El 30 de diciembre del 2020, el Congreso de la República aprobó el texto sustitutorio de la Ley que Protege de la Usura a los Consumidores de los Servicios Financieros, mediante la cual se modifican tres leyes: la Ley 28587 - Ley Complementaria a la ley de Protección al Consumidor en Materia de Servicios Financieros, el Decreto Ley 26123 - Ley Orgánica del Banco Central de Reserva del Perú, y la Ley 26702 - Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
La autógrafa fue observada por el Poder Ejecutivo y actualmente se encuentra en manos de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, que analizan la observación del gobierno.
Objetivo de la ley
En resumen, la autógrafa propone tres cosas: regular las tasas de interés en el sistema financiero, estableciendo topes máximos; penalizar como delito de usura el cobro de tasas de interés que excedan el límite máximo establecido por el Banco Central de Reserva; y prohibir el cobro de penalidades, comisiones y gastos en caso de incumplimiento o atraso en el pago del crédito.
La autógrafa de ley también señala que los usuarios tendrán la potestad de elegir si pagan o no por el seguro de desgravamen y la membresía.
Además, dispone eliminar el pago de comisiones que suelen cobrar los bancos por el retiro de dinero desde un cajero o ventanilla, ubicado en una localidad distinta a donde se abrió la cuenta.
Inconstitucional
Al respecto, el expresidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urviola Hani, advirtió que la ley contiene flagrantes violaciones constitucionales, en la forma y en el fondo, pues se aparta del artículo 58 de la Constitución, que coloca al Estado en un rol de orientador dentro de la economía social de mercado, disponiendo que la iniciativa privada sea libre.
Además, atenta contra el derecho a la libertad de contratación, reconocida en el artículo 2 inciso 14 de la Constitución, a través de la cual se señala que toda persona tiene derecho a “contratar con fines lícitos, siempre que no se contravengan leyes de orden público".
Asimismo, vulnera el artículo 62 de la Constitución, referido a que la libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar válidamente, según las normas vigentes al tiempo del contrato, ya que los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase.
Además, atenta también contra el derecho a la libertad de empresa, la libre competencia y el principio de seguridad jurídica, consagrados en los artículos 59, 61 y 2, inciso 24, de la Constitución, respectivamente.
"(Esta ley) le impone al BCR la obligación de fijar topes máximos a los precios del crédito, convirtiendo la norma de excepción, actualmente vigente, en norma general, produciendo un evidente acto de menoscabo de sus competencias, puesto que el Congreso estaría ejerciendo de manera indebida la competencia que la Constitución le ha asignado como órgano constitucional autónomo y especializado en materia monetaria, crediticia y financiera", destacó Urviola Hani.
Afectación económica
Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza, ha señalado que la promulgación de esta ley generará que sea menos atractivo para los bancos otorgar créditos, dado que las tasas de interés son más bajas. Es decir – explicó – se formarán colas con personas y empresas que quieran acceder a créditos, pero habrá pocas instituciones financieras dispuestas a prestar dinero.
Advirtió que las entidades financieras aplicarán el llamado racionamiento crediticio, que significa básicamente el elegir a quién prestarle. Quienes podrán aplicar a estos préstamos serán las personas con recursos económicos y grandes empresas, toda vez que son los que tienen menos riesgo crediticio. El resto se vería obligado a recurrir al sector informal, donde las tasas son “usureras”.
En aras de mejorar la administración de justicia en los Juzgados Especializados en Corrupción de funcionarios, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Juan Riquelme Guillermo Piscoya, señaló que debe redefinirse la figura del actor social en la Código Procesal Penal, a fin de reconocer que en los delitos contra la administración pública el agraviado no es únicamente el Estado.
“Mi propuesta es que se implemente o redefina en nuestro Código Procesal Penal la figura del actor social, porque encontramos que no solamente es el Estado el único agraviado en delitos contra la administración pública, sino también la sociedad, diferentes personas no individualizadas, indeterminadas o que, habiendo sido determinadas, no forman parte de una asociación o persona jurídica inscrita”, mencionó Guillermo Piscoya.
Añadió que, frente a una afectación de intereses difusos o colectivos, donde no hay asociaciones que estén inscritas en Registros Públicos, debería ser la Procuraduría Publica Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, o la que haga sus veces de la misma, la que deba comparecer en el proceso para reclamar la indemnización de los daños producidos a estos intereses.
Base normativa
El magistrado señaló que el derecho de daños en el Perú tiene una base normativa de carácter convencional, que se encuentra regulada en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, del 2000, en cuyo artículo 36 se señala que cada estado parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, se cerciorará que dispone de uno o más órganos especializados en la lucha contra la corrupción, mediante la aplicación coercitiva de la ley.
Asimismo, indicó que el artículo 35 de dicha convención, el cual está referido a los daños y perjuicios, dispone que cada estado adopte las medidas necesarias, de conformidad con los principios de su derecho interno, para garantizar que las entidades o personas perjudicas como consecuencia de un acto de corrupción tengan el derecho de iniciar una acción legal contra los responsables de esos daños, a fin de obtener indemnización.
“Entonces, tenemos a nivel convencional una norma específica que llama a los estados a habilitar los mecanismos legales necesarios para que aquellos que se sientan afectados y forman parte de intereses difusos o colectivos. Llama a que los estados tengan las herramientas legales necesarias para solicitar la indemnización de los daños que se producen como consecuencia de actos de corrupción. Allí empezamos a aterrizar en el concepto de daño social”, apuntó.
Daño social
Guillermo Piscoya citó a los juristas costarricenses Aguirre Garavito y Sibaja López, quienes formulan un concepto de daño social referido al menoscabo, afectación, detrimento, disminución o pérdida del bienestar social, ocasionado como producto de un comportamiento humano contrario al ordenamiento o en apego a este, y en el cual sufren una pluralidad de individuos, que pueden constituir desde un grupo determinado o hasta la colectividad general.
Anotó que otros autores ya hablan del daño social como un concepto emergente dentro del movimiento anticorrupción, que refleja la intención de identificar, cuantificar y reparar el impacto y la consecuencia de la corrupción en los ciudadanos comunes.
“¿Se pueden identificar los daños? Es un gran problema que se discute en el derecho comparado, porque los daños que produce la corrupción no solamente son materiales, patrimoniales, sino también extrapatrimoniales. ¿Cómo repararlos? ¿Qué sistema, qué mecanismo hay que desarrollar para cuantificar y reparar los daños producto de la corrupción?”, preguntó.
Derecho comparado
En esa línea, precisó que en Costa Rica se han desarrollado algunos elementos importantes del daño social. Anotó la Sentencia N°341-2004, en la cual se señalan que los delitos de corrupción en la función pública representan un “deterioro de los valores éticos”. Se adiciona que cuando un país se ve sometido a actos de corrupción la repercusión llega hasta el exterior, lo cual genera un desprestigio al país y tiene como consecuencia la disminución en la inversión y la calidad de los servicios, además de fomentar la dádiva como política para alcanzar la eficiencia.
“Si queremos citar algunos ejemplos de reparación del daño social en casos de corrupción, en Costa Rica hay también un caso. La empresa de teléfonos Alcatel fue acusada de pagar sobornos a un expresidente de ese país y a ejecutivos de la empresa estatal de telecomunicaciones a cambio de un contrato para instalar 400 mil líneas de teléfonos celulares. El valor de ese contrato era de 140 millones de dólares. Como el contrato había estado manchado de actos de corrupción, la Procuraduría de Ética Pública de Costa Rica demandó el pago del daño social y logró una repatriación de diez millones de dólares de la compañía Alcatel por los daños ocasionados a los ciudadanos de Costa Rica”, señaló.
Código Procesal Peruano
Guillermo Piscoya precisó que el Código Procesal Peruano tiene algunas deficiencias normativas, como el artículo 94, numeral 4, el cual señala que “las asociaciones en los delitos que afectan intereses colectivos o difusos, cuya titularidad lesione a un número indeterminado de personas, o en los delitos incluidos como crímenes internacionales en los tratados internacionales aprobados y ratificados por el Perú, podrán ejercer los derechos y facultades atribuidas a las personas directamente ofendidas por el delito, siempre que el objeto social de la misma se vincule directamente con esos intereses y haya sido reconocida e inscrita con anterioridad a la comisión del delito objeto del procedimiento”.
Explicó que los intereses difusos están referidos a un grupo indeterminado de personas afectadas, a las que no las une ningún vínculo jurídico; mientras que en los intereses colectivos sí es determinable el número de personas, se pueden individualizar y tienen vínculo jurídico. Sin embargo, acotó que el Código Procesal Penal exige como requisito que este grupo de personas (asociación) esté inscrita en Registros Públicos con anterioridad a la comisión del delito objeto del procedimiento.
“Es decir, si no existe una asociación previamente reconocida e inscrita, que defienda estos intereses colectivos o difusos, no se podría solicitar en el proceso la reparación de estos daños que puedan ocasionarse a los intereses colectivos o difusos”, anotó.
Caso Lamsac
Explicó que como parte de su experiencia en el Sistema Nacional Anticorrupción le tocó ser ponente en el ‘Caso Lamsac’, el cual trataba sobre la investigación a un funcionario de la Municipalidad Metropolitana de Lima al que se le imputaba el delito de negociación incompatible por haber validado una propuesta de reajuste de peajes de la Autopista de la Línea Amarilla, formulada por la empresa concesionaria (Lamsac) y que contravenía las cláusulas de concesión.
En este caso, la Procuraduría Pública Ad Hoc solicitaba que la empresa Lamsac sea incorporada como tercero civilmente responsable para que responda por los daños causados, producto del reajuste indebido de peajes. Sin embargo, el juez anticorrupción de primera instancia negó su incorporación, debido a que - per sé - no estaba incorporada en el mismo.
“La empresa también se defendía frente al pedido de la Procuraduría, alegando de que no estaba incorporada en el proceso, por lo tanto, no podían incorporarla como tercero civilmente responsable. El otro argumento que daba es que ese funcionario al que se le imputaba el delito de negociación incompatible no tenía ningún vínculo jurídico con la empresa, porque trabajaba en la Municipalidad de Lima, mas no en Lamsac”, puntualizó.
No obstante, Guillermo Piscoya reparó en que había un informe de auditoría de la Contraloría, que advertía un daño patrimonial que superaba los 20 millones de soles por el cobro de peajes que había hecho Lamsac, producto del reajuste de la tarifa.
“No podía admitir que, evidenciándose un daño patrimonial concreto, además de un daño extrapatrimonial, no se incorpore a Lamsac como tercero civilmente responsable por el solo hecho de que no era una persona jurídica que haya sido incorporada con anterioridad al proceso o porque el funcionario que se le imputaba el delito no tuviese ningún vínculo jurídico con la empresa. Una cosa eran los delitos y otra los daños”, aseveró.
En virtud de ello, sostuvo en su voto discordante que, en relación al daño patrimonial, la empresa Lamsac había efectuado cobros producto del reajuste indebido de la tarifa del peaje, cuyos perjudicados directos serían los usuarios que pagaron el exceso. Y, si bien estos presuntos agraviados no estaban individualizados ni se habían apersonado al proceso como actor social para defender los intereses colectivos o difusos, ello no era justificación para negar la existencia del daño ni impedir su indemnización.
Añadió que la intervención directa en la producción del daño, cobro excesivo y pago de la no penalidad, legitimaba a la Procuraduría no solo a reclamar la indemnización por los daños patrimoniales que haya sufrido el Estado, sino también por aquellos producidos a los usuarios que pagaron el exceso del peaje, en tanto que, aún ante la falta de un actor social determinado, no se podía negar que los ciudadanos estaban representados en el Estado.
Finalmente, la Procuraduría Pública Ad Hoc interpuso el Recurso de Casación N° 951-2018/NACIONAL ante la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, cuya sentencia del 28 de agosto del 2019 declaró fundado el recurso y desarrolló las razones por las cuales Lamsac sí debería ser incluida como tercera civilmente responsable en línea con lo que había argumentado Guillermo Piscoya.
La pandemia del Covid-19 no solo ha afectado nuestra economía y ha puesto al descubierto enormes falencias en nuestro sistema de salud, sino que nos enfrenta a un proceso para elegir al próximo presidente y Congreso del Perú en una campaña electoral corta y desarrollada en buena parte a través de las redes sociales y canales de televisión, con una veintena de candidatos al sillón presidencial y una muy escasa, por no decir nula, exposición de planes de gobierno, que nos permita emitir un voto informado.
El 27 de febrero, el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) publicó la encuesta telefónica celular realizada a nivel nacional por encargo del Grupo La República, aplicada a 1,220 peruanos mayores de 18 años de edad, la que trae algunas sorpresas y movimientos en el tablero electoral que merecen ser analizados, pero no solo, con la foto del momento, sino con la evolución de las preferencias electorales, para lo cual he tomado en cuenta las encuestas de opinión realizadas por el IEP durante en diciembre del 2020, y enero y febrero 2021, y con esa data proyectar, en base a la tendencia, cómo se ubicarían los distintos candidatos en marzo, ad portas del proceso electoral a llevarse a cabo el 11 de abril.
Los que crecen
De acuerdo a la última encuesta de IEP, si las elecciones fuesen hoy, Yonhy Lescano, obtendría el 11.30 % de las preferencias electorales, seguido por Verónika Mendoza con 8.90 %, Keiko Fujimori con 8.10 %, George Forsyth también con 8.10 % y, la sorpresa mayor, Rafael López Aliaga con 7.60 %, el resto de candidatos, parecería, ya no tienen nada qué hacer en la carrera por la presidencia del Perú.
Yonhy Lescano, candidato del partido Acción Popular, según la misma encuestadora, en diciembre tenía el 4.50 % de la votación, ubicándose en el sexto lugar de las preferencias electorales, y en enero subió al tercer lugar con el 7.10 %, hasta saltar, en febrero, al primer lugar de las preferencias con el 11.30 %. De mantenerse esta tendencia, de acuerdo a mis proyecciones podría alcanzar el 14.43 % en marzo, pero, con un problema que a la postre podría resultar decisivo: del universo de personas que le dieron su voto, el 67 % fueron hombres y solo el 33 % mujeres, explicado quizá, por la suspensión de 120 días que recibió del Congreso de la República por falta ética debido a un presunto acoso a una periodista, y que al parecer no le termina de pasar factura. Pero, ¿por qué es un problema?, Porque justamente del 31 % de electores que aún no han decidido por quién votar, el 60 % son justamente mujeres.
La mayoría de sus adeptos se identifica ideológicamente como de centro, lo que resulta extraño para el candidato de un partido (Acción Popular) considerado de derecha en nuestro país.
Rafael López Aliaga, candidato de Renovación Popular, es la mayor sorpresa en el presente proceso electoral. En diciembre solo tenía el 0.20 % de las preferencias electorales, sin lograr ubicarse siquiera entre los diez primeros de la veintena de candidatos. Sin embargo, su crecimiento ha sido más que interesante.
En enero alcanzó a tener el 2.40 %, que lo ubicó en el décimo lugar de las preferencias. En febrero, ha alcanzado el 7.60 %, +5.20 % con respecto al mes anterior, el de mayor crecimiento en el presente proceso electoral.
De mantenerse esta tendencia, de acuerdo a mis proyecciones, podría alcanzar el 10.80 % en marzo, pudiendo ubicarse en el segundo lugar, lo que lo colocaría, hipotéticamente, en una segunda vuelta junto a Yonhy Lescano.
Del universo de personas que le dieron su voto, el 60 % fueron hombres y el 40 % mujeres, y la mayoría de sus adeptos se identifica ideológicamente como de centro, lo que resulta extraño para un candidato considerado el más conservador de todos los que hoy buscan ser el nuevo presidente del Perú.
Los que mantienen su mismo caudal
Verónika Mendoza, candidata de Juntos por el Perú, en diciembre tenía el 9.10 % de la votación, ubicándose en el segundo lugar de las preferencias electorales, junto, en ese momento, al candidato Julio Guzmán, en enero mantuvo su segundo lugar con el 8.20 %, puesto que ha mantenido en febrero, con el 8.90 %.
De mantenerse esta tendencia, de acuerdo a mis proyecciones, podría alcanzar el 8.53 % en marzo; o sea, según IEP, siempre mantuvo un mismo bolsón electoral: (+-) 9 %.
Del universo de personas que le dieron su voto, la mitad fueron hombres y la otra mitad mujeres, y la mayoría de sus adeptos se identifica ideológicamente como de izquierda, repito, según la misma encuesta.
Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, en diciembre tenía el 7.70 % de la votación, ubicándose en el cuarto lugar de las preferencias electorales, después de, en ese momento, George Forsyth, Verónika Mendoza y Julio Guzmán, en enero mantuvo su cuarto lugar con el 6.70 %, y en febrero trepó al tercer lugar con el 8.10 %.
De mantenerse esta tendencia, de acuerdo a mis proyecciones, podría alcanzar el 7.90 % en marzo; o sea, según IEP, siempre mantuvo un mismo bolsón electoral: (+-) 8 %.
Al igual que Verónika Mendoza, del universo de personas que le dieron su voto, la mitad fueron hombres y la otra mitad mujeres. Sin embargo, la mayoría de sus adeptos se identifica ideológicamente como de derecha.
Los que vienen en caída libre
George Forsyth, candidato de Victoria Nacional, en octubre de 2020, según IEP era el candidato más que fijo a ganar la Elecciones Presidenciales 2021, otorgándole, en ese momento, el 23 % de las preferencias. Sin embargo, su negativa a brindar declaraciones y su renuncia a la franja electoral, aunado a su desconocimiento, más que manifiesto, de ciertos temas de la realidad nacional, se han traído abajo sus pretensiones de ocupar el sillón presidencial.
En diciembre mantuvo su primer lugar, pero bajó a 14.70 % de la votación, en enero 2021 mantuvo su primer lugar, pero cayendo nuevamente hasta alcanzar el 13.30 %; en febrero ha venido su debacle pasando al cuarto lugar, con tan solo el 8.10 %. De mantenerse esta tendencia, de acuerdo a mis proyecciones, podría alcanzar el 5.43 % en marzo, saliendo del grupo de los presidenciables.
Mención aparte merece la caída de Julio Guzmán en las encuestas, quien a estas alturas debe estar terriblemente arrepentido de que su candidato a la vicepresidencia haya asumido la presidencia del Gobierno de Transición, después de la vacancia de Martín Vizcarra y la renuncia de Manuel Merino por las razones que todos conocemos.
La falta de oxígeno y de camas UCI; así como, la incapacidad para la compra de vacunas y la ineficacia de las medidas adoptadas para frenar el Covid-19, han hecho que el gobierno del Partido Morado no sea visto como el más auspicioso por más versos que declame Francisco Sagasti.
Corolario
En resumen, de acuerdo a nuestras proyecciones, Yonhy Lescano y Rafael López Aliaga continuarán creciendo, Keiko Fujimori y Verónika Mendoza mantendrán su bolsón electoral y George Forsyth continuará en caída libre, por lo que, en base a la data de las encuestas realizadas por IEP durante los meses de diciembre 2020 y de enero y febrero de 2021, los dos primeros mencionados irían a una segunda vuelta electoral y entre ellos podría estar el próximo presidente del Perú.
(*) Economista.
Hace 50 años, la provincia de Chiclayo tenía en promedio 150 mil habitantes. Según el Censo Poblacional del 2017, la proyección al 2020 era de 862 mil 709. Al respecto, el past decano del Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental Lambayeque, Lucio Asalde Vives, reflexionó sobre estas cifras y señaló que Chiclayo se detuvo en el tiempo durante ese medio siglo, pues no se avanzó en cuanto a infraestructura.
“¿Cuántos mercados se hicieron en 50 años? Ninguno. ¿Cuántas redes nuevas de agua potable y alcantarillado? Ninguna. ¿Qué cantidad de calles nuevas? Quizá el 5 %. ¿Cuántos centros médicos en los pueblos jóvenes, a las afueras de la ciudad? Prácticamente nada. En el tema medioambiental, ¿hemos aumentado nuestros parques? ¿hemos hecho programas de reforestación? Nada. ¿En recreación familiar tenemos parques como el Mayta Cápac o Sinchi Roca, que hay en Lima? Nada”, cuestionó Asalde Vives.
Afirmó que las redes de agua potable y alcantarillado tienen entre 50 y 70 años de antigüedad, cuando su vida útil alcanza como máximo los 25 años, lo cual explica el daño que ocasionan las lluvias del Fenómeno El Niño - FEN, que cada cierto tiempo acontecen en Lambayeque.
Asimismo, indicó que el mercado Central tiene más de cien años, el mercado Modelo 60 años y el mercado Moshoqueque más de 40. Sin embargo, en medio siglo no se han construido otros centros de abasto.
Inacción
Para el ingeniero, ningún alcalde en los últimos 30 años ha dado siquiera un paso para atacar alguno de los problemas que tiene Chiclayo, pues no realizaron un real diagnóstico de la provincia y recién al sentarse en el sillón municipal se dieron cuenta que el presupuesto del que disponían era ínfimo para cerrar la brecha de infraestructura.
Según un estudio realizado durante su gestión al frente del Colegio de Ingenieros de Lambayeque, la brecha de infraestructura en la provincia de Chiclayo asciende a 13 mil millones de soles. Esta podría cerrarse en aproximadamente 250 años, teniendo en cuenta que la municipalidad de Chiclayo recibe en promedio 110 millones de soles de presupuesto. Para este año, la cifra es de 158 millones 226 mil 608 soles.
“Pareciera que quienes postulan en la competencia electoral cada cuatro años no conocieran nuestra ciudad. Me encantaría que sepan por lo menos su historia, cómo ha crecido, que conozcan los problemas, aquellos que se miran y los que no, como el alcantarillado, agua, el nivel freático, que por cierto cada día sube más en la ciudad. Es casi una ciudad flotante. El problema se ve cuando tenemos una lluvia fuerte como las del Fenómeno El Niño. Todos miramos y nadie hace nada. Las autoridades cuando ingresan recién se dan cuenta que el presupuesto es muy poquito y no se puede hacer nada. Sin embargo, devuelven la mitad de las partidas que se les asigna anualmente”, precisó.
Gestión
Para paliar esta situación, Asalde Vives aseguró que se necesita una gran capacidad de gestión, que implique la convocatoria de los diferentes ministerios. Sin embargo, para ello es necesario tener los proyectos hechos, lo cual no sucede. Resaltó que, si en los seis primeros meses de gestión un alcalde no tiene un banco de proyectos, en el resto de su período no podrá desarrollar obras, pues estos son la “llave” para conseguir recursos de los ministerios.
“Hay que entender cómo funciona el Estado, el presupuesto, qué problemas tenemos en la ciudad y qué potencialidades. No es igual una ciudad como Piura o Cusco, que tienen canon minero y sobrecanon. Cusco recibe más de mil millones solo en canon. Nosotros no recibimos ni un centavo. Sin embargo, sí podríamos acceder a iniciativas en salud, educación y seguridad, a través de las obras por impuestos o de los ministerios respectivos, pero si no tenemos proyectos, no tenemos nada. Ese es nuestro gran problema: la falta de visión, conocer cuál es la ruta para obtener esos recursos”, aseveró.
Refirió que para esto es imprescindible la inversión privada, con la cual se podrían realizar obras, tales como el Metropolitano o el Terrapuerto, que ayudarían a descongestionar y reordenar el tránsito vehicular, además de generar un nuevo polo de desarrollo económico.
“Tenemos un catastro antiquísimo, no hay un plano de riesgos de la ciudad, no hay elementos de gestión. Estamos a ciegas. Ese mismo problema también lo veo en la región. Por ejemplo, en salud el tema no es hacer más hospitales, sino desarrollar centros médicos en todos los distritos y en los pueblos jóvenes más grandes, porque hasta una gripe mal curada hoy termina en la emergencia de un hospital, cuando debería resolverse en un centro médico”, indicó.
Desarrollo sostenible
Por otro lado, Asalde Vives apuntó que el desarrollo sostenible de una ciudad requiere de la generación de un empleo igual de sostenible. Mencionó que, según un estudio de las Naciones Unidas para América Latina, la delincuencia está estrechamente ligada con la precariedad de los trabajos, lo cual explica en cierto modo el índice de robos y asaltos en Chiclayo.
“Recuerdo que cuando postulaba a la alcaldía de Chiclayo, una señora que era ambulante en el mercado me preguntó si yo la botaría de llegar a ser alcalde. Observé lo que vendía, tenía un plástico de más o menos dos metros por dos metros con unos 30 o 40 pares de zapatillas y sandalias. Le dije ‘señora, usted con lo que trabaja, ¿puede educar bien a sus hijos? ¿les puede dar de comer bien? ¿puede mandarlos a hacer un viaje con sus compañeros para que conozcan cualquier lugar que no sea Chiclayo? ¿puede pensar en mejor calidad de vida para ellos? ¿puede tener una casa? Me dijo claro que no. Le dije por qué más bien en vez de hacerme esa pregunta no vemos un programa juntos para que usted pueda en algún momento ser propietaria de algo, aunque sea pequeño, que tenga un medio para que pueda desarrollar en el futuro y dejárselo a sus hijos”, contó.
Señaló que otro aspecto importante es la sostenibilidad, lo que implica ser una ciudad amistosa con el medioambiente. Nuevamente, según la ONU – afirmó – para que una población sea saludable se requieren diez árboles por habitante. Sin embargo, en Chiclayo no hay ni un árbol por persona.
“Chiclayo es la ciudad más contaminada del Perú. Hay que ordenarla, darle pulmones. ¿De dónde viene el aire que respiramos? De los árboles o del plancton marino, pero en nuestro caso no tenemos ni medio árbol por habitante. Hagamos un programa de un millón de árboles para por lo menos tener un árbol más por habitante”, precisó.
Primera generación
En tanto, refirió que hoy en el mundo los alcaldes son de “tercera generación”, es decir, burgomaestres que manejan su jurisdicción con criterios de ciudad inteligente, lo cual no ocurre en el Perú.
“Nuestros alcaldes han sido de primera generación, o sea, de los que hacen pistas y veredas. Hace 20 años hacen eso, pero ¿han hecho áreas verdes? ¿áreas de recreación?”, cuestionó.
A nivel macro, resaltó que potencias como Corea, Japón y Singapur no cuentan con recursos naturales que explotar y, sin embargo, son los principales productores de metales del mundo, pues transforman la materia prima. Precisó que antes el más rico era quien sembraba más, después vino la industria y luego el conocimiento. Hoy, las naciones más ricas son aquellas que manejan el mercado de la tecnología.
“Nosotros estamos a años luz. Yo crearía en Chiclayo un centro tecnológico y lo abriría al mundo. ¿Qué nos impide eso? Nada. Lo único que nos lo impide es el desconocimiento o el temor por parte de quienes nos dirigen”, enfatizó.
Finalmente, aseguró que una sola persona no puede cambiar una ciudad con problemas que llevan tantos sin resolver como Chiclayo, por lo que la próxima autoridad debe convocar a la sociedad civil, representada en sus colegios profesionales. Por su parte, mencionó que la población también debe exigir cuentas a sus gobernantes y no ser indiferente ante la corrupción y desidia de estas.
“¿Puede acaso un hombre, por más sabio que sea, con 15 regidores, de los cuales la mitad se opone y la otra mitad dice que sí, a veces sin pensar, resolver un problema tan complejo como el de Chiclayo, que lleva años sin haber sido resuelto? No, no existe esa persona. Quien se crea el iluminado está totalmente fuera de contexto”, advirtió.
El 24 de febrero último, la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre – ATFFS, adscrita al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR, elevó un informe en el que confirma la existencia de daños ecológicos a las zonas ubicadas en las proximidades al reservorio de Tinajones, áreas pertenecientes a la Comunidad Campesina Santa Catalina de Chongoyape.
El informe técnico fue suscrito por el especialista en fauna silvestre Adam Castillo Carrasco, conteniendo una serie de conclusiones que evidencian la afectación por actividades no autorizadas en las áreas.
En el documento se señala que con Oficio N° 042-2021-DIRNICDIRMEMEAMB-DEPDMA-PNP-Lambayeque-SI, se dio a conocer sobre la afectación al recurso forestal en el III sector de la Rebolcadera, en el distrito de Chongoyape, constatándose el 16 de enero de este año la tala y quema del recurso forestal en el sector Pampa Tablazo y en la zona Picón Piedra Parada (reservorio de Tinajones).
“El presente caso se encuentra en investigación, que de acuerdo con el numeral 5.1, inciso “c” de la RDE N° 008-2020- MINAGRI SERFOR-DE, como autoridad instructora puedo realizar acciones previas a la investigación y actuaciones previas de investigación y que se condice con el artículo 255 del TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 27444 en su inciso 2 afirma que con anterioridad a la iniciación formal del procedimiento se podrán realizar actuaciones previas de investigación, averiguación e inspección con el objeto de determinar con carácter preliminar si concurren circunstancias que justifiquen su iniciación, para ellos debemos tener datos como la cantidad de recurso forestal afectado, nombres de los causantes directos de la afectación del recurso forestal y responsables solidarios teniendo en cuenta el Principio de Causalidad: La responsabilidad debe recaer en quien realiza la acción activa u omisiva constitutiva de infracción sancionable”, señala el informe.
Daños confirmados
Castillo Carrasco indica que el 10 de febrero pasado, en las coordenadas UTM WGS 84, Zona 17 670392 E, 9269683 N, distrito de Chongoyape se evidencia que se han afectado 502 individuos de recurso forestal, repartidos en 8 especies (Bursera graveolens, 7 individuos; Colicodendron scabridum (Capparis scabrida), 14 individuos; Prosopis pallida, 3 individuos; Capparis ovalifolia, 22 individuos; Cordia lutea, 402 individuos; Parkinsonia aculeata, 47 individuos; Neoraimondia sp, 3 individuos; Haageocereus sp, 4 individuos).
De las especies afectadas, según Decreto Supremo 043-2006-AG, que aprueba la categorización de especies amenazadas de flora silvestre, la especie Prosopis pallida se encuentra en estado Vulnerable (Vu), en tanto las especies Colicodemdrum scabridum (Caparis scabrida) y Bursera graveolens, en Peligro Crítico (CR).
“Las acciones para la constatación de la afectación se han coordinado con la PNP, para que dé seguridad; y se llamó telefónicamente a los involucrados (denunciado (presidente de la comunidad) y denunciante) para que se hagan presentes el día de la diligencia”, refiere el especialista, en alusión a Edivar Carrasco Vásquez, presidente de la Comunidad Campesina Santa Catalina de Chongoyape, y al comunero Marco Díaz Castillo, respectivamente.
En el informe se señala que de acuerdo con lo constatado el 10 de febrero del 2021 “se evidencia que existe afectación al recurso forestal”.
Infracciones muy graves
De acuerdo al artículo 137 numeral 137.3 del Reglamento para la Gestión Forestal de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades Nativas y Comunidades Campesinas, aprobado por D.S. Nº 021-2015-MINAGRI, es considerada infracción muy grave: Talar, extraer y/o aprovechar recursos forestales sin autorización, a excepción de los aprovechados por subsistencia.
De la misma manera, en el artículo 207 numeral 207.3 del Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado por D.S. Nº 018-2015-MINAGRI, la afectación al recurso es considerada infracción muy grave.
Castillo Carrasco precisa que se ha solicitado al SERNANP, con Oficio N° 102-2021-MIDAGRI-SERFORATFFS-Lambayeque, dar opinión sobre la ubicación de las coordenadas del recurso forestal afectado, en tanto que con Carta N° 00019-2020-MIDAGRI-SERFOR-ATFFS-Lambayeque, se ha requerido a Edivar Carrasco Vásquez sobre el caso descrito en el informe Técnico N° D000030-2020-MIDAGRI-SERFOR-ATFFS-Lambayeque dé los nombres de los testigos oculares de tales hechos, a fin de entrevistarlos y obtener información certera del causante de la afectación del recurso forestal.
Sin embargo, el especialista de ATFFS refiere que hasta el momento no ha recibido respuesta del dirigente comunal.
“Comunicamos que SERFOR como entidad pública, no tiene la potestad o se exime de decidir sobre tenencias, entregas de parte o todo el territorio de la Comunidad Campesina Muchik Santa Catalina de Chongoyape. Lo considera como una propiedad privada. Es decir, el SERFOR, solo ve los asuntos forestales y de fauna silvestre”, precisa el informe.
Importancia del bosque seco
En el documento se señala que el bosque seco del norte del Perú es un ecosistema en proceso de desertificación, principalmente debido a factores antrópicos y altamente susceptible a los efectos del Fenómeno El Niño.
“En el bosque seco, la mayor parte del año la prolongada sequía se interrumpe con efímeras lluvias anuales, 30-300 mm, que sólo permiten un crecimiento vegetativo de árboles y arbustos. El Niño se hace presente de manera aleatoria en intervalos entre 3 y 8 años, con lluvias que pueden ser de 8 a 14 veces más abundantes que la lluvia anual promedio, dependiendo de la ubicación con respecto al mar; hacia el noreste las lluvias son más pronunciadas, la zona más desértica hacia el sur de Piura (Sechura), frontera con Lambayeque, es la menos favorecida. La vegetación herbácea se hace presente y hay suficiente humedad en el suelo que permite la germinación de las semillas de especies arbóreas. Estos cambios climáticos podrían interpretarse como parte de un proceso de relativo “letargo” seguido por un proceso de expansión. Esta expansión y aletargamiento de la vegetación tienen un impacto sobre la fauna y las actividades antrópicas”, menciona el especialista, citando a Rodríguez Álvarez.
En ese sentido, resulta severo el daño causado en las áreas colindantes al reservorio Tinajones, con la tala y quema de especies forestales que se encuentran en situación de protección y resultan ser propias del bosque seco.
“Teniendo en cuenta que cada árbol tiene diferentes funciones en el medio ambiente, como ser regulador del clima, realiza el proceso de fotosíntesis (otorga oxígeno al ambiente y captura carbono), control de erosión (desgastes del suelo por el viento), fijan el suelo, elevan la napa freática, formación del suelo, captura y almacena reservas de agua, filtro de contaminantes, hábitats de diferentes especies de microorganismos, mamíferos, reptiles, aves, y otras especies faunísticas, algunos de ellos de extinción. A consecuencia de la tala de los árboles del bosque seco se detienen los procesos ecológicos afectando el futuro de las poblaciones”, indica.
Castillo Carrasco anota que la pérdida y fragmentación del hábitat son las amenazas más negativas sobre la biodiversidad que enfrentamos en la actualidad, ya que afectan procesos biológicos fundamentales para la persistencia de un gran número de especies.
“Por ejemplo, para la fauna silvestre, el desplazamiento en búsqueda de alimento, refugio, o pareja reproductiva se ven limitados por el creciente aislamiento entre parches de hábitat remanentes en el paisaje. Igualmente, para las plantas que son organismos sésiles, es decir, que crecen enraizadas a un sustrato y que no se desplazan como lo hacen los animales, la dispersión por el incremento en el grado de aislamiento entre sus poblaciones, limitando la colonización de nuevos hábitats y la fecundación para la producción de semillas viables (Rico, 2009). Las consecuencias de la pérdida y fragmentación del hábitat sobre las poblaciones silvestres pueden ser visibles inmediatamente después del disturbio, o pueden pasar décadas para que los efectos negativos se manifiesten”, explica el informe.
El congresista por Lambayeque Humberto Acuña Peralta ha presentado el Proyecto de Ley N° 7135/2020-CR, para la aprobación de la Ley de Fortalecimiento y Reactivación del Sector Azucarero en la región.
La iniciativa presentada el 15 de febrero pasado, tiene por objeto establecer los parámetros necesarios que garanticen asegurar la intervención del Estado, de manera efectiva y transparente, en la protección y recuperación e intangibilidad patrimonial en las empresas azucareras afectadas por la creación y aplicación del Decreto Legislativo N° 802 y las malas administraciones judiciales y contratos de fideicomisos que permitieron el ingreso de intereses económicos de grupo de poder.
Según el proyecto, estas condiciones negativas en perjuicio de la industria azucarera fueron generadas por la venta irregular de las acciones del Estado Peruano, “bajo las fachadas de administraciones judiciales y órganos de gestión societario”.
“Cuyas consecuencias en las últimas décadas fue la judicialización por parte de estos grupos; por la generación de deudas ficticias, al amparo de resoluciones judiciales respectivamente”, se indica.
Intervención del Estado
El proyecto apunta a declarar la intervención del Estado mediante una Comisión Investigadora, “orientada a investigar los delitos y actos de corrupción en el manejo de las administraciones de las empresas azucareras de Lambayeque (por órganos societarios, administraciones judiciales y contratos de fideicomisos), que a la fecha mantienen deuda con las entidades del Estado Peruano, como ONP, EsSalud, SUNAT, SUNAFIL, ANA, FONAVI, Ministerio Trabajo, Poder Judicial, CAVALI y otras, durante un plazo de cinco años.
Administración temporal
Acuña Peralta propone, en su proyecto de ley, la creación de una Comisión Tripartita Multisectorial, que estaría conformada por nueve integrantes, a fin que asuma la administración temporal de las empresas azucareras.
Dicha comisión estaría integrada por tres representantes del Estado, cuatro de los trabajadores y extrabajadores con los que se tenga deuda y dos representantes de los jubilados accionistas, con aceptación mayoritaria.
“La Comisión Tripartita será el órgano encargado de Administrar Temporalmente las empresas azucareras con fines de desarrollo productivo de la industria regional y nacional y asegurar, mediante planes de trabajo en el corto y mediano plazo, la recuperación económica, administrativa y financiera de las empresas azucareras. La Comisión Interventora Multisectorial se regirá bajo un estatuto temporal con la finalidad de llevar a cabo las sesiones y acuerdos”, se propone.
Se añade que los representantes de los trabajadores y jubilados se elegirán mediante las asambleas generales que gocen con la aceptación mayoritaria, la misma que tendrá la legalidad notarial y registralmente.
Rol de la comisión
El artículo 4 del proyecto de ley señala que la comisión tripartita tendría entre sus funciones:
“Sincerar las deudas reales de las empresas azucareras, desde la reconversión empresarial por aplicación del Decreto Legislativo Nº 802-1996, diferenciándolas entre las deudas generadas por los controvertidos órganos societarios y administraciones judiciales como las deudas laborales, deudas públicas y las deudas privadas”.
Asimismo, ejecutar vía notarial un inventario general del patrimonio de las empresas azucareras y revaluación de activos, todos los bienes declarados en el inventario en posición y propiedad pasaran bajo cautela de la comisión interventora; cuantificar los impactos operativos de productividad y plantear soluciones de corto y mediano plazo mediante planes de trabajo para la reactivación del aparato productivo y puesta en marcha la operación del ingenio azucarero; la gestión y administración de administraciones judiciales, órganos societarios, contratos de fideicomiso y cesiones de derechos a fin de determinar las deudas generadas de manera cronológica, y realizar las denuncias penales, demandas civiles o actos administrativos que correspondan a las responsabilidades penal, civil y administrativa por los que hayan perjudicado a las empresas azucareras de Lambayeque.
No más intervención judicial
Otro aspecto relevante del proyecto es que se deje sin efecto las administraciones judiciales designadas por los órganos jurisdiccionales sin la existencia de sentencia consentida, bajo responsabilidad administrativa y disciplinaria, civil y penal en todos los procesos judiciales donde el sujeto pasivo sea una empresa o corporación azucarera, agraria, agrícola, industrial en las que el Estado y/o los trabajadores, extrabajadores, jubilados
o herederos legales tengan participación accionaria o adeudos laborales derivados de Compensación por Tiempo de Servicios, remuneraciones devengadas, gratificaciones e indemnizaciones laborales.
“No procede la designación de administraciones judiciales por parte de ningún órgano jurisdiccional”, señala el proyecto.
Se propone también que durante la vigencia de la ley queda suspendida, por 60 meses, la ejecución de medidas o procesos cautelares, embargos preventivos o definitivos en forma de inscripción sobre toda clase de bienes inmuebles o muebles registrables o no registrales, así como las garantías reales continuarán inscritas, como también las deudas que obran en INDECOPI, por terceros.
“Igualmente quedan suspendidos los procedimientos concursales ante INDECOPI, establecidos en la Ley Nº 27809 y D. L. Nº 1511 o si estas ya se encuentran iniciadas, sin importar en el estado en la que se encuentren (ningún acreedor podrá activar en esta etapa), incluyendo el órgano de administración designada por la Juntas de Acreedores de las empresas azucareras agrarias, corporación agrícola o industriales, sin que signifique que INDECOPI continúe con la etapa de reconocimiento de créditos; revaluando si fuera el caso aquellas acreencias sospechosas”.
El proyecto precisa que, de manera excepcional, podrán seguir tramitándose los procesos laborales, judiciales y administrativos sobre los adeudos laborales, no siendo posible la ejecución forzada sobre el patrimonio social de la empresa azucarera; anulando los acuerdos conciliatorios que corresponden a los adeudos laborales y tendrán prioridad en el pago de las acreencias laborales por parte de la Comisión Interventora.
La iniciativa lleva la adhesión de nueve congresistas.
El Índice de Competitividad Regional – INCORE 2020, elaborado por el Instituto Peruano de Economía, ubica a Lambayeque en el puesto seis de 25 regiones a nivel nacional, un avance en comparación al 2019, cuando el departamento se encontraba en la novena casilla. Sin embargo, en la evaluación de los pilares, es notable el retroceso en aspectos como el económico e institucional.
El ranking de competitividad está liderado por Lima, seguida de Moquegua, Tacna, Arequipa e Ica. En el puesto seis aparece Lambayeque, que se encuentra en mejor posición que La Libertad (9), Tumbes (12), Piura (14) y Cajamarca (23).
En el 2019, Lambayeque estaba en noveno lugar, lo que significa que en el último año escaló tres ubicaciones a nivel global. En el 2017 y el 2018, la región también ocupó la sexta casilla de competitividad.
Economía e Infraestructura
Empero, la situación varía al analizarse los pilares que de acuerdo al IPE sostienen la competitividad de las regiones.
Así, por ejemplo, en lo referido al Entorno Económico, Lambayeque desciende al puesto ocho, siendo superado por Lima, Moquegua, Arequipa, Tacna, Ica, Madre de Dios y Áncash.
Supera, eso sí, a Piura (9), Tumbes (10), La Libertad (15) y Cajamarca (15).
Respecto a Infraestructura, la realidad es igual. Lambayeque está en el noveno lugar, siendo superada por Lima, Tacna, Arequipa, Moquegua, Lima Provincias, Ica, Cusco y Madre de Dios.
De las regiones del norte, La Libertad está en el puesto 11, Tumbes en el 14, Cajamarca en el 16 y Piura en el 18.
Salud y Educación
Sobre Salud, Lambayeque también se mantiene en el puesto nueve, detrás de Lima, Moquegua, Tacna, Ica, Arequipa, Lima Provincias, Tumbes y La Libertad. Piura aparece en el puesto 12 y Cajamarca en el 20.
En Educación, la realidad presenta cierta mejora. El Instituto Peruano de Economía – IPE, ubica a Lambayeque en el puesto seis. La Libertad, Tumbes, Piura y Cajamarca se encuentran más abajo con el octavo, noveno, décimo sexto y vigésimo tercer lugar, respectivamente.
Laboral e Instituciones
Sin embargo, respecto al pilar Laboral, Lambayeque cae al puesto 11, siendo superada por Lima, Ica, Madre de Dios, Arequipa, Moquegua, Tacna, Loreto, La Libertad, Tumbes y Lima Provincias. Por detrás se encuentran Piura (19) y Cajamarca, en el puesto 24 de 25.
Finalmente, en el Pilar Instituciones, en el que se mide la corrupción, la confianza en el sistema de justicia y la inseguridad, Lambayeque cae al puesto 20, superando únicamente a Tumbes, en la zona norte.
Oportunidad de mejora
Para el economista y ex vicepresidente de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, Raúl Valencia Medina, la ubicación en el sexto lugar de competitividad podría resultar alentadora, pero no suficiente.
“Si se toma el dato de que Lambayeque es una de las seis regiones más competitivas del país, evidentemente es una buena señal, una buena noticia, lo que nos obliga a seguir trabajando por mejorar. Sin embargo, a medida que se van evaluando los pilares del estudio nos encontramos con algunas interesantes oportunidades de trabajo y esfuerzo político, que necesitamos realizar para darle mayor sostenibilidad al avance logrado”, refiere.
Presencia en el PBI nacional
El actual director general de la Universidad César Vallejo – UCV, del Callao, quien fue consejero regional de Lambayeque, manifiesta que es crucial que los actores políticos y representantes de la sociedad civil tomen atención a lo que indica el IPE con su estudio, sobre todo para superar las trabas que afectan aspectos como el económico.
“Es preocupante que al analizar el Pilar Económico nos demos con la sorpresa que el aporte a la economía nacional, desde Lambayeque, haya decrecido. Este indicador analiza también el Producto Bruto Interno – PBI, per cápita, es decir, de lo que administra cada lambayecano en la riqueza”, manifiesta.
Menciona que es en función del aporte al PBI nacional cómo el Estado asigna recursos de inversión al departamento, bajo la lógica que quienes más aportan deben recibir más presupuestos.
“El aporte de la región al PBI nacional está ubicado en el décimo lugar, que en términos reales representa más o menos 12 mil millones de soles, lo que significa que del 100 % del PBI del Perú, Lambayeque aporta el 2.16 %. En verdad, esto sí es de preocupación, porque hemos ido bajando nuestro nivel de aporte económico y, por lo tanto, de importancia a la riqueza nacional, que se traduce en interés político”, señala.
Raúl Valencia comenta que mientras la presencia de Lambayeque en el PBI nacional siga bajando, se irán reduciendo los 286 soles que actualmente el Estado invierte en cada lambayecano.
“En asignación presupuestal estamos en el puesto 24 de 25 regiones. Existe, entonces, una correlación entre la generación de riqueza y la manera en la que nos mira el gobierno central. Ahora podemos entender por qué en aspectos presupuestarios, Lambayeque siempre está de alguna manera postergada y la razón por la que no se puede hacer mayor inversión”, comenta.
Región en desventaja
Considerando que Lambayeque, a diferencia de Piura, Cajamarca y La Libertad, carece de actividad minera, petrolera o pesquera industrial, es en cierto modo entendible la caída de su aporte al PBI, pues las principales actividades económicas regionales son la agricultura, con una alta dependencia de la industria azucarera afectada por sus problemas legales, y el comercio, golpeado severamente el año pasado por la pandemia.
En ese sentido, Raúl Valencia precisa que si bien estos aspectos son condicionantes, el rol de las autoridades es estratégico para conseguir mayor asignación de recursos para Lambayeque.
“Si tenemos malas autoridades, es obvio que seguirá lloviendo sobre mojado. Para mal de nuestra región, tenemos a los últimos alcaldes de Chiclayo que han terminado en la cárcel y el actual no está dando la talla, a lo que se suma lo sucedido con el gobernador regional. Eso impide que se generen las condiciones básicas para la promoción de las inversiones en la región. Para desgracia de Lambayeque la situación es crítica. ¿Cómo podría el Estado dar más presupuesto si todo va terminando como estamos viendo, de manera lacerante para los intereses públicos. El sector privado está haciendo su esfuerzo, si no existiera la poca actividad agroexportadora de Jayanca a Olmos, todo sería peor, porque la industria azucarera aún no logra salir del entuerto en el que se ha metido”, enfatiza.
