Médico José Flores Delpino recurre al Ministerio Público, pero fiscal Erland Paúl Sánchez Díaz pretende archivar denuncia por delito contra la vida el cuerpo y la salud, así como por omisión de actos funcionales, que involucra a funcionarios de confianza de alcalde Ricardo Velezmoro.
Por fuera flores y por dentro… ronda la muerte. A poco menos de un año y cuatro meses de culminar la gestión municipal del alcalde de la provincia de Lambayeque, Ricardo Velezmoro Ruiz, una serie de presuntos actos de corrupción y omisión al interior de la Beneficencia Pública de Lambayeque, han sido puestos en conocimiento de las autoridades de turno por parte del médico de dicha entidad, José Moisés Flores Delpino.
La acción se inició el 23 de mayo del año 2017, con la denuncia verbal presentada ante la Fiscalía de Prevención del Delito de Lambayeque, a cargo de Paúl Sánchez Díaz, por parte del médico José Moisés Flores Delpino, señalando que en la citada institución se viene laborando en alto riesgo a la salud, vida y seguridad de más de cuarenta personas, así como de las personas que a diario llegan al lugar.
Destaca que informes negativos de defensa civil existen desde el año 2012, sin embargo -hasta la fecha- no se corrigen las graves deficiencias, aduciendo falta de recursos económicos.
La denuncia fue ratificada pero por escrito, el 28 de junio del presente año, sustentando el denunciante que existe omisión de funciones. Ante ello, se solicitó la intervención de los regidores de la Municipalidad de Lambayeque, para que con sus comisiones de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil, Infraestructura y Patrimonio, pero tampoco se ha tenido respuesta bajo el argumento que ningún regidor tiene injerencia administrativa en la Beneficencia Pública de Lambayeque.
“Desde hace 18 años laboro en la institución, pero es el caso que en los últimos dos años tanto yo como el personal que labora en la institución filantrópica, somos diariamente expuestos al peligro, a pesar que desde el año 2012 existen informes de Defensa Civil que declara inhabitable el inmueble debido al mal estado de sus paredes e infraestructura de soporte”, dijo.
¿PROTECCIÓN?
Flores Delpino señala en su denuncia que las actuales autoridades de la Sociedad de la Beneficencia Pública de Lambayeque, pretendería sorprender a la opinión pública y con el supuesto apoyo de funcionarios de Defensa Civil de la comuna Lambayeque y hasta de Chiclayo, argumentan que no existe alto riesgo y peligro inminente, a pesar que Defensa Civil regional informó el 31 de octubre del año 2016 , que el local donde funciona la Beneficencia Pública de Lambayeque, ubicada en la calle Atahualpa N° 320, presenta un nivel de muy alto riesgo.
“En el informe de Defensa Civil regional se señala que el peligro se encuentra en infraestructura, arquitectura, instalaciones eléctricas y protección contra incendios y seguridad humana. Ante el inminente peligro, el 31 de mayo pasado, la subgerencia de fiscalización cerró por 15 días el consultorio médico, pero hasta la fecha no se han hecho las correcciones de las fallas estructurales por las cuales se cerró, a pesar que existe un acuerdo de solicitar a la Municipalidad de Lambayeque un presupuesto de 650 mil soles para restauración y reconstrucción”, sostuvo.
En el año 2012 –recalca- Defensa Civil hizo una inspección y fiscalización en el local, determinando luego que la propiedad es inhabitable por existir un peligro inminente debido al mal estado de su infraestructura, recomendando que sea desocupado en salvaguarda de la integridad física y la vida de las personas.
SE BURLAN DE FISCALIZADORAS
Previo a la denuncia ante el Ministerio Público, con carta N° 411-2017-DP/OD-LAMB, el jefe de la Oficina Defensorial de Lambayeque – Defensoría del Pueblo- Julio Hidalgo Reyes, hace conocer al denunciante que la Sociedad de Beneficencia Pública de Lambayeque ha cumplido con subsanar parcialmente las observaciones, pero aún no cuenta con el certificado de Defensa Civil.
En su carta, Julio Hidalgo Reyes hace conocer también que el día 14 de marzo del 2017, personal de la Defensoría del Pueblo se trasladó hasta la subgerencia de Fiscalización de la Municipalidad de Lambayeque a cargo del abogado Luis Niño Morante, quien se comprometió a emitir la resolución de clausura temporal del local de la Sociedad de Beneficencia Pública de Lambayeque, por no contar con el certificado de Defensa Civil y carné de salud; sin embargo, hasta la fecha ello no ha ocurrido.
De igual manera, el 22 de febrero del año 2017, en carta N° 0006 -2017- SUSALUD/IMRSN del expediente 00145-2017, el intendente macro regional, Miguel Antonio Vela López, emite informe sobre queja contra la Beneficencia Pública de Lambayeque, en la cual consigna que los especialistas Jorge Ortiz Millones y Erika Rojas Cárdenas, han realizado visita a la aludida institución, y han solicitado el plan de trabajo institucional.
Indica que en dicho documento de gestión se consignan plazos para el mejoramiento de la infraestructura y equipamiento, que permitan una adecuada atención a los usuarios, así como condiciones de seguridad y salud para sus colaboradores.
A raíz de ello – se señala en el documento- se ha recomendado evitar brindar servicios de salud en el consultorio médico de la Beneficencia Pública de Lambayeque, hasta que no se realicen las mejoras en infraestructura, equipamiento y haya obtenido los documentos requeridos por Susalud y la Gerencia regional de Salud - Geresa.
“Hasta la fecha nada de ello se ha cumplido y tanto los trabajadores, así como las personas que a diario concurren al local, su vida corre peligro a ser aplastados por paredes y techos del vetusto y desatendido local lambayecano”, sostuvo José Flores Delpino.
MINISTERIO PÚBLICO
Las denuncias formuladas por el médico de la Beneficencia Pública de Lambayeque, llevaron a que el fiscal Erland Paúl Sánchez Díaz apertura la carpeta fiscal N° 2406074902-2017-255-0, como medida preventiva y mediante disposición N° 01 del 11 de julio del 2017, dispuso abrir investigación contra los que resulten responsables por delito contra la vida, el cuerpo y la salud, así como omisión y rehusamiento y retardo en actos oficiales, en agravio de trabajadores de la Sociedad de Beneficencia Pública de Lambayeque.
Como acciones de investigación dispuso oficiar a la Oficina de Riesgos y desastres de la Municipalidad de Lambayeque para que emita y remita informe de la razón de la investigación en un plazo de 72 horas.
De igual manera, solicitó se oficie al encargado de la Beneficencia Pública de Lambayeque, Ludomila Orbegoso viuda de Grandez, emita y remita informe en un plazo de 72 horas, con respecto a los hechos denunciados y que son objeto de investigación.
Es el caso que, mediante oficio N° 168-2017-P/SBPL del 17 de julio del 2017, la responsable de la Beneficencia Pública de Lambayeque, Ludomila Orbegoso viuda de Grandez, señala que la conclusión detallada en el informe N° 56-2017-SGAL/SBPL indica que el 26 de octubre del año 2016 se llevó a cabo la inspección técnica de seguridad de edificaciones en las instalaciones de la aludida institución, donde se verificó que la edificación presentaba un nivel de riesgo muy alto en estructura, arquitectura, instalaciones eléctricas y protección contra incendios y seguridad humana.
Añade que con el transcurrir del tiempo se han venido levantando las observaciones, y es así que en la última inspección técnica de seguridad en edificaciones del 11 de julio del 2017, la subgerencia de gestión de Riesgo de Desastre, ha verificado a través de la Resolución Jefatural N° 023-2017/MPL-GM-GPP-SGGRD, opina que se le debe otorgar el certificado de inspección técnica de Seguridad en Edificaciones.
De igual manera, mediante informe N° 052/2017-MPL-GPP-SGGRD del 19 de julio del 2017, el ingeniero César Valentín Chapoñán Flores – subgerente de Gestión de Riesgos y Desastres de la comuna lambayecana, informó al Ministerio Público que la Municipalidad de Lambayeque ha expedido el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones de Detalle N° 022-2017 y Resolución Jefatural N° 023-2017/MPL-GM-GPP-SGGRD del 12 de julio del 2017.
Con dichos informes emitidos por parte de la responsable de la entidad filantrópica y de funcionarios de confianza del alcalde Ricardo Velezmoro Ruiz, el representante del Ministerio Público emitió el 25 de julio pasado la resolución N° 02 en la que dispone por concluido el procedimiento preventivo de la investigación, al considerar que en la Beneficencia Pública de Lambayeque no existe peligro alguno contra la vida de las personas que trabajan en dicho lugar y contra las que a diario concurren.
RECURSO DE QUEJA
Ante tal respuesta por parte del representante del Ministerio Público de Lambayeque, José Flores Delpino interpuso recurso de queja e impugnó los informes presentados por los funcionarios involucrados en la investigación, así como el certificado de inspección técnica y certificado de Defensa Civil, en lo relacionado al riesgo muy alto en seguridad ocasionado por el incumplimiento de normas constructivas.
Agrega que de acuerdo al informe de la subgerente del área técnica de la Sociedad de Beneficencia Pública de Lambayeque, Lila Buchelli Cerna, quien recomienda la demolición del consultorio médico ubicado en el interior del local en cuestionamiento, por representar un peligro latente para el personal laboral y visitantes.
Asimismo, ampara su queja de derecho en el informe a pedido de la misma Sociedad de la Beneficencia Pública de Lambayeque, realizado por el perito inspector de la obra, Alfredo Montalvo Flores, quien con fecha 10 de abril del 2017, recomienda la demolición de parte del local por representar peligro para la vida de las personas.
“El informe del ingeniero Alfredo Montalvo Flores señala que las paredes internas donde se ubica el consultorio médico carece de cimientos, no tiene columnas y el piso presenta hundimiento y asentamiento. No es posible que habiéndose recomendado demolición solamente se haya rellenado las fisuras y los hundimientos”, sostiene José Flores Delpino.
EN EL SUPERIOR
Además, agrega que resulta algo increíble que los muros, los cuales carecen de columnas y cimientos, hayan sido calzados con piezas de madera y luego hayan sido pintadas con el objetivo de aparentar excelentes condiciones.
Añade que el problema viene desde la gestión del ex alcalde Percy Ramos Puelles, en el año 2012, y donde lejos de adoptarse las medidas correctivas y de protección no solamente a los trabajadores de la Beneficencia Pública sino también a los concurrentes, más bien se construyeron dos ambientes en el patio interno del local, habitaciones que se levantaron sin ningún tipo de seguridad estructural; pues no cuentan con columnas y mucho menos con vigas.
“Los ambientes fueron construidos para ser utilizados como consultorio. Uno es donde estoy actualmente trabajando, y el otro como laboratorio, pero con el transcurrir del tiempo las paredes se han deteriorado e incluso se han hecho fisuras que con facilidad entra la luz del sol y se puede ver al otro lado”, explicó.
Tras lo sustentado en el recurso de queja, el fiscal Erland Paúl Sánchez Díaz, emitió el pasado 22 de agosto la disposición N° 03 en la carpeta fiscal N° 255-2017, en la que concede el recurso de queja de derecho y dispone que sea elevada al superior jerárquico, para su resolución.
¿Y LOS REGIDORES?
Lo más extraño del problema- según José Flores Delpino- es que de todo ello en su debido momento se les ha hecho conocer a los regidores de la Municipalidad Provincial de Lambayeque, con el objetivo que hagan uso de sus atribuciones fiscalizadoras amparadas en la Ley de Municipalidades N° 27972.
Entre ellos, se le ha hecho llegar carta e informe personal al regidor Armando Rivas Guevara, Iván Herrera Bernabé, Joaquín Chávez Siancas, Javier Mesta Rivadeneira, pero hasta la actualidad, ninguno de ellos ha actuado o por lo menos se ha interesado del problema.
“El último lunes se desarrolló una sesión de concejo en la que se debería tratar la problemática de la Beneficencia Pública de Lambayeque, pero a pedido del regidor Armando Rivas Guevara el punto a tratar no fue tocado, bajo el argumento que ningún regidor tiene potestad para intervenir en la casa filantrópica, por tratarse de un tema administrativo y no de fiscalización”, sostuvo.
MÁS INFORMACIÓN
Periodistas del Semanario Expresión fueron en busca del alcalde Ricardo Velezmoro Ruiz, pero fue imposible obtener su versión tras informarse que solamente los días jueves atendía entrevistas con el público y la prensa. De igual manera, en la Beneficencia Pública de Lambayeque tampoco se ubicó a la presidenta, Ludomila Orbegoso viuda de Grandez.
Fiscales Sergio Lucio Zapata Orozco y Elí Pérez Díaz, también habrían presentado falso perito, que fue desenmascarado en audiencia pública. Ahora, son investigados por Fraude Procesal y Prevaricato
Un giro de 360 grados podría dar la acusación fiscal y la investigación que el Ministerio Público de Lambayeque realiza contra el ex funcionario de la Entidad Prestadora de Servicio de Lambayeque –EPSEL, en el caso de los “Limpios de la corrupción”.
Los testigos de parte; es decir, los colaboradores eficaces, han caído en contradicciones y en otras han negado haber dicho lo que supuestamente dijeron, durante el desarrollo del juicio oral, el cual se inició el último 18 de agosto en los ambientes que el Poder Judicial cuenta en la parte externa del Penal de Picsi.
Durante el desarrollo del juicio a cargo de la jueza María Vásquez Vásquez, el fiscal Elí Pérez Díaz quedó sorprendido al momento de interrogar a su principal testigo, el colaborador eficaz N° 017-2015, quien en plena audiencia afirmó que el arquitecto José Baca Távara, nunca estuvo en la reunión del Hotel Costa del Sol, lugar donde supuestamente, según la tesis del Ministerio Público, se habría llevado a cabo una reunión en donde se consumó el hecho doloso, y por el cual el profesional es acusado de colusión agravada.
LA ACUSACIÓN
De Acuerdo al requerimiento de acusación realizado por el fiscal provincial de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, Sergio Lucio Zapata Orozco, el arquitecto José Nicolás Baca Távara es acusado de ser autor de los delitos contra la administración pública en las modalidades de colusión agravada y cohecho pasivo impropio.
Conforme consta en la carpeta fiscal N° 2406074503-2014 contenida en el expediente N° 5207-2014-1706-JR-PE-04, el representante del Ministerio Público sostiene que la persona sometida a proceso de Colaboración Eficaz N° 17-2015, afirma haberse reunido en el mes de agosto del año 2013, con sus coprocesados Percy Quesquén Díaz, Juan Miguel Valdivia Goycochea, José Nicolás Baca Távara y Juan Martín Villanueva Velezmoro.
Indica – el colaborador eficaz N° 17-2015 - que la reunión fue en el hotel Costa del Sol, lugar a donde concurrido algunas oportunidades como huésped y en otras a realizar el uso de los servicios del restaurante. De igual manera, en el hotel Rivera Inn, en la ciudad de Lima, lugares en donde se habrían reunido con el representante directo de Industrial Triveca SAC.
UN REVÉS
Hugo Manayay Pravia, abogado defensor de Baca Távara, sostuvo que la audiencia ha tenido un revés para El Ministerio Público, debido a que los testigos que ofrecieron han caído en contradicciones lo que ha generado confirmar la falta de objetividad en la acusación fiscal.
El día del desarrollo de la audiencia –señala el abogado de la defensa- el fiscal Pérez Díaz pregunto al colaborador eficaz N° 17-2015 si José Baca estuvo presente en la reunión que el Ministerio Público argumenta y que es objeto de la acusación, éste sostuvo que no, respuesta que trajo abajo en audiencia pública la teoría del Ministerio Público y de los fiscales Lucio Zapata Orozco y Elí Pérez Díaz.
UNA SERIE DE MENTIRAS
De igual manera, ese día la fiscalía también presentó a otro colaborador eficaz, a quien lo apersonó con el nombre Jorge Matalla Peralta, quien dijo trabajar actualmente en el Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo, el cual cambio su declaración inicial, declarando que nunca vio al ex presidente del directorio de Epsel, Percy Quesquén Díaz, entregando dinero a José Baca Távara como acto de corrupción.
Lo curioso y que llama la atención de éste testigo del Ministerio Público– Jorge Matallana Peralta- es que en las instalaciones del Ministerio Público afirmó haber visto a Percy Quesquén, entregar una fuerte suma de dinero producto de las dádivas del representante de Industrias Triveca.
FALSO PERITO
De igual manera, el Ministerio Público presentó a un perito que iba a confirmar los presuntos actos de corrupción en Epsel por parte de José Baca Távara, pero la coartada se vino abajo cuando el abogado de la defensa interrogó de manera incisiva al perito presentado por el Ministerio Público y este terminó manifestando que no era perito, y que es la fiscalía la que lo ha identificado como perito, pero que él nunca había dicho ser perito.
“Con este revés sufrido por los fiscales, nos queda claro que una vez más la fiscalía en nombre del fisca Sergio Lucio Zapata Orozco y Elí Pérez Díaz, han buscado a toda costa incriminar al ex funcionario de Epsel en hechos ajenos, con el presunto fin de favorecer a otros funcionarios que tienen verdaderamente responsabilidad y que actualmente gozan de libertad”, sostuvo el abogado defensor.
FRAUDE PROCESAL Y PREVARICATO
Ante la serie de falsedades por parte de los representantes del Ministerio Público, las que han sido puestas al descubierto en audiencia pública de juicio oral, el 24 de agosto último, el fiscal superior titular, Alejandro Lamadrid Ubillús, jefe de la Oficina Desconcentrada de Control Interno de Lambayeque, dispuso abrir investigación preliminar contra el fiscal Sergio Lucio Zapata Orozco y Elí Pérez Díaz, por el delito de fraude procesal y prevaricato.
La denuncia fue presentada por José Baca Távara, quien señala que el 5 de mayo del 2017 los fiscales denunciados, han presentado ante el Despacho del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, un requerimiento acusatorio, basándose en lo supuestamente declarado de manera voluntaria por el colaboradores eficaces N° 17-2015, así como de Jorge Matallana Peralta y de un supuesto perito.
Indica también que una de las declaraciones del colaborador eficaz N° 017-2015 del 14 de setiembre del 2015, se señala que el que solicita una coima o diezmo a Industrias Triveca, fue Percy Quesquén Díaz en presencia de Juan Valdivia Goicochea, Martín Villanueva Velezmoro y Jorge Matalla Peralta, y no menciona a José Baca Távara; sin embargo, la fiscalía lo involucra bajo pruebas y declaraciones inexistentes y falsas.
INVESTIGADOS
De acuerdo a la denuncia, sobre los aludidos fiscales pesa una sanción que va entre los dos y cuatro años de cárcel en la figura penal de fraude Procesal; mientras que prevaricato, podrían recibir una sentencia de tres a cinco años de prisión.
Ante ello y a efectos de determinar la existencia de elementos de prueba que acrediten la comisión del hecho denunciado y la presunta responsabilidad, el fiscal Alejandro Lamadrid emitió la disposición N° del 24 de agosto último, en el que requiere a los fiscales denunciados, sus respectivos informes y descargos, en un plazo de 5 días.
Además, se ha requerido copias certificadas de los principales actuados procesales relacionados con esta denuncia. Además, ha solicitado transcripción del audio de la audiencia de control de acusación del 01 y 09 de junio del presente año.
Finalmente, los hechos también han sido puestos en conocimiento de la Fiscalía Suprema de Control Interno.
Desde su implementación, en enero del 2015, hasta el momento, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque ha acumulado un total de mil 550 carpetas, generadas a partir de las denuncias que por presuntos ilícitos involucran a servidores públicos y contratistas.
La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque tiene como principal labor la investigación de aquellos delitos en los que incurren los servidores y funcionarios públicos, ya sea en casos de colusión, peculado o malversación de fondos y los delitos de corrupción en sí como los tipos de cohecho (pasivo y activo).
A estas se suman las investigaciones que involucran a profesionales particulares que generalmente tienen que ver con la ejecución de obras públicas, en las que se incurre en el delito de colusión. Es en estos casos donde aparece el conocido “diezmo”, que es el soborno exigido o entregado por un tercero al servidor público para ser favorecido en los procesos de contratación con el Estado.
Magaly Quiroz Caballero, coordinadora de la fiscalía especializada, explica que funcionario o servidor público es aquel que tiene un vínculo directo con el Estado, que pertenece a la administración pública, pero cuando se trata de delitos de corrupción en estos también se prevé la participación de quienes no tienen la condición exigida por el tipo penal de servidores públicos, a quienes de igual modo se reprime por su participación en hechos delictivos o dolosos.
Así, refiere que un contratista, un supervisor de obra o un proveedor, que puede ser contratado para elaborar perfiles de inversión o expedientes técnicos e incurre en prácticas ilícitas, debe recibir la misma pena que el funcionario involucrado, tal y como lo tiene previsto el Código Procesal Penal.
CASOS
“Tenemos en investigación desde enero del 2015, cuando empezó a funcionar la fiscalía, un promedio de mil 550 casos, de los cuales en trámite aún tenemos un cerca de 500”, refiere Quiroz Caballero.
La fiscal, precisa que la mayoría de carpetas que maneja el despacho especializado ha pasado a la etapa de investigación preparatoria, por lo que ya son de conocimiento del Poder Judicial y se han requerido lar medidas coercitivas como la aplicación del mandato de prisión preventiva para algunos de los investigados. Otras carpetas se encuentran en case de control de acusación, que es la fase intermedia, previa al juicio oral.
“Son casos generalmente complejos y a pesar que ya estamos dos años y medio en funciones recién estamos yendo a los primeros juicios orales, porque no es lo mismo investigar un delito penal común como un homicidio o un robo, que en cuatro meses de investigación preparatoria se pueden concluir, a un caso de corrupción. En estos casos la investigación preliminar nos puede llevar entre ocho y diez meses”, manifiesta la representante del Ministerio Público.
LAS PERICIAS
Quiroz Caballero comenta que una de las principales limitaciones de la fiscalía es el tiempo que demora la obtención de pericias técnicas que permitan sustentar la acusación contra los funcionarios y terceros involucrados en los delitos de corrupción.
Sin embargo, reconoce que en los últimos meses se han dado algunos pasos importantes para que el Ministerio Público pueda superar con mayor celeridad este obstáculo. Explica, por ejemplo, que la Fiscalía de la Nación ha aprobado la asignación de dos plazas para la contratación de dos ingenieros civiles y dos contadores como peritos. Lo lamentable es que en el caso de los ingenieros, de todos los que se presentaron a la convocatoria solo uno logró aprobar el examen, por lo que una plaza ha quedado desierta.
“Tanta es la carga que hay y las pericias por hacer que con dos peritos de planta no es suficiente y para ello también se nos está entregando presupuesto para contratar a peritos externos que intervengan de acuerdo a la complejidad de los casos”, acota.
Otro mecanismo de apoyo a la labor fiscal es el que brinda la Contraloría General de la República, cuyas auditorías, de acuerdo a la normativa vigente, tienen calidad de prueba pericial.
Magaly Quiroz comenta que esto último ha ayudado en gran medida a darle celeridad a las investigaciones.
LA FORMACIÓN PROFESIONAL
Aun cuando los delitos de corrupción son ahora imprescriptibles y las penas para quienes incurren en ellos se han agravado, son acumulables, el problema sigue siendo latente en el país, lo que debe motivar – afirma la fiscal – a que la ciudadanía haga un profunda reflexión sobre el comportamiento ético de los profesionales en general, porque dentro y fuera de la administración pública existen sujetos proclives a la comisión de ilícitos en perjuicio del Estado.
“Los delitos de corrupción son de encuentro, en ellos no participa solo el funcionario público, sino también el corruptor. Ambos converger. Entonces, la lucha no solamente tiene que ser contra el mal funcionario o servidor público. El funcionario es una persona con estudios superiores, egresado de una universidad, y un contratista también, y lo que estamos viendo es que nuestros profesionales no tienen una formación ética y deontológica que los lleve a una actuación correcta y adecuada para las contrataciones con el Estado. Por más que se trate de controlar y sancionar, sino no existe la formación sólida de un funcionario o profesional, entonces seguirá habiendo denuncias y casos por investigar”, señala.
La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios cuenta con un equipo de 13 fiscales titulares, de los cuales cuatro son provinciales y nueve adjuntos.
Recientemente, el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, se ha comprometido a la contratación de más personal (abogados) para fortalecer el equipo asistencial de la fiscalía en Lambayeque. Otro de los ofrecimientos es la creación de más plazas fiscales para que los procedimientos sean más ágiles.
“El Ministerio Público siempre va a actuar y la fiscalía anticorrupción más aún. Cada sentencia que logramos es porque hemos probado a cabalidad el delito”, remarca Magaly Quiroz.
El decano nacional del Colegio de Ingenieros del Perú – CIP, Jorge Alva Hurtado, señala que la orden profesional, al igual que sus pares de otras especialidades, tienen diversas observaciones al proceso que desarrolla la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios – ARCC, que apunta a la rehabilitación y construcción de infraestructura en los departamentos afectados por El Niño Costero.
El gobierno nacional ha anunciado que en los próximos años se invertirán más de 27 mil millones de dólares en la restitución de los servicios interrumpidos o dañados por las lluvias, huaicos e inundaciones que azotaron el país entre enero y marzo pasado, así como en la construcción de infraestructura que modernice a las ciudades afectadas y en obras de prevención para eventos climáticos similares.
Sin embargo, el proceso no cuenta con mecanismos establecidos que faciliten la participación y fiscalización de la sociedad civil.
“Hay varios reclamos de la orden, sobre todo de algunos consejos departamentales. El que he escuchado con más frecuencia y énfasis es el de Piura, donde aparentemente se llegó a un entendimiento con el Ministerio de Agricultura y finalmente se desestimó la participación de veeduría del Colegio de Ingenieros del Perú”, comenta el decano.
LA CONFORMACIÓN
Señala que en todas las conferencias y presentaciones realizadas por el director de la ARCC, Pablo de la Flor Belaunde, no menciona para nada a los colegios profesionales, lo que – en su opinión – “no es una buena acción”, más porque el CIP y los consejos departamentales se han puesto a disposición del supremo gobierno.
“Particularmente la Autoridad para la Reconstrucción no nos ha convocado, pero sí lo están haciendo los diferentes sectores. En primera instancia firmamos un convenio con la exprocuradora Julia Príncipe y eso permitió que participemos en la revisión de diferentes obras, como los trabajos del agua y alcantarillado en el departamento de Loreto; también hemos tenido conversaciones con el Ministerio de Vivienda y Construcción, con Salud para realizar inspecciones y, del mismo modo, nos hemos entrevistado con el nuevo contralor Nelson Shack para que no se realicen revisiones posteriores a las obras. Él considera que es importante la participación de gente técnica de la sociedad civil, disposición que no hemos encontrado en la Autoridad para la Reconstrucción”, asevera.
Alva Hurtado señala que el Colegio de Ingenieros del Perú se ha pronunciado, por acuerdo del congreso del consejos departamentales, en relación al respeto que se debe dar a la posición de la ingeniería.
“Exigimos la participación de ingenieros técnicos en los organismos de su competencia, que no vengan abogados o economistas, posiblemente muy eficientes en su rama, pero no en la ingeniería. La ingeniería para los ingenieros, ese es el mensaje que estamos dando y que tiene que ser tomado por la Autoridad para la Reconstrucción”, acota.
Lamenta que el directorio de la ARCC esté conformado solo por ministerios y no se haya dado espacio de participación a los colegios profesionales o a otras organizaciones de la sociedad civil como las cámaras de comercio.
“Se necesita que este proceso esté liderado por técnicos, por gente que sepa, no que venga a aprender. La Autoridad para la Reconstrucción está confiando mucho en instituciones internacionales como Naciones Unidas, lo que está bien, pero también creo que debe darse más importancia a la ingeniería nacional”, señala.
LA CORRUPCIÓN
Jorge Alva precisa que la participación de la sociedad civil a través de sus organizaciones, en procesos como el de la reconstrucción, es fundamental en la medida que ayudaría a la fiscalización de los recursos públicos, para de este modo evitar que el país siga viéndose afectado por la corrupción que al año le representa al Estado la pérdida de 12 mil millones de soles.
El decano nacional del CIP indica que si bien en muchos de los actos de corrupción relacionados a obras públicas hay ingenieros involucrados, la lucha contra este flagelo demanda de esfuerzos mayores de todos los actores sociales.
“Este es un problema de la sociedad en general. ¿Cómo es posible que un expresidente haya podido tener 20 millones de dólares de la corrupción? Eso es inconcebible. Entonces, ¿qué podemos pensar? ¿Vamos a ir por los que están abajo o empezamos por los que están arriba? Todas esas empresas, constructoras o estudios jurídicos que han defendido a la corrupción deben ser sancionados, lo mismo que los ingenieros. Debe haber sanciones incluso sobre el Poder Judicial mismo, porque muchas veces este ha apañado todas estas corruptelas”, afirma.
A FAVOR DE LAS CONTRATISTAS
Alva Hurtado dice conocer el problema de cerca y recuerda el rol que jugó como perito para desvirtuar el pedido realizado por Odebrecht, a través de la Concesionaria Trasvase Olmos – CTO, para cobrar más de 70 millones de dólares por supuestos sobrecostos en la construcción del Túnel Trasandino.
“Ahí se vio el esfuerzo que hacía el contratista y algunas autoridades, e incluso miembros de distintas ramas del Poder Judicial para decir que mi informe no era el adecuado, se abrió un proceso, se quejó a los jueces y se terminó en el Tribunal Constitucional, que finalmente resolvió el caso y confirmó que no debía pagarse lo que pedía la concesionaria, pero ese es un caso. Como ese hay miles y en la mayor parte ha ganado siempre el contratista y, lo que es peor, muchas veces el contratista ponía al supervisor y este obviamente le decía no al propietario. Es más, muchas instituciones han estado a favor de los contratistas y esas cosas tienen que terminar y ese no es solamente problema de los ingenieros, es un problema generalizado de la sociedad civil”, refiere Alva Hurtado.
Añade que urge iniciar un proceso de restauración del Estado que asegure mecanismos transparentes y eficientes en la ejecución de obras, máxime porque el país necesita cerrar las brechas de infraestructura y no se dispone de la totalidad de recursos para hacerlo.
Manifiesta que una medida efectiva es el ingreso de gente honesta y experimentada en las funciones que el Estado requiere.
“Debemos tener equipos especializados que realicen seguimientos a las obras y no esperar al final para que intervenga la Contraloría, cuando ya no se puede hacer nada. El seguimiento debe ser antes, durante y después y tiene que participar la sociedad civil, pero es necesario también que se nos escuche, que se nos dé el lugar adecuado”, enfatiza.
CALIDAD UNIVERSITARIA
El también rector de la Universidad Nacional de Ingeniería – UNI, se pronunció en relación al reclamo que diversos sectores han planteado para que el Colegio de Ingenieros del Perú impida la habilidad profesional a los egresados de programas de complementación académica, cuya formación carecería de calidad.
Alva Hurtado señala que la llamada a intervenir es la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria – SUNEDU.
“No puede ser que cada universidad buena, bonita y barata dé para todo títulos a nombre de la Nación. ¿Entonces cómo se distingue que tal ingeniero es de una universidad a, de una universidad b o de una universidad c. Yo eliminaría, en primera instancia, que los títulos sean a nombre de la Nación”, indica.
Explica también que la SUNEDU debe dedicarse exclusivamente a fiscalizar la calidad universitaria y no a poner trabas a las casas superiores más antiguas para el licenciamiento.
Según refiere, la superintendencia pone obstáculos para que las universidades nacionales alcancen el licenciamiento mientras que el Estado no otorga los recursos suficientes para mejoras y equipamiento, lo que las pone en desventaja con las universidades privadas que sí disponen de presupuestos y califican con mayor facilidad en el proceso.
“La privadas pasan por agua tibia, en cambio de las universidades nacionales solo una, que es la Agraria La Molina, se ha licenciado, mientras que la Universidad de Huanta ha logrado el licenciamiento por orden judicial. ¿Y las otras universidades? Estamos trabajando dos años en el licenciamiento y cada vez cambian a las comisiones de revisión o sacan nuevos parámetros. Entonces, tenemos un desánimo para esto, porque pareciera que hubiese una corriente que dice que a las universidades nacionales no hay que licenciarlas, que solo se haga con las privadas que son más jóvenes y tienen mayor poder económico. Yo soy un convencido que las universidades públicas deben ser las mejores, como sucede en Chile, en Argentina, en Ecuador, en todos los países vecinos, como en cualquier parte del mundo”, precisa.
Añade que en la superintendencia debe participar personal especializado y que conozca de universidades públicas. “No puede haber solamente gente que es completamente ignorante de la realidad que tenemos en las universidades públicas del país”, afirma.
Finalmente, Alva Hurtado señala que tampoco existe confianza en el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa – SINEACE.
“Nosotros no creemos en la acreditación nacional y entonces nuestro estatuto nos exige la acreditación no voluntaria, sino obligatoria para cada una de las escuelas y que sea internacional. ¿Por quién? Por miembros del Acuerdo de Washington. De nuestras 28 escuelas profesionales ya tenemos 20 acreditadas y en eso sí creemos”, resalta.
Alcalde, regidores y funcionarios omiten realizar declaración jurada de Ingresos, Bienes y Rentas en el inicio de cada año. Ocultan en que condición económica ingresaron a la comuna para presuntamente evitar fiscalización el día que se vayan de casa edil
A pesar que en su primera sesión, la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República, se solicitó se conforme un grupo de trabajo para investigar las presuntas irregularidades en la ejecución de obras de inversión pública en el distrito de José Leonardo Ortiz, a los funcionarios de dicha comuna parece no importarles a tal punto que a la fecha el portal de Transparencia Económica y Acceso a la Información Pública se encuentra inactivo.
Para el regidor Isael Bustamante Medina, fue una sorpresa enterarse que desde el inicio de la gestión municipal – 2 de enero del año 2015 - y hasta el momento, el mencionado portal - Transparencia Económica y Acceso a la Información Pública- el cual está regulado por la Ley N° 27806, se encuentra inoperativo y mucho menos, no cuenta con información actualizada sobre los gastos e inversiones que la autoridad municipal, Epifanio Cubas Coronado, de la mano con sus principales funcionarios, hacen con el dinero del Estado y de los sufridos leonardinos.
“El portal de Transparencia Económica y Acceso a la Información Pública, es muy importante para que todo ciudadano leonardino y de la misma región Lambayeque y del país, pueda acceder a información de dominio público. Más que nada, se conozca la manera y forma en que se utilizan y gastan los dineros que con mucho esfuerzo y sudor se lo ganan y aportan los leonardinos para el desarrollo del distrito, mediante el pago de sus tributos”, sostuvo.
De igual manera, agrega que la intervención de la comisión de Fiscalización del Congreso de la República en la comuna leonardina, permitiría develar los actos de presunta corrupción que se pudieran haber dado no solamente en el gobierno municipal de Epifanio Cubas Coronado, sino también del ex alcalde Raúl Cieza Vásquez, quien estuvo al frente de la comuna desde el año 2011 al 2014, la que también se caracterizó por ser desastrosa.
¿SE ESCONDE ALGO?
Los regidores Marino Olivera Cruzado e Isael Bustamante Medina, señalaron que a inicio del presente año ya habían cuestionado en una sesión de concejo la inactividad del portal de transparencia, así como la designación de la persona responsable por parte del alcalde Epifanio Cubas Coronado.
Sin embargo, lo que más lamentan es la inacción del personal del Órgano de Control Institucional –OCI- quienes no intervienen y mucho menos toman acciones para que se pueda determinar con responsabilidad los motivos y razones por las cuales en el portal de Transparencia Económica y Acceso a la Información Pública, no se cuenta con información al día sobre el trabajo y actividades de cada uno de los funcionarios, así como el destino de los dineros del Estado.
“Todos sabemos que más de los días el alcalde Epifanio Cubas Coronado viaja a la ciudad de Lima, supuestamente a realizar gestiones en el Ministerio de Vivienda, Congreso de la República y otras entidades del Estado, pero desde el primer día de su gestión nadie sabe cuánto ha gastado en pasajes y en viáticos”, señaló Isael Bustamante Medina.
Agrega que la autoridad municipal sostiene que cada vez que viaja a Lima lo hace con dinero de su propio bolsillo, pero recuerda que siempre lo hace en compañía de uno o dos funcionarios o en todo caso de algunos de sus más cercanos regidores, teniendo duda que a ello también les pueda estar pagando los pasajes y la estadía en las ciudades a donde viajen.
“A inicios de año el regidor Aureliano Castañeda Hernández y Marino Olivera Cruzado solicitaron al alcalde de la comuna leonardina, la necesidad de la publicación en el Portal de Transparencia la declaración jurada de Ingresos, Bienes y Rentas -de acuerdo a la Ley N° 27482- del burgomaestre, los regidores y los funcionarios.
Sin embargo, estamos empezando el mes de setiembre del tercer año de gestión edil y hasta la fecha los leonardinos y la población de Lambayeque y el Perú, no saben en qué condición el burgomaestre, fiscalizadores y funcionarios, asumieron sus funciones teniendo en cuenta su situación económica. Además, en qué situación se encuentran ahora, y más aún ahora que está a punto de culminar la gestión municipal. No sabemos si siguen pobres o están ricos o más ricos”, resaltó Isael Bustamante.
GESTIÓN DE RAÚL CIEZA
Durante una revisión actualizada del Portal de Transparencia Económica y Acceso a la Información Pública de la Municipalidad de José Leonardo Ortiz, quedó en claro que dicho instrumento virtual de lucha contra la corrupción se encuentra inactivo en sus principales segmentos.
Los informes de gasto e inversión pública que se aprecian corresponden a la gestión del ex alcalde Raúl Cieza Vásquez, dejando en claro que la actual autoridad municipal, por presunto desconocimiento o falta de interés para obrar, no se preocupa o toma acciones para designar al responsable del Portal de Transparencia Económica y Acceso a la Información Pública.
DESDE EL 2015
Al ingresar a la página del portal web institucional, se advierte el link del Portal de Transparencia Económica y Acceso a la Información Pública, la que al ingresar arroja que dicha página se encuentra bajo responsabilidad del señor Roberto Aguilar Núñez, nombrado con resolución de Alcaldía N° 574-2015/MDJLO/A.
Sin embargo, al consultar en la subgerencia de Recursos Humanos de la comuna leonardina sobre la situación laboral de ésta persona, se hizo conocer que Roberto Aguilar Núñez no trabaja en el institución municipal desde el mes de junio del año 2015, cumpliendo funciones por un corto periodo, y al cual desistió al renunciar al cargo por razones personales y profesionales.
En dicha subgerencia, también se hizo mención que Aguilar Núñez se desempeñó como jefe de la Oficina de Imagen Institucional, Acceso a la Información Pública y Portal de Transparencia, cargo que ahora es ocupado por la persona de Alfonso Soto Sánchez, pero extrañamente su nombre no está registrado y mucho menos existe resolución de designación como responsable del Portal de Transparencia Económica y Acceso a la Información Pública.
“Lo que pasa es que el alcalde Epifanio Cubas Coronado trabaja de manera informal, y por desconocimiento y falta de asesoramiento, obvia el desarrollo de ciertas funciones que van de la mano con las acciones de fiscalización y control establecidas por el Estado”, señaló el regidor.
Aclara, que para que el Portal de Transparencia Económica y Acceso a la Información Pública tenga vigencia y valor legal, la autoridad edil debe haber emitido una resolución de designación la que es puesta en conocimiento de la Contraloría General de la República a través del Ministerio de Economía y Finanzas, pero previamente tiene que haber cumplido con publicar la resolución de Alcaldía de designación en el diario oficial "El Peruano", pero nada de eso se ha hecho desde el mes de junio del 2015.
GRAVE DELITO
A su turno, el regidor Jorge Olivera detalla que el accionar de la autoridad municipal vulnera el derecho de los leonardinos y de los peruanos al derecho del acceso al Portal de Transparencia Económica y Acceso a la Información Pública, mediante el principio jurídico de la honestidad y transparencia.
Además, la acción del burgomaestre lo podría llevar a una denuncia penal por el delito de Omisión de Actos Funcionales y hasta el de Abuso de Autoridad, delitos que son castigados con el Código Penal y Procesadas con el Nuevo Código Procesal Penal, al ser castigadas con pena privativa de la libertad.
Explica que el delito de omisión no solamente tiene consecuencia administrativa sino también de carácter penal. Además – aclara- se sabe que la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz es un órgano de gobierno local que cuenta con personería jurídica de derecho público, con las atribuciones, competencias y funciones que le confiere la Ley Orgánica de Municipalidades, aprobada por Ley N° 27972; le son aplicables, las leyes y disposiciones que de manera general y de conformidad con la Constitución Política del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público Nacional.
Esta acción está generando a que el Ministerio de Economía y Finanzas pueda intervenir la municipalidad de José Leonardo Ortiz a través del Órgano de Control Interno, en defensa de los intereses del Estado, y ante la seria omisión y abuso de autoridad, que el alcalde Epifanio Cubas Coronado vendría cometiendo.
Para el fiscalizador, la supuesta omisión o negligencia, tendría que haber sido advertida y corregida con anticipación por el Órgano de Control Interno – OCI- de la Municipalidad de José Leonardo Ortiz, y la Contraloría, pero hasta el momento –aparentemente- nadie se ha dado cuenta de la vulneración a los derechos e intereses de los leonardinos.
DECLARACIONES JURADAS
Los regidores de oposición, insisten en que una próxima sesión de concejo, solicitarán la puesta en actividad y actualización del portal de Transparencia Económica y Acceso a la Información Pública.
De igual manera, advierten que por intermedio del gerente municipal Juan Carlos Grandez Orbegoso, emplazarán al subgerente de Recursos Humanos, Nino Acri, para que se solicite a cada uno de los funcionarios realicen su declaración jurada de ingresos, bienes y rentas, tal y como lo dispone la Ley.
Coinciden en que uno de los que debe dar el ejemplo, es el alcalde Epifanio Cubas Cornado y de sus principales colaboradores, así como del seno de concejo en pleno.
“Es por mandato de la Ley que toda autoridad y sus regidores, así como los funcionarios, especialmente los de cargo de confianza, deben realizar su descargo de bienes e ingresos durante el inicio de cada gestión. El objetivo es que el Estado tenga conocimiento de la condición económica asumen sus funciones, y en qué condiciones dejan la administración pública cuando dejan los cargos. Eso es una forma de luchar contra la corrupción”, sostuvo Isael Bustamante.
De igual manera, puntualiza que el responsable del área de Recursos Humanos de la comuna leonardina está cometiendo delito de omisión de funciones, al no aplicar o exigir que cada funcionario o nuevo funcionario al inicio de año o gestión, haga su declaración jurada de Ingresos, Bienes y Rentas.
Con severidad el presidente del Consejo por la Paz, Francisco Diez Canseco Távara, señala que las conclusiones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, creada para investigar las consecuencias del conflicto interno, resultan negativas para la democracia porque le dan a Sendero Luminoso el estatus de partido político y lo equiparan con las fuerzas del orden que se encargaron de su desarticulación.
La Comisión de la Verdad y Reconciliación fue creada en el 2001 por el gobierno de transición de Valentín Paniagua Corazao, siendo integrada por diferentes actores de la sociedad civil, equipo que presidió el entonces rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Salomón Lerner Febres.
El informe final fue entregado a fines de agosto del 2003 al presidente de la República, Alejandro Tolero Manrique, estimando que producto del conflicto interno se originó un saldo de 69 mil 280 peruanos, entre muertos y desaparecidos, de los cuales el 54 % fueron responsabilidad de Sendero Luminoso.
Diez Canseco Távara añade que el informe final de la comisión genera “una distorsión completa” de la realidad, respecto a lo vivió el país entre la década del 80 y el 2000 por el accionar de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru – MRTA, enfrentados con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
“Creo que las conclusiones de la Comisión de la Verdad, sobre las que estoy preparando un libro, son una distorsión completa. Ellos (sus integrantes) abrieron el terreno cuando, por ejemplo, señalan que Sendero Luminoso es un partido político y toda la historia que trazan a su manera de los gobiernos que han tenido que enfrentarse a sendero es una crítica descarada a los regímenes democráticos; con errores, deficiencias y corrupción, pero democráticos. Ellos terminan poniendo a la par a las fuerzas del orden y a Sendero Luminoso, lo cual es inaceptable”, manifiesta.
LOS DERECHOS HUMANOS
En su opinión, la Comisión de la Verdad y Reconciliación soslaya la violación sistemática de los derechos humanos por parte de las organizaciones terroristas y sí pone énfasis en las fuerzas armadas y policiales por hechos de este tipo, entre los gobiernos de Fernando Belaunde, Alan García y Alberto Fujimori.
“Los principales responsables de esta minimización de los actos criminales de los terroristas son precisamente las ONG caviares, cuyos representantes integraron mayoritariamente la Comisión de la Verdad. Yo le previne sobre esto a Valentín Paniagua y Alejandro Toledo. Se les advirtió que la Comisión de la Verdad debía constituirse con elementos de todos los sectores para que las conclusiones no estén sesgadas, pero no lo hicieron. Le entregaron a la izquierda caviar el manejo de la comisión y luego el propio Salomón Lerner dijo que no se trabajó en la reconciliación. Era de la verdad, ¿de qué verdad? De su propia verdad. Basta ir al Lugar de la Memoria para darse cuenta de lo que ellos han hecho, una tremenda distorsión que ha generado la liberación de terroristas, las conmutaciones de penas que encabezó (Diego) García Sayán y que ha distorsionado la concepción que el país, sobre todo los jóvenes, tienen de los terroristas”, enfatiza.
Francisco Diez Canseco señala además que el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación sirvió para que se satanizara a las Fuerzas Armadas por los excesos que cometió, reduciéndose al mínimo el rol que jugaron la lucha contra el terrorismo.
“¿Qué héroe tenemos de la lucha contra Sendero Luminoso? ¿Uno? Recién este año los del GEIN. ¿Por qué? Porque los caviares se encargaron de satanizar a las Fuerzas Armadas y a la Policía. El primer homenaje que se hizo a los héroes de Chavín de Huántar lo hizo el Consejo por la Paz y ellos siguen perseguidos judicialmente”, lamenta.
TERRENO POLÍTICO
Desde la caída de Abimael Guzmán Reynoso, máximo líder de Sendero Luminoso, en septiembre de 1992, la lucha contra el terrorismo se trasladó al terreno ideológico y es en este donde Francisco Diez Canseco advierte serias desventajas que el Estado, los últimos gobiernos, no ha tenido capacidad de equiparar.
“El terrorismo ha ganado un espacio político importante. En el 2004 yo denuncié que se había liberado a 800 profesores senderistas porque habían cumplido sus penas y se reintegraron al SUTEP y salió el viceministro de Educación Idel Vexler a contestar que eso no era cierto, que eran solamente 500. Eran 800 y ahí los tenemos. Trece años después ahora vemos los resultados. El senderismo está en las universidades, aquí en Chiclayo lo he constatado. ¿Qué es lo que ha pasado? Sendero aprovecha, en primer lugar, la frustración de una juventud que ve a una clase política corrupta, que no hace avanzar al país; en segundo lugar la falta de oportunidades, que agrupa a quienes cuestionan al sistema, y en tercer lugar de la ausencia de los partidos políticos”, manifiesta.
Sobre esto último, añade que existe una enorme responsabilidad de los partidos políticos por no hacer trabajo formativo y doctrinario que contrapese a la ideología violentista que mantiene sendero desde que apareció.
LAS DEUDAS PENDIENTES
Diez Canseco Távara, quien ahora lidera el partido Perú Nación y en las elecciones generales del año pasado se inscribió como candidato a la presidencia de la República, aunque semanas antes de las votaciones se retiró del proceso, señala que la ciudadanía tiene un alto nivel de descontento por los incumplimientos del Estados, sobre todo en cuanto al pago de la deuda social.
Comenta, por ejemplo, que en el 2004 como presidente del Consejo por la Paz convocó a un foro al que asistieron el ministro del Interior, el ministro de Educación y la ministra de Salud. El gran ausente fue el ministro de Economía, que en ese momento era Pedro Pablo Kuczynski.
Tras el diálogo, los participantes llegaron a la conclusión que la deuda social era una tarea pendiente y urgente. Por ejemplo, en ese momento a los policías se les debía 11 años de vacaciones, el 50 % de los colegios del Estado no tenían agua ni desagüe, y el Seguro Integral de Salud – SIS estaba desfinanciado.
En palabra de Diez Canseco, 13 años después, “la situación sigue siendo igual”.
“En ese momento el ministro de Economía había hecho aprobar un crédito suplementario de 700 millones de soles para el programa Juntos, que se estaba recién creando, pero el Estado no cumplía ni con los policías, ni con el SIS, ni con la educación. ¿Qué ha ocurrido 13 años después? El mismo señor llega a la presidencia de la República y no ha cambiado su forma de operar. Lo primero que hace al llegar al gobierno es la emisión de 13 millones de dólares en bonos del tesoro para refinanciar una deuda anterior, con una comisión importante para el banco que lo hizo. ¿Qué acciones ha tomado el gobierno para pagar la deuda social que es lo más importante de todo? Lo que no ha hecho es de tal naturaleza que se ha provocado una situación interminable de huelgas, con una huelga interminable de los profesores a quienes él les había ofrecido aumentarles el suelo. ¿Por qué no cumplió en su primer año? Porque tampoco lo hizo en el 2004”, cuestiona.
Acota, que el asunto de la deuda social debió ser uno de los primeros temas a tratar a resolver por el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, lo que hubiera aminorado la convulsión social que hoy atraviesa el país.
REFORMA DEL ESTADO
Señala que otra tarea no asumida por el gobierno es la reforma del Estado, con énfasis en la lucha contra la corrupción.
Francisco Diez Canseco asevera que un serio problema es que “el país se llena de normas” pero muchas de estas no son efectivas.
“La reforma del Estado se va a dar con el cambio de personas, poniendo a gente que conozca al país, que sienta al país y que se interese por el país. Ya están las normas. ¿Qué hacer para luchar contra la corrupción? ¿Más normas? Ya se aprobó la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, habría que hacer pequeñas modificaciones de forma de los códigos vigentes. Necesitamos personas decididas como el juez Richard Concepción Carhuancho o el fiscal Germán Juárez para romper con la impunidad de la corrupción. Lo que tenemos que hacer es apoyar a un equipo como ha ocurrido en Brasil con el caso Lava Jato o en Guatemala con la fiscal Saldaña, para que toda esta gente corrupta caiga, para que sepan todos los corruptos que ya no hay intocables, que ya no hay impunidad, y eso va a provocar que haya eficiencia en el Estado”, indica.
Finalmente, recuerda que en su gobierno Ollanta Humala Tasso ofreció la creación de una Escuela de Administración Pública que permita despolitizar el aparato estatal y el ingreso de personal calificado en las dependencias públicas, cuyo desempeño trasciendan a los cambios políticos. Lamentablemente la promesa no se cumplió.
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