La candidata a la presidencia de la república por Juntos por el Perú, Verónika Mendoza, conversó con Expresión, explicando los alcances de una de sus principales propuestas en la presente campaña electoral, referida al sector agrario, frente al cual – asegura – el Estado se mantenido de costado en los últimos años.
La representante de izquierda sostuvo que en los últimos años el Estado ha dado una serie de beneficios de índole legislativo, laboral y tributario a las grandes empresas, principalmente del sector agroindustrial, dejando de lado a los pequeños agricultores.
“En los últimos años hemos visto cómo el Estado se ha puesto de costado, beneficiando exclusivamente a las grandes agroexportadoras a las que se ha privilegiado con grandes subsidios y exoneraciones, manteniendo un régimen de explotación a los trabajadores, dejando a la pequeña agricultura y familiar, que es la que más dinamiza la economía nacional y garantiza la alimentación de los peruanos, en el abandono. Este es el sector que debemos impulsar en realidad”, aseveró la aspirante a la presidencia de la república.
La reforma
Bajo el lema “Vamos a cambiarlo todo”, Verónika Mendoza propuso la aplicación de una segunda reforma agraria, evocando a la medida adoptada por el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado en junio de 1969, decisión que para muchos terminó por partir la cadena productiva del país.
La candidata afirmó que esta vez, reforma implica poner al Estado al servicio de la agricultura, a fin de impulsar el mejoramiento de su tecnificación y aprovechamiento de los mercados.
“Cuando hablamos de una segunda reforma agraria nos referimos a reformar el Estado para que pueda constituir, como hemos planteado concretamente, un gabinete rural, con la participación de los ministerios de Agricultura, Economía y Finanzas, y Transportes y Comunicaciones, porque la agricultura tiene que ver también con sacar los productos al mercado local, regional y nacional”, señaló.
Mendoza sostuvo que la propuesta es la demanda recogida en todo el país, en el afán de revitalizar “a la pequeña agricultura y la agricultura familiar, que han sido abandonadas por el Estado en los últimos años”.
“Nuestra propuesta de segunda reforma agraria es mucho más amplia. Tiene que ver principalmente con recuperar la capacidad del Estado para impulsar decidida y efectivamente a este sector que es estratégico para nuestra economía nacional”, enfatizó.
Azucareras
En relación a las azucareras, cuya problemática a partir de los conflictos que generan las administraciones judiciales, la postulante de Juntos por el Perú precisó que estas también están incluidas en la propuesta de la segunda reforma agraria.
“Hemos podido reunirnos con trabajadores de Tumán y Pucalá, quienes se han visto perjudicados con las administraciones judiciales en virtud de las cuales grandes empresas antipatriotas, incluso mafias, claramente coludidas con el poder político, con el Poder Judicial, con sectores mafiosos de nuestra Policía Nacional, se han apoderado de las empresas azucareras, las han desfalcado, dejando a los trabajadores sin remuneraciones, a los jubilados sin pensiones, con una situación realmente dramática que hay que resolver”, expuso.
Señaló que se ha comprometido con los trabajadores de las distintas empresas azucareras a trabajar para acabar con las administraciones judiciales y construir una nueva modalidad de administración con participación del Estado y de los trabajadores, de la manera más eficiente y transparente posible.
“Esta nueva modalidad se aplicará poniendo por delante los derechos de los trabajadores, que además han sido victimas de episodios de violencia. A mí me tocó estar hace un par de años en Tumán en pleno estado de emergencia, cuando la disputa con la mafia del Grupo Oviedo era durísima, a pesar que ya se conocía de sus componendas con el Poder Judicial”, comentó.
Añadió que la nueva modalidad de administración permitirá reflotar a la industria azucarera en el marco de una propuesta integral.
“En la segunda reforma agraria nosotros ofrecemos impulsar mejoras en el sector agrícola del país, modernizarlo, proveerle de capacitación, asistencia técnica, programas de riego, así como un programa nacional de compras públicas”, detalló.
Acciones
Consultada sobre si el modelo de administración que proyecta para las azucareras generaría un escenario de inseguridad jurídica y supondría desconocer la participación accionarial que grupos económicos tienen en las excooperativas, Verónika Mendoza manifestó que todo lo que se haya hecho de manera irregular debe ser revisado.
“Acciones que han sido compradas en bolsa, pero que en muchos casos han sido objeto de manipulación o corrupción y son investigadas, en algunos casos, por parte de la Superintendencia de Banca y Seguros – SBS y de la Superintendencia del Mercado de Valores, que tienen que intervenir. Tiene que haber un rol más activo del Estado, que también es partícipe, accionista de las empresas. El Estado no puede ponerse de costado mientras se da el desfalco de nuestras azucareras o se dan episodios de violencia que afectan a los trabajadores y a las poblaciones locales involucradas”, señaló.
Agregó que aquello que lo se haya hecho con corrupción de por medio no puede mantenerse.
“Hay cosas que se han hecho comprando al Poder Judicial o con violencia y, por supuesto, tienen que ser revisadas. Todo contrato, todo acuerdo entre partes, se puede revisar con la legalidad y el diálogo, y eso es lo que nosotros podemos hacer. Lo que no haremos es ponernos de costado a las necesidades del país”, aseveró.
Con 54 años a cuestas, el Partido Popular Cristiano – PPC, es la organización política de mayor antigüedad que compite en estas elecciones generales. Para Alberto Beingolea Delgado, su candidato presidencial, estos comicios constituyen una bisagra que definirá si empieza la recuperación económica y moral o se consagra el hundimiento, en el marco de una pandemia. Por ello, el abogado y periodista propone emprender una gran cruzada de valores para combatir a la corrupción, pues considera que todo cambio debe empezar desde las familias.
Explica que durante años se han implementado diferentes medidas para combatir este lastre, pero ninguna ha resultado: aumento de penas (las más altas del Código Penal), la eliminación de los beneficios penitenciarios para delitos de corrupción, el fortalecimiento de las fiscalías anticorrupción (autonomía), entre otras. Sin embargo, nada ha funcionado.
“La pregunta que deberíamos hacernos es si nos estamos equivocando, si de verdad estamos combatiendo bien a la corrupción, porque si hacemos todo esto y sigue habiendo corruptos es porque algún error hemos cometido. Creo que hasta en el fraseo hay un error. Hablamos de corrupción de la clase política y creo que no, que la política no es corrupta, es la sociedad la que tiene un problema de corrupción. En la calle, en el día a día, en la casa, en el colegio, el profesor que te jala y desde pequeño buscas alternativas para arreglar la nota, el policía que te para en la calle y le das una propina para que no te imponga la multa. La corrupción está en la sociedad”, indica.
En virtud de ese diagnóstico, propone una gran cruzada de valores, que tenga a los padres de familia como protagonistas. Para lograrlo, refiere que impulsará algunas medidas en el plano laboral, que permitan a los padres pasar más tiempo con sus hijos.
“Tenemos que hacer una gran transformación de la sociedad peruana. Si de verdad queremos acabar con la corrupción, propongo una gran cruzada para recuperar los valores que la encabece el presidente de la república, donde los grandes protagonistas sean los padres de familia, que tienen que recuperar el principio de autoridad en su casa, tienen que comprometerse con sus hijos. Así tendremos mejores ciudadanos”, resalta.
Medidas laborales
Beingolea Delgado propone fortalecer el teletrabajo, de modo tal que las personas que no sean indispensables presencialmente puedan seguir laborando de forma remota.
"El teletrabajo llegó para quedarse, nos ha demostrado que muchos trabajadores no tienen necesidad de ir a la oficina, porque rinden desde su casa igual o mejor, así que ¿a cuenta de qué vamos a volver al sistema de ir a la oficina? Fuera de las ocho horas laborales, el trabajador tiene que dedicarle una hora para arreglarse, otra para llegar, una más para regresar, otra para almorzar, al final le dedica casi la mitad de tu vida al trabajo. ¿En qué momento le dedica tiempo a sus hijos, si supongo que duerme por lo menos ocho horas? Necesitamos recuperar tiempo para que padres y madres puedan encargarse de sus hijos", subrayó.
A esto añadió que propone cambiar el paradigma de las horas-trabajo por rendimiento laboral. De esa forma, los obreros, que necesariamente deben trabajar de forma presencial, podrían retornar a sus domicilios una vez terminada la meta fijada y no ceñirse a un horario rígido.
"Hace poco estuve en una planta agroexportadora en Piura, donde han hecho este experimento con muy buenos resultados. Los jornaleros no tienen que trabajan ocho horas, les dan la parcela que deben sembrar, con un capataz que supervise, y una vez terminada su labor, pueden ir a sus casas. El trabajo se hace mejor, la gente está más contenta y el trabajador pasa menos horas en su centro laboral. Todos salen ganando y así tenemos a los padres más tiempo en casa con los hijos", puntualiza.
PPC
Por otro lado, Alberto Beingolea señala que el escenario actual de la política nacional se debe a 30 años de votaciones equivocadas por parte del electorado. Reconoce que desde Alberto Fujimori en 1990 hasta Pedro Pablo Kuczynski en el 2016, el elector no realizó un voto sesudo, sino que lo hizo movido por la emoción de la coyuntura.
"El Perú no llegó a esta situación por causalidad, llegó porque nos lo merecemos. Tenemos 30 años votando mal. Esta es nuestra responsabilidad. Cuando veía en la calle a la gente gritando, con justa indignación, que los políticos no los representan, pensaba en que claro que los representan, porque votaron por ellos. Tenemos que entender que el origen del poder es el voto, por lo tanto, los ciudadanos tenemos el poder de cambiar las cosas", indica.
En esa línea, destacó que el PPC es un partido que se ha caracterizado por realizar con "excelencia" las actividades que se les ha encomendado, gracias a sus cuadros políticos. Mencionó dos ejemplos: la gestión de Luis Bedoya Reyes al frente de la alcaldía de Lima (1964-1969) y la organización de los Juegos Panamericanos 2019, al mando de Carlos Neuhaus.
"A diferencia de todos los improvisados que nos han gobernado en los últimos años diciendo que son nuevos, nosotros no somos nuevos, no vamos a engañar a la gente. Tenemos más de medio siglo pensando el Perú, reflexionando sobre el Perú, con los mejores cuadros que ha podido tener el país, que van dejando la posta a otros para que aparezcan nuevos cuadros que van mejorando ese plan de gobierno. Por tanto, no solo tenemos el mejor plan de gobierno, también el mejor equipo y los mejores profesionales", asegura.
Minería
En cuanto a los proyectos mineros, afirma que está a favor del desarrollo de estos, pues generan miles de puestos de trabajo en la zona de influencia, además de dinamizar la economía. Añade que la legislación peruana plantea estándares medioambientales incluso más rigurosos que el promedio internacional, sin embargo, se necesita de un Estado sólido que esté al costado de la empresa minera, fiscalizando que -efectivamente- cumplan con todos los compromisos contraídos.
Por ello, afirma que de llegar a la presidencia dará las facilidades para la ejecución del proyecto minero Tía María, ya que este cumple con todos los estándares requeridos y, al día siguiente de su ejecución, se generarían nueve mil puestos de trabajo para la población de Arequipa. La misma postura sostiene respecto al proyecto Cañariaco, en Lambayeque.
“Alguien me dirá: ‘Pero Alberto, va a contaminar’. Oiga, acá están todas las muestras de que no va a contaminar, pero si llegase a contaminar la culpa es mía, del presidente, porque quien tiene que preocuparse de que estos proyectos no contaminen es el Poder Ejecutivo, el Estado Peruano. En una economía social de mercado, lo que toca es que la empresa se desarrolle libremente, porque genera riqueza y puestos de trabajo, pero también toca que el Estado tenga el tamaño suficiente para cumplir su trabajo, que es reglamentar, fiscalizar y -si es el caso- castigar e intervenir para arreglar las cosas, corregir las injusticias sociales y defender los derechos de los menos favorecidos, llámese trabajadores, habitantes de la localidad. En los últimos años no ha fallado la ley ni la Constitución, sino el Estado que no ha hecho su trabajo de defender a los más necesitados”, asegura.
Constitución
Por otro lado, es enfático al señalar que no cambiaría la Constitución de llegar a ser mandatario, pues considera que los problemas del país no radican en la carta magna, sino en los gobiernos.
Refiere que el Perú ha tenido 12 constituciones en 200 años de vida republicana y no se han notado cambios, por lo que una constitución más no haría la diferencia. Aún más, señala que la actual Constitución está bastante bien elaborada, pues consagra la economía social de mercado con respeto a las minorías.
"El cambio de la Constitución es un sonsonete que los comunistas internacionales nos venden como un gran grito de batalla, suena muy ampuloso que el cambio de Constitución transformará las cosas, pero es una gran mentira, a ese grito comenzó el gobierno de Chávez en Venezuela", subrayó.
Otras propuestas
En tanto, Beingolea Delgado afirma que de llegar a ser presidente su objetivo será que en los próximos cinco años se reactive la economía para que todos los connacionales accedan a un puesto de trabajo. Para ello se compromete a dos tareas: lograr que toda la población se vacune hasta fin de año y eliminar la delincuencia.
Sobre el problema de la industria azucarera en Lambayeque, refiere que las administraciones judiciales no han cumplido con el propósito de arreglar los problemas societarios, por lo que el Estado debería “golpear la mesa” desde su posición de acreedor e intervenir para velar por los derechos de los trabajadores.
Finalmente, propone que los estudiantes de todas las carreras, especialmente de Derecho, presten una suerte de servicio público (voluntariado) en su último año. De esta forma – asegura- se mejorará el sistema judicial, pues serán los estudiantes más destacados quienes integren los estamentos públicos. Además, refiere que hará más atractivas las plazas en el Poder Judicial y el Ministerio Público para que, terminado el voluntariado, opten por continuar haciendo su línea de carrera allí.
