El presidente de la Coordinadora Regional de Transporte Público de Lambayeque, Wilson Míñope Guevara, señaló que siendo Chiclayo una de las ciudades con mayor número de ordenanzas y normativas para el sector Transportes, a la vez tiene un alto porcentaje de incumplimiento y desacato, situación que muchas veces se origina por las deficiencias que tiene la comuna provincial para su implementación.
“De las ordenanzas emitidas en las últimas gestiones municipales muy pocas se cumplen y como ejemplo tenemos las ordenanzas 021, 023 y 027, dadas desde el 2003, y que crean los anillos viales para el transporte público de pasajeros. Sin embargo, en Chiclayo tenemos un desorden total, sin sostenibilidad para esas normas y una serie de infracciones diarias. Esto genera el caos vehicular y resulta preocupante la poca voluntad de las autoridades para aplicar dichas normas”, señala.
Según indica, el principal argumento de las autoridades municipales para la aplicación de las ordenanzas es la falta de recursos y logística.
“Puede que haya debilidades de recursos, pero también existe irrespeto por el principio de autoridad, problema que se ha visto en las últimas tres gestiones municipales. En la actualidad, lamentablemente la informalidad y la falta de gobierno han originado que el sistema de gobierno esté a punto de colapsar”, manifiesta.
Incumplimiento y peligro
Existen, además, acuerdos entre la comuna de Chiclayo y los transportistas de unidades urbanas e interurbanas que no se cumplen, como aquel que prohíbe el uso de la denominada banca, en el que se ubica a cuatro pasajeros adicionales a la capacidad de los vehículos.
“A raíz de la pandemia por el Covid-19 se emitió un decreto supremo en el cual se indica que todos los vehículos deben manejarse con capacidad completa de acuerdo a su tarjeta de operativas y así está establecido en el Reglamento Nacional de Transportes, por lo tanto, el vehículo que lleva pasajeros en exceso debe ser pasibles de sanción. ¿Quién fiscaliza? Debe hacerlo la municipalidad a través de sus inspectores y la Policía Nacional, con la unidad de Tránsito”, explica, añadiendo que en el caso de unidades interprovinciales también debería intervenir la Superintendencia Nacional de Servicios de Transporte – SUTRAN.
“Normas que son letra muerta, hay una falta de aplicación del principio de autoridad lo que generar el descontento en la población, que es la usuaria del transporte, pues se le expone al riesgo. De ocurrir un accidente de tránsito, el seguro solo cubre la atención del número de pasajeros que indica la tarjeta de operatividad. El excedente debe ser asumido por el propietario del vehículo”, anota.
Decisiones en la gerencia
Míñope Guevara sostiene que la designación de la abogada Zelmi Rosario Camacho como gerente de Desarrollo Vial y Transportes de la Municipalidad Provincial de Chiclayo podría significar un giro en positivo para el sector, por lo que los gremios han reiterado el pedido técnico de ampliar la vigencia de la Ordenanza Municipal 020-2018, que restringe la autorización de nuevas autorizaciones para líneas de transporte público.
“En gestiones anteriores hemos visto cómo se han cometido actos de corrupción para pasar por alto esta ordenanza. La ciudad está sobresaturada, Chiclayo no aguanta una empresa de transporte más. Lo que se necesita es orden y para ello se requiere de la acción y decisión del municipio”, menciona.
En Chiclayo existen aproximadamente 35 mil transportistas formales, que representan menos del 30 % de conductores que ofrecen servicio público. El parque automotor supera los 100 mil vehículos.
“La mayor tasa de informalidad está en el rubro de taxis y vehículos menores (mototaxis). Teníamos mapeados algo de 19 mil vehículos menores informales y la cifra sigue creciendo”, indica.
Finalmente, Míñope Guevara precisa que parte de la informalidad es alentada por el mismo municipio, que no cumple con otorgar las tarjetas de operatividad a los transportistas, pese a que los trámites se iniciaron hace años.
“Los transportistas andamos con una hojita de trámite. Existen expedientes pendientes del 2015 o 2016. Lo que está haciendo ahora la gestión, con el afán de quitarse la responsabilidad, es declararlos improcedentes, siendo transportistas formales. Eso es algo inaudito”, enfatiza.
