La jefa del Gabinete Ministerial, Mirtha Vásquez, consideró que antes que el Congreso apruebe el dictamen de la Comisión de Constitución sobre la cuestión de confianza, se deben analizar mejores propuestas que no promuevan un desbalance de poderes.
En una conferencia de prensa, Mirtha Vásquez recalcó que en la reunión del Consejo de Ministros se analizó la reciente aprobación del proyecto referido a la cuestión de confianza y se expresó la preocupación del gabinete.
“Esperamos que lo aprobado en la Comisión de Constitución espere un poco hasta mirar mejores propuestas. En ese sentido, nos parece importante que atendiendo esta preocupación de mejores mecanismos se miren mejores alternativas antes de proceder a una aprobación que nos pueda llevar a una situación de inconstitucionalidad”, manifestó.
La jefa del Gabinete recalcó que en el Consejo de Ministros se evaluaron algunas posibilidades para "hacer mejores propuestas" y atender la preocupación que tiene el Congreso de la República.
En tal sentido, subrayó que se recogió una iniciativa muy interesante que viene del Acuerdo Nacional, de hace varios años, que hablaba de cómo regular a la vez la cuestión de confianza y la vacancia presidencial, propuesta que es muy sensata.
Agregó que más allá de quién se encuentre en el Gobierno y en el Congreso, es necesario ver la gobernabilidad del país para los próximos años, por lo que esta propuesta puede analizarse en la próxima ronda de conversación con el Parlamento.
Reunión en el Congreso
Precisamente, Mirtha Vásquez, informó que este viernes se reunirá con la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, en el marco de la ronda de diálogo con las fuerzas políticas.
“El viernes ya tenemos concretada una reunión con la presidenta del Congreso, creo que vemos un avance respecto a la ronda de conversaciones que será saludable en el marco de la gobernabilidad”, refirió.
Precisó que la ronda de conversaciones con las bancadas parlamentarias es un esfuerzo por consensuar algunos aspectos que se pueden llevar en forma conjunta, en el marco de la gobernabilidad.
La titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, precisó que esta semana los legisladores cumplen con la semana de representación y que se avanzó con las coordinaciones.
“Tengo que decirles que la mayoría está con la disposición de entrar en el diálogo”, aseveró en la conferencia de prensa.
Vásquez, asimismo, indicó que es respetuosa de las posiciones de las bancadas parlamentarias, de su forma de mirar al gobierno y de sus críticas, incluido de la bancada de Perú Libre.
“Estamos en un estado plural, donde se aceptan esas críticas, nos vamos a acercar a todas las bancadas, también a la de Perú Libre, creemos que tanto el Ejecutivo como el Congreso debemos acercarnos en lo que compartimos para lograr entendimiento”, refirió.
Dijo esperar que la ronda de conversaciones con la bancada oficialista permita también mirar las diferencias y encontrar sus puntos de coincidencia, en los posible, respetando sus posiciones.
Proyecto de ley
Un proyecto de ley de reforma constitucional planteó la bancada de Juntos Por el Perú a fin de establecer parámetros referidos a la disolución del Parlamento y a la convocatoria de nuevas elecciones.
Con este proyecto de reforma constitucional, si el Congreso vaca al presidente por incapacidad moral o física, se estaría disolviendo a sí mismo y debería convocarse a elecciones parlamentarias. Esta última acción sería realizada por el vicepresidente, quien asumiría como jefe de Estado.
En caso el Legislativo consiga la vacancia del vicepresidente que ha tomado las riendas del país y no haya quien lo suceda en el cargo, se tendrá que llevar a cabo las elecciones generales. Así lo precisa la modificación que busca hacer esta ley al inciso 2 del artículo 113 de la Constitución, promovido por la congresista Isabel Cortez.
De igual manera, la iniciativa legislativa busca modificar el artículo 134 del texto constitucional vigente, en el cual se aborda a las causales para la disolución del Congreso.
De acuerdo al PL, el mandatario puede disolver al Parlamento luego de que este le haya negado la confianza o censurado a dos gabinetes; y en el decreto de disolución, se tendría que poner la convocatoria a elecciones generales “cuando sea el último vicepresidente el que haya disuelto al Congreso”.
En los fundamentos de la iniciativa se indica que esta interrelación de mecanismos políticos constituye la figura de “muerte cruzada”, consistente en la facultad de los poderes Legislativo y Ejecutivo de disolver o vacar uno al otro, teniendo la obligación de convocar a elecciones para renovar a las autoridades y representantes desplazados.
La aprobación de estas modificaciones mejoraría el sistema de contrapesos existentes entre ambas instituciones, redundando en una mayor estabilidad política, se indica.
El año 551 a.C. nació en China el famoso pensador, filósofo y político Confucio, quien se desempeñó como funcionario público y maestro. Sentó las bases del confucianismo, llamada también la doctrina de los sabios, y es considerado uno de los pensadores más influyentes de la humanidad. La esencia de sus enseñanzas se condensa en la buena conducta en la vida, el buen gobierno del Estado, el cuidado de la tradición y el estudio. Confucio decía que aquel gobernante que no atendiera a su pueblo de forma digna, respetuosa, y por lo tanto ignorara las virtudes de un ser superior, el mismo pueblo, los intelectuales, tenían la obligación de protestar contra el mandato y lograr con ello su expulsión, para que fuera reemplazado por una persona que haya desarrollado en mayor medida sus virtudes. Promovió así un sistema político meritocrático, donde se diera la oportunidad a las personas que más se hubieran esmerado en ampliar sus capacidades.
Un aspecto relevante del confucianismo trata sobre el funcionario meritocrático, que busca la efectividad del gobierno en base a los méritos y valores del empleado público. Confucio concebía que el desarrollo del hombre debe darse a través de la búsqueda de convertirse en un ser superior. Hace 2000 años en China se elegía a los funcionarios mediante exámenes graduales, quienes postulaban a los cargos públicos rendían primero un examen a nivel provincial, pasaban al examen regional y finalmente al nacional o imperial. Quienes aprobaban ocupaban los principales cargos en el Estado, logrando así admitir a funcionarios eruditos en los altos puestos que aseguraban el éxito del gobierno. Si se aplicara esta misma doctrina en el Perú (o por lo menos se tratara de acercar a ella), seguramente tendríamos un Estado más calificado, competente y eficiente. Lamentablemente por años nuestro país ha sido manejado por un círculo de amigos del gobernante elegido o por aquellos que lo apoyaron en la campaña política, y ya vemos cuáles han sido los nefastos resultados hasta ahora.
Malas experiencias
En los últimos 40 años, los presidentes de turno: Belaúnde, García, Fujimori, Toledo, Humala, Kuczynski y Vizcarra, llenaron la administración pública con gente del partido al que representaban (conocido como clientelismo político), que no reunían el perfil técnico requerido ni estaban calificados para los puestos asumidos; daban empleo a su círculo más próximo en los cargos de confianza. No se premió el mérito, la aptitud, el esfuerzo, la virtud o la excelencia, criterios que deben ser la base para acceder a un puesto en el Estado. Ellos pisotearon la meritocracia y dieron cabida a la mediocridad, a la pobreza intelectual, generando una burocracia dorada inútil e improductiva que ha sido un lastre para la administración pública. A la mayoría de mandatarios solo les interesó satisfacer sus apetitos económicos y personales, se aprovecharon indebidamente de los recursos el Estado para llenar sus arcas, fomentando así actos de corrupción y de deshonestidad a todo nivel. Las consecuencias de esta podredumbre se ha visto reflejado en investigaciones fiscales y judiciales a todos estos expresidentes –con excepción de Belaúnde-, sindicados de enriquecerse ilícitamente.
El coordinador de la Escuela de Negocios Internacionales de la UCV, Jair Alvarado Espinoza, escribió en su blog que la “confusión” es lo que opera en la política peruana, donde predominan las palabras vacías, el doble discurso y el silencio. “Quien contribuye más a toda esta confusión es el presidente Pedro Castillo, con su silencio -parapetado en decir que la prensa es adversa- no comunica ni transmite lo que busca hacer en su régimen; no es consciente que su silencio grita desgobierno, o, quizá, es un gobierno que tiene como filosofía la confusión”, asevera. Advierte que en medio de esta filosofía de la “confusión”, se designan a ministros, viceministros y directores en las instituciones gubernamentales sin una base meritocrática, con serios cuestionamientos éticos, amparados solo en el denominado “cargo político o persona de confianza”.
Palabra devaluada
Castillo Terrones en la campaña electoral de segunda vuelta, y posterior a ella, incidió que en su gobierno se designarían a los funcionarios por sus méritos profesionales, por su expertiz, y sobre todo por su solvencia ética y moral. Pero ya hemos visto que esta ha sido una de las mayores debilidades de su administración desde sus inicios, al nombrar a personajes impresentables con pasados turbulentos en su vida personal (gabinete Bellido). Al parecer el presidente no ha aprendido la lección y en este segundo gabinete vuelve a cometer yerros puntuales, que solo conducen a propiciar mayor inestabilidad política de la ya existente. El nombramiento de Luis Barranzuela como ministro del Interior otra vez ha incendiado la pradera, y la oposición en el Congreso ya lo puso en la mira. Habría conflicto de intereses, porque el funcionario ha sido abogado del secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, del expremier Guido Bellido y del congresista Guillermo Bermejo; además de tener una foja de servicios con diversas sanciones cuando fue policía. La fiscalía también lo ha incluido en una investigación sobre posibles delitos económicos que se habrían cometido en la administración judicial de la agroindustrial Tumán. Es decir, salió un criticado Juan Carrasco Millones de esa cartera e ingresó otro con serias sindicaciones.
Castillo con sus decisiones controversiales, polémicas, profundizan la crispación política, lo cual afecta sustancialmente a la economía del país. Su administración urge de liderazgo y autoridad, de un caudillo que conduzca el país con la prudencia y sabiduría propia de un estadista. Aún está a tiempo de corregir sus errores que lo han llevado a ser duramente criticado. Jair Alvarado sostiene que “no debemos desdeñar 2500 años de experiencias gubernamentales exitosas; tomemos las mejores experiencias de países que brindan una mejor calidad de vida a sus ciudadanos y adaptémosla a nuestra sociedad. Debemos tener una selección de funcionarios a partir del conocimiento y valores; es momento de elegir entre la filosofía de Confucio o continuar en este momento de crisis con la filosofía de la confusión”.
Hay que aprender de los aciertos del Estado chino, donde se priorizó una clase gobernante meritocrática, elegida en función de sus virtudes y talento. Esta burocracia proporcionó al Imperio Chino una extraordinaria estabilidad. A pesar de las rebeliones, conquistas extranjeras y cambios de dinastía, los funcionarios eruditos y meritocráticos permanecían en sus puestos de trabajo y aseguraban la continuidad y eficiencia de la administración. Jesús Monterin, del diario El País, señala que el gran aporte de China a la cultura universal ha sido la invención del funcionariado meritocrático. “Mientras en Europa la gobernación del Estado se basaba en la fuerza bruta y las relaciones familiares de un círculo cerrado de parientes con el soberano, los chinos establecieron una burocracia eficiente, abierta y secular, seleccionada con criterios de talento, mérito y erudición. Este sistema permitió el florecimiento del Imperio Chino durante 2,000 años, y fue imitado en todas partes”.
Una realidad totalmente opuesta a la nuestra, donde las autoridades elegidas por el voto popular (de los distintos niveles de gobierno) y malos funcionarios ven al Estado como un botín al que hay que saquear; hoy muchos de ellos están presos por liderar o integrar organizaciones criminales. Esta percepción tiene que cambiar, hay que dar paso a una reingeniería en la administración pública, donde el mérito y el talento humano sea bien conceptuado, y así evitar tener un Estado parasitario e improductivo.
(*) Licenciado en Ciencias de la Comunicación.
