Hasta julio de este año, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR, reportó un total de 245 alertas de incendios forestales a nivel nacional, siendo Cusco (48), Puno (27) y Junín (25) los departamentos con mayor incidencia. En ese contexto, el ecologista Miguel López Aybar ha inventado un mecanismo para reducir estos siniestros, al cual ha denominado ‘Grifos de auxilio forestal’.
López Aybar explica que los incendios forestales se producen debido a múltiples causas. Una de estas es la errónea creencia de algunos agricultores, quienes consideran que quemando la superficie donde siembran están abonando la tierra.
“Los incendios también se producen por el cambio climático, ya que al secarse las superficies de los bosques, estas se convierten en zonas volátiles ante cualquier tipo de situación inflamable. Debido a ese calor se producen incendios, aunque también se originan por la intervención de la mano del hombre, ya sea por un fósforo, o algo que pueda encender ese fuego”, anota.
Grifos de auxilio forestal
El ecologista explica que su idea toma las experiencias de las personas de las zonas rurales quienes se agencian de los pozos de agua para mitigar los incendios. Sobre la base de esto, propone que estos pozos se conviertan en grifos, que se activen mediante bombas sumergibles solares en zonas donde no existe energía eléctrica.
“En todo logar donde hay bosques hay ríos subterráneos, el tema es acudir a estos con la finalidad de agenciarse del agua. Para ello simplemente tenemos que impulsar esa agua hacia la superficie y soltarla con esta bomba sumergible solar de la que hablo. No solo se apagarán incendios, sino que se humedecerán las zonas que están sumamente secas y son proclives a un incendio. Además, también hará a la agricultura más rentable”, anota.
Comenta que el costo para implementar cada grifo de auxilio forestal dependerá del caudal que tengan los ríos subterráneos, aunque calcula que en promedio costaría 120 mil soles, incluida la celda de protección para los paneles solares. A comparación de lo que se pierde con cada hectárea de bosque que se daña -asegura- esta inversión es realmente pequeña.
Señala que antes de patentar su iniciativa la socializó con especialistas en la materia, quienes la vieron como una idea interesante y factible. Así, el año pasado inscribió el proyecto de grifos de auxilio forestal en INDECOPI y pensaba construir a finales de este año el piloto del primer grifo. Sin embargo, el recrudecimiento de los incendios forestales lo ha motivado a divulgar su idea, a fin de que alguna autoridad pueda hacerla suya e implementarla.
“Cusco tiene más de dos mil hectáreas que se han incendiado, eso no lo podemos permitir. Esto ya no tiene que ver con un tema económico de quien genera la idea, sino con la humanidad. Estoy soltando mi idea para que sea mejorada por los alcaldes, gobernantes, gremios de agricultores o los bomberos, con la finalidad de combatir estos desastres”, afirma.
Experiencias
Recuerda que hace algunos años visitó el distrito de Supe (Barranca – Lima) y encontró un agricultor, quien le comentó que él sembraba en un terreno arenoso porque tenía unas mangueras que iban a un río subterráneo, lo que le permitía impulsar el agua por goteo. Similar matriz tiene su proyecto para mitigar incendios forestales.
Señala que su iniciativa se puede complementar con la cosecha del agua de lluvia, pues así se tendrán grandes reservorios, ubicados en un lugar de altura, lo que permitirá tener tanques que puedan vaciarse ante un incendio.
“La otra vez estuve por Abancay y fui testigo de un incendio forestal. Pensaba en mi proyecto, en cómo implementarlo. Le pregunté a la gente de la zona si por allí llovía bastante y me dijeron que sí. ¿Por qué no pensar entonces en tener un reservorio que capture el agua de lluvia? La idea puede mejorarse, claro, pero creo que cuando uno tiene amor al prójimo ve la forma de cómo solucionar los problemas. Todo es cuestión de creatividad para ayudar al ser humano a vivir en un mundo mejor”, sostiene.
Políticas medioambientales
Por otro lado, considera que al ser el Perú una gran reserva de parques nacionales que capturan el carbono que le hace daño el mundo, debería implementarse una política de compensación por servicios ambientales.
“El Perú debería recibir una compensación por servicios ambientales con la finalidad de promover proyectos que estén orientados a solucionar la problemática social de la gente que vive en la zona de influencia de lo bosques. De qué sirve proteger los bosques, si tenemos en nuestra amazonia a gente que no tiene recursos económicos para alimentarse o atender sus enfermedades. Muchas personas se han muerto por falta de oxígeno, cuando el mundo debería compensarnos por capturar el carbono que le hace daño a la atmósfera”, asegura.
Asimismo, espera que el ministro del Ambiente, Rubén Ramírez Mateo, trascienda, para lo cual señala que debe trabajar desde el enfoque de la educación, toda vez que la población aún no es consciente del daño que ocasionan ciertas actividades a la naturaleza.
“Un ejemplo de esto es la minería ilegal en Madre de Dios. Si nosotros no creamos una actividad que reemplace a la minería ilegal y les genere ingresos dignos a las personas, ellas seguirán en lo mismo y destruirán la naturaleza. No ha existido un reemplazo a esa actividad. Tenemos que ser coherentes respecto al manejo de las políticas ambientales. Si no tratamos esto con una mirada humanista, nada va a mejorar. Es esencialmente la educación lo que nos va a cambiar”, sostiene.
Viviendas agroforestales
López Aybar también es el gestor del proyecto de viviendas agroforestales, el cual busca paliar la problemática de la minería ilegal en Madre de Dios, donde 10 mil personas se dedican a este rubro. Producto de ello, hasta el 2014, un total de 30 mil hectáreas de bosque se habían convertido en desierto.
En este departamento, las dragas (equipos que extraen oro del fondo de los ríos) utilizan 24 litros de mercurio al mes, de los cuales el 40 % se arroja directamente a los ríos y el resto se evapora en el ambiente. Los recursos hidrobiológicos de los afluentes en esta zona tienen hasta 300 % de este mineral en su cuerpo.
Al respecto, López Aybar promueve las viviendas agroforestales y villas ecológicas y cooperativas como negocios comunitarios de reconversión minera. Este proyecto busca el desarrollo agroforestal, a través de actividades como la plantación de árboles frutales, la crianza de animales menores, el fomento de la piscigranja y la apicultura, la reforestación de las calles y avenidas, la implementación de zoocriaderos como atractivo turístico, la puesta en marcha de serpentarios y mariposarios, y la construcción de centros de esparcimiento.
“Este proyecto busca la solución a la pobreza, al desempleo, a la contaminación del medioambiente y a la necesidad de una vivienda digna para el sector rural. Son villas ecológicas agroforestales para que las personas trasciendan respecto al tema verde. Ellos serán un amortiguamiento ante el avasallamiento de la minería y la tala ilegal, de las invasiones”, manifiesta.
Asimismo, refiere que este proyecto también busca incrementar la cadena de valor del turismo, no solo en Madre de Dios, que es el piloto, sino en los diferentes departamentos donde se pueda replicar. Apunta que, al existir alojamiento, también se impulsa la oferta gastronómica y turística local, lo cual se complementa con el mejoramiento de las vías de transporte aéreo, marítimo y terrestre.
Al cierre de esta edición, se habían reportado cinco incendios forestales en Puno, que afectaron 251 hectáreas de pastos naturales. Los habitantes de las jurisdicciones trabajaban de la mano con los bomberos y personal municipal para apagar el fuego.
+NOTICIAS:
Entre julio y agosto de este año, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI Lambayeque, recibió un total de 179 solicitudes de registros de marcas colectivas, gracias al programa de capacitación y asesoría que brindó a las asociaciones de artesanos y productores en coordinación con el Programa de Compensaciones para la Competitividad – Agroideas, del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.
Al respecto, el coordinador del Centro de Desarrollo de Propiedad Intelectual de la Oficina Regional de INDECOPI, Arturo Li Marchena, indica que estos talleres gratuitos se realizaron en cuatro sesiones, vía la plataforma ‘Zoom’, en los que participaron asociaciones de productores, artesanos y cooperativas de Motupe, Tumán, Túcume, Salas, Pítipo, San José y Chiclayo.
Manifiesta que las solicitudes de registro corresponden a productos como chicha de jora, algodón nativo, café, miel de abeja, orégano, arroz, bisutería, prendas de vestir y artesanía en general.
“La finalidad de las capacitaciones es que las diferentes asociaciones accedan gratuitamente al registro de su marca colectiva. Fue un programa impulsado por la Dirección de Signos Distintivos, en el que brindamos asesoría técnica y especializada”, sostiene.
Li Marchena señala que solo en lo que va del año se han otorgado 178 registros de marcas colectivas, cifra superior a las 173 logradas del 2016 al 2020. Las 179 solicitudes recibidas entre julio y agosto de este año están en trámite.
Además, en los últimos cinco años se registraron dos mil 56 marcas, 305 derechos de autor y 15 patentes.
Requisitos
Explica que el primer paso para obtener el registro de una marca colectiva consiste en la presentación ante la mesa virtual de INDECOPI del formato de solicitud, firmado por el representante legal de la agrupación y dirigido a la Dirección de Signos Distintivos - Marcas no contenciosas
Posteriormente, se debe adjuntar la copia de los estatutos completos de la agrupación o la copia literal de la partida electrónica de quien solicite el registro, sea asociación, cooperativa, comunidad campesina o comunidad indígena; y adjuntar la lista completa de los integrantes (no es necesaria la firma), es decir, personas autorizadas para usar la marca.
Asimismo, se debe remitir el reglamento de uso de la marca colectiva, donde se indique la forma y las condiciones de cómo debe utilizarse la marca en los productos y servicios, así como los mecanismos de control y sanción en caso de incumplimiento.
Explica que este proceso dura un plazo de 45 días hábiles, contados desde el día que se presenta la solicitud de registro.
Ventajas
Li Marchena comenta que este año INDECOPI eliminó la tasa de registro de marcas colectivas, con lo cual los emprendedores se ahorran 534.99 soles por cada clase de producto y servicio.
Además, refiere que la marca colectiva les asegura a los compradores que el productor es formal, lo cual genera una mayor confianza.
Asimismo, señala que tener la marca colectiva registrada en INDECOPI les permitirá a los productores defenderla ante cualquier intento de falsificación, toda vez que la autoridad podrá sancionar a terceros que pretendan utilizarla sin autorización.
“Quienes alcanzan el registro de su marca obtienen una ventaja económica, pues este es un instrumento de desarrollo para que los productores se posicionen mejor en el mercado. Además, fomenta la asociatividad”, apunta.
+NOTICIAS:
Tal parece que en el Ministerio Público de Lambayeque, algunas denuncias interpuestas contra funcionaros públicos por presuntos delitos de corrupción estarían durmiendo el sueño de los justos. Este es el caso de la investigación iniciada por el despacho de la fiscal Karim Ninaquispe Gil, de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, sobre la ejecución de una obra de agua y saneamiento básico en el distrito de Lagunas, donde uno de los involucrados es el actual alcalde de Pomalca, Julio Lazo Pomares.
En el 2017, el entonces regidor de la Municipalidad Distrital de Lagunas, Carlos Vergara Campos, remitió el Oficio N°02-R-CVC-sub G. DPG-2017, poniendo a consideración de la Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque el Informe de Visita de Control N° 500-2017-CG/CORECH-VC, elaborado por la Contraloría General de la República, sede Lambayeque, en el que se advierten presuntas irregularidades en la Licitación Pública N°01-2017-MDLM, convocada por la comuna para la ejecución de la obra: “Reconstrucción y ampliación del sistema de agua y alcantarillado en la localidad de Mocupe”, valorizada en un millón 500 mil soles.
De acuerdo al informe pre citado, la Contraloría certificó situaciones adversas y serios riesgos identificados en el referido procedimiento de contratación, los que fueron recogidos y detallados en forma pormenorizada en la Disposición Fiscal N° 1, de fecha 18 de enero del 2018, emitida por la fiscal provincial de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque, Karim Ninaquispe Gil.
Con tal disposición, la representante del Ministerio Público decidió el inicio de las diligencias preliminares al respecto por el plazo de 120 contra los que resulten responsables, entre ellos el actual alcalde de la Municipalidad Distrital de Pomalca, Julio Lazo Pomares, que en ese entonces se desempeñaba como gerente municipal de la comuna de Lagunas, así como el jefe de Tesorería, Ronald Malca Becerra; el jefe de Abastecimiento, Julio Joel Chancafe Castro, y el hoy exalcalde Segundo Castillo Espinoza.
Sin embargo, pese a que los hechos presuntamente irregulares fueron conocidos por Ninaquispe Gil finales del 2017, llama la atención que el caso aperturado al respecto, signado con el N° 2406075500-2017-383-0, actualmente, de acuerdo a la información que este medio ha podido obtener vía la consulta virtual del caso realizada en el portal del Ministerio Público, muestre que el proceso indagatorio se encuentra “con investigación preliminar”.
Siendo así se evidencia una presunta inacción por parte de la fiscal Ninaquispe Gil, en cuanto el mismo no habría llegado a una conclusión al respecto de las indagaciones realizadas y el establecimiento de las responsabilidades que podrían haber recaído en los funcionarios involucrados, de ser el caso.
Otros casos
La referida magistrada ha sido cuestionada también por su aparente inacción respecto a dos denuncias presentadas por miembros de la sociedad civil, las cuales fueron interpuestas por presuntos actos de corrupción en los que habrían incurrido ciertos funcionarios de las comunas de Chiclayo y Chongoyape.
En el primer caso se denunció el direccionamiento de los procesos convocados para la prestación del servicio de recojo de los residuos sólidos en el distrito de Chiclayo, existiendo un informe concluyente de la Contraloría General de la República, a través del Órgano de Control Institucional – OCI, que señala la existencia de un perjuicio económico superior a los 200 mil soles en la gestión del actual alcalde Marcos Gasco Arrobas.
La segunda denuncia versa sobre la ejecución de una obra de pavimentación en el centro poblado Pampa Grande, en Chongoyape.
El proceder de la operadora del Ministerio Público ha motivado, además, a la presentación de quejas funcionales ante la Fiscalía de Control Interno, a fin que se determine si tiene o no responsabilidad en la presunta dilación de sus procedimientos de investigación.
Yolanda Gil Ludeña nació para ser jueza. Lo tuvo claro desde los primeros años de su vida. Recuerda que cuando era niña le gustaba ser árbitro entre las discusiones de sus compañeras. “Yo le preguntaba su versión a cada una y en base a eso dirimía. Eso está en mi sangre, en mis genes. Nací con la vocación de ser jueza”, revela.
Gil Ludeña, profesional con más de 40 años de trayectoria y que hoy está jubilada de la administración de la justicia, rememora que ingresó al Poder Judicial apenas al egresar de la universidad, en el año 1980. Por aquel entonces postuló a un concurso para la plaza de relatora, la misma que ganó y ejerció en un tribual correccional.
“Ingresé desde el primer escalón. En 1984 ejercí como juez de Paz Letrado de Chiclayo y desde entonces he sido jueza de todas las materias. He visto causas civiles cuatro años, de trabajo cinco años (…) pero lo que en realidad es mi especialidad, lo que me apasiona es el derecho penal”, refiere.
“A mí me ha gustado trabajar, me apasionaba lo que hacía, era mi vida, mi amor. Me cansaba, por supuesto, pero era un cansancio agradable, placentero. Siempre he dicho que para ser juez tiene que gustarte, tener vocación. A mí no me gustaba atrasarme, si no almorzaba o no dormía bien era porque pensaba en el trabajo que tenía. Ha sido así toda mi vida hasta que cumplí los 70 años y tuve que dejar el Poder Judicial”, añade.
Autonomía judicial
Yolanda Gil indica que a lo largo de su carrera como magistrada recibió presiones de todo tipo: políticas, jerárquicas (de la misma institución) y hasta familiares. Sin embargo, afirma que siempre resolvió los casos que llegaron a su despacho de acuerdo a la Constitución y la ley.
“La autonomía judicial depende de cada profesional que administra justicia. La misma ley orgánica te dice que eres independiente, no es como los militares que jerárquicamente reciben órdenes. Acá desde el primer escalón, que es un juzgado de Paz Letrado, tienes independencia total. Lo que tú resuelves, eso es. Ya luego podrá ser revisado por una instancia superior”, manifiesta.
Comenta que a lo largo de su carrera tuvo la responsabilidad de llevar casos emblemáticos, de mucha complejidad. “Recuerdo el caso de los sacerdotes casados, que habían formado su propia institución y fueron denunciados por la Iglesia Católica; el del Hospital Las Mercedes, donde un médico fue denunciado por poner unas válvulas que no eran las correctas a unos niños que sufrían de hidrocefalia; como civil vi el juicio que la Beneficencia le hizo al Colegio de Ingenieros; y ya como penalista tuve a casi todas las organizaciones criminales”, relata.
Indica que su ejercicio profesional lo empezó cuando estaba vigente el Código de Procedimientos Penales de 1940 y culminó sus labores ya con la aplicación del Nuevo Código Procesal Penal.
“Nunca me tembló la mano porque yo actuaba sobre la base de la ley. Mi conciencia era estudiar bien. Nunca le he temido a las autoridades, a los políticos, amigos y familiares. Mucho menos me ha movido la plata, porque mi filosofía de vida nunca ha sido tener grandes cantidades de dinero. A lo único que le he temido en la vida es a la ignorancia, por eso me desesperaba por seguirme formando. Tengo el grado de magíster y de doctora. Soy criminóloga y especialista en temas de familia. Me pude equivocar por ignorante, pero nunca por presiones de terceros. Eso jamás”, afirma.
Separación
No obstante, la carrera de Gil Ludeña también tuvo altibajos por cuestiones que escaparon de su responsabilidad. Uno de estos fue su separación del Poder Judicial el 28 de agosto de 1992, por orden del régimen del entonces presidente Alberto Fujimori.
“Para mí fue algo traumático. Yo trabajaba bien. No era la más sabia, pero tampoco una deshonesta. Recuerdo que cuando vino la comisión de Lima para evaluarnos a los jueces, el jefe de los evaluadores me dijo: ‘Aquí en Chiclayo la quieren mucho’, yo pregunté por qué doctor y me respondió que era porque no tenía ninguna denuncia. En mi ingenuidad pensé que de repente hasta me ascendían provisionalmente, pero más bien el 28 de agosto de ese año salió la resolución en la que me separaban del Poder Judicial”, evoca.
Señala que este hecho ocurrió en un momento de su vida en el que tenía a sus tres hijos en edad universitaria y su única fuente de ingresos era el Poder Judicial. Sin embargo, relata que pronto consiguió empleo como asesora de algunas importantes instituciones, incluida la Municipalidad de Lambayeque, para finalmente llegar a la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque – EPSEL, donde se desempeñó por cinco años como jefa del departamento de Atención al Cliente.
Al retorno de la democracia, en el 2001, se inició la reevaluación de todos los magistrados que fueron separados durante el fujimorato, aunque Gil Ludeña ya no quería volver al Poder Judicial, debido a lo decepcionada que se encontraba de su institución.
“Ya no quería volver, pero mis hijos me impulsaron a someterme a la evaluación. En EPSEL me propusieron incluso doblarme el sueldo para que me quede. De los que nos sacaron, fui la única jueza reincorporada por el Consejo Nacional de la Magistratura. Reingresé con la intención de renunciar, pero ya una vez dentro me volví a apasionar”, cuenta.
Sin embargo, asegura que los 10 años que estuvo fuera de la institución sí le perjudicaron en su carrera judicial, ya que la retrasó en cuanto a ascensos. “Alguna vez me dijeron: ‘Usted tiene tantos años de servicio y sigue siendo jueza de primera instancia’. Y yo contesté que sí, porque estuve injustamente separada por una década”, recuerda.
Suspensión
Catorce años después de su reincorporación al Poder Judicial, Gil Ludeña tuvo que afrontar un proceso disciplinario ante la Oficina de Control de la Magistratura – OCMA, la cual resolvió imponerle una suspensión preventiva de cualquier cargo en la institución.
Esto se debió a unas interceptaciones telefónicas que ordenó el Ministerio Público contra el exalcalde Roberto Torres y sus más cercanos colaboradores. En una de estas aparece como interlocutora la enfermera Aurelia Carmona Recuenco, quien se presenta como amiga de Gil Ludeña y se ofrecía como mediadora para lograr un fallo favorable al entonces burgomaestre.
Finalmente, el 8 de junio del 2016, mediante Resolución del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial N°1323-1-2015, se acordó por mayoría revocar la medida de suspensión contra Gil Ludeña, quien pasó ocho meses apartada de su institución.
“Me suspendieron porque sencillamente una persona había tomado mi nombre para engañar al entonces alcalde de Chiclayo y decirle que hablaría conmigo para que un caso saliera a su favor. Se valieron de eso, pero en realidad no había fundamentos, era solo un dicho. Había muchos intereses de gente que me quería afuera del Poder Judicial porque yo tenía los casos más emblemáticos, de las autoridades políticas más importantes. Había presiones, incluso desde Lima, que con el tiempo pude saber de quién venían”, afirma.
Administración de la justicia
Por otro lado, señala que un juez debe tener un accionar objetivo, justo y legal, ya que la impartición de justicia requiere de un alto grado de responsabilidad.
“Como anécdota, puedo contar que muchas veces el público y los mismos trabajadores se reían al terminar las audiencias de prisiones preventivas porque yo les explicaba a los imputados los motivos por los cuáles se iban a prisión y ellos me decían gracias doctora. Nadie decía nada, no hacían escándalo porque se les daba la justificación clara”, indica.
Apunta que su labor como jueza le ha dado grandes satisfacciones, siendo la principal el reconocimiento de quienes alguna vez pasaron por su despacho como justiciables. Indica que, aunque ya no ejerce como magistrada, todos los 4 de agosto recibe los saludos por el Día del Juez.
“Cuando veo los saludos pienso que todo valió la pena, que el esfuerzo, la alegría y el apasionamiento no fueron en vano. Muchas veces dejé de lado a mis amistades e incluso familiares, porque para mí el administrar justicia es y será lo mejor. Estoy seguro que mis colegas de ahora lo harán muy bien, porque tienen vocación y les gusta”, anota.
Del 11 de febrero del 2020 hasta la fecha, la Dirección de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia de la Gerencia Regional de Salud reportó cinco mil 60 reacciones adversas en tratamientos contra el COVID-19. De estas, dos mil 380 corresponden a vacunas y dos mil 680 a fármacos. Además, del total, tres mil 278 fueron pacientes mujeres y mil 782 varones, según refiere la química farmacéutica Zoila Quevedo Bravo, responsable del área.
La especialista señala que, tanto en vacunas como fármacos, se han presentados 99 reacciones adversas en niños, 284 en adolescentes, tres mil 81 en adultos y mil 296 en adultos mayores. En cuanto a la gravedad, cuatro mil 953 casos fueron leves, 107 graves y ninguno de severidad.
Vacunas
Respecto a las reacciones adversas para el caso de las vacunas, mil 603 se reportaron en mujeres y 777 en varones. En cuanto al grupo etario, se registraron siete reacciones en adolescentes (con Síndrome de Down), mil 625 en adultos y 748 en adultos mayores. Respecto a la gravedad de los casos, dos mil 229 fueron leves, 151 moderados y ninguno severo.
“Esos síntomas se pueden presentar dentro de las primeras 72 horas, aunque hemos observado que los mareos y la fiebre pueden continuar hasta el séptimo día. Lo que recomendamos en este caso es no quedarse en casa, sino siempre acudir al centro de salud más cercano, no automedicarse, pedir evaluación médica, la ayuda de un profesional”, sugiere.
Anota que es muy raro que se registren calambres o parálisis momentánea. Por lo general -asegura- las reacciones son leves.
Notificaciones
Quevedo Bravo destaca que los profesionales de salud que más notificaciones adversas reportaron fueron los químicos farmacéuticos (mil 846), médicos (180) y otros profesionales de salud (354). En este último grupo se encuentran enfermeros, técnicos de enfermería, técnicos farmacéuticos y obstetras.
Entre las reacciones adversas más comunes, según orden de incidencia, se encuentra el dolor en la zona de inyección, la cefalea (dolor de cabeza), malestar general, diarrea, somnolencia, fiebre, náuseas y dolor abdominal.
En tanto, señala que desde la campaña ‘Reportar puede salvar vidas’, impulsada en el 2019, la cifra de notificaciones de reacciones adversas ha disminuido un poco. Apunta que esto se debe, en parte, al desconocimiento del público para utilizar el sistema ‘e-reporting’, disponible en el portal de la Gerencia Regional de Salud.
Refiere que desde fines del 2019 hasta la fecha se han reportado un aproximado de siete mil reacciones adversas a medicamentos, entre las que se incluyen las cinco mil 60 de las vacunas contra el COVID-19. Entre estos fármacos se encuentra la medroxiprogesterona, ceftriaxona de un gramo, amoxicilina, sulfametoxazol, entre otros.
“Hasta un paracetamol puede producirte una reacción adversa. Por eso cuando uno toma un medicamento siempre debe ir al inserto. Si ya no estamos acumulando más reacciones adversas es porque la gente no notifica. Nosotros hacemos un trabajo de hormiga y pedimos notificaciones en todos los centros de vacunación, puestos y centros de salud”, indica.
Asimismo, refiere que desde el 2017 se inició el proyecto de ‘Farmacia notificadora’, en el cual la Gerencia Regional de Salud de Lambayeque también ha ocupado los primeros puestos a nivel nacional. A la fecha, en el departamento hay un promedio de 65 droguerías y mil 300 boticas y farmacias.
Reconocimiento
Por otro lado, la Gerencia Regional de Salud de Lambayeque obtuvo por segundo año consecutivo el primer puesto a nivel nacional en Farmacovigilancia y Tecnovigilancia, debido al registro de reacciones adversas más comunes en los pacientes que reciben tratamiento contra el COVID-19.
“Nosotros evaluamos la causalidad de las notificaciones y las damos a conocer al Centro Nacional de Farmacovigilancia, que queda en la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, en Lima. Ellos evalúan esa información y la remiten al Centro Mundial de Farmacovigilancia, que queda en Suecia”, comenta.
