El 30 de septiembre del 2014,la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, a cargo del fiscal provincial Sergio Lucio Zapata Orozco, realizó un operativo que contó con la participación de más de 30 fiscales, teniendo por objetivo la captura del exalcalde Roberto Torres Gonzales y los principales funcionarios de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, el Servicio de Administración Tributaria y la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque - EPSEL.
A estos se les imputaban delitos contra la administración pública en sus figuras de corrupción de funcionarios y peculado, y por el delito contra la tranquilidad pública en sus figuras de asociación ilícita y lavado de activos en agravio del Estado.
El Requerimiento de Detención Preliminar Judicial se sustentó en el informe elaborado por la Oficina de Inteligencia de la Policía Nacional - OFINTERPOL Lambayeque, el mismo que concluía en la “…existencia de esta organización criminal, que estaría conformada por el actual alcalde de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, quien había organizado una red de mafiosos funcionarios y custodiado por regidores, para formar la asociación ilícita denominada Los Limpios de la Corrupción…”.
Han transcurrido más de 45 meses sin que hasta la fecha el Ministerio Público, a través de los seis fiscales ad hoc, asignados al caso, (dos provinciales y cuatro adjuntos) hayan podido consolidar una teoría del caso y mucho menos demostrar que en realidad la organización criminal existió, requiriendo una prórroga de 6 meses de investigación preparatoria, Pedido que devendría en ilegal y afectaría los derechos de los algo más de cien imputados.
FORMALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
Mediante Disposición del 7 de octubre del 2014, el coordinador de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, Sergio Zapata Orozco, a cargo de la Carpeta Fiscal N° 2447-2014, en la que se investiga a la supuesta organización criminal “Los limpios de la corrupción”, dispone formalizar investigación preparatoria y continuar su trámite en vía de proceso complejo contra Martín Villanueva Velezmoro, Percy Quesquén Díaz, César Regalado Rodríguez y otros nueve investigados, por la presunta comisión de los delitos de asociación ilícita para delinquir y lavado de activos en agravio del Estado y la Municipalidad Provincial de Chiclayo.
Al respecto, el Artículo 342° del Código Procesal Penal, establece que “… tratándose de investigaciones complejas, el plazo de la investigación preparatoria es de ocho meses... la prórroga por igual plazo debe concederla el juez de la investigación preparatoria…”.
Argumenta el Ministerio Público que “…esta organización criminal se encontraría liderada por el alcalde Roberto Torres Gonzales, quien desde el año 2007, que inició su primer gobierno municipal, cambió su estilo de vida, pese a no tener otro ingreso económico demostrado, adquirió diversos bienes que registró a nombre de terceras personas, así como de su pareja sentimental Norma Katiuska del Castillo Muro y su hija Nataly Torres Alarcón…”.
Mediante Resolución N° 46, del 1 de junio del 2015, la Titular del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, resolvió en los seguidos en el Expediente N° 5207-2014 (Carpeta Fiscal N° 2447-2014), prorrogar por el plazo de ocho meses la Investigación preparatoria de carácter complejo seguida contra Torres Gonzales y otros por el delito de lavado de activos y otros, en agravio de la Municipalidad Provincial de Chiclayo y otros, “…debiendo pronunciarse el Fiscal al concluir el plazo concedido emitiendo su requerimiento correspondiente…”, refiriéndose a acusar o sobreseer (archivar) el caso. La prórroga de ocho meses concedidos, concluyó el 31 de enero del 2016.
La juzgadora aprobó la prórroga solicitada en consideración que el representante del Ministerio Público refirió que al 1 de junio del 2015 había diligencias por realizar con la finalidad de esclarecer en su totalidad los hechos denunciados. El fiscal señaló además que la investigación preparatoria tenía por finalidad “reunir los elementos de convicción de cargo y de descargo, que permitan al fiscal decidir si formula o no acusación, y en su caso al imputado preparar su defensa…”.
ADECUACIÓN A CRIMEN ORGANIZADO
El 12 de enero del 2016, a 19 de días de concluir el plazo de prórroga de investigación preparatoria, el fiscal Zapata Orozco emitió la Disposición N° 145 en la que resolvió adecuar las actuaciones de la Carpeta Fiscal N° 2447-2014 a los lineamientos de la Ley Contra el Crimen Organizado, disponiendo en el mismo acto adecuar el plazo de investigación preparatoria a 36 meses, en la consideración que “producto de los actos de investigación, hasta la fecha se tiene razonables indicios de la existencia de una organización criminal denominada ‘Los limpios de la corrupción’, liderada por Roberto Torres Gonzales e integrada por diversas personas, consistente en funcionarios y servidores públicos, así como empresarios y terceras personas, quienes vinieron operando en distintas formas y modalidades, adquiriendo propiedades (bienes muebles e inmuebles) registradas a nombre de terceras personas, así como portando grandes sumas dinerarias, bienes que fueron incautados oportunamente…”.
La defensa de los investigados planteó ante el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria un control de plazos, resolviendo la juzgadora que “el Ministerio Público, en base a su autonomía y en base al principio de objetividad, tiene la facultad de establecer el plazo de investigación, más no el de prorrogar este plazo, lo cual solo puede ser concedido por el Juez de Investigación Preparatoria…”.
Como respuesta a la decisión de la juzgadora, la defensa postuló que la resolución apelada sea revocada en atención a que en la Casación N° 309-2015, caso Gregorio Santos, establece que durante la investigación preparatoria existen dos tipos de plazos (ordinario y extraordinario), cumplido el ordinario solo queda el extraordinario, no pudiendo regresar o retrotraerse al plazo originario; es decir, no se puede regresar a estados procesales precluidos (extinción de una etapa), puesto que regresar vulnera derechos de los imputados (plazo razonable, probar, presunción de inocencia, entre otros).
La Segunda Sala de Apelaciones de Lambayeque resolvió por unanimidad declarar infundado el control de plazos de la investigación preparatoria presentado por la defensa de los investigados, argumentando que sí resultaba procedente la adecuación del proceso complejo al sistema de criminalidad organizada en el estadío de prórroga del plazo de investigación, debiendo entenderse que lo que está en curso es el “plazo extraordinario” de 36 meses, que comprende el plazo transcurrido desde el 1 de junio del 2015.
De lo señalado, se concluye que el plazo extraordinario (prórroga) de investigación preparatoria terminó el 31 de mayo pasado; es decir, hace más de 40 días.
¿Por qué el Ministerio Público esperó más de 15 meses para adecuarse al Sistema Contra la Criminalidad Organizada si desde las primeras diligencias se hablaba de la presunta existencia de una organización criminal? ¿Acaso la adecuación solo se produjo porque los plazos se vencían y no habían consolidado la teoría del caso?
NUEVO REQUERIMIENTO
El 28 de mayo pasado, a las 3:50 de la tarde, 20 minutos después del cierre de Mesa de Partes, el fiscal Zapata Orozco presentó el requerimiento de prórroga de investigación preparatoria vinculada al Sistema de Crimen Organizado, aduciendo que el plazo extraordinario debe correr desde la adecuación al Sistema de Crimen Organizado; es decir, desde enero del 2016, y no desde el 1 de junio del 2015 como lo estableció la Segunda Sala de Apelaciones, razón por la cual, solicita prorrogar el plazo por 6 meses. Para el fiscal, los imputados deben soportar la carga de tres plazos: el ordinario, el extraordinario (prórroga) y el de prórroga de la prórroga, lo que a todas luces resulta ilegal, considerando que se dictaron prisiones preventivas bajo el argumento de que ya existían los elementos necesarios de culpabilidad de los investigados, vulnerando el debido proceso.
COSTOSA INVESTIGACIÓN
Hasta el 30 de junio de este año, solo en los haberes de los seis fiscales que se han mantenido a dedicación exclusiva en la Carpeta N° 2447-2014, los provinciales Sergio Zapata Orozco y Pamela Elías Bravo, y los adjuntos Elí Pérez Díaz, Eliú Arismendiz Amaya, Luisita Ruiz Chapoñán y Jhonny Sotero Zeta, se habría gastado aproximadamente tres millones 200 mil soles.
Este monto no considera que en los primeros meses la cantidad de fiscales asignados al caso era mayor, incluyendo, entre otros, a fiscales como Juan Manuel Carrasco Millones y Germán Montero Ugaz, hoy en la Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada, y sin considerar otros gastos como el alquiler de local (todo un piso en el distrito de La Victoria), muebles y enseres, equipos informáticos, útiles de oficina, remuneraciones de asistentes y/o secretarias, por lo que, presumiblemente, el gasto que vendría irrogando la presente investigación al Estado superaría ampliamente los cinco millones de soles.
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El 4 de julio se realizó el XVII Foro de Puertos denominado “Los puertos regionales, un elemento básico para el desarrollo del comercio exterior”, en el que se presentaron propuestas sobre reformas concretas que permitirán fortalecer y dinamizar el desarrollo portuario y las exportaciones del Perú.
“La modernización portuaria es un compromiso ineludible y más aún si queremos convertir al Perú en el hub regional del movimiento comercial marítimo”, expresión Yolanda Torriani del Castillo, presidente de la Cámara de Comercio de Lima, durante la inauguración del XVII Foro de Puertos que organiza anualmente la Comisión de Asuntos Marítimos, Portuarios y Aduaneros del gremio empresarial.
Torriani del Castillo advirtió que en el caso específico del Perú los costos logísticos se encarecen por problemas en el transporte terrestre de carga, el almacenaje y trabajas burocráticas. Añadió que a ello se suman limitaciones en a infraestructura, pues solo en terminales portuarios, incluyendo la que corresponde a la Empresa Nacional de Puertos, la brecha que hay que cubrir asciende aproximadamente a cinco mil 400 millones de dólares.
“Desde hace mucho impulsamos la modernización de nuestros terminales marítimos y fluviales. Eso implica tener un transporte seguro y que nos facilite cumplir con los plazos de entrega que asumimos al exportar o importar mercancías”, indicó la presidenta de la Cámara de Comercio de Lima.
De otro lado, Torriani del Castiillomencionó que recientes estudios del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo demuestran que los costos logísticos en el Perú y en Sudamérica son muy altos, llegando al 30 % del valor del producto, y que en los países desarrollados miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico – OCDE, este costo solo representa el 9 %.
“Esto nos resta competitividad y no solo de una empresa, sino del país en general”, afirmó Torriani del Castillo.
En ese sentido, dijo que el propósito del Foro de Puertos es contribuir a buscar soluciones a las problemáticas que afectan a los terminales marítimos y mejorar la política portuaria en el país.
COMPETITIVOS EN EL MERCADO MUNDIAL
El viceministro de Transportes, Carlos EstremadoyroMory, quien dio la bienvenida al evento, afirmó que es tarea del gobierno nacional, así como del sector público y privado, el desarrollo de sistemas de transporte multimodal articulado.
“Estamos fortaleciendo el desarrollo de proyectos y mejorando varios puertos nacionales y regionales, marítimos y fluviales, para ser más competitivos en el mercado mundial”, sostuvo.
Además, EstremadoyroMory señaló que el objetivo de desarrollar los puertos es abaratar costos, incrementar la carga de productos y mejorar los tiempos de transporte. “Son alternativas al transporte terrestre. La mejora de la infraestructura portuaria permitirá implementar el tema del cabotaje, que tantos años llevando esperando”, dijo.
Sobre los puertos en la selva, dijo que es necesario contar con mejores terminales portuarios en esta zona, porque es un factor que permitirá potenciar el desarrollo. “Las diferentes regiones del país serán beneficiadas cada vez que se invierta en los puertos. A eso estamos abocados”, puntualizó.
IMPORTANCIA DE LAS REGIONES
Alberto Ego – Aguirre, presidente de la Comisión de Asuntos Marítimos, Portuarios y Aduaneros de la Cámara de Comercio de Lima, comentó que en la edición 2018 del Foro de Puertos se consideró pertinente volcar la mirada hacia los puertos regionales, eslabón importante en la interconexión portuaria y primera vía hacia el comercio exterior de los empresarios regionales.
“Es necesario dar a conocer a las autoridades gubernamentales, regionales y locales, así como a la comunidad portuaria en general, la importancia que reviste para nuestro país el contar con un sistema portuario interconectado, con el uso eficiente de los puertos, aeropuertos y sistema ferroviario, buscando el fortalecimiento del comercio exterior y contando con tarifas competitivas”, aseguró Ego – Aguirre.
Por otro lado, mencionó que existen tres problemas que considera de suma importancia para el desarrollo portuario del país. El primero de ellos está relacionado con la vigencia del Decreto Legislativo 1147, que significó la pérdida de espacio de la Autoridad Portuaria Nacional como encargada de ejercer la autoridad marítima en el país – y que – según Ego – Aguirre, la comunidad portuaria espera que las autoridades dejen pronto sin efecto esta norma.
El segundo está referido al tema del cabotaje de mercancías, en el cual es necesario abrir el mercado a todos los actores sin distinción de nacionalidad, para que sea el libre mercado el que permita el desarrollo de la actividad; y, por último, la modificación de la Ley General de Aduanas, a fin de agilizar los despachos y operaciones aduaneras, sin dejar de lago el control.
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN PORTUARIO
Por su parte, Guillermo Bouroncle, gerente general de la Autoridad Portuaria del Perú, manifestó que la actualización del Plan Nacional de Desarrollo Portuario – PNDP, tiene como objetivo orientar, impulsar, ordenar, planificar y coordinar el desarrollo, modernización, competitividad y sostenibilidad del sistema portuario nacional.
Asimismo, dijo que esta actualización determina aspectos como el rol del Estado en la planificación portuaria, la delimitación de las áreas de desarrollo portuario, la limitación de la discrecionalidad en la adopción de decisiones y con ello la generación de mayor previsibilidad.
Por último, Bouroncle indicó que los planes maestros del PNDP corresponden a los terminales portuarios de Paita (Piura), Salaverry (La Libertad), Callao, Ilo (Moquegua), General San Martín y San Juan de Marcona (ambos en Ica), Iquitos y Yutimaguas – Nueva Reforma (ambos en Loreto), Pucallpa (Ucayali), Chimbote (Áncash) y a los terminales portuarios de uso privado.
Guardado bajo llaves ha estado durante estos meses la polémica Acta Final y Consolidada del Convenio Colectivo 2017-2018, suscrita entre la municipalidad de José Leonardo Ortiz y los dirigentes del sindicato de trabajadores, quienes aprovechándose del manejo que tienen sobre el movimiento de la comuna consignaron una serie de beneficios para sí mismos, sin sopesar la alicaída economía de la comuna.
El documento fue firmado el 1 de diciembre del 2017 por los integrantes de la Comisión Negociadora de Empleados, designados por la Resolución de Alcaldía N° 420-2017. Estos eran, el entonces gerente general del municipio, Rubén Ramos Chumioque; la gerente de Planeamiento y Presupuesto, Shirley Gómez Mendoza; el gerente de Administración y Finanzas, Segundo Sánchez Campos; la gerente de Asesoría Jurídica, Isabel Sánchez Vargas y el gerente de Recursos Humanos, Eusebio Flores Caicedo, en representación de la entidad, y los dirigentes Milton Chingo Gómez, Oscar Fernández Gonzales, Arturo Sánchez Mío, Julia Bazán Lozano, César Sáenz Falen y Manuel Suárez Díaz, así como Betty Sánchez Fernández, secretaria de Asuntos Municipales de la Federación de Trabajadores Municipales del Perú.
La quinta cláusula del convenio señala que los beneficios de este serán únicamente percibidos por los sindicalizados empleados nombrados y contratados permanentes en Planilla Única de Pagos y que, además, el pacto colectivo queda abierto para discutir y solucionar únicamente beneficios o derechos laborales a favor de los agremiados al SITRAMUND-JLO.
El pacto colectivo entró en vigencia el 1 de enero de este año y en la cláusula siguiente los firmantes acordaron que sus efectos se asumen de manera permanente únicamente para los trabajadores sindicalizados, mas no para aquellos que se agremien con posterioridad a la puesta en vigencia del acuerdo, esto bajo responsabilidad funcional de la Gerencia de Administración, la de Recursos Humanos y Planificación y Presupuesto.
Los compromisos
La municipalidad de José Leonardo Ortiz se comprometió a priorizar el pago de remuneraciones como máximo el último día hábil de cada mes laborado, así como la cancelación a los sindicalizados de sus derechos sociales, subsidios y devengados por todo concepto, “en forma oportuna y puntual”; “en forma oportuna que no debe exceder a quien días si se originase dentro del mismo año presupuestal, y, en forma puntual, si está sujeta a un cronograma de pagos, que deberá dar estricto cumplimiento la Gerencia de Administración y Finanzas bajo responsabilidad funcional, civil y penal”.
Se acordó también que el municipio convenía en priorizar el pago de adeudos a Essalud, ONP y AFP, fijando un monto no menor a 215 mil 806.67 soles mensuales, acogiéndose a convenios de fraccionamiento y/o facilidades de pago con el ente recaudador, a fin de evitar embargos o bloqueos de cuenta por los órganos competentes.
Del mismo, que se priorice el pago de adeudos a la ONP y AFP, fijando un porcentaje proporcional al total de la deuda prorrateada en seis meses, respecto de los servidores que han cumplido 65 años o más y/o se encuentren en la edad límite de jubilación, pago que se efectuará en forma adicional a lo decidido. Lo mismo se acordó para los trabajadores diagnosticados con enfermedad terminal o cáncer.
El municipio aceptó, además, otorgar la compensación “Horario de descanso” a los sindicalizados en el caso que “por necesidad del servicio debidamente acreditado realicen trabajo en exceso al de la jornada laboral; darles facilidades para que los días y las horas dejadas de laborar a raíz de desastres naturales no sean consideradas como inasistencias o tardanzas, y para que puedan acudir al cuidado de sus parientes en caso de enfermedad grave o cáncer.
También, en entregar todos los años uniformes a los sindicalizados: uno de verano y otro de invierno, consistentes en pantalón, camisa y corbata, para los varones y pantalón, blusa y chaleco, para las mujeres. Además, un uniforme de gala, uno de faena y accesorios para el personal de la policía municipal.
Gollerías sindicales
La comuna leonardina aprobó otorgar licencia permanente con goce de remuneraciones al secretario general, sub secretario general, secretario de defensa y al secretario de organización del sindicato, así como licencia parcial a los demás integrantes de la junta directiva.
Igualmente, se comprometió a ratificar la licencia sindicar permanente con remuneraciones para los trabajadores que resulten elegidos dirigentes sindicales locales, regionales o nacionales, así como otorgar de manera permanente el ambiente físico ubicado en el tercer piso del palacio municipal para “el funcionamiento exclusivo de la oficina del gremio”.
También, en autorizar al pagador de la Sub Gerencia de Tesorería para que efectúe los descuentos por cuota sindical y multas, aportes al fondo mortuorio, préstamos económicos personales y créditos por convenio aprobados por la asamblea general del sindicato.
Lo más reprochable es que el municipio aceptó otorgar 20 minutos, entre las 8:30 y 8:50 de la mañana, para “el horario de refrigerio”, concediéndole además la administración del comedor municipal al sindicato, asumiendo la comuna el compromiso de implementarlo con sillas, mesas y enseres.
Asimismo, los dirigentes lograron que el municipio asuma el compromiso de identificar un terreno libre y saneado para donarlo al sindicato para la construcción de viviendas multifamiliares.
Acuerdos económicos
Sin considerar que casi el 100 % del Fondo de Compensación Municipal – FONCOMUN, que recibe la comuna de José Leonardo Ortiz es destinado al pago de panillas, los sindicalizados y la administración acordaron que se incrementen 25 soles mensuales al sueldo básico, tanto para nombrados como para contratados, incremento que también debe formar parte de las gratificaciones y/o bonificaciones por Escolaridad, Vacaciones, Fiestas Patrias y Navidad.
Darles además, un incremento de 50 soles a cada trabajador, nombrado y contratado, por concepto de “Refrigerio y Movilidad”, adicional a lo que ya vienen percibiendo; 65 soles por el Día del Trabajo; 45 soles por el Día del Trabajador Municipal; 30 soles, hasta por tres hijos, como Bonificación Familiar; disponer la actualización de la bonificación personal y el pago del subsidio por fallecimiento, gastos de sepelio y luto.
Ganancia de los dirigentes
En el pacto colectivo 2018, el municipio convino otorgar al sindicato la subvención económica de 500 soles adicionales a la percibida por pactos anteriores por el Día del Trabajo, 200 soles, adicionales a las ya existentes, por el aniversario del gremio y 500 soles por el Día del Trabajador Municipal.
También, otorgar al sindicato una subvención económica de tres mil soles como “apoyo económico para los pasajes y viáticos de los que resulten elegidos dirigentes o delegados regionales y/o nacionales” a fin que puedan participar en eventos regionales, nacionales o internacionales.
Trabajadores se apropiaron de terreno
El gremio nuevamente ha pidió que se le asigne un terreno, hecho que se produjo hace algunos años y que terminó en la apropiación ilegal de un predio del municipio, que posteriormente fue vendido a terceros.
La Segunda Fiscalía Provincial Penal de José Leonardo Ortiz inició las investigaciones contra 145 trabajadores de la municipalidad por la comisión del delito de usurpación agravada, al existir indicios de su presunta participación en la invasión de un terreno propiedad de la comuna distrital, área que estuvo destinada a la construcción de oficinas para servicios públicos.
El área de diez mil 306 metros cuadrados está inscrita a nombre de la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz con la Partida N° 02187563, Tomo 19, fojas 142, que obra en Registros Públicos y se ubica en la Avenida José Balta Norte, frente al Colegio La Anunciata en el sector Carlos Stein. El predio se denomina Santa Úrsula.
El año pasado un grupo de trabajadores de la comuna tomó posesión del bien, que además está considerado en el margesí de la Oficina de Control Patrimonial del municipio y registrado en la Superintendencia de Bienes Nacionales – SBN, levantando viviendas precarias que hoy se encuentran dentro de un cerco de planchas metálicas.
La historia del predio se remonta al segundo gobierno de Javier Castro Cruz como alcalde del distrito, quien habría donado el predio Santa Úrsula al entonces Sindicato de Trabajadores Municipales Democráticos – SITRAMUDE, que agrupaba a poco más de un centenar de servidores de la comuna y que luego se fusionaría con el Sindicato de Trabajadores Empleados.
“El terreno fue dado para la construcción de nuestro local institucional. Primero quisieron venderlo a los trabajadores, pero como justo hubo un reclamo o una huelga, no recuerdo bien, el alcalde para congraciarse donó el terreno y se decidió que en él se construyeran viviendas para los trabajadores que no poseían ninguna propiedad. Se asignaron lotes, pero con el tiempo el objetivo se desnaturalizó. Fue ahí cuando me alejé porque no podía ser parte de algo irregular”, mencionó vía telefónica Grimaldo Fernández Saucedo, actual dirigente del sindicato y uno de los investigados.
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La Defensoría del Pueblo ha inspeccionado el funcionamiento de los hospitales, centros y postas médicas del Ministerio de Salud y de la seguridad social, constatando varios de los hechos denunciados por los usuarios.
Las visitas inopinadas se realizaron a los hospitales Regional, Belén de Lambayeque y Las Mercedes, así como a otros 185 centros que dependen del Ministerio de Salud, en tanto de la seguridad social fueron inspeccionados 13 policlínicos y los hospitales Naylamp, Luis Heysen Incháustegui y Almanzor Aguinaga Asenjo.
Defensoría
Marilia Flores Idrogo, comisionada de la Defensoría del Pueblo en Lambayeque, indica que las labores de fiscalización a los centros de salud y hospitales se desarrollaron debido a las constantes quejas formuladas por los usuarios, aunque también se han realizado intervenciones de oficio, como parte del plan de trabajo institucional 2018.
En lo que va del año la Defensoría del Pueblo ha recibido 50 quejas los pacientes contra el Essalud, fundamentadas en demoras en el otorgamiento de las citas médicas, maltrato del personal y deficiencias de la infraestructura.
Almanzor Aguinaga
El Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo es uno de los nosocomios del Essalud que tiene mayor población beneficiaria en Lambayeque y las condiciones en las que brinda el servicio de Emergencia no son las adecuadas, debido a la falta de espacio, sillas de ruedas, camillas y camas.
La mayoría de pacientes que llegan hasta este servicio son adultos mayores, por lo que para atender a todos se necesita con urgencia un área geriátrica.
La Defensoría del Pueblo ha recibido quejas de pacientes que han mostrado su malestar contra el Essalud por la demora en la programación de citas médicas. Existen casos, por ejemplo, de usuarios que solicitaron sus citas en enero y han sido programados para agosto próximo.
En las supervisiones realizadas se han podido detectar que el servicio de Emergencia del Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo ya no es el adecuado, porque hay camillas en los pasillos, algunos pacientes son atendidos en el piso o en sillas de ruedas y eso porque existe hacinamiento de personas y el personal médico tiene dificultades para desplazarse y atender las emergencias de manera oportuna.
“Las personas que vienen a la Defensoría del Pueblo a poner sus quejas son adultos mayores, de entre 50 y 70 años de edad. Todas las quejas son por el trato que reciben en Essalud”, señala Flores Idrogo.
En lo que va del 2018 las quejas por desabastecimiento de medicamentos en Essalud son menores en comparación a las que se registraron en el 2017, año en el que hubo un incremento por los medicamentos e insumos médicos que no se encontraban en los almacenes, esto debido a que las compras nacionales o locales se excedían en el plazo de entrega.
MINSA
El problema que mayormente se presenta en los nosocomios del Ministerio de Salud se centra en las referencias emitidas por el Hospital Regional de Lambayeque y el Hospital Docente Las Mercedes, esto por falta de coordinación, según explica la Defensoría del Pueblo.
La dificultad se genera porque cada vez que un paciente procedente de un centro de salud llega a uno de complejidad, como es el caso de los nosocomios chiclayanos, tiene problemas para ser atendido, debido a que por falta de coordinación la referencia no está debidamente registrada.
“Demoran entre 3 y 4 horas para darle una consulta, mientras que su procedimiento tiene que regularizarse por la falta de coordinación entre las áreas competentes del Seguro Integral de Salud – SIS, que no gestionan con agilidad las referencias médicas. Una vez solucionado el impase recién le brindan la atención al usuario”, detalla la comisionada de la Defensoría del Pueblo.
Hospital Belén
Los inspectores de la oficina defensorial han certificado que el servicio de emergencia del Hospital Belén de Lambayeque no es el adecuado para la categoría que tiene el nosocomio.
Esto explica el porqué cuando los pacientes requieren de un especialista son referidos al Hospital Regional de Lambayeque o al Hospital Docente Las Mercedes, generando un congestionamiento innecesario en ambos centros de atención por casos que deberían ser resueltos en el nosocomio de la “Ciudad Evocadora”.
Postas médicas
La Defensoría del Pueblo también ha recibido quejas de los pacientes de las zonas rurales, quienes han dado a conocer que los centros de salud no atienden a los pobladores porque se encuentran cerrados por la falta de personal médico.
De los 185 centros de salud que existe en el departamento, los que se encuentran ubicados en las zonas altoandinas, como son Cañarís e Incahuasi, donde existe extrema pobreza, no cuentan con atención las 24 horas del día.
“Luego de intervenir hemos reportado los casos a la Red de Salud de Ferreñafe y a la Gerencia Regional de Salud para que tomen las acciones correspondientes, también recomendamos que cuando se presenten dichos casos se debe disponer el desplazamiento de un médico de otro centro de salud, para que se garantice la atención oportuna a las personas que viven en las zonas alejadas de Lambayeque como Incahuasi y Cañarís”, precisa la funcionaria.
Rehabilitación
Un total de 150 centros de salud se encuentran bajo los efectos del Decreto de Urgencia N° 0040-2017 para la rehabilitación de su infraestructura. En estos casos la Gerencia Regional de Salud está interviniendo de manera directa para que se realicen las mejoras y se implemente un plan de contingencia para optimizar la atención de los pacientes en los servicios que se ofrecen.
Marilia Flores señala que por lo general la Defensoría del Pueblo recibe quejas por deficiencias en los sectores salud y educación, así como por parte de la población que sufre maltratos, mayormente por quienes se encuentran en el radio de la extrema pobreza.
Farmacias
La oficina defensorial también ha supervisado la venta de medicamentos en diferentes farmacias de Chiclayo, verificando que muchas de estas se aprovechan de los usuarios al ofrecerles únicamente medicamentos comerciales, que tienen un mayor costo, pese a tener en sus estantes productos genéricos.
Asimismo, se ha corroborado que las farmacias de los hospitales del Ministerio de Salud se encuentran abastecidas con medicamentos y vacunas contra la influenza H1N1. Cualquier deficiencia con el suministro de medicamentos, insumos y drogas debe ser atendida de manera inmediata por la Gerencia Regional de Salud.
“Nosotros como Defensoría del Pueblo atendemos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde, ahora contamos con una Línea de Emergencia que es el 296449. La línea está habilitada las 24 horas y de tratarse de un tema de salud en el que, por ejemplo, no se quiera aceptar una referencia o exista mala atención médica, nos encargamos de tramitar la denuncia para salvaguardar la salud del usuario”, refiere Flores Idrogo.
Finalmente, informa que mayormente los problemas con la educación en Lambayeque tienen que ver con los colegios particulares, por trabas para la liberación de las matrículas, ya que muchos de estos no quieren liberar los documentos del estudiante a pesar que su retención está prohibida.
“No se puede vulnerar el derecho de accesibilidad a la educación del niño o adolescente y, por lo tanto, la documentación no se puede retener. En estos casos la Defensoría del Pueblo interviene para hacer cumplir lo dispuesto de manera expresa por el Ministerio de Educación, a fin de garantizar que el alumno pueda continuar sus estudios de manera regular en la institución que sus padres estimen conveniente”, precisa.
Listos para participar en el proceso eleccionario del próximo 7 de octubre, el sábado último fueron presentados los candidatos de Somos Perú a las alcaldías distritales, provinciales y al Gobierno Regional de Lambayeque, quienes resaltaron las credenciales democráticas de la agrupación y se comprometieron a trabajar unidos por el desarrollo del departamento.
El aspirante a la alcaldía provincial de Chiclayo, Luis Felipe Romero Peña, señaló que su candidatura obedece al deseo firme de contribuir con la mejora de la situación municipal tomando presencia activa en el terreno político, bajo la consigna de que el cambio es urgente.
“Los invito a soñar con un Chiclayo distinto, porque depende de todos nosotros cambiar la historia de Chiclayo, cambiar la historia de la “Capital de la Amistad”, cambiar la historia de nuestra provincia. Yo los invito a ustedes a tomar una sana decisión el próximo 7 de octubre. O cambiamos o seguimos postergados. En nuestro himno el querido y recordado Alfredo José Delgado Bravo dice: ‘Chiclayo piloto del norte y futuro del Perú’. Tenemos que regresar nuevamente a esa parte de la historia, Chiclayo tiene que volver a ser el piloto del norte del país y eso depende de nosotros”, manifestó ante los militantes y simpatizantes concurrentes al acto político.
Obras de saneamiento
Romero Peña Peña mencionó que resulta injusto que pese a existir los presupuestos necesarios, varias partes de la periferia de Chiclayo carezcan aún de servicios básicos. Citó como ejemplo el caso de los pueblos jóvenes carretera a Pomalca.
“A diez minutos de Chiclayo se encuentra Samán, un pueblo que tiene más de 100 de historia, que alberga a miles de familias, pero es increíble y denigrante que esa gente hasta hoy siga comprando agua en cisternas. Eso lo tenemos que cambiar. Es increíble que pese a que el gobierno central ha destinado más de 65 millones de soles para Samán y 11 pueblos más, por ineptitud e incapacidad de nuestros gobernantes, la licitación de la obra de saneamiento se sigue suspendiendo, condenando a que esa gente siga viviendo sin agua ni desagüe. Eso es injusto”, aseveró.
Citó también el proyecto de renovación de los emisores principales de Chiclayo conurbado, paralizado desde noviembre del 2016.
“El 2014 con mucha alegría anunciábamos que había 89 millones de soles para mejorar los colectores de Chiclayo, La Victoria y José Leonardo Ortiz. Ha pasado mucho tiempo y aunque parezca mentira esa obra se paralizó y es por ello que hoy tenemos problemas en pueblos jóvenes, asentamientos humanos y urbanizaciones, donde los desagües se salen todos los días. Esa obra importantísima se paralizó, está en arbitraje y estamos a punto de pagar millones de soles por culpa de quienes nos gobiernan. Eso lo tenemos que cambiar”, enfatizó el candidato.
En otro momento, Luis Felipe Romero hizo mención de las obras de impacto provincial ejecutadas con serios problemas técnicos, generando graves perjuicios al Estado y a la población.
“Cuántos millones de soles hemos perdido en obras inconclusas no solo en el distrito de Chiclayo, sino en todos nuestros distritos de la provincia y de la región. Les menciono como ejemplo la Avenida Chiclayo. La ineptitud e incapacidad de nuestros gobernantes nos dejó una obra que es una vergüenza. Los responsables, esos partidos políticos, nunca más deben volver a gobernar, porque las consecuencias las pagan los más pobres de nuestra provincia”, aseveró.
Confianza ciudadana
El candidato a la alcaldía provincial dijo entender el descontento de la ciudadanía y su resistencia al pago de impuestos municipales.
“La gente con mucha razón desconfía de la clase política, con mucha razón tampoco quiere pagar sus tributos. ¿Por qué? Porque las obras están mal hechas. La plata de las obras es nuestro dinero, porque cuando vamos a comprar un kilo de arroz o un litro de aceite estamos pagando impuestos. ¿Cómo exigirle a la gente que pague sus tributos si lamentablemente tenemos una ciudad sucia y desordenada. Eso también tenemos que cambiarlo. El pueblo tiene que confiar en sus autoridades municipales”, manifestó.
Cuestionó también que las gestiones municipales, desde 1998 a la fecha, hayan acumulado una millonaria deuda que impide que la comuna de Chiclayo sea sujeto de crédito y la mantiene actualmente como una de las principales deudoras de la SUNAT.
“Los que nos quieren vender cebo de culebra dicen: ‘A Chiclayo hay que cambiarlo’. Algunos quieren volver, hay partidos políticos que quieren regresar. ¿Saben que Chiclayo tiene una deuda de 400 millones de soles a la SUNAT? ¿Quiénes son los culpables? Todos los que nos están gobernando y los que nos han gobernador anteriormente y las consecuencias las pagamos nosotros, porque esa deuda se incrementa y el poco dinero que hay en el municipio no alcanzará para pagarla, ni para pagar los intereses y menos para hacer obras”, dijo Romero Peña.
En otro momento de su discurso, el representante de Somos Perú criticó que la municipalidad provincial tenga una abultada carga laboral que reduce la disponibilidad de recursos para la ejecución de obras públicas, debido a que más del 70 % del Fondo de Compensación Municipal – FONCOMUN, asignado a Chiclayo, se destina al gasto corriente.
“Es increíble que en la municipalidad de Chiclayo existan más de dos mil 500 trabajadores, sin contar a los trabajadores eventuales que si pasan el tiempo de servicio nadie los puede sacar, porque lamentablemente algunos alcaldes creen que los municipios son agencias de empleo”, afirmó.
Propuestas de gobierno
“Tenemos derecho a soñar con una ciudad ordenada, con una ciudad segura, con autoridades sanas y probas. Tenemos el derecho de recibir obras bien hechas, obras que duren, no aquellas que hoy se inauguran y mañana, con una pequeña lluvia, se malogran. Hacer realidad esa ciudad que soñamos depende de nosotros”, indicó el candidato.
Luis Felipe Romero manifestó que si resulta elegido como alcalde de Chiclayo el próximo 7 de octubre, una de sus primeras acciones será convocar a la sociedad civil e implementar una mesa de trabajo permanente, con participación activa de los colegios profesionales.
“Convocaremos a la sociedad civil, a los colegios profesionales, a quienes tienen que ayudar a gobernar una ciudad. Tenemos que imitar lo bueno y lo bueno lo vemos en el sur. En el sur tenemos gobernantes exitosos porque trabajan con la sociedad civil, acá en Chiclayo no, acá en Lambayeque no. Hace tiempo que los gobernantes se creen dueños de la verdad y nunca convocan a la sociedad civil. Nuestra primera medida será convocar a la sociedad civil para que gobierno junto a sus autoridades”, señaló ante los militantes y seguidores de Somos Perú.
Añadió que la convocatoria a la sociedad civil, a los colegios profesionales y a los gremios será para tomar sabias decisiones.
“Necesitamos saneamiento físico legal para los asentamientos humanos, que son la realidad que nuestros políticos no conocen, atenderemos las necesidades de nuestros pueblos jóvenes y tomaremos las decisiones exactas con nuestros hermanos comerciantes, con nuestros hermanos taxistas y mototaxistas, maltratados en los últimos tiempos. Convocando a la sociedad civil ordenaremos la ciudad, haremos realidad urgentemente el Terrapuerto, que debió inaugurarse el año 2000. Hasta ahora nadie entiende cómo las autoridades nos les ha dado la gana de construir el terrapuerto, que significa ordenar y descongestionar la ciudad y al mismo tiempo darle posibilidades de trabajo a nuestros hermanos que se dedican al taxi y a la mototaxi”, sostuvo.
Anotó que también trabajará por la prevención, educación y cultura, “porque para amar a Chiclayo, es necesario conocerlo”.
“Somos aproximadamente 800 mil habitantes en la provincia. De la ciudadanía depende el cambio. O elige a aquellos que gastan millones de soles, a aquellos que pagan para llegar, o a los que queremos trabajar por Chiclayo. Recuerden que el que paga para llegar, llega para robar. Depende de los electores el futuro de la provincia de Chiclayo. Después de los últimos acontecimientos, al único partido al que no se le puede señalar por hechos de corrupción es Somos Perú y Somos Perú tiene un líder histórico como Alberto Andrade, a quien nadie pudo señalar de ladrón”, afirmó.
Finalmente, indicó que de ser electo trabajará de la mano con el gobierno regional y los municipios distritales.
“Esa pelea histórica entre el gobernador regional, el alcalde provincial y los alcaldes distritales se tiene que acabar. He visto, soy testigo, cómo el gobernador regional se ha peleado con los alcaldes. ¿Quién pierde con eso? Los más pobres y los más necesitados. Nunca más debe volverse a repetir eso, por eso garantizo, de ganar las elecciones, trabajar de la mano con nuestro próximo gobernador, el arquitecto Antonio Uriarte Gonzales, y con todos los alcaldes de los distritos de Chiclayo”, concluyó.
El presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, Olivio Huancaruna Perales, sostiene que en el presente proceso electoral los candidatos deben arribar a un consenso en el que se prioricen objetivos de desarrollo para el departamento, de tal manera que los elegidos sigan esa hoja de ruta y reciban el respaldo de las fuerzas políticas y la sociedad civil organizada.
“No se puede repetir lo sucedido en las elecciones del 2014, cuando muchos de los candidatos a la gobernación regional confundían las competencias de esta y prometían regulación de precios, construir pistas, veredas o solucionar problemas que son de índole netamente municipal. Es necesario que los aspirantes al Gobierno Regional de Lambayeque tengan presente que la población espera de ellos propuestas de gran impacto, que permitan beneficios para la gran mayoría de ciudadanos, por ello los candidatos deben plantear una agenda común por Lambayeque”, refiere.
El dirigente empresarial, quien la semana anterior expuso sobre la viabilidad y necesidad del Terminal Marítimo de Puerto Eten en el XVII Foro Internacional de Puertos, realizado por la Cámara de Comercio de Lima, indica que la suscripción de una agenda común debe motivar en los candidatos regionales compromisos reales, como también en los partidos políticos, “que deben velar por su cumplimiento”.
“Hace muchos años se han realizado esfuerzos desde la sociedad civil para que los participantes en las elecciones regionales y municipales se comprometan a la ejecución de objetivos y metas comunes. La Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, por ejemplo, propone los acuerdos de gobernabilidad, en los que se plantean objetivos que apuntan a la mejora de la condición de vida, la inclusión y el desarrollo sostenible. Es un excelente aporte, lo que nos falta es fijar metas respecto a infraestructura, inversiones y promoción de grandes proyectos”, asevera.
PROYECTOS PARA LAMBAYEQUE
Huancaruna Perales sostiene que los candidatos deben priorizar entre sus propuestas de gobierno la gestión de varios de los planes que se encuentran aprobados, como el Plan Hidráulico de Lambayeque y el Plan de Desarrollo Vial.
“El Plan Hidráulico de Lambayeque tiene una gran trascendencia para el departamento. Lambayeque no se puede quedar únicamente con Tinajones y Olmos, creer que sí es conformarnos a perder capacidad productiva en miles de hectáreas que están sin usar por falta de recurso hídrico. El próximo gobernador de Lambayeque tiene la obligación de insistir en la ejecución de los componentes del Plan Hidráulico, que fue el resultado de un trabajo conjunto entre especialistas locales y extranjeros, con el respaldo de la Cámara de Comercio”, comenta.
El Plan Hidráulico Regional fue presentado en octubre del 2011 al Ministerio de Agricultura y Riego, siendo el primer documento de su tipo formulado por una región a nivel nacional. El documento presenta un esquema para la ejecución de obras de alta ingeniería, entre ellas 19 presas para el almacenamiento y regulación del agua en los cinco valles del departamento: Zaña, Chancay – Lambayeque, La Leche, Motupe y Olmos.
Entre esos componentes se destacan las presas Las Delicias, en el valle del Zaña, y La Calzada, para el valle La Leche.
“El gobierno central aprobó que dentro del Plan de Reconstrucción para el departamento se considere, entre las obras de prevención, la construcción de la represa La Calzada. Ha transcurrido más de año y medio desde que ocurrió el Niño Costero y hasta el momento son prácticamente nulos los avances que se tienen para concretar la realización de este proyecto, que es de medular importancia, vital, para el progreso de Lambayeque. Estamos hablando de miles de hectáreas que serían protegidas de las crecidas del río La Leche, de miles de familias que ya no estarían en peligro por las inundaciones y de miles de hectáreas que se incorporarían a la frontera agrícola. El próximo gobernador debe mirar con mucha atención y pelear en todos los niveles para que La Calzada y los demás componentes del Plan Hidráulico se hagan realidad. Esas son obras de impacto”, sostiene.
DESARROLLO VIAL
Olivio Huancaruna precisa que también es urgente que el gobierno regional continúe en la gestión de más partidas presupuestales para concluir los corredores considerados en el Plan de Desarrollo Vial, sobre todo el Costanero y el Antoandino. El primero, por la necesidad que existe en conectar a al Nuevo Valle de Olmos y Mórrope con Puerto Eten, donde deberá construirse el Terminal Marítimo, y el segundo para promover la inclusión social, productiva y comercial de la sierra de Ferreñafe.
“Si se traza el objetivo común de que gane quien gane la gobernación regional trabajará para hacer realidad el Terminal Portuario, entonces se tiene que avanzar en las obras conexas que se vinculan a este gran proyecto, obras de infraestructura como las que están incluidas en el Plan de Desarrollo Vial”, manifiesta.
Anota que otro aspecto fundamental es ayudar a la concesionaria del Aeropuerto José Quiñones Gonzales para que el gobierno nacional dé la viabilidad al proyecto de remodelación del terminal, cuya inversión supera los 250 millones de dólares.
“Es increíble que el proyecto esté esperando viabilidad hace meses y que ninguna autoridad se haya pronunciado para exigir que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones o quien corresponda entregue la viabilidad. Fue gracias a la Cámara de Comercio que se logró la implementación de los vuelos internacionales con destino a Panamá, no hubo ningún tipo de apoyo político o de las autoridades locales, pero hay cosas en las que los gremios lamentablemente ya no podemos intervenir y una de esas es el tema de la viabilidad. Ojalá en lo que queda de la actual gestión regional se pueda hacer algo concreto y que el próximo gobernador ponga cartas en el asunto”, afirma.
DRENAJE PLUVIAL
Del mismo modo, el presidente de la cámara de comercio refiere que si bien ya se tienen los Términos de Referencia para la construcción del drenaje pluvial de Chiclayo metropolitano, se requiere que las próximas autoridades locales y regionales den seguimiento permanente a la gestión del proyecto, cuya competencia ha asumido el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, también como parte del Plan de Reconstrucción.
“No podemos permitir que se repitan historias y en eso debemos ser muy firmes. Prácticamente todos nos hemos quedado de brazos cruzados frente a lo sucedido con el proyecto de los emisores principales de Chiclayo, con más de 89 millones de soles de presupuesto, y lo mismo pasó con la obra de renovación de redes de agua y alcantarillado en Chiclayo centro, que se quedó a medio hacer y hasta ahora no se logra su culminación. Si como sociedad civil no actuamos, la pasividad de las autoridades nuevamente nos pasará la factura y eso es lo que debemos evitar en el caso del drenaje pluvial. Es una obra importantísima, urgente en todo sentido, por eso es que debemos defender su ejecución y cuidar que esta se haga bien”, señala.
PUERTO ETEN
Huancaruna Perales reitera el significado que tiene para el progreso departamental la ejecución del Terminal Portuario de Lambayeque, cuyo impacto – explica – no se centra únicamente en el ámbito local, sino que trasciende a las demás regiones del nororiente.
“Es justo reconocer que la administración del gobernador Humberto Acuña dio los pasos necesarios para incluir a Lambayeque en el Plan Nacional de Desarrollo Portuario, concretar la formulación del Plan Maestro y lograr la creación de la Autoridad Portuaria Regional. Hay ahora otras tareas, como la de insistir con mayor ahínco y firmeza para que los burócratas de Lima entiendan la importancia de nuestro puerto. Ya nos quitaron una primera oportunidad de ejecutar a través de una iniciativa privada, algo similar no puede volver a pasar”, indica el dirigente empresarial.
Añade que entre el sector privado existe consenso de la importancia del puerto para Lambayeque, por lo que corresponde a las autoridades actuales y nuevas contagiar del mismo entusiasmo a quienes tienen decisiones en el nivel central.
“Los presidentes nos dicen que Puerto Eten va, pero del discurso no se ha pasado hasta ahora. Como sociedad civil nos estamos fajando por el proyecto, pero falta un mensaje similar de parte de quienes nos representan. El tema del terminal portuario también debe formar parte de las prioridades de la agenda común que estamos planteando”, finaliza.
