El domingo 9 de diciembre, 16 millones 720 mil 155 ciudadanos, de los 22 millones 518 mil 387 hábiles, acudieron a los centros de votación para emitir su opinión respecto a las cuatro preguntas planteadas en el referéndum sobre la reforma constitucional. Los resultados arrojaron un contundente respaldo a las iniciativas que propuso el presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, en su mensaje a la nación del 28 de julio.

La reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia, antes Consejo Nacional de la Magistratura ganó con el 86.62 % de los votos válidos, más de 13 millones 130 adhesiones, versus el 13.38 % de votos en contra.

La segunda interrogante planteada a los ciudadanos, sobre la aprobación de la reforma constitucional que regula el financiamiento de las organizaciones políticas recibió el 85.85 % de los votos, y el 14.15 % de rechazo.

De la misma manera fue aprobada, con el 85.88 % de votos, la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República, en tanto la cuarta interrogante, sobre el establecimiento de la bicameralidad en el Congreso de la República fue rechazada con el 90.57 % de los votos.

CONCRETAR LAS REFORMAS

El jefe del Consejo de Ministros, César Villanueva, afirmó que los resultados del referéndum nacional del domingo comprometen al gobierno a trabajar y lograr que las reformas se concreten de la manera más expeditiva posible.

"Los resultados del referéndum nos comprometen a trabajar y lograr que las reformas se concreten lo más rápido posible. Lo urgente ahora es la creación de la Junta Nacional de Justicia", indicó.

En ese sentido, Villanueva instó a dejar atrás las diferencias e iniciar el trabajo conjunto, pues el Poder Ejecutivo "no puede hacer solo las reformas", sino que tiene la disposición de llevar adelante una labor dinámica con el Congreso de la República.

"Este es el momento en que el Parlamento debe demostrar una actitud de deseo por impulsar las reformas que requiere el país. Tenemos que hacer ver que la institucionalidad democrática funciona y el Congreso cumple un papel fundamental en ello", afirmó.

SANCIÓN AL CONGRESO

Por su parte, el cardenal Pedro Barreto afirmó que los resultados del referéndum representan una sanción exclusiva al Congreso de la República.

Indicó que en la consulta popular el Perú salió ganando, teniendo en cuenta la situación convulsa que dejaron los audios relacionados a prebendas o negociaciones ocultas en el Poder Judicial, el Ministerio Público y el fenecido Consejo Nacional de la Magistratura - CNM.

"Para mí el referéndum no es el respaldo al presidente Martín Vizcarra, no es el respaldo a un partido, sino es el respaldo a un país que tiene las reservas morales para poder salir adelante", dijo.

En ese sentido, precisó que tras la realización de la referida consulta, es necesario implementar la reforma al exCNM, a través de la creación de la Junta Nacional de Justicia - JNJ.

"En primer lugar, de inmediato implementar esta propuesta del cambio del Consejo Nacional de la Magistratura y ahí tenemos que ver la voluntad del pueblo que la quiere ya y pronto, dentro del proceso legal, no se trata de apurar las cosas", refirió.

CORRUPCIÓN

En otro momento, el cardenal indicó que los resultados de la consulta popular hacen necesario reafirmar el rechazo a la presencia de la corrupción en las instituciones del país.

“Lo que sí podemos reafirmar es que no podemos tolerar más una corrupción enraizada en instituciones tutelares de nuestra patria. Y vemos con esperanza que el Poder Judicial se está reconstruyendo desde las generaciones jóvenes. Esperamos que el Poder Legislativo, tras este referéndum cambie (...)”, destacó.

LA PRIORIDAD

La conformación de la Junta Nacional de Justicia es un paso importante para cambiar la justicia, pero apenas el primero de un largo camino, aseguró el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez.

Sostuvo que el cambio será cualitativo si se hacen las cosas bien porque, a diferencia del exConsejo Nacional de la Magistratura - CNM, tendrá una selección de sus integrantes en base a la meritocracia y una mayor transparencia en sus decisiones.

“El CNM no podía implementar sanciones menores a los jueces supremos, eso lo daba el Poder Judicial, pero sucede que a lo largo de estos años han sancionado con amonestación y una multa, eso era prácticamente inoperativo”, afirmó.

Comentó que ahora la JNJ podrá nombrar, ratificar, destituir a vocales supremos y también dar sanciones menores, “con lo cual adquiere más importante y fuerza”.

Otro cambio cualitativo que tendrá la JNJ, en opinión del defensor, será la transparencia y la motivación de sus decisiones, dado que anteriormente el CNM no tenía que hacer explicita su decisión ni justificarla.

La JNJ se constituirá también en base a la meritocracia, lo mismo que la elección de los magistrados y además se implementará un registro de magistrados en línea, con el itinerario de la vida profesional de los jueces y las sanciones que pudo haber tenido en su carrera.

“Eso es un ejemplo de cómo cualitativamente podría cambiar la justicia a partir de la JNJ, no es lo único por hacer, es un primer paso de un largo camino que debemos recorrer con sentido de urgencia, pero no atropelladamente, eso tomará algún tiempo”, afirmó.

En ese sentido, señaló que es necesario que el Congreso aprueba previamente las leyes orgánicas tanto de la JNJ como de la Comisión Especial que se encargará de la selección de los nuevos integrantes de este organismo.

“Si hay voluntad, y espero que así sea del Congreso y los actores implicados, eso durará unas semanas, hay que cumplir los procedimientos. Espero que a fines de enero o principios de febrero se convoque a una legislatura extraordinaria y se puedan aprobar estas leyes”, refirió.

LEGISLATURA AMPLIADA

Al respecto, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Zeballos, destacó la ampliación de la legislatura del Congreso para ver la creación de la Junta Nacional de Justicia y afirmó que eso denota una voluntad de sacar adelante dicha iniciativa.

 “El hecho de que el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, haya convocado una legislatura con esa fecha exterioriza una voluntad política de poder sumarse a que se le dé carácter de prioritario a la atención de esta propuesta normativa.

Indicó que al ampliarse la legislatura hasta el 30 de enero existe tiempo suficiente para que la propuesta sea enviada al Parlamento y pase por la Comisión de Justicia y la Comisión de Constitución.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos mencionó que la propuesta para la Junta Nacional de Justicia ya fue elaborada por su sector, pero pasará por un tamiz de la Presidencia del Consejo de Ministros.

El ministro Zeballos indicó que luego se aprobará en el Consejo de Ministros, para ser enviada al Congreso de la República.

ELECCIÓN LIMPIA

Una misión de la Organización de Estados Americanos – OEA, que observó el referéndum peruano destacó que la jornada electoral tuvo un resultado contundente y sin ningún indicio de fraude.

Gerardo de Icaza, miembro de la misión, integrada por 14 funcionarios y expertos, señaló que no hay indicios de "fraude" en la votación, a pesar de las denuncias de algunos políticos opositores peruanos.

"Absolutamente no tenemos ningún indicio de fraude y, por el contrario, lo que ha destacado el informe es un resultado contundente (de la votación)”, dijo De Icaza.

La Misión de la OEA también refirió que el grupo de trabajo observó escaso debate público en torno a los proyectos de reforma.

"La misión observó que el debate público en torno a los proyectos de reforma que se sometieron al voto de la ciudadanía fue limitado. En los medios (...), la campaña a favor y en contra de cada una de las propuestas fue prácticamente nula", indicó la misión en su informe preliminar, leído ante la prensa por su jefa, la dominicana Mirou Tavárez Mirabal.

El informe dice que el debate fue escaso debido a que, por impedimento legal, "congresistas y miembros del Poder Ejecutivo se vieron limitados para participar del debate en torno a las reformas", lo cual impidió a la ciudadanía recibir más información antes de tomar una decisión.

Tavárez Mirabal señaló, además, que hubo poco tiempo para que la ciudadanía recibiera información, pues la consulta se realizó dos meses después de convocada.

La Misión recomendó que a futuro los miembros de los poderes Ejecutivo y Legislativo puedan "manifestar su posición frente a los temas consultados, pero cuidando que se garanticen las condiciones de equidad".

Dijo, asimismo, que hubo demoras para empezar a funcionar en la mitad de las mesas de sufragio por la inasistencia de los ciudadanos seleccionados por el órgano electoral para presidirlas.

Por este motivo, recomendó introducir cambios para las próximas votaciones, entre ellos "considerar un incentivo económico para aquellos ciudadanos que sean sorteados" para el funcionamiento de las mesas.