Veremos muy pronto si el Congreso de la República está a la altura de lo que los peruanos aspiramos, pues es este poder del Estado el que tiene que dictar las medidas urgentes que reorganicen al cuestionado Consejo Nacional de la Magistratura – CNM.
El fin de semana pasado, los audios propalados por IDL Reporteros, a través de Panamericana Televisión, revelan presuntos actos ilícitos que involucran a tres miembros de este organismo, al presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao y al titular de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, César Hinostroza Pariona y es evidente que este hecho mueve las esferas del Estado peruano y repercute en la inversión privada que crea trabajo y desarrollo en nuestro país.
Estos presuntos actos delincuenciales, que involucran a los entes de justicia, perjudican la imagen del país a nivel internacional. No entiendo cómo hasta el cierre de edición el Congreso de la República, bajo el dominio político fujimorista, no ha tomado una decisión al respecto y, por el contrario, se ha dedicado a atacar al mensajero y no al mensaje, como suele suceder. Para los congresistas fujimoristas las escuchas dispuestas por mandato judicial son ilegales, olvidándose que para traerse abajo al presidente Pedro Pablo Kuczynski utilizaron audios en los que se evidenciaba compra de votos para evitar la vacancia del expresidente, los mismos que fueron obtenidos de manera ilegal.
Desde Expresión demando una investigación profunda al más breve plazo y que esta concluya en resultados concretos. No queda duda que estos audios nos enrostran que la corrupción alcanza a los más altos niveles de nuestra patria.
Hay un alto grado de inmoralidad en el que actúan malos administradores de justicia, por lo que urge la reorganización total del CNM y también que se conforme una Comisión para Reformar el Poder Judicial. Los signos de extrema riqueza que presentan muchos jueces deben llamarnos la atención y es allí donde los medios de comunicación jugamos un papel importante, investigando y cruzando información de cómo es que un magistrado resulta dueño de diversas propiedades, no solo en el país, sino también en el extranjero, además que sus hijos de inmediato son dueños de propiedades sin que tengan trabajo seguro y como cereza para adornar el pastel, cuentan con jugosas cuentas bancarias en soles, dólares y euros.
Es cierto que un magistrado tiene un sueldo holgado que le permite vivir sino a cuerpo de rey, sin necesidades apremiantes, pero descubrir que de un año a otro sus ingresos y bienes aumentan en más de un 400 %, a cualquier ciudadano le llama la atención por no contar con la misma suerte de los que administran justicia, mientras otros con títulos y premios no encuentran trabajo.
Se debe revisar quiénes en los últimos cinco años han sido nombrados y/o ratificados por el Consejo Nacional de la Magistratura, pues muchos de los que hoy ocupan honorables cargos de jueces y fiscales no cumplen con el perfil y de allí el fracaso en muchos casos judiciales en los que termina perdiendo el Estado, por el tiempo, por la falta de idoneidad en la investigación y juzgamiento. Claro está, es importante también aprender a separar la paja del trigo y respaldar a los magistrados probos, que actúan con honestidad y apego a ley.
Es hora de mostrar un compromiso real con la lucha anticorrupción, el Perú pierde credibilidad con cada acto de corrupción que se descubre y, peor aún, se deteriora la confianza de la ciudadanía en las autoridades y se ahuyenta a los inversionistas extranjeros interesados en trabajar y generar empleo en nuestro país.
No permitamos que este caso que es sumamente grave pase como cualquier asunto, porque en él están involucrados los integrantes del CNM, que es el organismo encargado de evaluar, nombrar y ratificar a los jueces y fiscales y al jefe de la ONPE.
Hay un juez y un presidente de Corte también enlodados. ¡Por Dios! No olvidemos que la capacidad de impartir justicia en un país es una garantía para el desarrollo de un Estado de Derecho. ¿Cómo vamos a atraer a los capitales privados con estos gravísimos problemas de ética y moral?, ¿cómo alentar a los pequeños y medianos empresarios a seguir apostando por el país y generar más puestos de trabajo?
Esta situación se torna desalentadora para quienes de manera correcta trabajamos, generemos empleo, pagamos impuestos y sorteamos las dificultades diarias de hacer empresa de manera independiente.
