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El embarazo adolescente y los círculos de pobreza

Escribe: Rosa Amelia Chambergo Montejo (*)
Edición N° 1218

La pandemia del Covid-19 puso sobre la mesa las enormes deficiencias de nuestro sistema de salud. Ni las clínicas privadas, por las cuales los ciudadanos pagan exorbitantes sumas de dinero a través de los seguros han sido capaces de resolver con eficiencia la urgente necesidad de atenciones inmediatas y seguras. Ni qué decir de los hospitales públicos.

La falta de infraestructura adecuada, de equipamiento, de recursos humanos capacitados y suficientes, ha sido en el último año y medio pan de cada día. Es tal el atraso a nivel sanitario que tiene el Perú que hasta puntos de oxígenos faltan en los hospitales, además de camas para cuidados intermedios e intensivos y un largo etcétera.

No es un secreto que las políticas de salud preventiva también han sido insuficientes y en muchos casos nulas en un país que en los últimos 20 años se precia de tener una economía por encima del promedio regional y con una alta calificación.

Pues bien, la pandemia nos enrostró el drama de los hospitales, pero hay otro serio problema de salud pública con el que lidiamos a diario, desde hace décadas, y sobre el cual poco o nada se ha hecho.

Ese problema es que el embarazo adolescente. Las estadísticas respecto a este no han variado en décadas. Por el contrario, de acuerdo al Ministerio de Salud la situación se torna cada año más seria debido a las edades en las que nuestras niñas son forzadas a la maternidad. A ello debemos sumar que pese a existir normas técnicas para la aplicación del aborto terapéutico en casos en los que la salud de la madre, el niño o de ambos corre peligro, su cumplimiento es asilado y engorroso. El sistema no es expeditivo pese a la urgencia.

Es tan crítica la situación que de acuerdo a reportes del Fondo de Población de las Naciones Unidas – UNFPA, cada ocho minutos una adolescente, entre los 15 y 19 años, se convierte en madre en el Perú. Cada ocho minutos.

Otro dato revelador y doloroso a la vez es que todos los días se atienden en nuestro país en promedio cuatro partos que tienen a adolescentes como protagonistas y esto es solo el inicio de una serie de problemas colaterales.

El embarazo adolescente representa no solo el reflejo de una sociedad en la cual dos factores son determinantes: por un lado, la violencia sexual que se ejerce contra las menores de edad, principalmente en el entorno familiar, y, por otro, la falta de orientación y educación sexual integral que debe tener a la familia y a la escuela como pilares fundamentales.

Sobre lo primero, la pandemia y la cuarentena que durante el 2020 se aplicó para prevenir los contagios contra el Covid-19 no incluyó el rol protector y vigilante del Estado respecto de la población más vulnerable a los actos de abuso sexual: las niñas.

En tanto, recién hace unos días el Ministerio de Educación ha aprobado las guías técnicas para que la promoción de la educación sexual integral en el ámbito escolar, lo que significa que antes esta política pública estaba prácticamente ausente o escondida en el trabajo pedagógico. Desde luego, la responsabilidad no es de los maestros, que en medio de sus limitaciones hacen o procuran hacer un buen trabajo. La responsabilidad es del Estado.

El embarazo adolescente resulta peligroso no solo porque expone a las menores a situaciones complejas de salud, sino también a los niños que gestan. De ahí que los indicadores de muerte materno-infantil, anemia y preclamsia, desnutrición al nacer, abortos clandestinos, nacimientos prematuros y otro largo etcétera siguen tan presentes en nuestra sociedad. Son problemas de salud que están ahí, pero para la gran mayoría parecen ausentes.

Debemos añadir que un embarazo adolescente representa también la postergación del plan de vida de las niñas, limita o anula sus posibilidades de estudio, genera entornos de discriminación y violencia y, lo que es más grave aún, acrecienta los círculos de pobreza que en el último año y medio se tornaron más latentes debido a la pandemia y la crisis laboral y económica que trajo consigo.

Cabe entonces la responsabilidad pública para abordar el problema general y los problemas colaterales que se extienden a partir de él. Los embarazos en adolescentes no son pura estadística, hay que mirar con atención sus causas y consecuencias para proteger a nuestras niñas y evitar que más niños sigan viviendo en entornos de violencia y pobreza.

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Directora / Fundadora.

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