Quienes han tratado a Willy Serrato Puse pueden dar fe de su capacidad para ufanarse… de sus amistades, de sus influencias, de sus joyas de oro o de sus celebraciones cumpleañeras amenizadas con banda de músicos.
También podría mencionarse con detalle las seis sentencias que existen en su contra por difamación, calumnia e injuria, o las otras seis que tiene por pensión alimentaria, asuntos laborales o contractuales.
Amante de los zapatos color caramelo, de los que alguna vez dijo en entrevista a Expresión que tenía más de 30 pares, la primera vez que vio un eclipse sobre su cabeza fue el 13 de diciembre del 2018.
Aquel día, representantes del Ministerio Público y la Policía Nacional lo capturaron en un restaurante de la urbanización Santa Victoria, en Chiclayo, al considerársele como uno de los implicados en el caso ‘Los temerarios del crimen’, organización presuntamente liderada por el exalcalde de la ciudad David Cornejo Chinguel, que había sido desarticulada apenas dos semanas antes.
La Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada – FECOR, señaló a Serrato Puse de ser una suerte de operador de influencias a favor de Cornejo Chinguel en el más alto nivel del sistema de justicia, principalmente en el Ministerio Público y el desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura – CNM.
Concretamente, la imputación fue que Willy Serrato había contactado al fiscal superior Abel Concha para que, a cambio de coimas, otorgue protección a David Cornejo en las investigaciones que se le habían iniciado. Asimismo, de acuerdo a su propia declaración, interfirió ante el consejero del CNM Iván Noguera Ramos para lograr la ratificación de algunos magistrados, entre ellos el fiscal Sergio Zapata Orozco, de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo.
Con todo ello, a los pocos días de su captura, el fiscal a cargo del caso, Juan Manuel Carrasco Millones, consideró que Serrato Puse debía recibir el beneficio de la competencia restringida para continuar con las investigaciones.
Consultado por Expresión sobre aquella decisión, el entonces fiscal Carrasco Millones declaró: “Prefiero soltar a un life si me va a dar un tiburón”.
Los faenones
La comparecencia otorgada por el fiscal Carrasco a Willy Serrato le permitió que este inicie su tercer mandato como alcalde de Olmos, en enero del 2019. Sin embargo, no pasaría mucho tiempo para que nuevamente el controvertido político vuelva a tener problemas con la justicia.
El 1 de octubre del 2019, a nueve meses de haber iniciado el gobierno municipal, Serrato Puse fue capturado en su domicilio, en Chiclayo, esta vez en un operativo ejecutado por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y la Policía Nacional. Junto a él, otras 17 personas fueron intervenidas.
La fiscal Magaly Quiroz Caballero explicó en su momento que Willy Serrato era identificado como presunto cabecilla de una nueva organización criminal, denominada “Los faenones de Olmos”, que operaba en la municipalidad distrital, direccionado una serie de obras entre enero y julio de ese año.
De acuerdo a la tesis fiscal, cada investigado se repartió funciones para agilizar los trámites de las adquisiciones de bienes o servicios, emitiendo de forma irregular requerimientos para seleccionar a proveedores vinculados de forma directa a Willy Serrato, quienes cobraban en la mayoría de casos a través de terceras personas para no ser identificadas.
Por este caso, el Ministerio Público solicitó el mandato de prisión preventiva contra el entonces alcalde, requerimiento que fue acogido el 16 de octubre, por un plazo de 24 meses, por el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, a cargo del juez Reynaldo Leonardo Carrillo.
Amparado en la pandemia por el Covid-19, Serrato Puse, a través de su defensa, logró que se cambie la prisión preventiva por el arresto domiciliario, decisión ejecutada tras el pronunciamiento de la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Lambayeque, en junio del 2020.
Para la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Serrato Puse y sus coinvestigados participaron en el direccionamiento de obras y la concertación de proveedores para otorgarles licitaciones irregulares.
Del mismo modo, son señalados como responsables del favorecimiento a terceros vinculados a funcionarios para que presten servicios a la municipalidad presentando facturas de exproveedores.
Cárcel efectiva
Gozando de la comodidad de su hogar, el exalcalde de Olmos, cuya vacancia fue declarada fundada por el Jurado Nacional de Elecciones en marzo de este año, ante una sentencia en su contra por el delito de malversación de fondos, cometido en su segundo período municipal, recibió la noticia que volvería a prisión, esta vez por una sentencia a cárcel efectiva.
El 12 de octubre, mediante el expediente Nº 03218-2015-61-1708-JR-PE-01, el juez Gerardo Gálvez, del Juzgado Unipersonal Penal Transitorio de Chiclayo, ordenó a la Oficina de la Policía Judicial registrar y disponer la ubicación y captura de Serrato Puse por haber sido sentenciado a pena efectiva. La condena es de tres años por el delito de colusión simple.
Los agentes llegaron hasta su casa ubicada en la urbanización Ana de los Ángeles, en Chiclayo, para trasladarlo a la carceleta judicial y de ahí disponer su internamiento en el ex penal de Picsi.
La defensa de Serrato presentó un recurso para suspender la aplicación efectiva de la condena. Sin embargo, la Sala Penal de Apelaciones de Lambayeque rechazo el pedido.
Las obras de saneamiento
En enero del 2019, cuando la Contraloría y la fiscalía intervinieron la comuna de Olmos se trazó una línea de sospecha sobre diez obras valorizadas en 130 millones de soles, correspondientes estas a las gestiones de Willy Serrrato Puse, en el período 2011-2014, y Juan Mío Sánchez, quien lo sucedió en el cargo entre el 2015 y el 2018.
¿Qué se investigó? Entre las obras bajo sospecha estaban: la instalación, ampliación y mejoramiento del saneamiento básico rural en 26 caseríos del noroeste de la ciudad de Olmos, con un monto de inversión de nueve millones 727 mil soles, la que estaba paralizada desde el 2015 y el mejoramiento de las condiciones para el comercio del centro de abasto, valuada en cinco millones 626 mil 626 soles, que se encuentra en ejecución, por citar algunos ejemplos.
También, la instalación, ampliación y mejoramiento del saneamiento básico rural (agua potable y letrinas) en 23 caseríos del norte de la ciudad, valorizada en 15 millones 944 mil 78 soles. Los trabajos paralizaron en diciembre de 2015. La instalación, ampliación y mejoramiento del sistema básico rural (letrinas y agua potable) en 15 caseríos de Olmos, con la inversión de siete millones 195 mil 926 soles. Al momento de la diligencia, los trabajos estaban parados.
En esta lista se consideró la instalación, ampliación y mejoramiento de agua potable y letrinas en 30 caseríos del noroeste de Olmos, lo que significó una inversión de 19 millones 552 mil soles, también paralizada desde el 2015, al igual que la instalación, ampliación y mejoramiento del saneamiento básico rural en 33 caseríos por 13 millones 927 mil 367 soles.
A ello se sumó la ejecución de la obra de agua potable y alcantarillado en la localidad de Olmos, con un presupuesto de 47 millones 894 mil soles, iniciados en el 2013.
Todas las obras de agua y alcantarillado se contrataron en la gestión de Willy Serrato Puse. La del mercado de abastos en el período de Juan Mío, entre el 2007 y el 2010.
+ NOTICIAS:
Willy Serrato ha participado en 13 contiendas electorales, transitando por nueve agrupaciones, entre locales, regionales y nacionales. De la última en la que operó, el partido Podemos Perú, fue el ‘gran articulador’ en las elecciones del 2018.
Llueve sobre mojado. Al incipiente gasto de los dineros asignados a la Municipalidad Provincial de Chiclayo para la ejecución de proyectos de inversión, que permitan mejorar la infraestructura básica de la ciudad, lo que al parecer deviene de la ineficiente gestión del alcalde Marcos Gasco Arrobas, se suma otro serio problema: los procedimientos de selección que se convocan son declarados “desiertos”, en algunos casos debido a la excesiva formalidad en la que incurren los comités al momento de la evaluación de las ofertas presentadas por los postores, y en otros casos, por el desinterés que muestran las empresas constructoras para postular.
Ambas situaciones impiden que el comité de selección encargado de concluir los actos procedimentales previos no logre adjudicar las buena pro.
Además, se tiene como factor adicional los expedientes técnicos mal elaborados, los cuales en muchos casos contienen errores técnicos insubsanables y costos por partidas totalmente desfasados, que al final no resultan atractivos para los contratistas, quienes por estas razones deciden no participar de los procesos.
Este es el caso del segundo proceso convocado para la renovación de colectores en el casco central de Chiclayo, originando la postergación de los trabajos pese al fin que se persigue, el cual resulta de suma importancia para la salubridad de la ciudadanía.
Primer proceso declarado desierto
Con fecha 13 de agosto del año en curso, la comuna de Chiclayo convocó al Proceso Especial de Contratación N° 17-2021, con el objeto de contratar a la empresa que realice los trabajos materia de la convocatoria: “Rehabilitación de los colectores de la calle Luis González C 2, (entre las calles Tacna y Francisco Cabrera), Av. Francisco Bolognesi C 10 (entre la Av. Sáenz Peña y Francisco Sarmiento (entre Garcilaso de la Vega y Mariscal Nieto). Calle Elías Aguirre C 1 y C2, con un presupuesto que supera el millón 500 mil soles.
En dicho proceso registraron su participación 24 empresas del rubro de la construcción especializada, de las cuales solo cuatro presentaron sus ofertas como postoras en el plazo establecido, las mismas que luego de la evaluación realizada no fueron admitidas por el comité de selección, lo que derivó para que el proceso fuera declarado “desierto” y, por ende trunco, para la iniciación de los trabajos programados.
El segundo proceso
Luego de que el proceso primigenio fuera declarado en su calidad de desierto, el ayuntamiento de Chiclayo procedió a convocar un segundo proceso con la misma nomenclatura y el mismo objeto, para lo cual publicó en el portal del Sistema Electrónico de Las Contrataciones – SEACE, una segunda convocatoria realizada el 18 de octubre del presente año, programando la adjudicación de la buena pro para el 29 de octubre, procedimiento que no ha sido posible llevar a cabo, por cuanto – como en el caso anterior -, a pesar de haber registrado su participación ocho empresas, ninguna de ellas tuvo el interés de presentar sus ofertas en el plazo programado.
Esto ha traído como consecuencia que el proceso, por segunda vez, nuevamente haya sido declarado “desierto”, razón por la cual el proyecto de inversión de extrema necesidad para la colectividad chiclayana no será ejecutado en el mediano plazo y por ende, su ejecución, será sometida a una nueva postergación sin un plazo previsto para ser iniciado, pese a la importancia y la mediatez que exige la rehabilitación del sistema de alcantarillado.
La inolvidable historia
Durante la gestión del exburgomaestre Roberto Torres Gonzales se logró contratar la ejecución del proyecto de la rehabilitación del sistema de saneamiento del casco central de Chiclayo, valorizada en más de 28 millones de soles, cuyos trabajos fueron cuestionados técnica y formalmente, lo que derivó en que quedaran inconclusos en algunos tramos de su ejecución. Empero, pese a que el proyecto avanzó en menos del 34 % de obras físicas, el presupuesto se agotó.
Los entes de control advirtieron ciertas deficiencias constructivas y presupuestales, las cuales han servido para que los entes competentes hayan considerado responsabilizar tanto al ex burgomaestre como a algunos funcionarios involucrados.
Dos veces gobernador regional de Lambayeque y excongresista, Humberto Acuña Peralta sabe sobre los azares de la vida política. Ha sido sentenciado a tres años de pena privativa de la libertad suspendida por el delito de cohecho activo genérico por el pago de sobornos al expolicía anticorrupción Joel Ugaz Cubas. Sin embargo, él está convencido de que la justicia se ha equivocado en su caso, pues se habría basado solo en declaraciones de testigos que lo sindican como partícipe de un delito, mas no en un hecho fáctico.
“La justicia se equivoca, por supuesto que sí, mi caso es un ejemplo de muchos. Lo que pesa hoy en el país es el tema mediático y coyuntural, que nos ha llevado a espacios en los que los jueces no juzgan como se debe, sino que lo hacen guiados por lo que dicen los medios de comunicación, que muchas veces escriben lo que quieren. Hay mucha gente que es detenida y luego absuelta, gente presa, autoridades con las cuales abusan, como en mi caso”, asevera.
Acuña Peralta resalta que él no está condenado por malversar fondos del gobierno regional, alterar precios de una obra o direccionar licitaciones. Se defiende afirmando que es por los dichos de dos personas que lo mencionan como culpable de entregar sobornos, hecho que el rechaza categóricamente.
“En redes sociales dicen cosas como que la chacra de Humberto Acuña es de todo lo que se ha robado del gobierno regional, yo me río porque sé que no es cierto, pero quiero que la población sepa que a mí nadie me ha dado un sol en mis ocho años. Se habla de ‘Charly’, de ‘Sipán’, de los codinomes de Olmos, pero a mí no me encontrarán allí, porque jamás traicionaré a mi pueblo ni verán que estoy metido en esas cosas”, asevera.
Destaca que no extraña nada de la política, pues ingresar allí implica “perder la libertad”, sobre todo cuando se deben tomar decisiones que implican la ejecución de inversiones. Sin embargo, afirma que si se trata de servir a Lambayeque volvería a postular una vez más. Apunta que la política es “ingrata”, pero “si uno no la asume, otros ocuparán ese cargo para sacar provecho de la población”.
“Hoy la política ya no es una satisfacción, pero es la única herramienta para trabajar por el desarrollo del pueblo. Si quieres a tu pueblo, tienes que correr ese riesgo, si no lo haces tú, otro ocupará tu lugar. Falta más gente como mi hermano César, que no busca un cargo político por dinero, sino por servicio (…) A mis hermanos les he dicho que estén tranquilos porque yo no estoy metido en actos de corrupción. SI hubiera recibido un sol de Odebrecht, ya hubiera salido a la luz, pero no es así. Esa es mi mayor satisfacción, tener la conciencia tranquila”, sostiene.
Legado
Humberto Acuña refiere que durante su gestión como gobernador regional dejó más de 300 obras, la mayoría de las cuales se hicieron en la zona rural altoandina, siendo la infraestructura educativa su principal preocupación. Subraya que solo en Olmos construyó 28 colegios.
“Mi principal preocupación fue la infraestructura educativa, mayormente para el sector inicial, porque es el más abandonado que tiene el país. Los centros iniciales operan en casas de adobe de cuatro por seis metros y nada más. Nosotros hemos dejado infraestructura, centros con un aula zoom, un aula de clases, patio, ambiente para juegos deportivos, cocina, comedor, refrigerador, todo. Incluso en las zonas alejadas hicimos casas totalmente implementadas para que las maestras vivan allá y no pongan como pretexto que no tienen dónde quedarse” anota.
Indica que durante su gestión como gobernador ningún distrito se quedó sin obras, pues todos fueron beneficiados, independientemente del partido político al que perteneciese su alcalde. En su opinión, los gobernadores cometen un craso error cuando no trabajan de forma articulada con las autoridades distritales y provinciales, pues las obras no les pertenecen a ellos, sino a la población.
“Otra mala práctica de las autoridades es no continuar con las obras que dejan sus antecesores. Los alcaldes y gobernadores que entran paralizan todas las obras de quienes salen y al final solo perjudican a la población. Cuando ingresé al gobierno regional ejecuté todas las obras dejadas por la gestión anterior, esa fue mi prioridad y por eso en el 2011 alcancé una ejecución del 98 %, en virtud de lo cual me dieron un premio de cuatro millones de soles, pues fuimos la cuarta región con mayor ejecución del país”, recuerda.
Obras
Indica que durante sus dos períodos como gobernador regional manejó un total de dos mil 400 millones de soles, todos los cuales asegura que fueron bien empleados. Indica que su administración no dejó ninguna obra paralizada, pese a que muchas veces rescindió el contrato a las empresas encargadas de ejecutar proyectos.
“Los gobernadores tienen una mala concepción de los arbitrajes. Cuando un gobernador rescinde el contrato de un proyecto tiene tres alternativas para resolverlo: administración directa, darle al segundo postor o pedir autorización al Consejo Regional para hacer una selección directa. Los arbitrajes van por otro carril, pero muchas autoridades tienen miedo y paralizan las obras. Nosotros nunca lo hicimos”, asevera.
Para él, la obra más importante que dejó en sus ocho años como gobernador fue la construcción de los centros educativos iniciales. No obstante, apunta que la población más lo recuerda por la ejecución de la Prolongación Bolognesi, el Paseo Yortuque o el Proyecto Olmos. Este último ha generado más de 20 mil puestos de trabajo y tiene una inversión de dos mil 300 millones de dólares.
Señala que Lambayeque tiene dos temas pendientes. Uno de ellos es la modernización del Aeropuerto Capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzáles y otro es la construcción del Terminal Portuario, sobre el cual afirma que la gestión de Anselmo Lozano Centurión cometió un error al desactivar al Autoridad Portuaria Regional, situación que no ha remediado el actual gobernador Luis Díaz Bravo.
Congresista
“Cuando fui presidente de la Comisión de Presupuesto logré que la ministra de Economía, María Antonieta Alva, junto a la ministra de Transportes saquen una resolución de promoción de la inversión, con eso le dieron viabilidad a este proyecto para que Proinversión haga su labor. Pero hoy vemos que nadie le hace seguimiento a este tema. Cuando era gobernador la sociedad civil hablaba, criticaba, pero hoy nadie se moviliza, cuando justo lo que necesitamos es presión política para decirle al presidente que apueste por este proyecto”, asegura.
Resalta que cuando fue congresista también impulsó la ley que fortalece los ingresos y las inversiones de los gobiernos regionales, a través del Fondo de Compensación Regional – FONCOR. La autógrafa propone pasar del 1 % al 2 % de las operaciones afectadas al régimen del Impuesto General a las Ventas – IGV.
“Mucha gente me criticó, me dijo para qué les darás plata a los gobernadores si son corruptos. Yo les decía que los gobernadores no son los dueños de las regiones, no se quedarán toda la vida y que sí existen autoridades honestas, transparentes y con necesidad de recursos para el desarrollo de su jurisdicción”, comenta.
Resalta también como parte de su labor parlamentaria la ley que establecía mecanismos para el pago de la deuda social en los tres niveles de gobierno, según la cual propuso que haya una modificación presupuestal, a fin de que el 3 % del presupuesto del pliego regional, así como sus saldos, se destine al pago de la deuda. Según su proyección, en cuatro años se podría haber cumplido con cancelarle los adeudos a los maestros y servidores públicos, sin embargo, el expresidente Francisco Sagasti observó la ley.
Elecciones
Por otro lado, ve con preocupación que el actual Congreso haya suspendido las elecciones primarias en los partidos políticos, pues afirma que Alianza Para el Progreso - APP, agrupación de la cual es secretario nacional de Organización, cuenta con una participación de entre el 80 % y 95 % a nivel nacional.
Precisa que para esta elección se perfilan como precandidatos de APP Alexander Rodríguez Alvarado, actual alcalde de Lambayeque, al gobierno regional; Antonio Eneque a la Municipalidad Provincial de Lambayeque; Antonio Uriarte Gonzales a la Municipalidad Provincial de Chiclayo, entre otros.
La Contraloría General de la República, a través de su titular, Nelson Shack Yalta, informó que a nivel nacional existen dos mil 445 obras paralizadas. Ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, el funcionario remarcó que la mayoría de los proyectos se encuentran bajo la modalidad de contrata. Solo hay 66 obras en plena ejecución.
Del total de obras reportadas por la Contraloría, 72 se ubican en Lambayeque, correspondientes estas a la municipalidades de Chiclayo, Olmos, Pimentel, Ferreñafe, Cañaris, Incahuasi, Mochumí, José Leonardo Ortiz, San José y Salas, Mórrope, La Victoria, Chóchope, Monsefú, Túcume, Motupe, Puerto Eten, Mesones Muro, Pucalá, Ciudad Eten, Santa Rosa, Pítipo, EPSEL, el Gobierno Regional, el Programa Sub Sectorial de Irrigación, el Programa Nacional de Saneamiento Urbano, la Unidad Ejecutora Naymlap, Electronorte, la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - UNPRG, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción, el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - Agro Rural y la Sociedad de Beneficencia de Chiclayo.
Nelson Shack advirtió que si no se corrige este problema podría aumentar el número de obras paralizadas a fines del próximo año, teniendo en cuenta que se realizarán las elecciones regionales y municipales, lo cual significará un posterior cambio en las prioridades de gasto de las nuevas autoridades.
Administración directa
La Municipalidad Distrital de Cañaris tiene paralizada la obra “Creación del servicio de Transitabilidad Caserío Congona - Caserío Sinchiwal”, por 772 mil 643.49 soles, así como la “Renovación de ambiente de usos múltiples; las localidades de Huayabamba, Quirichima y Totoras - Pampa Verde”, valorizada en 170 mil 778.53 soles.
También por administración directa se encuentra el “Mejoramiento, ampliación de los servicios de agua potable y saneamiento en las localidades de Huaca Colorada, Becerra - Aguilares, Caigua y Parranal”, a cargo de la Municipalidad Distrital de Chóchope, con un presupuesto de 346 mil 929.43 soles; el mejoramiento de la infraestructura vial y peatonal de la zona este del distrito de Eten y el mejoramiento de la infraestructura vial de la calle Bolognesi cuadra 9, responsabilidad de la comuna de Ciudad Eten, con cinco millones 351 mil 81.75 y 166 mil 459.47 soles de presupuesto, respectivamente.
El municipio de José Leonardo Ortiz tiene paralizado el “Mejoramiento de complejo deportivo en el pueblo joven María Parado de Bellido”, por 140 mil 4.58 soles, igual que la “Creación de veredas en las calles del pueblo joven Villa Hermosa, segunda etapa”, valorizada en 381 mil 109.41 soles.
Mochumí tiene una obra paralizada a cargo de su municipio. Se trata del mejoramiento de alcantarillas en los caseríos La Capilla, San Roque, La Calzada, El Salitral, El Cerezo, Collique y Huaca Reloj, por 203 mil 386.36 soles; en tanto en Monsefú está paralizada la creación del pozo tubular, caseta, tanque elevado y conexiones domiciliarias en el caserío Monte Verde, por 82 mil 226 soles, mientras que en Motupe no hay avances en el mejoramiento de la transitabilidad en los caminos vecinales tramos Briceño Bajo hasta centro poblado Anchovira, centro poblado Mondragón hasta caserío El Sarco, Panamericana Norte hasta cementerio Anchovira, canal Taytagoyo hasta caserío Humedales Margen Izquierda. La obra está presupuestada en 306 mil 433.71 soles.
En Olmos hay dos obras paralizadas responsabilidad del municipio distrital: el mejoramiento del servicio de transitabilidad desde el pueblo joven Santa Isabel, sector El Siglo y sector El Cardo (cuatro millones 251 mil 84.98 soles), y la creación del servicio de agua potable y saneamiento en el caserío Laguna Los Benites (482 mil 358.54 soles).
En Pimentel hay tres obras en la misma situación: el mejoramiento y renovación del servicio de agua y alcantarillado y conexiones domiciliarias de las calles El Sol, Austral y El Dólar, en la Urbanización La Plata (542 mil 961.58 soles), la instalación de red de alcantarillado y conexiones domiciliarias en el asentamiento humano Sagrado Corazón de Jesús y la ampliación Molina Alta (14 mil 15.58 soles), y mejoramiento de la transitabilidad peatonal en las calles: Prolongación Alfonso Ugarte, Bayóvar, Tupac Amaru, Primero de Mayo, Diego Ferré y Los Parques, del sector Victoria Viuda de Dall’orso (128 mil 397.76 soles).
La comuna de Pítipo tiene paralizado el mejoramiento del servicio de atención en el palacio municipal (185 mil 850 soles), la de Pucalá la creación de la losa deportiva con graderías en el centro poblado Santa Rosa (103 mil 228.65 soles), la de Pueblo Nuevo la construcción de la pavimentos en el pueblo joven Señor de los Milagros (119 mil 781.63 soles) y e municipio de Salas el mejoramiento y ampliación del servicio de energía eléctrica mediante el sistema convencional a través de redes de baja tensión y conexiones domiciliarias para la zona oeste, por 449 mil 28.34 soles.
En San José está paralizada la creación del paseo peatonal en el pasaje Atahualpa (81 mil 637.39 soles), en Túcume la instalación del sistema de agua potable del anexo Trapiche (336 mil 167.85 soles) y el mejoramiento de los servicios del camal municipal (801 mil 839.16 soles) y en Puerto Eten el mejoramiento de veredas en la avenida José Antonio García y García, por 58 mil 882.70 soles.
Municipios provinciales
Los municipios provinciales también han incurrido en la paralización de obras por administración directa. Este es el caso de la comuna de Chiclayo, con la reparación de pavimentos en las calles Vicente de la Vega, San José, Tacna, La Florida, Junín, Juan Cuglievan, Mariátegui, Las Américas, Mantaro, Elías Aguirre y Juan Faning, por 781 mil 619.89 soles, y con la reparación de veredas en las calles Alfonso Ugarte, Juan Cuglievan, Alfredo Lapoint, 7 de Enero, Colón, Leoncio Prado y Lora y Cordero, por 553 mil 862.85 soles.
El municipio provincial de Ferreñafe tiene tres obras paralizadas: la instalación del servicio de protección contra inundaciones en la zona nor oeste (cuatro millones 103 mil 650.39), la creación del parque en el centro poblado Huayrul, en Inachuasi, por 359 mil 103.22 soles, y el mejoramiento del tanque en el sector Flor de María y la unidad vecinal Manuel González Prada, por 54 mil 300.16 soles.
Otras entidades
La Sociedad de Beneficencia de Chiclayo tiene paralizada la conservación, mantenimiento y apertura del Teatro Dos de Mayo, por 39 mil 230.27 soles; la Unidad Ejecutora Naymlap del Ministerio de Cultura el componente de investigación arqueológica, conservación y restauración, difusión, sensibilización y fortalecimiento cultural de Huaca Los Gavilanes, Huaca Las Abejas y Huaca Facho, en el distrito de Túcume, por un millón de soles, en tanto el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – Agro Rural, tiene inconcluso el mejoramiento del servicio de agua para riego del canal Huaca Blanca del sub sector de riego de Chongoyape, por cinco millones 30 mil 567.19 soles.
Asimismo, el Gobierno Regional de Lambayeque tiene paralizada la obra de mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de las calles comprendidas dentro del perímetro de la avenida Los Andes, la avenida Pachacútec, la avenida Gran Chimú y la avenida Víctor Raúl Haya de la Torres, en La Victoria, por tres millones 452 mil 849.48 soles.
Una de las principales debilidades en la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones es la gran carga de expedientes. El titular del sector, Delver González Tapia, señala que cuando asumió la cartera, el 12 de septiembre pasado, encontró un “cuello de botella” en la Dirección de Circulación Terrestre, lo que ocasionaba que -aún después de aprobados todos los exámenes- las licencias de conducir sean entregadas en un mes a los conductores. Hoy, ese plazo se ha reducido a máximo 48 horas.
“Encontré un cuello de botella debido a que solamente funcionaban cuatro ventanillas como Mesa de Partes. Tenemos más de mil expedientes en trámite, por eso dispusimos la contratación de más personal para avanzar con el trámite, pues encontramos que el usuario iniciaba el procedimiento para obtener su licencia de conducir y la programación del examen de reglas era en un mes o dos meses, luego el de manejo tardaba dos meses más y hasta eso su certificado médico, que tiene vigencia de seis meses, vencía”, comenta.
Señala que con las medidas adoptadas en su gestión se han reducido los plazos y próximamente con la aprobación del Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA, de la Gerencia de Transportes y Comunicaciones, se firmará un convenio con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – RENIEC, a fin de emitir licencias de conducir electrónicas, de modo que se reduzca aún más el tiempo y el usuario consiga su licencia en un plazo máximo de 24 horas, tras aprobar todos sus exámenes.
Precisa que con la digitalización del procedimiento también se evitará la presencia de los llamados “tramitadores”, quienes cobran a los usuarios por agilizar sus trámites. A la fecha, la Gerencia de Transportes expide aproximadamente 150 licencias de conducir al día, aunque diariamente en el área de Manejo hay entre 90 y 120 usuarios, mientras que en la de Reglas de 100 a 150.
“Anteriormente para reglas había 12 computadoras, nosotros hemos implementado el doble. Antes, las licencias se entregaban en un mes o 15 días después de que el usuario aprobaba todos sus exámenes. Ahora las estamos entregando al día siguiente, como máximo en 48 horas, si es que ocurre un problema en alguna de las computadoras”, asevera.
Operativos
Asimismo, refiere que hace dos semanas sostuvo una reunión con el congresista Alejandro Aguinaga Recuenco, presidente de la Comisión de Fiscalización, con quien se acordó implementar una mesa de trabajo con los representantes de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – SUTRAN, la Gerencia Regional de Salud – GERESA, y la Defensoría del Pueblo, a fin de coordinar operativos en los más de 40 centros médicos autorizados para otorgar el certificado de salud a quienes tramitan la licencia de conducir.
“Hemos acordado que la próxima semana fijaremos la fecha para hacer estos operativos, pues hemos visto que algunos centros médicos no están en buenas condiciones e incluso operan en cocheras, donde hacen las divisiones para atender a los usuarios. Además, queremos erradicar a los tramitadores que están a la orden del día buscando incautos para agilizarles trámites, lo cual no se ajusta al ordenamiento jurídico legal”, anota.
Falta de expedientes
González Tapia refiere que este año no se ha realizado ningún trabajo en cuanto a mantenimiento de carreteras, ya que la Dirección de Caminos ha estado prácticamente desactivada, ergo, no se ha encontrado ningún expediente activo en el banco de proyectos.
En virtud de ello, su cartera ha dispuesto la elaboración de expedientes para la reparación de las vías Punto Cuatro-Ferreñafe-Mesones Muro, Ferreñafe-Chiclayo, San José-Pimentel, San José- Lambayeque, Incahuasi-Cañaris-Mayascón, Reque-Lagunas, entre otras.
“El presupuesto se asigna de acuerdo a los expedientes que se tienen. No solo asigna recursos el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, también lo hace Provías Nacional. Normalmente se ha llegado a manejar un presupuesto de entre 10 millones y 13 millones de soles para el mantenimiento rutinario de carreteras”, sostiene.
Apunta que su gestión tampoco ha encontrado expedientes en cuanto a mantenimiento de puentes, en virtud de lo cual ha dispuesto la ejecución de 13 de estos, para lo cual se ha contratado a profesionales pertinentes, quienes deberán culminar su elaboración alrededor de la quincena de noviembre. Así, el próximo año se destinarán partidas presupuestales para el mantenimiento rutinario y periódico no solo de los puentes, sino también de las carreteras departamentales.
Añade que está articulando con los alcaldes distritales y provinciales, así como con el Gobierno Regional de Lambayeque y Defensa Civil para el mantenimiento y limpieza de vías, ante la proximidad del período de lluvias.
Adquisiciones
En tanto, menciona que la Dirección de Transportes ha dispuesto la compra de dos vehículos para el examen de manejo, de modo tal que se ahorre el dinero que actualmente se gasta en el alquiler de unidades móviles (cinco mil soles por mes). En total, el monto destinado para la compra de los dos carros es de 95 mil soles.
Asimismo, afirma que se ha dispuesto la compra de cámaras de seguridad, pues la entidad solo cuenta con seis (tres para Reglas y tres para Manejo), las mismas que no pueden conectarse a la SUTRAN, debido a lo obsoletas que son.
Diagnóstico
Delver González manifiesta que al 12 de septiembre el avance de ejecución presupuestaria en la Gerencia de Transportes y Comunicaciones era del 35 %, cifra que prácticamente se ha duplicado, pues al cierre de esta edición registraba el 69.1 %. Para fin de año, el gerente asegura que se alcanzará el 98 %.
“Hemos dispuesto la elaboración de un expediente técnico para la construcción de una nueva sede de la Gerencia de Transportes y Comunicaciones, porque en la actual hay unos módulos en pésimas condiciones. Creo que el próximo año conseguiremos el presupuesto para ejecutar esta muy anhelada obra”, sostiene.
Informa que la entidad cuenta con 98 trabajadores nombrados, de los cuales solo 45 realizan trabajo presencial, mientras que los 53 restantes laboran de forma remota, debido a cuestiones etarias y de comorbilidad. Apunta que esta situación es una de las causas de la acumulación de expedientes.
“Asumimos con mucha humildad y responsabilidad el encargo de dirigir la Gerencia de Transportes y Comunicaciones. Hemos encontrado una gestión paralizada por la pandemia, pero estamos articulando un trabajo en equipo con las distintas áreas y direcciones para mejorar el sistema, tanto administrativo como económico, debido a que hemos planteado proyectos a corto, mediano y largo plazo”, asevera.
+ NOTICIAS:
Elías Tapia Julca postula al decanato del Colegio de Ingenieros del Perú – CIP, con una intención: quiere hacer de la orden profesional el ente técnico que brinde soluciones reales al Ejecutivo en torno a la ejecución de los grandes proyectos del país. Encabeza a la lista número 4 denominada ‘Un ingeniero, un gestor’, que este 21 de noviembre competirá en la lid electoral. Una de sus principales ofertas es alcanzar al Legislativo un proyecto de ley que pretende hacer más amigable la Ley de Contrataciones del Estado.
“Cuando empezó la pandemia teníamos 30 hospitales por terminar, casi listos. De acuerdo a los programas, estos hospitales debieron terminar un año antes, pero el retraso se produce por esta situación de conflicto que da nuestra Ley de Contrataciones del Estado, la cual propicia la pelea entre los constructores y entidades contratantes”, afirma.
Explica que, para ganar la buena pro, las empresas deben ofertar un 10 % menos de lo que realmente cuesta la obra, lo cual se suma a que la norma actual establece penalidades de hasta el 20 % para las contratistas, con lo cual están prácticamente obligadas a ejecutar una obra con un 30 % menos del valor real, lo que hace que pidan ampliaciones y prestaciones adicionales. En caso estas no sean concedidas, se van a arbitraje, situación que tiene como consecuencia que a la fecha haya más de dos mil obras paralizadas a nivel nacional, según reporte de la Contraloría.
“Si ganamos el decanato vamos a plantear leyes que no solo penalicen, sino premien. No es posible que, si el expediente técnico dice que la utilidad es del 5 %, penalicemos con el 20 %, no tiene ningún sentido. La penalidad debe limitarse también al 5 %. Y así como hay penalidades, debemos bonificar, pero no con dinero, porque el Perú no está para regalar dinero, pero sí incentivar al contratista. Por ejemplo, si demuestra tener obras terminadas antes de tiempo, debería tener prioridad para la buena pro”, sostiene.
“La Ley de Contrataciones del Estado es muy caduca, conflictiva. No es posible que, teniendo tantas necesidades, y teniendo dinero el Estado, tengamos casi tres mil obras paralizadas. En este momento se han resuelto varios contratos de hospitales: el de Camaná, de Chala (Arequipa), Machu Picchu (Cusco), Tacna, Pucallpa, etcétera. Falta gestionar, habilidades blandas. ¿Para qué llegar a la resolución de un contrato cuando se puede conciliar y buscar de manera armoniosa las mejores soluciones?”, añade.
Apunta que se debería retornar al Reglamento Único de Licitaciones y Contratos de Obras Públicas, marco bajo el cual se hicieron grandes obras como el Proyecto Especial Chira (Piura), la primera etapa de Majes Siguas (Arequipa), Charcani V (Arequipa), así como la primera etapa de Olmos y Gallito Ciego.
“Lamentablemente quienes hacen las leyes son los abogados, que no saben nada sobre obras, pero las regulan. Tampoco saben nada de equipamiento médico y regulan su compra. Las obras antes mencionadas se hicieron sin ningún problema porque en ese momento la Ley de Contrataciones era hecha por ingenieros, teníamos el Reglamento Único de Licitaciones y Contratos de Obras Públicas, hecho por ingenieros, que conocen todos los conflictos que hay en las obras y las mejores soluciones”, asevera.
Obras de gobierno a gobierno
Asimismo, Tapia Julca considera que los contratos de gobierno a gobierno generan un perjuicio económico para el país, ya que el gobierno extranjero no aporta recursos, sino que todo se hace con los fondos del Estado. Lo más grave -afirma- es que se tiene que pagar un porcentaje de la inversión al gobierno con el cual se firma el contrato.
“Por la reconstrucción del norte, por el Fenómeno El Niño Costero, estamos pagándole el 10 % al gobierno de Reino Unido, para la carretera central estamos pagando al gobierno de Francia el 8 %, para el aeropuerto de Chinchero pagamos al gobierno de Corea el 6 %. Nos damos el lujo de pagar a gobiernos extranjeros cuando la solución es modernizar nuestra Ley de Contrataciones del Estado”, enfatiza.
Además, señala que esta modalidad de contrato también atenta contra la ingeniería nacional, pues el gobierno extranjero no contrata a empresas peruanas, sino que trae a sus propias contratistas para gerenciar los proyectos y luego subcontrata a precios “irrisorios” a los ingenieros locales.
“Nuestra lista ya tiene un proyecto de ley culminado. Vamos a acercarnos al Legislativo y al Ejecutivo para decirles esta es una ley especializada, con esta ley vas a poder hacer obras y aparte con estas nuevas modificaciones vas a tomar decisiones respecto a qué hacer con las obras paralizadas. Por ejemplo, la carretera Tacna-La Paz se quedó en un 95 %, pues cuando ocurrió el tema de Lava Jato se resolvió el contrato a Odebrecht, la obra se abandonó y resulta que ahora para terminarla el Estado debe invertir un 20 %, cuando falta solo 5 %”, comenta.
Propone a los alcaldes y gobernadores que no tengan miedo de hacer una invitación directa para continuar con las obras que han quedado paralizadas por los contratos resueltos. Señala que este proceso debe hacerse con participación de la Contraloría para seleccionar a las mejores empresas nacionales. “Es cuestión de decisión, de no tener miedo”, afirma.
Minería
En cuanto a la minería, refiere que no es posible que proyectos como Conga sigan paralizados, sobre todo cuando existe tanta necesidad como en Cajamarca. Igual opinión tiene respecto a Tía María, cuya realización generaría que el distrito de Cocachacra reciba 10 millones de dólares por año durante los 20 años de explotación.
“Cocachacra es un pueblo chico, de tres mil 500 habitantes, que recibiendo 10 millones de dólares habrá asegurado en cinco años la vida de su gente y de todas sus generaciones. La provincia de Islay recibiría 20 millones de dólares por año, Arequipa 30 millones, pero el proyecto no se ejecuta porque le han hecho creer a la gente que se tomará el agua del río Tambo, lo cual es mentira. Los agricultores protestan, pero deben explicarles que no se tocará ni una gota del río. El agua para la operación minera llegará desde el Océano Pacífico. Se hará una planta de desalinización en Mollendo y se llevará con una línea de impulsión sin que pase por la ciudad”, explica.
Postulación
Por otro lado, señala que el 21 de noviembre deberán acudir alrededor de 180 mil ingenieros a votar a nivel nacional, aunque considera que se debió dar carta abierta para que los 250 mil colegiados sufraguen y no solo los que están habilitados, ya que en tiempos de pandemia no se puede exigir el pago estricto de las cuotas.
“Desde hace tres años he recorrido todo el país dando conferencias, conversando de los problemas del país con todos los ingenieros. Ya es hora que seamos nosotros los que opinemos en los temas técnicos en lugar de los políticos. Tenemos que dar la luz verde al final, pues somos los que más sabemos. Lamentablemente, nuestras autoridades han estado calladas y el Ejecutivo ha hecho lo que ha podido”, manifiesta.
Refiere que uno de sus planteamientos es crear un seguro de defensa legal para los ingenieros, pues hoy se ha criminalizado su labor y quedan desamparados cuando son denunciados.
“Lamentablemente, a raíz de Lava Jato se ha criminalizado la ingeniería, pero quienes han cometido los actos de corrupción son los presidentes, los ministros, gobernadores, mas no los ingenieros. Ahora es muy fácil acusar injustamente a un ingeniero y no tienen cómo defenderse porque, aún trabajando para el Estado, quedan a su suerte. Esto causa temor en los funcionarios, quienes tienen miedo de firmar resoluciones. En cambio, si cuentan con el seguro legal que les pretendemos dar, las cosas marcharán mejor”, sostiene.
