Junto al alcalde David Cornejo Chingel debieron haber respondido una serie de interrogantes sobre gastos de miles de soles durante los años 2015 y 2016 tanto en la Municipalidad de Chiclayo como en el ex SATCH.

¿Los blindan?. Nueve regidores oficialistas de la Municipalidad de Chiclayo, no acudieron a la sesión extraordinaria de concejo que se había reprogramada para el pasado 20 de enero, y donde se iba a tratar tres puntos importantes referente a los millonarios gastos de dinero en el Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo –CGT- durante la gestión de Nilton César Monje Sampén, y los gastos de los años 2015 y 2016 del alcalde David Cornejo Chinguel en las diferentes áreas de la Municipalidad de Chiclayo.

Los regidores oficialistas Alfredo Montenegro Bermeo, Boris Bartra Grosso, Elvis Bustamante Tarrillo, Juan Carlos Pérez Bautista, Luis Carlos Cabrejos Ucañay, Edwin Huancas Ojeda y Octavio Romero Romero, no concurrieron a la cita. Sin embargo, los fiscalizadores Ricardo Guillermo Lara Doig y José Barrueto Sánchez, estuvieron en las instalaciones del Palacio Municipal, pero no ingresaron a la reunión.

Los únicos presentes fueron los regidores de la oposición Guillermo Enrique Segura Díaz, Liliana Barrantes Piscoya, Laura Irene Hernández Gonzales,  César Torres Gálvez, César Edgardo Sisniegas Vergara y Víctor Raúl Rojas Díaz, quienes tuvieron que salir de la sala de reuniones luego que la autoridad edil levantara la sesión de concejo por falta de quórum.   

Los regidores presentes se mostraron fastidiados debido que en un principio, la sesión extraordinaria de consejo había sido programada para el 13 de enero, pero sin consulta fue reprogramada para el 20 de enero donde se iba a tratar los cambios en la Municipalidad de Chiclayo y el Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo –CGT, los que supuestamente van a oxigenar el tercer año de gobierno municipal de la gestión David Cornejo Chinguel.

“Hasta ahora no vemos ningún cambio efectivo, lo único que vemos es que hay rotaciones de personal de un lado para otro, pero todos siguen siendo las mismas caras que desde un inicio de la gestión acompañan a la autoridad municipal. Este año será más de lo mismo y por lo tanto habrán los mismos o peores problemas y nada nuevo y bueno para Chiclayo”, sostuvo la regidora Liliana Barrantes.

TRES PUNTOS  IMPORTANTES

Barrantes Piscoya sostuvo que uno de los puntos que se debió tratar en la sesión extraordinaria de concejo es conocer los nombres de los nuevos profesionales, así como tener en sus manos su legajo personal y profesional. También, el alcalde David Cornejo debió haber dado a conocer los nombres del nuevo equipo técnico, así como de los asesores.  

Explico que el segundo punto a tratar tiene que ver con un total de nueve puntos y observaciones que a lo largo del año 2016 se le hizo a la gestión de Nilton Monje Sampén por estar al frente del Centro de Gestión Tributaria, pero que por diversos motivos evadió en reiteradas oportunidades, pero que ahora debe explicar una por una, caso contrario sería denunciado.

El tercer punto tiene que ver con los gastos realizados en la comuna por el alcalde de Chiclayo David Cornejo Chinguel, durante los años 2015 y 2016 a través de sus diferentes áreas, especialmente en el área de Coordinación de Alcaldía y de Relaciones Públicas.

EL CASO DE MONJE

Detalla que en lo referente a Monje Sampén, éste ex funcionario de confianza de David Cornejo será interrogado sobre la suscripción del contrato por el servicio profesional con la empresa JF & JIM Ingenieros SAC, suscrita el 15 de noviembre al 14 de diciembre del  año 206, por un pago de 23 mil 600 nuevos soles para realizar las actualizaciones de los documentos de gestión como  el Texto Único de Procedimientos Administrativos –TUPA, así como por el costeo de la cuponera de tributos municipales para el año 2017 y la evaluación del Plan Estratégico Institucional del periodo 2012-2015.

La “interpelación” a Ninton Monje, en este caso, se hace por llamar la atención en los pagos cuando en el CGT existe un área de Planeamiento y Presupuesto a Cargo de José Ignacio Quintana Ruiz, y es la persona y profesional responsable junto a su equipo de trabajo el haber desarrollado la acción antes descrita y por el cual el ente recaudador desembolsó la suma de 23 mil 600 soles.

También tenía que responder por la contratación de Juan Francisco Zetner Alva como gerente de operaciones del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo, por espacio de 48 horas, cuando no reunía el perfil profesional para asumir el cargo, pero a pesar de las observaciones que le hiciera el personal de la Oficina de Control Interno –OCI, sentó en la silla de Gerente de Operaciones a Francisco Zetner, terquedad que le ha costado ahora ser investigado por el Ministerio Público.

De igual manera, Monje Sampén tenía que responder a través del alcalde David Cornejo Chinguel por presuntamente haber dado mal uso a los dineros destinados para la promoción publicitaria de orientación y educación a los administrados de la provincia de Chiclayo, así como a las campañas publicitarias mensuales sin los contratos respectivos de publicidad, planes de medio y plan anual de marketing.

También sobre el pago de asesores legales desde el año 2015 cuando en el CGT existe un área de Asesoría Legal bajo la dirección de Yuri Gali Díaz Cajo y otras dos personas más como asistentes, percibiendo sueldos por encima de los tres mil soles.

Asimismo, tenía que haber respondido por los gastos de la Imagen Institucional y Relaciones Públicas del CGT, en donde se le solicitó - en su oportunidad- sustente con hechos las razones y motivos administrativos y de necesidad que dieron origen a la contratación de la publicidad con personas naturales y jurídicas, desde el primero de marzo del año 2015 hasta la actualidad, sin haber hecho un estudio de medios.

Los regidores también han solicitado al alcalde David Cornejo que Nilton Monje entregue la relación de comisiones de servicios aprobados a favor de su persona durante el año 2015 y 2016 -hasta el 31 de diciembre del año 2016.

“También tenía que entregar copia de planillas de viáticos, así como los memorandos aprobando la comisión de servicio a las ciudades de Lima, donde en más de una oportunidad Nilton Monje viajó, según aparece a través de las redes sociales y medios de comunicación, en compañía del alcalde David Cornejo Chinguel y algunos regidores del oficialismo, cuando la función que cumplía era al frente del CGT y no de la Municipalidad de Chiclayo, perjudicando económicamente el presupuesto del ente recaudador.

MÁS PEDIDOS

Se le había requerido –también- copia certificada de los documentos sustentatorios que aprueban sus viajes fuera de la región. Se le ha solicitado entregue los informes de rendición de gastos por los viáticos otorgados y los informes de la gestión realizada en la entidad o lugar autorizado a donde acudió representando al CGT o en nombre del ente recaudador.

Tenía que responder sobre la relación de bienes o servicios adquiridos al proveedor Segundo Enrique Obando Chávez, quien extrañamente inicia actividad comercial en el mes de junio del año 2016 y desde ese momento se convierte en el principal abastecedor del CGT hasta el último día de gestión de Nilton Monje.

“En la lista de pedidos se registra la relación de bienes o servicios adquiridos al proveedor Constructora Coso SRL, empresa que de acuerdo a su ficha Ruc de la Superintendencia de Administración Tributaria, registra como dirección el Jirón Miramar N° 49 del Centro Contralmirante Villar, en Zorritos, Tumbes, como referencia ofrece su ubicación a espaldas de la Panadería don Beto. Además, la gerencia general recae sobre Saúl Orlando Chunga Torres, quien señala como sucursal de la constructora, la dirección de la Mz. G1- Lote. 20, del  Asentamiento Humano “Señor de los Milagros de la Pradera”, en Chiclayo, Lambayeque”, sostuvo la regidora Liliana Barrantes.

Dicha empresa – relata la fiscalizadora- realizó contrato con el Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo por la suma de 9 mil nuevo soles para arreglar el baño de varones, ubicado en el segundo piso del local del CGT, de la Av. Balta N° 820. Dichos trabajos consistían en arreglos y mejoras de gasfitería, cambio de tuberías de agua y desagüe, albañilería, sistema eléctrico, cambio de inodoros, cerámico y colocación de caño para uso de aseo de personal. La obra se habría realizado en un pequeño ambiente de 70 centímetros por metro 2, pero es el caso que a los pocos días el baño se malogro y estuvo clausurado por varios días.

De igual manera, se le ha requerido informe sobre el contrato firmado por el CGT con la constructora para realizar el pintado del local institucional ubicado en la Av. Balta N° 820, por la suma de 23 mil soles, precio que ha llamado la atención de los fiscalizadores, debido a que en años anteriores y durante la gestión edil de Roberto Torres Gonzales, se habría pagado mucho menos por el pintado del local institucional.

Los regidores han solicitado se les haga entrega de copias de la orden de compra o de servicios, facturas emitidas, requerimiento de servicio por el área usuaria, emisión de la conformidad del servicio realizado de “arreglo de baño de varones” y “pintado de fachada de local institucional.

Otro cuestionamiento a la gestión de Nilton Monje es lo referente al proceso de selección, adjudicación de Menor Cuantía Nº 001-2015-ABAST/SATCH y Contrato Nº 001-2015/SATCH sobre adquisición de declaración jurada del año fiscal 2015, así como el Expediente de Contratación al proveedor EMDECOSEGE S.A, por la impresión de las cuponera de Tributos Municipales 2016.

“David Cornejo y nueve regidores dejaron al frente del CGT a Nilton Monje Sampén y como para blindarlo frente a los que se oponían a su permanencia en el ente recaudador, se le trazó para el 2016 una meta anual a recaudar de 60 millones de soles, dinero que era esperado con  ansias por la comuna provincial para cumplir con todo el gasto de inversión y compromisos de gestión que se había trazado”, explicó la regidora Barrantes Piscoya.

Sin embargo, la recaudación anual del año 2016 fue de 58 millones 908 mil 383, haciéndole falta para llegar a la meta la suma de un millón 200 mil 176 soles, lo que ha significado que se perjudique el financiamiento del presupuesto municipal.

¿SIN TRABAJO?

Barrantes Piscoya relata que el 4 de enero pasado, junto a sus colegas fueron notificados para participar de la sesión extraordinaria en la que se “interpelaría al voceado secretario técnico del Comité de Promoción de Inversión Privada –CEPRI, de la Municipalidad de Chiclayo, Nilton César Monje Sampén, debido a la preocupante situación económica en que deja al Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo.

La sesión había programada –inicialmente- para el 13 de enero del presente año, pero la autoridad edil habría optado por cambiar la fecha, la que quedó establecida para las 3:00 de la tarde del viernes 20 de enero, pero está se frustró.

Barrantes Piscoya aclaró que entre los informes que debería haber dado el alcalde de Chiclayo David Cornejo Chinguel, debería hacer conocer al seno municipal si Nilton Monje ha sido o no designado como secretario técnico del Comité de Promoción de la Inversión Privada –CEPRI, para la construcción del terrapuerto para Chiclayo.

La fiscalizadora añade que hasta el momento – a pesar de los anuncios que ha hecho la autoridad edil- hasta el momento no se les ha notificado o hecho conocer la resolución de designación de Nilton César Monje Sampén como secretario técnico del Comité de Promoción de Inversión Privada –CEPRI.

También resoluciones de designación en cargos de confianza, entre ellos la de Henry Chiclayo Vega quien es investigado por la Fiscalía Anticorrupción

Por su intolerancia y prepotente posición frente a aquellas personas que tratan de fiscalizar su gestión como alcalde de la provincia de Chiclayo e informar a la comunidad si los dineros de todos los chiclayanos están siendo bien invertidos, así como si los funcionarios que desarrollan labor edil son los idóneos para el cargo que ocupan, el titular del Segundo Juzgado Civil de Chiclayo declaro fundada una demanda de Habeas Data contra el burgomaestre David Cornejo Chinguel.

De acuerdo a la resolución de sentencia N° 03 del pasado 20 de enero último, emitida por el juez Juan Alberto Terán Arrunategui, los hechos tuvieron inicio el 19 de octubre del año 2016 cuando hasta la mesa de partes de la Municipalidad de Chiclayo se apersonaron los regidores Guillermo Enrique Segura Díaz, Liliana Barrantes Piscoya, Laura Irene Hernández Gonzales,  César Torres Gálvez, César Edgardo Sisniegas Vergara y Víctor Raúl Rojas Díaz, quienes solicitaron ser atendidos con la entrega de información de dominio público, por estar en juego los dineros de los chiclayanos.

LOS PEDIDOS

Los fiscalizadores solicitaron la entrega de las copias de los expedientes vitae de cada uno de los funcionarios de la Municipalidad de Chiclayo, así como de los nuevos funcionarios que fueron designados a partir del mes de enero del año 2016. También de los ratificados a pesar de haber tenido una mala gestión, en el caso especial de Nilton César Monje Sampén, como jefe del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo.

De igual manera, se solicitó copia fedateadas de todas las resoluciones de alcaldía o similares, mediante las cuales se designaron y ratificaron funcionarios  desde el mes de enero del año pasado.

También se solicitaron las copias de resolución de los expedientes administrativos N° 46978 y N° 55788, presentados el 21 de agosto del 2016 y 20 de setiembre del mismo año, los que a pesar de haber sido presentados con las formalidades de Ley hasta la fecha no tenían respuesta, y donde se solicitaba información sobre la recaudación y gastos de los dineros del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo –CGT.

A su turno, el abogado de los regidores demandantes, Víctor Luna Victoria Menacho, hizo conocer que a pesar que la información solicitada es de posesión y uso de la Municipalidad de Chiclayo, es de carácter público y sirve como sustento para adoptar una serie de decisiones administrativas como buen funcionamiento de la Municipalidad de Chiclayo.

Ante la negativa a entregar la información y documentación requerida en amparo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los regidores decidieron acudir en demanda de Habeas Data  en vía de proceso de acción constitucional.

“El Habeas Data es una garantía constitucional incorporada por la Constitución Política del Perú, que señala que procede la acción de Habeas Data contra el hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza, entre otros, los derechos de toda persona a solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, lógicamente exceptuándose las informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por Ley o por razones de seguridad nacional”, sostuvo Víctor Luna Victoria.

Asimismo, señaló que los pedidos de información se realizaron en base al reglamento interno del Concejo Provincial de Chiclayo y la Ley 27806 de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

“No puedo decir que veo un sistema bastante lento al interior de la comuna; y si es así, eso pasa por no tener un buen equipo de trabajo y gente que pueda agilizar las cosas. No es posible que por casi casi 8 meses hayan negado a los regidores la información que requirieron, cuando es algo tan sencillo por estar amparado por la Ley e incluso existen plazos bien marcados para la entrega, claro, siempre y cuando no se atente con la intimidad y seguridad de los funcionarios o del país”, detalló el abogado.  

DEL ANÁLISIS

La regidora Liliana Barrantes Piscoya, una de las demandantes, sostuvo que junto a sus cinco colegas antes señalados se vieron en la necesidad de acudir ante el Poder Judicial debido a que  la información que requerían no les era entregada en los plazos previstos por la Ley.

“Como regidores solamente hemos ejercitado nuestro derecho que está amparado en la Ley N° 27972  sobre atribuciones y obligaciones de los regidores en los referente a fiscalización, formular pedidos y derechos de información; sin embargo, nuestra petición ha sido negada por la parte demandada”, señala la fiscalizadora.

PREPOTENTE

Conforme al expediente judicial, mediante escrito presentado por la demandada, representada por la Procuradora Pública de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, se defiende y hace conocer en actitud poco transparente que, la información solicitada por los regidores se encuentra colgada en la página web del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo, por lo que no existe negativa  de su representada sino que la información se encuentra en la página del portal institucional, por lo que la pretensión resulta improcedente.

De igual forma, añade –La  Procuradora Pública Municipal de la MPCH en su escrito de defensa, que ha cumplido con remitir a los demandantes la información requerida, por lo que la materia – la demanda- ya se ha sustraído.

Sin embargo, la actitud adoptada en la respuesta por la demandada fue calificada por el juez Juan Alberto Terán Arrunategui como una negativa al no acreditar con documentos debidamente sellados y firmados que ha hecho entrega de la documentación que los demandantes requerían, señalando que estos se encontraban colgados en el portal web del CGT, los que para ser valederos necesitan ser fedateados.

Además, no acredita haber dado una respuesta oportuna en dicho sentido al demandante; es decir, debió comunicar a los peticionantes de manera formal la forma como había dado publicidad a la información, pero ésta no lo hizo.   

LA SENTENCIA

El titular del Segundo Juzgado Civil de Chiclayo, Juan Alberto Terán Arrunategui, fallo declarando fundada la demanda de Hábeas Data interpuesta por los regidores Guillermo Enrique Segura Díaz, Liliana Barrantes Piscoya, Laura Irene Hernández Gonzales,  César Torres Gálvez, César Edgardo Sisniegas Vergara y Víctor Raúl Rojas Díaz, contra la Municipalidad Provincial de Chiclayo.

Además, el magistrado dispuso que la demandada, en este caso, la Municipalidad de Chiclayo, no vuelva a incurrir en la omisión materia de la presente demanda, bajo apercibimiento de Ley, con costos.   

“El juez, Juan Terán Arrunátegui, avaló los fundamentos presentados por los concejales, quienes por casi ocho meses solicitaron los documentos a la municipalidad sobre el tema en mención, pero no recibieron respuesta alguna”, señaló el abogado.
De igual manera, añade que con esta resolución de sentencia de Proceso Constitucional de Habeas Data, se deja en claro que en la Municipalidad de Chiclayo, representada por David Cornejo Chinguel, se viola el acceso a la información pública, y que el burgomaestre será también denunciado por no rendir cuentas de los ingresos y gastos en la comuna, tal como lo establece la Ley Municipal.

CUESTIONADO

Liliana Barrantes sostuvo que entre la información solicitada de los 43 funcionarios ediles - Gerentes y Subgerentes- con que cuenta la Municipalidad de Chiclayo, se solicitó información del Henry Chiclayo Vega, quien desde el año 2016 ocupa el cargo de Gerente de la Unidad de Servicios y Gestión de Residuos Sólidos de la comuna chiclayana, y que no reuniría el perfil profesional para ocupar dicho cargo, pero como es funcionario de confianza de David Cornejo Chinguel, permanece en el lugar.

“El alcalde David Cornejo no hizo mejor convocatoria de profesionales que la de Henry Chiclayo para la gerencia de Servicios y Gestión de Residuos Sólidos. El señor es un comunicador social y el perfil del puesto es para un ingeniero ambiental”, sostuvo la fiscalizadora.

De igual manera, agrega que desconoce si el señor Henry Chiclayo Vega, quien afronta una investigación en el Ministerio Público por presunta corrupción al no rendir cuentas de la totalidad del dinero que se le desembolsó el año 2015 – unos 100 mil soles- para cubrir los gastos que demandaban las actividades por el aniversario de Chiclayo, tiene alguna capacitación o maestría en tratamiento de residuos sólidos o medio ambiente.

“De acuerdo al Manual de Organización de Funciones –MOF-  el puesto de gerente de Servicios y Gestión de Residuos Sólido debe ajustarse al perfil profesional de un ingeniero ambiental, pero es el caso que hasta la fecha no nos alcanzan el expediente profesional de cada uno de los funcionarios de su confianza”, detalló.

OTROS PEDIDOS

La regidora Liliana Barrantes siguió detallando y explicó que desde inicios del año 2016 junto a sus colegas Guillermo Enrique Segura Díaz, Laura Irene Hernández Gonzales,  César Torres Gálvez, César Edgardo Sisniegas Vergara y Víctor Raúl Rojas Díaz, vienen solicitando una serie de documentos que son de dominio público como es el caso de una copia del expediente que llevó a la entrega de la licencia de funcionamiento de una vidriería pero que llevó a que sea utilizada como discoteca, en pleno corredor urbano de la Capital de la Amistad.

“También hemos requerido documentación sobre las presuntas irregularidades cometidas en la adquisición fraccionada de combustible para la maquinaria de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, pero tampoco tenemos una respuesta alentadora”, señaló.

Asimismo, agrega que a ello se suman los pedidos relacionados a las presuntas anomalías en el programa del Vaso de Leche y sobre el estado de emergencia administrativo, decretado el año pasado por el lapso de 100 días, pero que al final nada de novedoso hizo la autoridad edil y solamente sirvió para ubicar a su personal de confianza en los puestos claves.

“Nos causa indignación que pasen este tipo de asuntos al interior de la Municipalidad Provincial de Chiclayo. Hace varios meses hemos pedido toda la información que consideramos relevante, pero llegamos al fin de año y no había ninguna respuesta por lo que tuvimos que acudir al Poder Judicial”, agregó a sus declaraciones la regidora Liliana Barrantes.

YA TIENE SENTENCIA

Barrantes Piscoya recordó que el 24 de octubre del año 2016, el titular del Cuarto Juzgado Civil de Chiclayo, Héctor Conteña Vizcarra, sentenció en Proceso Constitucional de Cumplimiento N° 07, amparado en el expediente judicial N° 01676-2016-0-1706-JR-CI-04, a David Cornejo Chinguel, juntamente con el ex jefe del ex SATCh, ahora llamado Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo –CGT, Nilton César Monje Sampén, para bque en 10 días cumplen con la implementación de la Ordenanza Municipal N° 009-2015 –MPCH, consistente en dar facultades al titular del pliego, para la conformación de una Comisión Especial que se encargue del seguimiento e Implementación del nuevo Reglamento de Organización de Funciones -ROF, así como la estructura Orgánica y elaborar los nuevos documentos e instrumentos de gestión y normas correspondientes al CGT, casi contrario serían denunciados penalmente por el delito de desobediencia a la autoridad.

“La demanda – en este caso- estuvo referida a que funcionarios del CGT demuestren porque actualmente existen nuevos cargos sin contar con funciones específicas, así como las razones por las cuales los suertudos trabajadores se han visto beneficiados con llamativos incrementos económicos, sin darse cuenta que su actuar carece de todo valor legal, y que sobre ellos pesarían denuncias penales por aceptar cargos que no existen como es el caso del funcionario Ángel López Castro y Jenny Valiente Vásquez”, señaló

TERCA NEGATIVA

Mediante carta L114-2016, del 20 de julio del año 2016, Víctor Eliseo Luna Victoria Menacho se dirige al alcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, para requerir el cumplimiento de la Ordenanza Municipal N° 009 -2015, la  que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y la Propuesta de Estructura Orgánica del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo, respecto a los artículos segundo, tercero y cuarto, dentro del plazo establecido en el Código Procesal Constitucional.

“En el actual CGT no existen las funciones específicas del señor Ángel López Castro, quien hasta la actualidad se desempeña como jefe de la División de Control y Recaudación de la Deuda. De igual manera, la señora Jenny Valiente Vásquez, se desempeña como jefa de la División de Atención al Administrado, cargos que no existen por no estar regulados y aprobados”, señaló Barrantes Piscoya.

Los cargos –aparentemente - fueron aprobados entre ellos, pero es el caso que a la fecha no existen en el Manual de Organización y Funciones del CGT, y mucho menos han sido adecuados a la Ley Servir”, explicó.

Asegura que con la transferencia de acciones de H2Olmos y CTO, empresa se va a beneficiar porque va a recuperar su capital de inversión y algo más.

“El 7 de febrero, los consejeros regionales de Lambayeque tomaremos la decisión de apostar o no por la trasferencia de acciones de la empresa H2Olmos y de la Concesionaria Trasvase Olmos - CTO, pero para ellos nos estamos nutriendo de conocimiento, así como analizando factores que no afecten al país y a la región, ni a los usuarios del valle de Olmos”, sostuvo el consejero regional Raúl Valencia Medina luego de acudir a una sesión de trabajo junto al gobernador regional Humberto Acuña Peralta en la Presidencia del Consejo de Ministros – PCM.

“Uno de esos puntos fue ver el financiamiento de un conjunto de proyectos de inversiones que están a la espera de los desembolsos de dinero por una cantidad de 173 millones de soles”, comentó.

De igual manera, explicó que se informó al titular de la PCM sobre los proyectos de inversión, comprometiéndose este al desembolso de los recursos.

“Los proyectos que en breve desarrollará el Gobierno Regional de Lambayeque están relacionados a la mejora de postas médicas, centros educativos e infraestructura de algunos locales estatales en distritos de la región”, señaló.

ACCIONES DE ODEBRECHT

De igual manera, Valencia Medina explicó que como segundo punto se tocó el tema de la empresa Odebrecht, especialmente sobre la transferencia de las acciones de H2Olmos y la Concesionaria Trasvase Olmos –CTO a Brookfield y Suez, estando en manos del Consejo Regional decidir si se aprueba o no la incorporación de nuevos socios, el cambio de operador y la sustitución de los socios estratégicos.

“Hemos tocado ligeramente el tema de la transferencia de las acciones de Odebrecht en H2Olmos y CTO, considerando la importancia que ambas tienen al operar el trasvase y la irrigación en el proyecto”, destacó.

Explica que en el caso del Proyecto Olmos existe preocupación, porque  no se conoce aún hasta qué punto habrían llegado los actos de corrupción que involucran a la constructora brasilera y a exfuncionarios del gobierno nacional, lo que afecta de muchas formas a las regiones y al país.

“En el Ejecutivo existe preocupación por el problema, pero de alguna manera se tiene que enfrentar esa situación que se ha convertido en demasiado especial. Existe una predisposición del Ejecutivo para ver el tema de manera conjunta, preservando los intereses del Estado Peruano”, señaló.

Dijo también que el compromiso por parte del Presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala Lombardi, es buscar una salida que no afecte los intereses del país. “Nos dijo que se viene elaborando un documento especial que sirva de base legal para que se pueda encaminar de manera positiva los hechos ocasionados por los presuntos actos de corrupción de Odebrecht en el Perú”, reveló.

“El tema de las transferencias de acciones es bueno, pero en las circunstancias que se pretende dar ha generado un poco de preocupación, porque existen acciones negativas de los funcionarios de Odebrecht que de una u otra manera arrastran a otras personas”, añadió el consejero regional.

Además, indicó que se está a la espera del pronunciamiento de la Corporación Andina de Fomento –CAF, la que es cofinancista de las obras de trasvase del Proyecto Olmos y a quien también, CTO y H2Olmos solicitó la aprobación para la incorporación de nuevos socios, cambio de operador y sustitución de socios estratégicos.

EL 7 DE FEBRERO

Valencia Medina detalló que al ministro Zavala Lombardi se le ha hecho conocer que los consejeros regionales de Lambayeque tienen plazo hasta el 7 de febrero para analizar y desglosar los pro y contra de la petición que ha formulado la empresa H2Olmos, en cuyo caso, de acuerdo al contrato, sí existe la posibilidad – en caso el consejo no se pronuncie hasta la fecha indicada – de aplicar el silencio administrativo positivo. En el caso de CTO no hay plazo para el colegiado emita su decisión.

“Con la transferencia de acciones Odebrecht se va a beneficiar, pues va a recuperar su capital de inversión y algo más, lo cual es algo normal porque tiene un contrato de por medio, y en el cual existe una cláusula que dice que puede transferir”, señala.

Sin embargo, explica que el problema de la transferencia de las acciones de H2Olmos y la Concesionaria Trasvase Olmos – CTO, no es de orden jurídico, ni contractual, ni financiero, sino de orden ético y moral, debido a que el país se ha visto envuelto en tráfico de influencias en escalas nunca antes vistas.

“Lo que pienso es que Odebrecht está sacando provecho de la coyuntura para deshacerse del ‘muerto’, con el objetivo  de recuperar todo su capital transfiriendo las acciones de sus diferentes proyectos que tiene en el país, a una u otra empresa que tenga intereses o con quien ya haya coordinado”, presumió el consejero regional.

Anotó que a nivel del Ejecutivo se busca que Odebrecht no salga beneficiada de todo este proceso, “porque con sus negativas acciones ha lacerado a la ética y moral de todo el Perú”.

CON CUIDADO

Valencia Medina detalló que en la próxima sesión ordinaria del consejo regional, los integrantes del pleno tienen que adoptar una posición que sea positiva para Lambayeque y el Perú, y que para ello los fiscalizadores se vienen empapando de la mayor información para no caer en error.

Cada consejero ha recibido un expediente con más de dos mil folios con la información detallada del proceso, sobre el cual el Proyecto Especial Olmos Tinajones - PEOT, que es el órgano regional encargado de la evaluación técnica, financiera y legal de las concesiones ha emitido opinión favorable a la trasferencia.

“Lo que queremos evitar es que Lambayeque y el Perú se vean perjudicados, lo que queremos es que se vean beneficiados, así como evitar que los usuarios de Olmos sean afectados, ya que de ser así eso sería muy dramático”, sostuvo.

EMBLEMÁTICOS

Por otro lado, Raúl Valencia detalló que en la actualidad el Gobierno Regional está abocado a que los proyectos emblemáticos que están encaminados logren seguir avanzado a efectos de que estos se concreticen en el plazo que se ha establecido.

“

Estamos muy abocados a lo del Terminal Marítimo de Puerto Eten, así como al Plan Vial, donde el Estado Peruano, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ya ha definido que va a construir la carretera del Eje Andino con una extensión de 140  kilómetros, lo que significa que los pobladores de la zona andina de Lambayeque podrán acceder a vías de comunicación para trasladarse con facilidad a otros lugares de la región, así como sacar sus productos para comercializarlos en los mercados”, señaló.

Agregó que otro proyecto de interés regional es el Plan Hidráulico, el cual contempla obras de regulación hídrica, obras de prevención consistentes en defensas ribereñas, y drenaje pluvial urbano, además del desarrollo agrícola regional y el desarrollo hidroenergético.

El asociado como prioridad es la consigna que para este 2017 levanta el consejo directivo de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, que al cumplir 116 años de vida gremial se muestra renovada y con mayor presencia, en el afán – como señala su presidente, Olivio Huancaruna Perales, de contribuir al desarrollo departamental. Lograr esto último demanda de un mayor compromiso entre los actores de gobierno y la sociedad civil, afirma.

Fundada en 1901, la Cámara de Comercio y Producción es la institución empresarial más antigua de Lambayeque, y en su seno no solo han trabajado ilustres personajes locales, sino también se han abrazado grandes aspiraciones para el departamento e impulsado proyectos como Olmos, el Plan Hidráulico Regional y ahora el Terminal Portuario de Puerto Eten.

Huancaruna Perales resalta que desde que asumió la presidencia de la cámara, en abril del año pasado, intensas han sido las labores de reorganización institucional, debido a que diversos son los pasivos heredados de la anterior administración, problemática que alcanzó su expresión máxima en el descrédito del gremio y falta de representatividad.

“Se han hecho muchas cosas. Hemos tenido un frente externo bastante nutrido y desafiante, y del frente interno puedo destacar que hemos cambiado los estatutos. Antes, se podía ver que en la cámara había reelecciones infinitas e indefinidas. Ahora no, solo un período, así que los socios pueden estar seguros que no habrá reelección en cuanto a este consejo directivo. Hemos recibido, sí es cierto, una realidad económica inesperada y hemos estado trabajando en su solución. Hemos acortado las brechas y déficit mensuales que se han presentado, y esperamos que los resultados ya se puedan sentir en este nuevo año”, explica.

SANCIONES PENDIENTES

Según añade, también se ha logrado el pago de algunas de las deudas halladas en la institución, las mismas que fueron determinadas luego de la auditoría contable y financiera que se ejecutó a mediados del año pasado. Parte de lo descubierto es la desaparición de documentos y registros.

“Nosotros oportunamente hemos informado lo encontrado a nuestra asamblea de asociados y tenemos el encargo de asumir un procedimiento interno y culminado esto iniciar las medidas que permitan sancionar a los responsables de lo sucedido. De acuerdo al estatuto, no está negada la expulsión como medida sancionadora”, enfatiza el dirigente gremial.

CÁMARA ACTIVA

De lo avanzado en el plano interinstitucional, Olivio Huancaruna, acompañado de su equipo directivo, resalta el dinamismo asumido por la cámara en el quehacer departamental, al involucrarse directamente en la gestión de mejoras, como haber conseguido, por ejemplo, la implementación de los vuelos internacionales Chiclayo – Panamá desde el aeropuerto José Quiñones Gonzales, o liderar a las organizaciones de la sociedad civil en la lucha por la ejecución del Terminal Portuario de Lambayeque.

“Hay mucha dinámica y coherencia entre el esfuerzo, las gestiones y los resultados. Prueba de ello es que nuestra representación se ha hecho sentir no solo en otros departamentos, sino también en otros países y no solo de América, sino también de otros continentes. En el frente interno hemos estado trabajado con las regiones del nororiente, estricta y específicamente para impulsar la mancomunidad y buscar alternativas reales y mucho más ventajosas en aspectos económicos y productivos”, refiere.

La conmemoración de los 116 años de creación de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque es propicia – indica su presidente – para resaltar importantes logros alcanzados en el último año, como el acercamiento a la comunidad y la promoción de nuevas actividades económicas en el departamento como la minería. “Tenemos que ver las bondades de un proyecto minero, no solo las partes negativas, para así plantear cómo cuidar el medio ambiente o aminorar los efectos negativos”, señala.

UNIDAD DEPARTAMENTAL

Sin embargo, el empresario es crítico de la situación actual de Lambayeque por la falta de unidad que existe entre las autoridades regionales y locales, lo que en su opinión debilita los esfuerzos que desde el sector privado se hacen para promover e incrementar las inversiones, la producción y la generación de empleos.

“Nos preocupan muchas cosas de Lambayeque, pero más que nuestras autoridades no están a toda máquina en la dirección que deberían. Eso impide que no actuemos en una misma dirección, al unísono, y hace que se prioricen cosas intrascendentes y que los recursos que se tienen no se usen en asuntos verdaderamente prioritarios. Eso hace que el nivel y los resultados de la administración pública no sean como esperamos y que la gente se acostumbre a convivir con los problemas, tal como sucede a diario en las calles de Chiclayo, donde el aire está contaminado por los desagües, a que nos acostumbremos a la mediocridad como parte de la función pública, cosa que no debe ser así”, asevera Olivio Huancaruna.

El presidente de la asociación empresarial más grande de Lambayeque señala además que en el caso de Chiclayo la situación amerita mayor atención de parte de la ciudadanía, toda vez que no se están superando los problemas mínimos que se tienen en cuanto a orden, seguridad y limpieza.

“Sería penoso que la historia se repita. Nosotros tenemos una responsabilidad suprema que es la unidad, dentro del sector público, dentro del sector privado, y entre ambos. Esa unidad nos ayudaría a sentir, pensar y actuar como región, aun cuando existan discrepancia se debe cuidar la unidad entre todos”, indica.

SERVICIOS GREMIALES

En el ámbito interno, el consejo directivo se ha trazado como objetivo revolucionar los servicios institucionales, a fin que la cámara sea mucho más atractiva para sus socios, pero además para que nuevos empresarios se integren al gremio.

“En algo en lo que hemos mejorado bastante en los últimos meses es en atender a las empresas agroexportadoras, con quienes hemos innovado servicios. Otro aspecto en el que trabajamos es en la reactivación de nuestro centro de arbitraje, porque en el Poder Judicial hoy en día no tenemos actores que permitan acelerar la solución de los problemas y controversias que se presentan. Todos los laudos arbitrales que ha emitido la Cámara de Comercio han sido absolutamente aceptados por las partes, no tenemos ni un solo árbitro o laudo que haya sido materia de objeción en el Poder Judicial, todos han sido confirmados. Eso nos prestigia”, menciona.

Asimismo, Huancaruna Perales comenta que se está poniendo énfasis en el control patrimonial de los bienes de la institución, de manera que estos estén plenamente al servicio de los asociados y de la comunidad.

“Estamos ultimando procedimientos administrativos y jurídicos respecto al terreno que se compró para la construcción del centro empresarial, ubicado en la carretera La Victoria – Monsefú. Financiar el proyecto será posible con el apoyo de organismos internacionales que se dedican a la generación de infraestructura de ese tipo en países en vías de desarrollo. Actualmente la cámara es sujeta de confianza y en tanto se siga garantizando la transparencia en la conducción de la institución, será posible conseguir los recursos”, indica.

MÁS SOCIOS

El año pasado la cámara también enfocó su labor al sinceramiento del padrón de asociados. Realizada la depuración, hoy se mantienen activos 600 inscritos y la meta para este año es duplicar el número de socios, con un enfoque inclusivo a los pequeños y micro empresarios, para quienes se ofrecerán servicios acorde a sus necesidades.

“Tenemos tareas pendientes y una de ellas es duplicar el número de asociados. Este mes se integrarán 50 nuevas empresas a la cámara y el objetivo es mantener ese ritmo para hacer del gremio un ente mucho más representativo y de ancha base”, señala.

Comenta que los gremios que funcionan al interior de la cámara se mantienen activos, y algunos han logrado una importante solidez que les permite mayores beneficios a sus integrantes. Así, por ejemplo, destacan los gremios de comercio exterior, tributación, agroindustria, metalmecánica y el de mujeres.

“Este año tenemos que seguir avanzando, redefinir las prioridades de naturaleza regional y nacional, pero también de naturaleza institucional. Reconocemos que el 2016 la atención estuvo enfocada a superar los problemas internos y a devolverle la representatividad a la cámara, pues bien, este año debemos concentrar nuestro mayor esfuerzo en la mejora de los servicios. Hemos denominado al 2017 como el año del asociado”, refiere.

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Lupe Fernández Castillo

Protesorera

“Significa un gran logro celebrar los 116 años de creación de nuestra institución, la misma que está dedicada a velar por los intereses de los empresarios. Es una institución representativa, matriarca de los gremios de Lambayeque y confío en que este nuevo año será exitoso. Lo celebramos con todos los asociados, con los trabajadores y con las demás instituciones de nuestra región.

Pablo Fernández Díaz

Vocal

“Todos los directivos tenemos el reto de revolucionar a la institución, hacer que las cosas salgan bien y continuar trabajando de tal manera que tengamos resultados y podamos unir al empresariado. Tenemos que hacer proyectos y obras conjuntas, manejar la iniciativa de unidad de todos los actores de Lambayeque, para tener mejores resultados que beneficien a todos”.

Luis Gasco Arrobas

Vocal

“A la vez de sentirnos alegres por el nuevo aniversario, tenemos un compromiso mayor, porque queremos que la cámara tome el dinamismo que antes tuvo, como ente rector que participe en la solución de los problemas empresariales, pero también de Lambayeque junto al resto de instituciones, más por el abandono de liderazgos que hay en los estamentos de gobierno”.

Carlos Querevalú Morante

Vocal

“Como directivos tenemos un firme compromiso con los principales retos asumidos por Lambayeque para los próximos años. Queremos brindarles cada día mayores y mejores servicios a nuestros asociados, y hacer de la institución una articuladora eficiente entre las instituciones públicas y privadas, velando por los intereses de la pequeña, mediana y gran unidad productiva que genera bienestar”.

Monto acumulado asciende a más de 11 millones de soles.

Por más de una década los trabajadores administrativos del sector educación, encargados del mantenimiento, vigilancia y labores cotidianas en diversos colegios del departamento, lucharon para que el Gobierno Regional de Lambayeque, a través de la gerencia sectorial, reconozca que ellos también tenían derecho a recibir incentivos laborales, tal y como sucedía con los trabajadores de la sede y de las UGEL. El Poder Judicial les dio la razón, y ordenó que se les nivelen sus ingresos y abone lo que no percibieron durante diez años. Sin embargo, hasta el momento la sentencia, emitida sigue sin ser ejecutada en su totalidad.

En julio del 2011, servidores agremiados al Sindicato de Trabajadores Administrativos del Sector Educación de Chiclayo - SITASE, ganaron la demanda en el Segundo Juzgado Civil de Chiclayo, que con Resolución N° 55 ordenó que a estos se les otorguen los beneficios del Decreto de Urgencia 088-2001, que estableció las disposiciones aplicables a los Comités de Administración de los Fondos de Asistencia y Estímulos a favor de las entidades públicas - CAFAES, en donde se fijan los derechos de prestación de asistencia y estímulos a favor de los servidores públicos sujetos al régimen laboral del Decreto Legislativo 276 - Ley de Bases de la Carrera Administrativa.

El incentivo, adicional a la remuneración mensual, empezó a pagárseles a los administrativos de la Gerencia Regional de Educación desde el 2002 y, posteriormente, a los de las Unidades de Gestión Educativa Local – UGEL, siendo los administrativos de los colegios excluidos. Cansados de la discriminación de la que eran víctimas, en el 2007 entablaron la demanda contra la entonces Dirección Regional de Educación – DRE, generando el expediente 4294, solicitando al Poder Judicial se les incluya como beneficiarios.

Seguido el proceso, el órgano jurisdiccional falló a su favor, decisión que fue ratificada por la Primera Sala Civil de Lambayeque. El mandato judicial ordenó a la Gerencia Regional de Educación que en adelante los administrativos demandantes perciban el incentivo laboral regulado a través del Decreto de Urgencia 088, pero además, que se les pague lo que no recibieron entre el 2002 y el 2012, generando devengados por más de 11 millones 700 mil soles.

El monto de los devengados se aprobó con Resolución N° 79 de julio del 2014, la misma que fue apelada a destiempo por la Procuraduría del Gobierno Regional de Lambayeque.

El mandato judicial fue claro, la Gerencia Regional de Educación debía pagarle a los administrativos demandantes los incentivos laborales en función a las directivas emitidas primero por la ex CTAR y luego por el Gobierno Regional de Lambayeque, pues aun cuando el gobierno nacional promulgó el Decreto de Urgencia 088-2001 este nunca lo reglamentó, quedando los gobiernos regionales facultados para hacerlo.

Con esta potestad, en el caso de Lambayeque los incentivos laborales a los trabajadores administrativos se fijaron inicialmente, en el 2002, en 550 soles, para luego incrementarse de manera escalonada hasta llegar a mil 430 soles adicionales a la remuneración mensual del servidor, en el 2012.

LOS MONTOS

“El gobierno regional reglamentó para otorgar el incentivo laboral a sus trabajadores administrativos y de las direcciones, hoy gerencias regionales. Durante diez años se regulaban los incentivos con directivas del gobierno regional, las cuales nos excluían a los administrativos de las instituciones educativas. Nosotros solo recibíamos como incentivo 56 soles que nos aprobó el expresidente Yehude Simon Munaro, a través de un acuerdo regional, y nuestro sueldo que no era mayor a mil soles, mientras los administrativos de las direcciones recibían hasta más de dos mil soles solo por incentivos”, explica Dante Bobadilla Yarlaqué, secretario general del SITASE hoy SITAEL.

Logrado el fallo a su favor, los demandantes, con Bobadilla Yarlaqué a la cabeza, solicitaron al Departamento de Liquidaciones de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque que establezca el monto que les correspondía recibir por devengados y el incentivo al que tenían derecho según lo reconocido por el juzgado y la Primera Sala Civil.

El Poder Judicial aplicó las directivas del gobierno regional y estableció que los trabajadores debían recibir mil 430 soles como incentivos mensuales, y aproximadamente 117 mil soles a cada servidor por el beneficio que no percibieron durante una década, que sumados a los intereses generados a su favor ascienden, en total, a 11 millones 589 mil 943.66 soles.

“Empezamos a batallar con la administración y le hacíamos saber al juez que la Gerencia de Educación se negaba al pago de los incentivos, hasta que al final decidió, el año pasado, hacer efectivo el pago de mil 430 soles en atención a lo que señaló el Poder Judicial. Empezaron a pagar los incentivos mensuales, pero no los devengados”, precisa.

OTROS INCENTIVOS

Los gobiernos regionales tuvieron la facultad de regular el pago de incentivos en atención al Decreto de Urgencia 088-2011 hasta el 2012, debido a que desde el 2013 el Estado empezó a regularlos a través de las leyes presupuestales.

Con esta modificatoria, se ordenó a nivel nacional que un trabajador de centro educativo reciba 650 soles como incentivo único mensual, que a partir de este año, de acuerdo a la Ley de Presupuesto 2017, se incrementa a 700 soles.

Este pago es adicional a los mil 430 establecidos en virtud del Decreto de Urgencia 088-2001, sin embargo, en el caso de Lambayeque nuevamente los administrativos de las instituciones educativas han quedado excluidos, por lo que se han visto en la necesidad de nuevamente recurrir al Poder Judicial en exigencia de sus derechos.

“Es decir, nos están pagando desde el año pasado solo los mil 430 soles que dispone el mandato judicial, pero no los 650 que regula el Estado como incentivo único que además ha sido dispuesto por el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF. La demanda ha sido presentada y se encuentra en el despacho del Cuarto Juzgado Civil de Chiclayo, que despacha la doctora Cristina Quiroz Vega”, sostiene.

PAGO DE DEVENGADOS

Los afiliados al SITASE, en cuya tutela se pronunció el Poder Judicial, han exigido que se dé cumplimiento al mandato en lo referido al pago de los devengados, de lo que no recibieron como incentivo entre el 2002 y el 2012, monto que supera los 11 millones de soles.

“El juez emitió una resolución por la cual exigió a la Gerencia Regional de Educación que establezca un cronograma de pago o que designe o señale a la persona responsable de estos devengados. Sin embargo, tanto las UGEL de Chiclayo, Lambayeque y Ferreñefe, así como la Gerencia Regional de Educación y el Gobierno Regional de Lambayeque hasta el momento no han dado respuesta”, comenta Bobadilla Yarlaqué.

Ante la negativa de respuesta y de cumplimiento del mandato judicial, los trabajadores demandantes recurrieron al Segundo Juzgado Civil de Chiclayo para solicitar, primero, el embargo de una cuenta bancaria de recursos ordinarios del Gobierno Regional de Lambayeque. Esto sucedió en el 2015.

La primera instancia aceptó el embargo por un monto de 700 mil soles, pero ante la oposición del procurador gobierno regional el pedido fue elevado a la Segunda Sala Civil de Lambayeque, la misma que en julio del año pasado desafectó la cuenta, debido a que el Gobierno Regional de Lambayeque no formaba parte del proceso, y que la entidad emplazada y sobre la cual los trabajadores habían obtenido el fallo era la Gerencia Regional de Educación.

La resolución de los magistrados de la Segunda Sala Civil señala textualmente que “el requerimiento de pago de los adeudos debe hacerse directamente a la entidad vencida en el proceso”.

EMBARGO DE CAMIONETAS

Desafectada la cuenta del gobierno regional, los trabajadores solicitaron nuevamente la medida coercitiva para que se cumpla con el pago de sus beneficios reconocidos por la autoridad judicial, y esta vez centraron su atención en los bienes muebles de la Gerencia Regional de Educación.

Así, luego del análisis del petitorio, el juez del Segundo Juzgado Civil de Chiclayo, Juan Terán Arrunátegui, resolvió el embargo de camionetas propiedad de la Gerencia Regional de Educación.

El juez ofició a la Gerencia Regional de Educación para que el informe el uso que se le daba a los vehículos con placa de rodaje EGS-838 y EGT-023, ambas Toyota Hilux, color gris oscuro metálico, modelo 2015, recibiendo como respuesta, en septiembre del año pasado, que se empleaban para el desplazamiento del personal encargado del trabajo pedagógico y de monitoreo, siendo estos argumentos insuficientes para el magistrado.

En la Resolución N° 119, del 5 de enero pasado, Terán Arrunátegui señala que “la entidad demandada viene mostrando una actitud renuente a cumplir con los mandatos judiciales, pues a pesar que no cuestionó oportunamente la resolución que aprueba la liquidación de devengados e intereses legales, no ha cumplido con programar el pago de su obligación, habiendo transcurrido más de dos años desde que se aprobó la liquidación y, posteriormente, se ha negado a presentar la documentación que acredita que los vehículos cuya afectación se solicita vienen siendo destinados al uso de la institución para los fines a los cuales ha sido establecida. Por el contrario, se permite afirmar que se destinan a usos diversos que no tienen relación con el servicio que presta la Gerencia Regional de Educación de Lambayeque”.

En consideración de ello, el juez consideró factible adoptar la medida de embargo en forma de inscripción, ordenándose se inscriba la afectación hasta por el monto de 100 mil soles cada uno de los vehículos, a fin que una vez tasados se proceda a su remate en subasta pública, cursando partes a la Superintendencia Nacional de Registros Públicos – SUNARP, Oficina Registral de Chiclayo.

Terán Arrunátegui ofició el 9 de enero pasado a Registros Públicos para que proceda a la inscripción del embargo en las partidas registrales N° 60744590 y N° 60741961.

Asimismo, con Resolución N° 120, del pasado 20 de enero, el magistrado dispuso el embargo sobre dos unidades vehiculares más. Se trata de las camionetas de placa EGS-265 y EGU-805, con partidas registrales N° 60738308 y N° 60766608, respectivamente. Las unidades tienen las mismas características a las otras dos embargadas.

Del total, una camioneta es utilizada por la Gerencia Regional de Educación, dos por la UGEL Chiclayo y una por la UGEL Ferreñafe.

Exgerente del PEOT pone las manos al fuego por Yehude Simon Munaro y asegura que nunca recibió un centavo de Odebrecht para las campañas electorales del humanista.

Por el escándalo de corrupción internacional que compromete a funcionarios públicos y a la constructora Odebrecht para hacerse de la buena pro y construcción de grandes y millonarias obras, el exgerente general del Proyecto Especial Olmos Tinajones – PEOT, Enrique Salazar Torres, hombre de confianza del expresidente regional y líder del Partido Humanista Peruano, Yehude Simon Munaro, negó tajantemente haber estado involucrado en algún acto irregular y marcó distancia de los funcionarios del gobierno central, ya que cuando las obras del Proyecto Olmos se iniciaron, todo venía regulado desde la capital.

“Todo lo que está pasando nos pone en sospecha a todas las personas que de manera laboral o contractual hemos tenido que ver en forma directa o indirecta con Odebrecht, que seamos vistos con un cartel en el pecho que nos señala como delincuentes, requisitoriados o apestados, cuando las cosas son muy distintas”, sostiene Enrique Salazar.

El exfuncionario en los dos mandatos regionales de Yehude Simon Munaro, en los que se gestó la ejecución del Proyecto Olmos, sostuvo en entrevista con Expresión que consolidar la obra más adorada de Lambayeque no ha sido fácil, ha significado una maratónica lucha en la que primó la constancia y vehemencia de muchos lambayecanos y peruanos, descartando así todo tipo de corrupción.

“Descarto que en el Proyecto Olmos, desde su propuesta hasta su ejecución, haya habido algún acto de corrupción. Simplemente no hubo nada de los que se dice y especula porque las cosas, como es el caso de las obras de trasvase, se hicieron como deberían  hacerse. Además, las cosas venían armadas desde Lima, con Proinversión”, destaca.

BARRO CON VENTILADOR

Salazar Torres también señala que en la actualidad existe todo tipo de suspicacia,  refiriendo que desde la actual gestión regional que lidera Humberto Acuña Peralta se les quiere tirar “barro con ventilador”, al decirse que cuando el apepista llegó a ocupar la silla regional, en el año 2011, este no firmó ningún contrato con la empresa Odebrecht ya que todo había sido hecho por Yehude Simon Munaro y sus más cercanos funcionarios.

“Es cierto que el señor Humberto Acuña no firmó ningún contrato con la empresa Odebrecht, pero sí ha firmado adendas, entre ellas la que permitió a Odebrecht comprar lotes en la subasta, cuando en los contratos que se firmaron en el gobierno de Yehude Simon había quedado prohibido que la empresa constructora pueda comprar terrenos en Olmos. Sin embargo, en el gobierno regional de Acuña se cambió esa cláusula y mediante adenda se le dio potestad para hacerlo”, explica.

Había otra cláusula en el contrato – sigue narrando – que indicaba que mientras no se termine de subastar las tierras del proyecto Olmos, la empresa constructora; es decir, Odebrecht, no podía pedir financiamiento y comenzar las obras, pero tampoco eso se cumplió.

“Con una adenda, a Odebrecht se le permitió que se adjudique las 11 mil hectáreas de tierras que no se habían vendido, pero es el caso que luego la empresa las vendió a precio muy distinto es decir, a precio muy real del mercado de predios. Si bien esas adendas cambiaron parte del contrato, considero que fue necesario que se ejecuten para que de esta manera se garantice la continuidad del proyecto. No quiero con ello decir que esté en contra de su firma”, relata.

Salazar Torres añade que en la gestión de Yehude Simon no se dio ninguna adenda que signifique gastos adicionales en la obra, ni tampoco se negoció, todo se hizo a través de Proinversión y del Ministerio de Economía y Finanzas -MEF.

“Cuando nosotros entramos todo ya estaba definido y se le había dado la adjudicación a Odebrecht. Nosotros nunca negociamos con el Proyecto Olmos”, resaltó el ex gerente general del PEOT.

LOS INICIOS

El exfuncionario regional y hombre de confianza de Yehude Simon Munaro, recuerda que en el año 2004 se firmó un convenio entre el Gobierno Regional de Lambayeque y Proinversión para impulsar el Proyecto Olmos.

“Era todo un esquema armado y era la primera concesión que se hacía en el Perú en este campo. Ese modelo lo había implementado el equipo del presidente de ese momento, Alejandro Toledo Manrique”, señala.

Explica que no puede afirmar si hubo o no corrupción en ese momento, pero sí descarta de lleno que en Chiclayo haya ocurrido algo ilegal, ya que todo venía desde Lima. Además, todas las concesiones que se venían haciendo en ese momento eran ad hoc de cada necesidad que en ese momento se presentaba, y para ello, los contratos se  reestructuraron en función de lo que se buscaba.

“En ese momento la obra de Olmos se presentaba como inviable, el ingeniero Daniel Cumpa de Proinversión, junto al equipo técnico del presidente Alejandro Toledo, concebía hacer una concesión global; es decir, integrar todo el proyecto, tanto trasvase, como el hidroenérgetico y el de irrigación. La idea que en un principio se tenía era hacerlo todo en un solo paquete, porque por partes era inviable y además no había financiamiento. Sin embargo, posteriormente la concesión que se armó en el gobierno nacional, decidió, a través de Proinversión, partir el proyecto en tres componentes, el de trasvase, el hidroenergetico y el de irrigación”, recuerda.

Comenta que en el trasvase hubo varios postores y en las diversas etapas fueron saliendo e incluso se contrató a un banco de inversión francés para que haga una evaluación de las bondades y necesidades del Proyecto Olmos.

El banco francés – señala - fue el que determinó las tarifas del metro cubico de agua trasvasada, así como el costo y el tiempo para construirlo. Respecto al financiamiento se determinó que la empresa Odebrecht lo busque el financiamiento, pues el Estado Peruano se comprometió a cofinanciar con 77 millones de dólares.

La empresa consiguió el financiamiento a través de la Corporación Andina de Fomento –CAF, por un monto superior a los 100 millones de dólares.

NO A MÁS GASTOS

Relata que en la concesión había algunos candados que evitaban que se caiga en vicios propios de una obra pública, como, por ejemplo, no se reconocía ciertos tipos de gastos, así como adicionales.

“Todos los gastos extras por acciones impropias de la obra tenían que ser asumidos por la propia empresa concesionaria; es decir, cualquier evento que se presentará debía ser asumido por la empresa constructora, ya que para eso contaba con un seguro”, detalla.

De igual manera, dentro del contrato que se firmó inicialmente, la empresa no podía paralizar la obra por algún tipo de eventualidad no prevista, como es el caso del derrumbe que hubo en la zona de la presa Limón.

“Ese problema que se suscitó inesperadamente no le costó un solo centavo al Estado. Otro evento fue el ocurrido en el verano del año 2009, cuando hubo fuertes lluvias que terminaron inundando la boca del túnel en el frente oriental. En este caso Odebrecht pretendió cobrar daños y perjuicios por 30 millones de dólares, y el presidente regional Yehude Simon Munaro no lo permitió. Fuimos a un arbitraje y ganamos. Al final, el seguro que tenía la empresa con el proyecto pagó los daños”, expone.

EMPRESA SUPERVISORA

Enrique Salazar indica que fue tal la transparencia con la que se trabajó en las dos gestiones regionales de Yehude Simon Munaro, que para vigilar el buen desarrollo de las obras se tuvo que contratar una empresa supervisora, pero que esta no le costó ni un centavo a los lambayecanos y mucho menos al país, ya que fue la propia empresa Odebrecht la que pagó la supervisión, pero la hizo a través del Gobierno Regional de Lambayeque.

“Fue un consorcio francés alemán que ganó la buena pro de la supervisión, pero ellos eran pagados por la misma empresa constructora por estar así establecido en el contrato que se firmó. Nosotros optamos por contratar un supervisor internacional, y eso fue lo que ocurrió”, explica.

Durante el desarrollo del Proyecto Olmos no hubo problemas contractuales y tampoco se permitió que el Estado pague un centavo más a Odebrecht. Es más, cuando se produjeron los estallidos de roca al interior del túnel trasandino, se vieron en la necesidad de recurrir a una institución independiente para encontrar una solución armoniosa al problema. En este caso, fue la Universidad del Pacífico que un equipo técnico hizo la evaluación de los daños que determinó que la empresa pague los gastos generados.

SOBERBIOS

En otro punto de la entrevista, Enrique Salazar recuerda que cuando el ex presidente del Consejo de Ministros, René Cornejo, se encontraba al frente de Proinversión, se oponía a la ejecución de las obras de trasvase del Proyecto Olmos por razones que él solamente sabe.

“Recuerdo que en una oportunidad estuvimos en una reunión en Proinversión y después que hiciéramos una explicación de las bondades del proyecto para Lambayeque y para el país, nos tiró los papeles a un tacho. Poco le importó que en la reunión estuviera el Concejo Directivo en pleno del Proyecto Olmos, que en ese momento lo presidía el fallecido Rumenos Scander”, señala.

Indica que la actitud de René Cornejo era soberbia y al parecer no quería nada con Lambayeque. Ellos –detalla- el Consejo Directivo del Proyecto Olmos vivía solamente en Lima y se trasladaban de un lado para otro para conseguir algo novedoso para el Proyecto Olmos, lo que al parecer a algunos limeños no les gustaba.

“Nosotros como gobierno regional andábamos día a día en Lima presionando en el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, para desarrollar todas las cláusulas en cuanto a lo referente al financiamiento del proyecto. El ex ministro de Vivienda, Carlos Bruce, se opuso a que se hiciera el Proyecto Olmos bajo argumentos que no tenían asidero. Tenía la idea de dejar de lado la ejecución de trasvase del Proyecto Olmos, y que en su lugar se hagan mil pozos tubulares en la zona”, comenta.

DETRACTORES

Agrega que en Chiclayo siempre ha habido fundamentalistas respecto al Proyecto Olmos e incluso se presentó una denuncia en el Ministerio Público con el argumento de que se habría quitado tierras a la comunidad campesina Santo Domingo de Olmos.

“Estuve nueve años en la gerencia del PEOT, entré en el 2002 y terminé en diciembre del año 2010. Yo llegué al proyecto cuando aún existía el INADE y me designaron director ejecutivo”, afirma.

Salazar Torres no niega haber trabajado las campañas electorales de Yehude Simon Munaro y afirma que los aportes económicos siempre vinieron de amigos, empresarios locales y nacionales, pero nunca de Odebrecht.

“He cumplido algunas funciones dentro del partido y de una cosa sí estoy seguro y puedo poner las manos al fuego por Yehude. Las campañas electorales de Yehude Simon siempre fueron franciscanas.  Yo conozco bien a Yehude y sé que es una persona súper honesta y no creo que haya pedido o recibido algo o lucrado con alguna empresa como en la actualidad se especula”, resalta Salazar Torres.

Finaliza indicando que las investigaciones iniciadas por los actos de corrupción de la constructora brasilera no lo inquietan, pues está seguro de su honestidad de la manera correcta en la que se condujo la ejecución del Proyecto Olmos.

“Estoy seguro que mi nombre no aparece en ninguna lista, ya una vez me denunciaron diciendo que tenía tres departamentos en el edificio donde vivo, cuando en realidad se trata de mi vivienda, un espacio en el estacionamiento y un cuarto en la lavandería. Se han dicho muchas cosas, se seguirá especulando, pero al final se sabrá la verdad”, enfatiza. 

Desde noviembre del año pasado, cuando se produjo el operativo de captura de los presuntos integrantes de las organizaciones “Hermandad y Empresarios del norte”, el rumor de que David Ángel Guerrero Rodríguez, alias “Ñoño”, era el colaborador eficaz 15012016 de la Fiscalía Contra el Crimen Organizado – FECOR, que dirige el fiscal Juan Carrasco Millones, empezó a tomar fuerza. Luego, corrió como reguero de pólvora la teoría de que el mismo personaje era el “testigo clave 012016” en la investigación, hecho que hoy queda confirmado al conocerse el contenido del Acta de Reserva de Identidad suscrita entre un representante del Ministerio Público y el conocido delincuente en las instalaciones del expenal de Picsi.

Esto revela una situación a todas luces irregular en la conducción de la investigación que tiene a cargo el fiscal Germán Montero Ugaz, debido a que se estaría trasgrediendo abiertamente lo indicado por el Nuevo Código Procesal Penal, desde el artículo 472 al 480, que reglamentan el proceso del colaboración eficaz, pero además, el Decreto Legislativo N° 052, Ley Orgánica del Ministerio Público y el Código de Ética de esta institución, que exigen al titular de la investigación objetividad, imparcialidad y probidad.

EL COLABORADOR

David Ángel Guerrero Rodríguez, alias “Ñoño”, “Gordo” o “Carnicero”, es el colaborador eficaz 15012016 del Ministerio Público, cuyas declaraciones sirven de base para la investigación iniciada contra las presuntas organizaciones criminales “Hermandad del norte” y “Empresarios del norte”, a las que se imputan una serie de ilícitos que van desde la extorsión hasta el sicariato.

Inicialmente fue la Fiscalía Contra el Crimen Organizado de La Libertad la que tomó lo dicho por Guerrero Rodríguez como piedra angular del caso, derivando en mayo del año pasado la carpeta fiscal a la FECOR Lambayeque, para que esta continúe con las indagaciones.

La identidad de Guerrero Rodríguez como colaborar eficaz del Ministerio Público fue revelada en audiencia pública en el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, cuando se evaluaba el pedido fiscal de prisión preventiva contra algunos de los supuestos miembros de las organizaciones capturados en el operativo que se realizó la madrugada del 3 de noviembre del 2016.

Alias “Ñoño” se encuentra recluido en el Establecimiento Penitenciario de Chiclayo, expenal de Picsi, desde septiembre del 2015, por su participación en el asesinato de Teodosia Flores Vásquez.

SUS VENTAJAS

Pese a su reincidencia criminal y a que en el 2012, al acogerse también a la figura de colaboración eficaz quedó prohibido por mandato judicial de cometer actos ilícitos, el Ministerio Público volvió a beneficiarlo con el mismo procedimiento, y, lo que es peor, en septiembre pasado, antes del operativo de captura a los integrantes de las organizaciones que supuestamente él ha delatado, el fiscal Juan Carrasco Millones solicitó al juzgado que revisa el asesinato de Teodosia Flores, la excarcelación de Guerrero Rodríguez argumentando que su vida corría peligro al interior del  establecimiento penitenciario.

Expresión, en la edición 996, puso en evidencia el proceder de los fiscales en este caso y las amplias ventajas dadas a Guerrero Rodríguez, a quien – confirmado está – no solo le concedieron nuevamente la posibilidad de acogerse a la colaboración eficaz aun cuando se trata de un reincidente, sino además se le aceptó como testigo clave para corroborar sus propios dichos.

EL ACTA

El 20 de enero del 2016, la Fiscalía Contra el Crimen Organizado de La Libertad emitió la Disposición de Investigación Preliminar “con la declaración del colaborador eficaz FPCLL15012016”, estableciendo un plazo de ocho meses para el desarrollo de las diligencias en la investigación seguida contra la presunta organización “Hermandad del norte”, caso que fue declarado como complejo. El colaborador con el código 15012016 era David Ángel Guerrero Rodríguez.

Días después, el 9 de febrero, al interior del expenal de Picsi, con presencia del personal policial de la Sección de Homicidios, el fiscal Danfert Yoplac Torres, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo, redactó el Acta de Reserva de Identidad a favor de David Ángel Guerrero Rodríguez, de 35 años, quien – según el documento – “solicitó voluntariamente se le recepcione su declaración testimonial en torno al delito de homicidio calificado – sicariato en agravio de Luis Roberto Cieza Vásquez, ocurrido el 23 de diciembre del 2015”.

Cieza Vásquez, exauditor de la SUNAT, fue ultimado en la Urbanización Santa Victoria, y según Guerrero Rodríguez, quien desde septiembre del 2015 se encuentra recluido en el establecimiento penitenciario, conocía quiénes habían ejecutado el crimen, así como detalles del hecho.

Por esta razón, junto a su abogado, el exfiscal Jorge Pérez Cerdán, Guerrero Rodríguez solicitó al Ministerio Público la reserva de su identidad en su calidad de “testigo clave”, motivo por el cual el fiscal Yoplac Torres procedió a asignarle el código 012016.

En su declaración, recogida ese mismo día, alias “Ñoño”, dijo conocer quiénes ordenaron la muerte del exauditor de la SUNAT, así como la identidad de los sicarios contratados para cometer el crimen. Dijo haber participado en trabajos de reglaje contra el funcionario e incluso que sabía del monto que se ofrecía por la ejecución del asesinato. Sin embargo, sus versiones se contradicen a las que ofreció como colaborador eficaz, y aun cuando la incongruencia es evidente – de acuerdo a las actas de declaración – para el Ministerio Público lo dicho por el colaborador eficaz 15012016 ha sido corroborado por el testigo clave 012016, tratándose de la misma persona.

VIOLACIÓN DE LA NORMA        

De acuerdo al Artículo 474 del Nuevo Código Procesal Penal, inciso “b”, el colaborador eficaz debe “conocer las circunstancias en las que se planificó y ejecutó el delito, o las circunstancias en las que se viene planificando y ejecutando”, requisito que Guerrero Rodríguez no cumplía a cabalidad en razón de que el asesinado de Cieza Herrera se produjo el 23 de diciembre del 2015, y este se encuentra recluido bajo prisión preventiva desde septiembre de ese año.

El inciso “c” del mismo artículo, señala que el colaborador debe “identificar a los autores o partícipes de un delito”, empero en su declaración inicial y en la dada como testigo clave, cambia a los actores responsables de ejecutar el asesinato del exfuncionario de la SUNAT.

El artículo 479 del Nuevo Código Procesal Penal es claro al indicar que el beneficiario de la colaboración eficaz está condicionado a no cometer delito doloso dentro de los diez años posteriores a haber recibido la condición premial. Este presupuesto fue infringido por Guerrero Rodríguez al participar del asesinato de Teodosia Flores Vásquez, en junio del 2015, debido a que a fines del 2012 el Poder Judicial dejó sin efecto una condena en su contra a cinco años de prisión por el delito de receptación agravada, al acogerse en aquella oportunidad también a la colaboración eficaz.

Aun así, para el Ministerio Público lo relatado por David Ángel Guerrero constituye la base en la investigación que se sigue contra los presuntos integrantes de la “Hermandad del norte” y “Empresarios del norte”, al punto que en su requerimiento de detención preliminar y allanamiento presentado ante el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria, que despacha la jueza Mary Núñez Cortijo, los fiscales dan por sentado que lo dicho por el colaborador eficaz fue corroborado por los testigos claves, entre ellos, la misma persona.

Esto quedó confirmado en la Resolución N° 1, del 2 de noviembre del 2016, emitida por Núñez Cortijo autorizando el allanamiento de viviendas y captura de 35 personas.

En el segundo considerando de su resolución, la magistrada, recogiendo lo indicado por la Fiscalía Contra el Crimen Organizado – FECOR Lambayeque, señala que “en el curso de las investigaciones se recabó las declaraciones de otros colaboradores eficaces”, entre ellos el 15012016, así como de los testigos claves, entre ellos el 012016, “que corroboraron la versión del colaborador eficaz 15012016. El informe del Departamento de Inversión Criminal de la Policía Nacional del Perú, que sirvió a los fiscales para formular su requerimiento a la jueza, contiene la misma precisión. Hoy se sabe que tanto colaborador como testigo, son la misma persona.