El congresista Roberto Chiabra León conversó con Expresión sobre algunas de las decisiones adoptadas recientemente por el Congreso de la República, como la modificatoria de la ley contra el crimen organizado o la inaplicación de la figura de lesa humanidad para los crímenes cometidos antes del 2002, durante el conflicto armado interno.
“Cuando vemos que no hay estabilidad en los poderes del Estado, que están en permanentes problemas, dando mal ejemplo a los ciudadanos, se afecta a los inversores extranjeros y nacionales, porque quién va a poner su capital en riesgo cuando no sabe si las reglas económicas tendrán permanencia o no”, cuestionó el parlamentario sobre la coyuntura del país.
Dijo que el otro problema que se sufre a nivel nacional es la inseguridad. “En Lambayeque, al igual que en todas las regiones del país, la gente dice que con la inseguridad no se puede vivir. Hay extorsiones y secuestros, y los más afectados son los pequeños negocios. No vemos una estrategia integral”, señaló.
Recordó que en Trujillo ya van más de 60 días de emergencia y sigue habiendo extorsiones. “No vemos una solución, porque en la clase política estamos más ocupados en pelearnos entre nosotros. Lo primero que tenemos que bajar es la violencia verbal. Todos tenemos la responsabilidad de bajarle el tono a nuestro lenguaje y no estar descalificándonos entre nosotros, porque estamos dando mal ejemplo”, afirmó.
Crimen organizado
Respecto a la norma que modifica la ley contra el crimen organizado, Roberto Chiabra negó que con ello se esté dando facilidades a la delincuencia y generando impunidad para actuar.
“Voy a citar algunos ejemplos para poder entender de qué se trata la modificatoria reciente aprobada por el Congreso. ¿El expresidente Pedro Pablo Kuczynski, su secretaria y su chofer son una organización criminal similar al Tren de Aragua o a los Pulpos? Hay un abuso en la tipificación. Se señala que se pierde la sorpresa de los allanamientos porque hay que avisarles a los abogados, pero no es así. La modificatoria dice que en un allanamiento entra la policía con el fiscal y se pide que el investigado llame a su abogado, si no lo tiene se le asigna un abogado de oficio. Es lo justo, es un derecho que tienen todos los ciudadanos”, precisó el legislador.
“¿Acaso cuando ocurre un allanamiento en la madrugada, siendo la persona aún sospechosa o investigada, no le pueden sembrar algo? Se necesita de un abogado para velar que no se vulneren los derechos del investigado. Todos tienen derecho a defenderse, para que después no se diga que hay abuso de autoridad durante los allanamientos y tampoco se considere que tres personas son una banda criminal”, remarcó.
Manifestó que en el país existen abusos por parte de la fiscalía y el Poder Judicial, sobre todo con la imposición de medidas como la prisión preventiva.
“El Perú es el único país, lo han dicho organizaciones internacionales y la Corte Suprema, donde se hace abuso de la detención preliminar y la prisión preventiva. En el Perú primero te meten preso y luego te dicen que demuestres tu inocencia”, acotó.
Lesa humanidad
El congresista también se refirió a la ley que declara inaplicable la figura de lesa humanidad para los crímenes cometidos antes del 2002, concretamente en el marco del conflicto armado interno.
“Nadie puede ser sancionado o juzgado si no hay una ley. No todos los delitos son de lesa humanidad. ¿Alguien ha visto si a los senderistas o emerretistas los han sancionado por delitos de lesa humanidad? A ninguno. Víctor Polay, cabecilla de una organización terrorista, debería tener cadena perpetua junto a su cúpula, ¿tiene cadena perpetua? No. Hay otro caso, Las Gardenias, por las cuales el MRTA dispuso matar a todos los homosexuales, bajo una campaña de limpieza social. Ese fue un delito de lesa humanidad pero no fue considerado así”, criticó.
Dijo que para que un delito sea considerado como de lesa humanidad tiene que ser generalizado, sistemático, obedecer a una directiva y que los participen conozcan. “¿Los presidentes Belaunde, García o Fujimori fueron sentenciados por delitos de lesa humanidad? No. Estábamos en una democracia, las órdenes venían y se cumplían. ¿Entonces por qué a los militares les ponen el sello de la lesa humanidad para que los casos no prescriban? ¿No es injusto tener a personas con juicios de 30 años? El Perú reconoce la lesa humanidad, pero a partir del 2002. Lo que pasó antes debe ser investigado y sancionado, pero no bajo el concepto de lesa humanidad”, aseveró.
Explicó que con la ley solamente saldrían en libertad los que fueron sancionados pasados los 20 años. Los acusados por los casos Barrios Altos y La Cantuta, no, porque fueron sancionados dentro de los 20 años.
Sobre el gobierno de Dina Boluarte, señaló que la ciudadanía debe reconocer su responsabilidad por haberla elegido en la plancha presidencial que lideró Pedro Castillo.
“¿Quién escogió a la señora Boluarte? ¿Quién lo escogió al presidente Castillo? Yo creo que el presidente Castillo perdió la gran oportunidad que te da la vida de ser presidente de la república. Todos los peruanos, los que votaron y no votaron por él, esperábamos un gobierno que encendiera los motores después de dos años que la economía estuvo parada por la pandemia. Se esperaba un gobierno que nos levantara como país, pero en un año tuvo cinco gabinetes y 82 ministros, dentro de ellos la señora Boluarte. Cuando ella era ministra la izquierda no decía nada y no le perdonan que haya dicho que si se iba Castillo se iba ella. En política hay que tener palabra”, afirmó.
“Boluarte no asumió su responsabilidad política por lo sucedido durante las protestas, es decir, cesar inmediatamente a los ministros de Defensa e Interior. ¿Qué hizo? Al de Defensa lo ascendió a primer ministro. Eso es lo que la población no le perdona. Después reaccionó tarde y mal. Una cosa era decirle a las fuerzas armadas que cuiden los aeropuertos y otra que saquen a los ciudadanos. Ese error político es el que ella tiene pendiente con la justicia”, finalizó.
