El Colegio de Ingenieros del Perú – CIP, Consejo Departamental de Lambayeque, llamó a las autoridades regionales y nacionales a prestar atención a la problemática de la salinización en los valles de la jurisdicción, debido a que se ha llegado a niveles extremos que ocasionan la pérdida de hasta mil hectáreas para cultivo al año. Según los reportes técnicos, el agua del subsuelo en Lambayeque es tres veces más salada que la del mar.
El ingeniero Augusto Delgado Vélez, ex gerente regional de Agricultura, recordó que desde 1970 se advirtió que la situación del valle Chancay – Lambayeque, era grave, pues mostraba una marcada tendencia a la pérdida de suelo cultivable por la salinización.
Desde esa época, a la fecha, aproximadamente 80 mil hectáreas han quedado inutilizables para la siembra por este problema, generado por malas prácticas en el riego y el deficiente sistema de drenaje que existe.
“Lamentablemente las autoridades en los últimos años solo han pensado en Olmos y en la problemática del valle Chancay. El agua del valle se deposita en el reservorio Tinajones desde 1965. Ese año el valle tenía 14 mil 600 hectáreas afectadas por problemas de sal, después que empieza a funcionar el sistema de riego la salinización aumenta a 25 mil hectáreas y conforme ha avanzado el tiempo el problema ha crecido una barbaridad. Ahora hablamos de 80 mil hectáreas afectadas por sal. Eso significa que en un tiempo muy breve, Chancay dejará de ser un valle si es que no se toman las medidas correctivas”, señaló.
Problema de drenaje
Añadió que el 42 % del recurso hídrico que se distribuye en el valle se aprovecha. El resto se deriva a los drenes y es llevado al mar.
“El problema es que al estar los drenes sucios, el agua se estanca y percola, filtrándose al subsuelo, lo que ocasiona que la salinización avance. La formación de suelos del valle Chancay tiene una placa de arcilla, a una profundidad de 15 metros, pero tanto es el nivel de agua en el subsuelo que ya prácticamente ha desaparecido. Antes se hacía la limpieza de drenes cada cuatro años y con una sola máquina, eso ha generado el problema avance. En la parte baja del valle ya no hay agricultura, las tierras se están vendiendo y reconvirtiendo, porque ya no son productivas”, refirió Augusto Delgado.
Por su parte, el ingeniero Amberly Olano Chávez, funcionario de la Autoridad Nacional del Agua, sostiene que el problema se hace más grave por la deficiencia del riego, sobre todo en cultivos como el arroz.
“Se usa mal el agua en el valle. Muchos dicen: la segunda etapa de Tinajones debe hacerse, pero para qué quieren más agua si la que se tiene se usa mal. Eso daña el valle agrícola. El mal manejo del agua es histórico y esto se agudizó desde que se construyó Tinajones. Los cultivos son unas piscinas y eso no debe seguir. No se puede prohibir la siembra del arroz, porque es un cultivo alternativo, pero sí se puede exigir un mejor uso del recurso para el riego”, enfatizó.
Mejor riego y cultivo
Olano Chávez refiere que con un mejor uso de agua para el riego se ahorraría recurso suficiente para incrementar el uso poblacional, con una cuota de hasta 80 millones de metros cúbicos año.
Como alternativas, propone que se deje de aplicar el riego por arrebiato (cuando el agua se empuja por sí sola), y se implementen contra-acequias, para acelerar el traslado del agua en las parcelas. Esto debe ser condicionado para la venta del recurso por parte de las juntas de regantes.
Lo otro es que se debe sensibilizar a los sembradores sobre las condiciones de producción del arroz. Anota que el cereal no debe ser empozado, pues solo necesita de suelo húmedo para crecer, lo que ayudaría a evitar plagas y enfermedades, y aumentar la productividad.
También se debe fiscalizar la campaña complementaria, pues se ha identificado que algunos agricultores siembran el maíz en las mismas condiciones que el arroz, sin antes habilitar el terreno. Es decir, siguen usando pozas.
Inicios de irregulares que afectarían la correcta captación, uso y destino de los recursos y bienes del Estado, es lo que ha identificado la Contraloría en la Unidad de Gestión Educativa Local – UGEL Lambayeque.
Esa es la conclusión del Informe de Acción de Oficio Posterior N° 3554-2022-CG/GRLA-AOP, remitido por la Gerencia Regional de Control sobre la “Generación y publicación de órdenes de compra en la plataforma de catálogos electrónicos de acuerdos marco a cargo de Perú Compras”, en la UGEL Lambayeque.
“La entidad ha remitido solicitudes de proformas en la plataforma de Perú Compras bajo el método especial de contratación de los catálogos electrónicos de acuerdos marco, generándose el estado de ‘proforma cotizada’, sin formalizar la contratación a través de la generación y publicación de órdenes de compra y sin emitir y adjuntar en la plataforma el correspondiente sustento de esta omisión; situación que afecta la eficiencia y transparencia de los procesos de contratación efectuados bajo este mecanismo; revelando indicadores de comportamiento que se emplearían en contravención de la ley y los principios que rigen las contrataciones públicas”, señala la Contraloría en su informe.
Procedimiento irregular
El ente de fiscalización explica que las contrataciones de bienes y servicios en las entidades públicas están normadas por la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, mediante el cual se dispone la obligatoriedad del uso de os Catálogos Electrónicos de Acuerdos Macro, siempre y cuento los bienes y/o servicios formen parte de dichos catálogos. Además, se establece que la implementación, extensión de la vigencia y gestión de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco está a cargo de Perú Compras.
Al respecto, la UGEL Lambayeque, entre enero y diciembre del 2021, emitió un total de 109 requerimientos formalizados y 25 no formalizados sin sustento, sumando 134 al término del año.
De los requerimientos no formalizados sin sustento, dos estuvieron relacionados a la compra de materiales e insumos de limpieza, papeles para aseo y limpieza; cinco compras de impresoras, consumibles, repuestos y accesorios de oficina; 17 a la adquisición de útiles de escritorio, papeles y cartones, y uno a materiales de protección para salud.
“De acuerdo a lo expuesto, se verificó que la Unidad de Gestión Educativa Local Lambayeque ha
remitido solicitudes de proformas en la Plataforma de Perú Compras bajo el método especial de
contratación de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, generándose el estado de ‘Proforma Cotizada; sin embargo, no ha realizado la formalización de las mismas; es decir, no se ha generado ni publicado las órdenes de compras correspondientes; asimismo, no ha emitido y adjuntado en la citada plataforma, el documento de sustento de los hechos que motivaron la no contratación”, indica el informe.
Vulneración de normas
Lo expuesto vulnera las Reglas Estándar del Método Especial de Contratación a través de Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco – Tipo I, Modificación III, publicados en la página web de Perú Compras.
Esto, en el sentido que pese a tener como máximo dos días hábiles después de generar el estado de proforma cotizada para publicar la orden de compra, la entidad no lo hizo, como tampoco cumplió con anular la proforma en el plazo máximo de tres días hábiles, conforme señala la normativa.
La misma norma señala que si la entidad no llega a publicar la orden de compra, tiene tres días hábiles después de haber registrado la proforma cotizada para sustentar la razón de la no contratación, procedimiento que la UGEL Lambayeque tampoco cumplió.
“La situación expuesta, afecta la eficiencia y la transparencia de los procesos de contratación efectuados por la Entidad bajo el método especial de contratación por Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco; revelando indicadores de comportamiento que se emplearían en el uso de la Plataforma de Perú Compras en contravención de la ley y los principios que rigen las contrataciones públicas”, precisa el informe.
El Órgano de Control Institucional – OCI, de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque – EPSEL, emitió el Informe de Hito de Control N° 011-2022-OCI/3472-SCC, relacionado a la recepción y liquidación de la obra “Mejoramiento del sistema de agua potable en el H.U.P. Juan Tomis Stack y Ciudad de Dios, distrito de San José, provincia de Lambayeque”.
EPSEL aprobó en mayo del 2016 el expediente técnico del proyecto, valorizado en siete millones 833 mil 480.69 soles, así como la supervisión por 427 mil 535.19 soles, convocando a la licitación de la obra que resultó adjudicada al Consorcio Santiago el 31 de agosto del 2017, con un monto de siete millones 50 mil 132.63 soles, para ser ejecutada en 240 días calendarios.
La entrega del terreno se realizó el 3 de agosto del 2018, iniciándose los trabajos 13 días después. La fecha de culminación estaba programada para el 12 de abril del 2019. Sin embargo, durante la ejecución se aprobaron adicionales y deductivos de obras, ampliándose el plazo. También hubo paralizaciones.
Culminación de la obra
De la revisión del proyecto, el Órgano de Control Institucional – OCI, detectó que EPSEL no recepciona la obra a pesar de haber transcurrido cinco meses desde que tomó conocimiento de su culminación, realizando trámites no establecidos en la normativa de contrataciones, generando eventuales reconocimientos de costos superiores a los destinados a la obra y la afectación a la población por falta de dotación del servicio de agua potable.
“De la documentación proporcionada por la entidad se aprecia la anotación efectuada en el asiento N° 344 del cuaderno de obra del 15 de diciembre del 2021, mediante el cual el residente de obra, ingeniero Eduardo Enrique Varias Ramos, solicitó al inspector de obra, ingeniero Ytalo Daniel Vargas Rojas la recepción de la obra”, detalle el OCI.
La culminación fue ratificada por el inspector de obra Ytalo Vargas Rojas, conforme se aprecia del contenido de la anotación efectuada en el asiento N° 345 del cuaderno de obras, el 15 de diciembre del 2021, en los siguientes términos:
“Se deja constancia en el presente asiento el cumplimiento de las partidas ejecutadas para el proyecto denominado: ‘Mejoramiento del sistema de agua potable en el H.U.P. Juan Tomis Stack y Ciudad de Dios, distrito de San José, provincia de Lambayeque’. Es así que da por concluida la ejecución de la obra, por lo que se procederá a informar a la entidad dentro de los plazos que establece el reglamento y la Ley de Contrataciones del Estado para su recepción”.
OCI refiere que quien solicitó la recepción de obra al gerente de Obras y Proyectos, Jorge Fallaque Collantes, fue Miguel Ángel Huancaruna Campos, representante legal común del Consorcio Santiago, ejecutor de la obra, a través de la carta N° 071-2021-ConsorcioSantiago, de 22 de diciembre de 2021, es decir dos días después de vencido el plazo del inspector para informar a la entidad la culminación de obra.
Argumentos de EPSEL
Según lo informado a OCI por EPSEL, si bien Vargas Rojas, en su calidad de inspector, anotó en el cuaderno de obra el 15 de diciembre del año pasado que la obra había concluido, este laboró solo hasta el 31 de diciembre del 2021, por lo que no hubo “profesional que pueda seguir con los trámites correspondientes de la recepción de la obra”.
En la visita de inspección técnica realizada por el Órgano de Control Institucional, el 16 de mayo pasado, se consultó al contratista Consorcio Santiago sobre los trámites para la recepción de obra, informando este que EPSEL ha solicitado una serie de documentos, los cuales no estuvieron establecidos en los términos de referencia, bases integradas y el respectivo contrato de obra.
“Sin embargo, el contratista se ha visto en la necesidad de presentar la documentación solicitada por EPSEL, a fin de que se realice a la brevedad posible el trámite administrativo para la recepción de obra solicitada. Por otro lado, el contratista precisa que la demora en la recepción viene ocasionando mayores gastos financieras, en cuanto a la renovación de garantías y contratación de personal de limpieza y vigilancia para mantener en buen estado los equipos y ambientes que forman parte del proyecto, aún no recepcionado por EPSEL”, explica el OCI.
Incumplimientos
“Se advierte que la entidad incumplió los plazos establecidos en el artículo 178 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado para el inicio del procedimiento de recepción de obra, teniendo en consideración que desde el 1 de enero al 28 de marzo del 2022 la entidad no cauteló contar con un profesional que continúe con el trámite de recepción de obra, tal como lo precisó el nuevo inspector de obra, ingeniero Víctor Manuel Aguirre Paulini, el 12 de mayo del 2022, durante la inspección técnica realizada por este OCI. Asimismo, la entidad ha solicitado documentación cuya custodia es responsabilidad de la entidad al formar parte de su acervo documentario, situación que habría dilatado el tiempo para dar inicio al procedimiento de recepción de obra, lo que podría generar el reconocimiento de mayores gastos generales a favor del contratista, en perjuicio de los recursos de EPSEL”, señala el informe del Órgano de Control Institucional.
Por estas consideraciones, se ha establecido infracciones al Decreto Supremo N° 350-2015-EF – Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, publicado el 10 de diciembre del 2015 y vigente desde el 9 de enero del 2016.
Puntualmente, la vulneración de lo señalado en el artículo 178, referido a la recepción de la obra y plazos.
Asimismo, se infringió lo establecido en las bases integradas de la licitación, en lo referido al Capítulo III – Del contrato, y lo señalado sobre recepción de obra.
También, la Directiva N° 08-2019-EPSEL SA/GG-Recepción y Liquidación de obras ejecutadas en la modalidad de administración directa e indirecta, aprobada por Resolución de Gerencia General N° 054-2019-EPSEL SA-GG, del 26 de marzo del 2019.
“Durante la ejecución del servicio de control concurrente al Hito 1, denominado ‘Inicio del procedimiento de recepción de obra’, se ha advertido una situación adversa que afecta o podría afectar la continuidad del procedo, el resultado o el logro de los objetivos en la ejecución de la obra: ‘Mejoramiento del sistema de agua potable en el H.U.P Juan Tomis Stack y Ciudad de Dios, distrito de San José, provincia de Lambayeque”, refiere OCI.
En tal sentido, OCI recomiendo poner en conocimiento de la alta dirección de EPSEL de los resultados de informe, exhortando la aplicación de los correctivos pertinentes, los mismos que deben ser comunicados al ente de control.
“Nosotros recibimos la confianza de los socios, venimos de un colectivo fundado hace diez años: Jockey, es familia, y gozamos del respaldo porque estamos haciendo las cosas bien y, lo más importante, es que estamos manteniendo el patrimonio de la institución. Nos reafirmamos: no venderemos ni un metro de terreno”, afirma el presidente del Jockey Club de Chiclayo, Alfonso Díaz Gálvez.
Añade que esa postura es la que diferencia a su gestión y a la de su antecesor de las anteriores que hubo en el club.
“Nosotros contábamos con 52 hectáreas, ahora tenemos 26. ¿Qué quiere decir? 26 hectáreas han sido vendidas para vivienda, han sido embargadas por deuda o concesionadas. Lo que tenemos, desde el 2012 lo estamos aprovechando al máximo, ampliando la infraestructura deportiva y de servicio para los socios y sus familias”, comenta.
El Jockey Club tiene dos mil 500 socios, de los cuales mil 700 están activos. A ellos se suman los socios vitalicios y los ausentes.
Trabajo institucional
Díaz Gálvez refiere que para el proceso electoral se presentó a la Comisión de Cuenta Revisora, que es elegida por los socios, y ya se tiene constituidas las comisiones Calificadora y de Honor.
“Desde la presidencia, hemos convocado a socios amigos, que están interesados en trabajar por el crecimiento del club. La Comisión de Honor está integrada por dos past presidente y socios vitalicios de respeto, quienes tendrán la autoridad y potestad de sancionar a los socios que no se adecúan al reglamento y estatuto del club. Todo está escrito, quien no cumple el reglamento y el estatuto dentro de las instalaciones será puesto a disposición de la Comisión de Honor, que determinará cuál será la amonestación o sanción. Nosotros como directiva solo nos limitaremos a cumplir la decisión”, señala.
Destaca también la convocatoria de concurso público para los cargos de Gerente y Asesor Legal, iniciativa que ha sido bien recibida por los socios y también por los postulantes.
“Como ya tenemos Gerente y Asesor Legal ahora debemos empezar a revisar los contratos y toda la parte legal del club para ordenarnos”, manifiesta el presidente.
Obras y continuidad
Alfonso Díaz, quien fue vicepresidente en la gestión de Carlos Burgos Montenegro, menciona que la obra emblemática es la piscina temperada, cuya conclusión se vio limitada por la falta de recursos, debido a que la pandemia afectó una de las principales fuentes de ingresos que tiene el club, como es el alquiler de sus instalaciones.
“Hemos ejecutado la primera etapa de la piscina, falta la cobertura y el sistema temperado, lo cual tenemos que concretar. Lo otro en lo que debemos poner énfasis es en el mantenimiento de la infraestructura deportiva. A todas las disciplinas las estamos apoyando y lo que queremos es la exclusividad del socio, que este se sienta contento, en familia y, sobre todo, seguro. Como siempre digo, las elecciones no las ganó la lista del doctor Alfonso Díaz, sino el Jockey Club”, asevera.
En septiembre próximo, el club cumplirá 65 años de vida institucional, para lo cual desde ya se trabaja en la elaboración de un calendario de actividades que permita relievar la efeméride.
Recursos
El presidente de la institución social refiere que aún existe una importante cartera de morosidad en el club, la misma que se ha propuesto a reducir.
Comenta que entre los socios vitalicios la deuda asciende aproximadamente a 60 mil soles, 251 mil soles entre los socios ausentes, mientras que los socios activos mantienen una deuda que supera el millón 400 mil soles.
Refiere que se empezará a remitir cartas de aviso para que los socios que mantienen deudas con el club puedan ponerse al día o, en todo caso, acogerse a un cronograma de pagos, pues el reglamento y el estatuto mandan que por deudas acumuladas se pierde la membresía.
“Los socios tienen que ser conscientes de que con sus aportaciones solventamos los gastos corrientes y debemos apoyar a las diversas disciplinas. El tenis, por ejemplo, es una disciplina cara, que demanda del mantenimiento de cancha permanente, igual que el fútbol, pues hemos iniciado el cambio del gras sintético en el campo N° 2 y la iluminación, la piscina antigua requiere el cambio del sistema de recirculación, que asciende a aproximadamente 200 mil soles, hay mejoras en frontón y demás. Para eso necesitamos recursos”, enfatiza.
Anuncia, también, que con el ingreso del gerente y el asesor legal se iniciará la revisión de contratos de los concesionarios, esto para restringir el ingreso de personas ajenas al club a las instalaciones donde el servicio debe ser exclusivo para los socios.
“Uno de los puntos principales es la discoteca, que ha causado mucha incomodidad para el socio. Ya hemos tenido avanzadas conversaciones con los arrendatarios y probablemente en dos meses estén abandonando las instalaciones del Jockey Club para tranquilidad de los socios”, señala.
Pago de impuestos
Sobre el pago de impuestos a la Municipalidad Distrital de La Victoria, Díaz Gálvez refiere que existe consciencia de la deuda pendiente y remarca que todos los meses el club cumplía con el pago de sus obligaciones.
Sin embargo – explica – “lamentablemente de manera unilateral la Municipalidad Distrital de La Victoria nos ha aumentado en un 50 % los arbitrios”.
“Eso está en un proceso legal que queremos que se revise, porque necesitamos saber realmente cuánto es la deuda sincerada. Hemos tenido una conversación preliminar con el alcalde Rony Olivera, a quien le agradezco la disposición de ayudar al club, porque también es socio, también nos hemos reunido con su equipo de funcionarios. Lo que observamos es que se nos está cobrando impuestos por áreas que ya no nos pertenecen. Nos están cobrando por predios de 160 metros, 250 metros, y nosotros no tenemos locales chicos”, indica.
Añade que en 45 días se debe tener la información de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos – SUNARP, sobre las propiedades del club, para que se sincere la deuda.
Sobre la controversia con Dhmont, indica que no están definidos los límites del área en cuestión.
“Lamentablemente, gestiones anteriores no han tenido el cuidado de dejar en orden ese tema. En las actas firmaban solo algunos directivos y eso ha sido expuesto a la asamblea. Son cuatro hectáreas que no están definidas respecto a linderos, pero el proceso ya ha sido ganado por la empresa”, manifiesta.
• Analiza la situación actual y lanza desafíos para el desarrollo empresarial.
El empresario de la Sociedad Nacional de Industrias (SIN) de Lambayeque, Manuel García Peña, hizo un análisis de los desafíos de la región Lambayeque para el desarrollo empresarial y la atracción de inversiones, así como realizó una mirada a las tareas pendientes necesarias para garantizar su crecimiento, exposición fue durante la Sesión Descentralizada de la Comisión Especial Multipartidaria Capital Perú, realizada el viernes 27 de mayo en la sede de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque.
El Semanario Expresión, entrevistó a García Peña, quien reveló que por segundo año consecutivo, Lambayeque ocupa el sexto lugar en el Índice de Competitividad Regional siendo superado por las regiones del sur del país.
Señaló que Lambayeque es el segundo departamento con menor territorio del Perú, no obstante, de la franja costera, es el departamento con mayor extensión de área cultivable. Agregó que específicamente, el Valle Chancay – Lambayeque es el más grande del Perú.
“Lambayeque tiene recursos agrícolas, mineros, pesqueros, industriales y una ubicación privilegiada. Además, cuenta con conexión terrestre, marítima y aérea”, anotó.
García Peña sostuvo que hace 6 años se puso en operatividad el proyecto de irrigación más exitoso del país: Olmos. No obstante, se preguntó si ¿se aprovecha todas las ventajas y potencialidades para impulsar el desarrollo?
Puntualizó que el Instituto Peruano de Economía – IPE, ubicó a Lambayeque en el 6° lugar en el Índice de Competitividad Regional 2021, anotando que las 5 regiones que ocupan los primeros lugares son del sur del país.
Detalló que Lambayeque superó a La Libertad, que se colocó en el puesto 8, igualmente a Tumbes situada en la posición 9, a Piura en el 12 y a Cajamarca ubicada en la posición 21.
Avizoró que el resultado podría ser mejor, pues según la evolución en el Índice de Competitividad Regional – INCORE, en el 2021 ocupamos el 6° puesto, en el año 2020 nos situamos en el mismo 6° puesto, mientras que en el 2019 y 2018 permanecimos en el 8° puesto.
En ese contexto se preguntó ¿Por qué hemos escalado solo dos posiciones en los últimos cuatro años?, señalando que la ubicación de Lambayeque en los pilares que evalúa el INCORE, son entorno económico (6° puesto), Infraestructura (7° puesto), Salud (6 ° puesto), Educación (8° puesto), Laboral (6° puesto) e Instituciones (19° puesto).
“Para alcanzar el desarrollo empresarial y atraer a la inversión, Lambayeque debe resolver, entre otras cosas los indicadores del pilar Institucional que señala el INCORE”, agregó.
Señaló que los resultados actuales son negativos, considerando que la ejecución de la inversión pública alcanza el puesto 17°, la percepción de la Gestión Pública Regional el puesto 12°, la conflictividad social el 8° puesto, la criminalidad el puesto 21°, homicidios 6° puesto, percepción de inseguridad puesto 17° y resolución de expedientes judiciales puesto 21°.
Puntualizó que la relación entre los aspectos que evalúa el pilar Institucionalidad y el crecimiento de la inversión, es muy estrecha. “Si la inversión pública no mejora no habrá servicios básicos, necesarios para la población, la producción, la industria y el comercio”, anotó.
Igualmente advirtió que no habrá mejor conectividad e infraestructura de desarrollo; ni habrá estándares de eficacia, eficiencia y transparencia.
“La corrupción seguirá creciendo, considerando además que Lambayeque es la sexta región con mayores índices de corrupción a nivel nacional según Contraloría”, señaló.
A ello debe sumarse, agregó, la importancia y urgencia del ordenamiento territorial, la Zonificación Ecológica y Económica y los Planes de Desarrollo.
Sobre los indicadores empresariales, García Peña, señaló que según SUNAT, al 31 de diciembre de 2021, detalló que se crearon o reactivaron 2,866 negocios. 4.2 % en comparación al 2020.
“En Chiclayo la informalidad es del 85 %. Solo 15 de cada 100 negocios tienen RUC”, agregó.
En tanto, según el IPE, al 31 de diciembre de 2021, la pobreza en Lambayeque pasó del 10 % en el 2019 al 16 % en el 2020.
Mientras que la Población Económicamente Activa (PEA) ocupada disminuyó en 14.4 % en el 2020.
Informó además que los sectores Agropecuario y Comercio ocupan al 50 % de la PEA. “De cada 100 trabajadores, 28 se encuentran en planilla”, detalló.
García Peña añadió que los rubros en los cuales se genera la mayor tasa de informalidad laboral son: hoteles y restaurantes, transporte, construcción y agropecuario, con 91 %, 90 %, 87 % y 84 %, respectivamente.
Al referirse a los resultados del Proyecto Olmos, el empresario, indicó que más de 24 mil hectáreas en producción se produjo en 6 años de trabajo. “Chavimochic demoró 30 años en llegar a esa meta”, acotó con entusiasmo.
Precisó que Lambayeque superó los mil millones de dólares en exportaciones en el 2021. El 50 % se logró con la producción de Olmos y se generaron más de 40 mil empleos.
Sobre los proyectos y planes de desarrollo, destacó el saneamiento básico integral y drenaje pluvial; ampliación del Aeropuerto de Chiclayo; construcción de mercados mayoristas; y sistema vial departamental (Nueva Vía de Evitamiento Chiclayo / Lambayeque – Olmos, Corredor Altoandino y Autopista El Sol).
Así también, mencionó al parque Industrial en Puerto Eten; Terrapuerto de Chiclayo; Terminal Portuario Regional; Plan de Desarrollo Concertado y Plan de Desarrollo Metropolitano.
Con la Disposición N° 1, del 26 de mayo, el fiscal Víctor Meléndez Arrascue, de la Tercera Fiscalía Superior Penal de Apelaciones de Lambayeque, dispuso iniciar la investigación preliminar por 60 días contra la también fiscal Karim Ninaquispe Gil, por los presuntos delitos de atentado contra documentos que sirven de prueba en el proceso, abuso de autoridad y omisión de denuncia, en agravio del Estado y de Christian Serquén Alfaro, investigado por un presunto caso de corrupción en la Municipalidad Distrital de Callayuc.
El 19 de mayo, Serquén Alfaro denunció a Ninaquispe Gil en su actuación como integrante de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, exponiendo ante el Ministerio Público los delitos por los que – considera – la fiscal debería ser sancionada.
Omisión de denuncia
Según Christian Serquén, en el proceso signado con el Expediente N° 06668-2020-67-1706-JR-PE-10°, el 18 de octubre del año pasado se realizó la audiencia de cese de prisión preventiva solicitada por el imputado José Montenegro Cabrera, alcalde de la comuna de Callayuc, Cajamarca, ante el cual la fiscal se allanó, siendo declarado fundado por el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, a cargo del juez Reynaldo Leonardo Carrillo, que amparó el argumento de que el investigado presentaba problemas de salud.
No obstante – expone Serquén Alfaro – el juez precisó en la audiencia (conforme al audio de la misma), que correspondía otorgársele a la autoridad municipal el mandato de comparecencia. Sin embargo, si este volvía a ejercer la función pública entonces implicaría que la enfermedad por la cual consiguió el cese de la prisión preventiva no existe, por lo que la fiscal podía proponer la modificación del mandato.
“Este cese se está otorgando justamente para su tratamiento especializado y adecuado, no para que haga una función pública”, expuso el juez.
Empero, José Montenegro Cabrera retornó a sus labores como alcalde, hecho que pese a ser advertido a la fiscal con el Oficio N° 406-2021-MDC/A, esta no habría actuado conforme indicó el juez en la audiencia de cese de prisión preventiva.
Atentado contra pruebas
En relación al presunto delito de atentado contra documentos que sirven de prueba en el proceso y de abuso de autoridad, el denunciante señala que en la investigación signada con N° 267-2020, a cargo de Ninaquispe Gil, el 1 de diciembre del 2020, en una de las oficinas de la División de Investigación de Delitos contra la Administración Pública – DEPDCC, de la Policía Nacional, en Chiclayo, en presencia del instructor Raúl Paredes Espinoza, de la fiscal, de Serquén Alfaro y el abogado de este se procedió a realizar la diligencia de recepción de acta de deslacrado sobre de manila, visualización, lectura, transcripción y lacrado de un teléfono celular marca iPhone 11 Promax, propiedad de Serquén Alfaro.
“La fiscal denunciada procedió a encender el equipo (…) e ingresó a las diferentes aplicaciones como el aplicativo ‘Galería’ dejando constancia de lo siguiente: Una vista fotográfica recientes con diversos números telefónicos, conforme se detalla, procediendo a hacer una captura de pantalla, la misma que se inserta en el acta”, consignando además registros de llamadas.
Días después, el 27 de agosto del 2021, a través del Oficio N° 011152-2021-MP-FN-GG-OPERIT, la Oficina de Peritajes adjunta el informe técnico de análisis digital N° 243-2021, emitido por el perito Lizardo Orellano Benancio, dirigido a la fiscal Karim Ninaquispe, en el cual concluyó que el equipo celular había sido reseteado y no contenía ninguna información que pueda sustraerse.
En consecuencia, se presume que la fiscal no habría custodiado eficientemente el bien materia de prueba como es el celular de propiedad de Serquén Alfaro, “puesto que se habría manipulado de manera indebida en el transcurre del tiempo, borrándose la información respectiva”.
Sustento de la decisión
Frente a estos hechos, el fiscal Víctor Meléndez Arrascue ha valorado que de acuerdo a la Resolución N° 000448-2019-MP-FN-PJFS-Lambayeque, del 13 de maro del 2019, emitida por el presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Lambayeque, se dispone en el artículo segundo designar al despacho de la Tercera Fiscalía Superior Penal de Apelaciones de Lambayeque para que conozca la indagación preliminar, investigación preparatoria, etapa intermedia y juzgamiento en los demás delitos de función cometidos, en el ejercicio de sus funciones, por jueces de Paz Letrado, fiscales adjuntos provinciales, jueces especializados, fiscales provinciales y fiscales adjuntos superiores.
En tal sentido, Meléndez Arrascue, considerando que los hechos expuestos por el denunciante se enmarcan en los artículos 372, 376 y 40 del Código Penal, corresponde iniciar investigación preliminar por el plazo de 60 días contra Karim Ninaquispe Gil, en su actuación como fiscal provincial de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque, por la presunta comisión de atentado contra documentos que sirven de prueba en el proceso, abuso de autoridad y omisión de denuncia.
Para ello, requiere a Ninaquispe Gi que emita su informe de descargo, detallado y documentado, en el término de cinco días después de notificada la disposición, y que remita copias certificadas de la Carpeta Fiscal N° 267-2020 a su cargo.
También ordena que se programe para el 2 de junio la transcripción de la parte pertinente del audio o video contenido en el CD presentado por el denunciado, en el que se contiene la intervención del juez del Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria sobre las consideraciones del cese de prisión preventiva contra el alcalde de Callayuc y en qué manera debía proceder la fiscal si este incumplía la condicional de salud con la cual se le otorgó libertad.
Casos a su cargo
La fiscal Karim Ninaquispe ha logrado protagonismo en los últimos años al tener a su cargo importantes casos relacionado a corrupción, como el del “Imperio del mal”, que involucra al ex gobernador regional de Lambayeque, Anselmo Lozano Centurión, en presuntos hechos delictivos ocurridos cuando fue alcalde del distrito de La Victoria, caso por el cual actualmente cumple arresto domiciliario.
Otro caso relevante en manos de Ninaquispe Gil es el de la irregular contratación de la empresa Veolia, por parte de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, para prestar el servicio de residuos sólidos durante 90 días, contados desde abril del 2019 en la ciudad.
Los regidores Percy Espinoza Gonzales, Jhony Piana Ramírez y Andrés Puell Varas denunciaron el caso en mayo del 2019 y la Contraloría General de la República, a través del Órgano de Control Institucional – OCI, estableció a través de un informe de auditoría a fines de ese año que hubo irregularidades y la contratación de Veolia había generado un perjuicio económico a la comuna de Chiclayo superior a los 145 mil soles.
Sin embargo, la fiscal demoró hasta octubre del año pasado para dar por concluida la investigación preparatoria y recién en marzo de este año presentó el requerimiento acusatorio contra el alcalde Marcos Gasco Arrobas y sus funcionarios por el delito de colusión agravada, solicitando una condena de seis años de cárcel, así como una pena accesoria de cuatro años por negociación incompatible.
Debido a su retardo en la tramitación de dicha carpeta, Karim Ninaquispe fue quejada en su actuación como fiscal anticorrupción de Lambayeque.
El próximo 5 de julio se iniciará un nuevo juicio oral por otro caso de corrupción del exalcalde de Chiclayo, Roberto Torres Gonzales, en el que está implicado el empresario Víctor Antonio Torres Vásquez, hermano del premier Aníbal Torres, por el direccionamiento de una obra en favor del Consorcio Transatlántica al cual representó.
La reportera Juana Avellaneda, del programa dominical Contra Corriente, de Willax Televisión, llegó a Chiclayo en busca de las andanzas del empresario Víctor Antonio Torres Vásquez y de Iván Torres García, hermano y sobrino, respectivamente, del premier Aníbal Torres, quienes se habrían coludido con el exalcalde de Chiclayo, Roberto Torres Gonzales, para beneficiarse con la buena pro de una obra en el casco central de la Ciudad de la Amistad.
De acuerdo a la tesis fiscal, Víctor Antonio Torres Vásquez, Iván Torres García y Víctor Hugo Carbajal Alzamora, empresarios que conformaron el consorcio Transatlántica, son cómplices del exalcalde Roberto Torres Gonzáles.
La periodista entrevistó a la fiscal Tania Bravo, fiscal provincial de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Chiclayo, a cargo del caso a quien se le preguntó si sabía que el imputado Víctor Antonio Torres Vásquez es hermano del premier Aníbal Torres. “No, no lo sabía”, respondió escuetamente.
Expediente
El voluminoso expediente fiscal que obra en su poder podría llevar al empresario Víctor Antonio Torres Vásquez a la cárcel si se comprueban los hechos irregulares en su contra en el nuevo juicio oral que se iniciará por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de colusión simple en agravio de la Municipalidad Provincial de Chiclayo.
La fiscal ha pedido para todos los implicados nueve años de cárcel por el delito de colusión por hacer negocios ilícitos con Roberto Torres Gonzales, sindicado como el cabecilla de la organización criminal “Los Limpios de la Corrupción”.
La fiscal Tanía Bravo refiere que de acuerdo a las investigaciones, el proceso de adjudicación de la buena pro estuvo direccionado para favorecer al consorcio Transatlántica, representado por Víctor Antonio Torres Vásquez, también formado por la empresa Corporación de Construcciones e Inversiones SAC, representada por Iván Torres García ,y por Víctor Hugo Carbajal Alzamora.
“El consorcio presentó documentación falsa para obtener la licitación de la obra para el mejoramiento de pavimento y veredas del casco central de la ciudad de Chiclayo”, anotó la representante del Ministerio Público.
Ello sucedió con la complicidad de un alcalde que paradójicamente llegó al poder con el movimiento regional “Manos Limpias”. Sin embargo, hizo exactamente lo contrario cuando administró el dinero de todos los chiclayanos.
La fiscal Tania Bravo narró que se detectó que el profesional abogado que presentaba el consorcio Transatlántica tenía irregularidades en su identidad, pues el número de DNI de una declaración jurada que el mismo profesional presentó pertenecía a una persona totalmente diferente, pese a ello, obtuvo el máximo puntaje.
Otra irregularidad que llamó la atención de la Procuraduría fue la postergación sistemática por parte del comité de selección del Municipio de Chiclayo, que aplazó la fecha de adjudicación de la obra hasta en seis oportunidades.
Jorge Chávez Pita, consultor y testigo del Ministerio Público, reveló que uno de los consorciados no tenía vigente su Registro Nacional de proveedores, “entonces han esperado que adquiera la vigencia para recién llevar el acto público para la adjudicación de la buena pro”, reveló.
La fiscal Bravo indicó que las justificaciones de los miembros del comité es que en las fechas que tenían que reunirse estaban ocupados en otras actividades y postergaban y postergaban la adjudicación de la obra, del 4 de septiembre misteriosamente se cambió al 16 de septiembre de ese mismo año, exactamente 17 días después de que el consorcio de Torres Vásquez fuese habilitado en el sistema. ¿Será una coincidencia?, se preguntó la reportera, respondiendo, que la fiscal no lo cree así.
“Hay una participación de los mismos miembros del Comité de Selección, desde la misma cabeza de la municipalidad, que es el alcalde hasta su representante, que es el gerente general”, advierte la representante fiscal.
Para el Ministerio Público se trata de un concierto de voluntades para favorecer a un grupo empresarial, por esta razón están solicitando hasta 9 años de cárcel para todos los imputados, desde el alcalde hasta los integrantes del consorcio, quienes además entregaron la obra fuera del plazo establecido y superando el presupuesto acordado.
“La obra tenía un valor referencial de ocho millones 359 mil soles y causó un perjuicio al Estado de 76 mil 945 soles por el pago en exceso”, aseveró Bravo.
El Ministerio Público tiene pruebas más que suficientes para sustentar que el municipio de Chiclayo, presidido por el exalcalde Roberto Torres otorgó la buena pro de manera irregular al Consorcio Transatlántica representado por Víctor Antonio Torres Vásquez.
“Es claro que hay un direccionamiento, difícilmente este caso puede terminar en una absolución”, agregó la fiscal Bravo.
Contrato con CENARES
La reportera de Willax recordó que Víctor Antonio Torres Vásquez logró contratar con este gobierno a través de su empresa Aldem SAC por 14 millones de soles para prestar servicios al Centro Nacional de Abastecimientos Estratégicos de Salud- CENARES, en agosto del 2021, cuando su hermano Aníbal Torres ya era Ministro de Justicia.
“Parece mentira que el señor premier siendo abogado haya tratado de mentir de manera tan grosera y de confundir a los peruanos”, comentó Mónica Yaya, especialista en temas de contrataciones con el Estado.
“Porque lo que él dijo es que la empresa donde su hermano es apoderado ganó la buena pro antes que él sea ministro, pero lo que no dijo es que firmó el contrato cuando asumió el cargo de ministro y la ley establece impedimento tanto para ganar la buena pro como para firmar el contrato”, anotó la especialista.
La Ley General de Contrataciones además prohíbe que los familiares directos de ministros o altos funcionarios contraten con el Estado mientras administran presupuesto público.
Hecha pública la denuncia, Mónica Yaya advierte algo peor, que hasta la fecha el cuestionado y millonario contrato no ha sido anulado, por lo tanto, siguen cobrándole al Estado.
“Esto significa que el señor Aníbal Torres Vásquez ha ejercido amplía y abusivamente su poder”, anotó.
En tal sentido la pregunta es si usará su poder el primer ministro para proteger a su hermano de la justicia. “Nosotros hacemos nuestro trabajo sin mirar nombres y apellidos, la labor que hacemos en fiscalía es clara, porque nosotros ya hemos tenido una sentencia condenatoria” anotó la fiscal Tania Bravo.
Cabe señalar que el 29 de noviembre del 2018, Víctor Antonio Torres Vásquez fue condenado por el delito de colusión simple en agravio del estado y el municipio de Chiclayo, pero extrañamente su sentencia fijada en dos años y seis meses de cárcel fue sustituida por el juez Carlos Larios Manay en jornadas de prestación de servicios a la comunidad.
“La pena debió ser efectiva, las razones de la conversión no están debidamente justificadas”, advirtió Tania Bravo.
Para el Ministerio Público tampoco fue justificada la absolución del exalcalde Roberto Torres, del sobrino de Aníbal Torres y de Víctor Hugo Carbajal Alzamora, tercer socio del consorcio, por lo que volverán a juicio este 5 de julio.
“Volvemos nuevamente con la imputación tal cual la hemos planteado desde un primer momento: que hubo un concierto de voluntades del otorgamiento de esta buena pro”, insiste la fiscal Bravo.
El mismo apellido
La reportera anotó otro detalle importante: el exalcalde de Chiclayo Roberto Torres tiene el mismo apellido paterno que Víctor Antonio Torres Vásquez, gerente general del consorcio Transatlántica, además, ambos tienen el mismo lugar de nacimiento: Chota – Cajamarca.
Según la fiscalía ya ha solicitado información a la RENIEC de los padres, tanto del exalcalde como del hermano de Aníbal Torres para establecer si les unen lazos de consanguinidad.
“Si nosotros logramos establecer esos vínculos de parentesco, podría ser un elemento más que suma a la gran cantidad de indicios que tenemos del direccionamiento”, subrayó la representante del Ministerio Público.
Juan Carlos Velásquez, ex abogado de Roberto Torres, manifestó que no tiene conocimiento de la familiaridad entre ambos imputados.
El responsable que anteriormente no se haya preguntado por el parentesco es el exfiscal Esdras Sánchez Moreno, quien se encuentra prófugo de la justicia y está en la lista de los más buscados de la Policía por cometer el delito de cohecho.
Tania Bravo refiere que en el nuevo juicio del 5 de julio está en la facultad para hacer esa pregunta. “De hecho hay que hacerla”, acotó.
La reportera llegó hasta la avenida José Leonardo Ortiz N° 430, oficina 202, en busca de Jaime Delgado Arana, abogado de Víctor Antonio Torres Vásquez, así también de la doctora Úrsula Alfaro Arriola, abogada del otro investigado, Iván Torres García, quienes consignan la misma dirección pero no fueron ubicados. Igual fue vana su búsqueda en sus domicilios en la ciudad de Lima.
“Si la tesis del Ministerio Público no está corroborada no se va a poder condenar a un ciudadano por más polémico que haya sido en una determinada ciudad”, subrayó el exabogado del alcalde Roberto Torres.
Sin embargo, esta vez, el juez Juan Alex Cubas Bravo, del Décimo Juzgado Penal Unipersonal de Chiclayo, tendrá la decisión final de condenarlos o limpiarlos.
La periodista finalizó el reportaje preguntándose si volverá a librar la cárcel el hermano de Aníbal Torres, actual premier de la república, como lo hizo la primera vez, y todo quedará en familia, o si la justicia está vez actuará con todo el rigor para sancionar tanto a los malos funcionarios como empresarios que actúan al margen de la ley. Solo el tiempo lo dirá.
El 3 de junio de 2019, mediante Resolución N° 03, la Oficina Desconcentrada de Control Interno del Ministerio Público de Lambayeque, resolvió imponer la sanción de amonestación contra el fiscal provincial Sergio Lucio Zapata Orozco, por no haber observado los plazos legales y cumplir con la debida celeridad procesal en la presentación del Requerimiento Acusatorio en la Carpeta Fiscal 2447-2014 del caso “Limpios de la corrupción”. El fiscal Zapata Orozco apeló, por lo que la Fiscalía Suprema de Control Interno, con fecha 12 de julio de 2021, resolvió declarar la nulidad de la Resolución N° 03 y ordenó que la ODCI de Lambayeque emita un nuevo pronunciamiento, cumpliendo con fundamentar adecuadamente su decisión.
La investigación contra el exalcalde Roberto Torres Gonzáles y una veintena de ex funcionarios de su gestión, se inicia con la denuncia efectuada por el ciudadano Carlos Canales Guevara el 3 de julio del 2014, generando la Carpeta Fiscal N° 2447-2014, asignada desde un primer momento al fiscal provincial Sergio Lucio Zapata Orozco de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo.
Tres meses después, el 30 de septiembre de 2014, se llevó a cabo un mega operativo de ubicación, captura y allanamiento de viviendas de 22 investigados por el supuesto delito de asociación ilícita para delinquir y lavado de activos, formalizándose días después investigación preparatoria contra 12 de ellos. A la fecha, según el fiscal a cargo, en la Carpeta Fiscal N° 2447-2014 se ha formalizado investigación preparatoria contra más de 150 imputados, investigación que dentro de escasos 30 días cumplirá ocho años sin que hasta la fecha se haya formulado requerimiento acusatorio.
La investigación preparatoria
El plazo legal de investigación preparatoria concluyó el 31 de mayo del 2018. Sin embargo, el fiscal Zapata Orozco retrasó de manera injustificada la conclusión de dicho plazo hasta el 22 de octubre de 2018 (154 días después), un día antes que la Segunda Sala Penal de Apelaciones emitiese Resolución N° 9, que en su parte resolutiva da por concluida la investigación preparatoria, ordenando que la fiscalía, léase el fiscal Zapata Orozco, emita pronunciamiento conforme a lo previsto en el Artículo 343.2 del Código Procesal Penal.
El recurso de queja
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 344°, inciso 1 del Código Procesal Penal, el fiscal provincial Sergio Lucio Zapata Orozco, después de dar por concluida la investigación preparatoria mediante Disposición N° 337, del 22 de octubre de 2018, debió formular acusación o requerir el sobreseimiento de la causa en el plazo de 30 días, razón por la cual, con fecha 28 de diciembre del 2018, uno de los exfuncionarios investigados, Juan Miguel Valdivia Goycochea, luego de haber transcurrido 45 días hábiles, descontados feriados y paralizaciones del Poder Judicial, sin que el fiscal cumpla con lo ordenado por el Código Procesal Penal, formuló un Recurso de Queja ante la Oficina Desconcentrada de Control Interno de Lambayeque.
Luego de las investigaciones realizadas por el ODCI, el fiscal superior Alejandro Lamadrid Ubillús, resolvió, mediante Resolución N° 03, de fecha 03 de junio de 2019, declarar fundado el Procedimiento Disciplinario instaurado contra el abogado Sergio Lucio Zapata Orozco en su actuación como fiscal provincial de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, imponiéndole la sanción de amonestación, por considerar que la inconducta del fiscal quejado era solo una “falta leve”.
Ambas partes apelan
Ante la decisión de la Oficina Desconcentrada de Control Interno, tanto el quejoso, Juan Miguel Valdivia Goycochea, como el fiscal quejado, Sergio Lucio Zapata Orozco, presentaron sendos recursos de apelación.
El primero argüía que la tipificación de falta leve, por parte de Lamadrid Ubillús, era incorrecta, pues en su criterio se trataba de una falta grave de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46°, inciso 2, de la Ley de Carrera Fiscal: “Incurrir en reiterados retrasos y descuidos injustificados en la tramitación de los procesos o diferir las resoluciones por motivo no señalado en la ley procesal de la materia. Para determinar esta falta se tienen en consideración los pedidos que hubiesen formulado las partes exigiendo el cumplimiento legal y razonable de las actuaciones o plazos para expedir las resoluciones, el periodo de tiempo que el fiscal viene procurando el proceso, la conducta de las partes y demás intervinientes en dicho proceso, y la complejidad del asunto controvertido”.
Mientras que Zapata Orozco señala que la resolución de Lamadrid Ubillús vulnera el principio del debido proceso, en razón a que únicamente se ha limitado a señalar matemáticamente que había transcurrido más de seis meses (al 3 de junio de 2019) desde que se dio por concluida la investigación preparatoria sin que se hubiera emitido el requerimiento pertinente, sin considerar que podrían existir razones para el retraso como la falta de recursos humanos, carencia de logística adecuada o sobrecarga administrativa.
El pronunciamiento
Con fecha 12 de julio de 2021, la Fiscalía Suprema de Control Interno, considerando solo lo señalado por el fiscal quejado en su Recurso de Apelación, declara la nulidad de la Resolución N° 03, de fecha 03 de junio de 2019, que amonestaba al fiscal provincial Zapata Orozco por inconducta funcional, ordenando a la Oficina Desconcentrada de Control Interno emita un nuevo pronunciamiento, cumpliendo con fundamentar adecuadamente su decisión, al considerar que el ODCI de Lambayeque no diligenció todos los medios probatorios necesarios para sustentar debidamente las razones de su decisión, en razón a que, durante el procedimiento sancionador no se desarrollaron, señala, mayores actos de investigación que le permitan efectuar una apreciación razonable de los hechos.
ODCI ratifica sanción
En cumplimiento de lo dispuesto por la Fiscalía Suprema de Control Interno, el ODCI de Lambayeque, solicitó al titular del Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Chiclayo, al Presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Lambayeque y al fiscal quejado Sergio Lucio Zapata Orozco un informe sobre los hechos materia de investigación, señalando los dos primeros que no obstante el tiempo transcurrido desde que se dio por concluida la investigación preparatoria en la Carpeta Fiscal N° 2447-2014, hasta la fecha (de emisión de los informes: Mayo 2022), tres años y seis meses, no se ha presentado Requerimiento Acusatorio alguno, por lo que, en función a lo señalado, la fiscal adjunta superior Liliana Delgado Martínez, en representación del ODCI, resolvió, nuevamente, declarar fundado el Procedimiento Disciplinario instaurado contra el abogado Sergio Lucio Zapata Orozco, por presunta falta leve, en su actuación como fiscal provincial de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, imponiéndole la sanción de amonestación.
Incumplió plazo de la Junta de Fiscales
Según el Oficio N° 001181-2021, de fecha 05 de mayo de 2021, dirigido al fiscal provincial Sergio Lucio Zapata Orozco, emitido por la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores de Lambayeque a cargo de Alejandro Lamadrid Ubillús, este último le solicita al hoy fiscal sancionado, emitir un informe a la brevedad posible sobre el estado actual de la Carpeta Fiscal N° 2447-2014, señalándole que mediante acuerdo de Junta de Fiscales Superiores efectuada en el mes de enero de 2021, se acordó otorgarle plazo hasta fines del mes de mayo de 2021 para culminar con los requerimientos acusatorios que se encontraban pendientes.
Ha transcurrido más de un año desde aquella exhortación, y el fiscal Zapata Orozco no ha cumplido con el acuerdo de la Junta de Fiscales Superiores. Sin embargo, este colegiado, que se tenga conocimiento, no ha tomado mayores acciones ante el flagrante incumplimiento e irresponsabilidad del referido fiscal, pese a la pésima gestión del único caso que durante casi ocho años ha estado a su cargo.
El candidato al Gobierno Regional de Lambayeque por Fuerza Popular, Marvin Palma Mendoza, dialogó con Expresión sobre su propuesta de gestión, la problemática del agua y la crisis política que vive el país.
A decir del exlegislador, si se comprueba todo lo que dicen los audios que revelan la comisión de delitos en el entorno del presidente de la república, Pedro Castillo, el Congreso terminará vacándolo y si no se hacen las investigaciones con la debida diligencia la indignación tomará las calles, como sucedió con el gobierno de Manuel Merino de Lama.
Candidatura
Palma Mendoza destacó que Fuerza Popular tiene representación en casi todos los distritos de Lambayeque, pues ha logrado acreditar a 35 candidatos. “De los 38 distritos, estamos llevando candidatos en 35 distritos, siendo un reto aceptar esta candidatura tres semanas antes del 3 de octubre, es decir del cierre definitivo de afiliación de las personas que iban a postular en esta elección regional y municipal 2022”, anotó.
Señaló que aceptó el reto aun cuando muchos venían trabajando desde enero o febrero, armando un movimiento regional o juntando firmas o afiliando a sus candidatos a regidores.
“Nosotros asumimos el reto y en poco menos de tres semanas llegamos hacer la convocatoria de 35 personas para que puedan postular a las diferentes municipalidades de la región Lambayeque”, remarcó.
Precisó que el 14 de junio debe quedar inscrita su candidatura. Explicó que lo particular de esta elección es que tiene dos fases la de pre candidatos y la de candidatos, “la de pre candidatos termina el día 7 de junio con la proclamación de los resultados de las elecciones internas realizadas por el Jurado Nacional de Elecciones y la ONPE”, anotó.
Agregó, que el partido político Fuerza Popular tiene una semana para que del 7 al 14 de junio, los ganadores de la elección interna puedan acreditarse como candidatos ante el JNE, de esta manera el 15 de junio, los postulantes quedarán oleados y sacramentados para las elecciones regionales y municipales 2022.
Precisó que cada candidato instalará su local de campaña, y en el caso de Rafael Aita, candidato a la alcaldía de Chiclayo, tiene uno en la calle Vicente de la Vega 872, “allí conversamos con la gente y recibimos bastante apoyo”, anotó.
Anunció que el 8 de junio se espera la llegada de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien estará inaugurando este local de campaña.
Problemática
Palma señaló que existe un problema común en todos los distritos de Lambayeque y es la falta de agua potable, “y los que cuentan con el servicio tienen muy pocas horas de abastecimiento cuatro, tres, dos horas o una hora al día. “Yo vivo en Santa Rosa y con las justas llegan dos horas de agua”, anotó.
Frente a esta situación, manifestó que tiene un equipo de ingenieros que están elaborando el Plan del Gobierno Regional que tiene como plazo máximo el 14 de junio para subirlo a la plataforma del Jurado Nacional de Elecciones. “Estamos buscando la mejor alternativa para solucionar este problema tan fundamental que nos aqueja día a día, es un problema que debe ser recogido como proyecto bandera por el presidente la república, porque no solo es Lambayeque, sino que todas las regiones del Perú tienen este mismo problema”, señaló.
En ese sentido anotó que la construcción de represas es una de sus propuestas como candidato al Gobierno Regional de Lambayeque. “Se escucha decir vamos a mejorar el servicio de agua, pero la gran pregunta es de dónde van a obtener el líquido elemento si no hay un sistema de represas para almacenarla”, se preguntó.
Manifestó que en tiempo de lluvias se puede almacenar este recurso siempre y cuando se cuente con represas tipo Tinajones, no obstante, advirtió que debido a la sedimentación va a llegar un momento que Tinajones no va abastecer y Chiclayo se quedará sin agua.
Por ello, enfatizó se tiene que darle una solución a este problema y abastecer con agua limpia y pura a todos los distritos de la región.
“Represar el agua en tiempos de lluvia solucionará el problema del déficit para el consumo humano; y en segundo lugar, tendríamos también agua para darle a los agricultores”, anotó.
Recordó que actualmente se vive un fenómeno mundial de crisis económica y en consecuencia los productos se están encareciendo. “Los agricultores quieren sembrar y cosechar, pero necesitan agua, pues de los pozos tubulares se extrae agua contaminada con metales pesados dañinos para la agricultura y la salud de las personas”, indicó.
Visión regional
Dijo sentirse decepcionado y apenado con las autoridades regionales, pues estas no están para hacer pistas y veredas. “Deberían tener una visión regional amplia, hacer proyectos de envergadura, construir represas, el terminal portuario y otros”, enfatizó.
Señaló que las condiciones para un proyecto como el terminal marítimo se crean construyendo represas, vías y promoviendo la inversión de la agroexportación.
Precisó, por ejemplo, que la producción de Chepén, sale por el puerto de Paita, pasando por Lambayeque. “Entonces hay que generar las condiciones para que cuando los inversionistas hagan los estudios de mercado el proyecto sea factible”, agregó.
También se refirió a la necesidad de integrar las zonas altoandinas con la construcción de carreteras. “Lo importante es tener una visión regional no llegar con una visión municipal”, recalcó.
Manifestó que viene de una familia pesquera y desde muy pequeño, a sus 13 años, recorría altamar por el Puerto del Callao, Chimbote, Bayóvar y Chancay. “Es importantísimo un terminal portuario, es un sueño y un anhelo lambayecano que debe hacerse realidad”, indicó.
Dijo que el mar es la puerta de acceso al mundo, por tanto es una propuesta que desarrollaría si llegara a ser gobernador. “Así como Olmos pasó mucho tiempo para consolidarse y hoy genera 25 mil puestos de trabajo, así también es necesario apostar por el terminal marítimo”, anotó.
También se refirió a la necesidad de consolidar la segunda etapa del Proyecto Olmos con la elevación de la presa Limón para disponer de más agua para cultivar y generar más trabajo.
Marvin Palma manifestó: “Hay que colocarse el chip empresarial y el modelo de región que queremos construir, con un terminal portuario, un plan hidráulico y un plan vial que conecte a los distritos”, subrayó.
Azucareras
Ante las críticas de su labor como congresista, anotó que los legisladores aprueban leyes de alcance nacional y tal vez no se palpan los beneficios.
Refiriéndose a las azucareras, manifestó que es difícil intervenir cuando de por medio están decisiones judiciales, como es el caso de la designación de administradores judiciales. “Como poder legislativo no podemos inmiscuirnos en las decisiones de otros poderes”, indicó.
Reveló que incluso recibió amenazas de muerte, junto al ex presidente de la Corte Suprema, Duberlí Rodríguez, cuando intervinieron en un caso de Chaparrí.
“Nos hubiera gustado solucionar el tema de las azucareras. Sin embargo, la intervención judicial limita la función”, acotó.
Crisis política
En relación a la crisis política, manifestó que no cree que se ponga en riesgo el proceso electoral regional y municipal, pues “las instituciones son autónomas y el presupuesto está aprobado”.
Sin embargo, manifestó que lo que está en riesgo es la permanencia del presidente de la república. “Entendemos la gravedad de los audios, es necesaria una investigación con la debida diligencia, sino la indignación tomará las calles como sucedió con el caso Manuel Merino”, agregó.
A su criterio, el presidente Pedro Castillo no va a renunciar y será el Congreso el que terminará vacándolo si se comprueba todo lo que se escucha en los audios.
“Hay que hacerle frente a la crisis política”, anotó el candidato de Fuerza Popular.
Señaló que representa a un partido sólido con alcance nacional debido a que es la primera fuerza política, por lo que de llegar a ser gobernador regional tendrá una bancada para que lo respalde y lo ayude a hacer las gestiones que beneficiarían a Lambayeque.
“Pido serenidad y calma y elegir bien a las autoridades, tengo a buenas personas y buenos profesionales como Aita en Chiclayo, Tepe en Lambayeque y Silva en Ferreñafe”, puntualizó por lo que invitó a la ciudadanía a marcar las cuatro K.
Lista
Gobernador: Marvin Palma Mendoza
Vicegobernadora: Leidy Elizabeth Sánchez Campos,
Consejeros:
Ricardo Guillermo Lara Doig,
Joana Melisa Mendoza Delgado
Cronwell Rubio Fernández
Fátima del Pilar Gonzáles Távara
Eduardo Escribano Tejada
Yuli Sánchez Roque
Ignacio Carlos Manayay,
Kiara Cajusol Amasifuen
Juan Mío Sánchez
Daniela Gerónimo Ñopo
