El crecimiento del producto bruto interno se revisa al alza de 3.1 % a 3.2 % por el dinamismo de la demanda interna que alcanzaría un crecimiento del 5.1 %, producto de la evolución observada en el consumo, que crecería (+3.5 %) y la inversión privada (+6.5 %), como principales motores de la economía peruana, sustentada en las actividades económicas principalmente de la minería metálica y la manufactura no primaria en el segundo trimestre del 2025.
En paralelo, en el país se vive una de las mayores crisis de inseguridad que alcanza los 4583 homicidios a mayo del 2025 de acuerdo a cifras del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), lo que evidencia que las políticas adoptadas por el gobierno no han calado para revertir la situación de forma definitiva en el corto y mediano plazo.
Costo económico de la inseguridad ciudadana
De acuerdo al Marco Macroeconómico Multianual 2026-2029 el costo que recae por la inseguridad alcanzaría el 1.2 % del PBI, es decir representa 13 900 millones de soles y que es uno de los principales riesgos que enfrenta tanto el sector público y privado en desalentar la inversión y el empleo, provocando incertidumbre de los agendes económicos tras impactar de forma negativa en el funcionamiento de las actividades empresariales, genera barreras para la apertura de nuevos negocios, provoca el cierre de empresas y limita las jornadas laborales, entre otros, lo cual unido a las 15 mil denuncias de extorsión del primer semestre del 2025, genera un potencial riesgo de la economía peruana, que compromete el 32 % de la población a nivel nacional en el funcionamiento de los negocios por el menor incentivo a invertir y el incremento de los costos asociados a inseguridad y por ende afecta de forma directa al empleo, consumo, productividad y competitividad y al bienestar de la población en su conjunto.
Considerando la encuesta de Ipsos (2025) los crímenes son parte del día a día en un Perú que convive con el sicariato y la extorsión, donde destaca que los principales responsables de inseguridad son la Policía Nacional (37 %), los fiscales (32 %), el Ministerio del Interior que lidera Juan José Santiváñez (29 %), los jueces (29 %) y los alcaldes (19 %), donde definitivamente la institucionalidad ha perdido un 70 % de desconfianza.
Dos curvas que no se encuentran
La paradoja peruana se sintetiza en dos curvas que avanzan en direcciones opuestas. La curva del PBI asciende con un 3,2 % previsto en 2025 y 2,9 % en 2026, mientras que la curva de homicidios y delitos violentos sigue una trayectoria ascendente, sin proyecciones de reversión a corto plazo, que alcanza en los niveles socioeconómicos que más reportan este impacto son los segmentos AB (42 %) y C (42 %), mientras que en el DE (24 %) la afectación es menor.
Entonces surge la controversia del divorcio entre la macroeconomía y microeconomía que cuestiona la sostenibilidad del progreso o chorreo económico a partir ¿De qué sirve mejorar las cuentas fiscales, elevar exportaciones o controlar la inflación si los ciudadanos no sienten un impacto positivo en su calidad de vida?
El dilema del futuro inmediato
El Perú necesita garantizar que los beneficios del crecimiento se traduzcan en seguridad y bienestar social, donde la expansión económica puede generar recursos fiscales adicionales, pero si estos no se canalizan hacia políticas públicas integrales fortalecimiento policial, justicia eficiente, prevención del delito y recuperación de espacios públicos el crecimiento será frágil y desconectado de las urgencias ciudadanas.
Es por ello la necesidad de aplicar reformas estructurales en cinco argumentos relevantes que trascienden al quehacer de la política monetaria que tienes sus límites en cuanto a la efectividad de lograr disminuir la crisis de la inseguridad ciudadana; siendo las reformas las siguientes:
Fortalecimiento institucional y de la gestión pública: Resulta necesario incrementar la capacidad institucional que permita coordinar y ejecutar políticas públicas de manera articulada entre las distintas entidades del aparato estatal y los niveles de gobierno, así como disminuir de forma efectiva las trabas burocráticas que obstaculizan la actividad empresarial.
Educación: Es fundamental mejorar tanto la calidad como la cobertura de los servicios educativos, a fin de potenciar el capital humano y elevar la productividad laboral, procurando que la formación técnica se ajuste a las demandas del sector productivo.
Infraestructura: La reducción de brechas en transporte, logística y conectividad constituye una prioridad, no solo para sostener el crecimiento interno, sino también para dinamizar el comercio exterior, lo que exige acelerar la implementación del Plan Nacional de Competitividad y Productividad.
Gasto público: Se requiere garantizar una administración del gasto que sea eficiente, transparente y moderna. El objetivo es ampliar la cobertura y elevar la calidad de los servicios públicos, generando a su vez un impacto positivo en la productividad del sector privado.
Mercado laboral: Es necesario promover condiciones de mayor flexibilidad y formalización, eliminando las restricciones en los procesos de contratación y despido que frenan la generación de empleo de calidad, de modo que se logren incrementos en la productividad de los trabajadores y una mejor asignación de los recursos.
El Perú se encuentra frente a un dilema histórico: mientras la macroeconomía proyecta estabilidad y crecimiento sostenido con tasas cercanas al 3,2 % en 2025, la inseguridad avanza a un ritmo alarmante con más de 4500 homicidios y 15000 denuncias de extorsión solo en el primer semestre del año. Esta coexistencia de curvas opuestas revela un país de dos rostros, donde los beneficios de la expansión económica se diluyen bajo el peso de la criminalidad, la desconfianza institucional y la precariedad del entorno social.
La salida de este laberinto no pasa únicamente por mantener las cuentas fiscales en orden o acelerar la inversión privada, sino por canalizar el crecimiento hacia la seguridad ciudadana y el bienestar colectivo.
La única manera de revertir la paradoja del “Perú de dos rostros” es transformar el crecimiento económico en un instrumento tangible para combatir la violencia y la inseguridad. Solo cuando el dinamismo de la economía se traduzca en calles seguras, empleos formales y servicios públicos de calidad, se podrá hablar de un progreso auténtico que abrace tanto a las cifras macroeconómicas como a la vida cotidiana de los ciudadanos.
(*) Magíster en Ciencias con mención en Proyectos de Inversión Pública, economista e investigador Renacyt. Especialista en Inversión Pública del Centro Nacional de Planeamiento Estratégica.
(**) Economista de Esan, egresada de la Maestría en Inteligencia Estratégica.
La presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú - ANP, Zuliana Lainez Otero, afirmó que el país atraviesa uno de los escenarios más complejos para el ejercicio del periodismo en las últimas décadas, debido al debilitamiento de las condiciones democráticas, la falta de garantías estatales y el incremento de agresiones contra comunicadores.
Durante su intervención en el conversatorio organizado por el Colegio de Periodistas de Lambayeque en el marco conmemorativo del Día del Periodista, Lainez Otero sostuvo que “sin libertad de prensa no hay democracia”. Añadió que esta afirmación no es una frase vacía, sino una realidad comprobada en distintos contextos autoritarios. “Uno de los signos más claros de debilitamiento democrático en un país es cuando se golpea la libertad de prensa”, dijo.
La presidenta de la ANP recordó que un reciente estudio de IDEA Internacional concluyó que América Latina atraviesa “el peor momento para la libertad de prensa en los últimos 50 años”. Explicó que el dato es relevante porque abarca incluso los periodos de dictaduras militares en la región.
En el caso peruano, señaló que la curva de agresiones contra periodistas es ascendente en los últimos 30 años. Precisó que solo en 2025 se han registrado más de 200 ataques, en su mayoría durante coberturas de protestas sociales. “Cuando se producen movilizaciones, el riesgo aumenta. El fin de semana en Lima, 18 colegas fueron agredidos y el 90 % de los casos fue responsabilidad de la Policía. Que el Estado, en lugar de proteger, sea el principal agresor es inaceptable”, indicó.
Acoso judicial y amenazas legislativas
La dirigente gremial advirtió que el periodismo peruano enfrenta un doble frente: las agresiones físicas y el acoso judicial. Explicó que cada año entre 30 y 35 periodistas son llevados a tribunales, principalmente por casos de difamación. “El Congreso insiste una y otra vez con proyectos de ley que buscan elevar las penas por difamación y establecer reglas inconstitucionales sobre rectificación”, manifestó.
Según Lainez Otero, el problema se agrava por la ausencia de equilibrio de poderes. “En otros momentos, el Ejecutivo o el Tribunal Constitucional podían frenar normas inconstitucionales. Hoy ese contrapeso no existe”, subrayó.
Agregó que también se intenta criminalizar la labor periodística mediante investigaciones fiscales que califican a reporteros como integrantes de organizaciones criminales o los acusan de delitos como lavado de activos y reglaje. “No es fácil recibir una notificación fiscal que te dice que estás siendo investigado por pertenencia a una organización criminal. Eso no es parte del escenario habitual del periodismo”, advirtió.
Uso limitado del acceso a la información
Zuliana Lainez destacó que la Ley de Acceso a la Información Pública sigue siendo una herramienta fundamental para la investigación periodística, pero denunció que las entidades estatales han incrementado el número de negativas. “Cada vez más se responde que todo es secreto o confidencial. Palacio de Gobierno, por ejemplo, negó información sobre consumos de la presidenta alegando que ponía en riesgo su integridad. Ese tipo de justificaciones vulnera el derecho ciudadano a la información”, señaló.
En ese sentido, recordó que diversos reportajes, como los referidos a los regalos recibidos por la jefa de Estado, se basaron en pedidos de acceso a la información. “El problema es que muchas veces esas solicitudes terminan rechazadas, obligando a procesos largos ante la autoridad de transparencia”, comentó.
Riesgos adicionales
La presidenta de la ANP también alertó sobre la normalización de medidas que afectan el secreto profesional. Citó el caso de la Procuraduría Anticorrupción, que solicitó levantar el secreto de las comunicaciones a periodistas. “El día que una fuente sepa que su identidad puede ser expuesta por decisión judicial, difícilmente volverá a confiar en un periodista. Y sin fuentes no hay periodismo”, subrayó.
Asimismo, denunció la creciente hostilidad de grupos radicalizados que hostigan a comunicadores en distintas regiones. “No solo ocurre en Lima. En Yurimaguas, por ejemplo, se han reportado visitas violentas a radios y domicilios de periodistas, en un intento de imponer líneas editoriales por la fuerza”, señaló.
El panorama actual se agrava por hechos extremos ocurridos en 2025: el asesinato de dos periodistas, uno en Ica, en enero, y otro en Iquitos, en mayo. Además de atentados explosivos contra viviendas de comunicadores en Huaral y Yurimaguas. “Estos hechos evidencian que ejercer periodismo en el país se ha vuelto una tarea de alto riesgo”, afirmó.
Responsabilidad del Estado
La presidenta de la ANP cuestionó la actitud de las autoridades frente a las agresiones. Criticó el silencio de la presidenta de la República frente a denuncias graves y el comportamiento de alcaldes y congresistas que incitan a la violencia contra periodistas. “Ni siquiera se abren investigaciones fiscales cuando hay incitación directa a la violencia. Ese nivel de impunidad solo agrava la situación”, sostuvo.
Para Zuliana Lainez, los periodistas no se victimizan, sino que describen una realidad respaldada por hechos y cifras. “Cuando decimos que el periodismo está bajo asedio no es un capricho. Es una lectura de lo que ocurre con los poderes del Estado, que en lugar de garantizar derechos los restringen”, afirmó.
La dirigente concluyó que el deterioro de las condiciones para la prensa refleja la fragilidad democrática del país. “El Perú vive hoy una democracia en mínimos, con recorte de derechos y libertades. Ese escenario es adverso para los periodistas y para la ciudadanía en su conjunto”, expresó.
Finalmente, hizo un llamado a las autoridades a respetar los marcos normativos, proteger el secreto profesional y garantizar la seguridad de los periodistas. “Un periodismo acosado y silenciado es el síntoma más claro de una democracia en retroceso”, puntualizó.
El periodista Juan Carlos Tafur Rivera, director del portal Sudaca y exdirector del Consejo de la Prensa Peruana, denunció que el ejercicio del periodismo en el país atraviesa una etapa de precariedad extrema debido a las agresiones provenientes de diversas instituciones del Estado y a los intentos de criminalizar la labor informativa.
En un reciente encuentro sobre periodismo y democracia organizado por el Colegio de Periodistas de Lambayeque, Tafur Rivera reveló haber sido víctima de acciones directas por parte del Ministerio Público. “He sido acusado de organización criminal, allanado e incautadas mis computadoras y mis teléfonos para acceder a mis fuentes de información”, declaró. Contó que gracias a una advertencia previa pudo borrar sus chats y contactos para proteger la identidad de quienes le proveían información. Según dijo, la investigación fue impulsada por la fiscal Marita Barreto.
Periodismo bajo presión
Para Juan Carlos Tafur, la situación actual refleja “una precariedad enorme del ejercicio profesional” debido a los ataques simultáneos desde el Poder Judicial, el Congreso, el Ejecutivo y el propio Ministerio Público. En su opinión, esta hostilidad constituye un grave riesgo para la democracia peruana.
“El periodismo se ha convertido en un campo de batalla donde se dirime en buena medida la supervivencia de la democracia”, afirmó. Recordó que en el Perú, en lugar de tolerar la crítica, el poder político “hostiga con la ferocidad de quien confunde la autoridad con el abuso”.
A su juicio, tanto sectores de izquierda como de derecha consideran a la prensa un obstáculo para sus intereses. “El destino de las libertades públicas está inseparablemente ligado a la suerte del periodismo independiente”, remarcó.
El director de Sudaca explicó que la historia demuestra la relación directa entre dictadura y censura. “Ninguna dictadura, ni en el Perú ni en el mundo, ha resistido la existencia de un periodismo libre”, recordó.
Señaló que desde los autócratas del siglo XIX que clausuraban imprentas hasta el régimen fujimorista de los años 90 que sobornó redacciones, la respuesta autoritaria siempre ha sido silenciar a quienes informan. “No por capricho, sino porque la prensa constituye la principal trinchera para denunciar abusos y corrupción”, puntualizó.
Discursos hostiles y proyectos de ley
El periodista advirtió que hoy el panorama es igualmente sombrío. “Desde el poder se habla de prensa vendida, se descalifica a quienes cumplen con su deber y se moviliza a turbas digitales para linchar en redes a los que incomodan”, denunció.
Mencionó, además, que algunos congresistas promueven iniciativas legales que buscan limitar la libertad de prensa bajo argumentos como la protección del honor, la moral pública o la seguridad nacional. “Detrás de esos pretextos se esconde el designio de domesticar a la prensa y amputarle su espíritu crítico”, sostuvo.
En su opinión, el periodismo no es un accesorio de la democracia, sino un componente esencial. “Sin prensa libre, la participación ciudadana se convierte en ilusión y el ciudadano en súbdito”, afirmó.
Hostigamiento y crisis estructural
Tafur Rivera alertó que los ataques contra la prensa buscan encubrir la incapacidad de los gobiernos para resolver problemas de fondo como la inseguridad ciudadana, la informalidad laboral, la crisis educativa y las deficiencias del sistema de salud.
“Cuando un gobierno decide volcar su energía en acosar a la prensa en lugar de resolver esos problemas, no solo se exhibe como inepto, sino como una amenaza”, declaró.
El periodista destacó que, a pesar de sus defectos, el periodismo peruano ha sido decisivo en momentos críticos. “Sin periodistas valientes que denunciaron violaciones de derechos humanos en el conflicto armado interno, la corrupción del fujimorismo o los sobornos de Odebrecht, buena parte de la podredumbre política habría permanecido oculta”, recordó.
Subrayó que esas investigaciones no fueron impulsadas principalmente por jueces o fiscales, sino por reporteros que persistieron en su labor a pesar de amenazas y dificultades.
Autocrítica necesaria
Juan Carlos Tafur insistió en que la defensa de la prensa no debe confundirse con una idealización del gremio. “Los periodistas deben responder con mayor rigor, ética y profesionalismo”, dijo. Advirtió que no es aceptable que los medios se conviertan en caja de resonancia de campañas sucias, se sometan a intereses empresariales o renuncien a contrastar la información.
“Un periodismo que se degrada se convierte en el mejor pretexto para sus enemigos”, puntualizó. Por ello, consideró indispensable una autocrítica honesta y un esfuerzo por recuperar credibilidad.
El exdirector del Consejo de la Prensa Peruana subrayó que la democracia se juega no solo en la solución de problemas sociales, sino también en las redacciones, radios, canales de televisión y portales digitales.
“Si esos espacios son sofocados, el resto de las batallas estará perdido de antemano. Defender el periodismo es defender la democracia. No hacerlo equivale a entregarse a la servidumbre”, enfatizó.
Tafur llamó a los ciudadanos a tomar posición frente a esta disyuntiva. “Los peruanos debemos decidir de qué lado estamos: del lado de quienes quieren un país de ciudadanos libres, capaces de pensar y exigir cuentas, o del lado de quienes sueñan con un rebaño obediente”, planteó.
El periodista concluyó con una advertencia sobre los riesgos de normalizar la censura. “Una sociedad que se acostumbra a vivir sin prensa libre, que acepta que otros decidan lo que puede saberse, es una sociedad que ha renunciado a la democracia”, advirtió.
En su opinión, permitir ese retroceso significaría repetir los episodios autoritarios del pasado. “Sería para el Perú el regreso a una pesadilla de la que ya hemos salido demasiadas veces y siempre a un costo doloroso. No permitamos que la historia se repita”, finalizó.
El fracaso del Estado peruano está por todos lados. Desde el punto de vista de la población civil, nuestro Estado es un suplicio. Las causas de nuestro Estado fallido son harto conocidas: injerencia política a más no poder, tarjetazos por doquier (cero meritocracia), altísima rotación de funcionarios, híper regulación y burocratización del aparato estatal, redundancia institucional, etc.
De ese Estado politizado – y patrimonializado – devienen la inoperancia, el maltrato y la corrupción estatal. Como bien decía Roberto Abusada (QEPD): “la corrupción ha hecho metástasis en el Estado peruano”.
Producto de ello, los servicios públicos están como están: mal… muy mal. Más aún, van de mal en peor. Los servicios de salud pública: el Seguro Social de Salud (EsSalud), los Hospitales del Ministerio de Salud (MINSA), y los Hospitales de las Fuerzas Armadas y Policiales… peor no pueden estar.
Las pruebas PISA que miden el nivel de la educación escolar en el mundo, denotan que – en nuestro país – más de la mitad de nuestros escolares de 15 años, no comprenden lo que leen, ni razonan matemáticamente. En síntesis, la educación escolar estatal peruana es de muy mala calidad.
Por otro lado, la creciente inseguridad ciudadana revela la total inoperancia del Ministerio del Interior y su brazo operativo: la Policía Nacional del Perú (PNP). Ambas instituciones sólo sirven para la cutra. Cutra para ascender. Cutra para soltar a delincuentes. Cutra para la compra de patrulleros. Cutra para todo.
En infraestructura pública… el fracaso estatal es igual. Según la Contraloría General de la República (CGR) el Estado tiene 2,400 obras paralizadas, en todo el país. Y prácticamente todas las obras terminadas están sobrevaloradas. Incluso, muchas obras terminadas están inoperativas. Los elefantes blancos también son una expresión del fracaso estrepitoso del Estado, en materia de infraestructura pública.
El nuevo Aeropuerto Jorge Chávez se inauguró hace poco, pero… sin la infraestructura de acceso. ¿Quién debía construir la infraestructura de acceso al aeropuerto? Quién va a ser: el Estado. Tal cual la infraestructura de acceso al nuevo Puerto de Chancay. ¡Fracaso estatal estrepitoso!
El problema es que, ni la presidenta Boluarte, ni sus ministros, parecen estar al tanto del fracaso del Estado. Tan es así, que no son capaces de sostener un servicio tan básico y sencillo como el traslado de turistas en Machu Picchu… una de las siete maravillas del mundo moderno, nada menos.
Una empresa concesionaria (CONSETTUR) brindó dicho servicio durante casi 30 años. Muy bien. El Estado sabía que el 5 de setiembre pasado vencía el plazo de la concesión. La idea era cambiar de concesionario. No hay problema. Que venga otra empresa que brinde un mejor servicio que CONSETTUR. Hasta ahí, todo bien… pero no.
El Estado peruano no movió ni un dedo para convocar al nuevo concesionario. Simplemente, no hizo nada… y el tiempo se lo comió. Típica actitud indolente e irresponsable de la mayoría de nuestras autoridades gubernamentales. En este caso, me refiero al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, al Ministerio de Cultura, al Ministerio de Economía y Finanzas, al Gobierno Regional del Cusco, a la Municipalidad Provincial de Urubamba, y a la Municipalidad Distrital de Machu Picchu.
Esos ministros, ese gobernador regional, y esos alcaldes – con su inacción e indolencia – son los responsables directos del caos que está viviendo Machu Picchu, desde el 5 de setiembre pasado. Además del injustificado maltrato a turistas que vienen de muy lejos, nos hemos convertido en una vergüenza como país… una vergüenza mundial.
Bueno pues, por si la vergüenza de Machu Picchu fuera poca cosa, el 25 de setiembre próximo ocurrirá lo mismo con la concesión trasvase Olmos, en Lambayeque. Después de 20 años de concesión, el Estado decidió cambiar de concesionario para operar la presa Limón y el túnel trasandino que lleva parte de las aguas del río Huancabamba a la irrigación Olmos. No hay problema.
Pero no… sí hay problema. El Gobierno – tal cual la concesión de Machu Picchu – no movió ni un dedo para seleccionar al nuevo concesionario… y el tiempo se lo comió. El propio Estado, a través del Proyecto Especial Olmos – Tinajones (PEOT) será quien asuma la operación y mantenimiento del trasvase.
El problema es que, en el caso de Olmos, hay riesgos tan serios como el riesgo de rotura de presa, el riesgo de inundaciones y desbordes, el riesgo de colapso del túnel, y otros que podrían afectar a centenares de miles de personas, y a operaciones agrícolas y ganaderas de las cuales dependen decenas de miles de trabajadores.
En este caso – de ocurrir una desgracia – los responsables directos serían los ministros de Economía y Finanzas, y de Agricultura, por no haber hecho nada para designar oportunamente a un nuevo concesionario calificado, y por asumir un servicio para el cual el PEOT no está capacitado.
Súmese a las autoridades antes mencionadas, aquellos personajes histriónicos, seudo moralistas e irresponsables – como el periodista Augusto Thorndike y otros – que aun sabiendo del Estado inoperante, maltratador e infestado de corrupción que tenemos, insistieron y exigieron que ese mismo Estado asuma la operación de un servicio tan complejo y riesgoso como el trasvase Olmos. ¿Se repetirá el caos de Machu Picchu, en Olmos? Me temo que sí. Ojalá me equivoque. Pero si el Estado no pudo con Machu Picchu… menos podrá con Olmos.
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*Ingeniero economista y político peruano
*Fue presidente del Gobierno Regional de Ica 2015 -2018
