Según el portal del Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado - SEACE, se puede advertir el Contrato de Consorcio celebrado por los representantes de cada una de las empresas que conformaron el Consorcio Gorgor, del cual JJM Espino Ingeniería & Construcción SAC es integrante, a quien se le adjudicó la buena pro para la ejecución de una obra del mejoramiento de un centro educativo en la provincia de Cajatambo, documento que contiene una seria inconsistencia respecto a la fechas de su presentación y la legalización notarial de las firmas de cada uno de los representantes.
Como quiera que el proceso de selección fue llevado a cabo bajo los alcances de la Ley 30556, Ley que creó la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios y su Reglamento, bajo este cuerpo normativo se elaboraron las bases del procedimiento, tal es así que con fecha 20 de agosto de 2021, la Municipalidad Provincial de Cajatambo convocó el Procedimiento de Contratación Pública Especial N° 4-2021-MPC, con la finalidad de ejecutar la obra “ Recuperación de la Infraestructura y Equipamiento de la I.E, Santiago Antúnez de Mayolo”, valorizada en tres millones 800 mil soles.
La buena pro fue adjudicada al Consorcio Gorgor, integrado por las empresas R-CIS Ingenieros SAC, con domicilio en Chiclayo, quien de acuerdo al contrato de consorcio tiene la mayor participación equivalente al 52 %, mientras el segundo integrante, Ingeniería y Constructora Lino SAC, participa con el 12 %; ZIUR Construcciones SAC con el 23 % y la empresa JJM Espino Ingeniería & Construcción SAC, cuyo gerente Hugo Espino Lucana – amigo de la hija – cuñada del presidente de la república Pedro Castillo Terrones – participa en el consorcio con un porcentaje del 12 % respecto al 100 % de la ejecución del proyecto.
Según SUNAT, el representante legal de R-CIS Ingenieros SAC es Donald Jara Puescas.
El documento irregular
El literal g), del Capítulo I de las bases integradas del proceso, señalan que para la admisión de ofertas los participantes, en caso se presentaran en consorcio, debían adjuntar el contrato de consorcio “con firmas legalizadas”, detallando el porcentaje de obligaciones de cada uno.
En ese sentido, el Consorcio Gorgor – de acuerdo a lo publicado en el SEACE – presentó el Contrato de Consorcio celebrado y suscrito por cada uno de los representantes de las empresas integrantes a los 9 días del mes de setiembre de 2021, fecha programada para la presentación de ofertas.
Sin embargo, a pesar que las ofertas debían ser ingresadas a la plataforma del SEACE hasta las 23.59 horas del día previsto, sorprendentemente las firmas de los representantes fueron legalizadas notarialmente entre los días 29 y 30 de setiembre de 2021, es decir 20 días después de la presentación de las ofertas en forma electrónica, como así se muestra en el documento publicado en dicha plataforma.
Las legalizaciones a destiempo
Siendo que el plazo máximo para la presentación de las ofertas vencía a las 23:59 horas del día 9 de setiembre, y estas deberían haber sido ingresadas electrónicamente, la legalización de las firmas debieron haberse realizado en días anteriores, o en todo caso el mismo día de la presentación de las ofertas, mas no días después de la fecha programada, como así se muestra en el documento contractual presentado por el Consorcio Gorgor publicado en el SEACE.
Como se muestra en la imagen, las firmas de los representantes de tres empresas consorciadas, en este caso de Ingeniería y Constructora Lino, Ziur Construcciones y JJM Espino Ingeniería & Construcción fueron legalizadas el día 29 de setiembre del 2021 por el Notario de Lima Aldo Espinoza Oré, mientras que la firma del representante del cuarto consorciado R-CIS Ingenieros fue legalizada el 30 de setiembre de 2021 por el Notario de Pimentel – Chiclayo Armando Medina Ticse, es decir, 20 días después de la presentación de ofertas vía electrónica.
Opinión fáctica sobre el documento irregular
Expresión, como corresponde, recabó la opinión de nuestro consultor en contrataciones con el Estado Jorge Chávez Pita, quien manifestó su extrañeza por la manera en la que ingresó en el sistema electrónico el contrato de consorcio con la legalización de las firmas con fechas posteriores a la presentación de las ofertas.
“Podría ser que este documento no habría sido incluido en su oferta en la fecha en que esta fue presentada o que el documento contractual cuestionado, cuyas firmas de los representantes que refrendan el acuerdo suscrito entre los consorciados, llevado a cabo el 9 de setiembre de 2021, no contenía la legalización notarial al momento de su presentación, condición que pudo ser advertida por el comité de selección y, bajo este contexto, no admitir la oferta del Consorcio Gorgor. Al admitir la oferta y otorgarle la buena pro, bien podría configurarse como un favorecimiento indebido”, señala.
A mayor abundamiento, Chávez Pita considera que el documento cuestionado – según las bases del proceso – no fue requerido como documento para la suscripción del contrato, por cuanto este debió ser incluido en la oferta del consorcio con la legalización notarial de las firmas en fechas anteriores o el mismo día de la presentación de ofertas, condición que no se muestra en el contrato de consorcio,
Ello demostraría que las firmas de los representantes de las empresas consorciadas fueron legalizadas para el perfeccionamiento del contrato realizado el 1 de octubre de 2021, mas no cuando se ingresó su oferta electrónicamente en la plataforma del SEACE, contraviniendo a lo normado y a lo establecido en las bases integradas del proceso.
La no publicación de la oferta
El artículo 41 del Reglamento del Procedimiento de Contratación Publica Especial para la Reconstrucción con Cambios establece la obligatoriedad, por parte de las entidades públicas, de publicar en el SEACE la totalidad de las ofertas presentadas y los documentos que sirvieron para la evaluación de las mismas, para lo cual en las bases del proceso se debe consignar el URL indicando el link de repositorio, información que sistemáticamente no ha sido colocada en la parte pertinente de las bases, lo que impide visualizar la oferta presentada por el Consorcio Gorgor.
De haberse publicado hubiera sido posible verificar si presentó el contrato de consorcio con la legalización de las firmas en las fechas previas al ingreso de las ofertas, o en todo caso comprobar que el documento contractual fue o no incluido en su oferta como así lo establecieron las bases del procedimiento.
Nos encontramos en el mes patrio, en el cual las personas buscan descansar de la rutina diaria, hacer sus compras del hogar, principalmente electrodomésticos, y viajar en familia a destinos nacionales e internacionales, aprovechando los feriados decretados por el gobierno.
Asimismo, las corporaciones se preparan para lograr la mayor cantidad de ingresos posibles, a través de la venta de sus productos o servicios, y sabiendo que los clientes tienen mayor efectivo, a raíz de su sueldo y la gratificación recibida en el presente mes.
¿Qué es?
En este artículo explicaré en qué consiste la gratificación. Debemos saber que es un beneficio laboral otorgado dos veces al año al trabajador por parte de su empleador. El primer abono se realiza en el mes de julio por concepto de Fiestas Patrias y, el segundo, en diciembre por navidad. En ambos casos, el plazo máximo de depósito es la quincena, de lo contrario recibirán una multa. Para un pequeño negocio, la sanción es hasta 20,700 soles, en tanto, una mediana o grande, deberá pagar hasta 120,152 soles al Estado. Por consiguiente, es una mala decisiones por parte del gerentes y accionista no realizar el pago en el momento preciso.
Para recibir este derecho hay requisitos que deben cumplir los colaboradores. Por ejemplo, debe tener un contrato vigente (estar en planilla), ya sea de tipo indefinido, a plazo fijo o a tiempo parcial. Del mismo modo, debe haber laborado entre enero y junio del presente año para recibir el pago completo o será proporcionado al tiempo trabajado.
Es necesario precisar que al pertenecer a una pequeña empresa, las personas recibirán medio sueldo de gratificación según la Ley MYPE-TUO DS 013-2013-Produce. Esta norma aplica para establecimientos que se inscribieron antes o después del Registro de Micro y Pequeña Empresa (Remype).
El monto
Para determinar el cálculo correcto, se debe tener algunas indicaciones previas. Lo primero es saber que está afecta al descuento del impuesto a la renta de quinta categoría, siempre y cuando el trabajador supere las 7 UIT de ingresos en el transcurso de año, que para este ejercicio el tope es de 32,200 soles. Es muy fácil de saberlo, simplemente hay que estimar cuánto será el dinero mensual que generarían y multiplicarlo por doce, que son todos los meses del año. Si superan el límite, pagan impuesto. Por lo tanto, no se sorprendan si al revisar su boleta de pago encuentran un descuento.
Por otra parte, las personas que no recibirán gratificación son las contratadas en el sector público, pues ellos reciben aguinaldo. Además, quienes han laborado menos de un mes en el primer semestre, o que ejercen su profesión de manera independiente, emitiendo recibo por honorarios. De igual manera, los registrados en una microempresa, y los que no están en planilla de haberes (informalidad laboral).
Amigos, espero tengan unas excelentes fiestas patrias, y que gestionen eficientemente sus ingresos.
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(*) MBA, consultor, mentor y catedrático. Especialista en Gestión Empresarial e Innovación.
El Jurado Electoral Especial – JEE, de Chiclayo continúa el proceso de revisión de solicitudes de inscripción presentadas por los partidos y movimientos políticos de cara a las votaciones de octubre próximo. A nivel de candidaturas regionales, las 11 listas han sido declaradas inadmisibles.
Perú Libre
La lista regional de Perú Libre, encabezada por Humberto Heredia Morales, ha sido declarada inadmisible con la Resolución N° 00426-2022-JEE-CHYO/JNE, tanto en la fórmula de Ejecutivo (gobernador y vicegobernador), como en la de consejeros regionales.
La causal en el caso de la fórmula para gobernador y vicegobernador es porque el partido no cumplió con la paridad horizontal, toda vez que de las 14 listas regionales a nivel nacional nueve están lideradas por varones y cinco por mujeres, lo que contraviene el artículo 10 del Reglamento.
Asimismo, el JEE Chiclayo ha detectado el mal llenado de la declaración de hoja de vida de los candidatos a la gobernación y vicegobernación, en tanto entre los postulantes al consejo regional observa incongruencias respecto de su tiempo de residencia, pertenencia a comunidad nativa o pueblo originario y licencias para postular.
Juntos por el Perú
En el caso de Juntos por el Perú se declaró improcedente la candidatura del exfiscal y exministro Juan Manuel Carrasco Millones a la gobernación regional de Lambayeque.
De acuerdo a la Resolución N° 00352-2022-JEE-CHYO/JNE, Juntos por el Perú no cumplió con la paridad horizontal exigible según la normativa electoral, pues de un total de ocho listas regionales presentadas a nivel nacional, siete están encabezadas por varones.
En la misma resolución, el órgano electoral declaró la inadmisibilidad de la lista de consejeros regionales de Juntos por el Perú.
Renovación Popular
La lista regional de Renovación Popular, liderada por Alan Velásquez Bermeo, también presenta problemas por la paridad horizontal. En la Resolución N° 00404-2022-JEE-CHYO/JNE se da cuenta que de las 10 listas regionales, seis son encabezadas por varones y cuatro por mujeres.
A Ello se suma la no presentación de licencia por parte de la candidata a vicegobernadora, Eda Muñoz Santtin, trabajadora de la Municipalidad Provincial de Chiclayo y el incumplimiento de algunos requisitos formales en la presentación de los candidatos al consejo regional.
Estas omisiones están referidas a licencias, declaraciones de hoja de vida incompletas e incongruencias de domicilio.
Alianza para el Progreso
Sobre la lista de Alianza para el Progreso, que tiene como candidato a gobernador a Alexander Rodríguez Alvarado, el Jurado Electoral Especial ha reconocido que la organización cumple con la paridad horizontal, pues de las 23 listas presentadas a nivel nacional 12 son lideradas por varones y 11 por mujeres.
Sin embargo, se han detectado omisiones en el llenado de las declaraciones juradas de hoja de vida tanto en la del aspirante a gobernador, como en las de los consejeros regionales, donde se advierten datos incompletos.
Las observaciones alcanzan también a la lista de consejeros regionales accesitarios obligados.
Movimiento Regional Construyendo
La solicitud de inscripción del movimiento que postula al excongresista Clemente Flores Vílchez al Gobierno Regional de Lambayeque también ha sido declarada inadmisible.
El JEE observó en la declaración de hoja de vida de Flores Vílchez las fechas de llenado, mientras que en las candidaturas al consejo regional se cuestiona la incongruencia entre el lugar de nacimiento y el de postulación por parte de los postulantes.
También por la no presentación de licencias sin goce de haber de dos candidatos que trabajan en entidades estatales.
Partido Frente de la Esperanza 2021
El partido de la escoba es el segundo que ha cumplido con la paridad horizontal de manera escrupulosa, pues de las 18 listas presentadas, nueve son lideradas por hombres y nueve por mujeres.
Empero, se ha observado que el candidato a gobernador de Lambayeque, Felipe Granados Carranza, no ha precisado en su declaración de hoja de vida si labora como funcionario o servidor de la seguridad social, a fin de presentar su licencia sin goce de remuneración.
Esta situación se repite con dos aspirantes al consejo regional quienes laboran el Hospital Referencial de Ferreñafe, en tanto una candidata no ha presentado autorización del partido en el que se encuentra inscrita (Renovación Popular), para participar del proceso con otra agrupación. Asimismo, un candidato declaró rentas del sector público, pero no precisa ocupación laboral.
Partido Patriótico del Perú
La agrupación ha presentado solicitud de inscripción en tres regiones, y las tres listas están encabezadas por hombres, sin hacer uso diligente de su facultad de invertir el orden de los candidatos a gobernador y vicegobernador al momento de solicitar su inscripción- contraviniendo así lo señalado en el artículo 10 del Reglamento.
El Jurado Electoral Especial de Chiclayo ha detectado omisiones diversas en las declaraciones de hoja de vida presentadas por los candidatos al consejo regional de Lambayeque, como falta de datos sobre lugar y fecha de llenado, permanencia de residencia, deudas, domicilios, firmas y huellas.
Las observaciones alcanzan también a la lista de consejeros regionales accesitarios.
Avanza País
La lista de Avanza País también ha sido declarada inadmisible porque la agrupación política no cumplió con la paridad horizontal. De 13 listas presentadas, ocho están lideradas por hombres y cinco por mujeres.
Respecto del candidato regional, Luis Vigil Urdiales, el organismo electoral señala que este declaró ser administrador de una empresa pero no ha reportado ingresos o rentas.
En tanto, existen incongruencias domiciliarias en los postulantes al consejo regional, mientras que en el caso del candidato Gustavo Espinoza Soto, ex congresista de la república, este no ha presentado la resolución judicial de rehabilitación por la sentencia dada en su contra por el delito de contaminación de agua.
Somos Perú
La lista regional de Somos Perú lleva como candidato a gobernador a Jorge Pérez Flores, ex congresista de la república.
Para el caso de dicha agrupación, también ha cumplido con la paridad horizontal al presentar 20 listas regionales, diez lideradas por hombres y 10 por mujeres.
Empero, la autoridad electoral ha detectado incongruencias en la lista de los consejeros regionales, tanto titulares como accesitarios, por causales similares a las de los otros partidos políticos.
Movimiento Verde Unido
Tiene como candidato regional a Jorge Barreto Navarro, sobre el cual se detectó irregularidades en el llenado de la declaración jurada de hoja de vida, en lo referido a la consignación de datos en una misma fecha, lo que vulneraría lo establecido en el artículo 29 del Reglamento.
Sobre los demás integrantes de la lista existen observaciones por tiempo de residencia, fecha de llenado de la declaración, pertenencia a comunidad nativa, campesina o pueblos originarios e información referida a deudas.
En tanto, se observa que la candidata a consejera Delia Montero Bances sigue inscrita como militante de Perú Libre.
Fuerza Popular
Fuerza Popular también cumple con la paridad horizontal con sus 11 listas inscritas a nivel nacional, seis de ellas lideradas por hombre y cinco por mujeres.
De acuerdo al Jurado Electoral Especial de Chiclayo no existe observación sobre la fórmula regional que lidera el excongresista Marvin Palma Mendoza, pero sí sobre la lista de consejeros.
Estas observaciones están relacionadas con falta de licencias e incongruencias de domicilio y residencia.
El ministro de Justicia y Derechos Humano, Félix Chero Medina, dialogó con Expresión sobre la situación del gobierno y las investigaciones que pesan sobre el presidente Pedro Castillo y su entorno más íntimo.
Lo sucedido con Yenifer Paredes, cuñada del presidente de la república, Pedro Castillo, y su presupuesta participación en procesos de contratación del Estado, ¿ponen al gobierno en una situación más crítica por las denuncias de presunta corrupción?
Sin lugar a dudas es una preocupación. Sin embargo, debemos aclarar que en el Ejecutivo hacemos todos los esfuerzos por trabajar y resolver los grandes problemas del Perú y cualquier caso aislado que se produzca por un miembro del gobierno o algún familiar, es justamente eso, un caso aislado que debe ser investigado.
De ninguna manera, por estos hechos, se puede involucrar al presidente de la república, porque cualquier persona, cualquier miembro del Ejecutivo y hasta familiares pueden tomar el nombre.
En este momento yo estoy dando esta declaración y no sé si algún funcionario de mi despacho o algún familiar está tomando mi nombre de manera, tal vez, irresponsable, inmadura y eso de ninguna manera podría vincular los actos de gobierno.
Reitero, estamos haciendo todos los esfuerzos por resolver los problemas más álgidos del país y por eso es que hacemos casi semanalmente los consejos de ministros descentralizados, en los que escuchamos a la población, a las organizaciones civiles y a las autoridades locales.
Sin embargo, el cuestionamiento desde que empezó el gobierno sigue siendo el mismo: el gobierno del presidente Pedro Castillo despierta sospechas y no suma esa vocación de trabajo que usted señala. ¿Qué más hace falta para que el Ejecutivo lo comprenda?
Definitivamente hay actores y actores, hay personas vinculadas al gobierno que cometen algunos exabruptos, hay exfuncionarios que han participado de actos que son materia de investigación, pero como lo dijo el presidente de la república en su primera presentación ante el Congreso: investigación y sanción para todos aquellos que incurran en actos de corrupción, aun cuando sean vinculados al gobierno.
Debemos ser claros en señalar que nuestro propósito y objetivo como Ejecutivo es realizar todos los actos de gobierno para que se resuelvan todos los problemas de los sectores más necesitados, pero también tenemos que hacer un alto a todo tipo de concertación para ponernos a trabajar armónicamente por las grandes necesidades del país.
Usted es un hombre de Derecho y académico, además. ¿Cómo se ha sentido cuando ha escuchado al presidente Castillo señalar que se somete a los usos y costumbres y a una investigación de las rondas campesinas, sabiendo que estas no tienen función jurisdiccional? ¿Por qué no ha habido un pronunciamiento similar de sometimiento al Ministerio Público, pues lejos de ello la defensa del presidente ha buscado anular las investigaciones en su contra?
Dentro del Derecho formal y positivo, el presidente de la República ha concurrido a la fiscalía y ha declarado por más de cuatro horas respondiendo cada una de las preguntas en la investigación que se le viene realizando.
Cuando él ha señalado que se somete al tribunal comunal de las rondas campesinas es porque las rondas ejercen una justicia comunal de estándares morales de los que él proviene. Él es rondero y responde a esa expectativa social.
El mensaje es que el sometimiento a ese tribunal comunal es moral, de que puede responder no solo ante la justicia formal y organizada jurídicamente, sino también en aquellos espacios en los que el mensaje para el país son claros.
No podemos desconocer que las rondas han jugado un rol histórico en nuestro país incluso en la pacificación, cuando han combatido entre el 80 y el 90 al terrorismo. Es justo reconocer esa labor histórica de las rondas.
¿Quiere decir que si las rondas encuentran al presidente moralmente responsable, lo tomarán a chicotazos como se ha visto en estos días con mujeres, a las que incluso han secuestrado?
El presidente lo ha dicho de manera simbólica, él es rondero y ha dicho que se someterá a los usos y costumbres como un mensaje de transparencia y de reconocimiento a la justicia de las rondas y a la justicia comunal, pero entendamos que lo dice dentro del estándar moral que le permite vincularse con esta organización histórica.
Reitero, él se ha sometido a los interrogatorios de la fiscalía y viene respondiendo a los actos investigatorios como lo debe hacer cualquier ciudadano.
A días de cumplirse el primer año del gobierno, ¿cuál es la autocrítica que debe hacer el Ejecutivo de su desempeño al frente del país?
Tal vez no haber, razonablemente, propuesto una agenda país articulada con el Congreso de la República. Hemos caído, posiblemente en la provocación y hemos encontrado muchas confrontaciones.
Creo que es el momento en el que hagamos un alto a esas confrontaciones y nos pongamos a trabajar por el bienestar de todos los peruanos y peruanas, y desde el Ejecutivo y el Legislativo establezcamos una agenda país para resolver los grandes problemas. Estoy convencido que es posible, porque tanto el presidente como los congresistas han sido elegidos por un período de cinco años, pero para servir con vocación y convicción.
¿Acaso no se agudizado la confrontación con las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres? El premier emite sus pronunciamientos y comunicados en base a cómo evoluciona la política en el país, es muy enfático, muy vehemente, como lo somos todos los que somos voceros del gobierno. El premier tiene la firme voluntad y convicción de trabajar junto al Congreso e incluso ha dejado un acuerdo de gobernanza.
¿No deja algún mensaje el impase de la última semana que provocó la reacción del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas?
Es una forma de cómo a veces se desnaturalizan nuestras expresiones. El premier ya ha emitido un comunicado oficial en el que ha reproducido sus declaraciones y ha señalado que si se han sentido ofendidas las Fuerzas Armadas ofrece las disculpas del caso y su compromiso firme de trabajar por su empoderamiento y el de la Policía Nacional.
¿El presidente Castillo se ha puesto en una situación compleja con la publicación del Decreto Supremo que aprueba la intervención de una entidad de derecho privado como es la Derrama Magisterial? Usted es el la práctica el asesor legal del Ejecutivo, ¿se le consultó sobre esta medida?
Hay organizaciones, hay instituciones que históricamente tienen un conflicto y una pugna interna y creo yo que el Estado y el Ejecutivo tiene que tener un rol orientador, fiscalizador, para que cuando se desborden los estándares organizativos se den lineamientos y pautas jurídicas para una mejor administración de instituciones como la Derrama Magisterial, que sabemos, tiene grandes conflictos.
Pero es una entidad privada…
Vamos a revisar la propuesta y haremos las recomendaciones y sugerencias que el caso amerita. Creo yo que la iniciativa del presidente, como docente y miembro de los colectivos de maestros, es válida y en su momento el sector Justicia tendrá que revisarla y hacer los correctivos si el caso lo amerita.
El proyecto de ley impulsado por su despacho que busca restringir la información sobre investigaciones fiscales, ¿no es un atentado contra la libertad de expresión e información?
No hay de parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y de quien lo representa una intención de vulnerar los derechos fundamentales de los hombres y mujeres de prensa en nuestro país.
Es más, cuando estuvo aquí el alto comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hemos hecho ver cuál es el comportamiento que nosotros tenemos frente a los medios de comunicación.
Particularmente yo siempre he mostrado un gran respeto y conexión con los hombres y mujeres de prensa en el país. No hay ninguna intención encubierta en este proyecto de ley.
Lo que buscamos es salvaguardar la reserva de la investigación.
“Las transformaciones tecnológicas y su impacto social llevan a considerar un nuevo análisis de las relaciones entre las instituciones de educación superior y la comunidad y a fortalecer la relevancia del rol estratégico de la universidad”.
La solemnidad de una ceremonia. Las autoridades de la Universidad Señor de Sipán (USS), uno de los claustros universitarios más importantes de la zona norte del país, desarrollaron con éxito, en el día central de los veintitrés años de vida académica, una nutrida ceremonia académica, la misma que estuvo presidida por la Dra. Carmen Rosa Núñez Campos y el Dr. Huber Rodríguez Nomura, presidenta de la Junta General de Accionistas y rector de la USS, respectivamente.
En la ceremonia también estuvieron presentes el MBA. Richard Acuña Núñez, presidente del Directorio, la Lic. Kelly Acuña Núñez, accionista USS, los doctores Erick Salazar Montoya y Pablo Millones Gómez, vicerrector académico y de investigación, respectivamente; además, los decanos de cada una de las cuatro facultades, directores académicos y administrativos y personal docente y se contó con la participación de autoridades políticas, culturales, civiles y militares.
El acto protocolar fue propicio para otorgar la distinción de doctor honoris causa al connotado profesional del ámbito universitario tanto a nivel nacional como internacional, Dr. Humberto Llempén Coronel, quien se desempeñó como rector de esta casa de estudios por casi 17 años. Tras la entrega del reconocimiento, el profesional desarrolló la conferencia magistral titulada: La universidad como institución de impacto social.
Es su discurso, la Dra. Carmen Rosa Núñez Campos, refirió que lo vertiginoso de las transformaciones tecnológicas y su impacto en la sociedad llevan a considerar un nuevo análisis de las relaciones entre las instituciones de educación superior y la comunidad y a fortalecer la relevancia del papel estratégico que cumple la educación superior en el desarrollo de los pueblos y las naciones.
“La globalización de la economía y la importancia estratégica del conocimiento exigen reformas tanto en lo administrativo como en la gestión que favorezcan la adquisición de un mayor nivel de destrezas, mejor preparación y mayor equidad en el reparto de la fuerza laboral que le permita ser competitiva en el mercado de trabajo internacional para avanzar hacia mayores niveles de desarrollo y equidad social. Ese es nuestro compromiso con los casi 20 000 estudiantes con los que contamos”, aseguró Núñez Campos.
Por su parte, el MBA. Richard Acuña Núñez dijo que la USS es una de las universidades más jóvenes del Perú y América Latina y es reconocida por su calidad y exigencia académica. Cuenta con un modelo educativo innovador, prospectivo, basado en competencias que incluye la investigación formativa y la integración de tecnologías de última generación para facilitar la enseñanza y el aprendizaje de manera autónoma y colaborativa.
“Nuestra propuesta educativa, de acuerdo con la misión institucional, se orienta a formar profesionales competitivos para el mundo, con visión empresarial, con base en la investigación, la excelencia académica y la responsabilidad social. Para ello, ha diseñado planes de estudios en correspondencia con las exigencias sociales y del mercado. Asimismo, su compromiso transfronterizo posibilita a estudiantes y docentes participar de programas de movilidad académica internacional, promoviendo una formación global y multicultural, de la misma forma les anuncio que en la USS nos estamos preparando para el retorno a la actividad presencial y reforzar nuestra política de mejora continua”, refirió Acuña Núñez.
La ponencia central de aniversario
Durante su discurso, el flamante doctor honoris causa de la USS, Dr. Humberto Llempén Coronel, se refirió al rol social de las universidades, indicando que en el ámbito de la educación superior el impacto social a causa de la actividad científica se ha convenido en denominar la “tercera misión” de la universidad, además de las ya conocidas: docencia e investigación. En ese contexto, la responsabilidad social universitaria se ha de entender como habilidad y efectividad de la universidad para responder a las necesidades de transformación que la sociedad necesita, contribuyendo de esta manera al desarrollo sostenible y bienestar de los habitantes.
“El fin de educar a partir de la universidad ha sido desde siempre el mismo: crear, transmitir y difundir el conocimiento. Si ese conocimiento, como sabemos, es el lugar central de todo proceso social contemporáneo, las universidades que son parte de esta actividad juegan un rol trascendente para fortalecer las formas educativas de tal manera que tengamos nuevas generaciones no solo con excelencia académica, sino, sobre todo, con actitudes solidarias respecto a los demás y a la naturaleza”.
“De esta manera, con el fin de adecuarse al mundo y sus galopantes cambios las organizaciones, incluidas las universidades, deben trabajar incansablemente en la innovación de productos, servicios y hasta relaciones entre sí y entre las personas que la integran, así como nuevas maneras de desarrollar las tareas para adaptarse a los cambios. Tales son los cambios que las universidades han dejado su enfoque antiguo relacionado tan solo a la educación para instalarse ahora en el trabajo de investigación y formación de profesionales capaces de vincularse con su entorno social y mejorarlo”, refirió Llempén Coronel.
Otras actividades desarrolladas en torno al aniversario de la USS
Otras de las actividades programas en torno al veintitrés aniversario de la USS fueron el concurso de talentos Talent Night 2022 realizado el pasado 25 de junio, el Encuentro de Gestores 2022 y la presentación de la nueva identidad visual de la Universidad Señor de Sipán realizada esta última en la explanada del Museo Nacional Tumbas Reales de Sipán, ambas actividades se desarrollaron el pasado 1 de julio. El martes 5 de julio se desarrolló la misa central de aniversario en la Iglesia Santa María Catedral de Chiclayo y posterior a ello, toda la familia sipanense disfrutó de un agasajo ofrecido por la Alta Dirección de esta casa superior de estudios.
Se conoció que, el 8 de julio se llevó a cabo el Encuentro de Egresados 2022, actividad a cargo de la Jefatura de Bolsa y Seguimiento al Egresado y el 11 la Dirección de Gobierno de Personas de la USS distinguió en una ceremonia especial a los docentes que han destacado en el primer semestre de 2022.
El nombre de la ex fiscal de la Nación, Gladys Echaíz Ramos, suena cada vez con mayor fuerza para la presidir la Mesa Directiva del Congreso de la República. Expresión conversó en exclusiva con la parlamentaria, actual presidenta de la Comisión de Justicia, quien señaló que nunca ha evadido responsabilidades.
“Todavía no está definido y no es una cuestión de gustos, es un tema de responsabilidades. En la vida he asumido las responsabilidades que me han tocado, que me han perseguido, y en este caso depende de la decisión de los grupos parlamentarios y con sinceridad lo digo: no lo he buscado, no lo busco. Estaré donde Dios me ponga”, señala Echaíz Ramos al ser consultada sobre la posibilidad de encabezar una lista multipartidaria para la Mesa Directiva.
Hasta el momento, diversos grupos parlamentarios como Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular han expresado su apoyo a la postulación de Gladys Echaíz, quien llegó al Congreso como candidata de Alianza Para el Progreso.
La agrupación aún no decide si postular a Gladys Echaíz a la presidencia del Congreso, aunque desde fines de junio el vocero de bancada, Eduardo Salhuana, indicó que en contra de esa posibilidad se tenía las votaciones de la exfiscal, muchas veces contrarias a la decisión partidaria.
La provisionalidad de magistrados
Sobre su evaluación del sistema de justicia en la actualidad, la parlamentaria considera que la provisionalidad de jueces y fiscales no constituye mayor problema, pues el nombramiento de un magistrado titular no cambia en absoluto su conducta si este arrastra desde antes un accionar poco ético.
“¿El título convierte en bueno a un magistrado? El provisional cuida su puesto, porque lo pueden sacar de manera más rápida, mientras el titular se escuda en que hay que seguir todo el proceso y se deben respetar las garantías. Sin embargo, los valores no los da un título, eso es falso. Por eso yo no sé por qué satanizan a la provisionalidad, hay otros temas de la reforma de justicia que considero más urgentes”, señala.
Carrera jurisdiccional
Uno de esos de esos temas es la implementación de una verdadera carrera jurisdiccional.
“Creo que el problema pasa más por la forma de formación y selección de los magistrados, la carrera. A eso estoy abocada. Creo que hay que introducir una reforma constitucional para que se cree la escuela nacional de la magistratura, a efecto de que quienes aspiren a ser magistrados se formen, se capaciten igual como lo hace un sacerdote, un militar, un diplomático y otros profesionales y servidores. Necesitamos que se dé formación adecuada de quienes ingresan al sistema de justicia”, acota.
Añade que actualmente la Academia Nacional de la Magistratura, de la que fue presidenta, dicta cursos transversales para jueces y fiscales que no son de formación, sino de capacitación, pero no en el nivel que se requiere para alcanzar niveles óptimos.
“Quien asume un cargo de juez o fiscal debe estar por encima del primer promedio del nivel profesional de todos los abogados del foro, o sea, debe tener un título y debe seguir capacitándose para elevar su nivel competencial a efectos de poder trabajar y dar una respuesta, incluso a lo más complejo que se le pueda poner al momento de tomar una decisión jurisdiccional”, manifiesta.
La reforma – explica – implica costos para el Estado, pero se debe buscar consenso a nivel político.
“Lo más elemental para cualquier Estado es la justicia, si no hay justicia no hay paz social. Eso, junto a la seguridad ciudadana creo que puede aliviar y darle tranquilidad a los gobiernos para que puedan desarrollar todos sus planes y políticas que hayan diseñado para llevar al crecimiento económico del país, y solucionar el problema social. Una cosa lleva a la otra, no todo se soluciona elevando las penas, necesitamos prevenir y mejorar la formación de los administradores de justicia”, anota.
En los últimos días, gremios de pescadores de diferentes partes del país se han movilizado en contra del proyecto de ley presentado por el congresista Jaime Quito, que propone modificatorias a la Ley General de Pesca, iniciativa que según los dirigentes del sector afectaría a miles de familias que dependen directamente de la explotación de productos hidrobiológicos.
El proyecto del parlamentario de Perú Libre apunta a aplicar diversas modificatorias a la norma vigente, como propiciar la creación de un Consejo Nacional de Pesca, que tendría competencias consultivas; incorporar la categoría recurso sobreexplotado, la protección de las cinco millas (la cual busca proteger la pesca artesanal y reducir el uso de artes de pesca de alto impacto), estandarización de los plazos de vigencia de los permisos, entre otros.
Esta última es una de las medidas que más rechazo genera entre los hombres de mar, pues consideran que la anulación del plazo indeterminado en las autorizaciones de pesca poner en riesgo sus planes de inversión y rompe con la industria pesquera pequeña y mediana, que es la que abastece el mercado interno.
El proyecto de Jaime Quito propone que los permisos tengan una vigencia de 10 años como máximo.
Cuestionamientos
“Estamos realizando esta marcha pacífica. Queremos entablar una mesa de diálogo con todos los congresistas de la región para que apoyen al sector pesquero. No estamos de acuerdo con la nueva ley, pues busca dejar sin trabajo a 200 mil familias. Aquí en Lambayeque somos 20 mil pescadores y por eso estamos acá. Nuestras embarcaciones van a tener fecha de caducidad en 10 años, ¿cómo vamos a invertir?, ¿qué seguridad jurídica y económica hay para invertir?”, explicó el presidente de la Asociación de Armadores Industriales de Santa Rosa, Víctor Orozco Nuntón, quien el lunes último lideró las protestas en la Panamericana Norte.
Los pescadores exigen que se mantenga la vigencia de la Ley N.° 25977, cuya pórroga se dio en el 2001.
Otro aspecto que critican es que la Comisión del Producción del Congreso haya aceptado opiniones técnicas de la organización sin fines de lucro Oceana Perú, y no del Instituto del Mar del Perú – IMARP, como entidad competente en representación del Estado.
“Esto no beneficia a ningún sector. La ONG Oceana busca que todos los barcos del norte, desde Tumbes a Áncash se dediquen a la pesca recreativa. El objetivo es regalar las 188 millas a barcos extranjeros y sacarnos del mercado”, denunció Orozco Nuntón.
No fue aprobado
El lunes, la Comisión de Producción del Congreso debatió por segunda vez el pre-dictamen de una nueva Ley General de Pesca. Luego de las intervenciones de los congresistas, se confirmó el consenso que existe en todas las bancadas sobre la urgente necesidad de actualizar la ley, pero igual se aprobó una cuestión previa (tal como sucedió en la sesión anterior) para que haya más debate sobre el dictamen final.
De acuerdo a lo informado por Oceana, “esta cuestión previa pone nuevamente en pausa la aprobación de cuatro proyectos de ley de diferentes bancadas (los PL 712/2021, 828/2021, 1477/2021 y 2236/2021), los cuales buscan, en esencia, evitar la sobreexplotación de nuestros recursos en las primeras cinco millas del mar peruano a partir de una adecuada reclasificación de la flota pesquera: es decir, enviar a las embarcaciones de menor escala que utilizan redes de arrastre o cerco mecanizado (las cuales son poco selectivas y dañan el fondo marino) fuera de esta zona, debido a su vital importancia en la sostenibilidad de nuestros recursos. Además, el dictamen busca la implementación de mecanismos de transparencia y participación ciudadana en la toma de decisiones futuras”.
