Apropósito de los escándalos de corrupción que comprometen a expresidentes y altos exfuncionarios del país, nos permitimos abordar alcances del libro “Historia de la corrupción en el Perú”, obra de Alfonso W. Quiroz Norris, publicada por el Instituto de Estudios Peruanos – IEP, en el 2013, y que en sus casi 600 páginas recoge un completo estudio sobre este flagelo que no es nuevo, y que con el trascurrir del tiempo ha mutado de diversas formas siempre al lado de los poderosos y gobernantes.

El libro de Quiroz Norris tiene siete capítulos, que van desde el “Fracaso de las reformas coloniales”, entre 1750 y 1820, hasta las “Conspiraciones corruptas”, apartado en el que el autor, fallecido hace cuatro años, analizó los sucesos entre 1990 y el 2000.

“El libro de Alfonso sugiere un patrón de corrupción que llegó a un cenit con los abusos del poder y la violación de los derechos humanos durante el régimen de Fujimori y Montesinos. Uno de los argumentos más fuertes de este libro es que podría explicarse alrededor de la mitad de la falta de crecimiento del Perú debido a la corrupción. Para demostrarlo, Alfonso elaboró complejas estadísticas y comparó los índices económicos del Perú con los de otros países en desarrollo. Su objetivo no solo era explicar cómo funcionaban los mecanismos de la corrupción, sino medir cuánto daño le había hecho esta al Perú. Quería reinterpretar la historia del Perú partiendo de uno de sus principales problemas, demostrar no solo cómo se habían desperdiciado fondos públicos y privados, ahuyentado a las inversiones y demorado el desarrollo. Quería además hacerlo dándole gran importancia a la juiciosa exégesis, a la narrativa y fluidez del texto. De esta manera contribuía a la historia económica institucional correlacionando los ingredientes cuantitativos y cualitativos; presentaba, así, una metodología y conclusiones que inspiran a estudiosos de otros países sobre un tema vital para el desarrollo”, señala Marcos Cueto, autor del prólogo del libro.

Cueto anota que la investigación realizada por Quiroz Norris, además de enseñar a los historiadores a estudiar algo complicado, contribuye a mostrar “el error de la actitud displicente y de resignación de muchos académicos que consideran que la corrupción de las autoridades es un hecho inevitable del crecimiento y de la vida cotidiana de los países pobres, así como a cuestionar la equívoca percepción popular que si acaso un político ‘hace obras’ sus robos estarían perdonados”.

La obra inicialmente fue publicada en inglés, en el 2009, hasta que gracias al IEP y el Instituto de Defensa Legal – IDL, fue posible su reedición en español.

“Alfonso Quiroz trabajó en el tema de la corrupción cuando se estaba convirtiendo en una preocupación internacional. Por ejemplo, el Banco Mundial (BM) y otras agencias bilaterales y multilaterales de cooperación técnica y financiera advirtieron —desde mediados de la década del noventa del siglo pasado— que sus programas antipobreza y a favor del desarrollo económico habían sido muchas veces inútiles porque fueron malgastados por administraciones ineficaces e ineficientes en la gestión y porque buena parte de los recursos se evaporaban en un ambiente estatal poco transparente, como el que existía en muchos países en desarrollo donde proliferaba la corrupción”, reseña Cueto.

EL ORIGEN DEL LIBRO

Alfonso Quiroz relató que tras contemplar un estudio inicial sobre el notorio mal uso de fondos públicos en la temprana era del guano, sus posteriores investigaciones continuaron detectando múltiples escándalos de corrupción de honda huella en la memoria colectiva peruana.

“Noté entonces que, en el Perú, la corrupción no era algo esporádico, sino, más bien, un elemento sistémico enraizado en estructuras centrales de la sociedad. Sin embargo, una limitación crucial estorbaba el examen exhaustivo de cómo el abuso de la corrupción influyó en la evolución histórica de un país subdesarrollado. Me parecía que faltaba un marco analítico adecuado para evaluar un difundido fenómeno que la mayoría de estudiosos consideraba anecdótico, intratable por lo espinoso y hasta de cierta utilidad práctica”, escribió el autor.

Explicó que en la década de 1990, los destapes de escándalos en el ámbito global contribuyeron a la noción de que, para los gobiernos latinoamericanos, la corruptela sin freno constituía un problema crítico. “En el Perú la corrupción descontrolada había alcanzado un nivel alarmante bajo la sombra de un poder presidencial abusivo y la extensa erosión de las instituciones democráticas. En estas circunstancias, la investigación específica de este libro se inició justo antes de la ignominiosa caída del régimen de Fujimori-Montesinos en noviembre de 2000, un episodio revelador que generó abundantes fuentes históricas que exponían las dimensiones sistemáticas de planes y redes de múltiples estratos de corrupción”.

LA CORRUPCIÓN Y SUS COSTOS

Quiroz Norris detalla que el trato dado a la corrupción en la historia merece una cuidadosa consideración en lo que corresponde al tema de la continuidad y el cambio. Afirma que la corrupción no es inmutable y no tiene los mismos efectos en cada contexto temporal o espacial, pues su continuidad histórica está fundada sobre defectos institucionales y reformas fracasadas que facilitan un legado de corrupción sistémica.

“Los costos de la corrupción pueden ser directos, indirectos e institucionales, dependiendo de los modos predominantes de corrupción, que se adaptan y evolucionan a lo largo del tiempo. Ciertos modos de corrupción probados en el tiempo tienden a perdurar, puesto que sus redes heredan prácticas generales y específicas, así como la habilidad práctica, de camarillas previas, especialmente en un contexto de sociedades civiles débiles. En el caso peruano y en muchas otras partes de Hispanoamérica, un modo predominante de corrupción ha estado ligado al poder ejecutivo: las ganancias y el botín ilegales del patronazgo realizado por virreyes, caudillos, presidentes y dictadores. Un segundo modo, duradero aunque fluctuante, lo constituyen las corruptelas de los militares, que frecuentemente están ligadas a los contratos de adquisición de armas y equipos”, explicó.

El manejo irregular de la deuda pública externa e interna en beneficio de unos cuantos, en particular después de la independencia, fue – señala Quiroz en su obra – “una tercera y omnipresente forma de la corrupción”.

“Los sobornos en la aprobación e implementación de contratos, adquisiciones y obras públicas, así como en el suministro de servicios públicos, dañaron sistemáticamente a la ciudadanía en general. Los contratistas y empresarios que dan sobornos, ansiosos de tener así cuantiosas ganancias monopólicas, simplemente trasladaban el mayor costo en que así se incurría a los costos generales de los proyectos públicos en cuestión. Los ministros, congresistas y jueces que reciben sobornos permiten y fomentan, así, el incremento en los costos de transacción generales y minan la eficiencia y el prestigio de las instituciones reguladoras y correctivas claves”, señala en el libro.

Sobre los costos indirectos, Quiroz Norris precisa que estos incluyen a los que se derivan del contrabando, un mecanismo que redujo los ingresos tributarios e incrementó la deshonestidad de los empleados públicos desde la época colonial. Más recientemente —desde la década de 1940 pero sobre todo, de modo dramático, desde el decenio de 1980—, el tráfico de drogas viene generando costos indirectos similares que tocan —mediante sobornos y otras actividades ilegales— fundamentalmente a las instituciones judiciales y del orden público, así como a diversas figuras políticas. “Junto con una menor estabilidad y eficiencia institucionales, así como crecientes costos de transacción debidos a la corrupción, otro importante costo indirecto que también debemos tener en cuenta es la pérdida asociada de inversiones sobre todo extranjeras pero también nacionales”, anotó, refiriendo que todos los factores anteriores contribuyen a la formación de lo que denominó “ciclos de corrupción”.

EL SALDO

Según el autor, la historia del Perú ha sido en parte la historia de sucesivos ciclos de corrupción, seguidos por períodos sumamente breves de reforma anticorrupción, interrumpidos por intereses creados contrarios a la reforma.

Los cálculos estimados mostrados por Quiroz Norris en el apéndice del estudio, en el largo plazo (1820 a 2000), estas sucesivas olas de corrupción podrían haber implicado la pérdida directa e indirecta, el desvío o la mala asignación de fondos equivalente a un promedio de entre 30 y 40 por ciento de los gastos gubernamentales, y de entre 3 y 4 por ciento del Producto Bruto Interno – PBI.

“Estas inmensas pérdidas debidas a la corrupción representarían entre el 40 y 50 por ciento de las posibilidades de desarrollo del país en el largo plazo (considerando que para que este tenga lugar, debe alcanzarse un crecimiento sostenido de entre 5 y 8 por ciento del PBI). Los costos institucionales no cuantificables de la corrupción también fueron enormes. No ha habido ningún periodo o ciclo histórico de poca o baja corrupción: todos los ciclos examinados estuvieron caracterizados por indicadores de corrupción moderadamente altos y hasta muy altos”, explica.

Detalla que los periodos en los cuales la corrupción alcanzó niveles altos o sumamente altos coincidieron con los regímenes más autoritarios: el virreinato tardío (1800-1820), los primeros caudillos (1822-1839), la década de la consolidación de la deuda (el decenio de 1850), la tardía era del guano (1869-1872), el militarismo de la posguerra (1885-1895), el Oncenio de Leguía (la década de 1920), el Docenio militar (1968-1980) y el fujimorato (la década de 1990).

“Estos grandes ciclos representaron tanto la continuidad de la corrupción sistemática, bajo estructuras patrimoniales lideradas por el ejecutivo, como cambios en las formas de corrupción en diversos contextos económicos y tecnológicos. Otros cambios ocasionales, a menudo de corta duración, se derivaron de la cambiante actitud del público para con el peso insoportable que la corrupción tenía sobre la vida de las personas. Las variaciones en la intensidad de la corrupción dependieron, por ende, de dos factores principales: por un lado, las adaptaciones oportunistas de intereses corruptos y sus redes a las transformaciones económicas, tecnológicas e institucionales; y, por el otro, la distinta fortaleza de los esfuerzos por imponerle barreras institucionales a la corrupción desenfrenada. En última instancia, la corrupción persistirá a menos que se la contenga sistemáticamente a lo largo del tiempo. En el largo plazo, lo que marca una gran diferencia para lograr el cambio que genera desarrollo es la comprensión colectiva de cómo y por qué es que la corrupción importa, y por qué es necesario no cesar en el afán de ponerle límites”, afirma.

El autor indica que la persistencia histórica de la corrupción sistémica ha estado íntimamente ligada a una tradición institucional y política, centrada en un poder ejecutivo patrimonial, que minaba los pesos y contrapesos necesarios. Desde el patronazgo de virreyes y caudillos a las dictaduras autoritarias militares y cívicomilitares, el presidencialismo sin controles mediante el gobierno por decreto, la democracia dirigida y los pactos electorales oportunistas, el Perú ha vivido un continuo de incentivos institucionales e informales a las ganancias corruptas.

“Para alcanzar un desarrollo global, el Perú y otras sociedades en vías de desarrollo deben contener y minimizar radicalmente las cargas económicas e institucionales causadas por la corrupción sistémica, a través de medios colectivos de origen local. Los efectos dañinos de una corrupción descontrolada jamás deben ser subestimados”, concluye Alfonso Quiroz. 

Es abogado del director del Colegio Manuel Pardo, sacerdote Ricardo Cruz Huamán, quien enfrenta una serie de juicios laborales.

A dos semanas de haber asumido la gerencia general del Centro de Gestión Tributaria – CGT de Chiclayo, Nicolás Mondoñedo Chávez, la mañana del 8 de febrero, abandonó su oficina para acudir al primer Juzgado de Paz Letrado Civil y pretender ejercer la defensa de su patrocinado Armando Raúl León Salazar, en el expediente judicial N° 00173-2016-0-1706-JP-CL-01, que se sigue contra Blanca Luz Lourdes Chimoy Calero y otros, por la demanda de indemnización por daños y perjuicios.

Los hechos, que llamaron poderosamente la atención de los trabajadores del entorno administrativo de Nicolás Mondoñedo Chávez en el Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo, fueron advertidos a la prensa, ya que de acuerdo al Manual de Organización y Funciones – MOF, del ente recaudador, el desempeño de un cargo o función resulta incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad, públicos o privados, que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su neutralidad, imparcialidad o independencia.

LA AUDIENCIA

De acuerdo al acta de audiencia de pruebas levantada por el juez Juan Francisco García Mayorga, la diligencia judicial se desarrolló a las 11:30 de la mañana del día 8 de febrero. En la cita estuvo presente el demandante Armando Paúl León Salazar, quien no llegó acompañado de su abogado, que no era otro que Nicolás Mondoñedo Chávez. Según el demandante, el letrado “estaba llegando porque tenía otra audiencia”. Efectivamente, minutos después este se hizo presente.

Sin embargo, el juez Juan Francisco García Mayorga comunicó a las partes que en el acta se dejaba constancia de la concurrencia Mondoñedo Chávez como abogado de la parte demandante, identificado con carné del Colegio de Abogados N° 26156, quien estuvo presente en la audiencia mas no pudo participar por haber acudido después de iniciarse la diligencia.

Asimismo, estuvo presente la docente del Colegio Manuel Pardo, Miriam Muro Irigoyen, quien es parte del proceso como demandada. A su salida no pudo callar y preguntar si el abogado Nicolás Mondoñedo Chávez, quien ahora es gerente general del CGT, puede ejercer la defensa libre, cuando tiene una responsabilidad de carácter exclusiva con el ente recaudador.

“Tengo entendido que la Ley del Servicio Público prohíbe a los funcionarios públicos ejercer dos funciones a la vez, salvó que ejerza labores de asesor externo o docencia, pues existe incompatibilidad con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad, público o privados, que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su neutralidad, imparcialidad o independencia”, señaló la docente.

MÁS JUICIOS

Miriam Muro sostuvo que en su vida como docente, especialmente en el Colegio Manuel Pardo, nunca ha tenido problemas con nadie y mucho menos de índole personal, pero es a partir del año 2011  en que su vida dio un giro de 180 grados, con la llegada del sacerdote vicentino Ricardo Cruz Huamán como director del plantel, quien inició una serie de actos hostiles contra el personal docente y administrativo.

Lo más preocupante del problema era que el sacerdote realizaba toda acción hostil contra el personal laboral del plantel presuntamente con el aval y la asesoría de su abogado asesor Nicolás Mondoñedo Chávez, lo que llevó a que se generé más de un despido arbitrario que conllevó a procesos de acción de defensa de los intereses de los trabajadores.

CASO EMBLEMÁTICO

Uno de los casos más resaltantes y que puso al descubierto el perfil del sacerdote Ricardo Cruz Huamán, así como al abogado que lo asesoraba, sucedió el 15 de agosto del año 2012, cuando el director, junto con las profesoras Silvia Paz Reaño, Lourdes Cotrina del Campo, Raquel Ramos Vargas y Rosa Sandoval Coronado, fueron demandadas por el padre de familia José Horna Segura, por el acoso que sufría su hijo en la institución educativa, recibiendo constantes llamadas de atención, partes disciplinarios e informes reiterativos de tutoría, llegando al maltrato verbal y en ocasiones obligándolo a recibir clases fuera del aula.

Lo grave de la demanda fue que el menor recibía calificativos como “burro” y “bruto”, los que eran “lanzados” por las docentes al estudiante, que en aquel entonces cursaba el cuarto grado de primaria y demostraba con los resultados de sus evaluaciones ser un alumno promedio, llegando a obtener notas sobresalientes.

“Una llamada telefónica grabada a una de las docentes en su debido momento reveló que los partes disciplinarios impuestos al menor eran dispuestos desde el nivel jerárquico superior del colegio con el propósito de separarlo”, comenta Miriam Muro, refiriendo que todo está sustentado en el expediente judicial.

Las pericias psicológicas practicadas al estudiante como parte del proceso judicial dieron como resultado el Protocolo N° 006586-2012-PSC, donde se señala que el menor presentaba “problemas emocionales ante el inadecuado ambiente escolar, manifestando fastidio y disconformidad. Con marcado deterioro del vínculo amical y afectivo con sus maestros, asociado a comentarios negativos, desarrollando un comportamiento crítico, evitativo, de rechazo y desaprobación hacia sus maestros y ambiente escolar, carga tensional que perjudica su desarrollo socioafectivo”.

Con la prueba en la mano, el juez Silverio Rivera corroboró la afectación al derecho de integridad personal en su forma de agresión psicológica, contra el bienestar y el desarrollo socio afectivo del estudiante.

De igual manera, la sentencia emitida señaló que los profesores demandados solo se limitaron a corregir de manera inadecuada la conducta del menor, “sin tener en cuenta que ellos como educadores deben tener la capacidad no solo de explicar su materia, sino de captar las capacidades y dificultades de sus alumnos en el proceso de aprendizaje de una manera individualizada”. Los maestros debieron evitar las llamadas de atención en público, esto es delante de sus compañeros de clase, como sacarlo del aula, avergonzándolo o poniéndolo en un aprieto delante de la clase.

Una de las razones – señala el documento de sentencia – para hostigar al escolar, era que su madre, quien era docente en el Colegio Manuel Pardo, ingresó al Sindicato de Trabajadores del Colegio Manuel Pardo, lo que habría influenciado en el sacerdote Ricardo Cruz Huamán para enfilar en un trato inadecuado contra el menor.

El juez Silverio Rivera, halló responsables al director y a las cuatro profesoras del colegio e impuso una multa equivalente a dos Unidades de Referencia Procesal – URP, pero además dispuso que los demandados desagravien y pidan disculpas al niño por la violencia psicológica ejercida, exhortándolos “para que en los sucesivo cumplan con sus deberes como educadores respetando todos los derechos de sus alumnos, incluido el de integridad personal”.

Este caso, en la etapa de apelación por parte de la defensa del director, generó incluso que la jueza Carmen Dávila Lombardi sea separada del cargo, al haber pretendido ayudar a Mondoñedo Chávez para que su recurso, presentado a destiempo, sea aceptado en el despacho del juez Silverio Rivera.

OTRO PROCESO

Con la docente Miriam Muro no solamente existe un solo proceso, sino que son 11 los juicios que el director del colegio Manuel Pardo mantiene con la educadora. De la totalidad de procesos, uno de ellos es de índole penal, debido a que el sacerdote habría violado el secreto a las comunicaciones. El resto de juicios son de tipo laboral, en los que actúa como abogado defensor Nicolás Mondoñedo Chávez. 

Muro Irigoyen refiere que a través de su correo electrónico personal: thally2002@hotmail.com remitió un email al correo de: vtorres@cmpardo.edu.pe, perteneciente a su amigo y colega Vicente Torres Saldaña.

En este correo electrónico se tenía como sumilla “Urgente amigo, ahí te envío lo que me ha dicho Lucho Ascencio”, adjuntando a la vez un archivo con el nombre “saben ustedes que les enseña el director R. Cruz”.

Lo que generó la denuncia contra el director del colegio fue que este, sin autorización alguna, habría leído la correspondencia privada de ambos profesores.

La investigación se encuentra en manos del fiscal Javier Quiroz Grosso, coordinador de la Tercera Fiscalía Penal Provincial Corporativa de Chiclayo, quien ha solicitado un año de pena privativa a la libertad contra el director del Colegio Manuel Pardo, por presuntamente haber cometido el delito de “Violencia de Correspondencia” en agravio de la profesora Mirian Muro Irigoyen.

Habrían cobrado derecho de puestos a comerciantes, pero dinero no habría depositado en arcas de ente recaudados. Entre los investigados se encuentran dos actuales jefes 

Al haber sido declarado caso complejo y tener la necesidad de desarrollar una pericia contable, la titular de la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque, Magaly Quiroz Caballero, dispuso la formalización y continuación de la investigación por ocho meses más contra cinco ex funcionarias y dos actuales jefes del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo –CGT.

La investigación se desarrolla por el presunto delito de  peculado y omisión de funciones, al haberse presuntamente apoderado -los funcionarios y ex funcionarios investigados-  de varios miles de soles, de la recaudación de varios días en los centros de abastos de la Capital de la Amistad.

La investigación –señala la representante del Ministerio Público- requiere de una pericia contable en la cual se determine el monto presuntamente apropiado por parte de los investigados y para lo cual el peritaje deberá analizar y precisar los montos que presuntamente se habría apropiado cada uno de los investigados.

LOS INVESTIGADOS

Entre los investigados por peculado doloso se encuentran Jennifer Leonor Briceño Cortez, Marcela del Carmen Zapata Meoño, Malena Lissete Álvarez Farfán, Nohelia Transita Chiscul Villasis y Sergio Pedro Vásquez Rodríguez.

De igual manera, la Fiscal Provincial Penal Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Magaly Quiroz Caballero, dispuso que se siga investigando al actual jefe de la División de Recaudación y Control de Deuda del ex SATCH, Ángel Leonidas López Castro, así también contra el jefe de la Sección de la Recaudación no Tributaria del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo –CGT, Juan Arturo Boyer Ramos, sobre quienes se habría encontrado presunta responsabilidad en la comisión del delito contra la administración pública, en la figura jurídica de omisión de actos funcionales en agravio del Estado, y el ex Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo – ex SATCH,   ahora llamado Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo - CGT.

De igual manera, mediante oficio N° 3129-2014-MP-2° FPPC-Ch/4° DI, el fiscal Carlos Gustavo Cáceres Alejos, Fiscal Provincial del 4° Despacho de Investigación de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa  de Chiclayo, remite en XI tomos copia certificadas de la Carpeta de Control N° 078-2015-CG/CRN-EE-CC, resultante del Examen Especial al Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo, con la finalidad que la Fiscalía que ahora investiga el caso preparatoriamente, proceda conforme a sus atribuciones.     

LOS HECHOS IMPUTADOS  

Tal como se detalla en la Disposición Fiscal N° Cuatro de la Carpeta Fiscal N° 2406075500-2015-354-0, del pasado 18 de enero del 2017, la que ha sido notificada a las partes involucradas en su centro de labores y domicilios, la investigación se inicia luego que la Contraloría General de la República  realizara un Examen Especial al Centro de Gestión Tributaria – Ex SATCH.

Se resalta que el 3 de setiembre del año 2015, la Contraloría elaboró la carpeta de control N° 078-2015-CG/CRN-EE-CC, advirtiendo dos hechos. El primero está relacionado con el dinero recaudado por los pagos únicos realizados por los administrados para obtener el derecho a conducir un puesto de ventas en algún mercado de Chiclayo y los importes pagados por conceptos administrativos derivados de los cobros a los comerciantes.

El segundo hecho – relata la Fiscalía en su Carpeta Fiscal-  se refiere que luego de otorgado a los administrados, tenían que realizar pagos semanales por concepto de merced conductiva, importe que se desprendía de las cobranzas que se hacían en los mercados 9 de octubre, Gamarra, Buenos Aires, Central, Diego Ferré, José Balta, La Primavera, Modelo y Santa Rosa.

Se detalla también que una vez que el comerciante desarrollaba el procedimiento de solicitud para obtener el derecho a un puesto en el mercado, y recibir la resolución municipal que le otorga la conducción del puesto, la que era emitida por la Gerencia del Ambiente y Desarrollo Económico de la Municipalidad de Chiclayo, se le hacía conocer los pagos que debería hacer por concepto de gastos administrativos y pueda tener derecho sobre el puesto comercial.

La Contraloría advirtió que luego de otorgar a los administrados el derecho de conducción de puesto de mercado, éstos pagaban su derecho administrativo, y tenían que realizar pagos semanales por concepto de merced conductiva. El cobro se inicia con la asignación a los recaudadores de los recibos de ingresos manuales de la serie OIV-013 para la cobranza de la Merced Conductiva, la misma que también se realiza en el segundo piso del mercado Modelo, en el área de Otros Ingresos, jefatura que desde el año 2016 vuelve a estar en manos de Juan Arturo Boyer Ramos, quien está sometido a investigación por el Ministerio Público en el presente caso.

Durante la primera etapa de la investigación, la Contraloría descubre que desde el 04 de enero del año 2010 al 4 de noviembre del año 2014, existen vacíos en los registros de pago o descarga del concepto por merced conductiva realizado por los comerciantes de los 10 mercados que existen en la Capital de la Amistad.

La Disposición Fiscal N° Cuatro de la Carpeta Fiscal N° 2406075500-2015-354-0, señala que durante la etapa de investigación preliminar, personal de la Contraloría recabó recibos de cobranza por concepto de merced conductiva, los  que al verificar descubrieron que los importes pagados no estaban cargados o registrados en el Sistema de Tributación Municipal –STM.

La Contraloría – en la investigación- notificó a un total de 1,946 comerciantes para determinar si habían cumplido con el pago de su merced conductiva, descubriendo que entre los montos cobrados y registrados en el sistema, existen algunas diferencias.

JUGADA CON EL SISTEMA

En el periodo de investigación –señala la Fiscalía en su resolución- se ha llegado a determinar que respecto a la cobranza por merced conductiva, no se registra en su totalidad en el Sistema de Tributación Municipal, y los dineros tampoco fueron depositados en las cuentas bancarias del ex SATCH, ocasionando un perjuicio económico por 34 mil 210. 80 soles al Estado.

Se ha detectado –se señala- la existencia de merced conductiva que fue dada de baja, la cual había sido registrada en el STM y esta ascendía a 17 mil 445.85 soles; es decir, ese monto presumiblemente habría sido devuelto a los comerciantes.

Conforme al informe N° 06.1-010-0000000118- 2015 del 19 de junio del 2015, el jefe de la Oficina de Informática, Denis Obando, alcanzó un CD con las altas y bajas por concepto de merced conductiva durante el periodo 2009 al 2014, en el cual se advierte que con los usuarios: jbriceño (Jennifer Leonor Briceño Cortez, jefa del área de otros ingresos, y los terminalistas de caja, Sergio Pedro Vásquez Rodríguez y Malena Lissete Álvarez Farfán, habrían efectuado bajas de deudas por los conceptos de merced conductiva correspondientes a semanas que sí habían sido cobradas, pero no fueron registrados en el STM y el dinero tampoco fue depositado en las cuentas bancarias del ex SATCH.

El Ministerio Público toma como referente a los comerciantes María Inés Céspedes Céspedes, conductora del puesto N° 53-A del mercado Modelo de Chiclayo, quien canceló una deuda de merced conductiva de 36 semanas con recibió N° 013-0178960 del 11 de diciembre del 2013, por el monto de 53.50 soles; sin embargo, al hacerse la revisión se advirtió que dicha deuda había sido dada de baja con el usuario de sistema Jbriceño.

La Contraloría ha advertido –reza el documento fiscal- que los investigados del área de Otros Ingresos realizaron la cobranza por merced conductiva a los conductores de puestos de los 10 mercados con que cuenta la Municipalidad de Chiclayo, utilizando 432 recibos de ingresos manuales de la serie OIV-013, los mismos que no fueron registrados ni tampoco sus montos en el Sistema de Tributación Municipal  y por ende no fueron depositados en las cuentas bancarias del SAT de Chiclayo.   

OTROS CASOS

También, la fiscalía ha evidenciado la existencia de un total de 100 recibos de ingresos por deuda de merced conductiva a favor de los conductores del mercado modelo por parte de los técnicos recaudadores del CGT Sergio Pedro Vásquez Rodríguez y en ocasiones a Nohelia Tránsita Chiscul Villasis y de Jennifer Leonor Briceño Cortes; sin embargo, los dineros cobrados no fueron ingresados al STM ni depositados en la cuenta del ex SATCH, debido a que las deudas habían sido dadas de baja.

Asimismo, se advierte que la comerciante Alicia Elizabeth Ríos Sernaqué, conductora del puesto N° 106, sección golosinas, del mercado Modelo, mediante recibo N° 013-197546 del 28 de febrero del 2014, canceló 235.20 soles por concepto de merced conductiva, pero se descubrió que el recibo no había sido registrado, lo cual indica que el dinero no fue ingresado al STM y tampoco depositado en el banco.

Además, está el caso de Doris Amelia Castro Añasco, conductora del puesto N° 16 del mercado Modelo, quien canceló 182 soles el 1 de marzo del 2014, pero tanto en el STM como en las cuentas del ente recaudador, no fueron depositados, y más bien a la deuda se le había dado de baja. Para esa acción, se hizo uso del usuario “jbriceño”.

De igual manera, se habría llegado a establecer que en esta ocasión se habrían cobrado 221 recibos de ingresos de mercado de abastos por 39 mil 18.50 soles, los mismos que fueron registrados parcialmente en el Sistema de Tributación Municipal por el monto de 6 mil 902.95 soles. Es decir, la suma de 32 mil 115.55 soles no se habría registrado en el STM y tampoco se habría depositado en la cuenta del ex SATCH.

Asimismo, la contribuyente Paula Sánchez Ramírez, conductora del puesto N° 236 del mercado José Balta, canceló su deuda con recibo N° 013-109727 del 23 de julio del 2012 por un total de 190 soles, pero al momento de revisar el STM se habría determinado que solamente se habría registrado 98 soles. En este centro de abastos la Contraloría y la Fiscalía llegó a determinar que en ese mercado se cobraron un total de 490 recibos ascendentes a 22 mil 663.30 soles, pero en el STM solamente se registró un total de 8 mil 600.56 soles.

FUNCIONARIOS EN ACTIVIDAD 

La disposición N° Cuatro de la Carpeta Fiscal N° 2406075500-2015-354-0, del último 18 de enero y notificada en 25 del mes pasado, la Fiscal Magaly Quiroz también sindica a Ángel Leonidas López Castro, actual jefe de la División de Recaudación y Control de Deuda, como responsable del delito de Omisión de Funciones, debido a que durante el tercer periodo en que se desempeñó como jefe del departamento de cobranza del ex SATCH, desde el 20 de junio del año 2013 al 2 de diciembre del 2014, habría incumplido la función establecida en  el Reglamento de Organización y Funciones del ex SATCH, que señala que como función del jefe –literal “b” del artículo 41 del ROF- está la de “planificar las labores de control y cobranza de la deuda por conceptos no tributarios que sean responsabilidad del SATCH”, dentro de los cuales se encuentra el cobro de merced conductiva.

Ángel López Castro estuvo como Gerente de Operaciones y jefe del departamento de Cobranzas, del ex SATCH desde el 31 de octubre del 2012 al 30 de noviembre del 2012, y desde el 20 de junio del 2013 al 02 de diciembre del 2014.

De igual manera, la investigación fiscal también abraza a Juan Arturo Boyer Ramos, en su calidad de jefe del área de Otros Ingresos también se le imputa que habría cometido presunto delito de omisión de Actos Funcionales, pues en su condición del jefe del área no ha advertido los hechos en los que habría incurrido los investigados.

Lo raro y que llama la atención, es que el funcionario Juan Arturo Boyer, quien cumplió función de jefe de la unidad de otros ingresos del ex SATH desde el 17 de noviembre del año 2014 al 7 de enero del 2015, se encuentre en el mismo cargo y lugar a pesar que la Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque, ha tipificado la investigación como un caso complejo, y por el cual ahora es investigado.

DELITO TIPIFICADO

Que, de los hechos descritos en la investigación fiscal, se encuadra en el presunto delito contra la Administración Pública, en la figura de Peculado Doloso  por  la apropiación de caudales, así como por el presunto delito contra la Administración Pública en la figura penal de Omisión de actos funcionales.

La investigación preparatoria se encuadra en el denominado “Examen Especial al Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo, así como en la declaración de los miembros de la Comisión Auditora que elaboró y elevó a la Fiscalía Anticorrupción la carpeta de control N° 078-2015-CG/CRN-EE-CC, integrada por Sandra Verónica Farro Macmillán, Carlos Alberto Díaz Malaver y Renato David Castillo Galdos.

Por la magnitud y complejidad de la investigación la Fiscal Anticorrupción, Magaly Quiroz, sustenta que el presente caso debe tener 8 meses de plazo para ser investigado en la instancia preparatoria, ya que se requiere de una pericia contable en la cual se determine el monto apropiado por cada uno de los investigados, para lo cual deberá analizar y precisar en la pericia los números de Recinos por concepto de pago de merced conductiva que le hubieran sido asignado a los imputados Jennifer Leonor Briceño Corte, Sergio Pedro Vásquez Rodríguez, Nohelia Transita Chiscúl  Villasi, Malena Lissette Álvarez Farfán.     

CITADOS

Para el 7 de abril, a las 9:00 de la mañana ha sido citada Leonor Briceño Cortez, a la sede de la Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque, con el objetivo que haga su descargo respecto a los hechos que son materia de investigación. También han sido citado Sergio Pedro Vásquez Rodríguez, Nohelia Transita Chiscul Villasis.

Para el 10 de abril, a las 9:00 de la mañana, ha sido citada Malena  Lissette Álvarez Farfán. Juan Arturo Boyer Ramos  ha sido citado para el 17 de abril a horas 10:30 de la mañana.

También se ha notificado a la terminalista de caja, Adriana Fabiola Díaz Romero, quien acudirá en calidad de testigo según el informe N° 002- AFDR-DTYC, del 11 de diciembre del año 2014

MÁS NOTICIAS

La disposición de la Fiscal Magaly Quiroz ha sido puesta en conocimiento del Procurador Público Anticorrupción de Lambayeque, para que asuma la defensa de los intereses del Estado. También del Juez de Investigación Preparatoria de turno de Chiclayo.

• Entidades están obligadas a informar de sus procedimientos a la Contraloría General de la República en un plazo máximo de 10 días.
• Compras y contrataciones deben ser aprobadas por el consejo regional o los concejos municipales.

Tumbes, Piura y Lambayeque han sido declarados en Emergencia por el gobierno nacional. Con el Decreto Supremo N° 011-2017-PCM, el presidente de la República recogiendo el acuerdo del Consejo de Ministros, cumplió con disponer la medida de excepción que regirá sobre los tres departamentos en los próximos 60 días. ¿Qué significa esta declaración?

La medida fue adoptada de oficio por el Poder Ejecutivo, conforme señala el numeral 9.2 del Artículo 9 de la “Norma Complementaria sobre Declaratoria de Estado de Emergencia”, en el marco de la Ley N° 29664, Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres – SINAGERD.

Para la promulgación del decreto, el 2 de febrero pasado, el Ejecutivo recibió los reportes de los Centros de Operaciones de Emergencia de Tumbes, Piura y Lambayeque, complementados con el emitido por el nivel central del INDECI, en los que se dio cuenta de las consecuencias de las intensas lluvias registradas en los tres departamento, que originaron afectación directa a viviendas, servicios básicos e infraestructura pública y privada.

De acuerdo al informe del INDECI, las medidas implementadas por los niveles regionales resultan insuficientes para la atención de la emergencia, por lo cual se hace necesaria la intervención del gobierno nacional con el Estado de Emergencia, disponiéndose en tal sentido la articulación inmediata de los gobiernos regionales, locales y los ministerios de Transportes, Vivienda, Salud, Educación, Agricultura, Mujer, Energía, Defensa, Interior, Trabajo y Producción, así como de todas las entidades públicas y privadas involucradas en ejecutar las acciones de excepción inmediata, a fin de dar respuesta y rehabilitación a las zonas afectadas.

En ese sentido, la emergencia ha sido declarada por un plazo de 60 días.

El Artículo 3 del Decreto Supremo N° 011-2017-PCM, referido al financiamiento, señala que la implementación de las acciones previstas se financiarán con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, conforme a las normas vigentes.

¿Qué es la emergencia?

El Artículo 23 de la Ley de Contrataciones del Estado precisa que “se entiende como situación de emergencia aquella en la cual la entidad tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan peligro o que afecten la defensa y seguridad nacional. En este caso, la entidad queda exonerada de la tramitación del expediente administrativo y podrá ordenar la ejecución de lo estrictamente necesario para remediar el evento producido y satisfacer la necesidad sobrevenida, sin sujetarse a los requisitos formales de la Ley de Contrataciones”.

Bajo la emergencia, los ministerios, los gobiernos regionales y locales quedan al amparo del Artículo 128 del Capítulo XIII de Exoneración del Proceso de Selección del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1017, que aprobó la Ley de Contrataciones del Estado modificada en el 2009.

“En virtud de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro, o afecten la defensa y seguridad nacional, la entidad deberá contratar el forma inmediata lo estrictamente necesario para prevenir y atender los requerimientos generados como consecuencia directa del evento producido, así como para satisfacer las necesidades sobrevinientes. Posteriormente, deberá convoca los respectivos procesos de selección. Cuando no corresponda realizar un proceso de selección posterior, en el informe técnico legal respectivo debe fundamentar las razones que motivan la contratación definitiva”, señala el Artículo 128.

OBLIGACIONES

La norma señala claramente que toda entidad facultada por el estado de emergencia tiene la obligación de regularizar el procedimiento de compra o contratación dentro de los 10 días hábiles siguientes a la entrega del bien o la primera entrega en el caso de suministros, o del inicio de la prestación o del inicio de la ejecución de la obra, incluyendo el proceso en el Plan Anual de Contrataciones de la entidad, publicando la resolución o acuerdo correspondiente y los informes técnico y legal sustentatorios en el Sistema de Adquisiciones y Contrataciones del Estado – SEACE.

Se indica además que las entidades están obligadas a remitir dicha información a la Contraloría General de la República, así como a emitir los demás documentos contractuales que correspondan según el estado de ejecución de las prestaciones. Todo está sujeto a la exoneración a los procesos de selección, según señala el Artículo 20 de la Ley de Contrataciones del Estado.

PASOS A SEGUIR

En INDECI tiene información detallada de cómo es que deben aplicarse las prerrogativas de excepcionalidad que otorga la declaratoria de emergencia. Por ejemplo, las adquisiciones o contrataciones que se realicen en este marco deben ser, de manera obligatoria, aprobadas a través de acuerdos del consejo regional o del consejo municipal correspondiente.

En el caso de los sectores y los Organismos Públicos Descentralizados – OPD, también involucrados por la emergencia, sus gastos deberán ser aprobados por resoluciones ministeriales y resoluciones jefaturales.

EMERGENCIA SANITARIA

El martes 7 de febrero, se expidió el Decreto Supremo N° 004-2017-SA, con el que se declara la emergencia sanitaria por el plazo de 90 días calendario en los departamentos de Lambayeque, Piura y Tumbes.

El decreto, que lleva a la rúbrica del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, señala que el “la Ley N° 26842, Ley General de Salud, en sus artículos II y VI del Título Preliminar, establece que la protección de la salud es de interés público, es responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promover las condiciones que garanticen una adecuada cobertura de prestaciones de salud a la población, en términos socialmente aceptables de seguridad, oportunidad y calidad”. Asimismo, se señala que es irrenunciable la responsabilidad del Estado en la provisión de servicios de salud pública.

En consecuencia, se adoptó la medida se emergencia sanitaria considerando también el Comunicado Oficial N° 03-2017 del Comité Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño – ENFEN, que confirma la consolidación de las condiciones que favorecen el aumento de la frecuencia de lluvias de magnitud muy fuertes, especialmente en el norte del país.

“Se concluye que los departamentos de Tumbes, Piura y Lambayeque continuarán siendo afectados por lluvias intensas y posibles inundaciones, así como elevación de la temperatura ambiental por los fenómenos climáticos que se están presentando en nuestro país durante el verano del presente año, lo que genera un alto riesgo de daños a la salud de la población y a los establecimientos de salud, comprometiendo la continuidad operativa de los servicios para garantizar una atención de salud con calidad”, indica el decreto.

Además del posible incremento de enfermedades diarreicas, respiratorias, de la vista y la piel, así como contaminación de alimentos, el Ministerio de Salud advierte que por los efectos inmediatos de la temperatura ambiental, de la inundación de viviendas y comercio, y del colapso de los sistemas de agua potable y alcantarillado, se espera el incremento de las enfermedades e infecciones.

“La situación descrita en los considerandos precedentes configura los supuestos de emergencia sanitaria previstos en los literales a), f) y g) del artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 1156, concordante con los numerales 5.1, 5.6 y 5.7 del artículo 5 de su Reglamento, razón por la que resulta necesario implementar acciones inmediatas que permitan una capacidad de respuesta de los operadores del sistema de salud, en concordancia con el respectivo Plan de Acción”, precisa el decreto.

El Artículo 2 del mencionado decreto señala que las entidades intervinientes en el Plan de Acción son: el Ministerio de Salud, la Gerencia Regional de Salud de Lambayeque y las direcciones de salud de Piura y Tumbes.

FACULTADES

Tal como señala el Decreto Legislativo N° 1156, por la emergencia sanitaria, las entidades quedan habilitadas para efectuar la contratación del personal necesario para garantizar la continuidad de los servicios de salud y atender la emergencia surgida, mediante el proceso especial de Contratación Administrativa de Servicios – CAS, utilizando el procedimiento abreviado, así como a realizar la prestación de servicios complementarios.

Asimismo, se indica que los gastos que impliquen la aplicación de lo dispuesto para la atención de la emergencia serán financiados con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados.

La emergencia sanitaria también exonera de procesos de selección las compras o contrataciones que realicen las entidades de salud, conforme indica el Artículo 20 de la Ley de Contrataciones del Estado. 

Aun cuando el organismo técnico especializado (PEOT), emitió dos informes favorables a la transferencia de las acciones que tiene Odebrecht en las empresas Concesionaria Trasvase Olmos – CTO, y H2Olmos, encargadas de la operación y mantenimiento de los componentes de trasvase e irrigación del emblemático proyecto lambayecano, el Consejo Regional decidió, por unanimidad, rechazar el procedimiento, descartándose de este modo la posibilidad de que las transnacionales Brookfield y Suez asuman la conducción de las concesiones.

En sesión realizada el lunes 6 d.c. el colegiado regional decidió rechazar el pedido planteado en diciembre del 2016 por Odebrecht al Gobierno Regional de Lambayeque, que como concedente de las concesiones de trasvase, dada en el 2004, y de irrigación, suscrita en el 2010, debía emitir su opinión para que se concrete la negociación que desde hace un año había iniciado la constructora brasilera con las firmas Bookfield y Suez, para que estas asuman el manejo del Proyecto Olmos.

LOS INFORMES DEL PEOT

Conforme señalan los contratos suscritos por el Estado Peruano con CTO y H2Olmos, para que estas puedan cambiar su composición accionarial o integrar a nuevos socios estratégicos, debían tener opinión favorable del Gobierno Regional de Lambayeque, la misma que se sustentaría en el informe que emitiera, por cada una, el Proyecto Especial Olmos Tinajones – PEOT, encargado de revisar los aspectos legales, contractuales, técnicos, económicos y financieros que involucren el procedimiento.

Así, el 30 de diciembre pasado, el Consejo Directivo del PEOT arribó a sus acuerdos por los cuales concluyó que la trasferencia de acciones no generaba ningún perjuicio al Estado y tampoco modificaba las condiciones de operación y mantenimiento del trasvase e irrigación Olmos, estando garantizada además la capacidad técnica de su desarrollo.

Concretamente, luego de revisar la legislación vigente y los aspectos contractuales y financieros, el PEOT señaló que las empresas interesadas en la adquisición de las acciones de Odebrecht en CTO y H2Olmos cumplían con los requisitos de calificación y con las demás exigencias legales, técnicas, económicas y financieras, establecidas para garantizar la continuidad de la adecuada operación de los componentes del Proyecto Olmos.

“Para el PEOT, la incorporación de nuevos socios no constituye cesión de posición contractual de este en relación con los contratos, debido a que los concesionarios continúan siendo CTO y H2Olmos”, detalló el ente técnico.

La propuesta de las adquirientes era el ingreso de un nuevo operador de ambas concesiones, designando a la empresa OMCO Water Perú.

DECISIÓN DEL CONSEJO

 De acuerdo a los contratos, solo para dar respuesta a la solicitud presentada en el caso de H2Olmos el Consejo Regional tenía un plazo establecido, el mismo que se venció el 7 de febrero.

En días previos, los representantes de las concesionarias, los consejeros, el equipo técnico del PEOT, con la participación del gobernador regional, Humberto Acuña Peralta, y la intermediación de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, realizaron sesiones de trabajo informativo, en las que se buscó disipar las dudas generadas respecto a la transferencia de las acciones, pero además sobre la presencia de Odebrecht en el Proyecto Olmos a la sazón del escándalo de corrupción internacional que compromete a la constructora, sus más altos directivos y exfuncionarios y autoridades del Estado Peruano.

Las reuniones permitieron además explicar el escenario contrario a la venta de las acciones, negociación iniciada entre Brookfield, Suez y Odebrecht desde el 2015.

Conforme se explicó, el principal problema es el descrédito que la constructora hoy tiene, lo que le impide acceder a respaldos económicos que le posibiliten garantizar el correcto manejo del trasvase y la irrigación Olmos.

Sin embargo, ni los informes del PEOT ni las sesiones informativas resultaron suficientes para que los siete integrantes del Consejo Regional de Lambayeque se pronuncien a favor de la transferencia. Inicialmente quien se negó a ello fue el consejero apepista Miguel Bazán Zárate, postura a la que el lunes se plegó la totalidad del colegiado.

ANÁLISIS DE LA COYUNTURA

“La opinión favorable del PEOT se ha dado en el marco de un estricto respecto a los contratos de concesión y a la legislación aplicable, ya que es un órgano netamente técnico y, como tal, sus opiniones son netamente técnicas, opinión que consideramos ha sido emitida de manera imparcial y totalmente transparente, por lo que desde ese punto de vista no tenemos objeción alguna y, muy por el contrario, respetamos la labor técnica que desarrollan”, comenta el consejero Raúl Valencia Medina.

La autoridad añade que, sin embargo, las solicitudes de transferencia de acciones de las concesionarias tenía una segunda línea de análisis. “El consejo regional como órgano político no podía soslayar la actual coyuntura por la que atraviesa la empresa Odebrecht, la misma que a través de sus altos representantes ha aceptado de manera expresa que han cometido actos de corrupción de funcionarios en las concesiones peruanas, como los Tramos 1 y 2 del Metro de Lima y las carreteras Interoceánicas. Estos hechos obligaban al consejo regional a efectuar un análisis político de la situación coyuntural, ya que estaban en juego los intereses económicos no solo de la región, sino de todo el Perú”, detalla.

RECONOCIMIENTO AL PEOT

Valencia Medina refiere que es menester reconocer el trabajo técnico que hasta el momento ha desarrollado el PEOT respecto a la supervisión, primero de la construcción y luego de la operación y mantenimiento, de los componentes de trasvase e irrigación del Proyecto Olmos.

Cita, por ejemplo, que en el 2009 el PEOT, a través de la Gerencia de Desarrollo Olmos, asumió la supervisión de las obras de trasvase, luego que se venciera el plazo de vigencia del contrato de supervisión especializada, “importante reto que fue asumido con mucha responsabilidad”, y que permitió que CTO respete todas sus obligaciones contractuales, logrando una obra de alta calidad técnica.

“Se lograron importantes beneficios económicos para el concedentes, como es el caso de la reducción de la ampliación de plazo del período de construcción de 168 días, solicitados por CTO, a 27 días otorgados por el PEOT, generándose un ahorro de ocho millones de dólares para el Estado Peruano. Además, el PEOT diseñó e implementó la estrategia técnica y legal que permitió ganarle a Odebrecht el reclamo de sobrecostos en la obra del Túnel Trasandino, lográndose, en primer lugar, obtener los informes del experto Jorge Alva Hurtado, quien determinó que los sobrecostos ascendían a cinco millones de dólares y no a 74 millones como pretendía la empresa”, resalta.

La controversia de los sobrecostos fue también ganada por el Gobierno Regional de Lambayeque en el plano judicial y, posteriormente, en el Tribunal Constitucional con un fallo favorable a la validez del peritaje realizado por Alva Hurtado.

“Los valores morales y éticos de los funcionarios del PEOT han permitido que actúen con total probidad, integridad y honestidad en su labor de supervisión en las concesiones de trasvase e irrigación, pues conocemos que pese a las limitaciones presupuestales y logísticas han sabido realizar una correcta labor, rechazando dádivas, ofrecimientos, prebendas, sobornos y cualquier otra ventaja que se les haya ofrecido. Al respecto, puedo confirmar lo que dije en la sesión del lunes 6: el ingeniero Juan Saavedra Jiménez fue amenazado contra su vida por presuntamente un emisario de Odebrecht, al no acceder a los reclamos por sobrecostos de obra en el Túnel Trasandino, después de un intento de soborno”, afirma Valencia Medina.

LA DECISIÓN

El consejero recordó que si bien el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, se pronunció a favor de la venta de las acciones que Odebrecht tiene en sus concesiones en el Perú, la comisión que investiga el caso Lava Jato en el Congreso pidió cautela al Consejo Regional de Lambayeque, exhortándolo a abstenerse de aprobar las solicitudes que presentaron CTO y H2Olmos.

Valencia Medina agrega que si bien hasta la fecha no se ha considerado que se hayan producido actos de corrupción al momento de otorgarse la buena pro de las concesiones de trasvase e irrigación en el Proyecto Olmos, es necesario que se inicien todas las investigaciones que deban realizarse.

“Al aprobarse la trasferencia de acciones y las demás solicitudes de las empresas concesionarias podría entorpecerse las investigaciones que se pudieran instaurar, generando incluso la posibilidad que el Estado peruano no pueda resarcirse de los graves perjuicios económicos que la empresa Odebrecht ha causado con sus actos de corrupción”, asevera.

Conscientes de la imposibilidad que tendrán las concesionaria, por insolvencia económica, para garantizar el correcto manejo de los componentes de irrigación y trasvase, es posible que los contratos queden sin efecto por causas atribuibles a las empresas, por lo que se ha recomendado al gobernador regional de Lambayeque que adopte las acciones técnicas, legales y presupuestales correspondientes para que se viabilice la operación y mantenimiento de ambas concesiones a través del PEOT.

En ese sentido, Raúl Valencia ha planteado que se tomen medidas como la inmediata capacitación especializada al personal técnico y legal del PEOT en temas relacionados a la operación y mantenimiento de infraestructuras de riego; autorizar al PEOT para que este pueda realizar la contratación de personal en el marco de la legislación aplicación, solicitar a la Autoridad del Servicio Civil para que catalogue al PEOT como Entidad Tipo B, para que pueda fortalecerse orgánicamente, adecuar sus instrumentos de gestión y cubrir los puestos de trabajo que se requiera.

Asimismo, autorizar al PEOT para la contratación de experticias y que se le asignen mayores recursos económicos. 

Cuestiona que Nilton Monje Sampén sea ahora asesor de alcaldía y que allegados a la corporación Mejía Baca ocupen la Gerencia de Informática y la Subgerencia de Desarrollo Económico.

“El retraso en el que se encuentra la Municipalidad Provincial de Chiclayo y la propia ciudad es responsabilidad absoluta del alcalde David Cornejo Chinguel, y eso se debe a que la autoridad municipal busca funcionarios a su talla y medida; es decir, personas serviles a lo que él quiere hacer y que se haga en el municipio”, sostiene el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la comuna, Rafael Margaret Reyes.

“La municipalidad de Chiclayo no es su chacra, ni universidad ni su colegio”, añadió.

Es tajante al señalar que el alcalde ha traído consigo funcionarios de poco nivel académico y de escaso conocimiento en temas de administración pública.

“La gestión del exalcalde Roberto Torres Gonzales terminó muy mal, pero está gestión municipal es nueva en todo aspecto y supuestamente traía consigo un plan de trabajo bien estructurado, pero los dos años de gestión nos ha hecho abrir los ojos. La casa edil no ha sido ordenada, no existe respeto y mucho menos hay una garantía que nos indique que existe una buena marcha administrativa y de desarrollo”, detalla el dirigente sindical.

DESACIERTO PROFESIONAL

Margaret Reyes señala que una gran deficiencia profesional se vive en el área de Logística de la municipalidad de Chiclayo, la cual es importante para el mantenimiento y desarrollo de la comuna. Sin embargo, anota, en estos dos años de gestión la autoridad municipal no ha acertado en contratar personal calificado.

“El señor alcalde ha traído unos muchachos de Trujillo que al parecer no tienen ningún tipo de experiencia profesional. Además, en la municipalidad de Chiclayo es un secreto a voces que dichas personas se caracterizan por copiar y pegar los expedientes de gestión, así como de desarrollo de la Capital de la Amistad”, sostiene.

Explica que dichos profesionales no elaboran los expedientes y recurren a la Internet para buscar algo parecido, copiar y pegar.

“Los jovencitos que ha traído el alcalde desde Trujillo, dejando de lado a muy buenos profesionales que existen en Chiclayo, son unos copiones. Eso ya ha sido puesto al descubierto debido a que en anterior oportunidad presentaron expedientes en reunión plena y fueron desenmascarados porque se olvidaron de borrar los nombres de lugares que no tienen nada que ver con Chiclayo”, explicó.

Lo más delicado – detalla - es que son las empresas que participan de los procesos de contratación las que arman todos los expedientes, y “los supuestos profesionales que se tienen en la municipalidad de Chiclayo solamente se limitan a colgarlos en el portal institucional”.

“Por eso es que se caen las contrataciones en Chiclayo. Las empresas que se presentan saben y conocen de la debilidad con que cuenta la comuna. Cuando algo no les conviene y no están de acuerdo en algún punto de la licitación, presentan sus observaciones ante el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado – OSCE, y este, al actuar, encuentra expedientes técnicos con defectos, por lo que automáticamente se caen. En el área de Logística no hay técnicos calificados para hacer los expedientes para que una obra se pueda realizar”, destaca.

Como ejemplo menciona lo ocurrido hace pocos días con el polideportivo que se iba a construir en Ciudad del Chofer, el cual demandaba una inversión de 11 millones de soles. En este caso el Órgano de Control encontró defectos en los expedientes técnicos e inmediatamente dispuso la paralización del proceso de contratación.

CARENTE FISCALIZACIÓN   

Rafael Margaret destaca que el Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Chiclayo no solo cumple con la defensa de los derechos laborales, sino que también desarrolla función fiscalizadora apoyándose en la Ley de Transparencia.

“Nosotros estamos adoptando la posición fiscalizadora con la Ley de Transparencia, debido a que no hay regidores de oposición de nivel. Si los hubiera, estoy seguro que el alcalde David Cornejo no estaría cometiendo tantas barrabasadas en el municipio y contra  el buen vivir de los chiclayanos”, sostiene el dirigente.

Destaca que en el tiempo que tiene como dirigente sindical, así como funcionario público, ha comprobado que los regidores son desacertados y al parecer no conocen la norma que los ampara para desarrollar no solamente actividad fiscalizadora, sino también legislativa, con la presentación de proyectos de ordenanzas y acuerdos municipales, mantener comunicación con las organizaciones sociales y los vecinos a fin de informar al concejo municipal y proponer la solución de problemas.

“Muy aparte de lo antes descrito, los regidores también pueden integrar, concurrir y participar en las sesiones de las comisiones ordinarias y especiales; sin embargo, andan desorientados, no conocen la norma, y están en el lugar que están porque algunos partidos o movimientos políticos los llevaron y colocaron en sus listas, es por eso que lo que ocurre en Chiclayo lo dice todo. No tenemos regidores de oposición bien plantados y conocedores de la Ley”, manifiesta. .

Rafael Margaret explica que a través de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de  Chiclayo solicitó copias de los expedientes técnicos de tres obras que se van a ejecutar en Chiclayo, las que aparentemente estarían mal diseñadas. De hacerse, el Estado perdería varios miles de soles. 

EL FRACASO EN EL CGT

El dirigente sindical tampoco se quedó callado respecto al mal momento económico que atraviesa el Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo – CGT, que durante dos años estuvo dirigido por Nilton Monje Sampén, cuya gestión no llegó a las metas de recaudación, afectando no solo al ente recaudador, sino también el presupuesto con que la municipalidad de Chiclayo contaba para la ejecución de obras.

Detalla también que al parecer a la autoridad municipal poco le importa lo que sus funcionarios de confianza puedan hacer o no. Es el caso, que Nilton Monje ha sido nombrado hace poco como  asesor de alcaldía.

“No sabemos cómo es que Nillton Monje Sampén ha podido ser nombrado asesor de alcaldía cuando del CGT salió con el rabo entre las piernas. Durante los dos años que estuvo como jefe del CGT no llegó a alcanzar las metas, afectando en gran porcentaje el presupuesto de la municipalidad de Chiclayo”, señala.   

Otro problema que Nilton Monje ha generado en la comuna es la afectación al Cuadro Analítico de Personal – CAP, debido a que el alcalde David Cornejo lo sacó de la jefatura del CGT el 3 de enero pasado y anunció que había sido cambiado como jefe de la Cepri Terrapuerto. Sin embargo, el funcionario nunca asumió el cargo porque no reunía el perfil.

“Como para que no se quede sin trabajo, el alcalde lleva a Nilton Monje como asesor de alcaldía, pero el Cuadro Analítico de Personal – CAP, señala que en la comuna solamente deben existir dos asesores. Uno está asignado en la Gerencia General y que existe; el segundo y último asesor externo es para la alcaldía y como tal estaba asignado el abogado Nicolás Mondoñedo Chávez”, explica.

REACOMODO

Sin embargo, al darse cuenta de la grave falta que se estaba cometiendo y afectando el presupuesto de personal sin ningún tipo de sustento legal, al alcalde no hizo más que  deshacerse de uno de los asesores y acomodar a Nilton Monje para evitar que sea denunciado ante la autoridad judicial competente.

Es así que el pasado 27 de enero el asesor legal externo laboral de la alcaldía de Chiclayo, Nicolás Mondoñedo Chávez, hijo de la vocal suprema Magdalena Chávez Mella, fue designado como jefe del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo, sin tener ningún tipo de experiencia en derecho tributario.       

“Al alcalde le hemos dicho que no se rodee de gente mediocre. Ha cambiado a su asesor legal externo en derecho laboral y lo ha mandado como jefe al CGT, pero solamente para que deje vacío el puesto de asesor legal externo y pueda ser ocupado Nilton Monje Sampén, quien no tiene ningún tipo de experiencia en tributación, gestión pública y municipal”, acotó el representante de los empleados.    

Agrega que la noticia no fue bien recibida por la masa laboral, por lo que decidieron tener una conversación con la autoridad edil a quien le dijeron que no se siga rodeando de gente mediocre, sino que se haga asesar con gente capacitada y con experiencia en administración pública.

“El CAP señala bien claro que en la municipalidad de Chiclayo solamente deben existir dos asesores y no tres, como lo hubo los primeros días de enero. Sin embargo, lo lleva a Nilton Monje Sampén, lo que hace presumir que entre ellos existe un compromiso, una hermandad. ¿Qué se traen entre ellos? ¿Qué quieren evitar? ¿De qué quieren que no se hable? ¿Qué esconden?”, terminó preguntándose Margaret Reyes.

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

Otra preocupación que tiene el dirigente de los trabajadores nace a raíz que el acalde anunció en setiembre del 2016 que había sacado de la municipalidad a Jhon Vega Sánchez, quien cumplía funciones de gerente de Asesoría Jurídica en la MPCh, pero recientemente ha sido designado como gerente de Administración del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo.

“Todo Chiclayo debe recordar que en el mes de setiembre del año pasado fue sacado del cargo de Gerente Municipal, aunque otros dicen que renunció, el abogado Ruperto Castellanos, y junto a él salieron otros funcionarios, como es el caso del gerente de Asesoría Jurídica, Jhon Vega Sánchez. En esa oportunidad el alcalde declaró a los medios de comunicación que los funcionarios salientes habían sido separados por haber tenido actitudes contrarias al buen desarrollo de la gestión municipal”, recuerda el dirigente.

“Algo está pasando en esta gestión, no creo que el alcalde sea víctima de chantaje o extorsión. No sabemos qué está pasando al interior de la municipalidad de Chiclayo. ¿Acaso no hay profesionales?”, sostiene Rafael Margaret.

EN FAMILIA

Por otro lado, Rafael Margaret sostiene que la Municipalidad de Chiclayo parece una agencia de empleos, donde los familiares de los trabajadores de la universidad y el colegio Juan Mejía Baca, ocupan cargos importantes en la comuna chiclayana.

“El alcalde tiene varios negocios, entre ellos el colegio y la universidad Juan Mejía Baca. La representante legal del colegio Mejía Baca es Melina Vélez y su hermano es el gerente de Informática de la MPCH. Además, en la  Universidad Juan  Mejía Baca la asistente del Directorio es Juvissa Falla Castro, y su hermana Lía Falla Castro ocupa desde hace algunos meses la subgerencia de Desarrollo Económico de la municipalidad de Chiclayo. Entre enero del 2015 y fines del 2016, se desempeñó como jefa del área Multas, Principales Contribuyentes – PRICOS en el CGT”, explica.

El dirigente cuestiona también la presencia de Amílcar Ramírez Silva, gerente de Seguridad Ciudadana, cuñado del hermano del alcalde David Cornejo.

La presencia de las primeras lluvias de alta intensidad sobre Lambayeque dejó como saldo no solo a miles de familias afectadas y viviendas destruidas o en alto riesgo, también grandes focos contaminantes por la acumulación de las aguas en las calles, que combinadas con las emanadas por el colapso de las redes de alcantarillado ponen en peligro la salud de la población.

El ingeniero sanitario Miguel García Puémape comenta que el panorama que hoy se ve en diversos distritos del departamento y, principalmente en las calles de Chiclayo, es un reflejo en gran magnitud de lo que sucedió hace un año en José Leonardo Ortiz con el colapso de los desagües.

La exposición de las aguas negras en las calles e incluso su afloramiento al interior de las viviendas, constituyó peligroso foco de contaminación, que acarreó enfermedades diarreicas, respiratorias, de la piel y de la vista a los moradores, además de la aparición de vectores trasmisores de enfermedades tropicales como el dengue, parásitos y roedores.

“Se presentó un estado de colapso catastrófico de la red, que significa la generación de daños de gran magnitud en la infraestructura, así como de un alto riesgo sanitario para la población. Esto último es un factor que no se puede medir. Eso pasó en José Leonardo Ortiz, y lo que hoy vemos en Chiclayo es un reflejo de lo ya ocurrido, solo que en una escala mucho mayor y peligrosa desde el punto de vista de la salud pública”, menciona.

García Puémape es severo al referirse a la incapacidad evidenciada por las autoridades para reaccionar frente al problema sanitario. “Estas lluvias han desnudado la incapacidad que se tiene para trabajar en temas de gestión ambiental, que debe ser tomada en cuenta en todo momento. No hacerlo nos pone en un cuadro sumamente crítico de deficiencias conceptuales por parte de nuestras autoridades, quienes no comprenden que atender la emergencia no solo es llevar ayuda, sino garantizar que el ambiente no se contamine y no afecte la salud de la gente”, señala.

EL CAMBIO CLIMÁTICO

El experto, quien durante 30 años se especializó en temas sanitarios entre Venezuela y Estados Unidos, recuerda que cuando los científicos empezaron a hablar sobre el cambio climático como un fenómeno global indicaron con precisión que tres serían los países que sentirían los efectos de esta situación: Bangladesh, Honduras y Perú.

En consecuencia, para Miguel García resulta reprochable que las autoridades muestren total desconocimiento de las acciones preventivas que deben adoptar, junto a la población, por la alta vulnerabilidad que tiene el país ante eventos climatológicos, como las lluvias registradas a inicios de este mes.

“Habitamos en un país altamente vulnerable al cambio climático y pese a que hemos tenido manifestaciones de estos efectos, estas no han sido nunca tomadas en cuenta ni mucho menos incluidas en las agendas de acción del gobierno nacional y menos de los gobiernos regionales y locales. Otro serio problema que tenemos es la pobreza tecnológica del Perú. Los desbalances climáticos no son advertidos de manera oportuna y tampoco entendidos por falta de tecnologías para el estudio del clima”, acota.

Anota que si existiera una combinación entre el factor tecnológico y preventivo, sería sencillo para el Estado planificar la atención que recibirán cada una de las zonas del país que irán sufriendo los efectos del cambio climático, y no actuar solo por reacción ante las emergencias.

JALÓN DE OREJAS  

“En el caso de Chiclayo, los elementos del problema han sido muy bien abordados en un documento que además está bien estructurado y que fue elaborado por reconocidos expertos. El contenido de dicho documento debió servir para la planificación de la ciudad, así como para la prevención”, indica Miguel García, en referencia al estudio de Mapas de Riesgo, Vulnerabilidad y Mitigación de Desastres realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD, y el Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI, entre los años 2003 y 2004.

“¿Dónde están los responsables de ponderar debidamente el contenido de ese documento? No hubo el menor interés, porque desafortunadamente, como sucede en el país, tenemos problemas de autoestima. ¿Qué quiero decir con eso? Que no somos aún capaces de encaminar nuestro ciclo vital en canales que nos trasladen a mejores estadios de progreso y bienestar colectivo”, lamenta.

EL POLVO

Con el Decreto Supremo N° 004-2017-SA, el Ministerio de Salud ha declarado la emergencia sanitaria en Lambayeque por 90 días. En su visita a Chiclayo el último fin de semana, la titular del sector, Patricia García Funegra, constató el estancamiento de las aguas por lluvias o desbordes, su mezcla con aguas residuales y las altas temperaturas, que generan cuadros de peligro ambiental, sobre los que debe ponerse mucha atención, según indica García Puémape.

“Hace días se debió actuar de inmediato, pero desde el punto de vista de la protección de la salud en todos los aspectos. Si, por ejemplo, el origen del polvo que hay en Chiclayo en estos momentos es la temperatura más el efecto de los vientos, por ahí debemos comenzar. Se trata de acciones que ya debió implementar la Gerencia Regional de Salud”, sostiene.

El riesgo con el polvo que cubre las veredas y pistas de la zona urbana radica en que este se ha generado a partir de las inundaciones provocadas por las lluvias, pero con la particularidad de estar contaminado por su mezcla con residuos fecales emanados de los desagües. Esas partículas se expanden en el aire que la población respira, pero que además contamina los alimentos, la piel y los ojos.

FUMIGACIÓN

La Gerencia Regional de Salud ha confirmado que hasta antes de las lluvias de la semana anterior, en Lambayeque se habían reportado 25 casos de dengue, cifra que evidentemente se incrementará en los próximos días al darse las condiciones para la proliferación del vector trasmisor. Entre estas condiciones están, además del estancamiento de aguas de lluvia y residuales, la acumulación de agua potable en recipientes por parte de la población, ante el corte o deficiencias en el suministro del servicio por parte de la entidad prestadora EPSEL.

Frente a ello, acciones aisladas se han dado para mitigar el impacto. Vecinos de la urbanización Villarreal, en los alrededores del Parque Santa Rosa, por ejemplo, se han visto en la necesidad – ante la ausencia del apoyo municipal – de contratar equipos de fumigación para prevenir la aparición de los vectores. En otros tiempos, esa responsabilidad era asumida de manera integral por la comuna.

Miguel García comenta que en 1972, cuando se presentó el Fenómeno El Niño con intensas lluvias sobre Lambayeque, el Concejo Provincial de Chiclayo lo convocó para que encabece las acciones de recuperación de la ciudad.

“Tuve apoyo incondicional del municipio y como yo conocía lo que en ese momento se llamaba Ingeniería de Desastres, me fue posible diseñar estrategias que en un mes permitieron la recuperación total de la ciudad. En ese entonces no eran muchos los pueblos jóvenes y asentamientos humanos, así que todos se cubrieron de moscas. Era increíble la cantidad de insectos que aparecieron, así que implementamos un plan para que con el uso de avionetas fumigadoras que cubra la ciudad”, comenta.

Una jornada de fumigación aérea fue suficiente para erradicar la plaga de moscas en Chiclayo. Tomándose las medidas de precaución y coordinación con los vecinos, para que estos se mantengan en sus viviendas, las aeronaves cubrieron de DDT la ciudad, y así se eliminó el factor contaminante posterior a las lluvias de El Niño del 72.

PROTECCIÓN

García Puémape señala que otras medidas a implementarse deben ser el uso de mascarillas y el reparto masivo de repelentes, como medidas de protección de las familias ante la exposición a los agentes contaminantes y vectores.

“El agua estancada termina por descomponerse y esto genera todos los factores que dispersan las enfermedades. Otro problema es que por la falta de agua potable y el colapso de las redes de alcantarillado se generan condiciones para la aparición de epidemias como la del cólera”, menciona.

En 1991 más de dos mil personas fallecieron cuando en el país se desató la epidemia del cólera. El saldo pudo ser mayor si no se hubieran implementado las medidas de rehidratación y suministro de sales.

Según ha estimado el Ministerio de Salud, la crítica situación de Chiclayo, José Leonardo Ortiz, y otros distritos del departamento, eleva el riesgo de aumento de las Enfermedades Diarreicas Agudas – EDAS, Infecciones Respiratorias Agudas – IRAS, Intoxicaciones Alimentarias, Enfermedades Transmitidas por Alimentos y Agua – ETA, dengue y arbovirosis; conjuntivitis e infecciones a la piel y enfermedades zoonóticas como leptospirosis.

“En las viviendas que tienen cisternas subterráneas para el suministro de agua potable también se tiene que tener cuidado, porque el agua de las lluvias se filtra y hay que tener en cuenta que las conexiones públicas también están averiadas, por lo que es posible la presencia de agentes contaminantes”, señala García Puémape.

Finalmente, el reconocido especialista comenta que duda mucho de la capacidad de EPSEL para asegurar que el agua que suministra a las familias lambayecanas sea de óptima calidad, debido a que existen antecedentes de su insolvencia técnica.

“En el año 2004, con un laboratorio portátil que traje de Estados Unidos, acudí a las lagunas de oxidación para medir la carga de contaminación que el agua tenía luego de pasar por el tratamiento. Los resultados fueron positivos. Sin embargo, EPSEL nunca ha dado el debido mantenimiento a la planta y hoy las aguas negras entran y salen en las mismas condiciones de las lagunas, contaminando en gran magnitud a las poblaciones cercanas al distrito de San José. En consecuencia, si EPSEL no es capaz de asegurar el buen tratamiento de las aguas servidas, ¿cómo podrá asegurar que el agua potable no está contaminada por el colapso de las redes de alcantarillado?”, cuestiona. 

No sólo habrá energía para la agroexportación, sino para los más de 250 pueblos que existen en la zona e incluso se electrificarán poblados de Huarmaca y Sechura en Piura

Hasta el año 2021, la ciudad de Olmos, se convertirá en el principal centro de energía del norte del país, tras la construcción de una central eléctrica que no solo tendrá capacidad para abastecer de energía a Olmos, sino que también la “exportará” a zonas pobladas de la región Piura y Amazonas. 

La grata noticia la hizo conocer el gerente regional de Electronorte S.A, Luis Piscoya Salazar, quien sostuvo que esta partida económica de desarrollo forma parte del Plan de Inversiones de Electronorte en su ámbito de concesión que involucra a localidades de las regiones Lambayeque y Cajamarca Centro.

El funcionario, en una visita guiada para hacer conocer el avance y las bondades de los proyectos eléctricos y de lo que será Olmos de aquí a unos meses, informó que la cifra económica antes descrita está presupuestada y se invierte con el único objetivo de afianzarse en esta importante zona, en  el sector eléctrico, para llegar adecuadamente con la calidad y confiabilidad que el servicio lo exige.

Luis Piscoya detalla que en este mes se pondrá en operación el proyecto más grande ejecutado hasta la fecha en la región Lambayeque, que no es más que la subestación Pampa Pañalá, la que es una subestación de 30 megavatios de potencia. Está obra – explica- no quedará allí, sino que posteriormente seguirán desarrollándose con el objetivo de llevar energía a más poblados de la zona, mediante alimentadores se pueda atender las necesidades de las agroindustriales que desde hace poco tiempo ocupan parte de las nuevas tierras de Olmos.

“En el plan de desarrollo eléctrico del año 2013 -2016, se han financiado obras por más de 41 millones de soles. Son obras de 60,000 voltios que se están concluyendo en todo el eje que va desde Lambayeque hasta Olmos, incluidas las subestaciones de potencia”, mencionó.

SUBESTACIONES
Luis Piscoya explica que en las subestaciones existe una inversión que bordea los 45 millones de soles, que comprende una subestación en la zona de La Viña, que es la interconexión con el sistema interconectado nacional.

“Es una línea de transmisión de 60 kw que llega hasta acá –Olmos- con una extensión de 53 kilómetros”, detalló.

De igual manera, la subestación de Nueva Motupe, la que se va a convertir en la subestación más grande en extensión que tiene Electronorte en Lambayeque, y donde se ha instalado un transformador de 20MWA.

Finalmente – explica- está la estación de Pampa Pañala que tiene instalado un transformador de 30MWA, la que va a permitir asegurar el crecimiento energético de Olmos  en mediano y largo plazo.

“En pocas palabras, es estos momentos no hay límite de crecimiento en Olmos. Ahora, se podrá atender en cualquier momento a cualquier persona y empresario con energía eléctrica y desde cualquier punto de vista energético. No habrá ninguna objeción para ese crecimiento”, sostuvo.

APUESTAN  POR OLMOS

El gerente regional también añade que la energía que ahora se concentrará en Olmos, va a permitir que los beneficios sean directos para esta zona. Es decir, Electronorte está apostando por Olmos.

“Esta obra es la más importante que Electronorte ha ejecutado. Además, ha complementando el acercamiento de nuestros usuarios porque se han diseñado alimentadores que llegan a esta subestación principal, la cual se va a convertir en el corazón energético de Olmos y de esta zona del país”, detalló.

De  igual manera, aclara que Olmos se pone al mismo nivel de potencia que Chiclayo, y se garantiza la atención a todo nivel, para instalar cualquier tipo de maquinaria, empresa o industria. No tendrá nada que envidiar a Chiclayo.

“Los alimentadores son los que llegan al consumidor final y para ello, se ha diseñado una línea en media tensión de 52 kilómetros que llega hasta el sector La Viña. Otro alimentador viene de Olmos hasta Pampa Pañala, así como sus derivaciones, que permiten llegar a los clientes finales. En suma, estamos hablando de una inversión de 61 millones de soles, que Electronorte hasta el momento viene invirtiendo en esta zona”, resalto Luis Piscoya.

Asimismo – explica- que una de sus prioridades es el coeficiente de electrificación donde se pretende llegar a más zonas rurales en su ámbito de influencia.

“Electronorte es de los lambayecanos y esta obra es para los lambayecanos, para que Lambayeque siga creciendo y teniendo el eje principal de desarrollo. Nosotros, como empresa, apostamos por los lambayecanos. En este mes, Olmos será energizada”, sostuvo.

RESPONSABILIDAD TÉCNICA

El funcionario de Electronorte detalló también que hace unos días el Gobierno Central ha puesto en conocimiento un dispositivo legal, definiendo lo que ahora se va a denominar la zona de responsabilidad técnica, la que no es más que una de las modificaciones a la ley de concesiones eléctricas.

“La zona de responsabilidad técnica eléctrica de Electronorte es todo Lambayeque, la parte de Cajamarca Centro y también nos han asignado parte de Huarmaca, en Piura, lo que quiere decir que podemos trabajar con obras de desarrollo, claro que en zonas que geográficamente no es Lambayeque tenemos que coordinar con las empresas eléctricas de la zona, pero que pertenecen al mismo grupo empresarial de Electronorte”, sostuvo Luis Piscoya. 

Destaca también que el principal objetivo de Eletronorte es afianzar el servicio público de electricidad en nuestra región, pero ahora la especial atención está centrada en Olmos, debido a que está considerado como un eje de desarrollo económico de Lambayeque, y tiene que tener la capacidad eléctrica tal igual como lo tiene Chiclayo u otra importante ciudad del país.

“Estos 61 millones de soles que se están invirtiendo en todas estas obras, es porque se necesita mejorar la calidad de atención a nuestros usuarios y que el servicio sea personalizado en todos los sentidos”, resaltó.

CONCURSOS DE OBRAS

Es bueno que la población conozca –explica- que año a año se planifican las inversiones, y a finales del año 2016 hemos recibido cinco concursos para cinco obras importantes, con remodelación de baja y media tensión con transformador, de los distritos de Chiclayo, Olmos, Cajamarca Centro y Motupe- Olmos.

“En esta última se va a remodelar las redes existentes con nueva tecnología. Se van a cambiar de seis a siete subestaciones, y ahora se está haciendo el replanteo final, y es más que seguro que en el mes de marzo del presente año deben empezar las obras, por un costo de casi cinco millones de soles, solamente en remodelaciones.

De igual manera, precisó que otra de las obras más importantes que serán ejecutadas es la subestación Chiclayo Centro que se ubicará en el distrito de La Victoria. “Esta subestación tendrá una potencia de 30 megavatios y está contemplada para el periodo 2017-2021”, indicó.

ALCALDE DE OLMOS  

En la visita guiada para hacer conocer la repotenciación eléctrica en Olmos por parte de Electronorte también estuvo presente el alcalde del distrito, Juan Mío Sánchez, quien sostuvo que hasta hace poco, para ser exacto en el año 2010, hacía falta energía eléctrica, pero ahora la hay, y de sobra.

“El 27 de junio cumplimos 444 de fundación española y es una buena oportunidad para destacar el logro de las metas que hasta el momento se han logrado. En Olmos tenemos 228 caseríos y centros poblados, de los cuales el 70 por ciento tienen luz, y el 30 por ciento lo tendrán cuando Electronorte culmine sus trabajos”, señaló.

De igual manera, explica que en Olmos existen un total de 500 pozos tubulares, lo que le significa al agricultor un gasto diario de 35 a 40 soles por día para hacerlos funcionar y regar sus campos de cultivo, pero con la llegada de la energía eléctrica, el gasto sería de 10 a 15 soles.

Autoconvocadas ante la emergencia, diversas organizaciones de la sociedad civil han conformado un comité de acción para ayudar a las autoridades locales en la atención a las familias afectadas y damnificadas por las primera lluvias registradas en febrero, que según el sistema meteorológico corresponden a un Niño Costero – Leve.

Son casi 12 organizaciones, entre ellas los colegios de Ingenieros, Arquitectos y Sociólogos, la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, la Cámara Peruana de la Construcción – CAPECO, la Asociación Provincial de Pueblos Jóvenes, la Federación de Pueblos Jóvenes, el colectivo Chiclayano Despierta, así como personas naturales, las que se han integrado para colaborar.

Hasta el momento son dos las prioridades que se ha trazado el comité: que la ayuda llegue a quienes realmente la necesitan y que se asegure el correcto manejo de los recursos que se transferirán a Lambayeque como parte de la situación de emergencia declarada por el gobierno nacional el viernes último.

Para concretar el primer objetivo, el comité ha logrado reunir a 42 voluntarios, entre arquitectos, ingenieros y estudiantes, a quienes se ha capacitado en el llenado de las fichas de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades – EDAN, formularios que deben ser alcanzados a las secretarías técnicas de Defensa Civil de los municipios distritales y provinciales para su aprobación. De lo que estas señalen dependerán las partidas económicas y ayudas que el gobierno nacional transferirá.

“El fin de semana participamos de una reunión de trabajo con el Centro de Operaciones de Emergencia Regional – COER, con la viceministra de Vivienda, Carmen Lecaros Vértiz, en la que claramente se dijo que la ayuda del gobierno no cubrirá todas las necesidades, pero sí paliará la emergencia que se tiene. Lo importante ahora es avanzar en el llenado de las fichas EDAN”, cometa Antonio Uriarte Gonzales, decano del Colegio de Arquitectos de Lambayeque, quien preside la comisión multisectorial de la sociedad civil.

La primera reunión de la sociedad civil se realizó el viernes 3 d.c. como respuesta a la lenta reacción de las autoridades locales y regionales luego de las fuertes lluvias que azotaron a Lambayeque entre el 1 y 2 de febrero, y que – según los pronósticos meteorológicos – se repetirán en las próximas semanas al confirmarse la existencia de un fenómeno El Niño Costero, denominado así por el sobrecalentamiento del litoral norte, debido al ingreso de una onda Kelvin, que mantiene elevada la temperatura de la superficie marina.

“Nosotros como sociedad civil preocupados, justamente, por la poca capacidad de reacción que tiene no solamente la Municipalidad Provincial de Chiclayo sino también del Gobierno Regional de Lambayeque, a través del Centro de Operaciones de Emergencia – COER, decidimos autoconvocarnos para ponernos a disposición de la ciudadanía y ayudar. La emergencia se ha acentuado mucho más por el hecho de que no se tiene capacidad de reacción, porque si se hubiera planificado, que es lo que le falta a la sociedad lambayecana y a los gobernantes de la región, no habría saldos tan lamentables”, resalta Uriarte Gonzales, quien afirma que a falta de planificación, “en Lambayeque siempre se parcha” y esa es una debilidad que agudiza la crisis que actualmente se vive en el departamento.

El delegado aclara que el comité no es unidad ejecutora y, por lo tanto, no tiene capacidad para manejar presupuestos, pero sí para sumarse a las acciones que desde el COER se están implementando para atender a las zonas más afectadas por las lluvias y el desborde de los ríos.

“Nosotros estamos abocados en este momento a articular la ayuda que pueda dar el Estado a través del COER para que llegue a los más necesitados. Esto no se acaba mañana ni pasado, una vez atendida la emergencia tenemos que sentarnos a planificar y plasmar en un documento lo que se tiene que hacer en el futuro. Las lluvias van a venir siempre y si nosotros no hacemos que Chiclayo y la región se ordenen y tengan entre sus prioridades la prevención, definitivamente esto va a seguir pasando”, señala.

Hasta el momento, el Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI, ha reportado más de 50 mil personas afectadas por las lluvias, de las cuales 24 mil 615 han resultado damnificadas al perder su vivienda de manera total o quedar están inhabitables. El saldo en infraestructura registra daños sobre 11 mil viviendas, habiendo colapsado dos mil 240. Otras dos mil 753 casas están inutilizables.

Frente a este escenario y luego que el Ejecutivo declarara el estado de emergencia en Lambayeque, el comité de la sociedad civil toma también como propósito el velar para que los recursos que serán transferidos a los municipios y al gobierno regional sea correctamente administrado, garantizándose la transparencia exigida al manejo de la cosa pública.

“Ya que se ha declarado en emergencia a Lambayeque y tenemos que también estar abocados a que los millones que se destinarán sean bien utilizados. En eso tenemos que ser muy escrupulosos, para que el dinero sea bien gastado y no despilfarrado como en otras oportunidades. La municipalidad ya se apersonó a la comisión, algo que aún no ha hecho el Gobierno Regional de Lambayeque, y lo que debe quedar claro es que no hay color definido. En este equipo de la sociedad civil todos somos Lambayeque”, menciona Antonio Uriarte.

El decano del Colegio de Arquitectos de Lambayeque no deja de cuestionar la falta de prevención de parte de las autoridades frente a eventos como los registrados los primeros días de febrero. Y es que en Chiclayo y otros 13 distritos del departamento entre los años 2003 y 2004 se elaboraron diversos estudios que permitieron determinar mapas de riesgo, vulnerabilidad y mitigación de desastres, como lluvias y desbordes de ríos.

Dichos estudios fueron financiados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD y el INDECI, como parte del programa de Ciudades Sostenibles para el que Chiclayo fue elegida como ciudad piloto a nivel nacional. Sin embargo, dichos documentos técnicos nunca fueron tomados en cuenta pese a su importancia para la prevención.

“Tenemos todo, la información necesaria está y lo único que nos falta es la decisión de justamente dejar de lado las diferencias políticas y de sacar a adelante a Chiclayo y a la región. Acá no tenemos color político, lo que sí queremos es que se pongan en marcha los planes de prevención. Tenemos información de los riesgos desde los años 83 y 98, y las actualizadas desde el año pasado cuando se creía que vendría El Niño”, enfatiza el representante de la sociedad civil.

Uriarte Gonzales refiere que la reacción de las autoridades ha sido lenta y deficiente, pese a que exactamente hace un año estas decían que estaban preparadas para actuar frente al Fenómeno El Niño que se había estimado con fuertes precipitaciones y posibles desbordes. “¿Qué hubiera sido de Lambayeque si El Niño se presentaba el año pasado? Los salvó un año, pero este año ya no se salvaron estos señores que de alguna manera no están cumpliendo con su responsabilidad, y no solamente hablo del alcalde provincial, sino también de los alcaldes distritales, donde también hay muchas deficiencias y las familias están siendo muy golpeadas. En general todos los gobernantes nos han cumplido con su responsabilidad. Sus planes de riesgo y de mitigación han sido un saludo a la bandera. Solo porque los exigen los presentan, de otra forma no los harían”, cuestiona.

Por otro lado, el representante de las organizaciones de la sociedad civil manifiesta la preocupación que existe por la calidad de los servicios básicos, principalmente de agua y alcantarillado de cuya operación es responsable la Empresa Prestado de Servicios de Saneamiento de Lambayeque – EPSEL.

Sobre el particular, Antonio Uriarte indica que han solicitado a la prestado información real de cuál es la situación del suministro, y de qué manera se está garantizando el correcto funcionamiento de las redes de desagüe que la semana pasada colapsaron por las precipitaciones pluviales que cayeron sobre Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe.

“Queremos saber directamente de los operadores qué es lo que está pasando y cómo están funcionando los servicios para que la población sepa a qué nos vamos a enfrentar, porque si vamos a tener reducción del agua potable, por ejemplo, deberán aplicarse mecanismos de racionamiento. El problema más serio es el alcantarillado”, señala.

Asimismo, refiere que los inmuebles con riesgo de colapso ya están identificados, no solo en Chiclayo, sino también en Lambayeque. Estas infraestructuras, que en su mayoría forman parte del centro histórico, lamentablemente no reciben el mantenimiento adecuado y nunca se ha planificado para detener su deterioro.

“Lo que queremos también, y por eso es importante que en la comisión participe directamente la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, es que las empresas privadas puedan mostrar capacidad de desprendimiento para ayudar a quienes menos tienen. Hemos visitado el COER para coordinar el apoyo en el llenado de la Evaluación de Daños – EDAN, que deben ser remitidas al gobierno para que se pueda entregar la ayuda”, destaca.

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CHICLAYANO DESPIERTA: “ALCALDE CORNEJO DEBE DEJAR DE LADO SU SOBERBIA”

El presidente del colectivo Chiclayo Despierta, Pedro Torres Fernández, lamentó la postura del alcalde provincial David Cornejo Chinguel, quien pese a la emergencia presentada la semana pasada recién el martes, seis días después de sucedida la primera lluvia torrencial que inundó la ciudad, se apersonó al Centro de Operaciones de Emergencia Regional – COER, para coordinar con las autoridades departamentales la entrega de ayuda a las familias afectadas.

Torres Fernández condenó además que Cornejo Chinguel, quien de acuerdo a ley preside el Comité Provincial de Defensa Civil, no lo haya convocado hasta el momento.

“El alcalde Cornejo debe dejar de lado su soberbia. Es cuestionable y hasta vergonzoso que en plena emergencia, frente a la situación caótica que atraviesa Chiclayo, siga pensando en sus resentimientos personales y diferencias con el gobernador regional Humberto Acuña, lejos de sumar esfuerzos para superar lo que está viviendo la población”, dijo.

El representante de Chiclayano Despierta anotó que la autoridad municipal ha mostrado hasta el momento total improvisación para actuar frente a los eventos climatológicos que azotaron la semana anterior al departamento. “Al COER solo ha estado asistiendo el ingeniero Abasolo, que es el responsable de Defensa Civil del municipio, mientras el alcalde ha estado más ocupado cogiendo escobas, tomándose fotos y peleando con las demás autoridades”, remarcó.