En noviembre del 2015, el ciudadano Abdías Martínez Campos se dirigió por escrito a la Oficina de Coordinación Regional Norte de la Contraloría General de la República y al despacho de la presidencia del Congreso para denunciar presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Querocotillo, distrito de la provincia de Cutervo, en Cajamarca, solicitando la intervención inmediata por cuando – asegura - la administración del alcalde Moisés González Cruz, haría mal uso de los recursos destinados para obras públicas.
Los documentos dirigidos a Nelson Guevara Altamirano, jefe de la oficina de la Contraloría en la macroregión norte, con sede en Chiclayo, y al entonces presidente del legislativo Luis Iberico Núñez, no generaron mayor impacto, pese a que inicialmente saludaron la iniciativa de Martínez Campos de ejercer su derecho ciudadano en la lucha contra la corrupción.
El denunciante daba cuenta que en el 2011 la Municipalidad Distrital de Querocotillo recibió 10 millones 453 mil 436 soles para la ejecución de proyectos solo por concepto de las regalías mineras. A eso se sumaron los 14 millones 486 mil 236 soles que transfirió el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, para obras, recursos que no habrían sido bien empleados debido a que desde esa fecha existen diversos proyectos inconclusos, sea por paralización o abandono.
Denunció, por ejemplo, que con recursos del programa Agua Para Todos se financiaron obras de saneamiento básico rural en los sectores Pitajayas, La Oronga, La Tinaja, San Antonio, Paric, Inguar y La Colpa, las mismas que no se habrían iniciado, en tanto otras quedaron inconclusas, debido a que se encargó su ejecución a empresas fantasmas.
“Otras empresas lograron (la buena pro), a dedo por el alcalde, sin cartas fianza, sin supervisión, sin ingeniero residente. Se han realizado proyectos y obras donde hay diez familias, pero han hecho parecer como si fueran caseríos con más de cien familias; han programado la construcción de trochas carrozables pero han ejecutado caminos vecinales como existen en Quipayuc, La Penca, La Laguna, donde se han confeccionado expedientes técnicos deficientes”, señaló Martínez Campos en sus escritos.
Según señala el ciudadano, en el 2014 la comuna de Querocotillo volvió a recibir importantes recursos para proyectos de inversión. Por ejemplo, el MEF transfirió 18 millones 412 mil 275 soles, en tanto el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento desembolsó 16 millones 595 mil 136 soles, los cuales no habrían sido empleados en la mejora de los servicios básicos y condiciones de vida de la población. Asegura, que parte de estos recursos habrían sido destinados a la campaña reeleccionista del burgomaestre.
González Cruz llegó a la alcaldía del distrito por primera vez tras vencer en las elecciones del 2010, siendo entonces candidato del Partido Aprista Peruano. En la elección siguiente volvió a ganar, esta vez al postular por el Frente Regional de Cajamarca.
Martínez Campos no solo ha denunciado presuntas irregularidades de la gestión de González Cruz, sino también de los exalcaldes Alindor Díaz Lachos y José Fernández Cabana.
LAS OBRAS
De la actual gestión municipal, se cuestiona, por ejemplo, que el proyecto de electrificación rural para 28 caseríos, con un presupuesto de cinco millones 994 mil 907 soles, ha quedado inconcluso, y que en el 2011 se ejecutó la construcción del puente carrozable El Molino, en el caserío del mismo nombre, sin que se realice licitación pública. En este caso el presupuesto inicial de dos millones 872 mil soles se incrementó a cuatro millones, siendo ejecutado por la constructora Los Leones SAC.
Abdías Martínez denuncia que la contratista no presentó carta fianza y que no hubo comité de selección, ni cuaderno de obra.
El denunciante alcanzó además material fotográfico que evidencia que en los trabajos la constructora utilizó maquinaria municipal.
Otra obra cuestionada es la pavimentación y construcción de veredas de las principales calles de Querocotillo, ejecutada por las empresas Consultoría y Constructora Ferrocol SAC, y CIC Contratistas Generales SRL, por seis millones 860 mil 804 soles, sin que se haya dado proceso de selección previo.
“Son más de 40 obras observadas y en las que se ha pedido la intervención de las autoridades, he presentado la documentación a la Contraloría, al Congreso y a la Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque, pero hasta ahora no se ha tenido resultados de sus investigaciones. Por el contrario, yo soy víctima de maltrato. Un fiscal me ha dicho incluso que yo no soy agraviado porque a mí no me han robado, primero me elogiaron y luego terminaron maltratándome”, señala Abdías Martínez.
INTERVENCIÓN FISCAL
El 10 de noviembre del año pasado, el primer despacho de investigación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque, a cargo de la fiscal Nelly Chambergo Burgos, dispuso el inicio de la investigación preliminar contra los exalcalde de Querocotillo José Fernández Cabana y Alindor Díaz Lachos, y contra el actual burgomaestre Moisés González Cruz, en atención a la denuncia formulada por Abdías Martínez por los presuntos delitos de peculado, colusión ilegal, negociación incompatible y falsedad ideológica en agravio del Estado.
La fiscal estableció un plazo máximo de 180 días para el desarrollo de las diligencias preliminares, consistentes en recoger los testimonios de los imputados, así como solicitar a la comuna distrital información sobre el estado actual de las obras incluidas en la denuncia, que en total suman 44.
Asimismo, se citó a los exalcaldes y al actual burgomaestre del distrito a declarar entre el 9 y el 11 de diciembre del año pasado, así como al extesorero municipal Adriano Jara Díaz, sobre quien se denunció la recepción irregular de cheques. La fiscal también solicitó a la Contraloría información sobre las acciones de control ejecutadas en el distrito, y al Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado – OSCE sobre los procedimientos seguidos en las obras municipales.
Desacumulación
A inicios de marzo de este año, el fiscal adjunto Alejandro Requejo Mocarro, con el visto favorable de la coordinadora de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, Magaly Quiroz Caballero, emitió la disposición N° 2 de la Carpeta 2015-282, referida a la desacumulación de la investigación iniciada por Chambergo Burgos, debido a que se determinó que algunos de los casos denunciados por Martínez Campos habían sido materia de revisión por el Ministerio Público previamente, disponiéndose el archivamiento de las denuncias.
El argumento para la desacumulación fue que se trataba de varios hechos y varios imputados, sobre los cuales no era posible establecer una relación entre sí, disponiéndose el archivamiento de la denuncia solo en el caso del extesorero Adriano Jara Díaz, para quien debía abrirse una carpeta exclusiva para ser investigado.
En la misma disposición, el fiscal Requejo Mocarro determinó continuar las diligencias preliminares contra los exalcaldes y el extesorero por el presunto delito de peculado, estableciendo 120 días para su realización.
IDA Y VUELTA
El fiscal titular de la Fiscalía Superior Penal de Liquidación de Lambayeque, Alejandro Lamadrid Ubillús, declaro de oficio la nulidad parcial de la disposición N° 2 firmada por Magaly Quiroz, ordenando que la fiscal proceda a emitir la disposición que corresponda, y recomendando al fiscal Alejandro Requejo “para que en los sucesivo siga los lineamientos establecidos con relación a la desacumulación, según corresponda a las investigaciones”.
El 20 de junio, el fiscal Requejo Mocarro emitió la disposición N° 5, en la que resolvió nuevamente no formalizar ni continuar con la investigación preparatoria contra Alindor Díaz Lachos, José Fernández Cabana y Moisés González Cruz, por los presuntos delitos contra la administración pública en las figuras de colusión simple y agravada, peculado por apropiación, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, y falsedad ideológica.
En atención a la disposición del fiscal, el pasado 16 de agosto Abdías Martínez presentó un recurso de queja de derecho ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, señalando que Requejo Mocarro no realizó las diligencias de investigación fiscal en cada una de las obras denunciadas para constatar que se encuentran inconclusas o abandonadas; no solicitó el cruce de información del avance o culminación; no solicitó los expedientes técnicos de los proyectos, tampoco los documentos de fiscalización, peritajes ni informes técnicos.
Al día siguiente el fiscal respondió declarando inadmisible la queja de derecho, requiriendo el ciudadano exponga el agravio que su decisión le habría causado. Así lo hizo Martínez Campos el 26 de agosto, logrando que el representante del Ministerio Público se rectifique y le conceda el recurso.
“Estoy ampliando mi denuncia, porque hay nueve proyectos más abandonados, uno de ellos el mejoramiento de la carretera Querocotillo – Puente Techín, por un valor de cinco millones de soles, en la cual solo se ha trabajado un pequeño ensanchamiento. También la construcción del Colegio Santa Rosa, valorizado en cinco millones de soles. El alcalde Moisés González recibió dinero de su antecesor para culminar obras, pero no se sabe por qué hasta ahora siguen paralizadas”, menciona.
+ NOTICIAS
Les abrieron Proceso Administrativo Disciplinario después de dos años, y ahora buscan a los que omitieron iniciar la acción de sanción en su momento.
Dos exfuncionarios del Gobierno Regional de Lambayeque, que entre el 25 de julio del 2012 y 25 de julio del 2013 se desempeñaron como jefes de la Oficina Regional de Administración, salvaron de ser sancionados disciplinariamente, debido que las acciones legales en su contra habían sido adoptadas fuera del plazo que establece la Ley.
De acuerdo a la resolución de Gerencia General del Gobierno Regional de Lambayeque N° 150-2016-GR.LAM/GGR, de fecha 6 de diciembre, y firmada por Francisco Cardoso Zevallos, la acción de Proceso Administrativo Disciplinario contra el ingeniero Augusto Delgado Vélez y el economista Víctor Hugo Miranda Monteza, prescribió debido a que – de acuerdo a los antecedentes - el gobernador Humberto Acuña Peralta habría tomado conocimiento de los hechos negativos y de los presuntos responsables el 13 de enero del año 2014 y recién el 16 de diciembre del año pasado, mediante oficios N° 174-2015 GR.LAMB/GGR y 175-2015-GR.LAMB/GGR, y el oficio N° 060-2016-GR.LAMB/GGR del 12 de abril del 2016, se les notificó el acto administrativo de inicio de Proceso Administrativo Disciplinario; es decir, a casi tres años después de ocurridos los hechos y cuando ya habían prescrito.
LAS ACUSACIONES
La mencionada resolución señala que Augusto Delgado Vélez y Víctor Hugo Miranda Monteza habrían generado el informe N° 006-2012-2-5343 denominado “Examen Especial a la Controversia Arbitral Ad Hoc entre la empresa Komatsu Mitsui Maquinarias Perú S.A, con el Gobierno Regional de Lambayeque.
Se señala que del estudio y análisis de los actuados, remitidos con el informe técnico N° 053-2016-GR.LAMB/STPAD, se desprende que con fecha 16 de diciembre del año 2015 recién se emite el acto administrativo de inicio de Procedimiento Administrativo Disciplinario contra Augusto Delgado Vélez y Víctor Hugo Miranda Monteza.
A Delgado Vélez se le acusaba de no haber supervisado suficientemente las actividades relacionadas al campo funcional de abastecimiento, al no haber establecido los procedimientos necesarios para efectuar una eficiente programación del gasto correspondiente al pago por concepto de servicios de reparación de un tractor oruga y de una excavadora, prestados por la contratista.
De igual manera, a Miranda Monteza se le acusaba de no haber cumplido con el pago de la prestación del servicio del tractor oruga, no obstante que el contratista no entregó conforme dicho servicio, según las actas de conformidad suscritas por el área usuaria; además, por incumplir con el acta de conciliación, respeto al cronograma de pagos, entre la entidad y el contratista ante el tribunal arbitral; y por no haber establecido procedimientos necesarios para desarrollar una eficiente programación de dicho gasto, que hubiera permitido honrar la totalidad de la deuda contraída con el contratista.
HACEN DESCARGOS
De los actuados, en el expediente de Proceso Administrativo Disciplinario –PAD- se desprende que el 22 de diciembre del 2015, Augusto Delgado Vélez presentó su descargo mediante oficio 2015-ADV, solicitando la absolución de los cargos argumentando que el proceso de selección CP 011-2010-GR.LAMB, del que se deriva el contrato N° 039-2010-GR.LAMB del 9 de julio del 2010, no contaba con la certificación presupuestal correspondiente para el cumplimiento de las obligaciones que del documento se deriven.
Asimismo, señala que durante su gestión adoptó acciones pertinentes de priorización de recursos cancelando al contratista la suma de 313 mil 413 con 94 soles. Además, que su sucesor en el cargo, Víctor Hugo Miranda Monteza, incumplió la propuesta de pago fraccionado.
Finalmente, sin perjuicio sobre lo expuesto, Augusto Delgado Vélez planteó la prescripción del proceso en mérito a que ya había transcurrido más de un año para que el ente regional le pueda abrir Proceso Administrativo Disciplinario, señalando que el caso ya había prescrito.
En otro momento, el 4 de mayo del 2016, Víctor Hugo Miranda Monteza hizo llegar su descargo y solicitó la prescripción del proceso debido a que ya había transcurrido más de un año; por lo tanto, los plazos para investigarlos y sancionarlos ya había vencido desde el momento en que los notificaron para abrirles proceso administrativo disciplinario.
SECRETARIO TÉCNICO
Por su lado, el Secretario Técnico de Procesos Administrativos Disciplinarios del Gobierno
Regional de Lambayeque, expidió el informe N° 053-2016-GR.LAMB/STPAD-SR, con fecha 17 de noviembre del 2016 recomendando se declare la prescripción de la acción administrativa.
Se añade que los hechos sub materia ocurrieron desde el 25 de julio del 2012 hasta el 25 de julio del 2013, oportunidad en que el jefe del Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional de Lambayeque, mediante oficio N° 553-2013 –GR.LAMB/OCI, de fecha 11 de diciembre del 2013, remitió al Gobernador Regional, Humberto Acuña Peralta, el informe N° 006-2013-2-5343 “Examen Especial a la controversia arbitral entre Komatsu Mitsui Perú S.A con el Gobierno Regional de Lambayeque”, recomendando que se implemente las acciones correspondientes en mérito al precitado informe.
“La prescripción de la acción administrativa se encuentra regulada por el artículo 173 del Decreto Supremo N° 005-90-PCM del Reglamento de la Ley de Carrera Administrativa. El proceso administrativo disciplinario debió iniciarse en el plazo no mayor de un año, contado a partir del momento en que la autoridad competente tenga conocimiento de la comisión de la falta disciplinaria, bajo responsabilidad de la citada autoridad”, señaló en su informe el responsable de desarrollar el Proceso Administrativo Disciplinario contra los funcionarios antes señalados.
Finalmente, ante el tiempo transcurrido, se resolvió declarar prescrita la acción administrativa disciplinaria a favor de los servidores Augusto Delgado Vélez y Víctor Hugo Miranda Monteza.
Asimismo, se dispone el inicio de las acciones indagatorias orientadas a deslindar las responsabilidades am que hubiera lugar, contra quien o quienes injustificadamente hayan dejado prescribir la acción administrativa derivada del informe N° 006-2012-2-5343 denominado “Examen Especial a la Controversia Arbitral Ad Hoc entre la empresa Komatsu Mitsui Maquinarias Perú S.A, con el Gobierno Regional de Lambayeque.
Otros “comunicadores” lo harían con comprobantes de pago de comerciantes mayoristas y minoristas. Es más, papá de jefe de Imagen Institucional también cobra por publicidad en comuna lambayecana.
La frase: “Municipalidad de Lambayeque, Gobierno de puertas abiertas para todos”, no estaría siendo cumplida por el alcalde Ricardo Velezmoro Ruiz, quien, junto a sus funcionarios más cercanos, habría decido bloquear a la opinión pública el acceso a información respecto de los gastos que a diario se hacen en la comuna.
La investigación que Expresión desarrolla sobre los gastos que la comuna realiza en cada una de sus áreas, llevó a hurgar en la Oficina de Imagen Institucional y Relaciones Públicas de la municipalidad de Lambayeque, con el objetivo de determinar si los gastos por concepto de publicidad, difusión o promoción de los servicios que la comuna presta u ofrece a la comunidad están bien orientados y son difundidos por medios de comunicación formales y por profesionales de la Ciencias de la Comunicación registrados formalmente en la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT.
De acuerdo al portal de Transparencia Económica asignado a la municipalidad de Lambayeque, hasta el 8 de marzo pasado, la comuna había gastado –según lo declarado por los funcionarios- 90 mil 755.12 nuevos soles. De esa fecha a esta parte del año, los responsables de alimentar la información en el portal de transparencia no han consignado ningún dato adicional.
Es más, desde la última semana de noviembre, la información cargada en el Portal de Transparencia Económica de la municipalidad, referente a los “Gasto de Gestión”, se encuentran oculta.
TIENDA DE REPUESTOS
De acuerdo al portal, en los gastos de publicidad del 2016 se registran los procesos N° 140, N° 198 y N° 339, los que son abrazados por los contratos N° 621, N° 820 y N° 1514 a favor de Clotilde Mejía Vásquez, por 500 soles cada uno. El dinero es cobrado presuntamente por dicha persona mediante RUC N° 10175202817.
Sin embargo, al momento de realizar cruce de información con la Superintendencia de Administración Tributaria – SUNAT, se determina que Clotilde Mejía Vásquez no es periodista ni comunicadora social, sino una comerciante que se dedica a la venta de partes, piezas y accesorios para motos. Además, SUNAT tiene registrado el RUC N° 10175202817 a favor de una tienda de venta de accesorios llamada “Moto Repuestos Mejía”, ubicada en la calle Miguel Grau N° 854, Interior “B”, frente al Hospital Militar. Además, se encuentra afecta al Registro Único Simplificado.
PERIFONEO
De igual manera, según se data en el Portal de Transparencia Económica, a Natividad Calderón Bernilla se le pagó, a inicios del 2016, cinco mil 700 soles por desarrollar perifoneo durante 30 días del mes de diciembre del 2015, por Campaña de Tributos.
Dicha persona cobró el importe haciendo uso del RUC N° 10175451621, el cual está afecto al Registro Único Simplificado – RUS, por dedicarse a la venta de productos al por menor. El servicio prestado por Calderón Bernilla está amparado en el proceso N° 16 y el contrato N° 109 de la Municipalidad Provincial de Lambayeque.
También, mediante proceso N° 50 y contrato N° 294, Natividad Calderón cobró cinco mil 700 soles en enero del presente año por el servicio de perifoneo, pero en esta ocasión no se especifican las razones o campaña a difundir.
Asimismo, a Ney Kevy Marino Pérez Calderón se le pagó, por el servicio de perifoneo a inicios del año 2016, 570 y 380 soles, los cuales fueron cobrados mediante recibo por honorarios y RUC N° 10479416422, el cual también está afecto al Registro Único Simplificado. El servicio se adquirió mediante procesos N° 74 y N° 76, los que fueron amparados mediante contratos N° 353 y 355.
Pérez Calderón en los primeros tres meses del año también fue incluido en los procesos N° 118, 301 y 307, firmando los contratos N° 490, 1373 y 1384 por la suma de 250, dos mil 920 y dos mil 170 soles respectivamente, pero en esta ocasión ya no por perifoneo, sino por servicio de difusión.
MÁS BENEFICIADOS
Hasta marzo del presente año, según lo declarado en el portal de Transparencia Económica por la Municipalidad Provincial de Lambayeque, los beneficiados con la publicidad fueron algunas personas que se dedican a alquilar espacios radiales en emisoras formales e informales, así como fuera de la jurisdicción.
Paola Guiselly Cabrejos Llaguento registra a su favor el proceso N° 72 y el contrato N° 351 por el monto de 700 soles, el cual fue cobrado mediante RUC 10734953780, y según SUNAT está afecto el Régimen Único Simplificado, al dedicarse al rubro de ventas al por menor.
Otro es Javier Zeña Llontop, quien cobró 300 soles por concepto de publicidad haciendo uso del recibió por honorarios con N° de RUC 10441725774. También José Oscar García Santisteban, quien cobró por publicidad 300 soles; Carlos Armando Delgado Paredes, cobró 500 soles por concepto de difusión mediante recibo por honorarios con RUC 10068002244, pero en SUNAT registra que se dedica a la actividad de entretenimiento.
También cobró por servicio de difusión Alejandro Abraham Lam Ramírez, la suma de 500 soles; José del Carmen Chero Ballena, quien tendría un programa de radio en el distrito de Illimo, cobró la suma de 600 soles por concepto de difusión. A José Antonio Quevedo Morante se le pagó la suma de 200 soles por servicio de difusión; mientras que a Wil Santamaría Soplapuco se le pagó 400 soles por servicio de difusión.
A Yolanda Justina Salazar Pariamanco se le asignó los procesos N° 345 y 453, generando los contratos por servicio de publicidad N° 1554 y 2223 por montos de 400 soles cada uno; a Walther Santiago Llegado Torres, quien desarrolla actividad de comunicación por medio de la red social llamada Latin Top se le adjudicó el proceso N° 346 y 455, dando vida a los contratos N° 1555 y 2225, por servicio de publicidad, generando un pago de 400 soles por cada contrato. Otro que también cobró en dos ocasiones, por concepto de servicio de difusión y publicidad, fue Julio César Rodríguez Laca, mediante los procesos N° 354 y 425, que se sustenta en los contratos N° 1598 y 2100.
De igual manera, Segundo Miguel Piscoya Flores, quien tendría un equipo de sonido, se le pagó la suma de 400 soles mediante contrato N° 1599. Dentro del grupo también se encuentra José Valentín Ramos Sánchez, quien registra contrato N° 1773 por concepto de servicio de publicidad y se le pagó la suma de mil soles.
“ES MI PADRE”
De acuerdo a la Ley N° 28874, Ley que regula la Publicidad estatal, así como en el marco de la transparencia y racionalidad del uso de los recursos del Estado, Expresión se comunicó con el jefe de Imagen Institucional de la Municipalidad de Lambayeque, Marlón Pucse López, quien de acuerdo a la Ley N° 28874 es el responsable y encargado de elaborar el plan de medios y solo dar preferencia a los medios de comunicación seleccionados, siempre y cuando estos acrediten debidamente sus condiciones de servicio, calidad, costos de mercado y cobertura.
A la consulta por el pago de 500 soles por concepto de publicidad a favor de José Pucse Gonzales, el jefe de imagen institucional de la Municipalidad de Lambayeque respondió que dicha persona es su padre, y que desde antes que él naciera, este ya recibía publicidad en la comuna.
“Es mi padre, él tiene publicidad desde hace años, antes que yo nazca. Él es periodista permanente y se puede demostrar, él brinda su servicio como todo periodista a la municipalidad de Lambayeque”, sostuvo Marlon Pucse al momento de ser entrevistado.
En cuanto a Clotilde Mejía Vásquez, Pucse López sostuvo que dicha persona trabaja para una radio local llamada "Sensación”. Descartó ser la persona que recaba los recibos por honorarios o las boletas con la que los contratantes cobran sus servicios, señalando que ello es responsabilidad del personal de Logística.
“No sé si Clotilde Mejía cobra el concepto de publicidad con una boleta de venta perteneciente a una tienda de moto repuestos. El tema de las boletas o los cobros no pasan por mis manos, es el área de Logística la responsable. Yo requiero y contrato el servicio, y la persona a quien se le pide el servicio envía una cotización, la que contiene su nombre y la radio donde trabaja. Al final del servicio hace un trámite que se inicia en Logística para que se le pague. Yo no recibo ningún documento, el pago lo hace otra área, yo requiero y doy la conformidad del servicio”, sostuvo.
Asimismo, en cuanto al pago que se habría hecho a algunas personas que se desarrollan como locutores en emisoras de Mórrope e Íllimo, Marlon Pucse señaló que en ocasiones la comuna lambayecana contrata servicio de publicidad en esas zonas, especialmente cuando se quiere difundir temas de carácter municipal.
PEDIRÁ INVESTIGACIÓN
A su turno, el regidor Carlos Díaz Junco sostuvo sentirse preocupado por la forma en la que se vendría desarrollando la contratación de servicios publicitarios, cuando la Ley 28874, Ley que regula la publicidad estatal, es clara en señalar que las entidades y dependencias del Estado solo darán preferencia a los medios de comunicación oficiales y privados, si estos acreditan debidamente sus condiciones de servicio, calidad, costo de mercado y cobertura.
De igual manera, añadió que la preocupación es mayor al saber que el actual jefe de Imagen Institucional contrate los servicios publicitarios de su padre.
Añadió que espera tener las pruebas en sus manos para demandar la intervención del Órgano de Control, y se pueda determinar mediante el Plan de Estrategia Publicitaria, si la publicidad se está orientando dentro del marco legal.
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Consorcio MC ganó la licitación pese a que no cumplía con las bases y que acreditó capacidad académica de sus profesionales con documentos falsos.
Las irregularidades en el proceso de selección para la pavimentación de la Avenida Arequipa no es lo único por cuestionar a la gestión del alcalde David Cornejo Chinguel. La Contraloría General de la República ha confirmado que en la contratación del proyecto de renovación del saneamiento básico para dicha arteria también se produjeron anomalías que van en contra de la normatividad vigente y que ponen en evidencia, una vez más, los negados actos de corrupción en la Municipalidad Provincial de Chiclayo.
El direccionamiento de la Adjudicación Directa Selectiva N° 21-2015-MPCH/EP, para el “Mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado de la calle Arequipa, cuadras 1, 2, 3 y 4, del distrito de Chiclayo”, por un valor referencial de 475 mil 23.94 soles, es lo que se produjo en el municipio, debido a que – según la Contraloría – se formularon requerimientos técnicos mínimos considerando requisitos restrictivos, limitando la libre concurrencia, pluralidad y participación de postores.
De acuerdo a la Desviación de Cumplimiento N° 02-2016-CG/CORECH-AC, levantada por la comisión auditora instalada en la comuna provincial, también se admitió la propuesta de un postor que incumplió con acreditar los requerimientos técnicos mínimos exigidos en las bases, y pese a ello se le otorgó la buena pro de la obra, afectando así la legalidad del proceso de contrataciones.
El Comité Especial conformado para dicho proceso, designado por Resolución de Gerencia N° 178-2015-MPCH-GM, expedida por el exgerente Ruperto Castellanos Custodio, el 28 de octubre del 2015, estuvo integrado por Wilson Cubas Vásquez, como presidente, y Marco Medina Villena, de la Subgerencia de Logística y Servicios Internos, y Pedro Vera Salcedo, como integrantes.
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS
En el proceso de selección se incluyó la relación de requerimientos mínimos aprobados por la Gerencia de Infraestructura de la MPCH, en la cual se indicaba que el asistente del residente de obra debía cumplir con acreditar capacitación en la Ley de Contrataciones y Adjudicaciones del Estado y su reglamento; haber seguido un curso de Programación de Obras MS Project; un curso de Arbitraje en las Contrataciones del Estado, y un diplomado en Residencia, Supervisión, Seguridad y Liquidaciones de Obras.
En el caso del maestro de obra, se exigía que este acredite cursos de Seguridad e Higiene Ocupacional, cursos de Levantamiento Topográfico de Grandes Extensiones (con un mínimo de 150 horas), un curso de Levantamiento Topográfico (130 horas), un curso de Dibujo Topográfico, estudios de MS Project y un curso de Civil Survey.
Asimismo, para el ingeniero especialista en seguridad se requería que este cumpla con tener un diplomado en Seguridad de Trabajo e Higiene Industrial, un diplomado en Gestión de Seguridad y haber seguido un curso de Conservación del Medio Ambiente y Evaluación del Impacto Ambiental.
“Podemos afirmar que los requerimientos académicos exigidos para el caso del asistente del residente, maestro de obra e ingeniero especialista en seguridad, resultan restrictivos y constituyen un límite para la libre concurrencia y competencia en el referido proceso; en tal sentido la Gerencia de Infraestructura Pública y sub gerencia de Obras, en su condición de órgano encargado de las contrataciones de la entidad (MPCH), y el Comité Especial (…) inobservaron no solo el principio de Libre Concurrencia y Competencia, consagrado en el Artículo 4 de la Ley de Contrataciones del Estado, sino también lo dispuesto por el Artículo 13, referido a características de los bienes, servicios y obras a contratar”, señala la comisión auditora.
GANADOR DE LA BUENA PRO
Según lo hallado por la Contraloría General de la República, el Comité Especial, a través del Acta de Apertura de Sobres y Otorgamiento de la Buena Pro, suscrita el 29 de diciembre del año pasado, dio como ganador al Consorcio MC, conformado por las empresas: COSAT Industrial SRL y Constructora MASAT EIRL, señalando que este fue admitido al ser el único postor de tres participantes inscritos, y luego de realizada la “revisión correspondiente”.
“Admitir la propuesta técnica al postor único Consorcio MC, que cumple con lo señalado en el expediente técnico, pasando a la evaluación económica de acuerdo al Artículo N° 47 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, donde se señala que no establecerá factores técnicos de evaluación, solo se evaluará la propuesta económica”, señala la referida acta.
Sin embargo, como ha confirmado la comisión auditora, el Consorcio MC, cuyo representante legal común es Juan Carlos Monasterio de la Cruz, presentó su propuesta técnica sin cumplir con los Requerimientos Técnicos Mínimos – RTM, exigidos en las bases de la adjudicación.
RESIDENTE DE OBRA
Las bases de la licitación señalaban en su numeral 7 que el ingeniero residente debía ser ingeniero civil, con estudios demostrados de MS Project, costos y presupuestos S10, demostrados con certificados o constancias de estudios concluidos (…).
Empero, el certificado alcanzado por el Consorcio MC, consigna, en el caso de Paul Canales Rumiche, propuesto como ingeniero residente, estudios en “Programación de Obras MS Project 2003”, es decir sobre una versión del software del año 2003, cuando el certificado había sido presuntamente emitido el 25 de septiembre del 2001, dos más de un año antes a la versión del sistema.
Lo grave es que el certificado supuestamente expedido por SENCICO Trujillo es falto, tal como ha confirmado a la Contraloría el gerente zonal del centro técnico a través del Oficio N° 0196-2016-VIVIENDA/SENCICO-16.00, debido a que la denominación del nombre del curso no corresponde al catálogo de cursos de la institución, el código del estudiante cambia de un certificado a otro en comparación con el curso S10 Win Costos y Presupuestos, cuando debe ser el mismo en ambos. Además, se indica que el curso fue de 18 horas cuando debería ser de 30.
“La veracidad pudo ser advertida por el Comité Especial en el mismo acto por la inconsistencia de las fechas de emisión del certificado y de la versión del software materia de la capacitación, debiendo ser observado”, señala la comisión auditora.
Otro hallazgo respecto al ingeniero residente propuesto por el consorcio ganador de la obra es que este no cumplió con acreditar su experiencia como residente, supervisor o inspector en tres obras alcanzadas como parte de su escalafón al Comité Especial, omitiendo en ello la presentación de los contratos, constancias o certificados que así lo corroboren.
En los casos en los que sí acreditó supuesta experiencia no se especificó en los documentos presentados las fechas en las que cumplió funciones como residente, supervisor o inspector.
“El Consorcio MC no ha acreditado la experiencia mínima exigida de 22 de meses en obras similares para el caso del ingeniero residente propuesto, logrando acreditar solo 19.83 meses de experiencia en obras similares, por lo cual no cumplió con los Requerimientos Técnicos Mínimos – RTM, exigidos. (…) Por lo que el Comité Especial no debió admitir la propuesta técnica alcanzada por el citado consorcio”, afirma la Contraloría.
OTROS PROFESIONALES
Respecto al asistente del residente propuesto por el consorcio, en este caso el ingeniero Marco Figueroa Perleche, la Contraloría General de la República determinó que no se acreditó la capacitación profesional en el curso de “Programación de Obras en MS Project”, tal cual lo exigen las bases como los Requerimientos Técnicos Mínimos, por lo cual la propuesta tampoco debió ser admitida.
Lo mismo se halló en relación a William Sánchez Ruiz, propuesto como maestro de obra, de quien tampoco se acreditó la capacitación profesional en el curso de “Levantamiento Topográfico”, conforme lo exigían los RTM, adjuntándose en su lugar un certificado correspondiente a “Levantamiento Planimétrico”, que técnicamente son materias de aplicación diferente, por lo cual el consorcio debió ser rechazado como postor.
Tampoco se acreditó los 36 meses de experiencia del profesionales propuesto como maestro de obra, conforme exigían las bases. Los documentos presentados por el Consorcio MC no demostraron de manera fehaciente los antecedentes laborales de Sánchez Ruiz en el puesto propuesto.
El topógrafo propuesto por el consorcio, Richard Guerra Gonzáles, no acreditaba ni la formación académica ni la experiencia mínima de 24 meses efectivos en un puesto de similar característica, situación que también se presentó con el almacenero, cargo para el que se presentó a Yaxson Coronado Zapata.
Pese a todas las inconsistencias existentes, la Municipalidad Provincial de Chiclayo suscribió el 18 de enero de este año el contrato con el Consorcio MC.
Por todo ello, la Contraloría General de la República ha concluido que los funcionarios de la comuna trasgredieron los principios que rigen a las contrataciones; la prohibición de prácticas que afecten la mayor concurrencia y competencia en el proceso de contratación; las características técnicas de los bienes, servicios y obras a contratar; los mandatos sobre el Comité Especial; la responsabilidad; las condiciones mínimas de las bases; el artículo referido al proceso de selección desierto; la validez de propuestas; de las responsabilidades y sanciones, y de las infracciones y sanciones administrativas de la Ley de Contrataciones del Estado.
También se violó el reglamento de la referida norma y las bases del proceso de adjudicación.
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El decano del Colegio de Ingenieros del Perú – CIP, Consejo Departamental de Lambayeque, Carlos Burgos Montenegro, considera que a casi dos años de iniciada la gestión del alcalde David Cornejo Chinguel en Chiclayo, no hay ningún resultado de cambio en la provincia, por lo que no duda en señalar que el período 2015 – 2018 será, también, “tiempo perdido”.
“Nos apena mucho la situación de la provincia, y también de la región, porque, como oportunamente se dijo, las autoridades no están a la altura de las circunstancias. En el caso de Chiclayo más, porque las pocas obras ejecutadas por la administración Cornejo Chinguel han sido observadas, cada una, y a nombre del colegio hemos emitido los informes correspondientes. Esto se ha grave con los informes que está emitiendo la Contraloría General de la República sobre irregularidades, temas que deben ser investigados y sancionados”, señala Burgos Montenegro.
El representante de la orden profesional anota que con los hechos que empieza a confirmar la Contraloría a través de sus exámenes de auditoría puede afirmarse que la historia se repite en la municipalidad de Chiclayo, donde aún está fresco el recuerdo que dejó la gestión del ahora preso exalcalde Roberto Torres Gonzales con sus malos manejos administrativos, presupuestales y técnicos.
“Si empiezan a verse irregularidades que afectan la economía de los chiclayanos, estamos hablando entonces de corrupción y eso fue lo que sucedió en la administración de Roberto Torres”, indica.
MEA CULPA
Para Burgos Montenegro corresponde a la orden profesional aceptar parte de la responsabilidad por lo que sucede en Chiclayo y ofrecer disculpas a la población, debido a que muchas de las irregularidades denunciadas e investigadas tienen a ingenieros entre sus protagonistas, sobre todo en lo referido a elaboración de proyectos y ejecución de obras.
El decano refiere que si bien el Tribunal del Ética es autónomo, se ha pedido que este actúe de oficio e investigue los casos que oportunamente han sido denunciados o que dé atención inmediata a los procesos contra los ingenieros involucrados en los 60 proyectos que el CIP Lambayeque ha observado en el departamento.
Uno de los casos investigados actualmente en el Tribual de Ética es el de Dick Reque Zapata, exfuncionario de la administración municipal de Chiclayo.
“Para que el Tribunal pueda definir la sanción o inhabilitación del profesional investigado tiene que contar con todos los elementos suficientes, y a veces las instituciones aparentemente buscan proteger o evitar que se realicen las acciones. Cuando se solicita la información la documentación no llega”, comenta Burgos Montenegro.
Añade que otro serio problema que se registra respecto a los proyectos y obras públicas es que el poder político se impone a los criterios técnicos y eso acarrea responsabilidades en los profesionales de la ingeniería, quienes tienen que ajustar los expedientes a las exigencias de las autoridades aunque ello no garantice eficiencia. “Eso origina que muchas obras queden abandonadas o sean de pésima calidad”, señala.
“Como representante de los ingenieros y decano del colegios siento muchas veces hasta vergüenza ajena por los casos que se presentan. Ahora, los nuevos colegiados, antes de recibir su acreditación como tal son sometidos a un conversatorio precisamente para reflexionar en el aspecto ético. No todo puede ser sanción, el tema ético y de valores tiene que ser fortalecido de manera permanente”, manifiesta.
INDIFERENCIA
Anota que el mea culpa que hace a nombre del Colegio de Ingenieros de Lambayeque también debe alcanzar al resto de instituciones, debido a que – asegura – durante mucho tiempo se ha mostrado indiferencia ante los problemas del departamento, actitud que busca corregir con el impulso dado junto por la Cámara de Comercio y otras organizaciones de la sociedad civil.
“Esa indiferencia permitió que muchas autoridades hagan de las suyas en la región. Hemos acordado que desde la Cámara de Comercio se pida al Gobierno Regional de Lambayeque que convoque a la instalación del Comité de Competitividad, que debe estar conformado por dos instituciones de gobierno y tres representaciones de la sociedad civil”, enfatiza.
TIEMPO PERDIDO
Burgos Montenegro indica que habiendo trascurrido casi 24 meses del mandato de David Cornejo Chinguel como alcalde de Chiclayo, es difícil que en los dos años que le restan para gobernar pueda cumplir con todos los ofrecimientos que hizo en campaña, como construir el Terrapuerto, los pasos a desnivel, el nuevo Mercado Modelo, reorganizar el transporte, reordenar el comercio ambulatorio y combatir la inseguridad.
“No se necesita ser mago para adivinar que no se cumplirán los ofrecimientos. No hay plan de trabajo y sin eso, qué se puede esperar. El alcalde primero pidió cien días, yo le respondí que le daba un año para hacer algo. Han pasado dos y no se ven resultados concretos. Se le ha dicho que el Colegio de Ingenieros está a su disposición, porque esa es la razón de ser de este consejo departamental: el acercarse a las autoridades y a la comunidad para ayudar, pero no se toma en cuenta esa voluntad”, asevera.
Actualmente en el Consejo Departamental del CIP se mantienen activas 12 comisiones técnicas conformadas por profesionales especializados, quienes han emitido opinión respecto a los diferentes problemas que se registran a nivel provincial y regional, exponiendo además propuestas de solución que permitan a las autoridades políticas la ejecución de proyectos de inversión con garantía de eficacia.
“Nuestros profesionales están prestos a apoyar, pero si no se acogen nuestros aportes entonces qué más podemos hacer. Si la situación continúa así los cuatro años de este gobierno serán tiempo perdido”, asegura el decano.
MANEJO DE EPSEL
Carlos Burgos se refirió también a lo señalado el viernes último por el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Edmer Trujillo Mori, durante su visita a Chiclayo, respeto al manejo político que los alcaldes dan a la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque – EPSEL, lo que agudiza la crisis operacional que esta arrastra desde hace varios años.
El decano de la orden profesional asegura que ninguno de los burgomaestres de Chiclayo, desde que la empresa prestadora ingresó al sistema paramunicipal, se ha preocupado por priorizar los criterios técnicos, y esto se ha reflejado en la conformación de los directorios y la designación de gerentes.
“De lo que pasa en EPSEL no solamente es responsable la actual gestión. Hay que ser justos. Todos los alcaldes han tenido injerencias de carácter político en la empresa y nunca prevaleció lo técnico. No es posible que, incluso, la sociedad civil esté representada por una persona que no corresponde. En el Directorio actual, por ejemplo, no hay un solo integrante que tenga el perfil de ingeniero sanitario, o que al menos tenga trayectoria en el manejo de una empresa de saneamiento. Gente capaz y no que esté ahí por la dieta que recibe”, afirma.
Señala que los problemas en EPSEL se han ido profundizando desde las gestiones de Arturo Castillo Chirinos, Miguel Ángel Bartra Grosso, Fernando Noblecilla Merino, José Barrueto Sánchez, Roberto Torres Gonzales y Elizabeth Montenegro López.
“Nunca le dieron un direccionamiento de carácter técnico a la empresa, sin embargo debemos ser claros en señalar que la situación se está haciendo más grave y que se tiene como responsable directo, de turno, al alcalde David Cornejo”, asevera.
LIDERAZGO REGIONAL
Burgos Montenegro precisa también que a nivel regional se requiere de mayor énfasis de parte del gobernador Humberto Acuña Peralta para trabajar junto a la sociedad civil en la gestión de los proyectos de gran impacto que Lambayeque necesita, como el Terminal Portuario y la mejora de la red vial departamental.
“En La Libertad o Piura las autoridades caminan con la sociedad civil por sus proyectos. Yo me pregunto por qué nosotros acá tenemos que pagar los platos rotos de la falta de iniciativa de nuestras autoridades. La Cámara de Comercio, todos los colegios profesionales, los gremios empresariales, industriales y de servicio nos hemos reunido en el Colegio de Ingenieros para redactar un memorial a fin de pedirle una cita al presidente de la República para exponer sobre el Terminal Portuario. Eso lo sabía el gobernador, pero cuando llegó el ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, que además lo hizo como encargado del despacho presidencial, prefirió no dar el espacio a la sociedad civil”, señala.
Lamenta que no exista fluidez en el acercamiento entre el gobierno regional y las instituciones de la sociedad civil, a diferencia de lo que sucede en los departamentos vecinos.
“Ojalá las autoridades puedan reflexionar, ya que estamos en fechas de hacerlo, y en algún momento tener ellas la iniciativa de convocar a la sociedad civil. Deseamos aportar, dejar un buen precedente y que los futuros gobernantes entiendan que las organizaciones también forman parte de la representatividad local”, señala.
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En la mañana del miércoles 14 de diciembre, horas antes del trágico accidente que le quitó la vida, el rector de la Universidad Señor de Sipán, y amigo de esta casa periodística, doctor Roger Pingo Jara, se comunicó con nuestra directora vía correo electrónico para solicitar la difusión de un artículo de su autoría, publicado en la Revista Científica de la Pontificia Universidad Católica del Perú – PUCP. “Lluvia de bendiciones, abrazos fraternos y sigamos avanzando de la mano de Dios”, son las palabras finales del breve mensaje que nos dejó.
Conforme nos comprometimos, publicamos parte del interesante estudio que Roger Pingo escribió, denominado “El marketing de ciudades y la gestión urbana socialmente responsable, caso ciudad de Chiclayo 2016 – 2035”, empeñado siempre en el propósito de lograr que la Marca Chiclayo sea motor del desarrollo local, asociado al turismo, la calidad de los servicios y el bienestar de la población.
EL ESTUDIO
Los objetivos de la investigación apuntaron en dos direcciones. En lo que respecta a lo cualitativo, se buscaba conocer las expectativas de desarrollo de Chiclayo para los próximos veinte años, identificar la manera de lograr el cambio y elaborar una propuesta que permita formar ciudadanos socialmente responsables. En lo cuantitativo, se esperaba identificar la problemática de la ciudad de Chiclayo, analizar la percepción de los chiclayanos sobre la problemática de la ciudad y priorizar las propuestas para el desarrollo sustentable y sostenible de Chiclayo.
A partir de este estudio, se concluye que la ciudad de Chiclayo afronta una problemática estructural que afecta la calidad de vida de todos sus grupos de interés. Se carece de un modelo de ciudad socialmente responsable. Los ciudadanos esperan una ciudad saludable, limpia, ética-moral, segura, ordenada y demandan un proceso educativo en responsabilidad social transversal. Sobre esta base, se propone el modelo «Chiclayo al 2035. Calidad de vida y desarrollo».
¿CUÁL ES EL PROBLEMA Y POR QUÉ SE ESTUDIA?
De manera general, problema «se considera a toda diferencia negativa entre lo que debería ser y lo que es» (Caballero, 2014, p. 120). De acuerdo con el contexto actual, la realidad en que se vive y pensando en el futuro, estas son algunas de las preguntas que durante el día a día se formula el ciudadano, conjuntamente con su familia, sus vecinos, sus colegas en su centro de labores, su círculo social, en los colegios, institutos o universidades donde estudian sus hijos, entre otros espacios de la ciudad:
¿Cuál es el modelo de ciudad que se sueña para las futuras generaciones? ¿En qué tipo de ciudad los padres quieren vivir con la familia en las próximas décadas? ¿Cómo educar a los hijos para que en el futuro sean ciudadanos socialmente responsables y logren una mejor ciudad con calidad de vida, de acuerdo a los estándares internacionales? ¿Qué legado de ciudad se quiere dejar para las futuras generaciones?
En los últimos quince años, la imagen de Chiclayo ha sido seriamente afectada por la corrupción, debido a los resultados de la gestión de algunas autoridades. Se cuestiona, también, que la mayoría de los ciudadanos residentes en Chiclayo no se sienten identificados con su ciudad, porque la mayoría de la población establecida en la «Capital de la Amistad» proviene de Cajamarca, Chota, Cutervo, Jaén, Bagua, Piura, Talara, entre otras ciudades del nororiente. Además de ello, se vive un caos en el ordenamiento y ornato de la ciudad, la contaminación ambiental, la seguridad ciudadana, el tránsito, el marcado desinterés por la cultura y el turismo, entre otros problemas estructurales, como la economía doméstica. Este problema se estudia, puesto que existe una preocupación de parte los diferentes grupos de interés por dar solución a las problemáticas que se afrontan en la realidad, mediante propuestas socialmente responsables, pensando en el futuro, con miras a su bicentenario en el año 2035.
Diferentes estudios se han realizado sobre el marketing de ciudades y la gestión urbana. Sin embargo, a la fecha no existe un artículo científico sobre Chiclayo.
RESULTADOS
De las entrevistas a expertos se obtuvo que para revertir y fortalecer la imagen de la ciudad se requiere:
Visión de Chiclayo a veinte años: La visión de los especialistas es que Chiclayo será una ciudad con sólidos valores y respeto al ciudadano; segura; adecuada, en términos urbanísticos; ordenada en el tránsito; que cuida al medio ambiente; y con proyección urbana en lo social, cultural, económico y empresarial.
Educación que nace en el hogar: La base ética moral debe empezar a partir de lo que los padres enseñan con el ejemplo, cultivando nuestra historia, fortaleciendo nuestra cultura, valorando el medio ambiente, y desarrollando actitud y capacidad de servicio.
Mensaje final: Los expertos entrevistados consideran que se requiere de un cambio de actitud: mejorar la conciencia ciudadana al elegir nuestras autoridades, mayor participación activa de los diferentes grupos de interés, fortalecer la institucionalidad.
De las entrevistas a jefes de hogar, trabajadores independientes y estudiantes universitarios.
Visión de Chiclayo a veinte años: La visión que tienen este grupo de entrevistados sobre Chiclayo El marketing de ciudades y la gestión urbana socialmente responsable, caso ciudad de Chiclayo es la de una ciudad saludable en lo ético, social, cultural y económico; que respete al medio ambiente; y brinde seguridad a sus ciudadanos. Además, consideran que, a veinte años, esta puede ser una ciudad atractiva para el turismo, que genere empleo, con desarrollo urbanístico planificado y moderno.
Educación que nace en el hogar: es el compromiso que asume una familia para educar a sus hijos en valores, lo que generaría asumir una conciencia ambiental y el fortalecimiento de la identidad cultural.
Mensaje final: Desde la perspectiva de los entrevistados, el ciudadano es el protagonista del cambio, mediante la creación de nuevas condiciones para el servicio a la sociedad, la promoción de inversiones, brindando seguridad, como base de lo ético y de la moral.
ANÁLISIS
Al analizar los resultados, describirlos sobre la base de los métodos empleados y de su consistencia con las investigaciones precedentes, el autor concluyó lo siguiente:
Existe una brecha significativa entre la realidad (lo que es) y el estado ideal (lo que debería ser) de la ciudad de Chiclayo. Chiclayo ha crecido de manera desordenada, sin planificación urbana; no cuenta con un norte urbanístico. Su plan urbano data desde hace dos décadas. Se puede afirmar que Chiclayo, como ciudad, se ha incrementado poblacionalmente, pero no se ha desarrollado urbanísticamente.
Si bien es cierto que Chiclayo es considerado el hub comercial, a la fecha no es tan competitivo, pues le falta atractividad para las inversiones nacionales e internacionales. Las diferentes autoridades que han gobernado y administrado a Chiclayo en las dos últimas décadas no han considerado los principios y fundamentos de la responsabilidad social.
No se ha valorado y desarrollado la relación de fondo que existe entre el marketing de ciudades y la gestión urbana socialmente responsable. El primero puede comprenderse como el modelo de visualización y presentación de un producto-servicio llamado ciudad, mientras que la segunda refiere a un modelo de gobierno y administración local.
Existen expectativas en los diferentes grupos de interés por mejorar la imagen de la ciudad; para ello, se necesita un plan de marketing para reposicionar la marca Chiclayo.
CONCLUSIONES
La ciudad de Chiclayo afronta una problemática estructural que data desde hace dos décadas. No cuenta con un plan urbano actualizado, y no considera los principios y fundamentos de la responsabilidad social para el marketing y la gestión urbana, lo cual afecta la calidad de vida de todos sus grupos de interés —residentes, visitantes, turistas, inversionistas—, y, por ende, de las actuales y futuras generaciones.
Existe una brecha significativa entre el estado ideal (lo que debería ser) y la realidad (lo que es) de la ciudad de Chiclayo, pues no cuenta con un modelo de ciudad socialmente responsable.
Se requiere reposicionar la marca Chiclayo considerando las oportunidades que existen en el mercado nacional y global, y basándose en un modelo de ciudad socialmente responsable. Los ciudadanos de Chiclayo anhelan para los próximos veinte años el siguiente escenario: saludable, limpio, con base ética-moral.
Los ciudadanos sueñan con una ciudad que logre el equilibrio entre lo moral, ético, inclusión social, ambiental, cultural, empresarial y económico, en ese orden de importancia. Demandan un proceso educativo en responsabilidad social transversal, que parta del hogar y al cual se sumen los colegios, universidades, centro de labores, con todos los grupos de interés.
Chiclayo, como ciudad, necesita conectarse con sus ciudadanos, desde el hogar, a partir de las familias, y fortalecer su identidad interrelacionando las diferentes culturas que viven y conviven; proyectándose y practicando el respeto, la transparencia, la honradez, la honestidad, la colaboración; y mejorando el nivel de autoestima de cada ciudadano, aprendiendo a amar su ciudad, contribuyendo con su desarrollo.
Las autoridades de Chiclayo necesitan actuar con coherencia y consistencia entre lo que piensan, dicen y hacen, con sincronía y sintonía en toda la comunidad para mejorar continuamente el índice de progreso social (IPSR).
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Hay personas que con su entusiasmo contagian a otras para trabajar en la construcción de un mejor futuro. Una de ellas, qué duda cabe, fue el académico Roger Pingo Jara.
Chiclayano, fue siempre dado al estudio y al servicio social. Se formó como Administrador en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega para luego seguir sus estudios de maestría en Administración de Negocios en la Universidad San Ignacio de Loyola, y alcanzar, posteriormente, el grado de Doctor en Administración en la Universidad Nacional de Trujillo.
Proactivo y dinámico, fue durante 18 años docente principal de la Universidad de Chiclayo, donde llegó a ser Vicerrector Académico y posteriormente rector, en el período 2010 - 2015.
En mayo de este año, asumió la responsabilidad de conducir el rectorado de la Universidad Señor de Sipán, apuntando a nuevos objetivos para la casa superior de estudios.
Permanente estudioso del marketing y la planificación estratégica, Roger Pingo creo e impulsó la Marca Chiclayo y la Marca Lambayeque, en el propósito de generar mayores beneficios para el departamento a partir del aprovechamiento de las potencialidades turísticas, culturales y gastronómicas. Fue incansable su demanda de una mejor organización urbanística y ornamental de las ciudades para atraer a los visitantes.
Desde Expresión manifestamos nuestras condolencias a su familia, a la que tanto amó; a sus amigos, a la comunidad de la Universidad Señor de Sipán, a sus compañeros de trabajo y estudiantes, animándolos a elevar una oración por su eterno descanso, reconfortados en la promesa que Jesús dejó.
Descansa en paz, Roger Pingo Jara.
En su visita a Chiclayo, el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Edmer Trujillo Mori, le dio un jalón de orejas a los alcaldes que integran la Junta de Accionistas de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque – ESPEL, al señalar que mucho daño le hace al funcionamiento de esta el manoseo político al que los ediles están acostumbrados desde inicios de la década del 90. Como consecuencia – dijo – se tiene una entidad deficiente.
El periplo del ministro se inició muy temprano el viernes último, cuando desde las 6 de la mañana recorrió las obras paralizadas de agua y desagüe en José Leonardo Ortiz, acompañado del congresista Clemente Flores Vílchez, el alcalde del distrito, Epifanio Cubas Coronado, y funcionarios de EPSEL.
Luego, cerca de las 10 de la mañana, Trujillo Mori se reunió con los alcaldes provinciales de Chiclayo y Ferreñafe, así como con los burgomaestre de la mayoría de distritos del departamento, a quienes les mostró, en blanco y negro, la cruda realidad de los servicios de saneamiento en el país, poniendo énfasis en el caso de Lambayeque, por los millonarios presupuestos destinados a obras que hoy se mantienen inconclusas, en controversia o que no cumplen los objetivos para los cuales fueron ejecutadas.
“Solo en José Leonardo Ortiz se ha demostrado que las obras hechas están incompletas o que no funcionan. Así no se puede continuar”, manifestó el titular de Vivienda.
MAL NACIONAL
Trujillo Mori remarcó que la prioridad, tal como lo señaló el presidente Pedro Pablo Kuczynski desde la campaña electoral, es resolver el problema del saneamiento, algo que – según indicó - está muy bien definido e identificado. “No podemos decir que somos un país desarrollado si no somos capaces de resolver los problemas de agua y saneamiento”, afirmó.
“No es que no se hayan destinado recursos, sí se han destinado importantes cantidades. Lo que hay que preguntarnos es qué pasó, por qué los servicios no están bien o por qué los servicios no tienen una relación directa con los importantes recursos que fueron transferidos. ¿Qué está pasando?”, cuestionó Trujillo Mori, quien explicó que aproximadamente seis millones de peruanos no reciben servicios de agua y cerca de 11 millones no tienen acceso al alcantarillado. De igual manera solo el 54 % de la población que sí accede al servicio recibe agua potable con calidad adecuada en las zonas urbanas, mientras que en la zona rural la cifra apenas llega al 9 %.
“El tratamiento de aguas servidas es otra situación difícil. Solo el 62 % de las aguas servidas, según un reporte de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento – SUNASS, pasan a través de una planta de tratamiento, y eso solo se refiere al ámbito de su supervisión. Lo más grave para nosotros es que los servicios no son sostenibles, ninguna entidad prestadora, incluida SEDAPAL, que es la empresa más grande del país, tiene la capacidad de atender la demanda de servicios con sus propios recursos. Lo más lamentable es que este diagnóstico es el mismo al de hace 30 años. Algunas cifras han variado, es verdad, pero el servicio sigue siendo el mismo”, lamentó.
CAUSAS DEL PROBLEMA
De acuerdo al diagnóstico del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, las causas de estos problemas son dos: los operadores, que pueden ser las empresas paramunicipales, los municipios o las Juntas de Administradoras de Saneamiento – JAS, que funcionan en la zona rural; y las inversiones deficientes.
“Tenemos que reconocer que EPSEL está mal, al igual que los servicios que ofrece, pero también hay municipios que brindan servicios de manera directa y lo están haciendo mal, les falta recursos, no tienen para hacer sus obras y, lo que es peor, no tienen siquiera para operar y mantener el servicio de agua potable. Entonces, la primera causa de esta situación es la falta de capacidad y competencia. Falta conocimiento y también ganas de resolver el problema”, indicó.
Hay un tercer aspecto que es el marco legal, que tal como está genera serias limitaciones para la buena ejecución de inversiones en materia de saneamiento.
“Ninguna de las regiones del Perú ha logrado atender a toda su población con agua y saneamiento. Hay situaciones muy críticas como Ucayali y Pasco, mientras que otras regiones están mejor como Tacna, por ejemplo, donde el 92 % de la población urbana tiene agua. En Loreto, solo el 8 % de la población rural tiene acceso al agua potable, y la situación es más crítica aún en el caso del desagüe”, detalló.
CRISIS DE OPERADORAS
En el Perú hay 204 plantas de tratamiento de aguas servidas que están bajo el ámbito de las empresas prestadoras. En el Perú hay 50 entidades prestadoras de las cuales 16 no tienen ninguna planta de tratamiento de aguas residuales, y hay 89 localidades que pese a estar bajo jurisdicción de las prestadoras de servicio no tienen tratamiento de desagües.
De las 50 prestadoras de servicio que hay en el país, 11 ya ingresaron al Régimen de Administración Temporal – RAT de la OTASS, siendo el ministerio el que asume directamente la gestión. Existen además 14 listas para ser intervenidas entre las cuales se encuentra EPSEL.
“Esto revela que la situación de los servicios de saneamiento en el Perú es crítica, que los operadores están mal y ¿qué hacemos? Hay casi 500 municipios que administran de manera directa los servicios y de ellos no tenemos ninguna información, lo único que tenemos claro es que estos están peores. Ni hablar de las miles de JAS, de esas no sabemos nada”, mencionó Edmer Trujillo.
DINERO “AL AGUA”
Actualmente, en el país hay 142 obras de saneamiento básico, que representan la inversión mil 160 millones de soles, que no benefician a nadie.
“Mil 160 millones de soles es muchísimo dinero y está ahí, simplemente enterrado, en tubos, sin beneficiar a nadie. En Lambayeque hay ocho obras, por casi 60 millones de soles, que no funcionan y estamos hablando solo de proyectos cuyos recursos han sido transferidos por el gobierno nacional. Si miramos los proyectos de agua y saneamiento ejecutados con recursos propios de municipios y gobiernos regionales estamos hablando de muchísimo más dinero”, señaló el ministro.
Edmer Trujillo indicó que el 55 % de los 142 proyectos paralizados tiene problemas de expedientes técnicos y sobre ese punto cuestionó el rol de los profesionales de la ingeniería, identificados como directos responsables de la problemática.
“Es imposible que los proyectos se terminen si no son formulados bien y ahí viene un gran problema: no es posible que los ingenieros no hagamos buenos proyectos, que los ingenieros hayamos agarrado la costumbre de copiar los proyectos y eso se detecta cuando se revisan los documentos. No es posible que el 3 % de los proyectos paralizados en el país estén así porque no hay fuentes de agua y esos han sido elaborados por ingenieros. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo los aprobaron? No se han resuelto temas de servidumbres y así han sido aprobados los expedientes. Es más, el 20 % de los proyectos de saneamiento son deficientes en el diseño. Eso es inaceptable”, enfatizó.
Añadió que los problemas contractuales, que representan el 20 %, son otra razón por la que se paralizan los proyectos de saneamiento básico.
INCAPACIDAD DE GASTO
Entre el 2011 y el 2016 se han destinado para saneamiento básico 11 mil 600 millones de soles a nivel nacional, de los cuales se ha ejecutado solo el 55 %. Esto demuestra que hay también un grave problema de ejecución de gasto.
“Para resolver la brecha de saneamiento tenemos que seguir transfiriendo recursos a los gobiernos regionales y municipales, pero, en contraparte, estos deben mejorar su capacidad de gasto. Para ayudar en esto estamos trabajando en la simplificación de los procedimientos y por eso desde el próximo año habrá una oficina descentralizada del ministerio para que los alcaldes ya no tengan que viajar a Lima para presentar sus proyectos, lo que ayudará también a eliminar a los tramitadores que existen”, mencionó.
Comentó que Lambayeque, entre el 2009 y el 2015, recibió mil 280 millones de soles para saneamiento, pero al ver los servicios se comprueba que esa inversión no ha tenido el destino ni ha generado la mejora que debería.
MANOSEO POLÍTICO
Por otro lado, el ministro de Vivienda aseguró que no hay forma que los servicios de saneamiento sean sostenibles si es que las entidades prestadoras o los municipios no tienen capacidades y ganas de hacer las cosas, pero además recursos.
“Los recursos vienen de las tarifas y ese es un tema del que tenemos que hablar. Estoy seguro que ningún municipio que administra directamente los servicios recibe el pago que corresponde de parte de la población, y destinan plata del FONCOMUN para mantener el suministro. Eso es insostenible. En el Perú, Lima es la única ciudad que tiene la tarifa más cercana a la realidad y aún así SEDAPAL requiere del apoyo del Estado para realizar sus inversiones. No se trata de incrementar, sino de buscar una correspondencia entre la realidad del servicio que se brinda y lo que se paga por él. Si mejoramos el servicio y ofrecemos calidad, entonces podemos exigir el pago correspondiente”, explicó.
Dijo además que los operadores deben trabajar pensando en ofrecer un buen servicio, tienen que ser eficientes y especializados, teniendo personal capacitado.
“Necesitamos también entidades autónomas. Desde 1992 los municipios tienen presencia en las empresas prestadoras y como están los servicios en el país responde a una gran responsabilidad de los alcaldes. El manejo político es muy fuerte en las empresas de saneamiento y eso a mí nadie me lo ha contado, tengo 25 años trabajando como ingeniero sanitario y he ocupado varios puestos en diferentes empresas, por lo tanto las conozco. Hay mucha manipulación política de parte de los alcaldes y eso no puede seguir”, afirmó.
