Hemos quedado anonadados por la más grande corrupción develada desde Brasil y EE.UU en la que están involucradas diversas constructoras, entre ellas Odebrecht, que negoció miles de millones de dólares sobrevalorando obras públicas en diferentes países de la región.  Se estima que entre el 2004 y 2012, cerca de ocho mil millones de dólares fueron derretidos por esta red criminal que operó en toda América Latina.

Según la Corte de Justicia de Estados Unidos, funcionarios de la constructora brasileña Odebrecht admitieron que durante 2005 y 2014 pagaron a funcionarios peruanos 29 millones de dólares para obtener licitaciones de obras emblemáticas en diferentes regiones.

Todo este laberinto, sin querer queriendo, ha jalado a nuestro ejecutado Proyecto Olmos, donde Odebrecht fue constructor y ganó (espero en buena lid) las concesiones de operación y mantenimiento a través de sus subsidiarias Concesionarias Trasvase Olmos y H2Olmos.

En paralelo a las investigaciones sobre el modo en que la brasilera ha operado en el país, otro asunto demanda de los lambayecanos especial atención. Desde noviembre de 2015, antes que estalle el escándalo en el Perú, Odebrecht inició las negociaciones para vender su participación accionarial en CTO y H2Olmos a las megaconstructoras Brookfield de Canadá y Suez de Francia, interesadas en adquirir el 70 y 30 % del paquete total, respectivamente.

Por lo que conozco, los contratos de concesión de CTO y H2Olmos permiten la venta de las acciones, procedimiento que está regulado en los mismos acuerdos contractuales suscritos con el Estado Peruano. Para la venta es necesaria la aprobación de los acreedores–bonista, de la Corporación Andina de Fomento – CAF, y del concedente de las concesiones, en este caso el Gobierno Regional de Lambayeque a través de un acuerdo de su consejo, previo informe del ente técnico supervisor, que en este caso es el Proyecto Especial Olmos Tinajones – PEOT.

En todo este trajinar sabemos que a la fecha se ha logrado la aprobación de los bonistas, grupo integrado por las Compañías de Seguros y AFPs, quienes emitieron los Bonos Corporativos H2 Olmos y CTO. Por su parte el PEOT aprobó por unanimidad la información técnica, legal y contractual de los compradores, dando su opinión favorable para que se ejecute la venta de las acciones.

Sin embargo, para que el proceso concluya aún falta la autorización de la Corporación Andina de Fomento y la del Consejo Regional, cuyos integrantes deberán, en sesión ordinaria, sentar una posición firme pensando en salvaguardar las labores de operación y mantenimiento del ejecutado Proyecto  Olmos y, sobre todo,  los intereses de los lambayecanos.

Es preciso señalar que no existe en este momento ningún impedimento de orden judicial para la venta de acciones de las concesionarias.

Empero, ¿qué acarrearía la negativa del Consejo Regional de Lambayeque a la venta de las acciones de Odebrecht en CTO y H2Olmos?

Hasta donde se sabe, la firma brasilera tendría serias restricciones para seguir operando, poniendo en riesgo las 15 mil hectáreas sembradas hasta ahora en el valle nuevo, y los más de seis mil puestos de trabajo creados por las empresas agroindustriales del Proyecto Olmos, que representan más de mil millones de dólares de inversión.

Debido al descrédito de Odebrecht por el escándalo de la corrupción, de mantenerse esta como operadora del trasvase y la irrigación, las concesionarias enfrentarán dificultades con bancos  y proveedores y, adicionalmente, le será difícil retener al personal capacitado que hoy opera los proyectos. Por otro lado, en caso de requerirse inversiones adicionales, la falta de disponibilidad de liquidez impedirá concretarlas.

Si se llega a aprobar la venta de acciones, la capacidad técnica y financiera de Brookfield y Suez garantizarán la operación del proyecto Olmos sin mayores dificultades. Hoy en día estas empresas son operadoras de más de 450 mil hectáreas de tierras en diversos países.  Los nuevos accionistas han solicitado que los 180 trabajadores de las concesionarias, de los cuales el 80 % es de Lambayeque, se mantengan laborando para garantizar la eficiencia de las operaciones y no se generan pérdidas ni perjuicio social.

Es preciso señalar que debe quedar por escrito que los nuevos accionistas Brookfield y Suez renuncian a cualquier intento de demanda, descartando insistir en la pretensión de Odebrecht de cobrar al gobierno regional 77 millones de dólares por concepto de sobrecostos en la perforación del Túnel Trasandino. Es decir, este tema que fue defendido por el Gobierno Regional de Lambayeque, que preside Humberto Acuña Peralta, no se volverá a tocar.

Como he dicho, se trata de asuntos que caminan en paralelo. Por un lado está lo de la venta de acciones, que es de interés para los lambayecanos, y por otro las investigaciones por los casos de corrupción,  las mismas que deben llegar a fondo.

Mi posición es que se investigue a cada uno de los que participaron en los procesos de contratación del ejecutado Proyecto Olmos y que si alguien traicionó a Lambayeque pues que le caiga todo el peso de la ley. Que se siente un firme precedente en la justicia peruana para que nunca más esto vuelva a ocurrir.

A la vez, invoco a separar la paja del trigo. En el proyecto ha trabajado y trabaja gente honorable, profesional, capaz, honesta, que sabe a conciencia que ha hecho bien las cosas. Tenemos la obligación moral por todos aquellos que hace 90 años pelearon por Olmos, para que este no quede manchado y que abra las posibilidades para que los ciudadanos de Olmos y los lugares colindantes se beneficien de la producción de estas tierras.

Es un momento difícil, pero en el que cuenta la decisión y acción.