El Establecimiento Penitenciario de Chiclayo, ex penal de Picsi, está a punto de estallar. Una sobre población que alcanza a cuatro mil internos lo ha convertido en un centro de abuso de derechos humanos.

Y lo digo así porque su capacidad de instalación estuvo destinada a 920 internos, hoy en día los internos deben dormir en dos turnos: los que consiguen conciliar el sueño de noche son cerca de la mitad y el resto lo hace día, pues han tenido que aprender de la cultura del “gallo”, unos de píe, otros de rodillas y algunos en cuclillas.

El Estado Peruano para mantener a la población penitenciaria de Chiclayo invierte 28 soles diarios, por cada uno de los internos, lo que incluye atención en alimentación para el desayuno, almuerzo y cena; quiere decir que al mes se gastan 112 mil soles y al año  un millón 334 mil 400 soles o su equivalente a 395 mil 294 mil dólares, aproximadamente.

Una inversión dedicada a la atención de personas con sentencia, con prisión preventiva y otros a la espera de condenas que no tienen cuándo conocerse.

Entre tanto la población penitenciaria de Chiclayo no logra con el rol de resocialización, primer objetivo que debe cumplir con quienes han delinquido, porque entiendo que la privación de libertad  no tiene un sentido completo si el Estado a la vez que ejerce mayor poder sobre los ciudadanos que es el de castigar, no aprovecha el tiempo de la prisión para procurar que este colabore voluntariamente en transformar su comportamiento en el adecuado para la convivencia pacífica. Salvo los casos en que el infractor no es un sujeto inadaptado, con una socialización defectuosa.

El interno debe recibir un tratamiento individualizado, dirigido a la adquisición de nuevas pautas de comportamiento social que permitan una convivencia normalizada con sus conciudadanos, desarrollando su capacidad para la vida en común. Es evidente que si durante el encierro no se consigue que el sujeto varíe su comportamiento y una vez en libertad vuelve a infringir el ordenamiento penal, la colectividad no habrá obtenido ningún beneficio de su privación de libertad que, además, habrá costado una suma considerable de dinero al erario público.

Demos una mirada al hacinado Penal de Chiclayo, allí hay personas que lejos que hayan cometido delitos diversos son seres humanos a los que hay que atender, hablar por ellos, pero además trabajar de manera conjunta, coordinada con las familias, escuelas, universidades, desde los municipios distritales, provinciales, gobernación, el sector público en general y, por supuesto, con toda entidad asociativa en la que la cultura de la prevención sea el pan de cada día.

Es innegable que el rol de nuestras autoridades, el liderazgo que impriman a sus gestiones han de redundar en la sociedad, de tal manera que el aspecto educativo, de cultura, entretenimiento, deporte, ejercicio musical, de teatro y otros deben ponerse en marcha para tener cada día una sociedad sana, entretenida y que los índices de delincuencia vayan acortando la brecha que  hoy en día preocupan.

No olviden queridos lectores que a 10 kilómetros de Chiclayo, cuatro mil personas privadas de su libertad, equivocadas o no en su actuación, están clamando atención. Detrás de las rejas de este vetusto establecimiento penitenciario hay cuatro mil historias de seres humanos que sufren no solo los errores de sus vidas, sino que no cuentan con las mínimas condiciones de existencia. Allí hay personas con enfermedad terminal, con edades que pasan de los 70 años, jóvenes que están presos y que sin quehacer saldrán de esos barrotes más profesionales en la delincuencia, sino se logra su resocialización con algún oficio que pueda enfrentar a la sociedad después de largos años de encierro.

Queridos lectores, en una amplia entrevista con el doctor Elmer Baca Clavo, quien conoce desde adentro la profundidad de la problemática penitenciaria, hemos entendido que el infractor no es un sujeto inadaptado, con una socialización defectuosa, el preso debe recibir un tratamiento individualizado dirigido a la adquisición de nuevas pautas de comportamiento social que permitan una convivencia normalizada con sus conciudadanos desarrollando su capacidad para la vida en común.

Estamos advertidos: Cuidado con un motín que es diferente a una reyerta… si esto sigue desbordándose nadie lo para, aplaudo los anuncios que ya ha esbozado la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marisol Pérez Tello, que tiene que sincerarse esta cifra, tienen que cesar las prisiones preventivas, tiene que trabajarse los arrestos domiciliarios y analizarse los casos de internos con enfermedades terminales y de mayoría de edad.

Entre tanto, ayúdenme a orar por aquellos que están privados de su libertad ellos necesitan de comprensión, clemencia, caridad y filantropía, no olviden que detrás de cada uno hay familias que también sufren.