El gran problema de los peruanos es que, desde hace un tiempo para acá, nos hemos tomado la política con una frivolidad irresponsable. La hemos visto como una obligación intrascendente que nos distrae de ocupaciones más importantes, a la que hay que volver para criticar o culpar de lo mal que está el país. Se dice que la mayoría de peruanos vive de su trabajo diario y, bajo esa lógica, es mejor ocuparse de la política cada cuatro o cinco años, para amenizar las reuniones sociales o evitar que alguien gane las elecciones. Total, sea cual sea el resultado, “los peruanos vivimos de nuestro trabajo” y, si el elegido es un corrupto, no importa porque “roba pero hace obra”.
Los peruanos elegimos mal y reímos. Pareciera que enviáramos un caballo de Troya al enemigo en cada uno de nuestros procesos electorales. Nos vanagloriamos, celebramos el fracaso del otro, la derrota vergonzante, el ridículo político ajeno. Por eso la política se ha llenado de antis, cuando lo normal sería que abundaran las propuestas cargadas de pros. Da la impresión de que el crecimiento económico de las últimas décadas, el disfrutar de las bondades del modelo nos hubiera convertido en inmortales, en leyendas vivas que demuestran el “milagro peruano”. Visto desde fuera, milagro es que el Perú siga en pie, después de las decisiones que los peruanos tomamos en las urnas.
El crecimiento nos ha hecho tener más poder adquisitivo, aunque es bien sabido que la plata tampoco compra criterio. Vamos a malls, compramos en tiendas por departamento, en ocasiones marcas exclusivas, en librerías de cadena, asistimos al cine, al teatro, hacemos eurotrips y nos escapamos a las playas del norte. Nos esforzamos para sostener la clase media a punta de tarjetazos de 36 cuotas, por demostrar que el Perú es un país de renta media, aun cuando le votamos a candidatos que bien podrían estar al nivel de cualquier Estado africano de democracia débil y pobreza galopante.
¿Los peruanos nos hemos puesto a pensar cuánto nos ayudaría a elegir a gobernantes capaces, con trayectoria, con equipos técnicos solventes, experimentados, capaces de poner en marcha políticas que nos sirvan, en serio, para mejorar la salud, la educación, los servicios públicos y atiendan a nuestra población más vulnerable? Sospecho que la mayoría no y que el elector termina inclinándose por el bufón de las agüitas arracimadas o la acémila ensombrerada que nos hace reír en redes sociales. Parece chiste, pero no es. Tal vez no hemos reparado en que esos bufones deciden por nosotros y que el resultado de sus decisiones lo asumimos todos, no solo quien pierde la elección o sus electores.
Han pasado casi siete meses desde que empezó el gobierno de Pedro Castillo y más allá de sus anécdotas y de la forma en la que comunica, que a muchos les genera gracia perversa, su tránsito por el poder ha dejado una estela de corrupción e ineptitud que no dan risa, sino lástima. En el fuero interno, ya pocos creen en las posibilidades y en los recursos del presidente de la República al que, en teoría, todavía le quedan más de cuatro años en Palacio de Gobierno. Intuyo que la opinión casi unánime es que su elección ha sido una tragedia para el Perú, más ahora cuando empieza a dejar de lado la actitud convocante del inicio para mostrarse intolerante y despectivo, como cuando calificó de “chiste” a la prensa que lo acompañó a un acto público y le consultó por las incongruencias en sus declaraciones ante el Ministerio Público que investiga probables actos de corrupción.
Los peruanos ya no estamos para bromas, menos si nuestro futuro, nuestra estabilidad y nuestra democracia están en juego. La gente espera respuestas, después de un periodo que para todos ha sido duro. Es un deber ciudadano despertar del estado hipnótico, medio narcótico, ensimismado en el que todavía estamos. Este gobierno que da pena nos está tocando los bolsillos, nuestros planes, la salud de nuestro pueblo, la educación de nuestros hijos, la institucionalidad que tanto nos ha costado sostener. Para llorar.
(*) Abogado y analista político.
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), desde la creación del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones a través del Decreto Legislativo N° 1252, tiene como finalidad orientar el uso de recursos públicos destinados para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país. Para ello, se elabora el Programa Multianual de Inversiones, que tiene como objeto elaborar el diagnóstico de la situación de las brechas identificadas y priorizadas y la identificación de la cartera de proyectos.
El MTC, tiene una importante cartera de proyectos y como tal, está dividida en diversos objetivos estratégicos, como: 1. Mejorar la calidad de la infraestructura de las redes viales del país. 2. Mejorar la seguridad de los servicios de transporte terrestre. 3. Mejorar la calidad del servicio de transporte ferroviario nacional. 4. Mejorar el acceso de los servicios de transporte acuático. 5. Mejorar la calidad del servicio de transporte aéreo a nivel nacional. 6. Promover el desarrollo de sistemas de transporte urbano seguros. 7. Promover el acceso y uso de tecnologías de la información y comunicación (TIC) a nivel nacional. Así mismo, dentro del marco de cada uno de sus objetivos estratégicos sectoriales, se considera pertinente tomar en cuenta ciertas acciones estratégicas a fin de cumplir con los objetivos ante señalados.
Es pertinente señalar que el MTC es el ministerio que está encargado de la mayor parte del Presupuesto General de la República para el desarrollo de obras de infraestructura; y, que el cumplimiento de estos objetivos estratégicos, expresan fundamentalmente en lo que es indudablemente la ejecución presupuestal designada, equivalente a más de 14 mil millones de soles para una inversión de más de 1700 proyectos de conectividad física y digital, generando aproximadamente más de 200 mil empleos en todo el país.
Este presupuesto designado, se viene ejecutando en proyectos de inversión de la siguiente manera: 9437.70 millones de soles, equivalente al 94.40% del presupuesto, para proyectos de transporte que están vinculados a obras de infraestructura como a Hidrovias, Puertos, Ferroviario, Aéreo, Urbano, Red vial. Unos 556.70 millones de soles, equivalente al 5.60% del presupuesto, para proyectos de comunicaciones y 44.10 millones de soles, equivalente al 0.44% del presupuesto destinados para otro tipo de proyectos.
Principales proyectos al 2021
A mayo del 2021, los proyectos se encontraban considerados de la siguiente manera: Red Vial (Carretera Pallasca-Mollepata por 212 MM, carretera Huanuco - Conococha por 208 MM, Carretera Chincheros – Urubamba por 193 MM, Carretera Bellavista – Mazan por 168 MM), Infraestructura Aeroportuaria (Aeropuerto Internacional Chinchero – Cuzco por 400 MM), Transporte Urbano (Línea 2 del Metro de Lima por 1,382 MM) y Comunicaciones (Banda Ancha para la conectividad de las Regiones de Cuzco, Junin, Lima y Puno por 257 MM.)
Principales proyectos programados – PMI 2022 al 2024
A mayo del 2021, los proyectos para los años comprendidos del 2022 – 2024, se encontraban considerados de la siguiente manera: Red Vial (Carretera Nueva Carretera Central por 1,821.8 MM, Carretera Santa Mari – Santa Teresa Macchupicchu por 431.4 MM, Evitamiento de la ciudad de Juliaca por 762.5 MM), Transporte Urbano (Línea 2 del Metro de Lima por 7,849.2 MM), Infraestructura Aeroportuaria (Aeropuerto Internacional Chinchero – Cuzco por 1,794.3 MM) y Comunicaciones (Banda Ancha para la conectividad de las Regiones de Amazonas y Ancash por 1,069 MM.)
Proyectos portuarios para mejorar la conectividad
A mayo del 2021, se vienen ejecutando proyectos de modernización portuaria para mejorar sus infraestructuras y equipamientos, con una inversión que alcanza los USD 424 MM. Entre estos proyectos tenemos: TP. General de San Martin - Ica (U$$ 157.7 MM), TP. Monte Azul – Arequipa (U$$43.5 MM), TP. Multiboyas Petroperú – Arequipa (U$$ 4.1MM), TP. Matarani – Arequipa (U$$ 7.7.MM), TP. Mina Justa – Ica (U$$ 100.1 MM), TP. de Enapu Iquitos – Loreto (S/. 7.1 MM), TP. de Paita – Piura (U$$ 8.7 MM), TP. de Petroperú Refinería Talara Fase 2 (U$$ 7.9 MM), TP. de Enapu Ilo – Moquegua (S/.26.1 MM).
Otros proyectos a ser considerados
Como bien sabemos, existen otros proyectos considerados oportunamente en el Plan Multianual de Inversiones como es el caso del Terminal Portuario de Lambayeque, el cual fue incluido a fines del 2019 en el Informe Multianual de Inversiones en Asociación Pública Privada – IMIAPP 2020 – 2023 del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, mediante Resolución Ministerial N°0858-2020-MTC/01, proyecto que contaría con una inversión de S/1,540,276,361 millones.
Por su parte, el ministro del MTC Juan Silva Villegas, ante la exclusión del TP de Lambayeque de la cartera de Pro Inversión, se comprometió a que el sector el cual preside, seguirá trabajando en la promoción del proyecto del Terminal Portuario de Lambayeque, manteniéndolo en el Informe Multianual de Inversiones en Asociación Pública Privada – IMIAPP 2023 – 2026.
En ese sentido, resalto mi preocupación con respecto a nuestra Región Lambayeque. Al momento no se cuenta con una Autoridad Portuaria Regional activa para que como órgano descentralizado del Gobierno Regional de Lambayeque, que cuenta con autonomía administrativa, funcional, técnica, económica y financiera en los temas de su competencia, siendo estos vinculados al sector marítimo regional, realice las coordinaciones pertinentes con las entidades del Gobierno Nacional a fin de promover adecuadamente la ejecución de este anhelado proyecto lambayecano.
(*) Ingeniero Naval, magíster en Gestión Pública. Egresado de la Maestría en Administración Marítima y Portuaria.
A raíz del avance en el proceso de vacunación a nivel nacional, se establecieron nuevas medidas entorno al sector educación, una de ellas es el regreso a clases de manera presencial de los menores de la casa, y con ello un incremento en el gasto familiar el cual es cubierto por los padres. En este sentido, comparto algunos consejos financieros para lograr ahorrar al máximo.
Lo primero es planificar las compras. Implica determinar si es necesario adquirir el uniforme, así también conocer el requerimiento de libros y útiles escolares solicitados por la institución educativa. Teniendo claro cuál es la lista de pedidos, los padres deben evaluar si pueden reutilizarse los materiales, y así evitar despilfarros de dinero innecesarios.
Otro aspecto importante, es respetar el presupuesto. Ocurre muchas veces que no controlamos los gastos, y terminamos saliendo de lo considerado. Ello puede generar desbalance financiero en el hogar que conlleve a solicitar créditos innecesarios a familiares, amigos o alguna entidad financiera, para lograr cubrir toda la lista escolar.
Asimismo, recomiendo como parte de la planificación, hacer las visitas a las tiendas con anticipación y no esperar el último momento. El objetivo es poder contar con el tiempo suficiente para comparar precios y calidades de productos, y así elegir las mejores opciones de acuerdo al bolsillo de los jefes de hogar.
Compras por volumen
Otra sugerencia que puede ser muy fructífera, es unir las lista de útiles escolares de todos los hijos y hacer las adquisiciones al por mayor, logrando tener un mejor poder de negociación con los proveedores. Tener en consideración que a los vendedores también les conviene comercializar sus artículos en volúmenes de decenas antes que en unidades.
Igualmente aconsejo cuidar las finanzas personales. Si sabemos que en febrero y marzo vamos a incrementar los gastos del hogar por la campaña escolar -que incluye el uniforme, inscripción (matrícula) de los hijos en el colegio-, entonces lo más recomendado es ahorrar la gratificación de diciembre del año pasado, y así poder amortizar parte del pago. Sin embargo, hay familias que no aplicaron esta estrategia, y para ellas recomiendo lo siguiente
Los recursos
Sumar todos los ingresos netos que se tienen (ya sean principales o secundarios), y calcular cuánto falta para cubrir los útiles escolares. La diferencia será cubierta bajo dos opciones. La primera, solicitar un crédito personal a un banco, seleccionar el que ofrezca una campaña escolar a bajas tasas de interés. La segunda alternativa es pagar utilizando la tarjeta de crédito, pero sin número de cuotas, es decir, con facturación completa al siguiente mes. Para ese momento en el cual llega el estado de cuenta, ya cuentan con su remuneración completa y pueden saldar la deuda. Por ningún motivo de debe retirar dinero en efectivo de este tipo de tarjetas, pues la tasa de interés puede sobrepasar incluso el 100% en algunas entidades financieras.
Amigos, espero les puedan servir estos consejos. Recuerden que la mejor opción siempre será el ahorro y así evitar endeudarse en el presente y futuro.
(*) MBA, consultor, mentor y catedrático. Especialista en Gestión Empresarial e Innovación.
“Yo no fui preparado para ser presidente de la república, a mí nadie me entrenó”. Si reemplazamos el sustantivo común de esta frase por cualquiera de nuestros roles en la vida, hasta parecería la más honesta declaración de identidad. Y sin embargo, transcurrido un mes desde aquellas primeras entrevistas presidenciales, nos seguimos preguntando a quiénes se cuestiona y a quiénes no.
Apagadas las cámaras de la sección farándula, por ejemplo, hay quienes pueden ejercer como alcaldes pese a arrastrar contundentes denuncias de agresión a sus parejas. Entre el candor y el delirio, un día nos sorprenden con propuestas así: que ningún extranjero debería ejercer actividades de mototaxi, taxi y servicio delivery. El drama de la inseguridad ciudadana de pronto tiene solución desde una propuesta cuyo origen, afirma el mismo funcionario, proviene de la novedosa teoría de la “discriminación positiva”.
Hasta donde recuerdo, uno iba a la universidad a formarse a punta de trabajos de investigación que se respalden en un marco teórico y antecedentes. Textos que sostengan una metodología que, a su vez, sea la base para proponer trabajos de campo cuya finalidad sea obtener evidencia empírica. Solo el rigor científico para obtener información de la realidad permitiría cambiarla, mejorarla. Cuando hacíamos la tesis nos enseñaron que toda decisión de política pública provenía de esa ruta. Esa era nuestra capacitación.
¿Qué evidencia empírica sostiene la relación entre las variables “inseguridad ciudadana” y “dinámicas migratorias”? ¿Qué clase de autores, en pleno siglo XXI, sostendrían una barbaridad como la mentada “discriminación positiva”? Predomina aún el discurso que cuestiona la “capacidad” presidencial cuando tantos, muchos, casi todos, en la política peruana padecen del mismo mal.
¿No resultaba más honesto el presidente Castillo con aquella frase? No nos referimos a la de los chistes, sino a la de la preparación para un cargo público. Alcaldes, ministros, congresistas: muchos permanecen entre el silencio de su ineptitud e iniciativas surgidas de una cuestionable creatividad. ¿Cuándo y cuánto se les cuestionó por su preparación para el cargo?
Subiéndose a la misma moto
En la misma ruta, pronto será ley que dos personas no puedan ir juntas en una moto. “Luchar contra la inseguridad ciudadana”, justifica un congreso que pareciera ignorar la realidad del transporte en muchas de las regiones que precisamente representan. Pero ahí van con la misma lógica: criminalizando desde la generalización. ¿Surgen estas ideas de profesionales capacitados? Estar “capacitado”, entonces, ¿se limita a hacer lo que la inspiración personal sugiere entre sueños de poder?
No tenemos la respuesta, pero sí muchas evidencias. El hijo de un famoso presentador de noticias, por ejemplo, a quien de repente vemos los domingos por la noche en televisión nacional. Ninguno de sus colegas le preguntó si estaba capacitado para el cargo. Tal vez sus irrupciones ante cámara con máscaras de “El juego del calamar” sean alguna innovación que aprendió en la universidad.
¿Qué tan preparados estarían los que iban a los mercados a “denunciar” la subida de precios y eran desmentidos por los mismos trabajadores? ¿O los que ordenaron cubrir las fachadas de bancos con triplays por temor a saqueos? ¿Qué me dicen de aquella líder de opinión que, ante el desastre ambiental, sugirió que “se veía terrible, pero se puede limpiar”?
Liderar no es mandonear
Doscientos años después, el Perú siendo esa hacienda donde el capataz asume que tiene un derecho natural a hacer y deshacer. No necesita estar capacitado, menos justificarse. Muchos deberán obedecer y solo unos cuantos podrán dirigir, heredando los cargos eternamente.
Es nuestra historia y hasta parece que la estuviéramos viendo. Tal vez eso es lo que está ocurriendo. Que asistimos a la desesperación de una élite que históricamente no ha tenido la capacidad para dirigir un país. Liderar no es mandonear. Aquí y allá, la gente mira, se da cuenta. Y después de tanto, es realmente capaz de generar el cambio.
A través de la Comisión de Justicia, bancadas de Fuerza Popular y Perú Libre buscan imponer cambios en dicha norma, que provocaría daño a los actuales procesos en curso para favorecer a Keiko Fujimori y Vladimir Cerrón. No contentos con ello, proponen sancionar con penas de cárcel a quienes difundan el contenido de los colaboradores: periodistas y medios de comunicación. Para consumar su propósito no les ha importado ser de izquierda o de derecha, lo esencial es defender a sus cuestionados líderes. Según la Contraloría, pérdidas económicas por corrupción en Perú superan los S/ 23.000 millones.
Uno de los principales problemas de larga data que enfrenta la sociedad peruana es la corrupción, la cual persiste porque no hay voluntades firmes y consistentes desde los diversos poderes del Estado para enfrentarlo y extirparlo de raíz. Muchos han sido los intentos, pero los resultados han sido más que desalentadores. Tras la caída de la dictadura fujimontesinista, en los últimos 20 años se han creado varios organismos para luchar contra este flagelo, los cuales eran dirigidos por los denominados ‘zares’, pero que no tuvieron el impacto ni la trascendencia que esperaba la sociedad hastiada de tantos hechos de corrupción en el país. En noviembre de 2001, a inicios del gobierno de Toledo, se creó el Consejo Nacional Anticorrupción, cuyo presidente fue Martín Belaunde. En 2007, durante la gestión de Alan García se crea la Oficina Nacional Anticorrupción, teniendo como jefa a la exjueza Carolina Lizárraga. El 2010 ve la luz la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. Todas estas entidades nacieron con mucha expectativa y esperanza; pero luego fueron desactivadas porque no demostraron efectividad en su trabajo. Los gobiernos de turno han insistido en reciclar entidades burocráticas de lucha contra la corrupción, pese a que no han tenido resultados halagadores.
En dichos gobiernos (Toledo-García) se registraron casos graves de corrupción, que luego se extendieron en los regímenes de Humala, Kuzcynski y Vizcarra, todos investigados por supuestamente recibir millones de dólares de constructoras brasileñas a cambio de obras, entre ellas la internacional Odebrecht. Todos estos hechos deplorables no hacen más que reafirmar el abuso de quienes acceden al poder (presidentes de turno, gobernadores y alcaldes -la corrupción campea a todo nivel-) para beneficio propio o de terceros. Una vieja práctica que la clase política -tradicional y no tradicional- no ha podido sacudirse hasta hoy, de allí que el actual mandatario, Pedro Castillo, a solo seis meses de haber asumido el mando también esté siendo indagado por el Ministerio Público por presunto tráfico de influencias. La corrupción en el más alto nivel del Estado. Pareciera una película de ciencia ficción; pero no, es la realidad, todos los presidentes elegidos constitucionalmente desde el 2001 a la fecha, están involucrados en estas redes mafiosas que han desfalcado los recursos de todos los peruanos mediante actos ilícitos que deben ser castigados con todo el peso de la ley. La impunidad no debe ganar terreno.
Ley con cálculo político
En la lucha contra la corrupción no hay ideologías que valgan, ni de izquierda ni de derecha, ni conservadurismo ni extremismos. Por ello, todos los partidos políticos, sobre todo aquellos que ostentan el poder, deben priorizar en su agenda este gran objetivo nacional; sin embargo, mientras los líderes de las agrupaciones sean investigados por el sistema de justicia, será muy poco lo que se avance. Y una muestra de que la clase política es la primera en torpedear cualquier acción que busque fortalecer el sistema anticorrupción es lo que ha hecho la Comisión de Justicia del Congreso, con intereses muy marcados de partidos como Fuerza Popular y el gobiernista Perú Libre, que el pasado 19 de enero aprobó el dictamen que modifica la colaboración eficaz, imponiendo cambios que harán daño no solo a los actuales procesos en curso, sino también por incorporar penas de cárcel para quienes filtren o difundan los testimonios. Como se sabe, la Ley de Colaboración de Eficaz es un instrumento procesal de suma importancia en las investigaciones contra la criminalidad organizada y sus distintas manifestaciones, el cual se ha convertido en el mejor aliado de los fiscales para desbaratar organizaciones criminales, saber su modus operandi, capturar a jefes o cabecillas, obtener pruebas de delitos, entre otros. Uno de estos casos emblemáticos puesto al descubierto por la colaboración eficaz ha sido la organización “Los Cuellos Blancos del Puerto”.
Esta ley es un arma poderosa que no le conviene a los investigados por corrupción, por ello desde el Legislativo buscan traerse abajo todo lo avanzado con este mecanismo, donde el colaborador proporciona pruebas o información importante a favor de la investigación, y se beneficia con una reducción de la pena. Como señala el fiscal José Domingo Pérez, “el propósito fundamental del proyecto es desalentar a los integrantes de las organizaciones criminales a acogerse a la colaboración eficaz, lo que beneficia a los actuales investigados, como Keiko Fujimori y Vladimir Cerrón” (La República). De allí el apuro de Valdemar Cerrón para que se modifique esta norma, ya que su hermano, Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, afronta una investigación fiscal por presuntamente liderar la organización ‘Los Dinámicos del Centro’. El mismo ímpetu tuvo el fujimorista Hernando Guerra para que se discuta dicho dictamen. Como se sabe, el equipo especial del caso Lava Jato, sustentándose en declaraciones de colaboraciones eficaces, ha solicitado 30 años y 10 meses de cárcel para la excandidata presidencial, acusada de ser cabecilla de una organización criminal. Como vemos, en su propósito común de tirarse abajo la Ley de Colaboración Eficaz, no les ha importado ser de izquierda o de derecha, lo esencial es defender a estos cuestionados líderes.
Conflicto de intereses
Como se recuerda, en 2020 este proyecto de ley fue aprobado, pero fue observado por el presidente Francisco Sagasti y regresó al Congreso. Una de las observaciones era la modificación de la colaboración eficaz para perjudicar el desarrollo de los procesos que se habían iniciado a través de este mecanismo. “Es obvio que existe un conflicto de intereses entre quienes están sometidos a procesos penales, a partir de la información que está entregándose por la colaboración eficaz, y entre quienes son los actores que representan a estos intereses en el Congreso”, sostuvo el fiscal Pérez. De modificarse esta norma, podría afectar al menos 40 procesos del caso Lava Jato, donde están involucrados expresidentes como Kuzcynski y Humala, además de Keiko Fujimori. El constitucionalista Luciano López sentenció que el Tribunal Constitucional ya determinó que la colaboración eficaz es clave para la lucha anticorrupción, y sustentó que este proceso debe tener como característica principal el ser flexible. “Contrario a ello, este proyecto propone solo dar cuatro meses como máximo a los fiscales para corroborar las informaciones de sus casos, pese a que la ley otorga 36 meses por ser casos complejos”.
La norma también propone sancionar con penas de cárcel de 5 a 6 años a los que difundan el contenido de los colaboradores eficaces; es decir, a periodistas y medios de comunicación, lo cual es abiertamente inconstitucional porque atenta la libertad de expresión e información. “Las fuerzas políticas en el Congreso no estás unidas contra el crimen, sino más bien a favor del crimen. Eso preocupa”, indicó el abogado. El contralor Nelson Shack refiere que los países avanzan en la lucha contra la corrupción de manera sostenible, solo cuando funciona adecuadamente el ecosistema de control en su conjunto (Procuraduría, Ministerio Público y Poder Judicial, el control político del Poder Legislativo, de la sociedad civil, los medios de comunicación, la academia, las empresas privadas). Es decir, toda la sociedad tiene que estar involucrada, pues si el umbral de tolerancia a la corrupción sigue siendo alto será muy difícil avanzar. Por ello es indispensable fortalecer las capacidades del Sistema Nacional de Control, pues no habrá efectividad en la lucha contra la corrupción si no se fortalece presupuestal e institucionalmente a la Contraloría. Shack agrega que si las entidades públicas trabajan como un solo equipo, con una sola estrategia, con un liderazgo claro, respetando las autonomías y competencias, habrá resultados a corto y mediano plazo. De lo contrario, este problema eguirá galopando sin control y destruyendo la precaria institucionalidad, además de provocar una enorme desconfianza en los partidos políticos y en sus autoridades.
Pérdidas irrecuperables
La corrupción genera enormes pérdidas económicas para el Perú, solo en el 2019 fue de más S/ 23.000 millones, equivalente al 3% del PBI. Este indicativo revela que la corrupción se ha agravado en el país, pues hace siete años la Contraloría calculaba las pérdidas anuales en S/ 10.000 millones. Con ese dinero que fue a parar a los bolsillos de funcionarios deshonestos e inmorales, se podrían haber ejecutado obras de envergadura en sectores claves como Salud, Educación, Transportes, Turismo. Un panorama desolador e indignante que ojalá la clase política representada en el Congreso sepa discernir con inteligencia, y no trastocar la Ley de Colaboración Eficaz con cálculos políticos, sino más bien tratar de fortalecerla y mejorarla.
(*) Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Primer vicedecano Colegio de Periodistas de La Libertad.
