – aunque se destinara todo el presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas – no podría honrarse.
Piscoya Salazar indicó que el monto asignado este año por la cartera de Economía para el pago de la deuda social del sector educación es de 200 millones de soles, lo cual se distribuye entre todos los departamentos del país. El año pasado, a la UGEL Chiclayo le correspondió 30 millones de soles, cifra que – espera – no disminuya este año.
“Este monto se distribuye de acuerdo a una escala: en primer lugar los que tienen más de 70 años y alguna enfermedad terminal, luego los que tienen más de 60 años y finalmente los menores de 60 que no presentan ningún mal. Es a cuentagotas”, cuestionó.
En virtud de esta realidad es que el Gobierno Regional de Lambayeque destinó los 23 millones de soles de saldos presupuestales al pago de deuda social. De este monto, al sector Educación se destinaron 15 millones que se dividieron entre los casi cinco mil cesantes y jubilados de la UGEL Chiclayo.
DESCENTRALIZACIÓN
Salazar Piscoya propuso que la UGEL Chiclayo se descentralice en tres unidades de gestión para poder atender la necesidad de toda la comunidad educativa, pues es la UGEL más grande del Perú, solo por detrás de Lima Metropolitana. Actualmente, la conforman 140 mil estudiantes y siete mil 713 maestros activos, auxiliares de educación y directivos, distribuidos en las dos mil 100 instituciones educativas (mil 300 públicas y 800 privadas). Si se suma a esta cifra a los cesantes y jubilados, el personal docente alcanza las 12 mil personas.
Además, de las unidades ejecutoras en Lambayeque, la UGEL Chiclayo es la que mayor presupuesto anual maneja (360 millones de soles), y cuenta con una planilla mensual de 23 millones.
“Si se descentraliza la UGEL tendría que dividirse el presupuesto, pero al menos se daría un servicio más oportuno, porque la justicia que tarda ya no es justicia. Cómo es posible que se mueran los maestros esperando el pago de la deuda social. Cuando me dieron la resolución del 35 % que me corresponde como directivo pensé ponerla en mi testamento y esperar que algún día uno de mis nietos lo cobre. Es la realidad de muchos maestros”, resaltó.
Respaldó su propuesta en la gran cantidad de denuncias que recibe la UGEL Chiclayo. Hace nueve meses, cuando inició su gestión, había 25 servidores del sector Educación acusados por delitos contra la libertad sexual, acoso y tocamientos indebidos. De estos, a 23 ya se les culminó el proceso, con sanciones y absoluciones, según cada caso, y hoy solo quedan dos con proceso en curso. Sin embargo, según el inventario, hay procesos en trámite de otros años. Del 2015, por ejemplo, hay 72 casos sin resolver, de los cuales incluso algunos ya prescribieron.
“La UGEL Chiclayo cuenta con solo dos abogados para ver casos de reclamos y otros dos para asesoría jurídica. En otras palabras, ni aunque este personal trabaje las 24 horas del día podría atender todos los procesos. Con poco personal y una gran carga, la UGEL Chiclayo es un lugar donde difícilmente te hacen justicia”, precisó.
Añadió que la UGEL Chiclayo tiene solo 13 especialistas de educación, quienes tienen a su cargo más de mil 500 docentes y 180 instituciones educativas, cada uno, lo cual hace imposible que puedan brindar la orientación oportuna a los directores y maestros.
“Es una labor titánica. Humanamente los especialistas podrán conversar con cada docente una vez al año, mientras que en el resto del país cada especialista tiene como máximo ocho instituciones educativas a su cargo, a las que tranquilamente puede visitar una vez al mes”, precisó.
MÁS DEUDAS
En tanto, Salazar Piscoya refirió que el 35 % de los docentes de la UGEL Chiclayo cuenta con maestrías y el 5 % con doctorado, mientras que la gran mayoría se encuentra cursando sus estudios de posgrado. En virtud de ello, demandó que el Ministerio de Economía y Finanzas haga efectivo el bono que les corresponde a aquellos maestros, a fin de que esto no se convierta en una nueva deuda social.
“En la década del 90 los maestros debían recibir el 30 % por concepto de preparación de clase, pero el Estado nunca les pagó y ellos se vieron obligados a litigar para recibir a cuentagotas lo que les corresponde. Más de 300 maestros (en la UGEL) han fallecido esperando su dinero. Hoy tenemos docentes con más de seis años de haber egresado de sus posgrados y hasta ahora no reciben los 50 mil soles que les prometió el Estado por bono académico”, resaltó.
PANDEMIA
Por otro lado, Salazar Piscoya señaló que en Lambayeque hay más de 35 mil niños y jóvenes que no pueden acceder al servicio educativo. En la UGEL a su cargo, de los 140 mil estudiantes, 11 mil 500 tienen problemas de conectividad, por lo cual demandó que sea el Estado quien corra con los gastos de los datos móviles, necesarios para que los alumnos puedan conectarse a través de sus celulares.
Asimismo, aseguró que las cuatro mil 825 tabletas digitales que ha destinado el Ministerio de Educación – MINEDU, para Chiclayo, son insuficientes, pues no cubren ni el 50 % de la necesidad real, la cual en Ferreñafe y Lambayeque es mucho mayor.
“La adversidad crece porque ya se acabó el dinero del ahorro, del bono y no hay fuente de trabajo. Los padres dejaron de pagar los equipos electrónicos. Esto se agudizará en los próximos meses, porque el hambre y la miseria ya están dando sus primeros resultados. Nuestra expectativa es que las tabletas lleguen la próxima semana, al menos la primera quincena de octubre ya deberían estar acá, porque esta vez el proceso lo ha realizado directamente el MINEDU con la firma Lenovo. Se requieren con urgencia”, remarcó.
Señaló que la UGEL Chiclayo le ha dado a sus docentes el soporte de Google Meet ilimitado y 14 mil correos institucionales (se incluyen maestros de instituciones privadas). Además, todos los días, a través de su canal de YouTube, la UGEL brinda asistencia técnica, socioemocional, pedagógica, legal y administrativa, a la comunidad educativa.
Sumado a esto, apuntó que la UGEL Chiclayo tiene seis psicólogos especializados en convivencia escolar, que están a disposición de los directores de las instituciones educativas que soliciten sus servicios, los cuales se brindan gratuitamente.
PERSPECTIVA
En tanto, precisó que será difícil que en el corto plazo se vuelva a las clases presenciales. Por lo pronto, el próximo año serán semipresenciales. Por ejemplo, los alumnos solo asistirían dos días a la semana al colegio y lo harían por grupos.
Subrayó que será imposible que se cumplan con todas las competencias programadas en el currículo nacional, ya que solo se abarcarán las consideradas básicas y que responden a la problemática de la pandemia.
Exhortó a los directores de las instituciones educativas a darle un buen uso al dinero que reciben por concepto de mantenimiento, pues los colegios que ha visitado se encuentran en malas condiciones. De no ejecutarse, este se revierte al erario público.
“En lo que va de la pandemia he ido a la zona rural de Oyotún, Nueva Arica y Chongoyape. Allí encontré a maestros que una vez a la semana se van a los caseríos, a la casa de un padre de familia a donde llegan los estudiantes y dejan sus cuadernos con lo trabajado durante la semana. Ese día el profesor hace la revisión, recomendaciones y luego los padres llegan para recoger los cuadernos. El maestro ha vencido a la adversidad de la lejanía y no abandona sus responsabilidades”, destacó.
