¿Matan los terremotos? Es la pregunta que en su última visita a Chiclayo ayudó a resolver el director del Instituto Geofísico del Perú, Hernando Tavera Huarache, quien explicó cuáles son las verdaderas causas del impacto social que generan los movimientos sísmicos. El experto refirió que la “Capital de la Amistad” no es solo vulnerable por su tipo de suelo, sino también por la mala calidad de sus edificaciones.

“Frecuentemente nos estamos preocupando por querer saber cuándo va a ser el terremoto o de qué tamaño será, pero no entendemos que el problema no son los terremotos, sino cómo estamos creciendo en las ciudades. El reciente terremoto de Ecuador ha demostrado cómo es que grandes edificios colapsan debido a que fueron mal diseñados, y eso es lo que he podido ver aquí en Chiclayo, donde hay viviendas de varios niveles en las cuales los pisos superiores se soportan sobre las pestañas o aleros de los inferiores. La carga de la estructura origina que en un terremoto los primeros niveles queden aplastados. En Chiclayo hay varios edificios de este tipo, viviendas que han sido modernizadas, entre comillas, de este modo”, observó.

Tavera Huarache anotó que, en consecuencia, el problema no es el sismo, sino la capacidad que tiene la sociedad para enfrentarlo. “Se puede decir que la mayor vulnerabilidad sísmica se concentra en el suelo, pero hay casos en los que edificios permanecen en pie pese al terremoto. ¿Por qué? Porque fueron bien construidos, tienen buenas estructuras”, añadió.

CIUDADES DE HOY

El director del IGP citó el caso del terremoto de Nepal, sucedido en abril del 2015, cuyas primeras estimaciones, dadas una hora después del evento, arrojaron como resultado la muerte de 200 personas. Sin embargo, semanas después la cifra llegó a casi diez mil.

“Pongo este ejemplo porque a diferencia de los terremotos de Ecuador y Pisco, que fueron casi al anochecer, en el caso de Nepal el terremoto sucedió muy temprano, durante el día. Primero se dijo que hubo 200 muertos, pero 30 días después la cifra llegó a nueve mil 600. ¿Qué pasó?, ¿por qué si el terremoto solo duró 60 segundos la cifra se incrementó un mes después? Entonces, podemos concluir que los terremotos no causan la muerte, estos solo sacuden el suelo. La gente muere porque las estructuras colapsan por mal diseño, mala construcción o, probablemente, por problemas del suelo”, afirmó Tavera Huarache.

El sismólogo e investigador precisó que la tugurización de las ciudades y sus problemas de ordenamiento son terreno fértil para las catástrofes en casos de movimientos telúricos de regular intensidad, por lo que es importante que desde los órganos de control se ponga atención se prevenga a partir de la planificación y el control, sobre todo en lo referido a las construcciones.

“En Lima, como también empieza a suceder en Chiclayo, estamos invadiendo los cerros y si se dice que en un terremoto lo que caen de los cerros son piedras y tierra, en algunos casos veremos que caerán casas o personas, entonces la situación se hace mucho más crítica. También pasa que se está construyendo sobre zonas inseguras, como sucede en Lima al borde de los acantilados. La gente compra ahí viviendas o departamentos y si sucediera un terremoto y la edificación colapsara, culparían al sismo. El terremoto no tiene la culpa, es la irresponsabilidad del hombre la que genera desastres en las ciudades y eso es algo que no queremos entender”, señala.

“He recorrido algunas zonas de Chiclayo y he encontrado partes que se están hundiendo, ¿por qué? Porque la superficie está conformada por suelos de relleno o con alta densidad de agua, pero aún así se sigue construyendo”, añade el experto.

Tavera Huarache sostiene que no se necesitan leyes que le digan a la gente dónde y cómo construir, porque por sentido común y criterio es fácil determinar qué tipo de edificaciones pueden ser vulnerables, ya sea por la ubicación o por los materiales empleados.

EL PRÓXIMO TERREMOTO

“Estamos construyendo ciudades vulnerables, de riesgo y esto está pasando en Chiclayo, porque se están construyendo edificios donde no debería haberlos y alguien tiene que controlar todo eso. Los terremotos no se pueden predecir, pero sí se pueden pronosticar, es decir, ya es posible determinar en qué zonas se presentará un sismo en algún momento. En el caso peruano, se sabe que esto pasará en la zona central del país, con una magnitud aproximada de 8.8 grados en la escala de Richter, el mismo que afectará a toda la zona costera, incluida la ciudad de Chiclayo”, advierte.

Refiere además que los sismos de magnitud superior al grado ocho en la escala de Richter, como sucedió en Japón en el 2011, tienen un radio de impacto de 500 kilómetros a partir del epicentro, por lo cual, un sismo de este nivel en el caso peruano abarcaría a casi todas las ciudades costeras.

“Si sucede un terremoto en el Callao, por ejemplo, se rompería desde Chimbote hasta Pisco, y eso significa que Chiclayo sería afectado por densidades muy altas. En Japón el sismo duró 150 segundos, pero debemos tener en cuenta que eso es lo que dura el terremoto. Multipliquemos solo por dos, quiere decir que si ocurriera aquí durante cinco minutos se movería el suelo”, anota.

Hernando Tavera comenta que a partir de los 20 segundos de movimiento empieza a caer el estuco de las paredes, por lo que es el tiempo que tienen las personas para salir a campo abierto en caso de sismos.

“Los grandes sismos que ocurren en el mar son los que ocasionan el desplazamiento de los continentes. Japón se movió dos metros y medio hacia el mar. El terremoto de Concepción, en Chile, originó que esta ciudad se mueva tres metros hacia el mar; el terremoto de Pisco, en el 2007, movió la península de Paracas metro y medio hacia el mar; el de Arequipa, en el 2001, movió la ciudad medio metro hacia el mar. En conclusión, cada vez que el terremoto es más grande hay mayor desplazamiento. A esto hay que sumarle la ocurrencia de los tsunamis. En Japón el tsunami avanzó cuatro kilómetros tierra adentro”, explica.

EL PELIGRO COSTERO

El director del Instituto Geofísico del Perú agrega que este tipo de información es la que la sociedad debe tener en cuenta para empezar a reflexionar sobre las construcciones que realiza y así reducir los índices de vulnerabilidad que hoy en día son muy altos.

“Lo que conocemos como el Cinturón de Fuego del Pacífico, que involucra a nuestro continente, a Asia y Oceanía, es el espacio en el que ocurre más del 80 % de los sismos a nivel global y donde se concentra más del 90 % de los volcanes existentes en el mundo, por lo tanto se considera como zona de alto riesgo, de alta actividad sísmica y alta dinámica. Cada momento sucede un sismo en esta parte del mundo”, explica.

Hernando Tavera añade que el Perú se ubica precisamente en la zona de mayor incidencia sísmica, donde suceden los terremotos con magnitud superior a los ocho grados en la escala de Richter.

“Para que ocurran los grandes terremotos estos deben acumular energía por más tiempo, hasta que en algún momento se presentan. En el caso nuestro tenemos la Placa de Nasca, que recorre Sudamérica a lo largo de siete mil kilómetros y permanentemente está chocando con el continente. Los sismos ocurren donde las placas chocan. En Estados Unidos, por ejemplo, en el área de California ocurren sismos de hasta 30 kilómetros de profundidad, en nuestro país ocurren sismos de hasta 700 kilómetros de profundidad, quiere decir que aquí hay más”, menciona.

Explica además que donde existen cordilleras siempre habrá sismos. “Nosotros nos ufanamos de nuestra cordillera, decimos que es la más bonita y la más joven a nivel global, pero desconocemos que ella es la causante de los terremotos que aquí ocurren. Si no queremos tener problemas con los terremotos vayámonos al Brasil, al África, al norte del continente asiático, al este del Norteamérica o Canadá”, finaliza.

Enfermeras agredidas por pacientes o los familiares de estos, que atienden a más personas de lo que profesionalmente están aptas, o condiciones laborales que vulneran sus derechos, son algunos de los problemas para los que el Sindicato Nacional de Enfermeras de EsSalud – SINESSS, busca soluciones, basándose en las normativas vigentes para la defensa de sus agremiadas.

Entre los profesionales de la salud, la enfermera es quien permanece las 24 horas al cuidado del paciente, por lo tanto mantiene contacto directo con ellos, teniendo que afrontar las quejas de los familiares, y en muchos casos estas resultan denunciadas por malas prácticas en el ejercicio de sus funciones, siendo responsabilizadas directamente con la condición del enfermo.

“Nosotros tenemos que premunir a nuestras agremiadas con los conocimientos necesarios para saber hasta dónde tendrían que asumir esta responsabilidad o no y solamente será a través del conocimiento de leyes”, asegura Carmen Delgado Magnate, secretaria de Defensa del SINESSS.

AGRESIONES Y DEMANDAS

Se tiene casos de enfermeras que son agredidas verbal y físicamente por familiares de pacientes e incluso por pacientes mismos, quienes ante una mala atención o deficiencias del sistema de salud, como la falta de insumos médicos y medicamentos, reaccionan contra estas.

“Tenemos que hacer uso de toda la defensa legal, a través de nuestros asesores, para que nuestras agremiadas sepan cómo defenderse y también hacer las denuncias correspondientes. A la vez, el sindicato tiene que ser el interlocutor ante las autoridades para que de alguna manera se solucione el problema de infraestructura, falta de medicamentos y recursos humanos. A veces, una enfermera que tiene que atender a 18 pacientes, termina avasallada al atender hasta a 30 personas, más allá de los indicadores establecidos y poniendo en riesgo tanto a estas como a ella misma”, afirma.

Los problemas de gestión de los hospitales y la falta de materiales terminan afectando directamente a las licenciadas, porque muchas veces son los asegurados no comprenden que no existe responsabilidad mayor en estas de no brindar la tención necesaria, completa y adecuada.

“Actualmente, por suerte existe la Superintendencia Nacional de Administración de la Salud – SUSALUD, donde se deben presentar las quejas a través del sindicato o a título personal. Si en caso, la enfermera sienta que no puede abastecerse para dar la atención a ocho pacientes muy delicados y entubados, se tiene que llamar a la fiscalía para que pueda constatar los hechos en el lugar y, de esa manera, defender al profesional de enfermería”, expresa Delgado Magnate.

Asimismo, manifiesta la injusticia en muchos de estos reclamos y demandas, donde la dignidad y reputación de la enfermera afectada queda en entredicho. Para eso, el SINESSS tiene asesores legales siempre disponibles para atender algún tipo de consulta y tipificar la conducta que corresponde desde el punto de vista normativo.

JUBILACIÓN ANTICIPADA

La jubilación para las enfermeras es a los 65 años de edad, tiempo al cual llegan - según indica Carmen Delgado - con muchos problemas de salud e incluso presencia de enfermedades graves como cáncer. Por esta razón, el SINESSS considera que deberían tener una jubilación anticipada al realizar una labor “muy demandante y estresante”.

“Recordemos que en nuestras manos está la vida del ser humano desde el nacimiento hasta la muerte. Estamos formadas para dar esa atención humanizada, lamentablemente no con la calidad que ellos merecen, pero sí con la vocación de servicio que nos identifica. No hay que desvalorar el trabajo de la enfermera, tenemos que darle el valor que corresponde como trabajadora de la institución”, resalta Carmen Delgado.

SINESSS considera que sería ideal la jubilación a los 55 años.

“Por ejemplo, si una enfermera es especialista en un área crítica le es muy difícil desenvolverse con el paso de los años, considerando que no siempre es posible hacer una rotación interna a otro servicio menos demandante. Esto resulta un clamor de la enfermería y lo estamos solicitando desde la parte legislativa, porque solo a través de una ley se podría conseguir”, explica la dirigente.

ASUMIENDO RESPONSABILIDADES

El abogado Luis Luna Arena, especialista en derecho laboral, comenta algunos casos donde las enfermeras tendrían que asumir responsabilidad por supuestas malas prácticas en su función. A pesar de eso, reconoce al médico como principal responsable del paciente.

“En algunos casos, en los procesos penales de denuncias por lesiones en el paciente, caída del paciente, ruptura de cabeza o fallecimiento por un mal procedimiento, va emparejado un proceso civil por daños y perjuicios, por el cual los abogados cobran un porcentaje de la indemnización y están pendientes en buscar al cliente para denunciar penalmente y hacer la demanda civil”, asegura Luna Arena.

Uno de estos casos se representa en los procesos civiles de daños y perjuicios cuando se procede con dolo, como cuando una enfermera no administra el tratamiento indicado por el médico porque no quiere y prefiere hacer otra actividad. También, existen los casos por culpa inexcusable, donde por negligencia médica grave no se ejecuta una obligación.

“Por ejemplo, la enfermera que se pone a conversar o a dormir en la guardia y se olvida de administrar el tratamiento al paciente o verificar sus signos vitales en el monitor y, por tal motivo, se descompensa o pasa algo”, indica Luis Luna.

La culpa leve radica en quien omite aquella diligencia ordinaria exigida por la naturaleza de la obligación y que corresponda a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar.

Representa una negligencia leve la omisión en la rotación de enfermeras o consignarla tardíamente. También no dar una información en su momento oportuno o si el paciente se queja porque no le hizo el aseo correspondiente.

Luis Luna asegura que aquellos que por dolo o culpa causan un daño a un paciente están obligados a indemnizarlo.

“A mí me pueden demandar por un supuesto daño y civilmente tengo todo el derecho a defenderme y demostrar que no he sido el responsable, ni he incurrido en culpa o dolo. No toda lesión obedece a una mala praxis o descuido, sino también a actos de los pacientes”, afirma.

Por otro lado, existe responsabilidad solidaria para el encargado y el subordinado cuando este último realiza el daño en el ejercicio del cargo o en cumplimiento del servicio respectivo. Tanto el autor directo y el indirecto están sujetos a responsabilidad solidaria.

“En caso de la enfermera respecto al técnico de enfermería, quien está bajo su cuidado. No olvidar que por mandato de las leyes del trabajo de la enfermera, esta conduce y supervisa la labor del técnico”, comenta Luna Arena.

No procede una indemnización cuando el daño fue consecuencia de un caso fortuito o de fuerza mayor, de un tercero o de la imprudencia del paciente. Pare esto, Luis Luna asegura que es muy difícil hacer creer al juez que la culpa es de este último, ante la existencia de un mal concepto del servicio de salud y sobretodo de las enfermeras.

Los casos fortuitos o de fuerza mayor son causas no imputables al suscitarse ante eventos extraordinarios, imprevisibles o irresistibles, que impiden la ejecución de la obligación o un cumplimiento parcial, tardío o defectuoso.

“Si ante un terremoto, a un paciente postrado en la cama le cae un parante y daña la cara”, ejemplifica.

“Las siguientes pautas nacen de la experiencia y cómo he ido enfrentando los casos, no para hacerle la trampa y saber actuar impunemente, no se trata de eso. Frente a unos casos hay que recordar estas cosas”, señala.

PROTEGIENDO LA ENFERMERÍA

La protección de la práctica profesional de la enfermería, según el Luis Luna, se puede dar con el cumplimiento de algunas responsabilidades básicas como siempre documentar los cuidados brindados a los pacientes, porque los procesos penales o denuncias inician aproximadamente siete u ocho meses después de ocurridos los hechos, tiempo en el que resulta imposible recordar lo sucedido.

Las enfermeras deben evaluar a los pacientes después de la aplicación de algún tratamiento ante posibles situaciones que se podrían presentar y tampoco deben alejarse de las prácticas seguras como seguir los protocolos por más pesados o molestosos que estos sean.

De igual manera, insiste en no aceptar ciegamente las órdenes del médico ante la sospecha de algún posible error, siempre verificar un escrito ilegible y no administrar medicamentos desconocidos sin previa consulta.

“El médico se puede equivocar. Si la enfermera tiene alguna duda o cree que el médico puede estar equivocado tiene que hacerle la observación. Ella no asume la responsabilidad directa, pero si complicidad en la medida que lo pudo evitar”, afirma.

Asimismo, las enfermeras deben comprobar personalmente los cuidados administrados por el personal que se encuentre bajo su mando como los técnicos de enfermería, que en conjunto con la enfermera podrían ser objeto de responsabilidad compartida. Tampoco, las enfermeras deben aceptar indicaciones del médico por teléfono y tienen la obligación de escuchar al paciente o a sus familiares.

“En el 90 % de los casos que he visto, siempre empiezan con la narración de los pacientes o familiares donde la enfermera los miró mal, no les respondía o les dijo que no se metieran. La primera impresión que se lleva el paciente con el trato de la enfermera genera una predisposición”, asegura.

Finalmente, ante algún problema legal, Luis Luna recomienda que las enfermeras involucradas reciban la asesoría oportuna de algún abogado, no comparecer a citación de autoridades sin la asistencia de este, evitar reunirse con los familiares del paciente y no realizar acuerdos económicos en tanto se realice una investigación por mala práctica.

Asimismo, asegura que en caso de recibir una demanda por daños y perjuicios deben acudir inmediatamente al abogado para preparar su defensa y no firmar ningún tipo de documentos a nivel interno del cual se deriven reconocimientos de hechos que le incriminen alguna responsabilidad.

La gestión del territorio involucra definir cuáles son los riesgos que este presenta frente a los desastres naturales y conocer los espacios vulnerables a fin de construir ciudades más seguras. En el Perú, pocas son las urbes que han avanzado en esta dirección, algunas de ellas pese a tener importantes herramientas técnicas que hubieran permitido, en la última década, organizar de mejor manera su crecimiento.

Este es el caso de Chiclayo, que desde el 2004, gracias al trabajo realizado por expertos convocados por el Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD, tiene guardado en algún escritorio del municipio provincial el completo estudio de Mapas de Peligros, Riesgos y Vulnerabilidades, donde se define con detalle los espacios más inseguros de la ciudad para la construcción, sea ante probabilidades sísmicas, de inundación u otras eventualidades.

Casi nula es la atención que se ha dado a los resultados y recomendaciones del estudio, que señala, por ejemplo, que la zona más peligrosa por riesgo sísmico es el Parque Principal de Chiclayo y sus alrededores, además de la zona sur con orientación a las urbanizaciones Santa Victoria, San Eduardo y Villarreal, debido al fenómeno de licuación de suelo que se originaría por el elevado nivel de la napa freática (agua del sub suelo). Sin embargo, en la última década se autorizó, muchas veces de manera irregular, la construcción de edificios de más de cinco niveles, yendo incluso contra la especificación técnica del Plan Director de 1992, que aunque desfasado, sigue vigente a falta de un nuevo plan de desarrollo urbano implementado por la municipalidad.

CRECIMIENTO EXPLOSIVO

¿Es posible aún poner en ejecución dichos estudios? La arquitecta Jenny Parra Small, coordinadora del Programa Nacional de Ciudades Sostenibles del INDECI, explica que aún es posible porque el plazo de vigencia de los estudios así lo permite. Sin embargo, el caso de Chiclayo es particular por el crecimiento demográfico y habitacional de los últimos años, lo que amerita trabajos de actualización de la herramienta.

“El crecimiento ha sido explosivo lo que tiene que ver mucho con las actividades económicas que aquí se han desarrollado. Normalmente los estudios pueden tener una vigencia de diez años, aquí ya han pasado 12 y vemos que la ciudad ha evolucionado más allá de las expectativas”, explica.

Parra Small refiere que es competencia municipal el control del crecimiento horizontal de la ciudad, sobre todo el caso de Chiclayo que se ha convertido en una urbe extendida y prolongada hacia determinados corredores: hacia Pimentel, hacia Lambayeque y hacia Reque.

“Hay suelos que no son los más adecuados para esta densificación u ocupación urbana y ahí hay que evaluar también otro instrumento que es la zonificación, la que define la altura de edificaciones mirando o teniendo el enfoque de la gestión de riesgos de desastres. Actualmente se está trabajando una nueva zonificación de la ciudad y se quiere que tenga ese enfoque y que solo se autorice construcción con alturas concordantes con lo que señala el estudio de gestión de riesgos de desastres”, indica.

OLVIDADOS

En el 2003 Chiclayo fue incluido al programa de Ciudades Sostenibles del convenio INDECI – PNUD, y esto posibilitó que se elaborara el Plan de Prevención ante Desastres: Usos de Suelos y Medidas de Mitigación, que nació como paliativo inmediato a los efectos del Fenómeno El Niño, cuyas consideraciones tampoco fueron aplicadas en su totalidad en el caso de Chiclayo.

“En total fueron 14 estudios los que se realizaron para Lambayeque y esto como parte de un proyecto mayor que comprendió a ciudades de Tumbes y Piura por el Fenómeno El Niño. Lo que se encontró en el caso de Chiclayo no solo fue la vulnerabilidad por El Niño, sino también por la calidad del suelo, el nivel de la napa freática, y el silencio sísmico, que es algo de mucha preocupación. Es por estas razones que urge que se actualicen esos documentos y se puedan ejecutar, ojalá este año se pueda hacer”, menciona.

Los estudios que ahora formula el INDECI con su programa de Ciudades Sostenibles consideran aspectos ambientales y peligros tecnológicos y antrópicos que afectan a las ciudades, como incendios, explosiones, derrames de sustancias químicas o peligrosas, contaminación de suelos, aires y aguas.

“En la gestión de riesgos también se debe tener una mirada a los ecosistemas y al patrimonio tan rico que tienen ciudades como Chiclayo. Son 18 años que cumplirá en octubre el programa y a la fecha tenemos más de 180 estudios realizados en distintas partes del país, como también de manera binacional, en ciudades fronterizas con Ecuador. Esta experiencia queremos replicar en el sur, con Chile, justamente por el silencio sísmico”, explica Parra Small.

GESTIÓN

El Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI, brinda asistencia técnica a los municipios para que estos puedan poner en marcha sus planes de riesgo, los mismos que deben ser aprobados por el concejo local y por ordenanza, que tiene carácter de ley en el Perú, lo que enmarca su cumplimiento.

“Otro paso importante es el de la gestión de los proyectos, porque si no se ejecutan los proyectos de nada valen los estudios y, además, estos tienen que incorporarse en los planes de desarrollo urbano, definiendo las mejores zonas para el crecimiento de la ciudad en extensión y en altura”, señala Parra Small.

En el caso de Chiclayo, entre el 2008 y el 2010 se elaboró un Plan de Desarrollo Urbano – PDU, con el concurso de los colegios profesionales, las universidades y el municipio provincial, el mismo que fue validado por la sociedad civil. Sin embargo, pese a que fue aprobado a fines del 2014 por el concejo municipal fue rechazado por la actual administración, la que anunció el año pasado la formulación de un nuevo plan, definido como de visión metropolitana, aspecto que ya consideraba el estudio previo.

La experta del INDECI comenta que si bien aún existen organismos cooperantes para la realización de estudios de planificación, ordenamiento y control de riesgos, el apoyo con recursos hacia el Perú se ha reducido debido al crecimiento económico logrado por el país en los últimos años, lo que ha permitido que este salga del grupo de países pobres. Hoy la asistencia se enfoca a naciones con condiciones mucho más limitadas que la peruana.

“El Perú ya es considerado un país de ingresos medios y, por tanto, la cooperación a restringido un poco sus aportes, llevándolos hacia otros países que tienen menos recursos. En consecuencia, el Estado, en sus tres niveles de gobierno, debe asumir los costos de estudios de este tipo, porque estamos en condiciones de financiarlos. No son caros”, señala.

Añade que por esta razón es importante la unión de esfuerzos entre las instituciones gubernamentales, más aún porque se requiere de decisión política para concretar proyectos de planificación.

“Tenemos muy buenas experiencias de apoyo de gobiernos regionales a municipalidades. Por ejemplo, el estudio de la ciudad de Iquitos, que es muy grande y muy compleja, fue financiado íntegramente por el Gobierno Regional de Loreto. Hubo entonces una articulación muy importante”, manifiesta la especialista.

Destaca los avances realizados en Sullana con la ejecución de varios de los estudios formulados por el INDECI, así como los de la municipalidad de Aguas Verdes, en Tumbes, que pese a ser una comuna pequeña ha tenido la capacidad de emprender proyectos binacionales con el Ecuador.

“En Aguas Verdes se avanzó articulando con diversas instituciones peruanas y ecuatorianas, prácticamente sin contar con recursos. En estos aspectos tiene que ver mucho la gestión municipal”, indica.

Jenny Parra sostiene que con la aplicación de los planes y estudios que se formulan desde el INDECI es posible no solo prevenir errores futuros, sino también corregir los errores existentes en cuanto al desarrollo de las ciudades y el manejo demográfico. “Los estudios de riesgo son base de los instrumentos de desarrollo y zonificación, por lo que es posible con ellos implementar medidas que mitiguen los riesgos y hagan más seguras a las ciudades”, explica.

Este 5 de julio la Universidad Señor de Sipán cumple  17 años de labores académicas. El nuevo aniversario encuentra a la comunidad universitaria con nuevas autoridades en la alta dirección y con un nuevo rector. El doctor Roger Pingo Jara es hoy en día el conductor de una de las casas de estudios en Lambayeque con una población que bordea los 17 mil estudiantes en las diversas carreras y modalidades que ofrece la USS.

La situación de Lambayeque no es la más auspiciosa para el desarrollo de su población, es la conclusión a la que se arriba luego de analizar los resultados del Índice de Progreso Social Regional Perú 2016, publicado recientemente por Centrum Católica y Social Progress Imperative, iniciativa global liderada por el economista estadounidense Michael Porter.

Fernando D’Alessio Ipinza, director de Centrum Católica, destaca que el estudio recoge 51 indicadores sociales y ambientales que permiten evaluar la eficacia con la que el éxito económico del país se traduce en progreso social para las regiones.

Se resalta además que la principal bondad del estudio está en la medición de las políticas públicas basadas en el impacto en las personas, pues no trata de calificar el gasto económico en temas específicos, sino los resultados concretos en la persona humana. “Es decir, ¿cuántos peruanos tienen acceso a agua en zonas rurales? o, ¿cuántas personas mueren por acciones violentas? o, ¿cuánta gente tiene derechos de propiedad?”, explica Juan Manuel Arribas, representante de la Red Progreso Social Perú.

El documento muestra cuáles son las principales carencias, dónde se encuentran las brechas más trascendentales y por dónde orientar la inversión social. “Por ello se presentan perfiles de resultados que permiten identificar debilidades y fortalezas en cada territorio analizado, de forma tal que los actores que operan en él puedan generar estrategias locales conjuntas, entre sector público y privado, para coordinar esfuerzos y maximizar la eficacia y la eficiencia de la inversión social para beneficio de todos”, menciona D’Alessio Ipinza.

EL PROGRESO SOCIAL

El documento indica que el crecimiento económico sostenido que el Perú ha experimentado en la primera década del milenio ha permitido que las regiones multipliquen su presupuesto en un corto plazo, lo que ha generado un desfase importante entre un rápido desarrollo y un incipiente proceso de generación de capacidades de gestión, planificación, estrategia y liderazgo entre las autoridades públicas y los hacedores de política a nivel regional.

“La ejecución eficiente de la inversión pública en estos niveles de gobierno es una tarea central para convertir el crecimiento económico en calidad de vida para las personas”, señala.

El documento menciona que pese a los esfuerzos del Programa de Presupuesto por Resultados del Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, el nivel de ejecución de gasto continúa siendo el indicador más popular para medir la eficiencia de una gestión pública.

“Ello impide ver qué tan eficiente está siendo realmente una gestión o si están siendo capaces de traducir su progreso económico en progreso social. De ahí que el presente estudio puede aportar al debate respecto a qué significa tener más o menos Estado. La solución no pasa simplemente por aumentar las arcas presupuestales”, indica la investigación, precisando que es imprescindible que las decisiones que se tomen en torno a la inversión social sean tomadas de manera estratégica.

LA MEDICIÓN

El Índice de Progreso Social se mide en función de tres grande indicadores: Necesidades Básicas Humanas, Fundamentos de Bienestar y Oportunidades.

El primero agrupa a la Nutrición y Asistencia Médica Básica, que evalúa la desnutrición crónica y anemia en menores de cinco años, la tasa de mortalidad materna y las Enfermedades Diarreicas Aguas – EDAS en menores de cinco años.

Estudia el acceso al agua potable y a los servicios de saneamiento rural,  y la brecha rural y urbana al servicio de saneamiento.

A esto suma la evaluación del rubro de Vivienda, donde se considera el acceso a la electricidad, la brecha rural y urbana en acceso a la electricidad, el déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda, así como la calidad de aire dentro de la vivienda.

También estudia lo referido a la Seguridad Personal, como tasa de homicidios, percepción de inseguridad, tasa de victimización y tasa de muertes y heridos por acciones de tránsito.

El segundo indicador es el de Fundamentos de Bienestar, que considera el estudio del Acceso al Conocimiento Básico, como la tasa de analfabetismo en adultos, la tasa de ausentismo en primaria y secundaria, la brecha de género en asistencia a secundaria y el logro en segundo grado en lenguaje y matemática.

Asimismo, el Acceso a la Información y las Telecomunicaciones, donde se contiene la medición de la tenencia de telefonía móvil, los usuarios de Internet urbano y rural, y la densidad de teléfono fijo.

En Salud y Bienestar evalúa el padecimiento de enfermedades crónicas, la mortalidad prematura por enfermedades no contagiosas, la tasa de obesidad y el porcentaje de personas que fuman.

También estudia la Sustentabilidad del Ecosistema considerando aspectos como la huella ecológica, las hectáreas reforestadas, el aire contaminado en zonas urbanas y las aguas residuales tratadas.

El tercer indicador es el de Oportunidades, donde se ha estudiado lo referido a Derechos Personales como la libertad de expresión, la titulación de la propiedad urbana y rural, el derecho a la participación ciudadana y los derechos políticos.

Evalúa la Libertad Personal y de Elección, medida a través del uso de anticonceptivos, la tasa de embarazo adolescentes, los índices de corrupción y el acceso a bienes de uso público.

Hay también un rubro dedicado a la Tolerancia e Inclusión, donde se ha estudiado la violencia contra la mujer, la discriminación a minorías étnicas, a los inmigrantes y a las personas con discapacidad.

Finalmente, estudia el Acceso a la Educación Superior, basándose en la tasa de matriculados, la tasa de graduados y el porcentaje de mujeres con educación superior.

LAMBAYEQUE Y SU REALIDAD

El Índice de Progreso Social Regional del Perú lo lidera Moquegua, con 65.37 puntos de 100, seguido de Ica y Lima Metropolitana con 65.01 y 64.22, respectivamente.

Lambayeque se ubica en el sexto lugar con 59.42 puntos, lo que se considera de acuerdo a la medición como Medio Bajo.

Esto quiere decir que Lambayeque tiene niveles regulares de bienestar para las personas, en relación a la evaluación de los componentes que son esenciales para el bienestar humano, con necesidades básicas insatisfechas y falta de infraestructura e instrumentos que le permitan mejorar su calidad de vida y generar oportunidades para alcanzar su pleno potencial.

PRIMER INDICADOR

En relación a Necesidades Básicas Humanas, Lambayeque se ubica en octavo lugar a nivel nacional con 66.76 puntos, siendo superado por Lima Metropolitana, Callao, Ica, Tacna, Moquegua, Tumbes y Arequipa.

Por la calificación se considera que el nivel es Medio Bajo, siendo aún débiles el derecho a la vida, el acceso al agua y al saneamiento, a la vivienda de calidad, a la energía eléctrica y a la seguridad personal.

Así, por ejemplo, Lambayeque es la séptima región del país en cuanto a Nutrición y Asistencia Médica Básica, con 73.55 puntos, y la novena en acceso al agua potable y saneamiento básico, con 51.88 puntos, pese a que durante el quinquenio 2006 – 2011 fue la que mayor presupuesto recibió a nivel nacional para la ejecución de obras de este tipo a través del Programa Agua Para Todos (650 millones de soles). En este aspecto Tumbes supera al departamento con más de 13 puntos.

En Vivienda y Servicio Público se alcanza una calificación de 78.44 puntos, que posicionan a Lambayeque en el octavo lugar entre las 26 regiones evaluadas, lo que evidencia que se han acortado las brechas entre lo urbano y rural en términos de calidad de la vivienda, así como el nivel de hacinamiento.

Asimismo, Lambayeque se ubica en el cuarto puesto en Seguridad Personal, con 63.19 puntos. Es superada únicamente por Amazonas, Ayacucho y Loreto.

Según el estudio, este indicador estudia el nivel de victimización o percepción de inseguridad, además de la siniestrabilidad de accidentes de tránsito.

SEGUNDO INDICADOR

La situación más compleja para Lambayeque se encuentra en el segundo indicador del estudio, referido a los Fundamentos de Bienestar. Aquí, la ubicación para la región es en el décimo octavo lugar, con 51.12, superada en el norte por La Libertad, Cajamarca y Piura.

Por el resultado, el indicador en Lambayeque es bajo, significando que las personas tienen restricciones para aumentar su bienestar debido a las deficiencias que existen en diferentes aspectos relacionados a los servicios públicos.

Por ejemplo, en Acceso a Conocimiento Básico la calificación es de 68.34 puntos, ubicando a Lambayeque en el puesto 15 de las 26 regiones evaluadas, representando los efectos de la tasa de analfabetismo, de asistencia a primaria y secundaria, los logros educativos en lenguaje y matemática y la brecha de género en la asistencia a secundaria.

Respecto al Acceso a la Información y Telecomunicaciones, el puntaje obtenido es 55.04, ocupando la novena ubicación a nivel nacional, mientras que en Salud y Bienestar el departamento desciende al puesto 19, con 46.97 puntos.

Finalmente, como parte del segundo indicador, Lambayeque logró un nivel Muy Bajo en cuanto a la Sustentabilidad del Ecosistema, al alcanzar únicamente 33.38 puntos.

TERCER INDICADOR

Pese a que la ubicación de Lambayeque en el tercer indicador, que es el de Oportunidades, es en el quinto lugar a nivel nacional, es considerado – de acuerdo a los criterios del Índice de Progreso Social Regional Perú 2016 – como Medio Bajo, al obtener 60.37 puntos de 100.

Esto se mide por las condiciones con las que las regiones aseguran que las personas gocen de libertades y derechos como ciudadanos, y para ello se han evaluado los siguientes criterios:

Derechos Personales, en el que Lambayeque tiene 42.46 puntos, cayendo a la ubicación 15, por debajo de Cajamarca, Piura, La Libertad, San Martín y Tumbes, en la macroregión. Esta variable se mide por las facilidades que tienen las personas para ejercer su derecho a la propiedad privada, tanto en zonas urbanas como rurales; para la participación ciudadana y la expresión libre sobre asuntos sociales y políticos. La calificación para el departamento es considerada de Muy Baja.

En Libertad Personal y de Elección, Lambayeque ocupa el octavo lugar a nivel nacional, con 61.11 puntos. Aquí se midieron los índices vinculados a la contracepción y natalidad en adolescentes, el nivel de corrupción en los trámites con instituciones públicas y el acceso a bienes de uso público para la recreación o el fomento de usos saludables.

Asimismo, en Acceso a la Educación Superior la calificación es de 63.22, posicionando al departamento en el sexto puesto, considerado como Medio Bajo por el estudio.

Finalmente, en el único aspecto en el que Lambayeque se ubica en una de las primeras posiciones (segundo lugar) es en el de Tolerancia e Inclusión, con 75.59 puntos, significando que existe una alta capacidad de la población para asegurar que todas las personas, sin importar su diversidad cultural, racial o lugar de nacimiento, sean aceptadas y tratadas como pares. 

Esta semana se cumplen cuatro años del inicio de funcionamiento del Servicio de Áreas Críticas perteneciente al Hospital Regional de Lambayeque – HRL, conformado por la Unidad de Cuidados Intensivos – UCI, la Unidad de Cuidados Intermedios – UCIN, y la UCI Neonatal.

En el 2012, esta área empezó a brindar servicio a los pacientes críticos pertenecientes al Sistema Integral de Salud – SIS, de la macroregion norte, quienes anteriormente tenían que ser trasladados a otros nosocomios. Igualmente, a través de los años, el HRL ha ido perfeccionando sus equipos tecnológicos de terapia intensiva y, según el médico intensivista Luis Ángel Coaguila Cusicanqui, coordinador del servicio, existe una proyección a una UCI por especialidades.

El Hospital Regional de Lambayeque fue inaugurado en julio del 2011 por el expresidente Alan García, sin embargo, no fue hasta fines de ese año que el nosocomio empezó sus funciones. Casi un año después de su inauguración, el médico Luis Ángel Coaguila Cusicanqui fue encargado de la jefatura del Departamento de Emergencia y Áreas Críticas para dar inicio al servicio de emergencia, que hasta mayo de 2012 no se encontraba implementada. Para ese entonces, el nosocomio solo atendía consultas regulares.

Mientras se iniciaba las funciones del servicio de emergencia, en paralelo se trabajaba conjuntamente con enfermería en la habilitación del equipamiento del Servicio de Áreas Críticas de la UCI, UCIN y UCI Neonatal. Esta última empezó funciones el año pasado con tres camas especializadas para recibir a recién nacidos en estado crítico por nacimiento prematuro o algún otro problema suscitado durante el parto.

En términos generales, el Servicio de Áreas Críticas recibe a pacientes que necesitan ser estabilizados previamente en áreas como emergencia, pacientes postoperados o de otros servicios críticos como shock trauma.

“Cuando las especialidades tienen pacientes críticos, nosotros los evaluamos para ver la posibilidad de trasladarlos a nuestro servicio y continúen un tratamiento de terapia intensiva sea en UCI como en UCIN. La UCI Neonatal está al cuidado de pediatría, pero dentro del Servicio de Áreas Críticas”, cuenta Luis Coaguila.

INICIO DEL ÁREA CRÍTICA

El 1 de julio de 2012 se inauguró el servicio de áreas críticas con el inicio de actividades de la UCIN, que inicialmente solo recibiría a pacientes postoperados de cirugía adbominal. En ese entonces, se necesitaba resolver algunas carencias y probar los equipos que estuvieron paralizados durante año y medio, según cuenta Coaguila Cusicanqui.

“El día de la inauguración del servicio de áreas críticas, la UCIN funcionaba más como una UCI, debido a que ya contábamos con los ventiladores armados, bombas, monitores conectados y una central de monitoreo integrada”, afirma.

En un primer momento, la UCIN pensó que, al ser una unidad nueva, podría seleccionar a los pacientes para probar el correcto funcionamiento de sus equipos. No obstante, no pasaron doce horas de inaugurada, la UCIN terminó repleta de pacientes en las cinco camas que inicialmente se dispuso.

“No se llenaron con pacientes postoperados, sino que venían de otros servicios y hospitales como Las Mercedes. Cuando no existía el Servicio de Áreas Críticas, los pacientes de emergencia eran trasladados a la UCI de Las Mercedes. Por ese motivo, urgía la apertura del servicio de áreas críticas”, asegura Luis Coaguila.

En la noche del 1 de julio del 2012, las cinco camas de la UCIN estaban copadas de pacientes críticos con problemas pulmonares, fallas renales y cardiacos como lo manejan normalmente las UCI, que aún no iniciaba labores.

“Nos alarmó bastante porque sentimos que la comunidad necesitaba una UCI más sólida y equipada. Empezamos colocando una cama más y se convocó a otros profesionales no solo para que apoyaran en el funcionamiento de la UCIN, sino para poner en marcha lo que es la UCI en la actualidad”, cuenta Luis Coaguila.

De igual manera, se solicitó a los directivos del HRL la contratación de más personal médico para que la UCI pueda dar inicio a la hospitalización.

“La expectativa de la comunidad no solo era que nosotros brindamos la atención médica, sino que esta sea de calidad. Ellos tiene la expectativa que el HRL es el más moderno de la región y en realidad lo es”, afirma.

En agosto del mismo año, la UCI y la UCIN empezaron paralelamente a realizar sus funciones con seis camas especiales cada una. Sin embargo, algunos pacientes que debían estar, por su condición, en el primer servicio eran atendidos en UCIN, dada la alta demanda.

“Ambas unidades cuentan con la tecnología para brindar el soporte de terapia intensiva, entonces da esa facilidad. De igual manera, se cuenta con personal médico especializado en medicina intensiva y enfermeras especialistas en terapia intensiva tanto en UCI como en UCIN. La atención de calidad que se le da a un paciente crítico es en las mismas condiciones”, asegura Luis Coaguila.

TECNOLOGÍA ACTUAL

Con el paso de los años, la tecnología del servicio de áreas críticas ha ido progresando. Inicialmente, empezaron solo con un equipamiento de soporte de ventilación mecánica, monitoreo hemodinámico, monitoreo neurológico y camas especializadas en terapia intensiva para diferentes tipos de terapia que se realizan.

“Hemos ido perfeccionando algunas cosas más con el tiempo. Hablando de la terapia neurológica, nosotros tenemos un doppler transcraneal, que permite ver flujos a nivel de arterias cerebrales en pacientes neurológicos que tengan patologías neurovasculares quirúrgicas o lesiones traumáticas y, de esta manera, modificar la terapia intensiva y el monitoreo neurológico. En la macroregion norte no hay ningún hospital que tenga ese tipo de monitoreo. El equipo es moderno y nos ayuda bastante en la evolución, tratamiento y pronóstico de nuestros pacientes”, asegura Luis Coaguila.

Asimismo, en un inicio, el Hospital Regional Lambayeque solo contaba con ventiladores marca Elisa para realizar la ventilación médica. Un año y medio después, según señala Luis Coaguila, el HRL adquirió 10 ventiladores modernos y de alta gama de marca Maquet, los cuales facilitan el monitoreo de los pacientes y la ejecución del soporte ventilatorio correspondiente tanto a patologías pulmonares como cardiovasculares y cardiopulmonares.

En la parte hemodinámica, correspondiente al estudio del dinamismo de la sangre en las estructuras sanguíneas, el HRL cuenta con monitores de cardioQ, que permiten evaluar el gasto cardiaco, las resistencias vasculares y otros puntos.

De igual forma, en la parte respiratoria también se cuenta con un broncofibroscopio, el cual permite detectar rápidamente, observando la cabecera de la cama del paciente, cualquier patología que se encuentra dentro de la luz de la tráquea o de los bronquios durante una terapia broncoscópica.

“Brinda gran ayuda, porque podemos visualizar diferentes problemas en las vías respiratorias, sean infecciones, inflamaciones o que pueden producir diferentes tipos de anomalías estructurales en el árbol bronquial”, manifiesta Luis Coaguila.

Tras la detección de estos problemas se puede dar inicio a tratamientos como el lavado broncoalveolar, extracciones de cuerpos extraños, cepillados, cultivos de secreción bronquial y las biopsias que son realizadas por los neumólogos.

La terapia intensiva no es una unidad que trabaja sola y aislada, sino que se fortalece con el apoyo de otros servicios, según indica Coaguila Cusicanqui. El servicio de áreas críticas coordina con diferentes servicios como medicina interna, cardiología, traumatología, hasta psicología y psiquiatría, para una atención personalizada.

“El paciente crítico se merece una atención multidisciplinaria al tener un alto riesgo de mortalidad. Nosotros somos muy consientes de eso y es ahí donde se sostiene nuestro profesionalismo, porque nos dedicamos a salvar la vida de personas y nos esforzamos para que la atención sea de la máxima calidad posible”, asegura Luis Coaguila.

LOS CUIDADOS INTENSIVOS

La UCI monitorea las 24 horas del día a pacientes en estado crítico; muchos de ellos provienen de centros de salud de diferentes ciudades. Esta unidad, al igual que la UCIN, cuenta con un total de ocho camas, de las cuales, seis están siempre en servicio a los pacientes, mientras que dos están en reserva. Ambas unidades, cuentan con dos habitaciones aisladas y una sala común para las cuatro camas restantes.

“Tenemos de reserva dos camas por temas de funcionamiento, reparación y desinfección. Ante la salida de un paciente, se tienen que desinfectar las gavetas, los parantes, los monitores, los cables, el piso, las paredes, el mostrador, el teclado, las sillas y demás. Eso no se logra en una o dos horas, sino en un período hasta de 24 horas”, asegura.

Cuando se realiza una desinfección general, los pacientes son trasladados a otras unidades con todos los equipos necesarios para su supervisión, según indica Luis Coaguila. Asimismo, el tener dos camas de reserva permite que, ante la salida de un paciente, se habilite rápidamente un cupo para uno nuevo, pues la cama usada es reemplazada por una extra previamente desinfectada.

“No se ocupa la cama del saliente, sino otra previamente desinfectada y habilitada con todo. Imagínense tener que desinfectar esa cama, sacar el colchón y todo lo demás. Eso demoraría y no se hace en un par de horas, si no se hace correctamente, es de alto riesgo que el paciente entrante pueda infectarse o contaminarse con la salida del paciente anterior. La camilla usada se desinfecta con tiempo”, afirma Coaguila Cusicanqui.

Finalmente, comenta la existencia de una proyección a futuro para UCI por especialidades. Por ejemplo, se necesita una UCI exclusivamente para postoperados neuroquirúrgicos, cardiados y ginecoobstétricos.

“Podemos hacer una unidad aparte y especializada. Casi el 40 % de nuestros pacientes, y a veces hasta el 50 %, son de patología neurológica o neuroquirúrgica. Por otro lado, no tenemos muchos pacientes con tratamientos de infartos”, afirma.