Quiero empezar citando dos mensajes acordes con la realidad que hoy vive nuestro país, el primero es la sabia reflexión de un ser entregado a sus ideales de servir y ser siervo de Dios, me refiero a San Agustín, quien en una de sus tantas reflexiones nos dejó un mensaje claro y real cuando con una simpleza ideológica nos dijo: “Un Estado sin justicia, es una banda de ladrones”, acepción que por cierto en el Perú, cada vez es más evidente.

La segunda reflexión está referida a lo dicho por el presidente de la hermana República de El Salvador, Nayib Bukele, quien en una de sus alocuciones, sin temor a equivocarse, dejó en claro que el enfoque de los derechos humanos de la gente honrada, es menos importante que el de los delincuentes que roban, violan o asesinan con total impunidad.

Trayendo a colación lo dicho por San Agustín, no podemos negar que la justicia en el Perú es pro delictiva, por cuanto no existe como un sistema defensivo de los derechos humanos para castigar con severidad al delincuente del estatus y la calaña que fuere, quienes cada vez mejoran sus estrategias delincuenciales, sin que estas sean sometidas al juicio formal y honesto de la justicia, que por su naturaleza misma debería ser diligente, severa e imparcial.

¿Qué tenemos?

En el Perú, tenemos una justicia cada vez más empobrecida en su ética, su moral y su solvencia académica para castigar ejemplarmente y con celeridad al que delinque, por eso es que, sin reparo alguno, la mirada ciudadana nota cómo la corrupción y la inseguridad ciudadana avanzan en forma incontenible; las bandas y organizaciones criminales aumentan, los robos callejeros se incrementan y las violaciones crecen, sin que para todos los que son sus actores inconsecuentes, el aparato judicial se imponga con sanciones ejemplares y equitativas, anteponiendo los derechos humanos que a cada uno de ellos les corresponde, teniendo en cuenta que los derechos humanos les asiste a las personas honestas, probas y consecuentes con la moralidad y el buen vivir, los cuales no deben ser conculcados.

Justicia que tarda, no es justicia

El accionar del aparato jurisdiccional encargado de impartir justicia en el Perú, es tardío, dilatorio y distractivo, por ende, no es eficaz ni eficiente, razón por la cual es inservible para frenar un flagelo compuesto por delincuentes de toda calaña dispuestos a seguir avanzando con total impunidad, sin que para ello el antídoto perfecto de la sanción ejemplar exista, cuando notan que sus fechorías y el tinglado delincuencial se perfecciona con celeridad y avanza con mayor alevosía y extremada temeridad criminal.

Lo insólito

El trastoque de los cuerpos normativos por parte de los entes encargados de sestear el delito, en este caso el Ministerio Público, amo y señor de la investigación, cada vez es más elefantiásico en su accionar, tal es así que los casos más sonados de corrupción, durante muchos años, siguen siendo materia de investigación a pesar de las pruebas encontradas y las delaciones recibidas.

Muchos de estos casos, por no decir todos, hasta hoy no son pasibles de una acusación técnicamente bien sostenida, lo que impide que el Poder Judicial, como ente sancionador, logre por lo menos dar inicio a los actos preparatorios para llevar a un juicio oral a los actores ya identificados, que le permita aplicar sanciones ejemplares que, como vemos, se dan en menor escala y quizás aún no se dan en su mayoría.

No hay justicia

La justicia no es tal cual, por lo tanto es inexistente y si convive en el país es incipiente, inhumana y circulada por presuntos actos de corrupción para favorecer al ladrón y al criminal, mas no para el que es víctima de un acto execrable que día a día sucede en el país, donde la justicia es pálida, incipiente e indiferente, más aun cuando la población es un espectador preferencial, cuando ve que muchos entran a la cárcel provisionalmente y salen cuando la justicia lo decide a gozar de la libertad concedida por un aparato judicial que predica honestidad, pero con sus hechos, demuestra que no es lo que ellos pretenden decir que son, por lo tanto, en el Perú no hay justicia plena y efectiva como condición natural.      

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(*) Especialista en Contrataciones del Estado.

En medio de la crisis que vive Perú, surge la idea en el Ejecutivo de tomar en cuenta el modelo de Nayib Bukele, presidente de El Salvador, para combatir la delincuencia. Pero, ¿es realmente viable o incluso deseable importar un modelo de otro país, especialmente cuando las realidades son tan contrastantes?

La crisis que vive el Perú ha ocasionado la exacerbación de un problema público: la sensación de mayor inseguridad ciudadana. Han aumentado el número y la crueldad de los atracos en 2023 respecto de 2022 y si vemos los pronósticos, que asocian el aumento de la delincuencia a los períodos de mayor pérdida de poder adquisitivo y ralentización de los incrementos salariales, el problema se va a complejizar.

Esta situación obliga a una respuesta de política pública. Hacer política pública requiere de metodología basada en evidencia y un análisis desapasionado de las causas. La crisis que enfrenta Perú es compleja y multifacética. Importar un modelo de política pública de otro país, sin adaptarlo al contexto peruano, es una receta que podría asegurar desastrosas consecuencias. Es esencial que las soluciones sean diseñadas considerando las particularidades y necesidades de Perú, y no simplemente copiando lo que parece funcionar en otro lugar. La estabilidad y el futuro del país dependen de decisiones bien informadas y adaptadas a su realidad.

Contexto diferente, soluciones diferentes

Vamos a partir de lo evidente: Perú no es El Salvador. Mientras que El Salvador ha lidiado con las maras, Perú enfrenta una amalgama de desafíos: las consecuencias económicas y sociales de la pandemia, la repercusión de la guerra en Ucrania en la economía global, el fenómeno Yaku y las protestas sociales que han paralizado la economía. Cada uno de estos factores ha dejado cicatrices profundas en la sociedad peruana, y no se pueden abordar con una solución única y simplista.

El riesgo de la militarización

Endurecer las políticas de seguridad y militarizar la respuesta, como ha hecho Bukele, podría exacerbar las tensiones en Perú. En un país con antecedentes de conflictos armados y violaciones de derechos humanos, la militarización podría reabrir heridas pasadas y generar más desconfianza en las instituciones. Ya tiene Bukele problemas por este tema. Han sido arrestados muchos inocentes, algunos de ellos incluso han desaparecido, según muestran los documentales que han tratado el tema. En esos mismos documentales,  algunos familiares de los arrestados denuncian que sus familiares nunca estuvieron relacionados con algún tipo de acto delictivo.

Libertad de prensa en jaque

Una de las críticas más fuertes al modelo salvadoreño ha sido la restricción a la libertad de prensa. En un momento en que la transparencia y la información son vitales, limitar la capacidad de los medios para informar sería un retroceso democrático para Perú. Es un fenómeno que es difícil de apreciar sobre todo cuando, como en El Salvador, cuentas con el respaldo popular logrado por la sensación de haber hecho frente exitosamente a un problema público que ningún otro presidente en el pasado pudo resolver.  

Resulta impopular hablar de los casos en los cuales los militares se equivocaron, resulta complicado hablar de los casos en los cuales muchos de los arrestos terminaron en la desaparición de algunos inocentes. De hecho, no es algo que la población esté preparada para escuchar. Por el contrario, lo asumen como una crítica despiadada originada por una oposición que ha perdido el poder y sus privilegios.

Reacción internacional y reputación en riesgo

La comunidad internacional ha mirado con escepticismo las medidas de Bukele. Si Perú decide seguir este camino, podría enfrentar críticas y sanciones, afectando su posición en el escenario global y sus relaciones diplomáticas. Ya tenemos dificultades en este momento frente a gobiernos ideologizados como el de México, que nos han complicado la situación internacional.  También tenemos problemas con una presidente que viaja, según algunos, sin las adecuadas consideraciones a la Carta Magna. Ante esta coyuntura, más pareciera un mensaje para activar una discusión que quitaría del centro del interés público temas más urgentes como el aumento de la pobreza y el aumento de los precios de algunos alimentos importantes dentro de la canasta básica familiar.

¿Solución o parche temporal?

Aunque las medidas de Bukele han mostrado resultados en la reducción de la delincuencia a corto plazo, no abordan las causas subyacentes de la violencia. Perú necesita soluciones sostenibles que ataquen la raíz de sus problemas, no solo parches temporales. Aumentar las penas por los delitos relacionado con asaltos y otros tipos de delincuencia no va a resolver el aumento de los atracos. Las causas están más o menos claras y se relacionan con una situación cada vez más complicada para más del 40% de la población que vive en situación de pobreza o que son altamente vulnerables a los cambios en la economía. En estos tiempos de crisis se tendría que buscar soluciones que tengan que ver con esta Cara esas causas por ejemplo un intensivo y contigo programa de ayuda a los emprendedores de las micro pequeñas y medianas empresas Punto uno de los vehículos más interesantes para promover el desarrollo especialmente entre la personas que viven en pobreza o son vulnerables es el desarrollo de nuevas líneas de ofertas turísticas el Perú tiene mucho potencial para hasta cuadruplicar en el mediano plazo el número de visitantes extranjeros en los principales atractivos turísticos naturales, históricos, costumbristas, religiosos, que tiene el país. Debemos apuntar con todo a ello.

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(*) Economista y dicente universitario.