Sistemática decisión es la que habría tomado el actual alcalde del distrito de Anguía – tierra del presidente Pedro Castillo Terrones, José Medina Guerrero, hoy bajo detención preliminar, cuando se propuso dejar sin efecto el contrato primigenio suscrito a finales de la gestión del anterior burgomaestre distrital, con la finalidad de contratar al ejecutor del saldo de obra, valorizado en 19 millones de soles, mediante un proceso directo, cuyo objeto consiste en el mejoramiento del camino vecinal que une algunos centros poblados y distritos de la jurisdicción de la provincia de Chota.
La contratación inicial
Con fecha 15 de agosto del 2018, el saliente burgomaestre del distrito de Anguía, José Colunche Campos, celebró el contrato de ejecución de la obra “Mejoramiento del camino vecinal La Palma – Conchan – La Legua – Tacabamba – Chugur – Anguía – Rodeopampa – Guineamayo, distrito de Tacabamba – Chugur –Anguia, Chota Cajamarca”, con el Consorcio Vial Anguía, conformado por las empresas Consorcio Roga SAC y House Bussines EIRL, cuyo monto de inversión, en ese entonces, superó los 23 millones de soles, producto de la adjudicación de la buena pro de la Licitación Pública N° 001-2018 – MDA, llevada a cabo el 25 de julio de ese año.
Alcalde entrante resuelve contrato
Durante los primeros meses de la gestión del actual alcalde del distrito José Medina Guerrero, se puso la mirada sobre el avance de los trabajos de la millonaria obra.
Los funcionarios encargados de su control advirtieron que la misma se encontraba con inconvenientes, incluso paralizada por el abandono del proceso constructivo por parte del contratista, producto – según los funcionarios y la población involucrada - del atraso en el pago de la mano de obra no calificada y ciertos proveedores de servicios.
Estas razones sirvieron para que la autoridad edil, el 25 de noviembre del 2019, suscribiera la carta N° 053-2019-MDA/A, comunicándole al Consorcio Vial Anguía la resolución de contrato “por haber dejado en abandono de la ejecución de la obra por las razones expuestas”, mientras que el contratista se oponía a dicha decisión argumentando repetidamente que la paralización de la obra se debía al incumplimiento por parte de la entidad municipal de la liberación de los terrenos que serían afectados para la ejecución total del proyecto.
De este modo se generó una controversia, que al fin y al cabo se dilucidó unilateralmente con la emisión de la carta referida suscrita por la autoridad edilicia, que resolvió el contrato, dando lugar para que posteriormente el alcalde Medina Guerrero – hasta el cierre de esta edición con arresto preliminar – decidiera llevar a cabo una “contratación directa” para la ejecución del saldo de obra valorizado en 19 millones 500 mil soles.
Contratación directa del saldo de obra
Como quiera que el contrato primigenio ya había sido resuelto unilateralmente por el titular de la comuna de Anguía, el 30 de septiembre del 2021, el Jefe del Área de Abastecimientos de la comuna procedió a convocar a través de la plataforma del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, el procedimiento de selección denominado Contratación Directa N° 01-20221-MDA/ABAST, con el objeto de contratar el saldo de la obra pendiente de su ejecución, procediendo en ese día a invitar a las empresas Mafer Construcciones y Acabados EIRL e Ibérico Ingeniería y Construcción S.A.C., quienes aceptaron su participación en la contratación directa mediante las respectivas cartas cursadas el mismo día, 30 de setiembre de 2021.
Dichas empresas presentaron sus ofertas vía correo electrónico el mismo día (30 de setiembre de 2021), - como consta en el acta del proceso – las cuales fueron sometidas en esa misma fecha al escrutinio para su admisibilidad, la evaluación y calificación correspondiente, realizada por el jefe de Abastecimientos de la comuna, Humber Flores Pérez, etapa en la cual el referido funcionario advierte que la oferta presentada por el Consorcio Vial Anguía, integrado Bernyf S.A.C y la invitada Mafer Construcciones y Acabados EIRL, contenía documentación que debía ser subsanada en un solo día, como es la legalización notarial de las firmas de cada uno de sus representantes en la promesa de consorcio.
Dicha subsanación se dio en la fecha prevista, pero no adecuadamente respecto a la modificación de los porcentajes de cada uno de los consorciados, comparados con el documento materia de la subsanación requerida, razón que derivó para que la oferta del Consorcio Vial Anguía no fuera admitida, quedando tan solo la oferta del Consorcio MDJH como admitida y válida, condición que le permitió ser adjudicado con la buena pro el 5 de octubre de 2021, ofertando el importe de 19 millones 549 mil 670 soles, igual al valor referencial de la contratación.
Nuevo contrato
Luego de la adjudicación de la buena pro de la contratación directa, la Municipalidad de Anguía, a través del alcalde José Medina Guerrero, el 14 de octubre de 2021, procede a suscribir el Contrato N° 02-2021-MDA/A con el representante del Consorcio MDJH Jhordan Arnold Huamán Osis, estableciéndose en la Cláusula Séptima del mismo, respecto a la Carta Fianza, que deberían haber sido presentada para garantizar el Fiel Cumplimiento de la obra, en este caso equivalente al 10 % del monto adjudicado ( 19 millones 549 mil 670.30 soles).
La referida cláusula hace referencia que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto de Urgencia N° 063-2021, el contratista presenta la carta de autorización para efectuar la “retención” por el monto equivalente al 10 % del monto contratado, a través de la retención que debe efectuar la Entidad, durante la primera mitad del número de pagos a realizarse de forma prorrateada.
En este contexto, cabe precisar que el D.U. N° 063-2021 fue decretado por el expresidente Francisco Sagasti, publicado en el diario oficial El Peruano el 12 de julio de 2021, cuando estaba a punto de dejar el cargo, con la finalidad de establecer medias extraordinarias complementarias durante el año fiscal 2021, para promover la dinamización de las inversiones en el marco de la reactivación económica y la ejecución del gasto público, así como asegurar la continuidad de los procesos de contratación en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento, entre otras disposiciones.
Esa normativa promulgada le permitió al Consorcio MDJH suscribir el contrato de obra sin la presentación de la Carta Fianza para garantizar el fiel cumplimiento de la ejecución de la obra, acogiéndose para tal fin a la retención del 10 % del monto adjudicado, como así lo prevé la norma prescrita, cuando el anterior contratista sí la presentó para garantizar el contrato primigenio.
La deuda tributaria
Expresión ha tenido acceso a la plataforma informativa de la Superintendencia de Administración Tributaria – SUNAT, encontrando que uno de los integrantes del Consorcio MDJH, en este caso la empresa Ibérico Ingeniería y Construcción SA, con RUC N° 20601000157, mantiene a la fecha una deuda remitida a las centrales de riesgo y sometida a un proceso de cobranza coactiva desde el 2 de julio de 2012, producto de las obligaciones tributarias dejadas de pagar al Tesoro Público por un importe que supera los seis millones de soles.
Dicho monto es el resultante de no haber cumplido con esta obligación desde el mes de junio de 2007, fecha en la cual no canceló 446 mil 900 soles, para luego en julio del mismo año no cumplir con su obligación de cancelar 297 mil 599 soles, continuando con su conducta omisiva sucesiva en el mes de agosto del mismo año, en el cual no cumplió con abonar su obligación con el Tesoro Público de 263 mil 147 soles; en setiembre no cumplió con el pago de 472 mil 255 soles, continuando con esta conducta evasora al no pagar en el mes de setiembre de 172 mil 868 soles; en octubre 172 mil 868 soles; en noviembre 186 mil 636 soles, cerrando su conducta morosa con el no pago al Tesoro Público de 351 mil 593 soles en el mes de diciembre.
Luego no pagó la millonaria suma de tres millones 715 mil soles por concepto de impuesto a la renta determinada al cierre del periodo tributario del año 2017, haciendo un total de morosidad del importe que supera los 6 millones, sin incluir, por cierto, las costas o gastos que demanden su recuperación.
La conducta del consorciado
Como quiera que, los integrantes del Consorcio MDJH decidieron, mediante el contrato de consorcio celebrado para la formalización contractual, llevar su contabilidad independiente bajo la modalidad de Contrato de Colaboración Empresarial, es que bajo esta modalidad obtuvieron el RUC N° 2060857686, mediante el cual – según el contrato de consorcio – emitían las facturas para el cobro de los adelantos que pudieran haber sido otorgados y el pago de las valorizaciones por el avance de la ejecución de la obra.
En razón de ello es que la SUNAT, hasta la fecha, no ha logrado el recupero de la deuda pendiente de pago por parte del integrante Ibérico Ingeniería y Construcción SA, quien se estaría rehusando a cumplir con el pago de las obligaciones contraídas que datan del año 2007, las cuales, bajo esta modalidad evasiva de facturar con un RUC independiente, permiten que el endeudamiento, pese al tiempo transcurrido, siga en la condición de morosidad y sin posibilidad de ser cobradas vía la retención por parte de la entidad edilicia al momento de efectuar los pagos periódicos que ha venido realizando a nombre del Consorcio MDJH.
Los pagos efectuados a los dos consorcios ejecutores
De acuerdo al portal de transparencia económica del Ministerio de Economía y Finanzas, se advierte que el Consorcio Vial Anguía, quien suscribió el primer contrato con la entidad edilicia, por un monto que supera los 23 millones de soles, en el 2018 recibió la cancelación de poco más de cuatro millones de soles, para luego, antes de que se le resolviera el contrato cobrarle al municipio la suma de cuatro millones 971 mil soles, que en suma alcanzan a pagos efectuados por la frustrada ejecución de los trabajos por más de nueve millones de soles.
El Consorcio MDJH, que suscribió el contrato producto de la resolución del contrato con el consorcio anterior y la adjudicación de la contratación directa, en el año 2021 cobró cerca de cuatro millones de soles y en lo que va del año 2022 ha logrado percibir por la ejecución de la obra el importe dos millones 500 mil soles, que hacen un total cobrado ascendiente a seis millones 500 mil soles; es decir, hasta la actualidad, la comuna de Anguía les ha pagado 15 millones 500 mil soles de los 23 millones contratados inicialmente, cuando la obra, al parecer, no tiene el avance físico concordantes con el monto total de los abonos realizados a favor de ambos consorcios.
Una nueva configuración del mapa político se aproxima en las 25 regiones del país. A un año de la elección del presidente Pedro Castillo y en medio de un clima de inestabilidad política, unos 24 millones de peruanos irán nuevamente a las urnas este 2 de octubre para elegir a sus autoridades locales por los siguientes cuatro años. Pero los candidatos no tienen un historial limpio.
En este proceso se han inscrito más de 11 mil listas electorales para los gobiernos regionales y municipales, según el Jurado Nacional de Elecciones. En este escenario, la Red de Medios Regionales del Perú examinó la información declarada por los postulantes al ente electoral e identificó a mil 220 candidatos que consignaron sentencias penales en su hoja de vida.
Candidatos con sentencias lideran listas
Dentro de este grupo, 692 postulantes lideran las listas y fórmulas electorales en estos comicios. En concreto, se encontró a 16 (2 %) aspirantes a gobernador regional, 144 (21 %) postulantes a alcaldes provinciales y 532 (77 %) candidatos que quieren convertirse en los siguientes burgomaestres distritales de su jurisdicción.
De acuerdo al especialista en temas electorales, Jorge Luis Mamani, “el elector peruano queda desalentado y con pocas expectativas cuando corrobora que la corrupción no solo es una percepción, sino una realidad”.
“El Latinobarómetro de las Américas señala que casi el 90 % de los peruanos considera que más de la mitad de sus políticos son corruptos”, refiere.
¿A qué organización política pertenecen?
Según lo analizado, 399 (58 %) postulantes integran las filas de partidos políticos mientras que 293 (42 %) están afiliados a movimientos políticos.
A nivel de partidos, las agrupaciones como Somos Perú, Alianza para el Progreso, Perú Libre, Frente de la Esperanza y Avanza País se llevan los créditos de tener más candidatos sentenciados encabezando sus listas.
Entre los casos más notorios está el exalcalde provincial de Yarowilca, Rosalí Leandro Tarazona, que postula por segunda vez para gobernador de Huánuco por el partido Avanza País. El ingeniero civil declaró en su hoja de vida una sentencia por agresión contra la mujer-maltrato psicológico de 2019. El caso se encuentra a la espera del fallo.
En cambio, entre los movimientos regionales destacan, por ejemplo, el Movimiento Regional Agua, que lleva a 10 postulantes para ocupar las alcaldías provinciales y distritales, en Ayacucho. Entre ellos se encuentra el exservidor municipal Augusto Cayo Cayo, que por segunda ocasión tentará la alcaldía provincial de Paucar del Sara Sara, tras no conseguirlo en el 2018. Él viene cumpliendo una sentencia por violencia familiar de 2005, emitida por el Juzgado Mixto de Paucar del Sara Sara.
También está el exalcalde distrital de Sacsamarca, Bartolomé Fernández López, que busca llegar al sillón provincial de Huanca Sancos. El exedil consignó un proceso por agresión contra la mujer e integrantes del grupo familiar de 2021. Aunque ha señalado que lo ha absuelto la Sala Penal de Apelaciones de Ayacucho.
¿Cuáles son los delitos que más declararon los candidatos?
Entre los delitos en los que han incurrido estos candidatos se encuentran casos de corrupción como peculado, cohecho y apropiación ilícita, etc. Por ejemplo, el exalcalde cusqueño de la provincia de Canas, Raúl Rado Lazo, quien declaró una condena por cohecho pasivo impropio de 2013. Al exburgomaestre lo detuvieron por recibir una coima de tres mil 900 soles de una proveedora de materiales, por lo que lo suspendieron y encarcelaron. Ahora pretende postular nuevamente al mismo cargo por el partido Alianza Para el Progreso.
Otro caso conocido es de César Jesús Gallardo Álvarez, excalde de Coviriali, provincia de Satipo, en Junín. El exedil fue sentenciado a tres años de cárcel efectiva por haberse apropiado indebidamente de 61 mil soles de una obra durante su gestión (2007-2010). Permaneció prófugo por más de un año hasta que fue capturado en Lima en el 2017. A pesar de ello, Álvarez pretende volver al sillón municipal este año por el partido de César Acuña, Alianza Para el Progreso.
Finalmente, también aquellos candidatos que han incurrido en delitos como la omisión a la asistencia familiar, lesiones, abuso de autoridad, violencia familiar, alimentos, usurpación, resistencia a la autoridad, entre otros.
Candidatos cuestionables y la ausencia de filtros en partidos
El abogado Jorge Luis Mamani, mencionó que entre el conjunto de delitos declarados sean más comunes aquellos relacionados con la administración pública como el delito de peculado.
“Alguien que ha registrado sentencia por un delito relacionado con la administración de los recursos públicos, con la gestión de los bienes municipales o regionales genera duda respecto a su eventual gobierno. Contar con antecedentes de sentencias por delitos de corrupción no representa una buena carta en la hoja de vida de los candidatos”, indica.
De igual manera, resulta preocupante que, en el Perú, el delito más recurrido y que sido registrado por los propios candidatos en sus hojas de vida sea el de “omisión a la asistencia familiar”.
“En nuestro país contamos con un amplio espectro de candidatos que no respetan a sus hijos y dependientes, que no les otorgan mensualmente una pensión. Un candidato que tiene una sentencia por omisión a la asistencia familiar significa que no solo se ha rehusado a pasar una pensión de alimentos; sino que además luego, de la sentencia del juez civil, se ha seguido rehusando de forma reiterada, llegando a un proceso penal. Lamentable que personas con estas sentencias estén postulando a cargos de representación popular, de representación de miles de ciudadanos”, señala.
En cuanto a las agrupaciones políticas que llevan a estos candidatos, el especialista resalta la falta de filtros adecuados para seleccionar las candidaturas.
“La ciudadanía no solo debe analizar al candidato y el tipo se sentencia que registra, sino también debe revisar qué partidos llevan a más sentenciados; y por qué no se están haciendo estos filtros y/o evaluaciones al interior de las organizaciones políticas”, menciona.
Por último, Mamani expresó que más allá de que alguien sentenciado se encuentra con sus derechos políticos rehabilitados; es importante que los ciudadanos se informen de los delitos por los que fueron sentenciados, de su gravedad y las sentencias que registra. Un voto informado, es un deber ciudadano.
El Colegio de Arquitectos del Perú – Regional Lambayeque, en su afán dar cumplimiento al objetivo señalado por su decano arquitecto Wilmer Ramírez Namuche, de fortalecer la institución con criterios básicos de integración, unidad, colaboración, solidaridad y respeto, viene realizando una serie de acciones destinadas a atender las numerosas exigencias de los agremiados.
Es así que mediante la Dirección Regional de Bienestar, bajo la directiva de la arquitecta Ana Cecilia Quiñones Chambergo, inauguró el pasado viernes 12 de agosto el ciclo de conversatorios que abordará temas como, Patrimonio Histórico, Arquitectura, Ciudad y Territorio.
El tema elegido para el evento de apertura de este ciclo, fue hacer una revisión del libro “Historiografía del Centro de Chiclayo y del Palacio Municipal”, con objetivo de dar a conocer a generaciones de profesionales más recientes, esta obra de interés regional y gremial, la misma que fuera publicada hace siete años por el Grupo Editorial Expresión bajo el auspicio del CAP Regional Lambayeque, pues constituye una valiosa contribución al rescate de la memoria del patrimonio arquitectónico e inmaterial del pueblo chiclayano, así como documento de consulta obligado para futuras propuestas de restauración en nuestro medio.
Intervenciones
Este conversatorio se inició con la exposición acerca de la génesis, vicisitudes y pormenores del libro, a cargo de la arquitecta Velia Beltrán Centurión, autora de la obra. Su disertación se centró en compartir sus experiencias desde el surgimiento del material, que luego de no llegar a cumplir su destino final -ser parte de una propuesta de intervención restauradora para el siniestrado Palacio Municipal de Chiclayo- le serviría de base para convertirse en la obra que en esa ocasión nos convocaba.
“La restauración es una actividad delicada, que necesita atender dos aspectos fundamentales antes de intervenir físicamente en alguno de los elementos arquitectónicos que forman parte del edificio a recuperar” señaló.
Y para hacer más didáctica su explicación recurrió al símil de la célula y el tejido orgánico. “Siendo el edificio a intervenir una célula, el entorno de unas cuadras a la redonda viene a ser el tejido urbano que la contiene. No se puede pensar en tocar la célula sin conocer previamente a profundidad lo que ocurre en el entorno, por ello es que dedicamos un exhaustivo análisis urbano arquitectónico tanto literal como diagramado, desde diversos aspectos, entre los que podemos citar, circulaciones, áreas verdes, usos de suelo, altura de edificaciones, estilos arquitectónicos, patrimonio arquitectónico y estado de conservación entre otros.”
Además, indicó: “El restaurador es al arquitecto, lo que el geriatra al médico” refiriéndose a que no se puede ser restaurador sin ser arquitecto, como no se puede ser geriatra sin primero ser médico, dejando en claro que la restauración de monumentos arquitectónicos es una especialidad de esa profesión.
Y siguiendo esa línea explicó: “El edificio a restaurar debe ser visto y tratado como a un venerable anciano que, por el paso del tiempo, sumado en muchos casos a la inconciencia de sus usuarios, ha perdido la salud. Es allí donde se debe intervenir para devolverle en la medida de lo posible, la funcionalidad y belleza que ha ido dejando atrás, respetando al máximo la autenticidad de sus elementos, reemplazando únicamente lo que ha sufrido daño irreparable. El objetivo es prolongar su existencia lo más auténticamente posible y así lograr que siga formando parte de la historia de la ciudad en la cual ha servido de escenario a las generaciones que nos precedieron y que debemos legar a las generaciones por venir, como símbolo de cohesión colectiva a través de los tiempos.
Un ciudadano que no piense en el debido respeto a sus monumentos históricos, es equivalente a un sociólogo estuviera de acuerdo en librar a la sociedad de sus mayores, para permitir una existencia más holgada de la nueva juventud, o como un médico que aplicara la eutanasia indiscriminadamente porque el paciente ya vivió lo suficiente y por ello no mereciera seguir viviendo, cuando las sociedades más sólidas han sido aquellas que no solo valoraban y respetaban, sino que se nutren de la experiencia sabiduría de sus venerables ancianos, por los que debe ahora velar.
Pues bien, al igual que todo paciente tiene una historia clínica que el profesional que lo tratará debe conocer a fondo, el edifico a intervenir tiene también una historia que se debe de estudiar, sus antecedentes, su génesis, sus gestores, sus cambios de uso o modificaciones en el tiempo, su fisonomía, inclusive los cambios de color que sufrió cada uno de sus elementos, lo cual únicamente es posible conocer mediante una cala estratigráfica realizada por expertos para obtener los datos de la manera menos invasiva posible”.
Al cabo de un año de trabajo de gabinete, dedicados al exhaustivo estudio de ambos aspectos fundamentales para hacer la propuesta de intervención restauradora, por motivos que no merecen la pena comentar en este artículo, la arquitecta Beltrán -quien ganara un concurso público para realizar este trabajo- fue torpemente separada y como suele suceder cuando se trata con autoridades inescrupulosas se la quiso acusar de no haber cumplido con lo asignado pretendiendo amedrentarla con que sería demandada.
Afortunadamente para ella, quincenal y religiosamente su equipo había presentado por mesa de partes y con cargos debidamente sellados informes tanto de los avances de su trabajo como de los contratiempos ocasionados por el incumplimiento por parte de las autoridades de turno que retrasaban los avances.
Expresión, la acompañó en esta parte del camino haciendo públicas en muchas ocasiones sus demandas a la autoridad cuyo único interés parecía ser obtener un lucro ilícito, sin importarle realmente que se ejecutara una restauración adecuada.
“Así fue que quedé con el estudio más completo tanto del entorno, como del propio Palacio Municipal, objeto arquitectónico de lujo y protagonista de la historia de nuestra ciudad. Solo tenía dos opciones, aceptar la frustración de ver como ante la indiferencia de muchos se seguían desenvolviendo hechos indignantes en torno a este tema, o hacer algo bueno con lo que tenía entre manos y que tanta dedicación y esfuerzo me había costado producir. Decidí que seguiría en ejemplo de la ostra, y convertiría esa desazón, esa incomodidad en el granito de arena que lastima al molusco, y que como mecanismo de defensa reacciona cubriendo lentamente la partícula con una mezcla de cristales disueltos en una especie de baba, que al ir solidificando forma la sustancia conocida como nácar para producir al final una valiosa perla, este libro”.
Teniendo en cuenta que lo que hubiera sido parte de un expediente técnico pudiera bien ser entendido y apreciado por los profesionales del gremio, decidió ampliar el espectro del posible público interesado en contar con esta obra. El estudio del entorno sería el capítulo uno de su libro y la investigación del Palacio Municipal sería el tercero. Como segundo capítulo tendría una revisión historiográfica de la ciudad de Chiclayo, sustentada en el registro fotográfico de Chiclayo antiguo.
Trabajo editorial
“Sentí que alguien de mi generación estaba llamado a recoger el testimonio hablado de una generación que sí logró conocer parte de ese Chiclayo hermoso -que en algún momento llegó a ser la ciudad capital provincial con mayor unidad estilística del periodo republicano del país- y que poco a poco ya se estaba marchando, contrastarlo con registros fotográficos, con planos antiguos o con otras versiones de personas que también guardaban recuerdos y añoranzas de otros tiempos, acaso mejores para nuestra ciudad y luego de filtrar lo más cercano a la verdad que fuera posible, plasmarlo para transmitirlo a las generaciones venideras” acotó la arquitecta Beltrán Centurión.
Este conversatorio contó como invitado especial, con la presencia del periodista Daniel Gustavo Vera Vera, representante de la casa Editora del Libro “Historiografía del Centro de Chiclayo y del Palacio Municipal”, quien brindó un interesante análisis sobre el significado, importancia y transcendencia de esta obra para los profesionales de la regional Lambayeque, así como una simpática semblanza de autora y editora.
Así mismo, ya que se trataba de una de las obras publicadas en los talleres de Expresión, en esta ocasión el CAP – Regional Lambayeque consideró justo y necesario otorgarle un reconocimiento a Rosa Amelia Chambergo, decana del Colegio de Periodistas, por la valiosa contribución a la sociedad a través de la fundación y dirección de su Grupo Editorial en la faceta de edición de libros de invaluable aporte social, cultural y educativo.
Con la Resolución N° 10, recaída en el Expediente 001-2022-CEP-ICAL, el Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque declaró fundada la denuncia contra el exdecano de la orden José María Balcázar Zelada, por trasgresión del Estatuto del ICAL y del Código de Ética de los Colegios de Abogados del Perú. En consecuencia, de conformidad al estatuto de la orden se ha dispuesto la expulsión definitiva del también actual congresista de la república por Lambayeque.
La orden profesional otorga cinco días hábiles para que el abogado pueda interponer la impugnación correspondiente.
A Balcázar Zelada se le atribuye haber generado perjuicio económico al Colegio de Abogados de Lambayeque, incumplido de manera sistemática y dolosa el estatuto, afectado la imagen de la institución y negarse a rendir cuentas de los recursos ingresados a una cuenta personal, pero que pertenecían al ICAL.
El proceso
El proceso administrativo disciplinario contra Balcázar Zelada fue aprobado por unanimidad por el Consejo Directivo del ICAL el 7 de enero de este año, en vista que el procedimiento disciplinario anterior recaído en el Expediente 025-2021-CEP-ICAL, fue declarado nulo de oficio, al haberse tramitado con el Reglamento del Procedimiento Disciplinario de los Órganos de Control Deontológico de los Colegios de Abogados del Perú, el mismo que fue derogado por la Resolución N° 020-2022-P-JUDECAP-CD-2020/202.
Ante ello, el 24 de marzo el decano del ICAL, Carlos Martínez Oblitas, en su calidad de decano de la orden interpuso la denuncia administrativa contra José María Balcázar, admitiéndose a trámite cuatro días después por presuntas faltas contra el Estatuto y el Código de Ética.
El inicio del procedimiento fue notificado debidamente a Balcázar Zelada, concediéndole 10 días de plazo para que presente sus descargos, conforme al reglamento. Empero, este no formuló descargos, pero sí interpuso un recurso de inhibición del Consejo de Ética, por los que se asume que el procedimiento sí era de su conocimiento.
Los cargos
Entre los cargos señalados en el proceso disciplinario contra el actual congresista por Lambayeque se tiene su negativa a presentar el informe económico del período 2019-2020. El consejo directivo también le solicitó por vía notarial la entrega de la medalla de oro del colegio, bien que finalmente devolvió.
“El 3 de mayo del 2021 se alcanza la información contable extraída del sistema de tesorería de los años 2019 y 2020, donde se toma de conocimiento que los ingresos por ambos años ascendieron a la suma de dos millones 779 mil 372.40 soles de ingresos”, se lee en la resolución.
Sobre el particular se tiene que Balcázar Zelada abrió dos cuentas de ahorros a su nombre en la Caja Trujillo, en las cuales se depositaron los ingresos del ICAL de los años 2019 y 2020.
A ello se suma que durante su gestión como decano, José María Balcázar aplicó la suspensión perfecta contra los trabajadores de la institución, decisión que fue declarada irregular por la zona de trabajo y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, aplicando las multas correspondientes.
Se tiene también que entre el 2018 y el 2020 se colegiaron un total de 750 abogados, cuyos pagos por colegiatura ascendieron a un millón 132 mil 500 soles, cuyo monto se presume fue abonado a las cuentas de la Caja Trujillo, a nombre del ex decano.
También se tomó conocimiento del robo a las instalaciones de la orden, ocurrido el 24 de junio del 2020, por el cual se perdieron 15 mil 775.20 soles.
Asimismo, el informe de Tesorería dio cuenta de los egresos de la caja central del 2019 y 2020 por una serie de conceptos, incluyendo dietas a los integrantes del consejo directivo que manejó el colegio al lado de Balcázar Zelada.
“Del área de Contabilidad han recepcionado copias de boletas, recibos, recibos por honorarios y facturas de los años 2019 y 2020 y que demostraría un inadecuado manejo y perjuicio del patrimonio económico del ICAL y supuestas irregularidades en compras efectuadas en la gestión del exdecnao José María Balcázar Zelada”, reza la resolución.
Otro elemento consignado es la existencia del Expediente 4485-2019, donde se viene investigando a Balcázar Zelada por el presunto delito de asociación ilícita.
“Una de las irregularidades y contraviniendo el Estatuto de la Orden es que el exdecano elaboró y aprobó un estatuto al margen del procedimiento para su aprobación y que los utilizó para convocar sus elecciones truchas y que ha merecido un pronunciamiento por parte del órgano jurisdiccional en el proceso de amparo recaído en el Expediente N° 1497-2020-0-1706-JR-CI-07, que resuelve declarar fundada la demanda y suspende las elecciones convocadas por el exdecano para el día 12 de diciembre del 2020 y a su vez declara inaplicable y sin efecto alguno el estatuto aprobado mediante Resolución N° 14/JD/ICAL/2020”, indica la resolución.
Hasta la emisión de la resolución el ICAL no recibió informe alguno por parte del decano exdecano denunciado sobre el ameno económico de los años 2019-2020
Pagos injustificables
Entre los hallazgos se tiene que el ICAL realizó desembolsos por combustible cuando estaba vigente el período de inmovilización obligatoria por la emergencia del Covid-19, así como pago a los directivos designados por Balcázar Zelada por asistir a ceremonias de colegiatura virtual, cuando se sabe que los cargos directivos son ad honorem.
También se halló recibos por honorarios como recibos de caja por pago de asesorías legales y otros conceptos oficiosos.
“La comunidad jurídica de nuestra orden está ávida de conocer el manejo de los fondos de su orden profesional, en el entendido que no lo recaudado (dos millones 779 mil 372.40 soles) se haya gastado de forma irresponsable e irracional y que de dicho monto no se ha recibido monto alguno”, indica la resolución.
“Es insoslayable un perjuicio económico a la orden profesional y que el abogado denunciado al haber ostentado el máximo cargo que puede asumir un abogado dentro del ICAL, no haya tenido el mínimo interés de conducirla de forma leal y proba, perjuicio económico que no tiene precedentes en los cien años de vida institucional”, añade.
En consecuencia, la orden considera que estos hechos mellan la buena y ganada imagen institucional, cuando el ICAL como entidad pública en la que sus miembros ejercen el derecho son los llamados a respetar la ley y los derechos que amparan la Constitución y Convenios Internacionales ratificados por el país y que son de cumplimiento obligatorio por parte de todos los peruanos sin excepción.
En julio de 2017, el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, anunció que asumiría la administración de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque – EPSEL S.A., lo que se formalizó con la Resolución Ministerial Nº 262-2017, del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, la que en su artículo 2° resolvió ratificar el Tercer Acuerdo adoptado por el Consejo Directivo de la OTASS, en la Sesión N° 012-2017 de fecha 22 de junio de 2017, que declara el inicio del Régimen de Apoyo Transitorio, con el objetivo de fortalecerla, “a fin de lograr su reflotamiento y mejorar la prestación de los servicios de saneamiento en su jurisdicción”.
Han transcurrido cinco años desde la implementación de esta decisión, sin que hasta la fecha se visualice una mejora sustantiva en la gestión de la empresa del agua y/o una mejora en los servicios que brinda, a pesar del apoyo financiero que OTASS viene brindando durante todo este tiempo.
Procesos poco claros
En nuestra edición anterior, informamos sobre el contrato suscrito entre EPSEL S.A. e Industrias Triveca S.A.C., empresa imputada en la Carpeta Fiscal N° 2447-2014, “Los limpios de la corrupción”, por haber efectuado pagos de coimas a exfuncionarios de EPSEL S.A., o sea, la empresa del agua firmó contrato con una empresa que la agravió.
En esta ocasión, nuestra unidad de investigación ha determinado que presumiblemente habría existido sobrevaloración en la Adjudicación Simplificada N° 04-2021, derivada del Concurso Público N° 003-2020-EPSEL S.A., para la “Contratación del Servicio de Mantenimiento Correctivo de 01 Hidrojet y 01 Máquinas de Balde a todo costo para la EPS Epsel S.A.”.
La empresa ganadora de la buena pro, por un monto de 599 mil 520 soles, fue Hidrobombeos Ingenieros S.A.C., empresa que ha tenido como único cliente en el Estado a SEDAPAL, que es la entidad que brinda los servicios de agua potable y alcantarillado en Lima.
Mantenimiento correctivo de hidrojet
Según el Contrato N° 011-2021-EPSEL S.A./GG/GAF, de fecha 7 de julio de 2021, se debía realizar mantenimiento correctivo al Camión Hidrojet marca Aquatech, modelo B10, de placa EGN-233, a un precio unitario de 239 mil 520 soles, en un plazo de 120 días, que vencieron el 4 de noviembre de 2021. En el Resumen Ejecutivo elaborado por la Sub Gerencia de Logística se señala que existe pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento en el mercado. Sin embargo, no señala y/o detalla quiénes son esos proveedores.
Lo extraño, es que, el 20 de diciembre de 2016, EPSEL S.A., previo a que la OTASS asuma la administración de la empresa, convocó a la Adjudicación Simplificada N° 025-2016-EPSEL S.A./GG (la que se declaró desierta y se volvió a convocar el 6 de abril de 2017, declarándose nuevamente desierta, aunque sí hubo postores), para la “Contratación de Servicio de mantenimiento Correctivo y Preventivo de Camiones Hidrojet”, para lo cual, previamente, se realizó un estudio de mercado por parte de la Sub Gerencia de Logística para determinar el valor estimado del costo del servicio y la existencia de pluralidad de proveedores en el mercado, el cual arrojó que para el mantenimiento correctivo y preventivo a ocho unidades hidrojet (cuatro inoperativas y cuatro operativas), un costo total (no unitario) y/o valor referencial de 335 mil 969.60 soles.
¿Cómo es que en solo cuatro años (desde el 2017 al 2021), el costo de mantenimiento de camiones hidrojet pasó de 335 mil 969.60 soles por ocho unidades a 239 mil 520 soles por una sola unidad?
Reparación de máquinas de balde
Según el mismo Contrato N° 011-2021-EPSEL S.A./GG/GAF, de fecha 7 de julio de 2021, Hidrobombeos Ingenieros S.A.C. debía realizar mantenimiento correctivo diez máquinas jaladoras de balde (en realidad cinco juegos de máquinas de balde), específicamente a los motores Lister Petter, modelo TR2, que utilizan, a un precio unitario (por motor) que oscila entre los 35 mil y 40 mil, en un plazo de 120 días, que vencieron, igualmente, el 4 de noviembre de 2021.
Sin embargo, en el año 2018, EPSEL S.A., convocó a la Adjudicación Simplificada N° 010-2018-EPSEL S.A./GG, para la “Adquisición de dos motores Lister Petter TR2 para la reparación de máquinas de balde en el marco de prevención del Fenómeno del Niño 2015-2016”, adquisición que se formalizó mediante Orden de Compra N° 1800508, por un monto total de 61 mil soles; o sea, un precio unitario por motor nuevo de 30 mil 500. ¿Por qué reparar un motor Lister Petter TR2 a un costo de entre 35 mil y 40 mil soles, cuando el mismo motor nuevo costó 30 mil 500?
El dato
El actual gerente general de EPSEL S.A. es Víctor Manuel Mondragón Villalobos, ingeniero químico de profesión, quien, según la Plataforma de Gestión de Visitas e Intereses de la Secretaría del Gobierno Digital del Perú, el 9 de agosto de 2021, visitó al recién designado jefe de gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, abogado Salatiel Marrufo Alcántara, en una reunión que duró aproximadamente 1:35 horas. Después de siete días, el 16 de agosto de 2021, el exministro de Vivienda, Geiner Alvarado López, emitió la Resolución Ministerial N° 244-2021-VIVIENDA, designando a Mondragón Villalobos en el cargo de director de la Dirección de Gestión y Coordinación en Construcción y Saneamiento de la Dirección General de Programas y Proyectos en Construcción y Saneamiento de la referida cartera ministerial.
Posteriormente, cuando Salatiel Marrufo ejercía como miembro del Consejo Directivo del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios – OTASS (del 20 de enero de 2022 al 11 de abril de 2022), mediante Resolución de Consejo Directivo N° 005-2022-OTASS/CD, de fecha 30 de marzo de 2022, Víctor Manuel Mondragón Villalobos fue designado gerente general de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque – EPSEL S.A.
El 11 de agosto último, la Fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas, dispuso iniciar investigación preliminar al presidente de la República, Pedro Castillo, y a Geiner Alvarado, en su condición de ministro de Vivienda por presunto delito contra la tranquilidad pública, en la modalidad de organización criminal, debido a esto, Salatiel Marrufo, miembro del entorno del jefe de Estado, y amigo personal del ahora detenido Nenil Medina (alcalde de Anguía), renunció como jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda y de la empresa SEDAPAL.
Según el Manual de Organización y Funciones – MOF, de EPSEL S.A. vigente, los requisitos mínimos para ejercer el cargo de gerente general es tener como formación: Ingeniero Sanitario, Ingeniero Civil, Ingeniero Industrial, Economista o Licenciado en Administración, colegiado y hábil, y además tener formación a nivel de Post Grado, requisitos que no cumpliría Víctor Manuel Mondragón Villalobos, pues, como ya se ha señalado es Ingeniero Químico.
En el 2018, Mondragón Villalobos postuló al cargo de Analista en Evaluación Ambiental Minera del Ministerio de Energía y Minas. Sin embargo, ni siquiera llegó a la Evaluación de Conocimientos, pues fue eliminado en la Evaluación Curricular.
El asesor legal de la Empresa Agroindustrial Tumán, Agustín Vásquez Paz, cuestionó las administraciones judiciales impuestas por el Poder Judicial y advirtió que detrás de la demanda laboral por 12 millones de soles se esconde una nueva intención de volver a este tipo de administraciones, que solo han causado daño y caos en las azucareras.
Invocó a la masa trabajadora, a los socios y a los jubilados de la Agroindustrial Tumán a asumir responsablemente la obligación de sacar adelante a la empresa. “Nosotros somos técnicos que estamos apoyando la titánica labor de recuperación de los activos para sacarla adelante, pero sin legitimidad, sin seguridad jurídica, nada se podrá lograr, así que invoco que cesen estos actos de sabotaje de los extrabajadores, pero principalmente pido al Poder Judicial a frenar las administraciones judiciales que solamente causan daño”, señaló.
Recordó que en el 2017 la empresa fue secuestrada en el manejo administrativo y de gestión por los mandatos judiciales ilegales que provenían de otros distritos judiciales fuera de Lambayeque, es decir, de Amazonas, Bagua, Sullana, entre otros.
En ese contexto, terceras personas sin ningún tipo de legitimidad manejaron a su antojo el patrimonio de la empresa hasta el año 2019, en que el quinto directorio que preside el abogado Iván González Valdivia, retomó la gestión y recuperó la legalidad de los órganos de gestión.
Indicó que se logró declarar la nulidad del proceso instaurado en Bagua, después de dos años de una larga lucha judicial para traer el proceso a la ciudad de Chiclayo, asumiendo la competencia el Tercer Juzgado Civil, a cargo del juez Juan García Mayorga.
“Después de un largo debate judicial logramos declarar la nulidad de la medida cautelar que afectaba a la empresa y además también declarar la nulidad de la supuesta deuda a favor de un acreedor por tres millones de soles”, anotó.
El factor Marrufo
Precisó que en esta acción fraudulenta apareció como un actor principal, el famoso abogado Salatiel Marrufo, asesor presidencial del gobierno de Pedro Castillo, quien generó este tipo de obligaciones que a su vez fue la consecución de otras medidas cautelares tramitadas en la ciudad de Bagua, presuntamente “inventando deudas para mantener secuestrada a la empresa”.
Señaló que dicha situación concluyó el año pasado con un fallo definitivo por parte del Juzgado Civil de Chiclayo. Sin embargo, por cuestiones de interpretación, los órganos de gestión recién fueron registrados este año.
Manifestó que la emisión de medidas cautelares fuera de la jurisdicción está controlada. Sin embargo, la nueva estrategia de quienes buscan el control de la empresa sería aprovechar el estado de indefensión e introducir un nuevo proceso laboral, esta vez, con el auxilio y la convivencia de trabajadores de la empresa que tienen acreencias laborales.
“El año pasado ha ingresado en forma acumulada una demanda judicial por un promedio de 12 millones de soles”, anotó.
Indicó que el tema es gravísimo, porque la empresa está paralizada y los terrenos están abandonados. “Con las vigencias registrales nos apersonamos al proceso y hemos solicitado la nulidad de lo actuado hasta la emisión de la demanda, ya que recién se nos está notificando los actuados para ejercer defensa”, anotó.
Formalismos del juez
Sin embargo, prosiguió, “nos hemos encontrado con un juez excesivamente formalista que sostiene que aun cuando la empresa ha estado secuestrada, ha tenido representantes legales, omitiendo revisar la partida registral”.
“Por ello hemos adjuntado el último mandato judicial que declara la nulidad de los órganos fraudulentos y se retrotrae hasta el año 2017; es decir, la nulidad no solamente abarca la última administración judicial del señor Erick Benavides Timaná, sino que también se retrotrae a las otras administraciones que han sido canceladas por falsas o por nulas”, indicó.
En ese contexto, explicó, el magistrado estaba obligado a suspender el proceso, y remitir copias al Ministerio Público, tal como se ha pedido mediante un documento formal.
“Los mismos trabajadores demandantes han sido sorprendidos por un supuesto acreedor al momento de que ellos han emitido poder, por ello, se desisten de la demanda y denuncian que han sido sorprendidos”, remarcó.
Sin embargo, el juez de la causa no les hizo caso y ordenó pagar las tasas judiciales por el desistimiento y por la forma especial de conclusión del proceso.
Asimismo, estableció que esa nulidad iba a ser tramitada posteriormente. “Los trabajadores con mucho esfuerzo hacen el pago de sus tasas judiciales y el juez emite sentencia y después ha corrido traslado de la nulidad”, indicó.
Afirmó que tienen conocimiento que el grupo que antes impulsó las administraciones fraudulentas quiere recobrar el manejo de la empresa, y ya ha interpuesto una medida cautelar en forma de administración judicial. “Eso es gravísimo, por eso nosotros estamos invocando a los órganos jurisdiccionales y al presidente de la Corte para que en defensa de la imagen del Poder Judicial no se permita esta clase de leguleyadas”, anotó.
“Nosotros creemos y confiamos en los órganos de administración del Distrito Judicial de Lambayeque, porque después de una larga lucha nos han permitido recobrar legitimidad y vigencia, que son los únicos elementos que se puede tener para lograr el reflotamiento empresarial, tal como ha ocurrido en la empresa Pomalca, en la cual yo también dirigí la gestión legal”, señaló.
Recordó que ahí se demostró que con solo seguridad jurídica se puede asumir una verdadera gestión de reflotamiento.
Manejo parcial
Reveló que desde que se inició el proceso de reflotamiento y estructuración de Tumán no se ha logrado recobrar el control total de las instalaciones, porque hay un grupo que ocupa la gerencia, el directorio y otras oficinas administrativas, “teniendo secuestrada toda la documentación financiera, administrativa y laboral”.
“Nosotros ya hemos hecho la denuncia, pero lamentablemente como todo estado de derecho tiene un trámite, recién el día 26 de agosto el Ministerio Público ha programado la diligencia en mérito a la carpeta fiscal 2402- 2022, a cargo del fiscal Eduardo Céspedes García, donde se va a verificar precisamente el estado de secuestro de información”, acotó.
Añadió que la toma de instalaciones para impedir de puedan ejercer de manera válida y sustentada el derecho de defensa, porque al no contar con los medios suficientes informativos no pueden dar a conocer a los juzgados la verdadera situación financiera y laboral.
Precisó que las personas que ahora tienen tomado el control físico de algunas instalaciones estarían inmersas en el delito de usurpación agravada.
“Los trabajadores inmersos en el fraudulento proceso judicial laboral cometen los delitos de fraude procesal y falsedad, porque se está incluyendo dentro de la pretensión laboral periodos que no han laborado y están reclamando gratificaciones de los años 2019- 2020, en los cuales la empresa estaba paralizada”, señala.
Indicó que estimar el daño causado a la empresa es complicado, pues “son millones de soles del patrimonio que se está destruyendo”.
“Es importante identificar la verdadera razón por la cual estas mafias están enquistadas y para apropiarse de las tierras de la azucarera”, reveló.
Patrimonio
Señaló que la actual gestión viene recuperando un promedio de 250 hectáreas de tierras urbanas, dispuestas ilegalmente por los administradores judiciales nombrados por el Poder Judicial.
Estimó la invasión en un promedio de mil hectáreas que significan millones de dólares en daños y perjuicios, sin tener en cuenta la falta de producción y la falta de siembra de los campos.
No obstante, señaló que la empresa Tumán tiene la suficiente capacidad para recuperarse, por cuanto su valor patrimonial es cuantioso.
Manifestó que aún hay un promedio de 500 hectáreas por recuperar, entre terrenos agrícolas y urbanos, ubicados al costado de las carreteras, y por un tema de carácter legal son incorporadas dentro de la estructura de carácter urbano. “Entonces su valor patrimonial se multiplica por 10 o por 15, entonces este nicho de negocios es el imán para las redes criminales”, enfatizó.
Agregó que estas acciones vienen siendo investigadas por la Fiscalía de Crimen Organizado de Lambayeque, para lo cual se está estableciendo una serie de diligencias. “Uno de los principales procesados es el señor Salatiel Marrufo junto a otros ex administradores judiciales de la empresa”, detalló.
Recordó que Salatiel Marrufo fue apoderado del administrador judicial Daniel Riojas. “Le entregó poder a este abogado para que hiciera y deshiciera con el patrimonio de la empresa”, dijo.
Señaló que el Poder Judicial ha declarado nula su gestión y, por lo tanto, esa nulidad también alcanza y se extiende a los actos celebrados por estas personas, por lo tanto, todos los contratos suscritos son nulos. “Gracias a ello se empezará a recuperar poco a poco el patrimonio”, acotó.
