A pocos días de cumplirse un año del mandato de Pedro Castillo en la Presidencia de la República, y de María del Carmen Alva como titular del Congreso, sus niveles de aprobación ante la ciudadanía han caído por los suelos por su demostrada incapacidad para gobernar los dos más importantes poderes del Estado. La crisis política y económica que agobia al pueblo peruano tiene nombre propio: la irresponsabilidad de los partidos políticos que solo han velado por sus intereses y no han estado a la altura de lo que el país demanda. Ante este panorama sombrío, la única salida democrática es el adelanto de elecciones generales, que es un clamor unánime; pero está en la cancha del Parlamento dar viabilidad a esa alternativa.
La crisis política y de ingobernabilidad está llevando al país al límite de la tolerancia y que la población pierda la paciencia ante situaciones insostenibles. Qué duda cabe que el Legislativo y el Ejecutivo son los grandes responsables de toda esta miseria política, producto de ambiciones detestables por cuotas de poder, por gobernar de espaldas a las grandes necesidades que tiene el país y por favorecer a grupos de poder político y económico con leyes a su medida. Esta miseria política se refleja en las acusaciones directas de una red de corrupción al más alto nivel que implica al propio presidente de la República, Pedro Castillo, quien se muestra imperturbable ante las investigaciones que le ha abierto la Fiscalía, por presuntamente liderar esta mafia criminal. Pero esta miseria política también se expresa en el pobrísimo desempeño del Congreso para elaborar y aprobar normas que permitan salir de este empantanamiento político que nos está llevando al abismo; y por el contrario, las bancadas políticas -oficialistas y opositoras- se unen “estratégicamente” para avalar o desechar cualquier proyecto que ponga en peligro sus intereses o los de terceros (grupos de poder). Así buscaron traerse abajo todo lo avanzado en materia educativa universitaria (caso Sunedu), han admitido el retorno a la cuestionada bicameralidad (Senadores y Diputados), han hecho “nombramientos convenientes” en el Tribunal Constitucional, o se confabularon para llevar al archivo la denuncia constitucional contra el expresidente Manuel Merino y dos de sus ministros, por la muerte de Inti y Bryan en las protestas de noviembre de 2020.
Esta miseria política pone en evidencia además la alta desaprobación que tienen los presidentes de estos poderes del Estado, el cual ha ido creciendo sostenidamente con el transcurrir de los meses por torpezas, falta de empatía y sensibilidad con el pueblo. Todas las encuestadoras tienen cifras similares respecto del funesto desempeño en la función pública del mandatario Pedro Castillo y de su par en el Parlamento, María del Carmen Alva. Por ejemplo, en el último estudio de la empresa Ipsos (publicado en julio) el jefe de Estado sale reprobado con 74%; es decir, registra un incremento de 4 puntos porcentuales en relación al mes de junio. Lima es la zona donde el Ejecutivo alcanza el nivel de rechazo más alto: 87%. El Instituto de Estudios Peruanos (IEP) en su más reciente encuesta (mes de junio), revela que la desaprobación de Castillo alcanza el 71%, cifra que ha ido en aumento mes a mes desde noviembre de 2021 en que comenzó a superar el 60%. Además, un 66% de los ciudadanos tiene una percepción negativa sobre la honestidad del presidente, y un 73% señala que no le inspira confianza. Estos datos no hacen más que confirmar la incapacidad e incompetencia del mandatario para conducir los destinos de nuestra compleja nación, y que al final de su régimen -si es que termina- lo convertirán en el peor mandatario de nuestra historia reciente, porque a un año de gestión no ha mostrado un ápice de estadista para enfrentar coyunturas difíciles.
De capa caída
Veamos el otro lado de la moneda. Según Ipsos, la titular del Congreso tiene un nivel de desaprobación de 72%, mientras que la institución parlamentaria de 79%, siendo la segunda cifra de desaprobación más alta a lo largo de la presente legislatura, dado que el pasado mes de mayo alcanzó un pico de 82%. En tanto que en el sondeo del IEP, un 85% de ciudadanos rechaza el desempeño del Parlamento y la censura a Maricarmen Alva llega a 75%. En su defensa, pero menos de reconocer los errores groseros que han tenido, Alva dijo que no hay ningún Congreso popular en ninguna parte del mundo. “Sabemos que el Congreso, que representa a toda la población y a todas las regiones, es una entidad complicada”. Con mayor razón, si sabía que ningún Congreso es popular, entonces ella debió tratar de cambiar esa imagen negativa que tiene este poder del Estado, mostrando más empatía con la ciudadanía, no obstruyendo la labor de fiscalización de la prensa, a la que se ha impedido ingresar para cubrir las actividades parlamentarias, ni asumiendo poses clasistas de todopoderosa que solo le han generado fuertes críticas. Los partidos políticos allí representados tampoco han estado a la altura de lo que el pueblo espera de ellos; es decir, que legislen con sensibilidad para atender las demandas más urgentes del país, que permitan la inclusión social de las regiones más olvidadas y que por años han sido postergadas producto del centralismo y de la indiferencia del Estado. Pero no, no habido un propósito de enmienda por parte de los legisladores que en este periodo han seguido empecinados en favorecer a grupos de poder económico, con leyes con nombre propio o para pagar favores de la campaña electoral. Todas estas acciones han hecho que la gente los perciba como corruptos y sinvergüenzas que están al servicio de intereses oscuros.
Si bien desde un comienzo los partidos de la derecha conservadora en el Congreso -Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País- buscaron desestabilizar al gobierno con argumentos jalados de los cabellos (incluidas las mociones de vacancia), el presidente Castillo tampoco ha hecho los merecimientos necesarios ni ha tenido las estrategias para contrarrestar esa andanada de imputaciones; por el contrario, con sus clamorosos desaciertos, su falta de criterio y su carencia de liderazgo, se ha encargado él mismo de atizar el fuego en su contra. Sino cómo se explica que en casi un año de gobierno se hayan nombrado siete ministros del Interior; claro algunos fueron censurados por el Congreso, pero otros fueron defenestrados por el propio dignatario, como el sorpresivo despido de Mariano Gonzales de la cartera de Interior el último martes. Todas estas acciones irregulares que evidencian su incapacidad para gobernar son propias de un presidente que no ata ni desata en el cargo encomendado, que no tiene ideas claras para enfrentar la crisis política y económica que agobia al pueblo. Lo manifestado por Gonzales, de que Castillo no tiene ningún compromiso para luchar contra la corrupción y que por el contrario busca proteger a la gente de su entorno que son buscados por estar involucrados en graves delitos, es muy preocupante, porque ello demuestra que la tan proclamada lucha contra este flagelo solo es un simbolismo y todo quedará en el papel. En el fondo este gobierno no quiere tomar el toro por las astas respecto a este crucial tema. Bajo estas consideraciones, Pedro Castillo no merece estar un minuto más en la primera magistratura de la nación, porque este gran barco llamado Perú se está hundiendo cada vez más. Castillo y su Consejo de Ministros no están preparados ni capacitados para manejar esta crisis con la responsabilidad que amerita.
Salida constitucional
Ante esta miseria política a la que nos han arrastrado el poder Ejecutivo y el Legislativo, la única salida es el adelanto de elecciones generales; es decir, se recorta el mandato del presidente de la República y de los congresistas. Aunque la cosa no es tan fácil. Como bien precisa el constitucionalista Aníbal Quiroga: “El tema del adelanto de elecciones suena ‘difícil’ de lograr, porque no se trata de una reforma legislativa sino constitucional. En el papel puede parecer muy romántico, pero en el análisis de la realidad lo veo difícil porque implicaría que el Congreso se autocercene; y si bien hay algunos congresistas valientes y valiosos que estarían dispuestos a tomar esa decisión política, no creo que la mayoría sea así porque ellos han sido elegidos por cinco años y no veo el aliciente que tendría para renunciar al periodo que tienen” (diario Gestión). La otra salida democrática es la vacancia, y en esta coyuntura creo que podría tener mayor respaldo que las anteriores. Por lo menos hay un grupo multipartidario de parlamentarios de oposición que analizan presentar una moción de vacancia en contra del jefe de Estado, amparados en las declaraciones del exministro del Interior. Si en esta ocasión los congresistas anteponen los intereses del país a intereses personales o de sus grupos políticos, el futuro de Castillo podría pender de un hilo muy delgado. Pero esta medida sería impopular, porque lo que el pueblo ha expresado de manera unánime en diferentes encuestas es que se vayan todos, no quieren la continuidad de estos rostros desgatados que han perdido la confianza y credibilidad de la ciudadanía. Castillo se ha puesto solo la soga al cuello, está en un callejón con mínimas salidas. Creo que no habrá segundas oportunidades, porque ya tuvo el tiempo suficiente para aprender a gobernar, y como mal alumno no ha aprendido nada.
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(*) Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Primer Vicedecano del Colegio de Periodistas de La Libertad.
También debe ser tarea principal de cualquier sociedad, en su perspectiva de ser parte de un Estado eficaz y eficiente, trabajar en la construcción de instituciones predecibles.
No basta tenerlas en el organigrama estatal, leyes y reglamentos. El horizonte debe ser hacerlas con marcos jurídicos que atiendan a las necesidades en su sector y con procedimientos suficientes, conocidos, accesibles, eficientes y sobre todo útiles. Esta tarea depende de la perspectiva democrática que tengan los poderes Legislativo y Ejecutivo y de su comprensión de que tampoco vasta dictar las leyes y reglamentos de creación. Se necesita ampliar y afirma la visión de proceso en las acciones de Estado.
En ese sentido, un primer paso a lo mejor el más complejo en la medida que impacta en el proceso educativo es darles valor y comprenderlas en su dimensión teórica y práctica. Hablo de desarrollar un sentido de pertenencia de las instituciones que, concebido adecuadamente y sin apasionamientos ideológicos o religiosos, lleva a defenderlas socialmente. Es apostar por darles legitimidad desde su inicio, a través de un activo civismo y efectiva ciudadanía.
Si a las instituciones las comprendemos -en su valor- como estructuras que constituyen el tejido de la vida social, sus sistemas de reglas establecidas y extendidas que definen las interacciones sociales y públicas, deben ser en su relación estatal sólidas y fuertes y para los que las recurren de fácil accesibilidad, comprensión y utilización.
Estos presupuestos no están concurriendo en la realidad institucional de diversos países. Si bien es cierto en la relación población e instituciones, con sus respectivos procesos históricos de desarrollo, limitan y al mismo tiempo permiten comportamientos, aún tenemos Estados con instituciones omnímodas que flagrantemente violan derechos individuales y colectivos. Vulneran con amplio margen de impunidad sus reglas que las regulan y por eso se alejan cada vez más de la población. Ese divorcio explica el sentimiento de rechazo a las instituciones que, en los últimos años, son asociadas con el perfil de sus autoridades de turno.
En este marco, en el que por cierto en su teoría y práctica las instituciones democráticas están siendo duramente interpeladas, es fundamental responder a interrogantes que siguen flotando y sin resolver problemas estructurales existentes desde inicios del país. Hay necesidad de mea culpa y enmienda de actores históricos relevantes. Si determinada institución tiene competencias predefinidas y procedimientos fijos para brindar los servicios a los que se debe ¿Porqué es tan ineficaz e ineficiente al momento de cumplir sus funciones? ¿Porqué los procedimientos, si tienen una hoja de ruta y plazos basados en el principio de preclusividad, no son respetados? ¿Porqué el personal y autoridades a cargo de esos procesos que terminan vulnerando derechos gozan de impunidad? ¿Es correcto que así funcionen las instituciones del Estado?
Cito un ejemplo vivencial de mi país. Un equipo “técnico” del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, generando cuantiosos daños económicos al Estado, durante dos años, hizo de nuevo mal los estudios del proyecto Corredor Vial 10, pues cuando tenía que cerrar su última etapa -dar viabilidad- el Ministerio de Economía y Finanzas lo declara incompatible con normas legales vigentes. Cero predictibilidad en el proceso. Este mismo proyecto, mal planteado desde su origen el año 2010 por las autoridades nacionales y maliciosamente aceptado por las regionales de Cajamarca y provinciales de San Miguel, lo quisieron imponer pese a excluir a dos de cinco capitales de distrito beneficiarias. El año 2021, por los caminos excluidos incumpliendo contrato y normas de control “invirtieron” cerca de ocho millones de Soles en sus favoritos “mantenimientos de caminos”. Ahora la población afectada espera enmiendas y cumplimiento de compromisos.
Si la ineficacia e ineficiencia fueses punibles, a lo mejor tendríamos mejores instituciones y políticas públicas para los sectores que ellas representan. Habría meritocracia. La predictibilidad en los servicios, en ese sentido, es una forma de medición de cuán lejos o cerca estamos de tener leyes e instituciones aterrizadas a nuestra realidad. También de comprender cómo el mundo político concibe a nuestro Estado, considerando el desinterés en hacerlo viable y útil.
Sin instituciones, en una dimensión de responsabilidad de sus servidores y predictibilidad de sus procedimientos y resultados, el ideal democrático de diálogo entre gobernantes y gobernados para alcanzar objetivos comunes seguirá siendo retórica y fuente de males.
En los últimos días, hemos sido partícipes de una gran noticia que eleva nuestra alicaída moral y autoestima a un nivel superlativo, produciéndose – por qué no - la alegría necesaria para paliar en parte la inestabilidad emocional y convivencial post pandemia y el sostenimiento de la crisis política y económica que hoy nos toca vivir, mezquina e intolerante por cierto, producto de ocurrencias y acciones que nada suman para alcanzar el bienestar social que anhelamos tener.
La noticia poco o casi nada pregonada, está referida al triunfo histórico de una gran atleta huancaína llamada Gabriela Kimberly García León, quien con mucho tesón y temperamento ha logrado obtener por primera vez en la historia del atletismo nacional la presea dorada en el campeonato mundial llevado a cabo en el estado de Oregón – EE.UU, donde ocupó el primer lugar en la disciplina de marcha atlética, posición que pudo alcanzar recorriendo sin cesar la distancia de 20 km, para, al final, con el corazón erguido y el patriotismo a flor de piel, superar a sus dos competidoras de ocasión, como son las representantes de las repúblicas de China y Polonia, quienes sucumbieron ante la fuerza arrolladora de una atleta que quiso y logró ocupar el pódium más alto, para recibir la medalla de oro como premio a su noble actitud. Y es que “cuando se quiere se puede”.
La hazaña ensalzada a medias
El histórico triunfo de la admirable atleta, que necesariamente debe ser considerado como una hazaña deportiva en el país, no ha sido realzado en su nivel cabal por los encargados de producir la noticia, lo que pone en el tapete cómo los intereses mercantilistas y el desánimo de levantar una noticia de un acontecimiento épico, se torna mezquino cuando hay que colocarlo en el más alto relieve, no solo por el triunfo logrado, sino por su concepción misma impulsada por un equipo técnico que diseñó el trabajo y la estrategia para lograr el objetivo trazado de que el atletismo – tan venido a menos en el país -, sea reconocido con la más alta premiación en una disciplina que muy pocos la practican y muchos ni siquiera conocen.
Resulta pues paradójico – por decir lo menos – que cuando los triunfos se dan a medias en deportes masificados y multitudinarios, como por ejemplo, el fútbol, sean materia de un endiosamiento desmedido de sus actores directos y el ensalzamiento del equipo técnico que los dirige, quienes en su conjunto, casi siempre, nos dejaron sinsabores y tristezas, mientras que un logro épico alcanzado por una humilde atleta con un austero apoyo y un reducido equipo técnico, pasa desapercibido a pesar de lo alcanzado y el efecto social causado, que para nada se compara con la actual realidad socioeconómica que vive el país.
Los jóvenes a la obra
El mensaje está dado, lo que la vida propone hay que cumplirlo. En tal sentido, la joven deportista desde el ámbito donde ella está triunfando y de la forma como lo viene consiguiendo, no hace sino demostrar que cuando la juventud se decide, consigue lo que se propone, sintiéndose feliz porque lo que quiso hacer y lo hizo bien.
En razón de ello, la gran hazaña de Gabriela Kimberly no solo es un ejemplo digno de resaltar, sino sujeta de emular en todos los aspectos del quehacer ciudadano, donde hay que incluir el cambio generacional imperativo que la patria reclama para cambiar el rumbo de su destino, desterrando para ello a la clase política desgastada e inmoral, y de esta manera, no sea permisible que nos sigan gobernando los peores.
Cuando la frescura y el tesón de gente joven como Gabriela Kimberly se imponga se revertirá lo perdido. ¡Nunca es tarde cuando se quiere empezar!
(*) Especialista en Contrataciones del Estado.
Tras el triunfo de la rebelión contra el gobierno del general Mariano Ignacio Prado, logrado en las luchas en Arequipa y Chiclayo entre diciembre de 1867 y enero de 1868, el general Pedro Diez Canseco asumió interinamente la Presidencia convocando a elecciones y restaurando la vigencia de la Constitución de 1860. El coronel José Balta, vencedor en las trincheras de Chiclayo, fue elegido presidente y asumió el mando el 2 de agosto de 1868.
El respaldo al gobierno
La gran polémica del régimen baltista fue la originada por el contrato Dreyfus. Balta y su joven ministro de Hacienda, Nicolás de Piérola, teniendo en contra al dictamen de la Comisión Permanente y a la misma Corte Suprema, rompieron el control de los consignatarios sobre la renta guanera, entregándosela a la parisina Casa Dreyfus, logrando la aprobación del Congreso, tras ardorosos debates y denuncias de sobornos.
“Por primera vez en el Perú, la cuestión política quedó de un lado. Lo económico primó sobre la lucha partidista, y los asuntos públicos quedaron reducidos a una disputa entre negociadores peruanos y negociadores extranjeros para apoderarse del manejo de los recursos del Fisco. Como la fiebre ferrocarrilera enardecía los ánimos y la mayoría de las gentes esperaba de las obras públicas una era de prosperidad, nadie luchaba por Dreyfus o por los consignatarios peruanos, sino a favor de la lluvia de oro que debía traer al Perú la venta de dos millones de toneladas de guano”, recordaría Pedro Dávalos y Lissón.
En tal ambiente, varios ayuntamientos de la República enviaron actas solidarizándose con el gobierno. Uno de dichos municipios fue el de Lambayeque, fechada en 22 de junio de 1870. Los vecinos consideraban que el coronel Balta “ha correspondido leal y dignamente á las esperanzas que en él concibieron los pueblos de la República”, que había protegido la educación, y que había realizado obras en provecho de la provincia, como “la instalacion de su colegio” y la financiación de las obras de canalización del río Lambayeque, “á fin de que desaparezcan los peligros de toda inundacion; esta amenaza perpétua de que, anteriores Gobiernos, jamas quisieron ocuparse”.
Las obras públicas y las inundaciones de 1871
En el mensaje al Congreso de 1872 que no llegaría a pronunciar, el coronel Balta decía: “Las obras públicas en las que os toca envidiable honra de la iniciativa han sido objeto de mis constantes desvelos. La República, semejante al cuerpo humano, necesitaba de arterias, que representadas por líneas férreas, cruzasen su territorio para dar rápido paso a la civilización, al comercio y a la industria, y para estrechar los vínculos entre apartadas regiones”.
En el caso de las provincias de Lambayeque y Chiclayo, el gobierno encargó estudios para construir un ferrocarril entre Chiclayo y Lambayeque, y las condiciones para la reconstrucción de la iglesia y hospital de Chiclayo (noviembre de 1868), autorizó los estudios para un ambicioso ferrocarril entre Huacho y Lambayeque (enero de 1869), ordenó la construcción de un nuevo templo en Chiclayo (febrero de 1869), aclaró los conflictos entre los concesionarios de las líneas de Eten y de Pimentel (junio de 1869), aprobó la ramificación del ferrocarril de Pimentel hacia las haciendas de Tumán y Pátapo (noviembre de 1870), y autorizó los estudios de un ferrocarril entre Lambayeque y Motupe (enero de 1871).
En enero de 1871, el prefecto del departamento de la Libertad, doctor Aníbal Víctor de la Torre, recapitulaba los datos recogidos en su minuciosa visita a las provincias de Pacasmayo, Chiclayo y Lambayeque. El prefecto destacaba cómo en las provincias de Lambayeque y Chiclayo, luego de las ardorosas luchas que se veían desde 1854, “han ido desapareciendo las mezquinas ideas de provincialismo y se vá comprendiendo que el progreso moral y material de nuestros vecinos, no solo no puede perjudicarnos, sino que por el contrario fomentará el nuestro, proporcionalmente”. En la provincia de Chiclayo, el prefecto atestiguó la miseria y abandono en Lagunas, la inseguridad en Saña, las obras ferroviarias en Eten, la exigencia de un mejor local escolar en Monsefú, las posibles mejoras en Santa Rosa, la reparación de la escuela y cárcel en Reque, el entusiasmo y laboriosidad en Chiclayo, la mala situación de Picsi, la pobreza del puerto de Pimentel, y la modernización de las haciendas. En la provincia de Lambayeque, el prefecto apuntó la calidad de las instalaciones escolares, cárcel y hospital de Lambayeque, el adelanto de Ferreñafe, la falta de cementerio en Mochumí, de local escolar en Túcume, la falta de agua en Íllimo, la reparación de la iglesia de Pacora, los problemas educativos en Jayanca, las posibilidades de Motupe, la inseguridad de la cárcel de Salas, la repetición de esos problemas en Penachi, la carencia de establecimientos en Incahuasi, Cañaris y Calaya, las refacciones necesarias en Olmos, los abusos en los entierros en Mórrope, la renta aduanera de San José.
El prefecto expresó, además, la necesidad de regular la distribución de las aguas y el derecho a las tierras de sembrío, prosiguiendo con los trabajos de la Comisión Agraria en las provincias de Lambayeque, Chiclayo y Pacasmayo para evitar inundaciones. Esta Comisión, a cargo del coronel Tomás Gómez Villabazo, recibió críticas por las obras emprendidas, ante lo cual, una comisión de vecinos de Lambayeque efectuó un reconocimiento en marzo de 1871, juzgando “todo seguro, perfectamente seguro; la campiña seca y los agricultores preparando y cuidando sin temor sus sementeras”.
Sin embargo, una semana después, la realidad fue más contundente que el optimismo: la noche del lunes 13 de marzo, las aguas inundaron la ciudad y convirtieron en canales las calles de la ciudad. Cincuenta años después, el presidente Augusto B. Leguía, testigo de aquel desastre, recordaría: “Había agua por doquiera y nos vimos precisados a salir de la casa. Aún me es posible recordar gentes que remaban en botes por la plaza anegada. Las aguas subieron a la altura de un metro y medio y las condiciones de la inundación duraron un mes”. Las familias que veraneaban en San José quedaron incomunicadas, teniendo que recibir víveres de Huanchaco para no morir de hambre.
El gobierno envió entonces al ministro de Justicia, Instrucción, Culto y Beneficencia, doctor José Araníbar, para inspeccionar y llevar alivio a las zonas damnificadas. El 24 de abril, los vecinos de Lambayeque firmaron un acta expresando con descarnada franqueza: “Que tan generoso proceder nos dá fundadas esperanzas de que el distinguido Jefe del Estado, continúe su decidida y eficaz proteccion, porque existiendo aun los campos inundados, las sementeras perdidas, las vias de comunicación interrumpidas, los ríos sin puentes, la industria y el comercio paralizados, los artesanos sin labor; y en fin, casi todos los vecinos en estado de completa indijencia, los esfuerzos de éstos serian del todo estériles para levantarse de la postracion á que los ha reducido tan diversas y repetidas calamidades”, pidiendo la construcción de obras para impedir futuras inundaciones, la reconstrucción del hospital y de las iglesias de Ferreñafe, Jayanca y Pacora, la refacción de la iglesia de Lambayeque, y la protección de los indígenas afectados.
La creación (condicional) del departamento
Una idea constante en la población de las provincias de Lambayeque y Chiclayo era la de separarse del departamento de La Libertad y formar un departamento propio. Ya en 1868, se propuso convertir a Lambayeque en “Provincia Litoral”, con la incorporación de los pueblos de Cachén y Tocmoche, aduciendo las facilidades del transporte en dicha zona. Sin embargo, el desastre de 1871 rebajó las posibilidades de convertir a la ciudad de Lambayeque en cabeza del proyectado departamento, y el proyecto presentado por el Ejecutivo daba la primacía a Chiclayo, pero el Congreso no alcanzó a dar su aprobación.
Así, el 7 de enero de 1872, un decreto firmado por el presidente Balta y su ministro de Gobierno, Manuel Santa María, considerando que las provincias de Chiclayo y Lambayeque, “se encuentran de tal modo separadas de las otras y de la Capital del Departamento [de la Libertad], que la distancia viene á debilitar en ellas la influencia de la autoridad”, creó de forma condicional, el departamento de Lambayeque con capital en Chiclayo, “tan luego como merezca la aprobacion del Cuerpo Legislativo, á cuyo fin será sometido al próximo Congreso”. No sería así.
La pugna por la capitalidad se extendería también al ámbito marítimo, criticándose la idoneidad de San José, en la provincia de Lambayeque, como puerto mayor. Como el tráfico mercantil seguía en constante aumento, se optó por dar preferencia a Eten, en la provincia de Chiclayo, pese a su mar brava. En agosto de 1871, se declaró puerto mayor abierto al comercio extranjero al de Eten, rebajando a San José a puerto menor. Esta medida sería derogada en marzo de 1872 ante los gastos que generaría crear una aduana en Eten. Finalmente, el 30 de julio de 1872, tras los días de violencia de que hablaremos en el siguiente artículo, se confirmaría el decreto de 1871, quedando Eten como puerto mayor y San José como mera caleta habilitada.
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(*) Abogado, docente universitario e investigador.
