Por nombramiento ilegal en el cargo y omisión de funciones sería denunciado el alcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, si es que persiste en mantener en el cargo de Procuradora Adjunta de la municipalidad provincial a la funcionaria Mariela Custodio Cholán, quien el pasado 20 de octubre fue cambiada abruptamente de la subgerencia de Fiscalización, puesto en el cual permaneció 23 meses.
La autoridad edil, en reunión con la prensa, el pasado 20 de octubre anunció el cese de funciones de Mariela Custodio al frente del Área de Fiscalización e indicó que pasaba a ocupar su antiguo cargo, en una oficina de la casa edil, pero entre “gallos y medianoche” la servidora apareció como Procuradora Ajunta de la Procuraduría Municipal, puesto para el cual no reuniría el perfil requerido, de acuerdo al Decreto Legislativo N° 1068.
PEDIDO CIUDADANO
El requerimiento de cese inmediato en el cargo de Procuradora Ajunta de Mariela Custodio Cholán fue presentado por el ciudadano Víctor Luna Victoria Menacho, quien en carta L-228, del pasado 23 de noviembre, contenida en el expediente municipal N° 77577 -2016, sostiene que dicha persona incumple la normativa vigente para cumplir con la función antes descrita,
Al no tener una respuesta positiva o negativa a su petición por parte de la autoridad municipal, a pesar de haberse vencido el plazo que dispone la Ley para actos administrativos, se dio origen a la carta reiterativa de código L-242-2016, del último 1 de diciembre.
En la misiva se vuelve a solicitar a la autoridad municipal deje sin efecto la designación de la Procuradora Pública Adjunta, sin perjuicio de las acciones legales que devengan por el presunto nombramiento ilegal, así como la omisión que estaría haciendo el burgomaestre en su tardanza al actuar.
LOS REQUISITOS
Uno de los factores por los cuales se pide la destitución de Mariela Custodio es que no reuniría el requisito de haber ejercido la profesión por un período no menor de cinco años consecutivos, tal y como lo dispone el reglamento del Decreto Ley N° 1068, para el caso de la municipalidades provinciales, y tres años en el caso de municipalidades distritales.
Además, el peticionante hace conocer que si bien Mariela Custodio Cholán es abogada de profesión, no tendría experiencia en la defensa legal, ya que desde muy joven, desde la gestión edil de Miguel Ángel Bartra Grosso, ingresó a trabajar a la municipalidad de Chiclayo, por lo que nunca habría litigado, debido a que es servidora pública de carrera.
De igual manera –añade- no gozaría de idoneidad profesional y trayectoria en defensa judicial; es decir, durante sus años como profesional en Derecho nunca habría ejercido la defensa en el Poder Judicial. Asimismo, de acuerdo a la norma vigente se le exige que no tenga litigio pendiente con el Estado a la fecha de su gestión.
EN LA FISCALÍA
Asimismo, Víctor Luna Victoria hizo conocer que en la actualidad la Procuradora Adjunta Mariela Custodio Cholan es investigada por el Ministerio Público, juntamente con el jefe del Centro de Gestión Tributaria – CGT, Nilton César Monje Sampén, por los presuntos delitos de usurpación de funciones, abuso de autoridad y falsedad genérica, en agravio de Juan Alfredo Román Quiroz y contra la misma Municipalidad Provincial de Chiclayo.
La investigación que realiza el Ministerio Público en la carpeta fiscal N° 3094-2016, a cargo del fiscal Máximo Medina Lucana, a Mariela Custodio Cholan, en calidad de ex subgerente de Fiscalización, se le sindica de haber actuado arbitrariamente durante un operativo, al desconocer el contenido de la Ordenanza Municipal N° 07-2014, lo que generó que fuera denunciada y ahora se encuentre en contemplada en las diligencias fiscales.
“La señora custodio está siendo investigada por usurpación de funciones por un caso en que no solamente hay un afectado, sino que con su actitud también afectó a la municipalidad de Chiclayo. Es decir, la Municipalidad Provincial de Chiclayo es víctima de Mariela Custodio Cholán, y lejos de ser separada del cargo y ubicada en un lugar donde no influya en las investigaciones que se le sigue, el alcalde David Cornejo la premia y la designa como Procuradora Adjunta Municipal, sin tener en cuenta que no reúne los requisitos exigidos por la norma vigente en el caso de designación de Procuradores Municipales”, sostuvo Luna Victoria.
EN MANOS DEL PROCURADOR
Con la finalidad de evitar que la Municipalidad de Chiclayo siga siendo vulnerada ante la desidia del alcalde David Cornejo, y el presunto aprovechamiento de Mariela Custodio para mantenerse en el cargo, Víctor Luna Victoria también puso el hecho en conocimiento del jefe del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad de Chiclayo, Wilder Alonso Castro Nieves, a fin que adopte las medidas del caso.
Mediante carta con código L-249 -2016, del último 2 de diciembre del 2016, al defensor de los intereses de los chiclayanos en la casa edil se le hace conocer sobre el presunto incumplimiento de normatividad legal para el nombramiento de Procuradores Públicos, según el Decreto Ley N° 1068.
Se le hace conocer que dicho nombramiento va en contra de la normativa correspondiente, así como en contra del Manual de Organización y Funciones –MOF, y el Reglamento de Organización de Funciones –ROF- de la Municipalidad de Chiclayo.
Además –se le indica al jefe de OCI- que en la actualidad existen procedimientos administrativos pendientes en contra de Mariela Custodio Cholán, originados desde cuando tenía a su cargo la subgerencia de Fiscalización de la comuna chiclayana, procesos que aún se encuentra en etapa de investigación.
A regidora Augusta Ercilia Sorogastua Damián y al jefe de Imagen Institucional, Marlon Pucce López, les adulteraron gastos realizados en Trujillo. Para el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, cada uno gastó 180 soles en pasajes y no 34 soles como lo declararon en su oportunidad.
Una supuesta manipulación tendenciosa y hasta aprovechada cometerían al interior de la Municipalidad Provincial de Lambayeque los funcionarios responsables de manejar y cargar las declaraciones juradas de gastos ediles en el portal institucional de Transparencia Económica, que es una plataforma informativa de acceso libre que permite a cualquier ciudadano disponer en tiempo real de la más completa información de los gastos estatales.
La presunta manipulación fue puesta al descubierto por la regidora de la comuna lambayecana Augusta Ercilia Sorogastua Damián, y el jefe de Imagen Institucional, Marlon Roy Pucce López, quienes se mostraron preocupados porque en el Portal de Transparencia Económica se les había cargado gastos a cada uno por 600 soles, por un viaje realizado a la ciudad de Trujillo por dos días, en el mes de julio del año 2015, para promocionar la Feria del King Kong, cuando en realidad su gasto había sido menor, a pesar que en su debido momento lo habían declarado ante los funcionarios responsables de la comuna, donde Ricardo Velezmoro Ruiz es el alcalde.
De acuerdo al Portal de Transparencia Económica de la Municipalidad de Lambayeque, el cual es de dominio público, se hace constar que el 16 de julio del año pasado la regidora lambayecana, juntamente con el subgerente de Desarrollo Económico, Julio Hernández Quiroz; el jefe del área de Mypes, Miguel Ángel Peña Palacios, y el responsable de Imagen Institucional de la comuna, Marlon Pucce López, viajaron a Trujillo con la consigna de difundir la actividad.
Sin embargo, en muchos de los gastos de pasajes y viáticos, los cuales se encuentran declarados en el portal de Transparencia Económica del Estado y tienen carácter de declaración jurada ante MEF; es decir los responsables se sujetan a las leyes administrativas y penales vigentes en caso de mentir o faltar a la verdad, existirían excesos por un solo día de viaje, así como presunta sobrevaloración en el costo de los pasajes.
Uno de los casos más resaltantes, sería el de la regidora Ercila Sorogastua Damián, quien el 16 de julio del 2015 viajó a Trujillo y por concepto de pasajes –ida y vuelta- ha declarado –según el portal de Transparencia Económica- la suma de 180 soles, libre de los viáticos consistentes en 420 soles, por estar en la Capital de la Primavera promocionando la Feria del King Kong.
¿ERROR DE DIGITACIÓN?
Enterada que en el portal de Transparencia Económica de la Municipalidad Provincial de Lambayeque se encuentra registrado su nombre, declarando de buena fe haber gastado 180 soles en pasajes a Trujillo, ida y vuelta, entre los días 16 y 17 de julio del 2015, la regidora Augusta Ercilia Sorogastua aclaró que si bien es cierto viajó a Trujillo en la fecha antes indicada representando a la ciudad de Lambayeque, no gastó esa cantidad de dinero en pasajes, sino muy por el contrario, utilizó la suma de 34 soles, y el resto fue devuelto con los cargos que dispone la norma administrativa.
Explica que para su viaje a Trujillo la comuna lambayecana le hizo entrega de 600 soles como gastos de representación, de los cuales 180 soles eran para pasajes y 420 soles eran para hospedaje, alimentación y traslados.
Tras su regreso a Lambayeque, el día 4 de agosto del año 2015, mediante oficio N° 110/2015-MPL-SR, dirigido al alcalde Ricardo Velezmoro Ruiz, la fiscalizadora le hace conocer a la autoridad edil que, en un primer momento había sido comisionada para viajar a la ciudad de Lima , a fin de exponer en el Congreso de la República el lanzamiento de la “XII Feria del King Kong”, pero dicho viaje se postergó por cambio de escenario; es decir, se trasladó a la ciudad de Trujillo.
Teniendo como base el formato N° 01 de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, para rendición de cuentas por comisión de servicio, la regidora descargó que para ir y venir de Trujillo gastó la suma de 34 soles, en la compra de pasajes en la empresa de transportes Entrafesa.
De igual manera, gastó la suma de 30 soles en carreras de taxi para ir y venir de Chiclayo a Lambayeque y viceversa. Asimismo, en hospedaje utilizó 100 soles, y en alimentación gastó la suma de 78 soles.
También gastó 132 soles como concepto de gastos varios y movilidades internas que no emiten comprobante de pago, en la ciudad de Trujillo, y al no tener comprobantes de pago como sustentarlos, los hizo mediante en Formato N° 02 de Declaración Jurada simple, bajo el tenor de los principios der Presunción de Veracidad y del Privilegio de Control Posterior, de acuerdo a la Ley de General de Procedimiento Administrativo, y la Ley Penal bajo la figura de delito contra la fe pública, cuya sanción es no menor ni mayor de cuatro años de pena privativa de la libertad.
Sin embargo, no se explica cómo es que en el Portal Institucional de Transparencia Económica de la Municipalidad de Lambayeque, se consigna el gasto de 180 soles por concepto de pasajes cuando en realidad fue de 34 soles, y cuya responsabilidad recaería sobre el gerente de Secretaría General de la Municipalidad de Lambayeque, Marco Neciosup Rivas, de quien dependería el área de Sistemas e Informática.
DEVOLVIÓ DINERO
Augusta Ercilia Sorogastua Damián añade que de los 600 soles totales que recibió como gastos de representación para viajar a la ciudad de Trujillo, devolvió 241 soles a la comuna y en aras de transparencia, no solo lo hizo con declaración jurada, sino que el saldo del dinero lo depósito a la cuenta N° 00-301-021593 de propiedad de la Municipalidad de Lambayeque, en el Banco de la Nación, tal y como lo hizo constar con el recibo N° 463794-4-N.
EXIGEN CORRECCIÓN
A su turno, el jefe de Imagen Institucional de la Municipalidad Provincial de Lambayeque, Marlon Roy Pucce López, preocupado por el problema legal bajo la modalidad penal de corrupción de funcionarios que le podría acarrear el presunto error de digitación de montos económicos en el sistema de Transparencia Económica de la Municipalidad de Lambayeque, hizo llegar el informe N° 091/2016-ORRPP-MPL, del 22 de noviembre último, al gerente de secretaría general Marco Neciosup Rivas.
En su misiva, Marlon Pucce solicita que se disponga al área de Sistemas e Informática para que corrija la información que se emite en la actualidad en referencia a los viáticos que le fueron asignados en julio del año 2015, donde se consigna que en pasajes para viajar a Trujillo, ida y vuelta, gastó 180 soles, cuando en realidad el gasto que se hizo fue de 34 soles.
Previo a ello y enterado del supuesto “error de digitación” de importes de dinero, el jefe de Imagen Institucional de la Municipalidad de Lambayeque, el 22 de noviembre del 2016 dirige el informe N° 090/2016-ORRPP-MLP a la subgerente de Contabilidad de la comuna lambayecana, Gloria Portocarrero Tafur, y le solicita se le proporcione información presentada por su persona en julio del año 2015 en lo referente al viaje que realizó a la ciudad de Trujillo para representar a la casa edil y promocionar la feria del King Kong.
Ese mismo día, Gloria Portocarrero Tafur tramita el requerimiento al asistente administrativo Walter Rodríguez Galloso, quien mediante informe N° 043-2016/MPL/GAyF-SGC-WRG, del mismo 22 de noviembre, remite los documentos requeridos por Marlon Pucce, los cuales plasman que efectivamente el funcionario rindió cuentas de manera transparente en su debido momento y oportunidad. ¿Pero qué pasó para que no se consigne lo realmente declarado? ¿Error de digitación? ¿Mano intencional?¿Delito planificado?, son las preguntas que quedan flotando.
CONTROL INTERNO
Efectivamente, mediante proveído N° 0321/2015MPL-SGP, expedido por el subgerente de Presupuesto de la Municipalidad de Lambayeque, técnico Hebert Hernández Casaverde, el 10 de julio del 2015 se dirige al subgerente de Logística, José del Carmen Baldera Chapoñán, y le indica sobre la asignación presupuestaria para planillas de pasajes para la comisión que la integra Marlon Roy Pucce López, Miguel Ángel Peña Palacios, Augusta Ercila Sorogastua Damián y Julio César Hernández Quiroz.
A Julio César Hernández Quiroz, subgerente de Desarrollo Económico, se le asigna la suma de 356 soles, de los cuales 34 soles son para pago de pasajes a Trujillo ida y vuelta, y 322 son para viáticos. De igual manera, a Miguel Ángel Peña Palacios, responsable del área de Mype, se le hizo entrega de 440 soles, de los cuales 34 soles eran para sus pasajes ida y vuelta, y 406 para sus gastos de representación.
Sin embargo, Marlon Roy Pucce López y la regidora Augusta Ercila Sorogastua Damián, recibieron 600 soles cada uno, de los cuales en el portal de Transparencia Económica se registra que han declarado un gasto de 180 soles por concepto de pasajes cada uno y 420 soles por persona como gasto de representación, pero como ya lo han explicado líneas arriba, los dos últimos funcionarios niegan haber gastado esa cantidad de dinero y no descartan un error de digitación, sin detallar si habría sido consciente o inconsciente, lo cual le toca determinar al Órgano de Control Institucional – OCI.
¿QUIÉN ES RESPONSABLE?
Marlon Pucce, en su descargo, realizado el 31 de julio del año 2015, mediante oficio N° 053/2015-O.RRPP-MPL ante Karen Gabriela Picce Llaja, sub gerente de Contabilidad, hace conocer que mediante el uso de los formatos N° 01 y 02, así como boletas y recibos, se apersona para justificar el dinero utilizado, así como el importe que devuelve a la comuna, y para ello presenta el voucher de depósito N° 459429-4-N por la suma de 226.50 soles a la cuenta de la Municipalidad de Lambayeque N° 301-021593, del 31 de julio del año pasado.
Detalla que a la ciudad de Trujillo viajó para participar de la exposición del lanzamiento de la décima segunda edición de la Feria del King Kong, que se realizó del 24 de julio al 2 de agosto, en Lambayeque.
Por concepto de pasajes a Trujillo – explica- gastó 34 soles; es decir, 17 soles ida y 17 soles vuelta en la empresa Emtrafesa. Además, con boletas y facturas sustentó un gasto de 241.50 soles, y mediante declaración jurada simple, al no existir medios como probarlos, se sustentó un gastó de 132 soles, lo que hacen un total de 373.50 soles.
ORIGEN DEL DINERO
De acuerdo al mismo portal de Transparencia Económica la mayor cantidad de dinero gastado en los viajes y estadías corresponde a las arcas de recaudación de Impuestos Municipales; es decir, son del pago que hacen los lambayecanos por concepto de impuesto predial, arbitrios municipales como limpieza pública, parques y jardines, y otros.
Otro porcentaje es obtenido de los Recursos Directamente Recaudados, como por ejemplo el pago por expedición de partidas de nacimiento, matrimonio, defunción y todo tipo de trámite administrativo. Un mínimo porcentaje proviene del Fondo de Compensación Municipal.
Identifican a choferes que cometieron delito, y disponen que Procurador Público de la región los denuncie penalmente por obtener permiso para conducir de manera ilegal.
Una presunta bien montada organización de falsificadores de certificados de estudios secundarios, dedicada a obtener licencias de conducir de la categoría especial AII-b para personas que se dedican al transporte, estaría operando en las inmediaciones de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones de Lambayeque.
Los choferes que obtuvieron el documento que los acredita para manejar vehículos pesados o de buen tonelaje pero que vulneraron las reglas de la legalidad, han sido plenamente identificados y en las próximas horas serán denunciados ante el Ministerio Público para que sean investigados y sancionados de acuerdo a Ley.
Conforme a la resolución N° 402-2016-GR.LAMB/PR, firmada por el gobernador regional, Humberto Acuña Peralta, seis choferes fueron puestos al descubierto el 3 de octubre pasado, cuando el responsable de Antecedentes y Sanciones de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones, José Antonio Vallejos Silva, emitió el informe N° 02-2016-GR.LAM/GRTC/CLC, quien precisa que de acuerdo a la verificación efectuada e información recibida de varias Unidades de Gestión Educativa del país, se había determinado que los certificados de estudios presentados por seis personas que gestionaron licencias de conducir, eran falsos.
Fueron los directores de las Ugeles de Cajamarca, Yone Asenjo Calderón; de Jaén, Wilson Baca Altamirano, y de Ferreñafe, Manuel Alejandro Piscoya Fernández, los que determinaron y concluyeron en los documentos informativos que hicieron llegar a la Gerente de Transportes y Comunicaciones, que los certificados de estudios secundarios de serie N-835620, M-629543, M-619174, N-748712, M-614121 y Ñ-079809, presentados por José Luis Becerra Sigueñas, José Dicson Reynosa Silva, José Rolando Ordinola Sandoval, Mercedes Marcelo Serquén, Pablo Baltazar Huiman Ruiz y Benjamín Santisteban Ancajima, son falsos.
LICENCIAS NULAS
Los documentos detectados como falsos, habían sido utilizados por las mencionadas personas en la gestión del procedimiento de obtención de licencias de conducir nuevas.
De igual manera, el informe N° 02-2016-GR.LAM/GRTC/CLC, recomienda declarar la nulidad de la expedición de las Licencias de Conducir de código C103558 y nuevo código C46323262 de la categoría AII-b, código C103697 y su nuevo código C47359816 de la clase AII-b, código C103037 y su nuevo código C80280654 de la clase AII-b, código C103658 y su nuevo código C17432185, de la clase y categoría AII-b, código C103362 y su nuevo código C17427713 de la clase y categoría AII-b.
De igual manera, el responsable de Antecedentes y Sanciones de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones, José Antonio Vallejos Silva, recomienda remitir lo actuado al Procurador Público Regional de Lambayeque, a efectos de que interponga las acciones legales pertinentes, de acuerdo a sus atribuciones.
De igual manera, con oficio N° 1015-2016-GR.LAMB/GRCT/DECT, del último 15 de noviembre, el Gerente Regional de Transportes y Comunicaciones, Alfredo Amilcar Gonzales Burgos, comunica que en aplicación a la fiscalización posterior, de acuerdo al Reglamento Nacional de Licencias de Conducir, la Dirección Ejecutiva de Circulación Terrestre ha procedido, mediante resolución directoral Ejecutiva N° 0278-2016- GR.LAMB/GRCT/DECT, a la nulidad de las licencias de conducir, por haberse detectado la falsedad de los certificados de estudios secundarios presentados por los seis choferes antes mencionados.
ACCIONES LEGALES
Mediante oficio N° 926-2016-GR.LAMB/GRCT/PPR, del 22 de noviembre del 2016, el Procurador Público Regional del Gobierno Regional de Lambayeque, Amado Eliseo Rodríguez Monteza, comunica que el Gerente Regional de Transportes y Comunicaciones, Alfredo Amilcar Gonzales Burgos, solicita la nulidad del procedimiento de obtención de licencia de conducir a favor de José Luis Becerra Sigueñas, José Dicson Reynosa Silva, José Rolando Ordinola Sandoval, Mercedes Marcelo Serquén, Pablo Baltazar Huiman Ruiz y Benjamín Santisteban Ancajima.
De igual manera, se autoriza al Procurador Público Regional, iniciar las acciones legales que correspondan por la presunta falsedad de los certificados de estudios secundarios de la serie N-835620, M-629543, M-619174, N-748712, M-614121 y Ñ-079809, utilizados por las personas antes indicadas para obtener sus respectivas licencias de conducir.
MÁS CASOS
De igual manera, con resolución N° 404- 2016-GR.LAM/PR, del 30 de noviembre último, el gobernador de Lambayeque, Humberto Acuña Peralta, resuelve autorizar al Procurador Público Regional el inicio de las acciones legales necesarias para actuar frente a la presunta falsedad del certificado de estudios de la serie M-636957 y Ñ-273717, presentados por Jorge Luis Quevedo Lucero y Junior Rolando Santisteban Siesquén, para la gestión y obtención de su licencia de conducir, en la Gerencia de Transportes y Comunicaciones de Lambayeque.
La resolución relata que el 15 de junio del presente año el Coordinador del área de Licencias de Conducir de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones, José Cotrina Díaz, emite el informe N° 026-2016-GR.ÑAMB/GRTC-DECT/CLC, en el que se señala que de acuerdo a la verificación efectuada en información recibida de Zoila María del Pilar Uriarte Gonzales, entonces directora de la Ugel Lambayeque, el certificado de estudios de la serie M-636957, perteneciente al señor Jorge Luis Quevedo Lucero, es falso.
Del mismo modo, el Director de la Ugel N° 03 Lima, José Fidel García Córdova, informa que la visación y sellos que aparecen en el certificado de estudios serie Ñ-273717, perteneciente a Junior Rolando Santisteban Siesquén, no corresponden, ni las firmas, al personal autorizado, ni mucho menos los sellos. Los documentos han sido utilizados para la obtención de Licencia de Conducir Nueva.
Conforme al proceso administrativo, mediante informe legal N° 0091-2016-GR.LAM/CECT-AL, del 24 de octubre pasado, se hace constar que de acuerdo a los establecido en el Reglamento Nacional de Emisión de Licencias de Conducir, se disponga la nulidad de la licencia de conducir por haber sido expedida a persona que no tuviera legítimo derecho a su otorgamiento.
Se hace constar que a Jorge Luis Quevedo Lucero se le hizo entrega de la Licencias de Conducir C-42493713 y su nuevo código C-103483 para la categoría AII-b, y a Junior Rolando Santisteban Siesquén, se le hizo entrega de la Licencia de Conducir C47668522 y su nuevo código C-103225 para la clase AII-b.
Asimismo, el 22 de noviembre del presente año y mediante oficio N° 925-2016-GR.LAM/PPR, el Procurador Público Regional del Gobierno Regional de Lambayeque, Amado Eliseo Rodríguez Monteza, comunica que el Gerente Regional de Transportes y Comunicaciones, Alfredo Amilcar Gonzales Burgos, solicita la nulidad del procedimiento de obtención de Licencia de Conducir a favor de las personas antes descritas, por la presentación de certificados de estudios secundarios falsos para obtener el permiso de conducir vehículos.
Municipalidad Provincial de Chiclayo recurrió a documentos falsos y trasgredió bases para beneficiar a empresa que no cumplía con exigencias de la licitación.
Cuando a mediados de agosto pasado la Contraloría General de la República solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, el congelamiento de las cuentas de la Municipalidad Provincial de Chiclayo – MPCH, el alcalde de la ciudad David Cornejo Chinguel salió con la pierna en alto para señalar que se cometía un abuso contra su gestión, pues según dijo las alertas que las entidad de fiscalización había alcanzado a la comuna habían sido atendidas y las observaciones levantadas de manera oportuna. Sin embargo, hoy es posible afirmar que lo dicho por el edil no era del todo cierto.
La decisión de la Contraloría se motivó en los informes preliminares alcanzados por la Oficina Regional de Control, en los cuales hizo conocer de hasta ocho casos de presunta corrupción detectados en la gestión de Cornejo Chinguel.
Entre ellos se citó el de la pavimentación de la Avenida Arequipa, tramo comprendido entre las avenidas Bolognesi y Manuel Arteaga, por un monto ascendente a cuatro millones 785 mil soles, cuyo proceso de licitación estuvo plagado de irregularidades en la elaboración del expediente técnico, pero además en la manera en la que se desarrolló.
De manera oportuna, el Órgano de Control Interno – OCI de la MPCH, advirtió que el expediente para dicha obra fue aprobado sin contar con el estudio de mecánica de suelos, exigible para que se dé la viabilidad del proyecto. Lo grave es que de parte de la municipalidad se ha insistido hasta el hartazgo que dicho estudio existía, aun cuando para la Contraloría fue materialmente imposible su ubicación. Pese a ello se procedió a entregar la buena pro de la obra.
Lo extraño de este caso es que la Subgerencia de Estudios y Proyectos de la comuna dio el visto bueno al expediente técnico el 18 de noviembre del 2015, pero el estudio de mecánica de suelos supuestamente ingresó al municipio dos días después, habiendo sido aparentemente elaborado por la empresa Servicios de Exploración Geotécnica, Asfalto y Ensayo de Materiales, tal como lo certificó el órgano de control.
Más escandaloso aún es que el tipo de pavimento recomendado por el supuesto estudio era diferente al considerado en el expediente técnico, y que no había registro del trámite documentario que siguió el informe mandado a elaborar por el municipio.
NO FUE LO ÚNICO
Expresión accedió en exclusiva a un documento confidencial de la Contraloría General de la República denominado Desviación de Cumplimiento N° 03-2016-CG/CORECH-AC, en el que se confirman otras irregularidades cometidas por la gestión del alcalde David Cornejo en el caso de la Avenida Arequipa.
Por ejemplo, se señala que en la Licitación Pública N° 02-2016- MPCH/CS, “la entidad simuló indagación de mercado utilizando documentos cuya autoría niega una de la empresas incluidas”.
Asimismo, que en los Términos de Referencia – TDR, requirió la acreditación de colegiatura y habilidad de profesionales propuestos, inobservando el precedente administrativo de atención obligatoria del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado – OCSE.
También, que durante la etapa de evaluación de ofertas el Comité de Licitación admitió una propuesta pese a que el postor incumplió con los requerimientos mínimos exigidos en las bases del proceso, declarándolo ganador de la buena pro, evitando que sea declarado desierto el concurso al no quedar ninguna propuesta válida. Para la Contraloría, dicha acción generó restricción en la participación de posibles postores que sí hubieran cumplido los mínimos de ley, pero además afectó la transparencia que debe regir a las contrataciones del Estado.
INDAGACIÓN DE MERCADO
El Comité de Selección, de acuerdo a la Resolución Gerencial N° 57-2016-MPCH-CM, del 22 de marzo de este año, firmada por el entonces gerente del municipio, Ruperto Castellanos Custodio, fue conformado por el Subgerente de Obras Públicas y Convenios, Dick Reque Zapata, como presidente; el representante de la Subgerencia de Estudios y Proyectos, Danielito Villena Florián, y el de la Subgerencia de Logística, Marco Medina Villena, estos últimos como integrantes.
Lo investigado por la Contraloría revela que en la documentación que forma parte del expediente de contratación de la citada licitación pública se advierten cartas sin número, fechadas – supuestamente – el 9 de marzo de este año, y firmadas por Homero Vigo Quintana, Subgerente de Logística y Servicios Internos, dirigidas a tres empresas: Constructora Corban & Consultores SAC; Continental Constructora y Servicios Generales SAC, y CIA LIAM SAC. solicitando informen si contaban con el staff de profesionales con la experiencia y capacitación igual o superior requeridas para el proyecto de la Avenida Arequipa, y si tenían la maquinaria adecuada para la ejecución de la obra.
Dichas cartas fueron señaladas como parte de la investigación de mercado y entregadas el 10 de marzo.
A las empresas aparentemente se les consultó si contaban con ingenieros aptos para ocupar los cargos de residente y asistente de obra, ingenieros especialistas en seguridad y medio ambiente, topógrafo, maestro de obra y almacenero.
LAS RESPUESTAS
Según el municipio, la empresa Constructora Corban, confirmó no solo que contaba con los profesionales requeridos, sino que además tenía: Residente de obra, asistente residente de obra, especialista de suelos, especialista de pavimentos, especialista de impacto ambiental y seguridad de obra y especialista en proyectos de inversión.
La comisión auditora que ha revisado el caso de la Avenida Arequipa ha confirmado que el presunto cargo de recepción de la carta dirigida por la MPCH solo tiene una firma, sin sello ni nombre del supuesto responsable de su recibimiento; pero además que la carta de respuesta de la empresa está fechada el 11 de marzo de este año, cuando – de acuerdo al cargo – la municipalidad envió la misiva apenas un día antes. Lo más extraño de este caso es que los representantes de la Constructora Corban han señalado a la Contraloría que la única oficina que tienen se ubica en la ciudad de Chimbote.
Peor aún, en su descargo ante la comisión auditora, Marco Medina Villena, de la Subgerencia de Logística, refirió que a Corban se le solicitó otra lista de profesionales en una segunda carta, pero este documento no fue anexado al expediente que se alcanzó a los fiscalizadores de la Contraloría sino hasta después que se pusiera sobre aviso las anomalías en la indagación del mercado.
Oh sorpresa, el cargo alcanzado a los auditores había sufrido un derrame de tinta en la parte en la que se encontraba la “fecha y hora” de recepción.
Lo más revelador vendría después. El 3 de octubre pasado, el gerente de la constructora, Juan Mendoza Meléndez, comunicó por escrito a la Contraloría que su empresa contrata a personal al momento de la ejecución de la obra, por lo que era imposible que en la presunta carta de respuesta a la MPCH haya señalado la disponibilidad inmediata de profesionales y técnicos.
En el cuaderno de “Documentos Recibidos” de la Subgerencia de Logística del municipio no aparece el registro de la recepción de la supuesta respuesta de la Constructora Corban, fechada según los funcionarios el 11 de marzo.
Por si fuera poco, cuando la comuna presuntamente alcanzó su requerimiento a la empresa, esta se encontraba con baja de oficio ante SUNAT, condición que había adquirido desde febrero de este año.
LAS OTRAS EMPRESAS
La Constructora Continental, a la que el municipio también le extendió el requerimiento el 10 de marzo pasado, también tiene domicilio fiscal en Chimbote, como lo confirmó el 4 de octubre, por escrito, a la Contraloría.
En este caso se repite la misma situación que con Corban. La Constructora Continental, según Medina Villena, recibió una carta rectificatoria a la inicialmente enviada en la que ampliaba el requerimiento de profesionales, respondiendo – supuestamente esta – que tenía a disponibilidad el mismo tipo de profesionales que Corban, lo cual ha sido desmentido por el gerente de la empresa, Omar Méndez Amoroto, quien sostuvo a la comisión auditora que el personal profesional y técnico es contratado cuando se presenta la ejecución de una obra.
Contrario fue lo que sucedió con la empresa CIA LIAM, cuyo domicilio se ubica en Puente Piedra – Lima, y a la que la carta de requerimiento fue entregada el 9 de marzo, recibiendo el municipio respuesta el día 11. La municipalidad le mostró a los auditores el cargo con firma y sello de recepción.
Sin embargo, el gerente de dicha constructora, Benigno Liñán Puri, se dirigió por escrito a la Contraloría negando tener conocimiento de dichas misivas y haber tenido o tener relaciones contractuales o de algún tipo con la Municipalidad Provincial de Chiclayo.
Consultado por la comisión auditora cómo es que fueron entregadas las cartas a las empresas, Medina Villena dijo que se hizo de manera directa a sus representantes cuando estos acudieron al municipio a entregar sus cartas de representación. Empero, esto ha quedado demostrado como falso, debido a que las cartas de representación ingresaron hasta con seis días de anticipación a la emisión de requerimientos.
Al respecto, la Contraloría ha concluido que en lo referente a la indagación de mercado, el municipio recurrió a la simulación y al uso de documentos inexactos y falsos.
EL GANADOR
El 24 de junio pasado el Comité de Selección, presidido por Dick Reque Zapata, levantó el acta de admisión de ofertas para la ejecución del proyecto de la Avenida Arequipa, consignando como único participante al Consorcio Arequipa, integrado por las empresas Tecnología y Construcción Oriana SAC y Maquinorte SAC.
Según el comité, el consorcio cumplía con los Términos de Referencia exigidos en las bases para el caso del residente de obra, asistente del residente de obra, especialista de suelos, especialista de pavimentos, especialista de impacto ambiental y seguridad de obra y especialista de proyectos de inversión.
Sin embargo, luego que la Contraloría revistara la propuesta del consorcio halló que lo alcanzado por su representante, Carlos Villanueva Correa, no cumplía con los Términos de Referencia establecidos en las bases de la licitación.
Por ejemplo, el ingeniero residente, cargo dado a Luis Graus Flores, no cumplía con tener capacitación en la nueva Ley de Contrataciones del Estado aplicada a obras, alcanzando al comité un certificado del año 2009, por lo que los contenidos de la capacitación sustentada no se ajustan a los cambios hechos a la norma.
Asimismo, Graus Flores no acreditó su participación en tres proyectos considerados como parte de su experiencia como residente de obra, debiendo – según las bases – adjuntar los contratos respectivos, exigencia que omitió y por la cual su propuesta debió ser desestimada.
Esto mismo sucedió con la asistente del residente de obra, ingeniería Eulalia Neciosup Ramírez, quien tampoco sustentó su experiencia previa en dos proyectos.
El especialista en impacto ambiental y seguridad de obra, Cosme Vásquez León, no acreditó estar capacitado en la nueva Ley de Contrataciones del Estado.
Aun así, la municipalidad provincial otorgó la buena pro al Consorcio Arequipa el 28 de junio y el 13 de julio procedió a la suscripción del contrato.
Por lo expuesto, la comisión auditora encargada de revisar el caso de la Avenida Arequipa, concluye que en la comuna provincial se trasgredió los señalado por la Ley de Contrataciones del Estado en lo referente a los principios que rigen las contrataciones (Artículo 2), responsabilidad (Artículo 9), y requerimiento (Artículo 16).
Asimismo, se ha violado el Reglamento de la Ley de Contrataciones en lo referido a requerimiento; contenido del expediente de contratación; quórum, acuerdo y responsabilidad; documentos del procedimiento de selección; requisitos de calificación; procedimiento de evaluación; factores de evaluación; presentación de ofertas; evaluación de las ofertas, y calificación.
Sostiene que el comercio agroexportador y el turismo necesitan de nuevas y mejores carreteras, así como articular a los pueblos con las principales vías de comunicación. “La seguridad ciudadana tiene que ser un trabajo de todos”, afirma.
"El mundo cambia con tu ejemplo no con tu opinión", fue la frase con la que el presidente de la Cámara de Comercio de Lambayeque, Olivio Huancaruna Perales, abrió su exposición ante la Comisión de Comercio Exterior y Turismo del Congreso de la República durante la sesión denominada “Propuestas para la competitividad del comercio exterior y el turismo”, desarrollada en Chiclayo, en el auditorio de la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo.
El empresario fue directo al señalar que las oportunidades de desarrollo empresarial están para todos, pero el problema viene en que tanto los emprendedores tienen que prepararse para el éxito. Huancaruna fue claro al señalar que el desarrollo empresarial de Lambayeque se basa en el comercio exterior y turismo, teniendo como eje principal los métodos económicos utilizados en ambos sectores.
Explicó, en base a su experiencia, la manera de impulsar la salida al exterior de productos de agro exportación como maracuyá, paltas, mangos, uvas, fresas, entre otros, a los mercados más exigentes del mundo, teniendo como base las inmensas y ricas tierras con las que cuenta la región, las que ahora están en el ojo del mundo gracias al Proyecto Olmos.
“Es importante escuchar las propuestas de los ciudadanos, las de los gremios, empresarios, los especialistas, las autoridades y hasta las de los funcionarios de la administración pública, para resolver o minimizar la problemática del comercio exterior y el turismo en la región Lambayeque.
Necesitamos de gente pensante que ayude a solucionar problemas, y no que entrampe los trámites, sino más bien que los agilice; es decir, que cada día se simplifiquen más las cosas y como recompensa tener más turistas que vienen dispuestos a gastar, más necesidad de alimentación en el mundo que nos signifique embarcar más productos a los mercados de China, Estados Unidos, los países árabes, en fin, porque eso nos va a dejar buenas ingresos y divisas”, sostuvo.
EN CRECIMIENTO
Huancaruna Perales afirma que el crecimiento agroexportador y turístico de Lambayeque sigue en aumento. En el caso de la agro exportación – explica- esto se refleja a pesar de la crisis financiera internacional que ya tiene varios años, pero a pesar de ello los mercados internacionales siguen demandando productos, puesto que la ventaja para Lambayeque es que la actividad exportadora se basa en la agro exportación y los mercados internacionales aún compran alimentos al conocer que contamos con extensos y ricos campos de cultivo.
“Eso ha hecho que la balanza comercial agro exportadora de Lambayeque siga en superávit, pero eso también depende del tipo y la calidad de productos que exportamos. El mercado internacional es muy exigente, una pequeña falla en un producto no significa que tengamos un reclamo, sino un mercado cerrado para nuestros productos. Para eso, tenemos que estar preparados y conocer y hacer al cien por ciento el control de calidad antes de embarcar”, detalló.
El empresario detalló que la región ocupa el segundo lugar con potencial agro exportador después de Ica. La represa de Tinajones y ahora el proyecto Olmos dan una mayor oferta de recurso hídrico capaz de abarcar 110 mil hectáreas de nuevas tierras irrigadas tanto en Olmos, Motupe y Jayanca, las que ya están siendo incorporadas a la agricultura, especialmente con productos de agro exportación.
EN TURISMO
En cuanto al tema turístico, señaló que existe un escenario desfavorable, pero que no es imposible de controlar. Es un convencido que el mayor obstáculo que enfrenta la región siguen siendo la inseguridad y la corrupción, puestas en evidencia en oportunidades por los operadores de justicia, lo cual menoscaba la posibilidad de aumentar las inversiones en Chiclayo mismo y en las zonas de “yacimientos” turísticos como Lambayeque, Ferreñafe, Túcume, entre otros lugares.
“La inseguridad es un problema que no solamente la policía y las autoridades de turno deben enfrentar, sino que los empresarios, la sociedad civil organizada y hasta el mismo vecino deben ayudar a resolver. La inseguridad es un flagelo que ahuyenta los capitales a otras latitudes, y eso lo tenemos que evitar.
Chiclayo necesita de más centros comerciales, hoteles, restaurantes, salones de negocios internacionales, y otras cosas más”, indicó el empresario.
VÍAS DE COMUNICACIÓN
Los procesos de urbanización –señala- en la actualidad, se han transformado en un fenómeno de desarrollo, con ritmos y caminos desiguales y diferentes, pero que conducen a una misma realidad compleja y diversa, la necesidad del desarrollo.
“¿Qué hacer para que la región pueda desarrollarse?, no solamente para la gente sino para el resto del país y el mundo”. La respuesta es fácil –dijo- “necesitamos vías de comunicación de calidad, porque en la actualidad vivimos momentos competitivos, y las necesitamos con urgencia para poder sacar nuestros productos a los mercados locales y a los internacionales”.
“Los presupuestos se hacen y se consumen, y dentro de esos presupuestos debe estar la proyección de construcción y ejecución de nuevas y modernas vías de comunicación. Si bien es cierto, en Chiclayo se centraliza el mayor flujo comercial, actualmente los distritos de Mórrope, Olmos y Motupe, de la provincia de Lambayeque, presentan un importante flujo comercial debido a la riqueza de sus suelos y al gran potencial agroindustrial. Todo esto ha generado inversiones nacionales e internacionales en el sector productivo”, detalló.
Es un convencido que no solamente a las provincias de Chiclayo y Lambayeque, sino a toda la región, es primordial dotarlas de una infraestructura vial adecuada para un sistema de transporte eficiente.
“Las carreteras nacionales con las que actualmente contamos son el soporte más importante en la economía de la provincia de Lambayeque, y se ubican en el espacio costero. Es decir, no tenemos carreteras de buena calidad en nuestra serranía como Cañaris, Incahuasi, donde existen ricas tierras para incorporarlas a la agricultura de productos de agro exportación. En los pueblos o caseríos, ni qué hablar”, destacó.
Explicó que en muchos pueblos de Lambayeque existen caminos que conectan a las capitales distritales con centros poblados, pero no articulan una red vial de mayor jerarquía. Es decir, por donde puedan desplazarse vehículos de gran tonelaje para cargar los productos que en cada de estos lugares se producen y transportarlos a los mercados locales e internacionales.
“Se necesita articular los caminos de la región y conectarlos con las grandes carreteras como la Panamericana Norte, o a un puerto de gran capacidad de atención como el anhelado Terminal Marítimo de Puerto Eten”, sostuvo.
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Los estudios médico – legales, determinaron que el pequeña Kiara Mayte tenía tres meses de embarazo y no de seis como se dijo en un primer momento. Pese a que los exámenes empiezan a “hablar”, este caso no tiene visos de alcanzar justicia como tanto reclaman familiares y activistas.
El caso de la pequeña de apenas 11 años, que soñaba alegre con su fiesta de promoción de primaria, nos recuerda que no es ella, sino miles de niños que por diversas circunstancias tienen que dejar su hogar primigenio para migrar a uno nuevo, en el que a veces son acogidos con amor y otras veces con violencia e incluso la muerte.
Kiara Mayte estuvo marcada por la desgracias desde muy pequeña. Cuando tenía ocho años su madre falleció víctima del cáncer. Entonces, su padre, Demetrio Chachapoyas Guevara – asegura - debido a su trabajo, por el que debía viajar constantemente, se reunió con sus cuñados y juntos decidieron que la niña debía ser acogida por uno de ellos.
“Uno de sus tíos tiene tres hijos a quienes los cría solo, porque su esposa lo abandonó; por ello, nos dijo que él no podía hacerse cargo de una niña más. Entonces su tío Nicanor Núñez Reyes dijo que él como tiene dos hijos y uno de ellos es minusválido podía hacerse cargo, pues además siempre quiso tener una hija mujer, incluso su esposa, Luz Bertha Criollo Yactamaga, estuvo de acuerdo y me aseguró que la cuidaría”, sostiene el padre de Kiara.
LA PESADILLA SE TORNÓ MÁS VIOLENTA
Desde entonces, Kiara empezó a vivir con sus tíos maternos, junto a una hermana y un hermano de su tía política y sus dos primos. La pequeña nunca imaginó que en aquella casa donde debían cuidarla y protegerla por ser la más pequeña, estarían en realidad sus verdugos. La niña cursaba el sexto grado de primaria en el Colegio Eliel School, ubicado en la avenida El Dorado del distrito de José Leonardo Ortiz, y según sus propios profesores, era la más destacada del aula, pues ocupaba el primer puesto.
“Hace una semana tuvimos una reunión en la casa y nos juntamos toda la familia, allí la notamos un poco extraña, como más tímida. Me acerqué, le pregunté qué pasaba y me aseguró que todo estaba bien. Me di cuenta de que tenía los senos más grandes y su respuesta algo evasiva, había cambiado de bresier”, señala María Isabel Chachapoyas González, una de las hermanas de la víctima.
Todavía en el campo de la especulación, porque las investigaciones están en fase inicial, el cambio de ánimo de la pequeña se habría dado por el embarazo de tres meses que tenía producto de la violación de su propio primo, el mayor. Este sujeto, identificado como Marcio André Núñez Criollo, habría abusado sistemáticamente de la menor, pues estaba a su merced y sin ningún control.
POR ESCLARECERSE
La fatalidad habría llegado a su punto más álgido el pasado martes 29 de noviembre, cuando – se especula, Luz Bertha Criollo Yactamaga, tía de la víctima y madre del presunto violador, se habría enterado del embarazo y en su afán de proteger a su hijo no tuvo mejor idea que hacerla abortar clandestinamente.
Según las versiones tejidas por la familia y lo poco que ha declarado Nicanor Núñez Reyes, detenido preliminarmente en la carceleta del Poder Judicial, la mujer habría conducido a la pequeña hasta la clínica materno infantil Belén, ubicada cerca al mercado Moshoqueque, para que se le practique el aborto clandestino. En el Perú esta práctica está penada.
Pero aún, por los resultados, se infiere que la intervención ilegal fue mal realizada, pues la menor terminó con intenso sangrado, partes del feto en el útero y una infección generalizada. De la clínica y pese al grave estado, Luz Bertha Criollo Yactamaga la habría conducido a su casa donde la Policía halló las sábanas manchadas de sangre.
Al observar que la hemorragia no paraba, recién su tío Nicanor Núñez Reyes la condujo al Hospital Docente Las Mercedes, donde falleció a poco más de dos días de estar internada. Su cuerpecito no resistió más.
PIDEN JUSTICIA
“Nosotros le pedimos a la fiscal y al juez que incluyan en el proceso a Luz Bertha Criollo Yactamaga, ella es la que sabe todo y quien la habría llevado a mi sobrina a ese lugar de la muerte. Necesitamos que nos explique por qué su cuerpecito está todo moreteado, por qué tiene golpes en la nuca y parte de la cabeza, cómo es que se le quebraron tres dedos”, dice con la voz entrecortada María Perales Olano, tía de la víctima.
Por este testimonio y las fotografías de la víctima se presume que ella opuso resistencia a la práctica abortiva o cabe también la posibilidad de que la hayan golpeado antes de extraerle el feto. Todo eso debe ser esclarecido en la investigación fiscal, y por ello el testimonio de la madre del presunto violador es clave.
“En este caso se configuran varios delitos. Violación sexual, aborto, exposición de personas al peligro, y violencia física; pero por ahora no se tiene nada claro, por ello hemos solicitado a la segunda Fiscalía Penal Corporativa la detención de Luz Bertha Criollo Yactamaga, porque su testimonio es clave para determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los familiares y otros presuntos responsables”, señaló Tito Esteves, abogado del padre de la menor.
LA FISCALÍA DEBE EXPLICAR
En un primer momento, al tratarse de una menor, el caso fue visto por la fiscalía de Familia y llama poderosamente la atención que se hayan dejado indicios sueltos y sobre todo libres a quienes desde un primer momento debieron ser los principales sospechosos de la agresión a la víctima.
Según fuentes policiales, tras conocer la denuncia la fiscal y la policía acudieron a la casa donde vivió los últimos tres años la pequeña, allí se encontraron sábanas manchadas con sangre, papeles desechados y a todos los integrantes de la familia. En este sentido se conoció que la fiscal argumentó que ella cumplió con los procedimientos de Ley y que creyó en la versión de la familia, cuando aseguraban que desconocían absolutamente que la niña estaba embarazada. Ahora se sabe que si se hubiera actuado con diligencia, todos los responsables estarían detenidos y se tendrían mayores luces para determinar responsabilidades y alcanzar lo que tanto de clama: justicia.
Ahora el caso está en manos de la fiscal Escarlet Bances, de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Chiclayo, y en el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria. Ya se realizaron las pruebas de ADN a los restos del feto para homologarlos con los del detenido Nicanor Núñez. Asimismo, la Superintendencia Nacional de Salud - SUSALUD, intervino tanto la clínica Belén como el Hospital Las Mercedes para determinar si, en la primera, se realizó la práctica abortiva y en el segundo se cumplieron los protocolos de atención.
#NIUNAMENOS
La plataforma Ni Una Menos Lambayeque se ha convertido en una de las organizaciones civiles promotoras de la lucha por justicia para la pequeña Kiara, pues la indignación es generalizada y la justicia siempre llega a cuentagotas.
“Nosotros como mujeres, como seres humanos no podíamos mantenernos indiferentes ante este hecho tan terrible. En cuanto nos enteramos, recurrimos al jefe de la oficina Defensorial de Lambayeque, Julio Hidalgo, quien de inmediato se sumó al caso, y con quien tenemos el compromiso de seguir hasta el final. Asimismo, hemos comprometido a otros colectivos como AFEP, Ovarios Libres, el Centro Esperanza, Chiclayano Despierta, a la asociación Runa Hauñi, y a profesionales del Derecho; porque se trata de un caso muy complejo en el que se configuran varios delitos, pero sobre todo se expone crudamente la más absoluta miseria humana, porque además de ultrajarla, la maltrataron física y psicóticamente. En este caso no hay un asesino, son varios los que acabaron con una vida que apenas empezaba”, sostiene la secretaria de Promoción de la plataforma, Deisy Cubas Cubas.
Por su parte, la secretaria de Organización de Ni Una Menos, Janet Cubas Carranza, señaló que seguirán realizando plantones “pero sobre todo, seguimiento legal del caso para asegurarse de que no vaya al archivo, pues se trata de una pequeña que no merecía tanta crueldad”.
Dictadura desde el Congreso es lo que la parlamentaria Yeni Vilcatoma de la Cruz asegura que existe por parte de la bancada de Fuerza Popular, y con ello rechaza las posturas que desde que se instaló el nuevo gobierno ha mostrado la representación anaranjada. La exprocuradora del Estado, que se convirtió en la primera disidente del fujimorismo, advierte que hechos peores podrían suceder en el futuro si el Ejecutivo no decide “ponerse los pantalones”.
La interpelación al ministro de Educación, Jaime Saavedra Chanduví, es para Vilcatoma de la Cruz una muestra más de cómo el fujimorismo busca generar inestabilidad en la administración de Pedro Pablo Kuczynski.
Al respecto, señala que el problema se hace mucho más agudo porque el gobierno no ha logrado hasta ahora sentar una posición firme que le haga entender a la mayoría fujimorista que el Congreso no puede extralimitar sus competencias de representación, legislación y fiscalización, lo que difiere ampliamente de ponerle trabas a la conducción del país.
“Es indispensable que el gobierno dé muestras de contundencia respecto a sus decisiones. El congreso tiene su rol y este no puede servir para amedrentar o limitar al gobierno. Sí, tiene una labor de fiscalización que debe cumplir a cabalidad, pero ello no quiere decir obstaculizar o impedir que el Ejecutivo pueda aplicar su plan de gobierno, por algo este ha llegado con el voto popular”, menciona la parlamentaria.
CORRUPCIÓN Y LA REFORMA
Sin embargo, sostiene que sí es necesario también que Saavedra Chanduví deslinde con los actos de corrupción que se han denunciado en su ministerio, sobre todo por la presunta compra irregular de lotes de computadoras que involucran a trabajadores de mando medio.
“Es necesario que el ministro deslinde y denuncie de manera contundente todos los actos de corrupción que existen a diario, porque sí existen. La falta de decisión para demostrar esa lucha contra la corrupción es precisamente eso lo que está sirviendo como pretexto para que quieran censurarlo”, señala.
En su opinión, la interpelación y posible censura al ministro de Educación obedecería al propósito de frenar la reforma del sistema universitario impulsada con la Ley N° 30220, vigente desde julio del 2014.
“La reforma universitaria tiene que seguir su curso. ¿Qué está sucediendo en las universidades a nivel nacional? Que mediante sus centros de producción, cursos de especialización y de postgrado, los rectores, vicerrectores y decanos están cobrando sumas millonarias mensualmente con el pretexto de las famosas asignaciones especiales. Los fondos para las universidades estatales no están destinados para las autoridades, sino para su mejora en calidad y equipamiento. Eso tiene que acabar, por eso es que hay muchos intereses en frenar la reforma. Hay mal manejo de los recursos, para que las universidades crezcan en calidad académica e infraestructura”, enfatiza.
Añade que todos los congresistas tienen el deber de tomar una decisión en atención al interés del país. “Si nos toca defender la reforma universitaria, hay que hacerlo. Tenemos que evitar que la Ley Universitaria sea dejada de lado”, dice.
LEY MORDAZA
Anota que situaciones similares se repetirán, impulsadas por la mayoría fujimorista, si es que no se deroga la Ley Antitransfuguismo aprobada con los votos de Fuerza Popular. Según refiere Yeni Vilcatoma, con esta norma un congresista puede ser expulsado de su bancada y luego limitado en sus derechos y funciones, al no poder integrar otro grupo parlamentario ni presidir comisiones.
“Es una ley que esclaviza totalmente a un congresista, porque sabemos que Fuerza Popular hay congresistas que no se encuentran de acuerdo con muchas de las decisiones que se han venido tomando. Sin embargo, con la entrada en vigencia de esta mal llamada Ley contra el Transfuguismo, estos legisladores no pueden mantener su postura discrepante, con lo que se está vulnerando la facultad constitucional que tiene el parlamentario de sentar una posición en representación del pueblo”, explica.
La exprocuradora del Estado en el caso Áncash refiere que la Ley Contra el Transfuguismo nunca debió ser aprobada, por lo que espera que el Tribunal Constitucional, declare fundada la demanda presentada por el Congreso y suscrita por 40 legisladores.
“El trasfondo de esta ley, lo que está haciendo en la realidad de los hechos, es limitar que un congresista cumpla con su deber de representar al pueblo, de participar en comisiones. No se puede trasgredir la constitución con una ley, menos con una norma que busca esclavizar y amordazar a los congresistas que quieran emitir su voto de protesta ante tantas irregularidades que se están cometiendo”, asevera.
EXCESOS DE PODER
Añade que desde que se instaló el nuevo congreso la mayoría fujimorista ha caído en excesos, sobre todo al imponer a personajes no calificados para puestos claves como el Directorio del Banco Central de Reserva, por ejemplo.
“En el congreso existe en este momento una dictadura de la mayoría, concretamente desde el momento en que se emitió la Ley Contra el Transfuguismo, luego con la selección de los integrantes del BCR sin tomar en cuenta la voz de las minorías, pese a que fue una promesa que Keiko Fujimori hizo en la campaña electoral. No se respeta la voz de las minorías y se toman decisiones basándose en sus intereses”, manifiesta.
Considera incluso que lo dicho por el congresista Luis Galarreta al gobierno, que este deberá buscar a sus nuevos 18 ministros, anticipando censuras al gabinete que preside Fernando Zavala, revela la postura “intransigente y soberbia” de Fuerza Popular.
“Ambos poderes deben respetar sus límites y ejercer sus funciones dentro de lo que la ley prevé. El gobierno tiene que dar muestras claras de cumplir sus decisiones, de cumplir con su plan y de ser frontal respecto a las posiciones que pueden llegar desde el congreso, que resultan ser más de amedrentamiento que correctivas”, refiere.
AMENAZAS
Para Vilcatoma de la Cruz están latentes dos nuevas amenazas para la estabilidad del gobierno y la lucha frontal contra la corrupción. La primera de ellas es el modo en el que el fujimorismo plantea la designación de los procuradores del Estado.
“La propuesta de autonomía de las procuradurías buscaba que sus titulares sean designados por el Consejo Nacional de la Magistratura – CNM. Sin embargo, en estos primeros meses, lo que ha hecho el fujimorismo es orientar tendenciosamente la discusión y llevar todos sus intereses para que sea el Congreso, donde se ejerce la dictadura de la mayoría, el que designe a los procuradores. Esto sería totalmente contraproducente a la lucha contra la corrupción, porque los fujimoristas pondrían a los procuradores contra terrorismo, narcotráfico, corrupción, lavado de activos, y esa no fue la promesa que se hizo en campaña al país”, detalla.
Precisa que la segunda amenaza, a la que califica de más grave, es la intención fujimorista de volver a admitir la reelección inmediata de los alcaldes y gobernadores regionales.
“La modificatoria constitucional tiene un año y sin embargo hasta ahora ya existen tres proyectos, uno de ellos presentado por el congresista Héctor Becerril, con los cuales se busca volver a la reelección de las autoridades regionales y municipales. Esto debe ser rechazado por todo el país, pues no hay un solo lugar donde los alcaldes y los gobernadores regionales no se encuentren cuestionados por corrupción, y a ello se suma que tampoco se ha dado ninguna propuesta o cambio en el sistema judicial que representa una verdadera lucha contra la corrupción para que desde ahora ya se pretenda que los alcaldes y gobernadores se reelijan”, menciona.
CONTRA LA CORRUPCIÓN
Acota que con la elección de Duberlí Rodríguez Tineo como presidente del Poder Judicial es necesario generar buenas expectativas, pero mucho depende de cuáles sean sus primeros pasos a partir de enero próximo cuando asuma el cargo.
“Que el Poder Judicial tome decisiones para identificar los focos de corrupción y se logre destituir a los jueces corruptos que existen y manchan la imagen del Poder Judicial debe ser la prioridad del juez supremo Duberlí Rodríguez”, añade.
Sobre el trabajo de Héctor Becerril al frente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, cargo para el que inicialmente ella fue designada, Yeni Vilcatoma indica que este es cuestionable, debido a que no garantiza neutralidad.
“Últimamente lo que estamos observando por parte del congresista Becerril es que se está olvidando que él es el presidente de la Comisión de Fiscalización y, por lo tanto, su postura tiene que ser neutral y de lucha contra la corrupción. Es cierto, es partidario de Fuerza Popular, pero su comportamiento y las excesivas palabras que lanza contra el gobierno van más bien con una intención de amedrentamiento, lo cual no es válido. Él, desde la Comisión de Fiscalización, puede realizar investigaciones que logren revelar la corrupción que puede haber en el gobierno”, indica la parlamentaria.
