A Silvia Alcántara Vásquez la mataron a los 45 años. La necropsia arrojó edema cerebral y pulmonar, pero hasta ahora, casi cuatro años después de su muerte, su familia no se explica por qué su cuerpo estaba lleno de hematomas o tenía el tabique fracturado. Su caso no solo quedó irresuelto por la justicia, sino que además acarreó un drama mayor para su familia, especialmente para su madre de 72 años de edad, quien hoy lucha por mantener a buen recaudo a los niños que Silvia dejó y protegerlos de las agresiones físicas y verbales ejercidas por su propio progenitor.
Edita Vásquez Campos contiene las lágrimas cuando habla de su hija. Silvia vivió en España por casi ocho años y allá sostuvo una relación con Julio César García Mejía, de nacionalidad colombiana. Durante ese tiempo trabajó en el aeropuerto de Barcelona y producto de la relación nacieron sus mellizos, próximos a cumplir 10 años.
Silvia le envió una carta de invitación a su madre para que esta conozca España, pero debido a la crisis en el país peninsular la visa le fue negada. Así, Edita Vásquez decidió viajar a Chile, donde vive otro de sus hijos, y trabajar durante dos años.
En ese lapso Silvia retornó al Perú con sus hijos y con Julio César García, alojándose en la casa familiar ubicada en la Urbanización La Primavera de Chiclayo, donde fue acogida por su padre, el expolicía Carlos Alcántara Prado.
LA VIOLENCIA
Lo que la familia de Silvia desconocía es que Julio César García era un agresor. Ya en España ella había interpuesto denuncias por violencia física y psicológica, como lo confirma el Informe Médico de Urgencias del Hospital Dos de Mayo de Barcelona, del 26 de marzo del 2011, donde señala que producto del maltrato físico fue diagnosticada con contusión del codo derecho, contusión del glúteo derecho y tendinitis bicipital en el hombro derecho. El documento fue suscrito por la médica Ana Leticia Vega Vidal.
Ya en Chiclayo – según cuenta la familia de Silvia – Julio César García se negó a trabajar para sostener a su familia, abandonando el domicilio y reteniendo los pasaportes de los niños.
Antes de viajar a España, Silvia Vásquez había concluido estudios de nutrición, por lo que animada por sus padres decidió iniciar el SERUMS, desarrollando labores en Mórrope. A modo de protección su padre le alquiló una habitación en el distrito, hasta donde se trasladó su madre, que retornó al Perú para ayudarla en el cuidado de los menores.
A fines del 2014, Silvia Vásquez concluyó el servicio a la comunidad como profesional de la salud, por lo que – a la aparición de una propuesta de trabajo – se instaló con sus hijos y su madre en Lambayeque.
SU MUERTE
El 9 de enero del 2015 fue el último día que madre e hija se comunicaron. Según cuenta Edita Vásquez, quien ese día regresó a Chiclayo, su hija le comunicó vía telefónica que había viajado a Guadalupe, en La Libertad, llevándose a los niños, respondiendo a la invitación de una excompañera de estudios, identificada como Consuelo Gonzales Valderrama.
No hubo más noticias hasta el 21 de enero del 2015, cuando Edita Vásquez recibió en su casa a otra amiga de Silvia, quien le dio la noticia que esta había fallecido y que debía recoger el cadáver en la morgue de Guadalupe.
“Le pregunté qué había pasado y me dijo que no sabía más, que tenía que ir a recoger el cadáver. A ella le avisó Consuelo Gonzales Valderrama, a quien nada le costó avisarme directamente porque ella tenía el teléfono de mi hija”, manifiesta Edita Vásquez.
Junto a su esposo y otros familiares, Editar Vásquez fue en búsqueda de su hija. Al pedir informes de la necropsia solo se limitaron a decirles que había fallecido de edema cerebral y pulmonar. Los niños estaban en casa de Consuelo Gonzales.
“A Consuelo Gonzales la encontré afuera de la morgue y me dijo que mi hija había estado en el parque con mis nietos y al llegar a su casa, la noche previa, tomó una manzanilla y amaneció muerta. Yo no vi el cadáver de mi hija, por lo que no pude percatarme de las heridas y golpes que tenía en el cuerpo. Según ella, estaba en Trujillo y su madre le avisó lo que había pasado. Mis nietos cuentan que ellos escucharon que su madre gritaba y los llamaba y que cuando ellos quisieron verla no los dejaron. También cuentan que vieron a tres hombres salir y uno de ellos era Julio César García, a quienes llaman ‘el hombre’”, narra Edita Vásquez.
VÍNCULOS
El cuerpo fue levantado por la fiscal Marcela Valderrama Juárez, quien según la madre de la víctima es familiar directo de Consuelo Gonzales Valderrama y de Carmen del Pilar Valderrama Núñez, propietaria de la vivienda en la que falleció Silvia.
En vida, Silvia no solo había denunciado las agresiones de su conviviente ante la Dirección General de la Policía de Barcelona, sino también ante la Comisaría de Mujeres de Chiclayo e incluso ante el Ministerio Público. En el Primer Juzgado de Familia se inició un proceso por violencia familiar contra Julio César García Mejía, a quien Edita Vásquez señala como responsable de la muerte de su hija.
La actual pareja de García Mejía sería también familiar de Consuelo Gonzalez Valderrama, Carmen Valderrama Núñez y la fiscal Marcela Valderrama Juárez. Esta última permitió que en el acta del levantamiento del cadáver no se consignen los signos de violencia que el cuerpo presentaba.
La familia de Silvia denunció el presunto homicidio y el caso finalmente fue archivado por la fiscal Taly Chaiwaque Ventura, supuestamente por falta de pruebas.
Como explica el abogado Alex Rentería Cachay, no se valoraron las pruebas y tampoco se tomó los testimoniales de la amiga de Silvia, quien ahora reside en Chile, como de las otras personas que habrían estado en el inmueble cuando ella murió.
TENENCIA DE LOS NIÑOS
Pero la muerte no es lo único que ha quedado sin resolver en este caso.
En agosto del 2012, Silvia Alcántara inició un proceso de tenencia de sus hijos, ante el temor de que el padre de estos, con posesión de los pasaportes, los aleje de su lado. Probada la violencia que Julio César García había ejercido contra su conviviente y nos niños, el juzgado le cedió la tenencia.
A la muerte de Silvia, sus padres asumieron como sucesores procesales. El caso se revisa en el Primer Juzgado de Familia, donde actualmente despacha la jueza Carmen Dávila Lombardi.
Los abuelos y García Mejía llegaron a una conciliación estableciendo un régimen de visitas, así como la asignación de una pensión de 500 soles para la manutención de los menores. Sin embargo, las visitas se frustraban debido a la negativa de los niños de compartir con su padre, sustentados estos en la violencia que recibieron cuando vivían en España.
“Los niños se negaban a tener trato con el padre y este tomó como argumento eso para solicitar una medida cautelar que le fue concedida por la juez Dávila Lombardi para tener la tenencia de los niños. Nosotros impugnamos esa resolución porque la magistrada no había valorado las pruebas presentadas, como por ejemplo las denuncias por violencia contra Julio César García existentes en España como en el Perú. Por estrategia se coordinó para que la señora Edita Vásquez se ponga a buen recaudo con los niños y la jueza emitió una orden de captura en su contra”, comenta el abogado.
La tenencia provisional a favor de García Mejía, dada en mayo de este año, fue finalmente revocada por la Segunda Sala Civil de Lambayeque en octubre pasado, con lo que Edita Vásquez regresó a su vivienda en la Urbanización La Primavera con sus nietos.
POSTURA DEL JUZGADO
García Mejía, durante el tiempo que tuvo la tenencia de los niños, retiró sus documentos educativos trasladándolos a una institución privada, la cual hasta ahora se niega de devolverlos al Colegio Félix Tello Rojas, con el riesgo que lo menores pierdan el año escolar. Refiere el abogado que tampoco hace efectivo el pago de la pensión de manutención.
“Los niños le tienen miedo al padre y eso lo sabe bien la jueza. Si García Mejía recibe a los niños se los va a llevar y con los antecedentes de maltrato que existen es probable que la historia se repita”, señala Rentería Cachay.
Julio César García ha solicitado pericias psicológicas a los niños y una constatación a la vivienda en la que viven con su abuela materna.
“La jueza pidió que se lleve a los niños al juzgado, cumplimos y ella les preguntó por qué no querían estar con su padre. Los niños respondieron que porque este les había pegado. La respuesta de la jueza fue: si no quieren estar con su papá entonces los voy a enviar a una aldea. Yo me enfrenté a la jueza, diciéndole que el expediente están todas las denuncias de maltrato que Silvia presentó y donde se narra cómo el padre los violentó, razón por la que lo rechazan”, enfatiza Alex Rentería.
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El drama del distrito de San José no termina. A las irregularidades de la obra de saneamiento en la que se detectó cartas fianzas falsas se suma ahora la negligente conducción del proyecto de agua potable a cargo de EPSEL para los sectores Juan Tomis Stack y Ciudad de Dios, valorizada en más de ocho millones de soles, en la que la Oficina de Control Institucional ha identificado una serie de deficiencias, que van desde la formulación del expediente técnico hasta la participación del personal técnico supuestamente asignados por el contratista y la supervisión.
El Informe N° 007-2018-OCI/3472-AS, elaborado entre el 22 de octubre y el 6 de noviembre pasado, se centra en los hallazgos realizados a la obra “Mejoramiento del sistema de agua potable en Juan Tomis Stack y Ciudad de Dios, distrito de San José”, que comprende la construcción de un reservorio de cinco mil metros cúbicos, de la línea de conducción de agua potable, la construcción de una cisterna de mil 50 metros cúbicos, la rehabilitación del reservorio elevado de 800 metros cúbicos y la puesta en marcha del servicio de agua potable, todo con un presupuesto de ocho millones 261 mil 15.89 soles.
La ejecución del proyecto fue posible con la suscripción de un convenio para la transferencia de recursos entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque, suscrito el 30 de junio del 2016, documento que contempla 12 cláusulas y cinco anexos.
El 15 de febrero del año pasado se aprobó el expediente de contratación con un valor referencial de siete millones 833 mil 480.69 soles para la ejecución, en tanto la supervisión se fijó en 414 mil 290.63 soles por valor referencial. Meses después, el 31 de agosto del 2017, el Comité de Selección adjudicó la obra a una oferta de siete millones 50 mil 132.63 soles, suscribiéndose el contrato con el Consorcio Santiago, integrado por Conaser Perú Consultores y Asesores SAC, Corporación Quina SAC y R & M Bioconstrucciones SAC. La supervisión fue contratada con el Consorcio Herliz, integrado por la Corporación Alem’s EIRL y Paradizo SRL.
Los trabajos se iniciaron el 16 de agosto de este año.
De la revisión realizada a la documentación obtenida en la acción simultánea del estado situacional de la ejecución y supervisión de la obra, la Oficina de Control Institucional de EPSEL ha identificado hechos que ponen en riesgo el logro de los objetivos del proyecto.
Por ejemplo, se encontró falta de atención oportuna y diligente de las consultas efectuadas por los consorcios ejecutor y supervisor originadas por inconsistencias en el contenido del expediente técnico, lo que genera el riesgo de afectar la continuidad de la ejecución, ampliaciones de plazo, adicionales de obra y el pago de mayores gastos generales.
SIN SERVIDUMBRES
OCI ha detectado la falta de disponibilidad de terrenos agrícolas y autorización de uso de derecho de vía para la ejecución de los trabajados. Mediante Acta de Entrega de Terreno del 3 de agosto pasado, suscrita por los representantes del Consorcio Santiago y el Consorcio Herliz, el gerente de Proyecto y Obras y el subgerente de Obras de EPSEL, se dejó constancia de la entrega del terreno a la contratista, señalándose que este cuenta con libre disponibilidad. Sin embargo, el órgano de control ha recogido el testimonio del residente de la obra, quien aseguró que no se tiene permiso de los propietarios de los terrenos agrícolas por los que pasará la línea de conducción de agua potable.
Este hecho fue comunicado a EPSEL el 6 de agosto, con la Carta N° 0028-2018-ConsorcioSantiago, por el residente de obra. Un día antes el jefe de la supervisión solicitó a la entidad “las autorizaciones de servidumbres de terrenos agrícolas y compromisos obtenidos con los propietarios de terrenos en la etapa de elaboración de expediente técnico”.
El recorrido de la línea de conducción de agua potable es de casi dos kilómetros y deberá pasar, a un margen de la carretera Chiclayo – San José, por el centro poblado San Simón, cuyos habitantes carecen del servicio básico y son, a la vez, los propietarios de los terrenos agrícolas que se verán afectados con la instalación de las tuberías. Estos, a través del teniendo gobernador han elevado un acta en la cual dejan constancia que como condición para la entrega de servidumbres piden que se les habilite el servicio de agua potable y se les compense económicamente por los daños que los trabajos ocasionarán en sus tierras.
Según el expediente, la línea de conducción deberá pasar por la margen derecha de la carretera Chiclayo – San José, cuando en lo real se requiere la habilitación de terrenos en la margen izquierda.
“La servidumbre de paso aún no se ha solucionado, ya que según el acta suscrita por el teniente gobernador de la zona afectada los propietarios de los terrenos agrícolas están condicionando a EPSEL (…) Siendo que a la fecha no se tiene respuesta en la cual EPSEL acepta todas estas obligaciones para con los pobladores. Los documentos alcanzados no revelan la atención de lo solicitado por el ejecutor y el supervisor”, señala OCI en su informe.
De acuerdo al Artículo 123 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, “la entidad es responsable de la obtención de las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre y similares para la ejecución y consultoría de obras”.
DERECHO DE VÍA
El 3 de septiembre, el jefe de la supervisión también solicitó a EPSEL la “autorización de uso de derecho de vía”, documento que debió ser emitido por Provías Nacional para la ejecución de trabajos en la carretera Vía de Evitamiento de Chiclayo, siendo este un requisito indispensable.
La respuesta de EPSEL fue que “se está a la espera de la resolución de aprobación del derecho de vía. Lo grave es que el gerente de la Unidad Gerencial de Derecho de Vía de Provías Nacional ha emitido opinión comunicando que se debe replantear el proyecto y presentar un nuevo expediente técnico de uso de derecho de vía.
Por tal consideración, OCI concluye en que a la fecha el pedido del ejecutor y el supervisor de la obra no ha sido absuelto, lo que genera perjuicios en la ruta crítica del cronograma de la obra.
“En tal sentido, se concluye que el expediente técnico presenta fallas en su elaboración al consignar una zona errada por la que pasaría la línea de conducción, que tal entidad a la fecha no ha obtenido los permisos solicitados por el ejecutor y el supervisor de la obra respecto a los terrenos agrícolas y de Provías, por donde pasará la línea de conducción, estando pendiente la atención definitiva a los documentos presentados desde agosto del 2018. Con ello se corre el riesgo del retraso en la ejecución de la obra, con las consecuencias que estos generen relacionadas a futuras ampliaciones de plazo y mayores gastos generarles al afectar la ruta crítica del cronograma de obra”, señala OCI.
FÓRMULA POLINÓMICA
De la revisión del expediente técnico de la obra, incluido en el expediente de contratación, OCI ha detectado que este no cuenta con fórmula polinómica necesaria para el reajuste de precios y para tramitar cada valorización.
De esto también comunicó el supervisor al gerente de Proyectos y Obras de EPSEL el 3 de septiembre pasado, indicando que se estaba procesando la primera valorización correspondiente al mes de agosto y para conocer los reajustes por incremento de precios requerían tener la fórmula polinómica, la misma que no está indicada en el expediente técnico, tampoco en el contrato suscrito con el contratista. Recién el 13 de octubre EPSEL hizo llegar la fórmula en forma digital.
Con ello se trasgredió lo señalado por el Reglamento Nacional de Edificaciones que establece, entre otras cosas, que el expediente técnico debe incluir las fórmulas de reajuste de precios. Dicha omisión de EPSEL también fue en contra de las bases de la licitación del proyecto.
OTRAS FALENCIAS
En el avance de la obra también fue necesaria la reubicación de tuberías correspondientes al sistema de agua potable del pueblo joven Cruz de la Esperanza, sin que dichos trabajos hayan sido considerados en el expediente técnico, lo que para la Oficina de Control Institucional corrobora otra deficiencia en el expediente.
También se identificó que hasta el momento el consorcio supervisor no recibe la factibilidad de suministro eléctrico y fijación de toma, pese a que fue solicitada a la empresa del agua el 3 de septiembre.
“Se advierte que a la fecha no se ha dado atención a lo solicitado por el consorcio supervisor, para que este a su vez haga de conocimiento al contratista ejecutor, por lo que, si se continúa retrasando la elaboración de un expediente a fin de solicitar la factibilidad de suministro eléctrico para el citado componente, el mismo que debe ser ejecutado por parte de EPSEL, se corre el riesgo de generar una ampliación de plazo para los contratistas y el pago de mayores gastos generales”, señala el informe de Control Institucional.
El contratista también advirtió a EPSEL sobre las condiciones de garantía del tanque metálico de 5000 metros cúbicos. Sin embargo, la respuesta de la entidad fue que se debía respetar el expediente técnico sin resolver las observaciones planteadas a dicho componente.
Similar situación sucedió con el requerimiento para modificar la armadura de la pared o muro de contención de la cisterna de 1050 metros cúbicos y la modificación de armaduras de vigas de amarre en la caseta de bombeo.
Asimismo se detectó que el proyectista de la Subgerencia de Estudios y Proyectos David Ojeda Arriarán no se encontraba habilitado cuando visó el expediente técnico de la obra.
Finalmente, OCI confirmó la ausencia de personal propuesto por los consorcios ejecutor y supervisor, así como la carencia de equipamiento estratégico y personal técnico consignado en el desagregado de gastos generales por parte de la supervisión de la obra, lo que genera el riesgo que la entidad no aplique las penalidades respectivas, ante el incumplimiento contractual y no se garantice la correcta ejecución técnica, administrativa y financiera de la obra.
En ese sentido, respecto al Consorcio Santiago, se constató la ausencia del residente de obra, del asistente de residente de obra, del ingeniero especialista en estructuras, del administrador de obra y del especialista en seguridad y/o ambiental.
En tanto, respecto del consorcio supervisor, no estuvo presente el especialista estructural, el especialista sanitario y el especialista en desarrollo de proyectos de impacto ambiental.
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José Balcázar Zelada, candidato a decano del Colegio de Abogados de Lambayeque con la lista N° 1, para el periodo 2019 – 2020, propone recuperar el rol y el prestigio de la institución, además de promover la defensa de los derechos y la igualdad.
El candidato apuesta por diplomados gratuitos en Chiclayo y provincias con ponentes nacionales y extranjeros. Asimismo, suscribir convenios con universidades e instituciones extranjeras para acceder a una biblioteca virtual.
La defensa gremial es otro de los aspectos importantes para José Balcázar. Él propone que el Colegio de Abogados brinde defensa técnica a sus agremiados cuando sean objeto de abuso y discriminación en el ejercicio de su profesión. Al mismo tiempo, harán funcionar al Comité de Ética a fin de investigar malas prácticas.
José Balcázar refiere que la Asamblea de Delegados participará en las gestiones para la adquisición de terrenos para la II Urbanización del Abogado. Asimismo, hará estudios de los suelos de su centro de esparcimiento a fin de garantizar inversión.
Agrega que auditará la compra y los gastos del centro de esparcimiento a fin de trasparentar las operaciones de la institución.
“Se realizarán convenios con clínicas para los abogados litigantes que no cuenten con seguro social”, dice.
Otro de los aspectos importantes es el deporte. José Balcázar propone la donación de trofeos y pago de árbitros.
La lista de José Balcázar Zelada está conformada por Yuri Díaz Jaime (Vicedecana); Luz Saavedra Silva (Directora Secretaria); Rosa Pizarro Piscoya (Directora de Economía); Patricia Falen Guerrero (Directora Académica y Promoción Cultural); Elmer Fustamante Gálvez (Director de Ética Profesional); Eladio Roque Castillo (Director de Defensa Profesional); Ángela Sánchez Farfán (Directora de Bienestar y Extensión Social); Romina Guzmán Verona (Directora de Comunicaciones e Informática Jurídica); Jenny Alvarado León (Directora de Biblioteca); Edson Carrasco Rufasto (Directora de Derechos Humanos); Magaly Chávez Rojas (Directora del Estudio Jurídico gratuito).
El candidato a decano del Colegio de Abogados de Lambayeque, Carlos Palomino Guerra, cabeza de la lista N°3, expone cuáles serán sus prioridades de ser electo por sus colegas.
“El Colegio de Abogados necesita una reingeniería porque los colegas no están haciendo las cosas bien. Necesitamos una orden profesional que tenga presencia y prestancia en el desarrollo socioeconómico de Lambayeque”, dice.
Agrega que el Colegio de Abogados debería ser una institución reflexiva y propositiva en temas de derecho para mejorar la sociedad injusta.
Es la tercera vez que Carlos Palomino postula. En el anterior proceso electoral quedó en segundo lugar. El abogado laboralista refiere que, de ser electo, su gestión será reflexiva y colaboradora del crecimiento.
“El colegio debería estar al servicio de sus agremiados, además de proponer capacitaciones y discutir lo que nos pasa como región y país, pero no hay un incentivo para que el abogado se acerque a su institución y viceversa”, menciona.
PROPUESTAS
Carlos Palomino enfatiza que lo esencial son las capacitaciones para sus profesionales por medio de instituciones y universidades privadas que brindan este servicio junto a su coordinación y liderazgo.
“Nuestra propuesta es un plan de gobierno de 16 páginas. No es un copia y pega de lo que se va a hacer. Los agremiados necesitan saber finanzas, contabilidad, calidad de servicio y muchas otras cosas más. Esas capacitaciones, en mi gestión, van a ser gratuitas”, señala.
Otra propuesta fundamental es una biblioteca café. El abogado sostiene que esta será un motivo para que los profesionales se reúnan y discutan temas de interés.
“La biblioteca ocupará todo el primer piso del Colegio de Abogados. Así lo consolidaremos como un centro de reflexión en materia jurídica, de política y sociedad”, indica.
Carlos Palomino explica que, para colegiarse, el Colegio de Abogados de Lambayeque pide un certificado de estudio. Por ello, propone eliminar las barreras burocráticas y así tener más agremiados.
“Hay que hacer gestión y mirar a la orden profesional como una institución que genere confianza y atraiga ingresos para el beneficio del colegiado. Por ello, otro aspecto importante es la urbanización”, sostiene.
La lista de Palomino Guerra está conformada por Víctor Rojas Herrera (Vicedecano), Yván Pérez Solf (Director Secretario), Yanis Piscoya Campos (Directora de Economía), Ángel Rodríguez Tello (Director Académico y de Promoción Cultural), Amado Tiznado León (Director de Ética Profesional), Edith Escajadillo Grosso (Director de Defensa Profesional), Gladys Ortiz Rodríguez (Director de Bienestar y Extensión Social), Edgar Salgado Torres (Director de Comunicación e Informática Jurídica), César Samamé Cornejo (Director de Biblioteca), Abel Gonzales Sánchez (Director de Derechos Humanos), Juan Conde Chero (Director de Estudio Jurídico Gratuito).
Juan Saavedra Jiménez cierra su ciclo como gerente general del Proyecto Especial Olmos Tinajones – PEOT, cargo al que ascendió en el 2015. En su gestión se afianzó el avance de la irrigación Olmos, se concluyó la factibilidad para la infraestructura de riego del Valle Viejo y se dieron los primeros pasos para concretar los estudios definitivos de algunos componentes del Plan Hidráulico Regional. El camino – señala – está trazado.
“La coyuntura presentada por el caso Lava Jato hizo que el trabajo en la gerencia general del PEOT sea muy complejo y muy difícil. Sin embargo, pienso que hemos salido adelante y se ha logrado lo que se planificó para este tiempo. Además, dejamos varias cosas encauzadas para que la siguiente gestión pueda continuarlas y concretarlas”, refiere Saavedra Jiménez.
El funcionario, que durante 11 años ocupó la Gerencia de Desarrollo del Proyecto Olmos, remarca que lo que heredará su sucesor es técnicamente viable, por lo que espera continuidad en todas las buenas acciones que se han planificado para consolidar la irrigación Olmos, el sistema Tinajones y el Plan Hidráulico Regional.
“El PEOT es una unidad técnica que tiene una visión determinada para constituirse en una institución líder en la ejecución de los grandes proyectos hidráulicos de Lambayeque, con un criterio de sostenibilidad. En esa visión, se tiene claro que el manejo que debemos procurar es el de las cuencas de forma integral. La gestión integral de los recursos hídricos es muy importante y en ella tenemos que integrar a todos los actores”, señala.
Juan Saavedra destaca que durante su administración como gerente general del PEOT fue posible realizar acciones coordinadas con otras instituciones vinculadas al desarrollo de las cuencas y el manejo hídrico y, sobre todo, la institución ganó credibilidad entre la sociedad.
“Al margen de las personas desinformadas que siempre sacan noticias falsas, los actores principales de los sectores en los que nos desarrollamos nos tienen bastante confianza”, asevera.
CONTRALORÍA
Durante este tiempo la Contraloría General de la República tuvo presencia activa en el desarrollo de las actividades del PEOT, revisando documentación y procedimientos, atendiendo también las denuncias presentadas por supuestas irregularidades.
Una de esas denuncias fue la que se presentó por la sedimentación de la Presa Limón, en el componente de trasvase Olmos, lo que motivó una acción de control concurrente de la Contraloría.
“Ellos advirtieron ciertos riesgos en la Presa Limón, situación que debe entenderse como natural y lógica. La sedimentación nunca será igual en una presa construida a un lado del río que en una construida sobre el lecho del río, como es el caso de la Presa Limón. Contraloría asume la sedimentación como una cuestión contractual porque revisan el expediente técnico que es parte del contrato, lo que no quiere decir que se haya incumplido el contrato. Contraloría ha revisado hasta los anexos, en los que se habla del control de la sedimentación y los ha comparado con los informes realizados por los expertos que arrojan una determinación acumulada de sedimentos. Al encontrar que lo programado en el expediente no coincide con lo real lo asumen como un asunto contractual”, manifiesta.
Saavedra Jiménez argumenta que el PEOT mantiene la posición de que la Presa Limón debe crecer hasta los 87 metros de altura. Actualmente tiene 43 metros de elevación, porque ese fue el criterio con el que Proinversión licitó el proyecto de trasvase en el 2004.
“Hemos sacado adelante un proceso para la elaboración del perfil sobre el recrecimiento de la presa. Ya se otorgó la buena pro y estamos próximos a la firma del contrato. Ese estudio nos permitirá proyectar el incremento de la altura de la presa, sea a través de una concesión o con intervención del Estado, trabajos que permitirían hacer un control mucho más preciso de los sedimentos con lo que las comparaciones entre el estudio definitivo del proyecto, que habla de una presa de 85 metros, sea mucho más cercano a la realidad. Contraloría hace la comparación de ese estudio con la presa que tiene 43 metros de altura”, explica.
INFORME LAVA JATO
Sobre el informe de la Comisión Lava Jato, aprobado por el Congreso de la República, que señala responsabilidades de índole penal y civil sobre algunos exfuncionarios por su toma de decisiones en la ejecución del Proyecto Olmos, Saavedra Jiménez señala que hasta el momento su despacho no ha recibido ninguna documentación al respecto.
“Desconozco el informe, hasta ahora no nos han notificado de nada. Lo que sí puedo afirmar es que cuando fui invitado a la Comisión Lava Jato sentí una enorme decepción por las preguntan que hicieron, lo que denotaba un claro desconocimiento de cómo se manejó el proyecto, pero además la falta de autoridad técnica de los asesores que trabajaron con dicha comisión. Formulaban preguntas que me motivaban a cuestionar la clase de personas que estaban participando”, comenta.
Anota que el entendimiento del Proyecto Olmos es sumamente complejo, sobre todo en lo referido a los trabajos realizados en el componente de trasvase con la perforación del Túnel Trasandino.
“Un error grueso de la comisión es que, por ejemplo, dijo que acta de trato directo o transacción extrajudicial para resolver la controversia con la concesionaria por el caso del túnel tenía mi firma. Personajes del departamento incluso afirmaron que yo había firmado el acta, pero si se revisa el documento en él no aparece ni mi firma ni mi visto. Otro caso es que la comisión no invitó a varios de los asesores y técnicos que participaron del proyecto, por lo que se configuró una situación un poco extraña”, manifiesta.
Saavedra Jiménez añade que siendo el PEOT el supervisor de la operación y mantenimiento de los componentes del Proyecto Olmos, realiza permanentemente revisiones a los procedimientos que se ejecutan, a fin de garantizar que las concesionarias cumplan con los contratos suscritos con el Estado Peruano.
“Como PEOT no solo le ahorramos los 74 millones de dólares que la concesionaria demandaba por sobrecostos, dinero que quizá otras instituciones hubieran pagado, también le ahorramos casi 50 millones de dólares al Estado en la ejecución de las obras de trasvase. Nosotros le hicimos demoler dos vigas muñón en la Presa Limón por un error en el encofrado, hicimos que cambien el material en la margen derecha de la presa hasta con una profundidad de diez metros, que cambien el sostenimiento en el talud del aliviadero porque las condiciones encontradas fueron totalmente diferentes y complejas a las esperadas y le hicimos demoler mil 200 metros de losa que estaban mal construidos”, detalla.
Precisa además que la concesionaria asumió costos por fallas geológicas encontradas en la vertiente del Huancabamba, debido a que la supervisión fue firme en no aceptar el pago de sobrecostos o adendas.
Indica que ni Concesionaria Trasvase Olmos ni H2Olmos han tenido, hasta el momento, dificultades para garantizar la operación y mantenimiento de los componentes del Proyecto Olmos, teniendo en cuenta que los pagos de concesión están garantizados por el Estado.
PLAN HIDRÁULICO
En relación al Plan Hidráulico Regional, Juan Saavedra comenta que hasta el momento el PEOT ha avanzado con la formulación del perfil del Hidráulico Sicán y del Embalse La Montería, ambos para el valle Chancay – Lambayeque.
“Sicán es muy interesante porque ayudará al almacenamiento de agua para el abastecimiento poblacional de Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe”, destaca.
Relieva que la iniciativa privada que presentó la constructora Queiroz Galvão para la ejecución de un proyecto hidráulico cofinanciado para el valle Chancay – Lambayeque aún está vigente. En dicha iniciativa, el Ministerio de Agricultura y Riego – MINAGRI, se comprometió a cofinanciar el 80 % de la inversión, asumiendo el gobierno regional el 20 % restante.
“La situación actual es que hay una propuesta ante Proinversión para reemplazar al proponente. Hay una empresa hindú que está interesada en asumir la iniciativa y Queiroz Galvão ha oficiado tanto a Proinversión como al gobierno regional señalando que está dispuesto a ceder su propuesta. Eso me parece saludable, porque al haberse incluido a Queiroz Galvão en el caso Lava Jato es preferible que se aleje del proyecto”, manifiesta, destacando que la iniciativa privada busca, también, avanzar en la implementación de un sistema de drenaje en el valle que permita la recuperación de las casi 60 mil hectáreas de cultivo que actualmente se encuentran salinizadas.
VALLE VIEJO
El gerente general del PEOT refiere que la entidad ha logrado entregar el estudio de factibilidad para la infraestructura menor de riego del Valle Viejo de Olmos, componente de la irrigación que le corresponde ejecutar al Estado para beneficiar a los agricultores de la Comunidad Santo Domingo.
En julio pasado, el PEOT cumplió con ingresar el estudio, que proyecta una inversión superior a los 200 millones de dólares para cubrir la necesidad de infraestructura de riego en esa parte de la localidad, donde debe beneficiarse a cinco mil 500 hectáreas con aguas del trasvase Olmos.
“Las obras del Valle Viejo debieron trabajarse desde el 2003, antes de la firma del contrato con Odebrecht para el trasvase. Cuando yo entré en la gestión promoví el perfil para la infraestructura menor financiado con los propios recursos del PEOT. Lo mismo hemos hecho con la factibilidad. Nos comprometimos con la comunidad que en julio de este año entregaríamos la factibilidad y así ha sido. Ahora ya tenemos un código SNIP y está ingresada al Ministerio de Agricultura. Este proyecto debe seguirlo la próxima gestión regional y del PEOT. El camino ya está trazado”, manifiesta.
Finalmente, Juan Saavedra destaca que hasta el momento la irrigación Olmos ha generado 12 mil empleos directos, 25 mil indirectos y hay 22 mil hectáreas en plena producción superando a Chavimochic.
El plazo de detención preliminar contra el alcalde David Cornejo Chinguel y sus funcionarios se venció este jueves y la Fiscalía Especializada Contra el Crimen Organizado – FECOR de Lambayeque avanzó a toda máquina para tener listo el requerimiento de prisión preventiva por 36 meses, a fin de profundizar en las investigaciones al accionar de la presunta organización criminal que habría liderado la primera autoridad de la provincia. En tanto, una pregunta cae de madura: ¿Qué hizo la Contraloría General de la República durante este tiempo ante las irregularidades sucedidas en la municipalidad de Chiclayo?
Como primera respuesta puede señalarse que fue precisamente la Contraloría la entidad que otorgó insumos a la FECOR Lambayeque, a cargo del fiscal Juan Manuel Carrasco Millones, para robustecer su investigación contra la red denominada “Los corchines de la corrupción” o “Temerarios del crimen”, esto tras determinar irregularidades en varias obras licitadas por el municipio de Chiclayo en el marco del proceso de reconstrucción por el Fenómeno El Niño.
Así, el Ministerio Público recibió los expedientes e informes de control de obras como la rehabilitación de la Avenida Elvira García y García, en el tramo comprendido entre las avenidas José Leonardo Ortiz y Juan Tomis Stack; la rehabilitación de la Avenida Fitzcarrald, desde la carretera Chiclayo – Pomalca hasta la Avenida Bolognesi; la rehabilitación de la Avenida Francisco Cúneo Salazar, entre la Panamericana Norte y la calle Bernardo Alcedo, y la rehabilitación de la Avenida Paseo del Deporte, entre la Avenida Zarumilla y la calle El Virrey.
En suma, la Contraloría General de la República ha formulado 17 auditorías de cumplimiento en la Municipalidad Provincial de Chiclayo, estableciendo una serie de responsabilidades administrativas, civiles y penales, que involucran directamente al suspendido alcalde David Cornejo Chinguel y a sus funcionarios.
MÁS OBRAS
En un comunicado de respuesta a las versiones del fiscal Juan Manuel Carrasco, por una supuesta falta de colaboración a la lucha contra la corrupción, la Contraloría General de la República ha numerado otras obras en las que también identificó irregularidades, como es el caso de la rehabilitación de la Avenida Miguel Grau, en el tramo comprendido entre la Vía de Evitamiento y la calle Elías Aguirre, también ejecutada con recursos de la Reconstrucción con Cambios.
En dicha obra, la entidad de fiscalización – señala – realiza el control concurrente y a la fecha ha emitido tres informes en los que evidencia distintos riesgos y omisiones por parte de la comuna provincial.
Asimismo, en el caso de la Avenida Paseo del Deporte, ha emitido dos informes de control con similares características.
A ello suma que concluyó con la auditoría de cumplimiento a los actos preparatorios, proceso de selección y suscripción del contrato, identificando responsabilidades administrativas y penales. Los actuados fueron remitidos a la FECOR a solicitud del fiscal.
“Como se puede evidenciar de lo anteriormente expuesto, la CGR viene ejerciendo de manera proactiva el control a las obras públicas que se ejecutan en el marco de la Reconstrucción Con Cambios en la provincia de Chiclayo y precisamente son estos resultados los que vienen contribuyendo a las investigaciones fiscales”, señala el comunicado.
DECLARACIONES JURADAS
La entidad también ha dado respuesta al cuestionamiento hecho por Carrasco Millones sobre la entrega de información referida a las declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas de las autoridades y funcionarios del municipio provincial.
Al respecto, da cuenta que el 23 de octubre recibió el Oficio N° 2979-2018-FECOR-CH-MP-FN/JMCM, el cual fue atendido tres días después, informándole a Carrasco Millones que en el archivo de la Contraloría existían declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas de 14 de las 28 personas que él consultó.
En el mismo documento, el fiscal fue informado que conforme a ley y a los protocolos establecidos por el propio Ministerio Público, corresponde al Fiscal de la Nación solicitar a los organismos públicos autónomos la información y documentos necesarios para el eficaz ejercicio de sus funciones.
“Es preciso señalar que, desde el 6 setiembre del 2017, por disposición del propio Ministerio Público, los señores fiscales tienen conocimiento que los requerimientos de información referentes a declaraciones juradas de ingresos y de bienes y rentas, deben ser canalizados a través de la Secretaría General del Ministerio Público, conforme el Oficio Circular N° 055-2017-MP-FN-SEGFIN de esa institución, procedimiento que fue reiterado el 7 setiembre del 2018, y que tiene como finalidad coadyuvar con la labor fiscal y evitar dilaciones que pudieran perjudicar los plazos de las investigaciones fiscales, tal como lo señala el Ministerio Público en sus comunicaciones”, informa la Contraloría.
Después de la comunicación remitida por la Contraloría, Carrasco Millones no volvió a requerir las declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas existentes en el archivo de la institución.
Por su experiencia en el seguimiento a los procesos de selección que se realizan en las entidades públicas de Lambayeque, el especialista en contrataciones del Estado, Jorge Chávez Pita, señala con convicción que existen hechos sobre los cuales los organismos de fiscalización, como la Contraloría General de la República y el Ministerio Público se han mantenido inertes frente a las denuncias presentadas por presuntos actos de corrupción en la ejecución de obras públicas, sobre todo en el Gobierno Regional de Lambayeque.
¿Año crítico el 2018 por todos los sucesos de corrupción que se han conocido?
Es un año muy triste, sobre todo por la cuestión moral y ética. A nivel internacional se ve que en el país caen todas las semanas funcionarios y autoridades por actos de corrupción, lo cual es vergonzoso.
Como ha sucedido en Chiclayo con la detención del alcalde David Cornejo Chinguel…
Es un hecho que se repite, el mismo modus operandi. Todo ha sido copiado, es un calco de lo hizo su antecesor. David Cornejo Chinguel hizo lo mismo que Roberto Torres Gonzales, no hay nada que los diferencies. Inclusive los actores y operadores han tenido la misma relación con la autoridad. Es el mismo sistema, pero con diferentes personas.
¿David Cornejo, a la luz de lo que se conoce por las investigaciones fiscales, realizó una gestión mucho más irregular que la desempeñada por Roberto Torres?
Eso se está evidenciando. Según lo que se conoce, ha cometido más actos de corrupción que los realizados por el señor Torres Gonzales, lo cual es gravísimo. A nadie se le desea la cárcel, pero si el señor David Cornejo es culpable de todo lo que el Ministerio Público le imputa, entonces le corresponde una sanción severa.
En mi opinión sí amerita un castigo de la justicia, porque solo con ver la ciudad y el estado en el que se encuentra es fácil entender que hubo mucho de irregular y corrupto en sus casi cuatro años de gobierno.
¿Era David Cornejo un personaje de fiar?
Nunca lo fue, recordemos todo lo que ofreció y cómo se condujo una vez en el gobierno. Ganó con el 22 % de los votos, lo que no garantizaba nada y ahí tenemos los resultados.
Su caída tenía que darse y esto debe servir como punto de inflexión para todo Lambayeque. Lo que vemos son escándalos en diferentes municipalidades, investigaciones que se realizan todo los días, pero, por ejemplo, del gobierno regional nadie dice nada.
Por su experiencia como investigador y especialista en contrataciones del Estado, ¿en qué obras de la Municipalidad Provincial de Chiclayo detectó irregularidades en los procedimientos seguidos?
En varias, personalmente denuncié ante el Ministerio Público la obra de las calles Cajamarca, Tumbes y Arequipa, donde hubo serios hechos de corrupción, direccionamientos groseros, a la vista de cualquier persona. Llama la atención que habiéndose denunciado tanto a la fiscalía como al Órgano de Control Interno – OCI no haya habido una respuesta.
Esa inercia de los entes de fiscalización y control es lo que ha generado que autoridades como David Cornejo sigan en lo mismo. No hay sanciones o juzgamientos para que los malos funcionarios entiendan que las entidades públicas no son su chacra ni sus arcas personales. El dinero lo han malversado como han querido, han sacado plata en efectivo del Centro de Gestión Tributaria – CGT. ¿Qué es eso? ¿Dónde estamos? En verdad es indignante.
¿Considera entonces que el trabajo del Ministerio Público todavía es incipiente frente a los actos de corrupción que se han configurado?
Pienso que en Lambayeque los entes de fiscalización tienen que responder, porque ha habido denuncias oportunas sobre actos de corrupción. Yo, a título personal, las he presentado y fueron archivadas. Considero que no debieron ser archivadas y que deberían ser reabiertas. Con la coyuntura que se está viviendo, es lo que corresponde.
Ha mencionado al Gobierno Regional de Lambayeque, ¿también existen indicios de corrupción en los procesos que esta entidad ha realizado?
Siempre he venido sosteniendo: en el Gobierno Regional de Lambayeque hay serios indicios de corrupción, cosas por investigar de hechos evidentes. Por ejemplo, la carretera Pomalca-Saltur-Pampa Grande, el Colegio Nuestra Señora del Rosario, el Colegio Militar Elías Aguirre o la carretera Positos – Mórrope. Hay documentos falsos, se ha denunciado todos los hechos irregulares y no hay ninguna acción de enmienda.
¿Qué ha hecho el procurador del Gobierno Regional de Lambayeque al respecto?
Nada. En estos casos están involucrados los funcionarios, hay operadores muy bien identificados que son los encargados de cometer todos estos actos de corrupción. Todos las obras, todos los procesos para la ejecución de proyectos, tienen serios indicios de corrupción. Direccionamientos que se pueden demostrar.
Veamos a la Municipalidad Provincial de Chiclayo y dos alcaldes que ya tienen a la justicia sobre ellos. ¿Y en el gobierno regional? ¿En los ocho años no hubo nada?
¿Los ochos años de gobierno de Humberto Acuña Peralta deben ser auditados?
Tienen que ser auditados. La Contraloría General de la República ha mostrado mucha inacción. Yo he presentado diferentes denuncias ante el Órgano de Control Interno y hasta ahora no me responde.
Yo estoy propuesto, lo digo así, a sacar a la luz nuevamente todas mis denuncias y que se investiguen todos esos hechos. No hay menos de diez casos en los que he detectado irregularidades en las denominadas obras emblemáticas.
Repito, lo que ha pasado hace unos días en la municipalidad de Chiclayo debe significar un punto de quiebre para todas las entidades de la región.
¿Preocupan los adicionales y las adendas a los contratos de las obras del gobierno regional?
Los adicionales es solo una parte del problema. Sobre estos ha habido reintegros. En el Colegio Militar Elías Aguirre se otorgaron más de cinco millones de soles en adicionales, pero además dos millones 700 mil soles de reintegro por los cuatro adicionales que se dieron. Es decir, más dinero de lo presupuestado.
Eso es algo inaudito que merece una investigación para que los funcionarios respondan.
Otros casos son los de constructoras como ICM, por ejemplo, a la que la región le otorgó obras pese a la oposición de integrantes del Comité de Selección.
Uno de los integrantes del Comité de Selección para la obra del complejo policial se opuso porque detectó algo irregular, que era la inclusión de dos propuestas presentadas por empresas que no tenían capacidad de contratación con el Estado, lo que permitió obtener un cálculo promedio que benefició a ICM.
Ese caso se ha publicado en Expresión y es evidente que habría existido cierto favorecimiento hacia la empresa, lo que debería investigarse. OCI ya intervino, pero veremos qué es lo que pasa, porque también se ha encontrado documentación presuntamente falsa.
Que es algo que se presenta continuamente en las obras públicas…
Es un hecho reiterativo y la ley es muy clara: debe hacerse un control posterior a los procesos de selección que realizan las entidades públicas. Además, la norma es bastante firme al señalar que aun cuando el contratista haya suscrito el contrato, al haber trasgredido el principio de Veracidad al presentar documentación falsa, el titular de la entidad puede anular el contrato. No importa que esté iniciada la obra. Eso sucedió en la obra de saneamiento de San José, cuando se encontró las fianzas falsas.
Contraloría, ¿está realizando un buen trabajo?
La Contraloría, bajo mi punto de vista, no está siendo diligente. Le pido a esta entidad que actúe de manera efectiva frente a las irregularidades que se denuncian.
Una muestra palpable de su comportamiento es la siguiente: en la época del señor Roberto Torres Gonzales como alcalde de Chiclayo la Contraloría no hizo nada. Ahora encontramos lo mismo en la administración del señor David Cornejo.
¿Muy contrario a lo que pasó cuando Nelson Guevara Altamirano estuvo al frente de la Contraloría en Lambayeque? Detectó siete procesos irregulares al inicio de la gestión de David Cornejo y solicitó el congelamiento de las cuentas de la municipalidad. El alcalde pidió el apoyo de los congresistas Javier Velásquez y Héctor Becerril, quienes lo ayudaron y pidieron incluso el cambio del funcionario…
Y lo lograron, porque salió el señor Guevara. Era una persona que iba a las obras, llegaba ante las denuncias y mostraba interés en investigar. Le presenté varias denuncias y fue muy diligente, pese a que él tenía a cargo una importante jurisdicción como era Lambayeque y Cajamarca.
La sociedad civil también debe involucrarse en la fiscalización y la lucha contra la corrupción, lacra que no solo nos hace un enorme daño físico, sino también moral. Somos vistos como un país de quinta categoría.
La corrupción agudiza la pobreza, el atraso y pérdida de confianza en las instituciones públicas.
Finalmente, ¿cuál es su reflexión sobre lo sucedido con las obras de saneamiento de Olmos?
En las obras de saneamiento por 120 millones de soles lo primero que se encontró fue cartas fianzas que ingresaron después de la firma de los contratos. Se incluyeron con fecha posterior.
Existen investigaciones a nivel fiscal que hasta ahora no arrojan ningún resultado, ya concluyó la gestión del vacado alcalde Juan Mío Sánchez y en enero regresa el señor Willy Serrato Puse, el que licitó esos proyectos.
¿Cree que con todas las investigaciones que pesan sobre Willy Serrato este podrá realizar una gestión óptima en el municipio de Olmos?
Lo primero que debería hacer es ordenar su situación, tiene serios problemas y denuncias. Si él persiste en la posición que ha tenido siempre, definitivamente no le auguro una buena gestión. Si los valores y los principios los tiramos en el suelo, vamos a tener más de lo mismo y como ejemplos tenemos a Roberto Torres y a David Cornejo.
La Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado – FECOR Lambayeque continúa desenmarañando los alcaldes de la corrupción que en los últimos cuatro años se extendió en la Municipalidad Provincial de Chiclayo, bajo el liderazgo del recluido alcalde David Cornejo Chinguel. A eso se suma la decisión del Primer Juzgado de Trabajo que dispuso la detención por 24 horas contra el gobernador Humberto Acuña Peralta.
CASO ACUÑA PERALTA
La orden de detención contra el gobernador regional de Lambayeque fue emitida por el juez del Primer Juzgado de Trabajo de Chiclayo, José Alfaro Sotomayor, en el Expediente Judicial N° 02701-2011-0-1726-JR-LA-01, por incumplimiento de disposiciones y normas laborales en perjuicio de Manfredo Coronado Castillo.
La medida fue notificada el 7 de diciembre pasado al Comandante de la Comisaría del Norte con el Oficio N° 02701-2011-0-1°JPLCH-JOR/JDY. La decisión del juez está contenida en la Resolución N° 39.
El caso se origina luego del despido de Manfredo Coronado como trabajador del Gobierno Regional de Lambayeque, quien interpuso una demanda judicial logrando que se ampare su pedido de reincorporación, decisión que no fue ejecutada por el Gobierno Regional de Lambayeque.
“Ante la reiterada negativa de la demandada a dar cumplimiento al mandato judicial ordeno la detención del titular del pliego, Humberto Acuña Peralta”, señaló el juez en la Resolución 39.
La controversia se genera debido a que la Procuraduría Pública del Gobierno Regional de Lambayeque acreditó que Coronado Castillo fue reincorporado como trabajador, recibiendo sus remuneraciones. Sin embargo, el juez se ratificó.
“Ante el reiterado desacato judicial, este juzgado se encuentra autorizado de hacer uso de las facultades coercitivas (...) la decisión adoptada, es producto de una evaluación del mayor beneficio que obtendría la parte trabajadora de ver concretizado su derecho (...)”, reza la resolución judicial.
NUEVAS DETENCIONES
Por otro lado, el jueves 13 d.c., al vencerse la detención preliminar contra el suspendido alcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, regidores y funcionarios, la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada – FECOR, presentó el requerimiento de prisión preventiva por 36 meses contra los imputados, pedido que se revisará en audiencia hoy viernes a las 11 de la mañana en el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, que despacha la jueza Cecilia Grandez Rojas.
La misma magistrada ordenó la detención de otros 13 integrantes de la presunta red criminal denominada “Los corchines de la corrupción” o “Temerarios del crimen”.
Estos son: Nilton Monje Sampén, ex jefe del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo; Samuel Carrasco Calderón, ex gerente de Desarrollo Urbano; los regidores Luis Carlos Cabrejos Ucañay y Boris Bartra Grosso, ambos ex candidato en el reciente proceso electoral a regidor y consejero regional, respectivamente, por Fuerza Popular, y el electo alcalde de Olmos por el partido Podemos Por el Progreso del Perú, Willy Serrato Puse, quien se encargó de articular las candidaturas que dicha agrupación presentó en las votaciones de octubre.
En la lista aparecen también el trabajador Julio César Vives Garnique, la empresaria Mirtha Gonzales Yep; el exdiputado aprista Miguel Ángel Nureña Sanguinetti, el exsacerdote y excandidato a la alcaldía de Chiclayo por Peruanos Por el Kambio, Michael Llontop Ruiz, los hermanos Wilfredo y Antonio Becerril Rodríguez, este último recientemente candidato a gobernador por Fuerza Popular, Susana Culqui Pacaya, ex pareja sentimental de Willy Serrato Puse y ex subgerente de Coordinación de Alcaldía, y Orlando Yvan Niño Vásquez, ex jefe de la Unidad de Abastecimiento de la comuna de Ferreñafe.
RECONOCE DELITOS
La FECOR Lambayeque señala que ejecutada la medida limitativa de detención preliminar contra David Cornejo y sus funcionarios, el pasado 28 de noviembre, dando cumplimiento a la Resolución Judicial N° 2, emitida por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, fue posible la captura de 14 integrantes de la organización criminal “Los temerarios del crimen” o “Los corchines de la corrupción”.
“En el proceso de investigación preliminar se ha logrado obtener la declaración del cabecilla de la organización criminal David Cornejo Chinguel, el cual reconoce los delitos que se le imputan, manifestando detalladamente cada uno de los hechos ilícitos y funcionarios públicos que lo ayudaron, así como el nombre de personas particulares en su condición de cómplices, de donde ha podido establecer otros hechos e implicancias de otros miembros o colaboradores de la organización criminal”.
Hasta el momento se ha identificado a 32 integrantes de la presunta organización liderada por Cornejo Chinguel, secundado por su hermano Noé Cornejo Chinguel, seguido de Isaías Merino Chavesta, Edgar Vásquez Díaz, Martín Guevara Rosado, Emiliana Garnique Gonzales, Mario López Correa, Homero Vigo Quintana, Juan Carlos Pérez Bautista, Jhon Vega Sánchez, Waldramina Aguilar Cueva, César Guzmán Castillo, Washington Aliaga Marín, Manuel Odar Farro, Daniel Coronado Tarrillo, Marco Medina Villena, Eberth Gil Otiniano, Alfredo Montenegro Bermeo y Miguel Quiroz Míñope.
