Cada día que pasa en Lambayeque las estadísticas de robos, asaltos, crímenes, corrupción e inseguridad ciudadana aumentan. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no ha sido posible que estas imperfecciones sociales se desechen y vivamos de manera segura  y confiada?

¿Son las drogas, el venir de un hogar disfuncional no en su mayoría, pero sí en gran parte; la falta de trabajo, orientación y una mejor condición de vida, los factores que suman para que los jóvenes estén propensos al camino delictivo como la única vía posible?

Muchas son las interrogantes que hacemos y muchas se quedan sin respuesta. La muerte de la joven sanmartiniana Briggitte Silva Medina, asesinada por no dejarse robar su celular ha puesto en la agenda nuevamente qué hacer para acabar con la delincuencia. Las opiniones son diversas, desde echar toda la responsabilidad a los padres hasta mirar a la sociedad y al Estado.

Y es aquí donde reflexionamos y nos vamos por los extremos, porque no sabemos si dentro de las próximas víctimas estaremos nosotros, nuestras familias o conocidos. Y entonces nos atrevemos a pedir que se endurezcan las penas o castigos que hoy en día se aplican en nuestro país con aquellos que delinquen y hasta nos atrevemos a ir al extremo de pedir la pena de muerte, tal como lo han hecho otros países y cuyos resultados hoy en día son admirados en el mundo.

Para ello iríamos camino a la desafiliación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En países donde existe la pena de muerte como Singapur, los índices de criminalidad han descendido a casi el 1 % y ello ha conllevado a sus autoridades a cerrar cárceles y usar esas infraestructuras para actividades productivas que permitan seguir creciendo en su sociedad.

Acabar con la criminalidad es tarea inmediata del actual gobierno central, pero también debería estar acompañado de los gobiernos regionales y locales. Tal vez trabajar una propuesta legislativa que sea aprobada de inmediato y va por la eliminación total de beneficios penitenciarios para los delitos de robo, robo agravado, extorsión, secuestro, narcotráfico, homicidio en todas sus formas, terrorismo, violación sexual, es decir que todas esas gracias de 2x1 y 5x2 se anulen definitivamente.

También podría acumularse las penas en caso de que se cometa más de un delito, estás deben sumar los años de pena por cada delito cometido, con un tope máximo de cien años, por decir lo menos.

Reabrir tal vez el penal de la isla El Frontón u otros lugares de máxima seguridad en altura y alejados de toda civilización para enviar a los presos de alta peligrosidad, hacer que estos realicen trabajos adicionales a su pena también son medidas que se postulan.

En mi opinión, urge la restauración del Servicio Militar Obligatorio. Regresar a la organización de levas todas las semanas en todos los barrios y lugares de alto índice delictivo, para tratar de recuperar a todos los jóvenes que no estudian o trabajan. En el Ejército o la FAP se les otorgarían becas para estudios en institutos técnicos o universidades y se les enseñarían oficios y cursos que les garanticen un empleo digno.

De una vez por todas debe funcionar el sistema de bloqueo de teléfonos y redes en todos los penales a nivel nacional.

¿Es esto suficiente? No, no lo es. Cuando digo que el gobierno central debe estar acompañado de los gobiernos regionales y locales considero que desde allí debe ponerse en marcha programas especiales en los que psicólogos, educadores, sociólogos, médicos, y profesionales en general trabajen en las diversas comunidades para atacar estos graves problemas sociales, articulando con las familias, las escuelas, con todas las organizaciones para hacerle frente a este flagelo que amenaza cada día con la tranquilidad pública.

Los actos delictivos de los jóvenes de hoy empiezan con el consumo de drogas, luego pasan a la delincuencia y terminan con el asesinato, indudablemente tienen que ver con su salud mental.

El estado tiene que asumir su responsabilidad y velar por el casi 20 % de jóvenes “nini”, que ni estudian, ni trabajan; que no hacen nada, que son improductivos y que dedican su tiempo a lo delictivo.

Por ejemplo, una comunidad donde están más expuestos a comportamientos delictivos es condicionante: que los padres tengan una carrera de comportamientos antisociales o vivir en un barrio donde hay micro comercialización de drogas, también lo es. No quiero generalizar, pero sin influencias positivas es muy difícil que los chicos salgan de estos entornos sin mayores problemas. ¿Qué hacen los municipios? Nada.

Sabemos que hay algunos adolescentes que tienen ambientes de riesgo en el barrio y la familia, además de experiencias de maltrato, y esos son factores complejos, independientemente de la experiencia de drogas. Por ejemplo, ante el maltrato o el contacto constante con ambientes delictivos, la figura de los padres o cuidadores se puede convertir en una figura ansiosa.

En un entorno de alto riesgo, con un problema de desocupación y de falta de oportunidades, es muy probable que una cantidad importante de jóvenes que no hagan uso productivo de su tiempo libre puedan asumir la frustración y la violencia como un estilo de vida. Somos conscientes que la improductividad, la falta de oportunidades, las frustraciones, la patología familiar, la oferta y la demanda de drogas son caldo de cultivo para la violencia.

Es hora de enfrentar con suma responsabilidad este tema social, nos atañe a todos y cuando digo a todos es a usted, a mí, a la familia, a las autoridades, empresarios, profesionales,  universidades, sociedad en general. Hagamos de este difícil momento que atraviesa la familia de Briggiette Silva Medina un llamado de atención y una oportunidad para salvar a nuestra sociedad. Que su muerte no quede impune.